Especialización en Mercados Financieros · 2026
Sostenibilidad fiscal de programas de educación inclusiva en Colombia ante la reducción de cooperación internacional 2020-2030
Esta investigación analiza la sostenibilidad fiscal de programas de educación inclusiva dirigidos a poblaciones vulnerables en Colombia, ante la reducción drástica de la cooperación internacional durante el período 2020-2030. Según la Agencia Presidencial de Cooperación, para el año 2020 los aportes identificados en el Objetivo de Desarrollo 4, educación de calidad, correspondían a USD 26.012.954 mientras que para el año 2024 los aportes fueron de USD 16.802.584 lo que significa una disminución del 65%, debido a recortes presupuestales en países donantes como Alemania, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta situación se profundiza en 2025, cuando la administración Trump anunció el desmantelamiento de USAID, agencia mediante la cual el Estado estadounidense apoyaba diferentes proyectos de desarrollo en el país, entre ellos iniciativas de educación inclusiva (Valencia, 2025). Esta reducción en la recepción de flujos de cooperación ha generado tensiones fiscales significativas que impactan en la continuidad de los programas de educación inclusiva dirigidos a poblaciones vulnerables y minorías. El estudio tiene como base tres objetivos: el primero es caracterizar la evolución de los aportes de cooperación internacional y de los recursos nacionales destinados a educación inclusiva durante el período 2015-2025; la segunda es la proyección de las posibles brechas presupuestales bajo tres escenarios de financiamiento para 2025-2030; y la tercera es proponer fuentes alternativas de financiamiento sostenible. Mediante un enfoque cuantitativo, se utilizarán técnicas financieras como lo son las series temporales, la modelación de escenarios de riesgo fiscal y la evaluación de la viabilidad de instrumentos alternativos de financiamiento público, privado y del mercado de capitales. Los resultados buscan aportar evidencia cuantitativa para la toma de decisiones en planeación fiscal principalmente en el sector educativo, contribuyendo a garantizar la sostenibilidad de programas que materializan derechos constitucionales y compromisos del Estado colombiano en materia de inclusión educativa, en un contexto complejo a nivel internacional.