Información del estudiante 1 Nombre: Sandra Ivonne Escobar Ballesteros Correo institucional: sescobar_1@universidadean.edu.co Programa al que pertenece: Especialización Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación Información del estudiante 2 Nombre: Johanna Andrea Hernández Ortega Correo institucional: jhernan38231universidadean.edu.co Programa al que pertenece: Especialización Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación Campo de investigación: COMUNICACIÓN, POLÍTICA Y CULTURA Grupo de investigación: Políticas y Sostenibilidad Línea de investigación: Política y Derecho Título tentativo del proyecto:

Ventajas y desventajas del Régimen de Transición en la ley 2381 de 2024.

Tabla de contenido

1. Resumen ............................................................................................................................... 4

2. Problema de investigación ..................................................................................................... 4

3.1. General ............................................................................................................................... 6 3.2. Específicos .......................................................................................................................... 6

4. Justificación ........................................................................................................................... 6

5. Marco teórico ......................................................................................................................... 7

6. Marco institucional ................................................................................................................17

7.1.2. Alcance ...........................................................................................................................21 7.1.3. Diseño de la investigación ...............................................................................................22 7.2. Definición de variables .......................................................................................................22 7.2.1. Definiciones conceptuales y definiciones operacionales .................................................22 7.3. Población y muestra ...........................................................................................................25

8. Segundo nivel .......................................................................................................................25

8.1. Selección de métodos o instrumentos para recolección de información .............................25 8.2. Técnicas de análisis de datos ............................................................................................26

9. Conclusiones ........................................................................................................................32

10. Recomendaciones finales ...................................................................................................37

11. Referencias bibliográficas ...................................................................................................40

Lista de tablas

Tabla 1. Dimensiones de las definiciones 1 ................................................................... 24

Tabla de figuras Figura 1. Pregunta No. 1 -1 ........................................................................................... 27

Figura 2. Pregunta No. 2 1 ............................................................................................ 27

Figura 3. Pregunta No. 3 1 ............................................................................................ 28

Figura 4. Pregunta No. 4 1 ............................................................................................ 29

Figura 5. Pregunta No. 5 1 ............................................................................................ 30

Figura 6. Pregunta No. 6 1 ............................................................................................ 31

1. Resumen

Este estudio se centra en evaluar el impacto de la Ley 2381 de 2024, específicamente en la exclusión del requisito de edad para acceder al régimen de transición, y sus implicaciones tanto sociales como financieras. Al comparar los regímenes de las Leyes 100 de 1993 y 2381 de 2024, se analizan las ventajas y desventajas que surgen de esta reforma en relación con la equidad, legitimidad y sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia. Los resultados destacan la urgencia de tomar medidas antes de la entrada en vigor de la ley en julio de 2025, con el objetivo de crear un sistema más inclusivo y equilibrado, capaz de garantizar el bienestar económico de los futuros pensionados y la estabilidad del sistema en su conjunto. Palabras clave: Equidad social, legitimidad, Ley 2381 de 2024, reforma legislativa, sistema de pensiones.

2. Problema de investigación

En Colombia, el sistema de pensiones ha estado bajo constante revisión, especialmente con la introducción de la Ley 2381 de 2024. Esta ley propone cambios significativos, particularmente en la exclusión del requisito de edad para acceder al régimen de transición (Colpensiones, 2024). Aunque se busca modernizar y hacer más inclusivo el sistema, esta medida ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones sociales y financieras. El origen de este problema radica en las deficiencias del sistema actual, establecido por la Ley 100 de 1993, que ha dejado a muchos ciudadanos con pensiones insuficientes y ha perpetuado desigualdades. A medida que la población envejece y la economía enfrenta desafíos, las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema se intensifican (UNAL, 2019).

Esta situación es particularmente crítica para aquellos entre 30 y 40 años, quienes podrían verse perjudicados por la falta de un marco claro que garantice su seguridad financiera en el futuro. Los síntomas de esta problemática se reflejan en la creciente frustración de los ciudadanos, quienes sienten incertidumbre respecto a su futuro financiero. Muchos trabajadores cuestionan la equidad de un sistema que parece beneficiar desproporcionadamente a ciertos grupos. La eliminación del requisito de edad podría exacerbar estas tensiones, ya que se percibe como una medida que favorece a aquellos más cercanos a la jubilación en detrimento de los más jóvenes (García, 2024).

Si esta situación no se aborda, se anticipa que el sistema de pensiones podría enfrentar una crisis de legitimidad. La falta de confianza en las instituciones que gestionan el sistema podría llevar a un aumento de la desigualdad y la pobreza intergeneracional, afectando la cohesión social en el país (Patiño, 2024).

Como posible solución, es esencial realizar un análisis sobre el impacto de la exclusión del requisito de edad en la equidad y sostenibilidad del sistema. Es fundamental implementar políticas que fomenten la inclusión y fortalezcan el ahorro entre los trabajadores más jóvenes, asegurando que tanto los actuales como los futuros pensionados cuenten con un sistema robusto y justo (UNAB, 2024).

Por lo tanto, la pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de excluir el requisito de edad para acceder al régimen de transición según la Ley 2381 de 2024 en Colombia, y cómo impacta esta exclusión en la equidad, legitimidad y sostenibilidad del sistema de pensiones?

3. Objetivos

3.1. General

Analizar las ventajas y desventajas de la exclusión del requisito de edad en el régimen de transición establecido por la Ley 2381 de 2024 en Colombia.

3.2. Específicos

Diagnosticar el impacto social del sistema de pilares introducido por la Ley 2381 de 2024, con especial énfasis en la exclusión del requisito de edad para acceder al régimen de transición, a fin de esclarecer las principales preocupaciones de la ciudadanía. Comparar los regímenes de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 2381 de 2024, enfocándose en cómo la exclusión del criterio de edad modifica las dinámicas de acceso y las expectativas de los trabajadores en el sistema de seguridad social colombiano. Evaluar las implicaciones de la exclusión del requisito de edad en términos de equidad, legitimidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, identificando las ventajas y desventajas que esta modificación trae para los diferentes grupos de cotizantes.

4. Justificación

Este estudio es necesario en un momento en que Colombia se enfrenta a una reestructuración significativa de su sistema de pensiones. La exclusión del requisito de edad para acceder al régimen de transición es un cambio que afectará a miles de trabajadores y su análisis es vital para entender las implicaciones tanto positivas como negativas (CARF, 2024). La

Investigación es conveniente porque busca anticipar cómo esta medida influirá en los afiliados, permitiendo a los tomadores de decisiones identificar posibles ajustes antes de su implementación.

El sistema de pensiones impacta de manera directa en la vida de millones de colombianos y cualquier modificación puede tener efectos duraderos sobre la equidad social. La exclusión del requisito de edad podría ser vista como una medida que favorece a unos y desfavorece a otros (García, 2024). Este estudio tiene la responsabilidad de explorar si dicha exclusión contribuye a reducir las desigualdades o, por el contrario, genera nuevas brechas. En un país con altos índices de pobreza y desigualdad, el impacto social de esta reforma no puede pasarse por alto (DANE,

2020).

Este estudio tiene un alto valor teórico al contribuir a la discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en contextos de economías emergentes. La comparación entre las Leyes 100 de 1993 y 2381 de 2024 permitirá comprender cómo las reformas impactan no solo en los beneficiarios actuales, sino también en futuras generaciones de trabajadores. Además, ofrecerá una visión más amplia sobre cómo los Sistemas de seguridad social deben evolucionar en sociedades con dinámicas demográficas complejas, como la de Colombia.

5. Marco teórico

América latina actualmente se ha acogido a una tendencia mixta de pensiones cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable que por diferentes circunstancias no realizaron aportes para adquirir al final de su etapa productiva o laboral un ahorro programado para su proteger su vejez (Colpensiones, 2024). Por la cual Colombia no es ajena ya que al ser un Estado Social de derecho los preceptos constitucionales del artículo 1° de la Constitución Política como lo son el respeto de la dignidad humana, la Igualdad y la solidaridad,

Rigieron de manera paulatina dichas disposiciones, mediante 3 cambios legislativos hasta la expedición y promulgación de la ley 2381 de 2024 la cual busca concretar la aspiración de universalidad implementando un sistema estructurado (CRC, 2024).

Que al verificar las disposiciones legales en materia de pensiones en Colombia como lo fueron la ley 33 de 1985, la ley 100 de 1993 y el acto legislativo 01 de 2005, los cuales establecieron disposiciones para proteger derechos e intereses y beneficios adquiridos por la normatividad y legislación anterior denominados régimen de transición cuya homogeneidad fue la incorporación de dos requisitos no excluyentes para ser beneficiario de las normas anteriores con el carácter retroactivo, bajo el cumplimiento edad o semanas así: Articulo 36 leyes 100 de 1993: Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres (CRC, 1993).

Que el parágrafo transitorio 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, señala que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de citado acto legislativo del 25 de julio de 2005, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014 (CRC, 2005) La Ley 2381 de 2024 en Colombia establece una reforma profunda en el sistema de pensiones, con el objetivo de mejorar la cobertura y sostenibilidad del sistema. Uno de los principales cambios es la introducción del sistema de pilares, que abarca cuatro categorías: pilar Solidario, pilar semi contributivo, pilar contributivo y pilar voluntario. Esta estructura busca incluir

Tanto a quienes no han podido pensionarse debido a condiciones de vulnerabilidad como a aquellos que sí cuentan con capacidad de cotización. El pilar solidario, por ejemplo, está diseñado para proteger a personas mayores en condiciones de pobreza extrema mediante una renta vitalicia (Rico , 2024).

El impacto de la Ley 2381 de 2024 sobre los actuales cotizantes al sistema pensional ha generado inquietudes significativas y principalmente, la preocupación se Centra en cómo afectará a quienes ya han acumulado cotizaciones bajo el régimen actual y si sus derechos adquiridos serán respetados. La ley establece un régimen de transición para aquellos cerca de la jubilación, lo que garantiza que los cambios no afecten abruptamente a este grupo, protegiendo sus derechos adquiridos. Sin embargo, se requerirán ajustes para cumplir con un número mínimo de semanas cotizadas, y algunos podrían necesitar seguir trabajando más tiempo del previsto para obtener la pensión completa (Carvajal , 2024).

Esta preocupación sobre los cotizantes que están cerca de la edad de retiro se enmarca en el proceso de transición hacia un nuevo sistema de pilares, que integra un modelo mixto de capitalización individual y reparto, elevando la edad de jubilación gradualmente. La Ley 2381 de 2024 introduce reformas que generan inquietud sobre la permanencia de los afiliados en los dos regímenes pensionales principales de Colombia: el Régimen de Prima Media o RPM, gestionado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o RAIS, gestionado por fondos privados. Con la implementación del sistema de Pilares, hay preocupación de que algunos de los cambios desincentiven la permanencia en uno u otro régimen, al modificar las condiciones de cotización y los beneficios proyectados. La ley obliga a todos los colombianos con ingresos hasta 2.3 salarios mínimos a cotizar en

Colpensiones RPM, lo que podría impactar a quienes se beneficiarían más del modelo de capitalización individual RAIS a largo plazo (Carvajal , 2024).

Estudios como el de Azuero de la mano de CEPAL y su serie de macroeconomía del desarrollo No.206 del año 2020, en el cual resaltan como lo mencionaba Carvajal (2024), la institucionalidad, el gasto público y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en Colombia, el cual fue establecido en 1993 con dos regímenes: el RPM y el Régimen RAIS. El RPM permite a los trabajadores obtener pensión a los 57 años en mujeres y 62 años en los hombres, con un mínimo de 1.300 semanas de cotización. Por su parte, en el RAIS, los aportes y rendimientos alimentan cuentas individuales, determinando el monto de la pensión. Existe también un sistema no contributivo, Colombia Mayor, que amplía la cobertura a más adultos mayores (Azuero et al., 2020).

Azuero también analiza que, en el año 2018, el gasto público en pensiones alcanzó el 3.4% del PIB para el gobierno central y el 4.4% para el gobierno general. La sostenibilidad financiera del sistema enfrenta desafíos, especialmente por la evolución demográfica y la inequidad, ya que los subsidios se concentran en los sectores más ricos. Se proponen reformas paramétricas y estructurales para abordar estos problemas. Los sistemas de pensiones son una preocupación global por su impacto social y financiero. Este informe examina los sistemas de pensiones en el país, enfocándose en sus efectos en las finanzas públicas. Se estructura en cinco secciones: la institucionalidad del sistema, el gasto público, la sostenibilidad financiera, propuestas de reforma y conclusiones.

La institucionalidad analiza el RPM y el sistema de reparto, administrado principalmente por COLPENSIONES, donde el monto de la pensión varía entre el 55% y el 65% del ingreso base de liquidación, con un mínimo equivalente al salario mínimo y el RAIS que permite a los

Afiliados acceder a pensiones a cualquier edad, siempre que el capital acumulado supere el 110% del salario mínimo. La pensión se determina según el saldo en la cuenta individual y se puede cobrar de diversas formas, como renta vitalicia o retiro programado (Azuero et al., 2020). Y, por último, para el caso del gasto público el déficit entre ingresos y obligaciones ha llevado al gobierno a realizar aportes adicionales, especialmente después de que las reservas del ISS se agotaron en 2003 y se presenta un análisis del gasto en términos nominales y reales, así como su proyección a futuro, para la sostenibilidad financiera enfrenta un déficit a medida que la población envejece. Las proyecciones demográficas indican un aumento en la deuda pensional, lo que plantea preguntas sobre la equidad y sostenibilidad del sistema. Mesa Lago y su evaluación de 4 décadas de privatización de pensiones en América Latina (2022), señala que los beneficios esperados al implementar el modelo de capitalización individual no han cumplido con las promesas hechas a las poblaciones del continente latinoamericano. A lo largo de su monografía, expone cómo, en lugar de mejorar la cobertura, la equidad y la suficiencia de las pensiones, estos sistemas han dejado a muchas personas, especialmente a los más vulnerables, sin acceso a una protección adecuada en la vejez (Mesa, 2022). Uno de los aspectos clave que Mesa Lago destaca es la limitada cobertura de los SPP. A pesar de las reformas, la cobertura de la Población Económicamente Activa conocida como PEA, no ha aumentado sustancialmente en muchos países, y sigue siendo un problema grave debido al alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Países como Perú, El Salvador y República Dominicana muestran tasas de cobertura muy bajas, lo que refleja la exclusión de un gran porcentaje de la población del sistema contributivo. Además, la cobertura de los adultos mayores Depende en gran medida de las pensiones sociales, en lugar de las contributivas, lo que evidencia la debilidad estructural de los SPP en garantizar pensiones adecuadas.

Otro punto a destacar del autor es la falta de solidaridad social y la equidad de género en los SPP es otro punto crítico. Mesa Lago argumenta que, al eliminar el principio de solidaridad intergeneracional, los SPP han perpetuado y, en algunos casos, agravado las desigualdades de género. Las mujeres, quienes tienden a tener trayectorias laborales más discontinuas y salarios más bajos, se ven particularmente afectadas por este modelo. A pesar de las reformas implementadas en algunos países para corregir esta situación, como el bono por hijo en Chile, la desigualdad de género sigue siendo una de las principales deficiencias del sistema. La insuficiencia de las prestaciones es quizás la crítica más severa que se le hace a los SPP. Las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que un pensionado recibe con relación a su ingreso previo a la jubilación, son mucho más bajas en los sistemas privados en comparación con los sistemas públicos que existían anteriormente. Este aspecto es especialmente preocupante, ya que pone en riesgo la calidad de vida de los jubilados, quienes deben enfrentar su vejez con ingresos insuficientes (Mesa, 2022).

En cuanto a la administración eficiente y los costos razonables, Mesa Lago es tajante al señalar que la competencia entre las AFP ha sido muy limitada, y los costos de administración han resultado ser elevados, disminuyendo aún más las pensiones que los afiliados reciben. Este problema se agrava por la falta de transparencia y el reducido control que los trabajadores tienen sobre sus fondos de pensiones. El tema de la sostenibilidad financiera y actuarial del SPP es otro punto de gran preocupación. Aunque los fondos de pensiones han crecido significativamente en Países como Chile y Perú, gran parte de estos recursos se invierte en deuda pública o en mercados extranjeros, lo que limita el impacto positivo que podrían tener en la economía local. Además, la reducción de las tasas de cotización y la alta evasión y elusión por parte de empleadores y trabajadores ponen en riesgo la viabilidad a largo plazo de estos sistemas.

Un reciente estudio de la Universidad del Rosario (2024) analizó que el sistema de pensiones no garantiza la jubilación y evidencia ya que, en 2023, solo el 21.33% de las personas en edad de pensionarse, estaban efectivamente pensionadas, lo que representa una caída del 8% en comparación con el año 2021. Esta situación es alarmante y refleja una falla sistemática en el diseño y funcionamiento del sistema pensional (Universidad del Rosario , 2024). Este estudio permite comprender que el problema radica en la incapacidad del sistema para asegurar una pensión a una proporción significativa de adultos mayores, lo que refleja una falla estructural y de diseño en el sistema pensional del país. A medida que la población envejece, la presión sobre este sistema aumenta, ya que cada vez hay menos personas activas laboralmente para sostener a una población de pensionados que crece de manera sostenida. Esta situación pone en riesgo la seguridad económica de millones de personas en la vejez. Uno de los factores clave detrás de este colapso es el cambio demográfico. Colombia, como muchas otras naciones, ha experimentado una transición hacia una sociedad más envejecida debido a una disminución en las tasas de natalidad y mortalidad. Esta evolución demográfica implica que el número de personas en edad de trabajar es cada vez menor en comparación con el número de adultos mayores que requieren pensiones. Sin una reforma adecuada, este desequilibrio podría conducir al agotamiento de los fondos de pensiones, dejando a una generación de trabajadores sin el soporte económico prometido al final de su vida laboral. Además, es imposible ignorar la desigualdad de género que permea el acceso al sistema de Pensiones. Las mujeres, en particular, enfrentan barreras significativas debido a su menor participación en el mercado laboral formal, interrupciones en sus carreras relacionadas con actividades de cuidado, y una mayor prevalencia en trabajos informales. Esto las coloca en una posición de desventaja a la hora de cumplir con los requisitos necesarios para acceder a una pensión, lo que agrava su vulnerabilidad económica en la vejez. El hecho de que solo una

pequeña proporción de mujeres en edad de jubilación tenga acceso a una pensión refleja no solo una cuestión de género, sino un problema más amplio de justicia social y equidad en las políticas laborales y de seguridad social (Universidad del Rosario , 2024). Otra dimensión problemática es la preferencia de los cotizantes por los fondos de pensiones privados, que en muchos casos no garantizan mejores resultados a largo plazo. Si bien los fondos privados ofrecen mayor flexibilidad en algunos aspectos, muchos trabajadores no alcanzan las semanas mínimas de cotización necesarias para acceder a una pensión completa, lo que los deja en una situación de precariedad. La falta de una estrategia efectiva para guiar a los trabajadores sobre la mejor opción para su futuro pensionado contribuye a la incertidumbre que rodea el tema (Universidad del Rosario , 2024). Otro análisis por parte de Crespo (2024), explica que la reforma pensional propuesta en Colombia tiene puntos que generan debate, pues, aunque busca resolver algunas de las deficiencias del sistema actual, corre el riesgo de no atacar los problemas estructurales de fondo. Uno de los aspectos más controversiales es la centralización de recursos en Colpensiones, especialmente con el umbral de 2.3 salarios mínimos, que significa que la mayoría de los cotizantes estarán aportando principalmente al sistema público. Aunque esto busca mejorar la cobertura, podría sobrecargar a Colpensiones y poner en peligro la sostenibilidad del fondo en el largo plazo, ya que sus recursos podrían no ser suficientes para cubrir las pensiones prometidas, algo que ya ha sido señalado por economistas de instituciones reconocidas como la Universidad de los Andes (Crespo, 2024).

El autor resalta que es un problema estructural más profundo que esta reforma no aborda es la generación de empleo formal. Sin una economía robusta y más empleos formales, será difícil asegurar que el sistema pueda sostenerse, ya que muchos colombianos no logran cotizar

Lo suficiente para acceder a una pensión. Esta es una de las principales críticas que se han hecho: el sistema pensional depende en gran medida de la situación económica del presente, y si no se mejora el panorama laboral, la reforma solo será un parche temporal. Por otro lado, la administración de los fondos de pensiones también genera dudas. La reforma otorga un control considerable al Gobierno sobre la dirección de los recursos a través de un comité que estará en gran parte bajo la supervisión del presidente. Esto plantea preocupaciones sobre la independencia y eficiencia en la gestión de los fondos, lo que podría afectar la confianza de los cotizantes y la estabilidad financiera del sistema (Crespo, 2024). Ahora bien, desde la teoría sobre los sistemas de pensiones está la de Gary Becker (1975), la cual se basa en el concepto de que las habilidades y conocimientos adquiridos a través de la educación y formación son una forma de inversión que aumenta la productividad del trabajador y por ende, su valor en el mercado laboral. Becker argumenta que las decisiones de los individuos en cuanto a su educación y formación son racionales, es decir, están motivadas por la búsqueda de maximizar sus beneficios futuros, como los ingresos y las oportunidades de empleo (Becker, 1975).

El autor que analiza esta teoría Quintero (2020), analiza que una de las ideas centrales de esta teoría es que la formación, ya sea específica o general, no solo incrementa la productividad en el lugar de trabajo, sino que también puede impactar a otras empresas, especialmente en el caso de la formación general. Sin embargo, el supuesto de homogeneidad en el mercado laboral es problemático. No todos los trabajadores, incluso con el mismo nivel de formación, poseen las mismas aptitudes, habilidades o actitudes hacia el trabajo. Esta heterogeneidad de los trabajadores implica que la calidad del tiempo de trabajo ofrecido varía

Entre individuos, lo que cuestiona la premisa de que la competencia perfecta puede existir en un mercado laboral donde el trabajo es tratado como un bien homogéneo (Quintero , 2020). Además, en el aspecto metodológico, la agregación de la oferta de trabajo no es sencilla debido a estas diferencias intrínsecas entre los trabajadores. La noción de un agente representativo, que ofrece su trabajo no captura adecuadamente la diversidad de capacidades y esfuerzos individuales, lo que hace que la agregación de la oferta de trabajo sea más compleja de lo que sugiere la teoría clásica (Quintero , 2020).

A nivel conceptual, se puede recurrir al modelo de reparto intergeneracional y al modelo de capitalización individual, dos enfoques predominantes en los sistemas de pensiones (Saade, 2020). En Colombia, las Leyes 100 de 1993 y 2381 de 2024 modifican estos esquemas, promoviendo ajustes que deben evaluarse desde una óptica tanto macro, es decir, impacto financiero a nivel nacional, como micro impacto sobre los afiliados individuales (Azuero et al.,

2020).

La Ley 2381 de 2024, al introducir un sistema de pilares, también puede analizarse en términos de la seguridad económica de los pensionados. En este contexto, autores como la abogada Viviana Veloza, ha destacado la importancia de crear un sistema flexible que permita ajustarse a las condiciones cambiantes de la economía, asegurando una protección adecuada para los pensionados actuales y futuros. El análisis de los sistemas de pilares, que combinan componentes de reparto y capitalización, es esencial para entender los efectos redistributivos de la nueva ley en Colombia (Veloza, 2024).

6. Marco institucional

El estudio se relaciona principalmente con Colpensiones, una entidad gubernamental encargada de gestionar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en Colombia, la cual tiene como misión asegurar el acceso a las prestaciones económicas previstas en el sistema de pensiones. Colpensiones es responsable de la administración del sistema público de pensiones, regulando, controlando y supervisando las pensiones de los ciudadanos bajo el marco legal del país (Portal Colpensiones , 2023).

Colpensiones tiene su sede principal en Bogotá, la capital de Colombia, aunque cuenta con oficinas regionales distribuidas por todo el territorio nacional. Opera dentro del sector de la administración pública y seguridad social-Código CIIU 8430. Esta institución juega un papel central en la economía nacional, ya que gestiona las pensiones de millones de colombianos y su operativa es vital para la sostenibilidad del sistema de seguridad social del país (Portal Colpensiones, 2017).

El nicho de mercado de Colpensiones está compuesto por trabajadores colombianos que cotizan al sistema de seguridad social bajo el RPM. Este régimen se basa en las contribuciones de los empleados y empleadores para asegurar una pensión al llegar a la edad de jubilación o al cumplir los requisitos establecidos (Portal Celpensiones , 2021).

Entre los principales productos y servicios que ofrece Colpensiones destacan las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, ya que la entidad administra y paga pensiones a los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales. Otorga indemnizaciones a los trabajadores que, por diversas razones, no logran cumplir con los requisitos mínimos para una pensión. Administrar el sistema público de pensiones y garantizar su sostenibilidad (Portal Colpensiones , 2021).

Colpensiones también opera el programa BEPS conocido como Beneficios Económicos Periódicos, que permite a personas de bajos ingresos acceder a una pensión mínima mediante aportes voluntarios (Portal Colpensiones , 2021).

Colpensiones es una entidad gubernamental, cuya estructura organizacional sigue un esquema jerárquico similar al de otras instituciones públicas en Colombia. Está dirigida por un presidente nombrado por el gobierno nacional, apoyado por diferentes vicepresidencias y direcciones que supervisan áreas clave como la gestión financiera, servicios al cliente, operaciones de afiliación y cotización, y pagos de pensiones (Portal Colpensiones , 2023). Además, la organización está sujeta a la supervisión de entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia, que regula las entidades que participan en el sistema de pensiones, asegurando su correcta operación y sostenibilidad. La organización también cuenta con un Consejo Directivo, encargado de definir las políticas estratégicas y de asegurar el cumplimiento de las leyes y normas que rigen el sistema de pensiones (Función Pública, 2023). Entre los procesos más importantes de Colpensiones se encuentran la afiliación de trabajadores al sistema de pensiones, la recaudación de cotizaciones, y la gestión de solicitudes de pensión y su respectiva aprobación o denegación. Estos procesos son automatizados en gran medida, pero también requieren de una alta interacción humana para la atención al ciudadano y la gestión de casos complejos. Colpensiones ha implementado plataformas digitales que permiten a los cotizantes consultar su historial de aportes, el estado de su pensión y realizar trámites en línea, facilitando así la interacción con la entidad (Portal Colpensiones , 2023). La Ley 2381 de 2024, que establece modificaciones en el régimen de transición y aborda el aprovechamiento del bono demográfico, tiene un impacto directo en Colpensiones (CRC, 2024). La exclusión del criterio de edad en la transición hacia nuevos regímenes de pensión

Implica que Colpensiones debe ajustar sus procesos para gestionar de manera efectiva este cambio. Adicionalmente, la ley plantea desafíos en términos de sostenibilidad financiera, ya que la estructura demográfica del país está cambiando, y la organización deberá buscar mecanismos para asegurar que el fondo de pensiones sea sostenible a largo plazo, pese a la disminución del número de cotizantes jóvenes (Holland & Knight, 2024). La gestión del bono demográfico es otro aspecto fundamental que afecta a Colpensiones. Con una población envejecida y un porcentaje cada vez menor de jóvenes Cotizantes, la organización enfrenta el reto de ajustar sus modelos actuariales y buscar alternativas para garantizar la equidad y viabilidad del sistema. Colpensiones también deberá colaborar con otras entidades gubernamentales para implementar políticas que incentiven el empleo formal y la inclusión de nuevos cotizantes al sistema de seguridad social (Uprimny, 2023).

7. Metodología

7.1. Enfoque

Para abordar el problema de la presente investigación, es muy importante seleccionar un enfoque metodológico adecuado, los enfoques pueden clasificarse en tres categorías principales que son de tipo: cuantitativo, cualitativo o mixto. Cada uno de estos enfoques tiene características distintivas.

El análisis cuantitativo se centra en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, realizar mediciones y verificar hipótesis. Su aplicación es útil cuando el

Investigador busca establecer relaciones causales o correlaciónales entre variables y obtener resultados generalizables a una población mayor (Corporación Universitaria Asturias,

2021).

En cuanto al análisis cualitativo, se busca comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de los participantes, enfocándose en las experiencias, percepciones y significados que los individuos atribuyen a ciertos eventos. Las técnicas de recolección de datos incluyen entrevistas en profundidad, observación participante y análisis documental (Corona, 2018). Por último, el análisis mixto combina elementos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, permitiendo una comprensión más completa del problema de investigación. Por ejemplo, un investigador puede utilizar métodos cuantitativos para medir la magnitud de un fenómeno y complementarlo con un análisis cualitativo para comprender los factores subyacentes (Cueva et al., 2023).

Para este estudio, debido a su naturaleza descriptiva y exploratoria, se ha elegido un enfoque cuantitativo, ya que permite la recolección la recolección de datos que pueden ser analizados de manera objetiva para describir y evaluar los fenómenos estudiados. En el contexto del proyecto, es particularmente adecuado para este estudio porque facilita la obtención de conclusiones basadas en datos numéricos y permite realizar comparaciones claras entre los regímenes de pensiones actuales y anteriores, así como entre los distintos grupos poblacionales afectados por la exclusión del requisito de edad. Además, este enfoque permite establecer correlaciones entre las variables analizadas, como la sostenibilidad del sistema de pensiones y la estructura demográfica del país.

7.1.2. Alcance

El alcance del estudio está determinado por el tipo de preguntas de investigación formuladas y los objetivos que se pretenden alcanzar. Este estudio se enmarca en un alcance Descriptivo, ya que busca especificar las características de un fenómeno o problema determinado. No se pretende manipular las variables, sino observar y describir los hechos tal como se presentan (Universidad de Guanajuato, 2021). En este caso, se describen las características de una población o fenómeno específico.

Y correlacional, aunque no se manipulan las variables, se pretende identificar relaciones entre ellas (Universidad de Guanajuato, 2021). Este tipo de estudio es útil para determinar si existe una asociación significativa entre diferentes variables observadas. En ese sentido el alcance de esta investigación se centrará en describir las características y efectos de la Ley 2381 de 2024, en particular en lo que respecta al aprovechamiento del bono demográfico y la exclusión del criterio de edad en el régimen de transición. A nivel descriptivo, se detallarán las principales disposiciones de la ley y sus implicaciones para los diferentes grupos de cotizantes. A nivel correlacional, se analizarán las interrelaciones entre las variables clave como la sostenibilidad del sistema de pensiones, la equidad entre los cotizantes, y la proyección del bono demográfico a futuro.

El estudio también evaluará cómo la Ley 2381 influye en la distribución de las pensiones y si cumple con los principios de equidad y legitimidad. Se pretende identificar si las modificaciones en el régimen de transición introducen ventajas o desventajas significativas para distintos grupos poblacionales.

7.1.3. Diseño de la investigación

El diseño de investigación seleccionado es no experimental. Este tipo de diseño implica la observación de fenómenos tal como ocurren de manera natural, sin la intervención o manipulación de las variables por parte del investigador. Se considera el diseño más adecuado Cuando la investigación busca describir situaciones o fenómenos que ya existen en la realidad, lo cual permitirá recolectar datos sin modificar las condiciones en que se encuentran los sujetos o eventos (QuestionPro, 2023).

El estudio será transversal, es decir, se realizará en un solo punto en el tiempo, y la recolección de datos se llevará a cabo en un único momento a través del análisis de databases y revisión de documentos oficiales como informes de organismos públicos y estudios demográficos.

7.2. Definición de variables

En esta parte se logra delimitar claramente qué aspectos serán medidos y cómo se relacionan con los objetivos del estudio. Este proceso permite identificar las características claves que se observarán en las variables clave que están relacionadas con los efectos de la Ley 2381 de 2024 sobre el sistema de pensiones en Colombia, el aprovechamiento del bono demográfico y ventajas y desventajas de excluir el requisito de edad para acceder al régimen de transición según la Ley 2381 de 2024 en Colombia, según la Ley 2381 de 2024 en Colombia,

7.2.1. Definiciones conceptuales y definiciones operacionales

Tabla 1. Dimensiones de las definiciones conceptuales

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones

Sostenibilidad del sistema de pensiones

Es la capacidad del sistema de pensiones para seguir proporcionando beneficios a largo plazo sin comprometer los recursos financieros. Conceptualmente, esto incluye el equilibrio entre los ingresos y egresos del sistema, la equidad intergeneracional, y la estabilidad financiera a lo largo del tiempo (Miranda, 2020).

Medida a través del análisis de la relación entre ingresos y egresos del sistema de pensiones en un periodo determinado, evaluando la proporción de cotizantes activos y pensionados y la proyección de estos datos a futuro, utilizando informes financieros del sistema.

Equilibrio ingresos/egresos.

Equidad intergeneracional.

Estabilidad financiera.

Equidad en el sistema de pensiones

Se refiere a la justa distribución de los recursos y beneficios entre los diferentes grupos de cotizantes, considerando factores como género, nivel de ingresos, y tiempo de cotización. La equidad implica que todos los ciudadanos tengan acceso a beneficios proporcionados de manera justa, independientemente de su posición socioeconómica (Faster Capital , 2022).

Evaluada a través de análisis de datos demográficos y de afiliación, observando cambios en el número de beneficiarios y la distribución de pensiones antes y después de la implementación de la Ley 2381 de 2024, utilizando registros del sistema.

Cambios en la distribución de beneficios

Acceso a pensiones

Bono demográfico

Es la fase en la que la población en edad de trabajar es significativamente mayor que la población dependiente niños y personas mayores, lo que puede generar un potencial de crecimiento económico si se aprovecha adecuadamente.

Desde una perspectiva teórica, implica un aumento de la fuerza laboral y una reducción temporal en la carga de dependencia económica (Fedesarrollo, 2023).

Evaluado mediante análisis demográficos que miden la proporción de la población en edad de trabajar frente a la población dependiente, utilizando proyecciones de crecimiento poblacional y estadísticas nacionales.

Población en edad de trabajar

Población dependiente

Es la proporción de la población que tiene acceso y se beneficia del sistema de

Medida a través del porcentaje de la población trabajadora afiliada al

Afiliados formales

Cobertura del sistema de pensiones pensiones. Conceptualmente, la cobertura implica el alcance del sistema en términos de inclusión social, económica y geográfica. Esto incluye tanto a los trabajadores formales como informales (Becerra et al., 2019)

sistema, desglosada por trabajadores formales e informales.

Afiliados informales

Pensionados

Eficiencia administrativa del sistema de pensiones

Hace referencia a la capacidad del sistema para operar con un costo administrativo bajo, minimizando los gastos operativos y maximizando los beneficios entregados a los afiliados.

La eficiencia administrativa es importante para asegurar la sostenibilidad financiera y el buen funcionamiento del sistema

(DNP, 2018).

Evaluada mediante la proporción de costos administrativos sobre el total de ingresos del sistema y el tiempo promedio de tramitación de pensiones, medido en meses desde la solicitud hasta la entrega de beneficios, analizado a partir de informes financieros.

Costos administrativos

Tiempo de tramitación

Satisfacción de los beneficiarios

Satisfacción de los beneficiarios Concepto que mide el grado de satisfacción de los afiliados y pensionados con respecto a los servicios y beneficios proporcionados por el sistema de pensiones. Esto incluye factores como la facilidad de acceso, la transparencia del proceso, y la percepción de justicia y equidad en la distribución de beneficios

(CEPAL, 2020).

Medida a través de encuestas de satisfacción que evalúan claridad de información, facilidad de tramitación, calidad del servicio al cliente y percepción de equidad, analizadas en una escala de 1 a 5, utilizando cuestionarios diseñados para este fin.

Claridad de información

Facilidad de tramitación

Calidad del servicio

Impacto social del sistema de pensiones

Son los efectos que tiene el sistema de pensiones en la calidad de vida de los afiliados y sus familias, así como en la estabilidad económica y social del país. Conceptualmente, implica analizar cómo la cobertura, accesibilidad y suficiencia de las pensiones contribuyen al bienestar social (CEPAL, 2020)

A través de indicadores como el nivel de pobreza entre pensionados, el índice de bienestar social medido por encuesta de calidad de vida y el nivel de dependencia económica de los pensionados.

Nivel de pobreza

Índice de bienestar social

Dependencia económica Tabla 1. Dimensiones de las definiciones 1

7.3. Población y muestra

La población objeto de este estudio se compone de un cierto número de afiliados al sistema de pensiones colombiano y pensionados que se ven afectados por la Ley 2381 de 2024. En términos demográficos, esta población incluye trabajadores de diversas edades, desde los 18 años hasta los 65 años o más, considerando la relevancia del bono demográfico. La muestra será seleccionada a través del método de conveniencia, lo que implica que se eligen participantes disponibles y accesibles que cumplan con los requisitos básicos del estudio. Este tipo de muestreo no busca representatividad estadística, sino que se enfoca en obtener una información relevante de aquellos que tienen experiencia directa con la Ley 2381. Por lo anterior, se seleccionarán 20 personas para participar en una encuesta, los participantes serán afiliados al sistema de pensiones o pensionados afectados por la ley. La selección será realizada con base en su disponibilidad y voluntad de participar, dentro de la ciudad de Bogotá, garantizando el cumplimiento de la Ley Habeas Data para la protección de su información personal la cual no se dará información personal solo sus respuestas.

8. Segundo nivel

8.1. Selección de métodos o instrumentos para recolección de información

Se optará por encuestas estructuradas, es decir, como el único instrumento de recolección de datos, con el objetivo de obtener información cuantitativa y cualitativa de una muestra representativa de afiliados y pensionados afectados por la Ley 2381 de 2024. Cuantitativa con preguntas cerradas y algunas abiertas para captar información más detallada.

Las preguntas de la encuesta se estructurarán en torno a percepción sobre la Ley 2381, impacto de la ley en la sostenibilidad del sistema, satisfacción con el sistema de pensiones, percepción de la protección social.

8.2. Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos recolectados se llevará a cabo utilizando un enfoque mixto, que combinará técnicas cuantitativas y cualitativas para proporcionar una visión integral de las percepciones de los participantes respecto a los efectos de la Ley 2381 en el sistema de pensiones. Para las preguntas cerradas y las preguntas con escalas de valoración, se utilizará el análisis estadístico descriptivo. Este tipo de análisis se centrará en calcular las frecuencias absolutas, es decir, el número de respuestas por categoría, y las frecuencias porcentuales, que indican el porcentaje que representa cada respuesta en relación con el total de las respuestas obtenidas. Estos cálculos permitirán resumir las respuestas de los encuestados, ayudando a identificar patrones y tendencias dentro de los datos. Se utilizarán herramientas gráficas como gráficos de pastel para representar visualmente las distribuciones de las respuestas. Los gráficos de pastel son útiles para mostrar cómo se distribuyen las respuestas entre las diferentes opciones y permiten identificar de manera rápida las tendencias predominantes. Las respuestas abiertas, aquellas que no tienen opciones predeterminadas, serán analizadas mediante análisis de contenido. Esta técnica cualitativa permitirá identificar temas recurrentes y palabras clave dentro de las respuestas, proporcionando una comprensión más profunda de las percepciones de los encuestados sobre la Ley 2381 y el sistema de pensiones en general. El análisis de contenido incluye la codificación inicial de las respuestas, donde se identifican los temas principales que surgen de las respuestas, tales como desconfianza en el sistema, expectativas de mejora para el sector informal o preocupación por la sostenibilidad.

También se identificarán palabras clave y frases recurrentes que indiquen las principales preocupaciones o sugerencias de los participantes. Los temas recurrentes serán agrupados en categorías en las preguntas, lo que permitirá interpretar los datos de manera más estructurada. Este análisis proporcionará información adicional sobre cómo los participantes perciben los cambios propuestos por la Ley 2381.

8.3. Análisis y discusión de los resultados

Figura 1. Pregunta No. 1 0-1 Elaboración propia (2024) Tal como se observa en la figura 1, la mitad de los encuestados trabajan en el sector formal.

Figura 2. Pregunta No. 2 1 Elaboración propia (2024)

A partir de lo presentado en la figura 2 se puede deducir que la mayoría de las 13 personas encuestadas cree que la Ley 2381 no beneficiará a los trabajadores del sector informal, lo que puede indicar desconfianza o incertidumbre sobre cómo la ley abordará las necesidades específicas de este sector. Esta percepción es especialmente importante ya que la ley está dirigida en parte a integrar a los trabajadores informales en el sistema de pensiones. Esto sugiere que los esfuerzos para implementar la ley pueden requerir una mayor sensibilización o modificación de algunos de sus aspectos para realmente generar beneficios para este grupo. Para el sector formal, el 10% de los encuestados probablemente refleja una percepción más optimista sobre los beneficios de la ley para el sector informal, aunque también podría haber más familiaridad con las políticas sociales en general.

Para el sector informal, el hecho de que solo 3 de los 6 participantes en este sector vean la ley como beneficiosa, apunta a un posible desconocimiento o escepticismo respecto a cómo la ley impactará directamente a los trabajadores informales.

Para el caso de los pensionados, la percepción también podría reflejar la falta de impacto directo para ellos, ya que la ley probablemente afecta más a los trabajadores activos. Figura 3. Pregunta No. 3 1 Elaboración propia (2024)

Las respuestas sugieren una percepción negativa sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones bajo los cambios de la Ley 2381. La mayoría de los encuestados 12 personas, consideran que la sostenibilidad del sistema será poco o nada sostenible. Este resultado podría indicar que los participantes no ven los cambios propuestos como una solución a largo plazo para las necesidades del sistema de pensiones, y que existe incertidumbre sobre su efectividad.

Los trabajadores formales, quienes generalmente tienen más acceso al sistema de pensiones y a la información sobre cambios legales, podrían ser más críticos sobre la sostenibilidad del sistema debido a su mayor conocimiento y expectativas de reformas profundas. Los trabajadores informales tienen una mayor incertidumbre y es posible que vean los cambios como insuficientes o difíciles de implementar de forma efectiva. Para los pensionados, la preocupación sobre la sostenibilidad también puede ser más fuerte, ya que los cambios en las reglas del sistema pueden afectar sus beneficios o la estabilidad a largo plazo.

Figura 4. Pregunta No. 4 1 Elaboración propia (2024)

Aunque la mayoría de los encuestados 12 personas considera que la ley no mejora la equidad del sistema de pensiones, 8 personas creen que sí lo hace. Esto refleja una división en la percepción sobre la efectividad de la ley para garantizar una distribución equitativa de los recursos del sistema de pensiones.

Los trabajadores del sector formal son los que más probablemente no creen que la ley mejore la equidad, dado que tienen acceso a mejores pensiones y pueden percibir que los cambios no afectan de manera justa a todos los sectores.

En el grupo del sector informal, es posible que haya una mayor expectativa de equidad, dado que el objetivo de la ley es precisamente mejorar la inclusión de los trabajadores informales. Los pensionados probablemente tienen más dudas sobre si los cambios benefician realmente a los trabajadores activos de una manera justa, lo cual podría influir en su respuesta negativa sobre la mejora de la equidad.

Figura 5. Pregunta No. 5 1

Elaboración propia (2024) La mayoría de los encuestados califica la protección social del sistema de pensiones como regular, 10 personas, lo que refleja una evaluación mixta. Esto sugiere que, si

Bien la ley puede haber introducido mejoras, muchos no creen que la protección social haya mejorado significativamente.

Los trabajadores formales pueden percibir que los cambios no son suficientes para mejorar su situación, lo que se refleja en la calificación regular o baja de la protección social. En los informales se tiene expectativas de mejora, pero su falta de confianza en la implementación efectiva puede llevarlos a calificar la protección social de manera más neutral. Los pensionados probablemente ven el sistema de pensiones como algo estable, pero sienten que los cambios no son suficientes para mejorar sustancialmente la protección que reciben.

Figura 6. Pregunta No. 6 1 Elaboración propia (2024) La mayoría de los encuestados cree que los beneficios no cambiarán o empeorarán para los pensionados, lo que sugiere preocupación por la posible disminución de beneficios o por la falta de impacto positivo directo de la ley.

Los trabajadores activos formales probablemente vean este cambio con una perspectiva más crítica, ya que los beneficios para los pensionados no parecen ser una prioridad en la nueva ley.

Los trabajadores informales probablemente no vean un impacto directo sobre sus beneficios, ya que aún no están en el sistema de pensiones, lo que puede explicar la percepción de que los beneficios no cambiarán.

La preocupación de los pensionados sobre la disminución de sus beneficios refleja el temor generalizado de que las reformas puedan afectar negativamente su bienestar económico.

9. Conclusiones

Los resultados de la encuesta muestran una percepción negativa en relación con los beneficios de la Ley 2381 para los trabajadores del sector informal, ya que la mayoría de los encuestados considera que la ley no será beneficiosa para este grupo. Esto refleja una posible desconfianza o falta de comprensión sobre cómo la ley podría integrar a los trabajadores informales al sistema de pensiones. Esta percepción resalta la necesidad de un enfoque más específico para este sector, donde los mecanismos de inclusión sean claros y efectivos, y los beneficios sean claramente comunicados a este grupo de trabajadores. La mayoría de los encuestados considera que el sistema de pensiones no será sostenible con los cambios propuestos por la Ley 2381. Este resultado revela una preocupación generalizada sobre la capacidad de la ley para asegurar la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones, especialmente en un contexto de reformas profundas. Es necesario que las autoridades analicen en mayor profundidad la sostenibilidad económica de estas reformas, con

El fin de garantizar que la ley no solo mejore la inclusión, sino que también asegure el equilibrio financiero del sistema.

Los resultados muestran una división significativa sobre si la ley mejora la equidad del sistema de pensiones. Aunque algunos encuestados consideran que sí, la mayoría opina que la ley no contribuye de manera efectiva a la distribución equitativa de los recursos. Este hallazgo subraya la necesidad de ajustes en la ley para garantizar que las reformas beneficien de manera equitativa tanto a trabajadores formales como informales, Así como a los pensionados. La equidad debe ser un objetivo primordial en la implementación de cualquier reforma en el sistema de pensiones, para evitar que los grupos más vulnerables queden aún más rezagados. La mayoría de los encuestados considera que la protección social que ofrece el sistema de pensiones después de la implementación de la Ley 2381 es regular. Aunque algunos opinan que la protección social ha mejorado, otros sienten que la reforma no ha tenido un impacto significativo en la mejora de la seguridad social. Este resultado pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección social dentro de la ley, garantizando que se ofrezca una cobertura más amplia y accesible, especialmente para los trabajadores más vulnerables y los pensionados, quienes a menudo enfrentan mayores dificultades económicas. Finalmente, los pensionados han manifestado un nivel de incertidumbre acerca de los efectos de la Ley 2381 sobre sus beneficios. La mayoría opina que los beneficios no cambiarán o incluso empeorarán con la nueva ley, lo que refleja una falta de confianza en las reformas. El análisis muestra que la Ley 2381 de 2024 enfrenta grandes retos en la sostenibilidad del sistema de pensiones, especialmente en un contexto de transición demográfica en el país y aunque el bono demográfico representa una oportunidad estratégica para incrementar la fuerza

Laboral y reducir temporalmente la dependencia económica (Veloza, 2024), los resultados obtenidos en la encuesta reflejan una percepción generalizada de insostenibilidad. Específicamente, el 60% de los encuestados considera que el sistema es poco o nada sostenible tras los cambios propuestos.

Este resultado puede atribuirse a la falta de confianza en los mecanismos de financiamiento y a las preocupaciones sobre el equilibrio entre ingresos y egresos del sistema. Asimismo, se observa que los encuestados perciben que los cambios no han sido suficientemente explicados o articulados con otras políticas complementarias, como la formalización laboral y el fortalecimiento de las contribuciones. Como evidencia de los objetivos específicos propuestos es posible concluir que para el primero de estos, el diagnóstico del impacto social del sistema de pilares introducido por la Ley 2381 de 2024, con especial énfasis en la exclusión del requisito de edad para acceder al régimen de transición, revela una serie de implicaciones tanto positivas como negativas para la ciudadanía.

Por un lado, la exclusión del requisito de edad podría ser vista como una medida que promueva la equidad, al permitir que más personas, especialmente las de generaciones más jóvenes, puedan beneficiarse de la transición hacia el nuevo sistema sin tener que cumplir con criterios estrictos. De edad. Esto podría facilitar un acceso más universal al régimen pensional y generar un alivio para aquellos que se encuentran cerca de la edad de pensión pero aún no han cumplido con los requisitos de cotización en el sistema anterior. Sin embargo, esta reforma también plantea preocupaciones importantes. La eliminación de este requisito podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al no considerar adecuadamente las diferencias en los años de cotización de las personas o las

Desigualdades preexistentes entre diversos grupos sociales, especialmente los más vulnerables. En particular, los trabajadores informales o aquellos con empleo precario podrían enfrentarse a barreras aún mayores para acceder a una pensión digna, ya que el sistema de pilares podría no ser lo suficientemente inclusivo para garantizarles una cobertura efectiva. Asimismo, la eliminación del requisito de edad podría generar una división entre aquellos que se benefician de las nuevas reglas y los que ya han cumplido con los criterios anteriores, generando posibles tensiones intergeneracionales y desconfianza en la transición hacia el nuevo modelo.

En resumen, el sistema de pilares propuesto por la Ley 2381 de 2024 tiene el potencial de aumentar la inclusión en el acceso al régimen pensional, pero para que sea realmente efectivo y socialmente equitativo, es fundamental que se acompañe de medidas adicionales que aborden las disparidades. Económicos y laborales preexistentes, asegurando que todos los sectores de la población, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una pensión justa y suficiente.

Frente al objetivo específico No.2, la comparación entre los regímenes de transición muestra un cambio radical en la estructura de acceso a los beneficios del sistema de pensiones. Mientras que la Ley 100 de 1993 priorizaba el criterio de edad para garantizar una transición ordenada, la Ley 2381 de 2024 elimina este requisito con El fin de proporcionar mayor flexibilidad y adaptarse a las necesidades de una población laboral diversa (CARF, 2024). Sin embargo, los resultados obtenidos reflejan que este cambio no ha sido percibido como plenamente positivo: el 60% de los encuestados considera que esta modificación no mejora la equidad del sistema. Este hallazgo sugiere que, aunque la exclusión de la edad puede facilitar el acceso para ciertos grupos, como los trabajadores jóvenes, también genera incertidumbre en

Otros sectores, especialmente entre los pensionados y los trabajadores con menos semanas cotizadas.

La falta de claridad sobre cómo se garantizarán los derechos adquiridos y la distribución de beneficios equitativos también afecta las expectativas de los cotizantes; por lo tanto, se concluye que, aunque el nuevo régimen de transición tiene el potencial de ser más inclusivo, será necesario reforzar su legitimidad mediante campañas de divulgación, ajustes normativos y políticas de protección para los grupos más vulnerables.

Para el objetivo No.3, la exclusión del requisito de edad bajo la Ley 2381 de 2024 introduce cambios significativos con implicaciones mixtas para la equidad, la legitimidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por un lado, ofrece ventajas al eliminar barreras que anteriormente limitaban a los trabajadores más jóvenes, permitiéndoles una mayor flexibilidad para acumular semanas de cotización (Carvajal , 2024).

Sin embargo, los resultados revelan que el 65% de los encuestados perciben que la Ley no beneficia a los trabajadores del sector informal, lo que evidencia un desafío en Términos de Equidad. Además, un porcentaje considerable de los participantes con un 40%, considera que la protección social del sistema es apenas regular, lo que sugiere una falta de confianza en su capacidad para atender las necesidades de los afiliados.

En términos de sostenibilidad y con base al informe de análisis técnico de la CARF (2024), las preocupaciones se centran en la posibilidad de que la eliminación del criterio de edad incremente la presión financiera sobre el sistema, especialmente si no se implementan mecanismos efectivos para ampliar la base de cotizantes y reducir la informalidad laboral, aunque esta modificación busca ampliar el acceso al sistema, se requiere un enfoque que incluya

Políticas orientadas a la inclusión de los trabajadores informales, la promoción de la equidad intergeneracional y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Por eso cabe destacar como muy importante que las políticas públicas asociadas a la ley contemplen medidas específicas para mejorar la situación de los pensionados, garantizando que no se vean perjudicados por los cambios y que reciban los beneficios que les corresponden. La ley debe ser diseñada de tal forma que respete y proteja a aquellos que ya están dentro del sistema y dependen de él para su bienestar económico.

10. Recomendaciones finales

Como estudiantes de la especialización en Gerencia de Calidad e Innovación de la Universidad EAN, consideramos que este trabajo de investigación sobre el impacto de la Ley

2381 de 2024 en el sistema de pensiones colombiano representa un punto de partida

fundamental para seguir abordando un tema de alta relevancia nacional. Esto debido a la complejidad inherente a los sistemas de seguridad social y la necesidad de garantizar su sostenibilidad y equidad requiere no solo de un análisis profundo, sino también de propuestas innovadoras y soluciones que combinen rigor técnico con sensibilidad social. En este sentido, invitamos a la Universidad EAN, a la facultad, al programa académico y a nuestros compañeros y colegas a continuar investigando sobre este tema desde múltiples perspectivas, ya que este esfuerzo no solo enriquecerá el conocimiento académico, sino que también aportará soluciones prácticas a uno de los mayores desafíos sociales y económicos del país. La relevancia de este tema radica en su impacto directo en la calidad de vida de millones de colombianos, especialmente en el contexto del bono demográfico y las transiciones generacionales que afectan la sostenibilidad del sistema.

Primero, la Universidad EAN, como institución académica comprometida con el desarrollo sostenible y la excelencia, tiene una oportunidad única de liderar investigaciones que integren los principios de la calidad y la innovación en el análisis y diseño de políticas públicas. La especialización puede convertirse en un espacio clave para explorar cómo aplicar tecnologías emergentes, estrategias de gestión innovadoras y enfoques de mejora continua en el sistema pensional colombiano. Esto no solo Permitirá diseñar un modelo más sostenible y equitativo, sino que también consideramos que contribuirá a fortalecer la legitimidad y confianza en las instituciones públicas.

Es importante tener en cuenta también que el análisis comparativo con sistemas de pensiones exitosos de otros países debería ser una línea prioritaria de investigación para futuros trabajos, el estudiar modelos internacionales y adaptar sus mejores prácticas al contexto colombiano podría generar valiosas recomendaciones para el diseño de un sistema más inclusivo y eficiente. Desde nuestra especialización, podemos aportar herramientas para implementar cambios estructurales bajo un enfoque de calidad, asegurando que estos se desarrollen de manera planificada, medible y sostenible.

Hay que destacar la importancia de seguir explorando las implicaciones sociales y económicas de la exclusión del criterio de edad en el acceso al sistema de pensiones, ya que este cambio normativo introduce dinámicas que afectan a diferentes grupos poblacionales, desde trabajadores del sector informal hasta pensionados como se destacado en el presente trabajo en el instrumento de recolección de datos abordado.

El comprender cómo estas modificaciones impactan las expectativas y derechos de los ciudadanos es esencial para promover un sistema que sea percibido como justo y legítimo. La

Especialización en Gerencia de Calidad e Innovación nos brinda las herramientas para abordar estas problemáticas desde un enfoque técnico y estratégico. Por último, hacemos un llamado a compañeros y colegas para que enfoquemos nuestros esfuerzos en diseñar estrategias innovadoras que no solo resuelvan los problemas actuales del sistema pensional controversial y a la vez delicado del país, sino que también anticipen los desafíos futuros. La transición demográfica es un fenómeno que requiere respuestas claras y nuestra formación en la Universidad EAN nos prepara para asumir estos retos con creatividad, visión estratégica y un compromiso ético con la sociedad.

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(2024).

Esta es la ley de reforma pensional.

Obtenido de https://www.bu.com.co/es/insights/noticias/boletin-real-time-19-de-julio-2024