TEJIDOS DE MEMORIA: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL SANTUARIO DE

MEMORIA DE SAMANÁ COMO ESPACIO DE DIGNIDAD, PAZ Y VERDAD.

ESTUDIANTE

LAURA TATIANA OSORIO VILLADA

ASESORA ACADÉMICA

CAROLINA LOPEZ GIRALDO

CEDAT CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE CONFLICTO, VIOLENCIA Y

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

JUNIO 2026

Introducción El presente informe da cuenta del proceso de práctica profesional en Trabajo Social desarrollado en el Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz (CEDAT) de la Universidad de Caldas, durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre del año 2026. Su propósito central es consolidar la participación social y comunitaria en torno a la construcción del Santuario de Memoria de Samaná, como medida de reparación simbólica para las víctimas de desaparición forzada en el territorio. Los actores participantes en este proceso son diversos. En primer lugar, las familias buscadoras de personas desaparecidas en el municipio de Samaná, quienes constituyen el actor central y protagónico de todo el proceso, el CEDAT como institución académica acompañante, junto con la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Asimismo, participan instituciones del orden local, departamental y nacional: la Alcaldía de Samaná, la Gobernación de Caldas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta última en cumplimiento del Auto SAR-AI-073-2023 que ordenó la creación de los Santuarios de Memoria como medida de reparación simbólica. El escenario principal de la práctica académica es el municipio de Samaná, ubicado en el Oriente Caldense, un territorio profundamente marcado por el conflicto armado interno, con un registro de aproximadamente 500 personas dadas por desaparecidas, de las que se han documentado por parte de las organizaciones 187 casos de victimización que incluyen desapariciones en las siguientes modalidades: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, desapariciones en las que no se ha podido identificar el presunto responsable, entre otras modalidades. La intervención profesional se desarrolló en distintos espacios:

mesas técnicas interinstitucionales, encuentros comunitarios con familias buscadoras en el municipio, reuniones virtuales de coordinación entre organizaciones, y la consolidación de una propuesta inicial web del Santuario de Memoria como dispositivo digital de visibilización y

pedagogía social. El proceso de práctica académica estuvo acompañada y asesorada académicamente por la docente Carolina López Giraldo.

Las intenciones del proceso de práctica se articulan en torno a tres objetivos específicos: potenciar la construcción social del Santuario desde las voces de las víctimas y la comunidad, viabilizando el diseño arquitectónico y el inicio de obras; fortalecer el compromiso institucional mediante mesas técnicas y la incidencia de la comisión de vocería de familias buscadoras ante entidades del orden municipal, departamental y nacional; y visibilizar la lucha de estas familias a través de la generación de contenidos escritos y audiovisuales para el portal web del Santuario. Todo ello sustentado metodológicamente en la Investigación- Acción Participativa (IAP) que reconoce a las víctimas como sujetos políticos de derechos y agentes de su propia transformación.

El proceso de práctica se desarrolló entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, constituyendo la tercera fase de un proceso articulado de acompañamiento profesional sostenido desde estudiantes y docentes en este campo de intervención profesional. Las fases previas sentaron las bases metodológicas y participativas del proyecto: la primera dio inicio al reconocimiento de las víctimas como protagonistas en la coconstrucción del santuario desde las voces del territorio; la segunda profundizó en el fortalecimiento del liderazgo y la apropiación del proceso por parte de las familias buscadoras, consolidándolas como sujetos políticos de derecho ante las instituciones del Estado. La presente práctica recoge estos antecedentes y los proyecta hacia la consolidación del documento de diseño integral del Santuario, avanzando en la apropiación colectiva del espacio, y en la incidencia institucional para viabilizar los estudios técnicos y arquitectónicos para posteriormente viabilizar su construcción.

El presente informe se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta la contextualización del territorio y la problemática de la desaparición forzada en Samaná, abordando el origen y la consolidación de la propuesta de intervención. A continuación, se expone la concepción diagnóstica del proceso con la identificación de los nodos problemáticos, seguida de la matriz de problemas y los objetivos del proyecto. Posteriormente, se desarrolla el marco lógico con las actividades planificadas, sus indicadores de logro y medios de verificación. Luego se presenta el desarrollo del proceso de

intervención, con sus aprendizajes, tensiones y alcances. Finalmente, se incluyen las recomendaciones y la proyección del proceso hacia sus fases futuras, así como la bibliografía y los anexos correspondientes.

Origen y consolidación de la propuesta de intervención

Este proyecto nació en un contexto muy concreto: el municipio de Samaná, en el Magdalena Caldense, un territorio que cargó de manera desproporcionada con el peso de la desaparición forzada durante el conflicto armado en Caldas. Las heridas que dejó ese período siguen abiertas, y la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Desde 2017, el Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz (CEDAT) de la Universidad de Caldas viene desarrollando un proceso sostenido de acompañamiento a las familias buscadoras del municipio, articulando componentes psicosociales, socio-jurídicos y técnico-forenses en alianza con la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. Este proceso interinstitucional permitió documentar 187 casos de desaparición concentradas en sectores rurales del municipio: la vereda La Cumbre, el corregimiento de San Diego y la vereda El Congal, donde también se identificaron lugares de disposición de restos, distribuidos entre escenarios acuáticos (43%), fosas clandestinas (39%), cementerios (15%) y superficie (3%).

Con ese trabajo como base, el proceso fue abriendo paso hacia algo más amplio: la reparación simbólica colectiva. Fue ahí donde emergió la propuesta del Santuario de Memoria, no como una iniciativa académica, sino como respuesta a las demandas de las propias familias, quienes reclamaban un espacio físico y simbólico para honrar a sus seres queridos, preservar su memoria y construir garantías de no repetición. Ese origen participativo del proyecto es, en sí mismo, el primer antecedente fundamental de esta propuesta.

La situación que fundamenta esta propuesta de intervención se encuentra relacionada con una problemática profundamente política, que revela las tensiones estructurales entre los

derechos reconocidos formalmente a las víctimas del conflicto armado colombiano, y la realidad de la garantía efectiva de sus derechos en territorios históricamente abandonados por el Estado.

El Auto SAR-AI-073-2023 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la creación de Santuarios de Memoria como medida de reparación simbólica, sustentado en la Ley 1408 de 2010. Esta orden judicial asignó obligaciones concretas a entidades estatales para garantizar la construcción, el mantenimiento de estos espacios, asegurando la participación efectiva de las víctimas en su diseño y gestión. Sin embargo, en Samaná, el cumplimiento de esta orden enfrenta obstáculos que expresan una paradoja característica de la institucionalidad colombiana en materia de paz: la norma existe, pero la voluntad política para ejecutarla es escasa. Las familias buscadoras siguen esperando. El diagnóstico participativo construido colectivamente identificó seis nodos problemáticos interdependientes que configuran la situación objeto de intervención profesional. El primero es la ausencia de pedagogía social para la apropiación territorial del santuario, lo que ha permitido que narrativas de desinformación, especialmente el discurso que se ha intentado posicionar de reducir el espacio a "otro cementerio”, circulen estratégicamente para erosionar su legitimidad comunitaria. Esta desinformación no es espontánea: ha sido instrumentalizada para generar oposición hacia organizaciones, víctimas e instituciones, por parte de la población samaneña, al tiempo que a través de la dilación y la falta de voluntad institucional se genera un proceso de desgaste y cansancio en las famillias víctimas de desaparición del territorio, que a su vez debilita el tejido organizativo de las familias víctimas. El segundo elemento corresponde a la dilación e incumplimiento institucional, a pesar de los compromisos adquiridos en las mesas técnicas y de las obligaciones derivadas del Auto 073, la administración municipal de Samaná y otras entidades estatales, han evidenciado retrasos injustificados en la gestión de estudios técnicos, legalización de documentos, diseño arquitectónico y disponibilidad presupuestal para el inicio de las obras. Esto no solo obstaculiza el avance material del proyecto, sino que revictimiza a las familias al perpetuar la sensación de falta de respuesta y abandono estatal.

El tercer y cuarto nodo aluden al fortalecimiento organizativo de las familias buscadoras y a la urgente necesidad de potenciar su capacidad de incidencia política en las mesas técnicas.

Si bien las familias poseen un conocimiento sólido del proceso y han demostrado un liderazgo sostenido, la brecha entre su protagonismo reconocido y su poder real de decisión en espacios institucionales continúa siendo significativa. El quinto nodo identifica la apatía, indolencia e indiferencia de actores sociales locales que no se vinculan al proceso, ni se solidarizan con las víctimas que tienen seres queridos desaparecidos. Finalmente, el escaso reconocimiento y apropiación social de los dispositivos de memoria construidos en el territorio por parte de diferentes actores sociales y la falta de visibilización de los mismos. La situación central que determina la pertinencia de esta propuesta de intervención social puede sintetizarse en una paradoja estructural: existe una orden judicial: el Auto SAR-AI- 073-2023 de la JEP; existe un proceso participativo consolidado con años de construcción colectiva, y existen familias organizadas y empoderadas que han demostrado una capacidad de liderazgo sostenida frente a condiciones históricas de abandono y fragilidad del Estado en el territorio. Sin embargo, la arquitectura institucional que debería garantizar la materialización del Santuario de Memoria en Samaná sigue siendo frágil, y atravesada por tensiones de poder que las familias buscadoras y organizaciones de víctimas deben disputar permanentemente.

El posicionamiento profesional desde el cual se agencia esta propuesta no es neutro, ni podría serlo. En contextos de violaciones masivas a los derechos humanos, el Trabajo Social tiene el compromiso ético y político de ubicarse explícitamente del lado de las víctimas, cuestionar las estructuras que perpetúan la impunidad y contribuir activamente a transformar las condiciones que posibilitan la reproducción de la violencia. Esta orientación, lejos de comprometer la rigurosidad profesional, la potencia.

La apuesta se fundamenta en el paradigma crítico-social, que permite comprender la desaparición forzada no como un fenómeno aislado o resultado de acciones individuales de actores armados, sino como una manifestación sistemática de estructuras de poder que históricamente han perpetuado la violencia, la impunidad y la invisibilización de las víctimas, particularmente en territorios rurales. Desde esta perspectiva, el Santuario de Memoria no es solo un espacio conmemorativo: es un dispositivo de transformación estructural y cultural que cuestiona las relaciones asimétricas entre víctimas e instituciones e interpela las narrativas hegemónicas que han normalizado la violencia.

La metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP), desarrollada por Orlando Fals Borda en el contexto latinoamericano, constituye el horizonte metodológico de esta práctica profesional. Su elección responde a la coherencia integral con el paradigma crítico-social y a su pertinencia específica para este proceso de reparación simbólica, donde las víctimas deben ser reconocidas como sujetos de su propia transformación y no como objetos de intervención. La IAP se fundamenta en la praxis, la unión inseparable entre reflexión y acción, garantiza el diálogo de saberes sin reproducir jerarquías epistémicas y promueve una redistribución efectiva del poder mediante mecanismos concretos de participación en la toma de decisiones.

Desde esta apuesta profesional, el conocimiento legítimo sobre las necesidades de reparación, las características que debe tener el santuario y las estrategias de memoria más efectivas no reside exclusivamente en la academia ni en las instituciones estatales. Se construye colectivamente mediante procesos dialógicos donde las familias buscadoras aportan su experiencia vivida, sus necesidades simbólicas y los significados territoriales del conflicto. El acompañamiento profesional, en consecuencia, cumple una función que facilita, articula y sistematiza un proceso cuya dirección pertenece a las comunidades afectadas. Frente a la situación descrita, la alternativa de intervención que se agencia en este proceso de práctica se estructura en tres ejes complementarios, que responden integralmente a los nodos problemáticos identificados en el diagnóstico.

El primer objetivo de intervención se encuentra orientado a la consolidación participativa del documento técnico de diseño para la posterior construcción del Santuario. Esto implica la retroalimentación y consolidación del documento preliminar de diseño con los conceptos emitidos por las instituciones competentes (UBPD, INMLCF, GATEF, Defensoría, Oficina de Memoria JEP, Alcaldía de Samaná), la realización del balance del proceso desarrollado durante el 2025, la ratificación de acuerdos de continuidad del proceso en 2026, y la coordinación de una estrategia de incidencia ante la Alcaldía para avanzar en los estudios técnicos y el diseño arquitectónico. Este eje materializa la transición de la propuesta conceptual a la realidad física del santuario, garantizando que las voces de las familias orienten cada decisión en el proceso de diseño y posterior viabilidad para el inicio de las obras de construcción.

El segundo objetivo tiene la intencionalidad de contribuir al fortalecimiento del compromiso estatal a través de mesas técnicas y vocerías por parte de las víctimas y organizaciones acompañantes. Comprende la realización de mesas técnicas para los estudios de suelos y topografía, visitas de zonificación en el predio del Centro Cultural Agua y Miel, socialización de resultados técnicos, inicio del diseño arquitectónico participativo, y mesas técnicas para dar viabilidad administrativa y presupuestal. La comisión de vocería de las familias buscadoras actúa como interlocutora legítima ante la institucionalidad, siendo acompañada y asesorada en todo momento por las organizaciones.

El tercer objetivo se orienta hacia la construcción del portal web del Santuario como plataforma de memoria viva. Esta estrategia digital trasciende las barreras físicas del territorio para amplificar las voces de las familias a escala nacional e internacional, constituyéndose en un dispositivo político de visibilización que opera en paralelo a los procesos institucionales y comunitarios del Santuario. El portal no es un repositorio estático de información: es la expresión digital de un proceso vivo, participativo y en permanente construcción, que recoge las múltiples capas de lo que ha significado buscar, resistir y construir memoria en Samaná.

La construcción del portal web se constituye en una apuesta estratégica para la visibilización digital, no como un complemento menor del proceso de reparación, sino como una dimensión constitutiva de él. Que la lucha de las familias buscadoras de Samaná pueda ser leída, vista y escuchada más allá de las fronteras del Magdalena Caldense, no solo amplía su audiencia, sino que aporta en la construcción social del archivo histórico que las generaciones futuras necesitarán para entender lo que ocurrió en este territorio, y lo que sus familias y comunidades hicieron para que no fuera olvidado.

Los tres objetivos específicos convergen en un objetivo general: demostrar que la reparación simbólica efectiva no puede imponerse verticalmente desde el Estado, ni diseñarse desde la academia, sino que debe construirse participativamente con las víctimas como protagonistas. En este sentido, la alternativa de intervención agenciada no resuelve el problema desde afuera, sino que fortalece las capacidades y la cohesión interna del proceso social ya existente, para gestionar, resolver y transformar las condiciones que lo obstaculizan.

Estas intencionalidades se traducen en acciones concretas, en espacios deliberados de participación, en compromisos formalizados, y en una apuesta pedagógica que amplía la base social del proceso más allá de quienes ya lo habitan. Es desde esa lógica que se articulan los propósitos que orientan la intervención, los cuales no se formulan como metas externas impuestas al proceso, sino como horizontes de sentido construidos colectivamente con las familias buscadoras, las organizaciones y las instituciones comprometidas con la materialización del Santuario como una realidad para el territorio. A continuación, se relacionan los objetivos del proyecto social, y una matriz de información que sintetiza y relaciona: Situaciones objeto de intervención profesional, objetivos de intervención, alternativa de intervención y apuesta profesional.

Objetivo General: Consolidar el proceso de construcción social del Santuario de Memoria de Samaná mediante la participación articulada de familias buscadoras, organizaciones sociales y mesas técnicas institucionales, viabilizando su construcción arquitectónica y apropiación colectiva como espacio de dignidad, memoria y garantía de no repetición.

Objetivos Específicos:

1. Potenciar la construcción social del santuario desde las voces de las víctimas y la

comunidad mediante espacios de participación que viabilicen el diseño arquitectónico y el inicio de las obras de construcción de este lugar de memoria y reparación simbólica.

2. Fortalecer el compromiso institucional para la viabilización del Santuario de

Memoria a través de la realización de mesas técnicas y la incidencia de la comisión de vocería de las familias buscadoras y organizaciones, garantizando la respuesta articulada de las instituciones del Estado en cumplimiento de los derechos de las víctimas de desaparición.

3. Visibilizar la lucha de las familias buscadoras mediante la generación de contenidos

escritos y audiovisuales para el portal web del Santuario, consolidando una

plataforma digital de memoria viva que dignifique a las víctimas y amplíe el alcance del proceso más allá del territorio local.

SITUACIÓN OBJETO DE

INTERVENCIÓN

OBJETIVOS

DE

INTERVENCIÓN

ALTERNATIVA

DE

INTERVENCIÓN

Desaparición forzada como práctica sistemática en Samaná: entre la magnitud del daño y la persistencia de la impunidad institucional. Consolidar la construcción social del Santuario con participación de familias, organizaciones e instituciones.

Investigación-Acción Participativa

(IAP)

con diálogo de saberes y protagonismo de las familias buscadoras.

Desinformación y estigmatización del Santuario; manipulación narrativa que lo reduce a "otro cementerio".

Potenciar espacios de participación para viabilizar el diseño arquitectónico e inicio de obras.

Mesas técnicas interinstitucionales articuladas con

CEDAT,

FUNDECOS, MOVICE y vocerías de familias. Incumplimiento institucional: retraso en estudios técnicos, diseño arquitectónico y gestión del predio.

Fortalecer el compromiso institucional mediante incidencia de la comisión de vocería y mesas técnicas. Estrategia de incidencia política con vocerías ante Alcaldía, Gobernación y JEP. Invisibilización de las familias buscadoras: apatía social e institucional frente a su lucha y liderazgo. Visibilizar la lucha de las familias mediante contenidos escritos y audiovisuales para el portal web.

Portal web del Santuario: galería de víctimas, línea de tiempo interactiva y estrategia de memoria digital. APUESTA PROFESIONAL (Trabajo Social): Acompañamiento desde el paradigma críticosocial e IAP para garantizar la participación protagónica de las familias buscadoras como

sujetos políticos y sujetos de derecho en la construcción del Santuario de Memoria de Samaná, Caldas, materialización del Auto SAR-AI-073-2023 de la JEP.

Desarrollo del proceso El análisis reflexivo sobre el desarrollo del proceso de intervención exige más que una narración cronológica de actividades: demanda una mirada crítica sobre cómo se fue tejiendo la articulación entre la apuesta profesional, el contexto territorial y las dinámicas organizativas de los actores involucrados. Reconstruir este proceso implica preguntarse no solo qué se hizo, sino que significó hacerlo, qué tensiones emergieron en el camino, qué aprendizajes transformaron la práctica y cómo la intervención contribuyó a los propósitos de reparación simbólica que la fundamentan.

Esta práctica se desplegó en un territorio marcado por décadas de silencio impuesto, donde la desaparición forzada no solo arrebató cuerpos, sino que fracturó el tejido social, interrumpió la transmisión de la memoria, y dejó a las familias enfrentando soledades institucionales profundas. En este contexto, cada actividad del proceso tenía una relevancia que trascendía su dimensión técnico operativa: era también un acto político de reconocimiento, un gesto de resistencia frente a la impunidad, y un paso concreto hacia la materialización de derechos que el Estado colombiano ha tardado demasiado en garantizar, se inscribía en una trayectoria que debía leerse con rigor para poder continuarla con pertinencia, identificando los puntos de continuidad necesarios y los vacíos que correspondía abordar en esta fase del proceso social.

Uno de los hallazgos más significativos de esa lectura inicial fue constatar que la capacidad organizativa de las familias había crecido notablemente en las fases previas, pero que su poder de incidencia real en los espacios institucionales seguía siendo asimétrico frente a la institucionalidad estatal. Este desequilibrio no era inesperado, expresaba las tensiones estructurales entre los derechos reconocidos formalmente a las víctimas del conflicto armado y la realidad de su garantía y cumplimiento efectivo en territorios históricamente abandonados o con fragilidad institucional. A partir de ese diagnóstico, el proceso orientó sus acciones hacia la transformación de esa asimetría, no mediante la sustitución de las voces

de las familias, sino creando deliberadamente las condiciones para que esas voces se enunciaran y posicionaran con mayor fuerza, claridad y legitimidad en los espacios donde se toman las decisiones que les afectan.

Las mesas técnicas interinstitucionales constituyeron el escenario privilegiado de este despliegue. Lejos de ser reuniones protocolarias de reporte institucional, se convirtieron en espacios de disputa política, donde las familias buscadoras ejercieron su protagonismo, interpelaron a las instituciones del Estado, y exigieron el cumplimiento de los compromisos derivados del Auto SAR-AI-073-2023 de la JEP. La estrategia de participación de vocerías fue un hito metodológico fundamental: diseñar colectivamente los roles y responsabilidades de los voceros, y acompañar su preparación para la interlocución institucional, implicó reconocer que fortalecer la participación no es simplemente invitar a las familias a las reuniones, sino transformar las condiciones en que esa participación ocurre: los formatos, los lenguajes, los tiempos, los espacios de preparación previa y los mecanismos de retroalimentación posteriores son fundamentales. Las vocerías no llegaban a las mesas improvisando: llegaban con información, con preguntas concretas, con demandas específicas y con la claridad de qué compromisos debían exigirse y consolidarse. Esa preparación y cualificación sistemática de los líderes y lideresas sociales transformó la calidad y alcance de su participación, y generó una incomodidad productiva en los funcionarios, que ya no podían evadir las preguntas, propuestas y solicitudes con generalidades. Las mesas técnicas de estudios de suelos, topografía y viabilidad presupuestal, junto con la visita de zonificación en el predio del Centro Cultural Agua y Miel, constituyeron los escenarios concretos donde esta estrategia se puso a prueba. La visita al predio fue, en particular, un hito de primer orden simbólico y técnico: por primera vez, las familias recorrieron físicamente el espacio en el que se construirá el Santuario de Memoria, lo nombraron, lo significaron y comenzaron a proyectar en él los elementos del diseño que habían propuesto participativamente en fases previas. Este momento de apropiación territorial no puede reducirse a un evento dentro del cronograma: fue un acto político de posesión simbólica, una afirmación colectiva de que ese lugar le pertenece a la memoria de los desaparecidos, y a las familias que los buscan y esperan. El proceso generó así actas, compromisos formalizados, y avances medibles hacia el inicio de obras, pero produjo

también algo más difícil de documentar y más difícil de revertir: la certeza encarnada de las familias sobre su derecho a ese espacio.

Los acuerdos alcanzados en el período tienen, sin embargo, una naturaleza compleja que el Trabajo Social debe saber leer con rigurosidad. Por un lado, representan avances reales: compromisos formalizados en actas, firmados por representantes institucionales, que crean obligaciones documentadas susceptibles de seguimiento y exigencia. Entre los más relevantes se cuentan el compromiso formal de la Alcaldía de Samaná para gestionar los estudios técnicos necesarios para el diseño arquitectónico, el acuerdo con la UBPD para la socialización de avances en materia de búsqueda forense, y el compromiso de la Gobernación de Caldas de acompañar el proceso de diseño arquitectónico y el costo inicial de los recursos que se requieren para la fase de construcción del proyecto. Por otro lado, estos acuerdos operan en un contexto de institucionalidad frágil, en el que es importante tener en cuenta que un compromiso verbal o escrito no garantiza su cumplimiento. La rotación de funcionarios, la ausencia de voluntad política, y la escasez de recursos económicos pueden hacer de estos compromisos, discursos vacíos sin viabilidad real para concretarlos. La fragilidad institucional, no fue solo un obstáculo externo al proceso, fue una condición constitutiva del trabajo de incidencia. El incumplimiento institucional no opera siempre como negativa explícita, con mayor frecuencia opera como demora, como silencio, como transferencia de responsabilidades entre entidades, como solicitud de nuevos documentos que postergan indefinidamente la acción. Esta forma de incumplimiento es más difícil de señalar y confrontar precisamente porque se presenta en forma de procedimiento, de trámite, de proceso en curso. Sus costos humanos son, no obstante, enteramente reales: familias que siguen esperando; madres que acumulan años de espera sin ver materializado un espacio que les fue prometido como derecho; procesos organizativos que pierden energía y credibilidad frente a comunidades que preguntan por los avances.

La Alcaldía de Samaná mostró avances parciales pero insuficientes, la Gobernación de Caldas acompaña algunos espacios sin traducir ese acompañamiento en recursos concretos, otras entidades estatales mantuvieron un rol periférico cuando su mandato legal exigía una presencia más activa y comprometida. Documentar estos incumplimientos no es un ejercicio de denuncia abstracta, es parte constitutiva de la intervención de Trabajo Social en contextos

de violación masiva de derechos humanos, donde el registro sistemático de las fallas, dilaciones y falta de respuestas institucionales, construye el argumento para la exigencia sostenida de reparación integral y colectiva a las víctimas en el territorio. El balance del proceso 2025 y la ratificación de acuerdos para 2026 constituyeron, en ese contexto, un ejercicio de memoria institucional colectiva que las familias lideraron con claridad y firmeza. Revisar qué se había comprometido, qué se había cumplido, y qué seguía pendiente no fue solo un ejercicio técnico de seguimiento, veeduría y control social, fue un acto de resistencia frente a la tendencia institucional a dilatar los compromisos en el tiempo. Las familias mantuvieron el registro, recordaron las fechas, señalaron los incumplimientos y demandaron explicaciones, ejerciendo así una función de control social sobre la institucionalidad. En ese sentido, la producción, sistematización y preservación de documentos: actas, conceptos técnicos, compromisos formales, no fue una labor administrativa accesoria, sino una estrategia política consciente en relación con el proceso de construcción social del Santuario de Memoria de Samaná.

Frente a la falta de respuesta, uno de los aprendizajes más significativos del proceso esque la persistencia organizada es la única estrategia verdaderamente efectiva. No la confrontación permanente, que puede desgastar a las familias y organizaciones, sino la presencia constante, el seguimiento documentado, la articulación de alianzas que multipliquen las voces, y la activación estratégica de los mecanismos jurídicos disponibles, en especial los derivados de la JEP como instancia de supervisión del cumplimiento del Auto.

La comisión de vocería de las familias buscadoras es el mecanismo más concreto de esta persistencia organizada, y su consolidación como instancia con reconocimiento formal ante las instituciones, con roles definidos y con capacidad de convocatoria autónoma, es uno de los mayores logros organizativos del período. Observar a una familia que antes asistía como espectadora a las mesas técnicas, pasar a tomar la palabra, cuestionar a un funcionario, proponer una estrategia de incidencia, y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, fue constatar en tiempo real que la emancipación no es un estado que se alcanza de una vez, sino un ejercicio cotidiano que requiere condiciones, acompañamiento y espacios que lo hagan posible.

Paralelo a los espacios institucionales, la construcción de contenidos para el portal web del Santuario operó como un dispositivo de incidencia de segunda línea: mientras las mesas técnicas presionaban a las instituciones locales, los contenidos digitales construían un relato sobre el proceso que trascendía el territorio y generaba audiencias más amplias. La conciencia de que su lucha puede ser documentada y visibilizada refuerza la posición negociadora de las familias frente a las instituciones, y actúa como una forma de protección y contención frente a posibles estrategias de invisibilización y deslegitimación del proceso. Esta estrategia digital demostró que la reparación simbólica efectiva requiere una corresponsabilidad real entre todos los actores, donde ninguno impone su lógica sobre los demás, y donde el conocimiento se construye en la confluencia de perspectivas y experiencias diversas.

La narrativa que reduce el Santuario a otro cementerio, fue una de las categorías centrales para comprender cómo el poder opera discursivamente para erosionar la legitimidad de los procesos de reparación colectiva. Esta narrativa de desinformación no era espontánea, circulaba estratégicamente para generar oposición entre organizaciones, víctimas e instituciones, fragmentando el tejido organizativo de las familias. Desde la perspectiva de Castillejo (2010), este tipo de operaciones discursivas no son accidentales ni inocentes, expresan los regímenes de poder que controlan qué versiones del pasado se vuelven inteligibles para la opinión pública, y cuáles son deliberadamente silenciadas o distorsionadas. Quien nombra el Santuario como "cementerio", no comete un error de comprensión; ejerce una forma de violencia fragmentando su carga de denuncia, su dimensión jurídica, y la potencia de este lugar de memoria como acto de resistencia colectiva frente a la impunidad. El autor advierte que hay leyes, narrativas e iniciativas institucionales que producen ciertos eventos y desaparecen otros, normalizando algunas versiones del pasado mientras marginan las voces que no encajan en los marcos interpretativos dominantes. En ese sentido, la disputa por el nombre del Santuario, por lo que es, por lo que significa, por lo que representa para quienes buscan a sus seres queridos, es también una disputa por el derecho a nombrar el pasado en los propios términos de las víctimas, sin que ese pasado sea resignificado por quienes nunca lo vivieron o por quienes tienen interés en que permanezca enterrado.

Contrarrestar esta narrativa no solamente implica difundir información correcta, sino que requiere una pedagogía social que construya sentidos colectivos más profundos: el Santuario como lugar de dignidad y construcción de verdad, como espacio de denuncia política, como garantía de no repetición, y como acto de las familias desde la memoria de sus seres queridos desaparecidos. Esta comprensión transformó el componente pedagógico del proyecto, orientándolo no solo hacia la transmisión de información, sino hacia la construcción de narrativas territoriales que resignifiquen el conflicto armado y sus posibilidades de afrontamiento y superación, involucrando especialmente a los jóvenes, quienes heredan un pasado que no vivieron directamente pero que sigue configurando las condiciones del presente en que habitan.

El proceso enseñó también que un santuario de la memoria no es únicamente el gran monumento público o el lugar oficial de conmemoración, es también el altar íntimo que una madre construye en su casa, adornado con flores, objetos, velas y la fotografía de su ser querido. Estas expresiones cotidianas constituyen igualmente espacios legítimos de memoria, donde el dolor privado encuentra forma y los ausentes conservan un lugar entre los vivos. Desde la perspectiva de Jelin (2002), la memoria no es un depósito pasivo del pasado sino una práctica activa del presente, siempre selectiva, siempre disputada, siempre atravesada por relaciones de poder. El Santuario de Memoria de Samaná es, en ese sentido, un campo de disputa simbólica donde se decide qué versión del pasado será reconocida, qué voces serán escuchadas y qué silencios serán finalmente rotos. La construcción social del lugar de memoria implica entonces una apropiación territorial que va más allá del diseño arquitectónico, las familias no solo están diseñando un lugar, sino reclamando un espacio en el mapa del municipio, insertando la memoria de los desaparecidos en la geografía visible del territorio, y afirmando que ese pasado no puede seguir siendo enterrado en el silencio. La reparación simbólica, comprendida desde esta perspectiva, no puede reducirse a la construcción de un espacio físico, ni a la realización de actos conmemorativos puntuales. Es un proceso continuo, inacabado, que se teje en cada encuentro, en cada mesa técnica, en cada contenido que se construye. El Auto SAR-AI-073-2023 ordena construir el Santuario, pero la reparación simbólica efectiva ocurre o no ocurre en la calidad y alcance de los procesos participativos que rodean esa construcción. Una reunión donde una familia se sintió

escuchada y reconocida, hace parte de la reparación, tanto como el metro cuadrado de construcción que se avanza en el predio. Este aprendizaje reorientó la práctica hacia el cuidado de los procesos sociales, no solo hacia la producción de resultados medibles, sino hacia la necesidad de centrar la mirada, la escucha y la atención hacia quién habla, quién decide, cómo se gestionan y transforma los desacuerdos, y cómo se cuida el bienestar emocional de las familias en espacios que inevitablemente reactivan el dolor de la pérdida. Todo proceso de intervención consecuente debe también nombrar lo que no resultó bien, lo que sigue inacabado, lo que genera incertidumbre. Inquieta, en primer lugar, la sostenibilidad del proceso cuando el acompañamiento académico no esté presente. Los procesos de práctica profesional desde el Programa de Trabajo Social han sido fundamentales para mantener la continuidad y la energía del proceso, pero generan también una dependencia que podría convertirse en fragilidad, si no se trabaja activamente para transferir capacidades organizativas y documentales a las propias familias. La emancipación real implica que el proceso pueda sostenerse sin un acompañamiento permanente, y ese horizonte debe orientar cada decisión metodológica. Inquieta también la persistencia de la desinformación, y la dificultad de llegar con la pedagogía de la memoria a actores sociales que no participan en el proceso, pero cuya opinión tiene peso en el territorio. Y, finalmente, inquieta la dimensión del duelo: el proceso tiene protocolos de acompañamiento psicosocial, pero el Trabajo Social debe reconocer los límites de lo que puede ofrecer en materia de contención emocional, y garantizar que el componente psicosocial sea tratado con la misma seriedad que el componente técnico, administrativo e institucional.

En el marco del proceso de práctica y como respuesta directa a los desafíos identificados, en especial la desinformación sobre el Santuario, la apatía de actores locales y la necesidad de ampliar la base social del proceso, se inició la implementación de la Escuela del Sirirí: Caminos de búsqueda y memoria, una estrategia de formación y empoderamiento comunitario orientada a fortalecer capacidades para la búsqueda, la construcción de memoria y la apropiación social del Santuario. La Escuela no se concibe como un espacio de transmisión vertical de conocimientos, sino como un escenario ético y político donde los saberes de las familias buscadoras, las organizaciones comunitarias, y las instituciones se

encuentran en diálogo, con los participantes de la iniciativa de formación, la cual se encuentra sustentada en los principios de la Investigación Acción Participativa y la Educación Popular. La propuesta formativa se articula desde tres componentes: la construcción de memoria en contextos de desaparición y búsqueda, la participación e incidencia para la satisfacción de los derechos de las víctimas, y los mecanismos para la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas. Este último componente es particularmente significativo: la búsqueda no se comprende como un proceso exclusivamente institucional o forense, sino como una práctica humanitaria, social y comunitaria que involucra saberes locales, experiencias familiares y formas colectivas de leer el territorio. Comprender las fases de la búsqueda desde la recolección de testimonios hasta la entrega digna a las familias, desde un enfoque accesible y situado, fortalece la comunidad en general para participar, preguntar y exigir garantías dentro del proceso, transformando el conocimiento técnico en herramienta desensibilización, memoria y garantía de no repetición.

La escuela parte de una estrategia que permite construir puentes entre la memoria íntima de las familias y la memoria pública del territorio. Su potencia reside en que no espera a que el Santuario esté construido para comenzar a habitarlo simbólicamente: las acciones conmemorativas realizadas en el Centro Cultural Agua y Miel, donde se proyecta la edificación, constituyen ya un acto de apropiación territorial y resignificación colectiva del espacio. La Escuela del Sirirí es, en ese sentido, el Santuario en movimiento, la reparación que no espera al ladrillo para comenzar a materializarse.

Las reflexiones que emergen de este proceso sobre el lugar del Trabajo Social en contextos de reparación y memoria trascienden el caso de Samaná. En contextos donde el Estado es simultáneamente garante de derechos y responsable de su vulneración, la profesión no puede pretender una neutralidad que sería, en los hechos, una complicidad, con las estructuras que perpetúan la impunidad. Ubicarse explícitamente del lado de las víctimas no es un sesgo que compromete la rigurosidad profesional, es la condición de posibilidad para una práctica verdaderamente ética. Esto implicó, en la práctica concreta, sostener posiciones que en algunos momentos generaron incomodidad institucional: insistir en que los voceros tuvieran voz efectiva, cuestionar los retrasos, y acompañar la elaboración de estrategias de incidencia

que ejercieran presión legítima sobre las entidades responsables. La incomodidad institucional en estos contextos, es con frecuencia un indicador de que la intervención está operando en la dirección correcta.

Acompañar a las familias en el ejercicio de su protagonismo político no es lo mismo que hablar por ellas. El conocimiento legítimo sobre las necesidades de reparación, sobre las características que debe tener el Santuario, y sobre las estrategias de memoria más efectivas no reside exclusivamente en la academia, ni en las instituciones estatales, reside de manera privilegiada, en la experiencia vivida de las familias buscadoras, en su conocimiento del territorio y en su comprensión profunda de lo que significa buscar a un ser querido desaparecido durante décadas. Los saberes de las familias sobre el territorio, sobre los desaparecidos, sobre las estrategias de sobrevivencia y resistencia, se articularon con los saberes académicos y técnicos en un diálogo que ningún actor podría haber construido solo. Esa articulación es, en sí misma, uno de los mayores logros del proceso. La demostración de que la reparación simbólica efectiva no puede imponerse verticalmente desde el Estado, ni diseñarse desde la academia, sino que debe construirse participativamente con las víctimas como protagonistas. La función del Trabajo Social en este horizonte es la de facilitar, articular y sistematizar un proceso cuya dirección pertenece a las comunidades afectadas, teniendo siempre conciencia plena de que cada decisión metodológica es también una decisión política, sobre quién tiene voz y quién tiene poder en la construcción de la memoria.

Recomendaciones Las recomendaciones que emergen de este proceso de práctica profesional no se formulan como indicaciones externas al proceso, sino desde adentro de él, como aprendizajes construidos colectivamente que señalan horizontes de acción para las fases siguientes. Se articulan en torno a siete dimensiones que, aunque se presentan de manera sucesiva, deben entenderse como un tejido articulado donde cada una potencia a las demás. La primera dimensión concierne al fortalecimiento del proceso de búsqueda como eje articulador de la reparación simbólica. El Santuario de Memoria no puede construirse de

espaldas a los avances forenses y jurídicos en la búsqueda de las personas desaparecidas, ambos procesos son indisociables. Se recomienda consolidar los mecanismos de articulación entre las mesas técnicas del Santuario, y las entidades encargadas de liderar el proceso de búsqueda, de manera que la información forense disponible alimente el diseño del Santuario y, a su vez, el Santuario se convierta en un dispositivo de pedagogía pública sobre lo que la búsqueda significa para las familias y el territorio.

La segunda dimensión concierne a la recuperación, sistematización y visibilización de todos los procesos de memoria que las comunidades de Samaná han construido a lo largo de muchos años. Los telares tejidos colectivamente, las galerías itinerantes, las cartillas pedagógicas de memoria, los mapas que las familias construyeron para ubicar los lugares donde operaron y controlaron los grupos armados, los rituales comunitarios de conmemoración; todos estos dispositivos constituyen un archivo vivo de la memoria territorial. Invisibilizarlos o tratarlos como antecedentes menores sería reproducir la misma lógica institucional que el proceso busca cuestionar. Se recomienda, en consecuencia, adelantar un ejercicio de recuperación de estas expresiones de memoria, incorporarlas en la Escuela del Sirirí, y reconocerlas explícitamente en los espacios institucionales como formas igualmente válidas de reparación simbólica. La memoria en Samaná no comenzó cuando la JEP emitió el Auto 073 en 2023, lleva décadas construyéndose en los cuerpos, los hogares y los territorios de quienes buscan. Honrar ese acumulado es también una forma de reparación. La tercera dimensión se refiere a las narrativas de todos los actores involucrados en el proceso. Si bien la voz de las víctimas es el fundamento ético e irremplazable de cualquier estrategia de reparación, las narrativas de los demás actores: organizaciones sociales, instituciones del Estado, academia, comunidad local, funcionarios, son igualmente necesarias al momento de desplegar estrategias pedagógicas efectivas. Conocer cómo entiende el Santuario un funcionario de la Alcaldía, qué significa para un habitante del municipio que no perdió un familiar, qué lugar ocupa en la memoria de un joven que creció durante el conflicto, pero no lo vivió directamente. Estas voces permiten identificar con precisión qué fortalecer, qué corregir, qué es posible construir en común, y qué obstáculos deben anticiparse. Se recomienda incorporar metodologías de escucha activa y sistematización de narrativas

diversas como insumo permanente para la toma de decisiones pedagógicas y estratégicas del proceso.

La cuarta dimensión interpela directamente a los jóvenes del municipio de Samaná, En el proceso se ha identificado que la apatía e indiferencia de actores sociales locales frente al Santuario no es homogénea, en los jóvenes conviven simultáneamente la distancia frente a un pasado que no vivieron en carne propia, y una disposición latente hacia formas de memoria que les hablen en sus propios lenguajes. Se recomienda diseñar estrategias pedagógicas específicas que vinculen a las juventudes del territorio al proceso de construcción del Santuario, aprovechando los lenguajes digitales, audiovisuales y artísticos como medios de transmisión intergeneracional de la memoria. Esta apuesta no solo amplía la base social de respaldo al proyecto, sino que contribuye a garantizar su sostenibilidad en el tiempo: Un Santuario que solo le habla a quienes vivieron el conflicto directamente, tiene fecha de caducidad, uno que logra convocar a las generaciones siguientes se convierte en garantía viva de no repetición.

La quinta dimensión se dirige al CEDAT y al Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas como actores institucionales del proceso. Se recomienda al CEDAT continuar y profundizar el acompañamiento sostenido al proceso, fortaleciendo especialmente el componente de sistematización de experiencias que permita construir una memoria institucional accesible y transferible. La articulación entre investigación, proyección social y práctica profesional que ha caracterizado este proceso, es un modelo que merece ser explicitado, documentado y proyectado como referente para el trabajo con otras comunidades afectadas por el conflicto en la región.

Al Programa de Trabajo Social, se recomienda reconocer este proceso como un escenario privilegiado de formación en Trabajo Social en derechos humanos, reparación y construcción de paz, garantizando la continuidad de las fases de práctica y la transferencia rigurosa de aprendizajes entre estudiantes que relevan el acompañamiento continuado que se ha realizado a las víctimas y en el territorio. La fragilidad de los procesos comunitarios cuando dependen de la buena voluntad individual de quienes los acompañan, es una responsabilidad institucional que debe ser atendida y asumida con estructuras de continuidad claras.

La sexta dimensión, transversal a todas las anteriores, concierne a la incidencia en política pública. El proceso de Samaná ha demostrado que la voluntad de las familias, el rigor metodológico del acompañamiento, y la legitimidad de una orden judicial no son suficientes, si no se traducen en compromisos presupuestales concretos y sostenidos de las entidades del Estado. Se recomienda activar una estrategia decidida de incidencia en los instrumentos de planeación territorial: Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Departamental, y presupuestos anuales de diferentes entidades territoriales o nacionales, para que el Santuario de Memoria quede incorporado como política pública local, y no como proyecto dependiente de la voluntad de cada administración. Esta institucionalización del proceso es la única garantía de que los logros construidos colectivamente durante años no queden expuestos a la discontinuidad política que caracteriza los ciclos electorales en Colombia. Las familias buscadoras de Samaná no pueden seguir esperando que cada nueva administración decida si honra o ignora la deuda histórica del Estado con los desaparecidos y con quienes los buscan. La séptima dimensión, quizás la más proyectiva de todas, apunta a la necesidad de llevar este proceso más allá de las fronteras de Samaná, hacia otros escenarios educativos del municipio y, de manera deliberada, hacia otros territorios de Caldas donde el conflicto armado también dejó desapariciones, duelos inconclusos y familias que buscan sin haber encontrado todavía ni el acompañamiento, ni el reconocimiento que merecen. El camino recorrido en Samaná — la construcción participativa del Santuario, la consolidación de las vocerías, la Escuela del Sirirí, la articulación interinstitucional, deba replicarse y multiplicarse, a través del acumulado de aprendizajes, metodologías y herramientas que puede servir de referente para comunidades que apenas están comenzando a nombrarse como víctimas, a organizarse como sujetos políticos y a exigir al Estado que cumpla su deuda histórica. Se recomienda al CEDAT y al Programa de Trabajo Social diseñar una estrategia de transferencia de experiencias que lleve los aprendizajes del proceso de Samaná a instituciones educativas: colegios, institutos, espacios de formación juvenil, y otras subregiones de Caldas donde existen comunidades afectadas por la desaparición forzada pero con menores niveles de organización y visibilidad. Esta expansión no es una lógica de intervención externa, es un acto de solidaridad territorial entre comunidades que comparten una historia de dolor y que pueden acompañarse mutuamente en la construcción de sus

propios procesos de memoria, reparación y no repetición. Samaná lleva décadas enseñando que buscar es también una forma de resistir. Es hora de que ese aprendizaje circule con la misma fuerza con que circuló el silencio.

Bibliografía Castillejo Cuéllar, A. (2010). Oscurecen tanto como iluminan: debates sobre la violencia y la memoria en la Colombia actual. En J. Jaimes (Ed.), Violencia, memoria y olvido. Fundación Cepeda / Cátedra Libre Martín Baró.

Fals Borda, O. (1999). Orígenes universales y retos actuales de la IAP. Análisis Político. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/79283

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.

Torres-Carrillo, A. (1999). Aprender a investigar en comunidad II: Enfoques cualitativos y participativos en investigación social. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, UNAD.

Anexos:

Informe de Sistematización

Memoria viva: participación, diálogo y apropiación social del Santuario de la Memoria en Samaná, Caldas

Laura Tatiana Osorio Villada

CEDAT

(Centro de Investigación sobre Conflictos, Violencias y Construcción de Paz)

Carolina López Giraldo

Informe Final Sistematización

2026

Introducción El presente informe de sistematización surge de la práctica académica del programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, llevada a cabo en Samaná durante el período 2025-2026, en el marco del proyecto Santuarios de la Memoria: Diálogos para la Verdad y la Reparación Simbólica de las Víctimas de Desaparición en Samaná, Caldas, coordinado por el Centro de Investigación sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz (CEDAT). Su punto de partida es el Auto 073 de 2023, mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la construcción de Santuarios de Memoria en Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, reconociendo así una deuda histórica del Estado con las familias que llevan años buscando a sus seres queridos desaparecidos. Ese mandato judicial, sin embargo, no garantizó por sí solo su cumplimiento: la distancia entre lo que el derecho promete y lo que la voluntad política ejecuta fue, precisamente, una de las condiciones más determinantes de este proceso. La apuesta central de esta práctica se articuló en torno a dos dimensiones inseparables: la pedagogía de la memoria y la apropiación social del Santuario. Ambas emergieron como respuestas a una realidad que desborda lo técnico-forense, una sociedad atravesada por la desinformación, la apatía y el olvido sistemático frente al dolor de las víctimas, y unas instituciones que con frecuencia administran la reparación desde lógicas procedimentales que no alcanzan a tocar la profundidad del daño causado. Frente a eso, las familias buscadoras no esperaron: organizaron, propusieron, exigieron y construyeron. Su conocimiento sobre el territorio, sobre el significado de la reparación simbólica y sobre lo que ese Santuario debe ser, superó en todo momento al de cualquier funcionario. No eran víctimas en espera de ser reparadas: eran arquitectas de una memoria construida cada día con su negativa a olvidar. Sistematizar esta experiencia es, antes que todo, un acto de responsabilidad ética. No puede quedarse en la práctica sin ser nombrada, analizada y puesta en diálogo con el conocimiento más amplio sobre memoria, conflicto y reparación en Colombia. El conocimiento que aquí se produce es situado, dialógico y comprometido con la justicia: no emerge del observador externo que describe lo que otros viven, sino del encuentro horizontal entre saberes académicos y saberes forjados en la búsqueda cotidiana. En ese encuentro, quien sistematiza

también aprende, también se transforma y también debe nombrarse como sujeto situado dentro del proceso.

El informe se organiza en torno a tres saberes de acción que condensan los hallazgos más significativos de la experiencia. El primero, La desinformación fragmenta la memoria, revela cómo la ausencia de conocimiento sobre la reparación simbólica no es un vacío neutral sino una forma silenciosa de violencia institucional y social que recae con mayor peso sobre quienes ya han sido golpeados. El segundo, Duelos que consagran, da cuenta de cómo las familias buscadoras transforman el dolor en acto político y colectivo, convirtiendo el Santuario en un dispositivo de duelo vivo e intergeneracional que no archiva la ausencia, sino que le da un lugar donde existir con dignidad. El tercero, Ecos que exigen, recoge la dimensión de la exigibilidad sostenida de derechos como práctica política cotidiana: una exigencia que no nace del resentimiento sino de una convicción profunda en la dignidad, y que resuena en cada recorrido, en cada encuentro, en cada palabra que se niega a disolverse en el silencio. Estos tres saberes, tejidos desde lo vivido, dan cuenta de una práctica comprometida con la transformación social y con el reconocimiento de las víctimas como productoras legítimas de conocimiento sobre su propia memoria y reparación. Justificación Sistematizar esta experiencia es, antes que todo, un acto de responsabilidad ética con un proceso que no puede quedarse en la práctica sin ser nombrado, analizado y puesto en diálogo con el conocimiento más amplio sobre memoria, conflicto y reparación en Colombia. La relevancia de este ejercicio se despliega en al menos tres dimensiones fundamentales: su aporte a los procesos sociales del territorio, su contribución al campo del Trabajo Social y su valor en la formación profesional.

Desde la dimensión territorial, Samaná carga el peso de décadas de violencia armada que dejaron familias enteras habitando la incertidumbre de la desaparición forzada. La construcción del Santuario de la Memoria no es un proceso acabado ni garantizado: enfrenta obstáculos presupuestales, desarticulación institucional, desinformación comunitaria y la persistencia de dinámicas de violencia que no han cesado del todo. En ese contexto,

sistematizar esta experiencia significa producir conocimiento situado y útil para el propio territorio, documentar las estrategias participativas que han funcionado, identificar las tensiones que obstaculizan la apropiación social del Santuario, y dejar registro de los aprendizajes colectivos construidos por las familias buscadoras, las organizaciones y las instituciones que participan del proceso. Este conocimiento no solo fortalece la continuidad del proyecto, sino que puede orientar futuros procesos de reparación simbólica en otros territorios del país que enfrentan condiciones similares.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, esta sistematización aporta reflexiones sustantivas sobre los modos en que la profesión puede posicionarse éticamente en contextos de posacuerdo y reparación. Las tensiones vividas durante la práctica entre los tiempos institucionales y los tiempos del duelo, entre los discursos reparadores y las prácticas revictimizantes, entre la lógica del monumento y la necesidad de la memoria viva, son también tensiones que el Trabajo Social debe ser capaz de nombrar, analizar y afrontar. La experiencia aporta evidencia sobre el valor de las metodologías participativas, la pedagogía de la memoria y la apropiación social como herramientas de transformación que trascienden la intervención asistencial para instalarse en el campo de los derechos y la construcción de ciudadanías críticas. En un país donde el conflicto armado sigue siendo una realidad vigente, el Trabajo Social tiene una responsabilidad irrenunciable de producir conocimiento que fortalezca los procesos de las víctimas y que cuestione las estructuras que perpetúan su invisibilización.

Desde la formación profesional, este proceso de sistematización materializa uno de los compromisos más profundos que puede asumir una estudiante de Trabajo Social: el de reflexionar críticamente sobre su propia práctica, reconocer sus limitaciones, nombrarse como sujeto situado dentro del proceso y asumir que el conocimiento se construye en el encuentro horizontal con quienes han vivido lo que nosotros apenas comenzamos a comprender. Crecer en un país marcado por el conflicto armado, haber respirado el miedo y el silencio como parte del paisaje cotidiano, y ahora acompañar a familias que transforman ese mismo dolor en exigencia política: esa trayectoria personal y profesional no es separable del conocimiento que aquí se produce. Por eso, sistematizar esta experiencia es también un acto de coherencia: con los principios éticos del Trabajo Social, con el compromiso de

contribuir a la no repetición y con la convicción de que la memoria no es un lujo académico, sino una condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa.

Contexto de la Experiencia Samaná fue un territorio que aprendió a cargar con la ausencia: la desaparición forzada no fue allí un dato estadístico sino una realidad que se instaló en las casas, en los caminos y en los nombres que las familias se negaron a olvidar. Esa tensión entre el silencio impuesto y la memoria persistente definió la identidad de una comunidad que, aun sin nombrarlo siempre, convirtió la búsqueda en práctica cotidiana de dignidad. Pero Samaná no se quedó detenido en el dolor: tejiendo lazos, sosteniendo el territorio con una fuerza que el conflicto no logró extinguir. En ese continuar que no es olvido sino resiliencia habita una de las dimensiones más profundas de este proceso: la de comunidades que, desde sus propias lógicas culturales, espirituales y relacionales, aprendieron formas de coexistencia y, muy posiblemente, de perdón. Esa capacidad de seguir, de reconstruir el tejido cotidiano después de la fractura, no es un detalle menor de la historia de Samaná: es su fuerza más duradera, y es también el suelo sobre el que cualquier proceso de memoria y reparación debe saber caminar con respeto. Este proyecto nació como respuesta al Auto 073 de 2023, mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la construcción de Santuarios de Memoria en Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, tras identificarse graves falencias en la custodia y preservación de Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR) en el departamento, a raíz de la solicitud presentada en 2018 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

La comunidad con la que se interactuó estuvo compuesta principalmente por familias buscadoras de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, que llevan años exigiendo el cumplimiento de sus derechos y habían convertido la búsqueda en identidad y en forma sostenida de amor y resistencia. Junto a ellas participaron líderes comunitarios, funcionarios de la administración municipal, representantes de entidades departamentales, jóvenes y actores del ámbito artístico y cultural que en el territorio habían generado, desde sus propios

espacios, formas propias de nombrar y representar lo ocurrido. Las dinámicas del escenario estuvieron marcadas por la coexistencia permanente de dos realidades en tensión: la urgencia de las familias buscadoras y su demanda de respuestas concretas, frente a los ritmos lentos y burocráticos de las instituciones, cuyas lógicas pocas veces coincidieron con los tiempos del duelo ni con los tiempos de la búsqueda.

El proceso central giró en torno a la contribución al diseño participativo y la apropiación social del Santuario de la Memoria de Samaná. Dos ejes orientadores atravesaron cada acción desarrollada: la memoria y la búsqueda, no como conceptos abstractos sino como prácticas vivas que las familias buscadoras encarnaban cotidianamente. La búsqueda fue comprendida como acto político: la postura ética de quienes se niegan a dar por cerrada una historia que el Estado quiso clausurar con el silencio. Samaná, una forma de afirmar que sus seres queridos tenían nombre, que su desaparición tenía responsables y que la verdad era un derecho. La memoria, por su parte, fue entendida no como archivo del pasado sino como práctica activa del presente: una herramienta de resistencia para mantener viva la presencia de quienes el conflicto intentó borrar por completo.

Desde el inicio, la apuesta fue que el Santuario naciera como construcción colectiva arraigada en las memorias y necesidades reales de las familias, convirtiéndose en un lugar para el duelo, el encuentro y la reafirmación de que la búsqueda continúa. En ese marco, se desarrollaron espacios de escucha y encuentro entre familias e instituciones, se potenciaron las iniciativas de memoria existentes y se gestionaron acuerdos interinstitucionales para viabilizar la construcción.

Una apuesta pedagógica transversal fue distinguir el sentido profundo del Santuario frente a concepciones que lo reducían a un cementerio. Como lo expresó una lideresa en el encuentro de septiembre: era necesario que todos supieran que el Santuario no es un cementerio, que es un lugar donde se puede orar, visitar a los seres queridos, sembrar flores y jardines, que es más que un lugar para disponer los cuerpos. Esta demanda evidenció que la pedagogía de la memoria era la columna vertebral del proceso: el Santuario solo tiene sentido si quienes lo habitan comprenden que no están ante un lugar de cierre sino de continuidad, pues la búsqueda no termina cuando se encuentra el cuerpo.

Las familias buscadoras constituyeron el actor protagónico, que reclamaban el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos y a ser reconocidas como sujetos de derechos. Su conocimiento sobre el territorio y el significado de la reparación simbólica superaba frecuentemente al de cualquier funcionario. No eran víctimas en espera de ser reparadas: eran buscadoras activas, arquitectas de una memoria construida cada día con su negativa a olvidar. Gloria Amparo fue su vocera más visible, sosteniendo el proceso en los momentos de mayor tensión institucional y encarnando la exigencia de pasar de los compromisos a los hechos. La práctica se desarrolló en el contexto del posacuerdo colombiano, vivido en Samaná como un proceso inconcluso y frágil. Comprender las condiciones que la enmarcaron no significa remontarse décadas atrás: significa describir lo que fue concreto y cotidiano durante la práctica, aquello que determinó lo que fue posible hacer. La memoria y la búsqueda, como ejes orientadores, no operaron en el vacío: se desplegaron en medio de condiciones que las dificultaban y que exigían creatividad para avanzar.

A lo largo del proceso de práctica, se hizo evidente la necesidad de ampliar progresivamente la participación de diversos actores sociales, con el fin de fortalecer la apropiación social del Santuario de la Memoria. La vinculación de comunidades, organizaciones, instituciones y ciudadanía en general se presenta como un componente fundamental para garantizar que este espacio trascienda su función conmemorativa y se consolide como un lugar vivo, colectivo y significativo para quienes habitan y construyen el territorio. En ese sentido, la convocatoria de nuevas voces y miradas no solo enriquece los procesos de memoria, sino que también contribuye a la sostenibilidad y legitimidad social del santuario como patrimonio comunitario.

La condición política más determinante fue la brecha estructural entre el mandato institucional y su implementación real. La JEP había reconocido mediante el Auto 073 de

2023 el derecho de las familias a tener un lugar digno donde continuar su búsqueda. Sin

embargo, en la reunión de septiembre con la Administración Municipal, la respuesta fue contundente en su vacío: no había presupuesto y la definición del sitio dependería de asignaciones futuras inciertas. Esa declaración representó el funcionamiento habitual de un Estado que produce normas reparadoras sin asegurar condiciones para cumplirlas, que reconoce la búsqueda como derecho en el papel pero la abandona en la práctica. Siguiendo a

Alejandro Castillejo-Cuéllar, los procesos transicionales operan como administraciones de la incertidumbre, donde lo posible lo que el marco normativo habilita rara vez coincide con lo realizable lo que la voluntad institucional permite ejecutar. Esa distancia fue la condición política constante de la práctica.

La condición social más significativa fue el agotamiento colectivo de las familias buscadoras. Gloria Amparo lo nombró con claridad: llevaban un año en esa lucha y la administración ya debería tener el sitio destinado. Su palabra evidenció que el tiempo de las víctimas y el de las instituciones no corren al mismo ritmo. Mientras las entidades gestionan cronogramas e informes, las familias viven la urgencia del duelo no resuelto y de una búsqueda que tiene nombres y rostros concretos. Prolongar esa espera fue, también, una forma de negar la búsqueda. A esto se sumó la desarticulación interinstitucional como condición operativa permanente: varias entidades abordaron el proceso de manera superficial, sin comprender que no asistían a una reunión administrativa sino a la construcción de un espacio sagrado para la dignificación de las víctimas, reproduciendo desde su burocracia las mismas lógicas de invisibilización que la memoria buscaba combatir.

En términos sociales, la apatía y desinformación de la comunidad no organizada constituyeron también una condición real. La memoria de la violencia era conocida en Samaná, sus habitantes la habían vivido o presenciado, pero permanecía silenciada y privatizada, sin convertirse en compromiso público con la no repetición. Ese silencio no era indiferencia moral: era el resultado de décadas en que hablar podía costar la vida. Sin embargo, se había convertido en obstáculo para los procesos de memoria colectiva. Romperlo mediante la invitación, el arte, la pedagogía y el encuentro, fue una de las apuestas más exigentes, porque no podía imponerse: tenía que surgir del reconocimiento de que la búsqueda de las familias era, también, una búsqueda de toda la comunidad. Existió además una condición transversal: la memoria en Samaná era un campo de disputa donde confluían versiones distintas de lo ocurrido e intereses institucionales que buscaban administrar el relato. Acompañar ese campo desde el Trabajo Social implicó posicionarse éticamente como facilitador de las condiciones para que las voces históricamente silenciadas ocuparan el centro del proceso.

Fue en ese contexto de mandatos incumplidos, tiempos desincronizados, instituciones desarticuladas y silencios comunitarios, donde se desarrolló la práctica. No como escenario adverso que hubo que superar, sino como la condición real desde la cual el Trabajo Social tuvo que pensar, proponer y actuar. Porque la transformación social no ocurre en condiciones ideales: ocurre en la grieta entre lo que debería ser y lo que es, entre el derecho prometido y la dignidad todavía en espera, entre la búsqueda que no cesa y el Estado que aún no ha aprendido a escucharla.

Concepción Siguiendo a Lola Cendales, la sistematización es una modalidad colectiva de producción de sentidos siempre una experiencia inédita donde lo que se pone en juego no son técnicas estandarizadas, sino las vivencias, sueños y opciones de quienes la asumen como posibilidad de autocomprensión y transformación. Desde esta perspectiva, el investigador no reconstruye solitariamente el proceso vivido: se involucra en él, reconociendo que todos los participantes son sujetos activos de la producción de conocimiento. En coherencia con esto, acompañar la experiencia del Santuario de la Memoria de Samaná desde el Trabajo Social no significa traducirla a lenguajes institucionales ni reducirla a esquemas metodológicos, sino reconocer que en las entrañas mismas de lo vivido reside una verdad que no puede subordinarse a ningún marco interpretativo externo. El conocimiento aquí no se extrae: se cultiva en el tiempo compartido, emerge cuando las memorias dialogan sin jerarquías y el saber académico se descentra para hacer lugar a la sabiduría de quien ha transformado el dolor en dignidad colectiva.

Las familias buscadoras son las arquitectas del conocimiento sobre la desaparición forzada. Han acumulado en cada paso de búsqueda incansable, en cada noche de incertidumbre habitada y en cada estrategia colectiva para mantener vivo el nombre de quien ya no está, un saber que ningún archivo académico puede sustituir. Por ello, el proceso de construcción del Santuario reconoce que cada actor víctimas, comunidad, jóvenes, líderes comunitarios, organizaciones e instituciones, posee visiones legítimas sobre la memoria y el territorio que deben ponerse en diálogo horizontal. Esta articulación múltiple ha evidenciado un nivel alto de participación y compromiso sostenido; los distintos posicionamientos entre actores no han

obstaculizado el avance, sino que lo han enriquecido sin perder de vista el objetivo central: garantizar el derecho a la reparación simbólica de las víctimas. No obstante, el verdadero desafío transformador radica en tejer puentes pedagógicos con quienes han permanecido ajenos al proceso: instituciones y comunidad no organizada. Solo mediante esta articulación integral, víctimas, instituciones y comunidad, el Santuario puede trascender su condición de monumento estático para consolidarse como dispositivo vivo de memoria colectiva, que permea el tejido social y se configura como compromiso compartido de transformación. Este horizonte se sostiene en principios fundamentales: la dignificación de las víctimas como sujetos de derechos, la escucha activa como forma de construcción de verdad, el conocimiento continuo del Santuario por parte de todos los actores, y la contribución a la no repetición de la violencia. En definitiva, sistematizar esta experiencia, en el contexto específico del posacuerdo colombiano y las particularidades del territorio de Samaná, es acompañar un proceso de autocomprensión colectiva donde el conocimiento producido es situado, dialógico y comprometido con la justicia. Así, el Santuario se consolida como referente nacional en la garantía efectiva del derecho a la memoria, aportando a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos para las presentes y futuras generaciones.

Pregunta eje de sistematización ¿Qué estrategias participativas permiten fortalecer el dialogo entre víctimas, instituciones y organizaciones para la apropiación social del santuario de la Memoria en Samaná, Caldas durante los años 2025-2026?

Objetivo General Comprender que estrategias participativas permitieron fortalecer el dialogo entre víctimas, instituciones y organizaciones para la apropiación social del santuario de la memoria en Samaná, Caldas durante los años 2025 -2026

Objetivos específicos  Identificar las narrativas de las víctimas del conflicto armado en torno al Santuario de la Memoria de Samaná, Caldas, como expresiones de memoria colectiva que visibilizan sus experiencias y saberes.

 Analizar los procesos de reflexión colectiva entre víctimas, instituciones y organizaciones sociales, que inciden en la toma de decisiones sobre el Santuario de la Memoria, reconociendo su potencial transformador para la apropiación social del espacio y la construcción de paz territorial.

Reconstrucción de la experiencia desde los saberes de acción

Primer saber: la desinformación fragmenta la memoria Uno de los saberes más sólidos que emergió durante el proceso de práctica académica fue la desinformación generalizada que existe, desde todos los ámbitos, respecto a lo que verdaderamente constituye la reparación simbólica. Lo que este proceso revela no es una simple distorsión de la información: es lo que puede nombrarse como desinformación revictimizante, es decir, una desinformación que no es neutral, sino que recae con mayor peso sobre quienes ya han sido golpeados por la violencia. Como señala Elizabeth Jelin, la memoria no es un archivo neutral sino un campo de disputas donde el poder decide qué se recuerda, cómo se recuerda y, sobre todo, qué se silencia; es precisamente ese silencio institucional el que convierte la desinformación en un mecanismo de dominación que fragmenta no solo el relato colectivo, sino el dolor más íntimo de cada familia. Un santuario de la memoria no se agota en sus dimensiones técnico-forenses: se construye, ante todo, desde componentes simbólicos, pedagógicos y de apropiación social, y reducirlo a sus aspectos procedimentales es ya una forma de violencia silenciosa. Esa violencia silenciosa tuvo una manifestación concreta durante el proceso de práctica. En uno de los encuentros de acercamiento institucional, al preguntar a funcionarios de una

entidad territorial sobre los componentes del Santuario de la Memoria, la respuesta giró de manera casi exclusiva en torno a trámites de titulación predial y viabilidad presupuestal. No hubo mención de los componentes simbólicos, pedagógicos ni del proceso de apropiación social que las familias llevan años construyendo. Esa brecha no fue un olvido casual: evidenció que para esa institucionalidad el Santuario era, fundamentalmente, un problema de obra pública. En contraste, cuando se consultó a integrantes de las familias buscadoras sobre el mismo tema, las respuestas fueron inmediatas y precisas: hablaron de los nombres, de los objetos, de los rituales, de la necesidad de un lugar que no archive, sino que reciba. Esa diferencia de lenguaje entre quienes gestionan y quienes esperan es, en sí misma, una forma de desinformación estructural: no la que ignora los hechos, sino la que ignora lo que esos hechos le hacen a las personas.

Esa violencia silenciosa tiene un rostro institucional que merece nombrarse. La impunidad y el olvido no operan únicamente en la ausencia de condenas o de restos encontrados, sino también en la manera en que las instituciones administran el conocimiento sobre la reparación: decidiendo qué información circula, a quién llega y en qué términos. Las voces institucionales, cuando se hacen presentes, hablan con frecuencia un lenguaje técnico y procedimental que no tiene traducción posible al dolor concreto de una familia que lleva décadas buscando. Esa brecha no es inocente: es parte de la jerarquización de la memoria, ese mecanismo por el cual se determina qué duelos merece reconocimiento público y cuáles quedan relegados al ámbito privado, sin territorio, sin nombre, sin forma oficial que los sostenga.

La apatía y la indolencia que circulan en el discurso cotidiano no son culpa de las personas que las encarnan: son el producto de una cultura gestada en la violencia, que durante décadas normalizó el horror y enseñó a mirar hacia otro lado como única forma de sobrevivir. Frente a eso, la pedagogía y apropiación social de la memoria emerge no como una tarea opcional sino como una necesidad urgente. Posicionar los temas de reparación simbólica, verdad y memoria dentro de los territorios más golpeados por la guerra exige valentía, paciencia y una profunda convicción ética, porque son discursos nuevos, difíciles de pronunciar en un país que aún sangra por sus propias dinámicas de conflicto.

Nos recordaba Walter Benjamin que la historia siempre la escriben los vencedores, y que la tarea ética e irrenunciable de toda época es rescatar la memoria de los vencidos: esa memoria subalterna que sobrevive no en los monumentos oficiales sino en los gestos más pequeños y más verdaderos. Frente a esa jerarquía del olvido existe una resistencia que nace donde menos se espera, y el más sagrado de sus espacios puede ser el altar que una madre construye en su propia casa: una fotografía, un rosario, flores que ella misma riega cada semana, imágenes de santos que acompañan a su hijo en la ausencia, un mantel tejido por sus propias manos. Ese espacio no es decoración ni costumbre: es memoria viva, es el lugar donde el amor se niega a desaparecer junto con el cuerpo que se llevaron. Esta conexión entre memoria doméstica y resistencia política encuentra sustento teórico en lo que Alejandro Castillejo- Cuéllar denomina una lectura de la fractura y la continuidad: la necesidad de "un retorno a la historicidad de lo cotidiano, a los planos de clivaje que lo constituyen" como punto de partida para comprender los procesos de violencia y sus secuelas (Castillejo-Cuéllar, 2017, p. 7). Es precisamente esa historicidad de lo cotidiano la que habita en el altar de esa madre: lo doméstico se convierte en la prueba más silenciosa y más poderosa de que la memoria de los vencidos no desaparece, sino que encuentra refugio donde la institucionalidad jamás ha sabido mirar.

Esa misma lógica se hace visible en los encuentros con familias en Samaná, donde las voces de quienes buscan a sus seres queridos revelan que la reparación simbólica no es un concepto abstracto sino una exigencia concreta e irrenunciable de humanidad. "Quiero que el osario de mi hijo tenga su nombre, la fecha de desaparición, una camiseta de él, un pantalón, un objeto que lo represente" (encuentro septiembre 2025, Samaná). En esas palabras no hay metáfora: hay una demanda de existencia, un reclamo de que el cuerpo desaparecido ocupe un lugar en el mundo. En ese mismo marco, el derrumbe emocional de una de las madres participantes, quien lleva treinta años esperando los restos de su hija, no puede leerse como un simple desborde al margen del evento; es, por el contrario, el momento en que la realidad de la reparación simbólica se vuelve más legible. Su cuerpo actuó como un archivo que la institución no tiene capacidad de procesar: un duelo de tres décadas que no ha podido cerrarse porque no hay cuerpo que enterrar, no hay lugar físico donde depositar la pérdida. La fotografía que sostenía entre sus manos condensaba esa imposibilidad: no era solo un

recuerdo, sino el único soporte material del duelo disponible cuando los restos aún no aparecen.

Recordar, entonces, no es un acto individual ni privado: es un compromiso colectivo con la justicia. La desinformación, con todo su peso, jamás podrá fragmentar un dolor que habita en lo más profundo de lo privado, porque mientras esa madre riegue sus flores, mientras ese altar exista, mientras esa familia recuerde, la memoria resiste, la dignidad persiste y la exigencia de justicia no muere.

Segundo saber: Duelos que consagran Soy una practicante académica externa al territorio de Samaná. Era mi primera vez en ese lugar, mi primera vez junto a familias buscadoras, la primera vez que miraba a los ojos a quienes llevan años sosteniendo una ausencia. La primera vez que escuchaba sus relatos en voz propia y no mediados por las páginas de un texto académico sobre desaparición forzada. Esa distancia entre lo leído y lo vivido es, en sí misma, una forma de asimetría que no puede quedar invisibilizada: las familias buscadoras y las personas que habitan ese territorio conocen su historia con una profundidad y una legitimidad que ningún proceso académico puede igualar ni sustituir. Mi presencia en esos espacios de dolor profundo no estuvo exenta de incomodidad; hay algo que perturba en llegar desde afuera a acompañar y eventualmente a analizar lo que otros han construido y perdido durante décadas. Hay una dimensión de esa experiencia que no me pertenece y que ninguna cantidad de lecturas ni de visitas de campo puede transferirme. Nombrar eso no es un gesto de falsa modestia: es una condición para que este análisis sea honesto, y es también el punto de partida desde el cual fue posible aprender lo que este saber intenta recoger.

Creo con toda la fragilidad que nos hace humanos, que nombrar lo que duele es también una forma de resistir. Las familias buscadoras me han enseñado que la memoria no es solo un acto político: es un acto de resistencia, y que en un país que prefiere olvidar, recordar es, quizás, el único elemento de justicia que nos queda. Su dolor tiene nombre, tiene forma, tiene lugar; pero su dignidad exige otra pregunta: ¿cómo se describe encontrarse con personas que, en medio del duelo más largo e injusto que uno pueda imaginar, organizan, proponen, exigen y construyen? Que no esperan. Que no piden permiso. Que transforman lo que el Estado les

arrebató en una fuerza que interpela a quienes las rodean. Me he preguntado muchas veces cómo hacen para no rendirse. A veces pienso que es porque la búsqueda se convirtió en el único lugar donde el dolor tiene sentido; otras, porque encontrar, aunque sea un fragmento, aunque sea una certeza dolorosa, resulta mejor que vivir para siempre en la duda. Y hay días en que simplemente creo que es amor, que el amor en sus formas más extremas no mide nada. han aprendido a llevar su duelo a los espacios institucionales no como desborde sino como argumento, no como fragilidad sino como exigencia. Esa transformación del dolor privado en interpelación pública no es espontánea; es el resultado de un proceso sostenido de organización colectiva que merece ser leído también en clave política, como una práctica de agencia en contextos de vulnerabilidad extrema.

Lo que estas familias encarnan es una fuerza territorial y colectiva: no hablan desde la derrota sino desde la pertenencia, desde el arraigo profundo a un territorio que también guarda sus muertos y que ellas se niegan a abandonar al silencio. En ese no rendirse habita algo que merece nombrarse con cuidado: el sentir como acto político. Porque cuando una madre llora en público, cuando una familia exige en voz alta, cuando el dolor se niega a quedarse en lo privado, ese gesto no es solo emocional: es una forma de interpelar al Estado, de recordarle que detrás de cada expediente hay una herida colectiva que no cierra con procedimientos sino con verdad, con presencia y con reconocimiento. Me siento pequeña en estos espacios, no en el sentido de la humildad aprendida, sino en el sentido real: soy pequeña frente a lo que estas personas han vivido y frente a lo que siguen haciendo. Y al mismo tiempo, algo en mí se afirma, se endurece. Cada historia que escucho es también una razón para no mirar hacia otro lado, para no aceptar que esto es normal, para no acomodarse a la idea de que en Colombia algunas ausencias simplemente no importan. Las voces de las familias son, en ese sentido, mucho más que testimonios: son la forma más honesta e inquebrantable de memoria que existe, porque no esperan el reconocimiento oficial para declarar que sus seres queridos existieron y que su ausencia sigue siendo una deuda que este país no ha saldado. Lo primero que emerge de este proceso es una ruptura fundamental con la comprensión convencional del duelo. Las familias buscadoras de Samaná no lo experimentan como un proceso interior que se atraviesa en silencio, dentro de las paredes del hogar; por el contrario, lo han transformado en acto colectivo, en exigencia pública, en lenguaje político. El

Manifiesto leído durante la Mesa Técnica lo enuncia con precisión: "nuestro caminar como familias buscadoras es un acto de resistencia, donde cada nombre de nuestros desaparecidos es semilla de memoria". En ese desplazamiento, el duelo deja de ser una experiencia que paraliza y se convierte en una fuerza que moviliza: produce conocimiento, organización y exigibilidad.

Sin embargo, este proceso revela también la dimensión más devastadora del duelo en contextos de desaparición forzada: la imposibilidad de cerrar, de concluir, de enterrar. Lo que vivieron estas familias condensa lo que la literatura ha denominado duelo ambiguo: una temporalidad suspendida en la que no hay certeza de muerte ni posibilidad de retorno, y en la que cada fotografía, cada objeto, cada nombre pronunciado no es simplemente un recuerdo, sino el único soporte material de un vínculo. Como lo expresa Pilar Calveiro, "los desaparecidos no están muertos: están ausentes, están sin cuerpo, están sin tumba, están sin justicia. Por eso, siguen presentes" (Calveiro, P. Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. 2004). Es precisamente frente a esa imposibilidad donde el Santuario de la Memoria cobra una función que va más allá de lo arquitectónico: es el intento colectivo de crear un espacio sagrado donde esos duelos puedan habitar sin necesitar cerrarse, un lugar que no exige respuesta, sino que ofrece refugio, que no pide que el dolor termine, sino que le da un lugar donde existir con dignidad. Consagrar ese espacio es, entonces, un acto de resignificación simbólica: convertir la ausencia en presencia posible, transformar la herida en espacio que sostiene.

Ligado a esto, merece nombrarse la dimensión ritual como práctica de duelo activo. Los procesos de memoria son fundamentalmente emocionales y corporales, y en esos gestos habita también la espiritualidad como principio de cohesión: no necesariamente en su sentido religioso estricto, sino como esa dimensión intangible que une a quienes comparten una pérdida, que sostiene a una comunidad, que convierte un altar en un lugar de encuentro entre los vivos y los ausentes. Estos momentos condensan lo que Elizabeth Jelin describe como hitos de la memoria: instancias en que el trabajo de recordar se vuelve arduo para todos, donde los hechos se reordenan, los esquemas existentes se desordenan y aparecen voces de distintas generaciones que preguntan, relatan y comparten las claves de lo vivido, lo escuchado o lo omitido, creando espacios intersubjetivos donde las memorias de diferentes

actores sociales se actualizan y se vuelven presentes. En Samaná, esos hitos ocurrieron en el cuerpo, en el ritual, en el gesto compartido, expresiones vivas de una memoria que no necesita infraestructura oficial para sostenerse, porque su raíz más profunda está en las personas mismas y en su capacidad de reunirse alrededor de lo que duele y convertirlo en fuerza colectiva.

El conjunto del proceso permite leer el Santuario de la Memoria no como infraestructura sino como dispositivo de duelo colectivo. Sus cuatro componentes, memorias que dignifican, memorias territoriales de la desaparición, memorias vivas y espacio pedagógico y comunitario, responden cada uno a una dimensión distinta del duelo: la custodia del cuerpo ausente, el reconocimiento histórico del dolor en el territorio, la transformación del dolor en esperanza activa y la transmisión intergeneracional de la memoria. Esta última dimensión merece detenerse: lo que hace que un santuario no se convierta en monumento vacío es su capacidad de hablarle a quienes aún no han nacido, de convertirse en un espacio sagrado, político e intergeneracional donde las nuevas generaciones no hereden solo el dolor sino también la dignidad de quienes resistieron. La memoria intergeneracional no es un archivo que se transmite: es una práctica que se enseña, un modo de habitar el territorio que se aprende junto a quienes han hecho de la memoria su forma de existir. Consagrar un espacio es, entonces, mucho más que destinarle un uso. Es reconocer que algunos duelos no caben en el silencio, que necesitan territorio, nombre y forma para poder existir sin paralizarse. Eso es lo que las familias buscadoras de Samaná llevan treinta años construyendo, y lo que este Santuario busca materializar: un lugar donde el duelo no se archiva, sino que se vive.

Tercer saber: Ecos que exigen El proceso del Santuario de la Memoria, al ser leído desde el saber de acción de los ecos que exigen, es que la exigencia no emerge del resentimiento ni de la desesperación, sino de una convicción política profundamente arraigada en la dignidad, que se ha convertido en una forma sostenida de interpelación al Estado, a las instituciones, a la comunidad y a la sociedad en general. Lo que este proceso hace visible es una participación que no es puntual, que no se convoca para un evento y luego se dispersa, sino que se mantiene a lo largo del tiempo.

En ese sentido, la exigencia que atraviesa todo el proceso no es un grito aislado, sino un eco que se reproduce, que rebota en cada recorrido simbólico. Es un eco que no se disipa porque las causas que lo originaron siguen sin resolverse. Para comprender esta persistencia resulta iluminador el concepto que Elizabeth Jelin desarrolla en Los trabajos de la memoria: la figura de los "emprendedores de la memoria", sujetos que "se involucran personalmente en su proyecto, pero también comprometen a otros, generando participación y una tarea organizada de carácter colectivo" (Jelin, 2002, p. 49). Las familias buscadoras de Samaná son exactamente eso: no víctimas pasivas sino agentes activos que organizan, proponen, exigen y construyen memoria de manera sostenida, generando desde su propio dolor un proyecto colectivo que no cede, que no se cansa y que interpela permanentemente a quienes tienen la obligación de responder.

Uno de los registros más significativos de este saber en acción ocurre cuando las familias buscadoras interrumpen la lógica técnica y administrativa del encuentro con la lectura de su voz colectiva. Este gesto no fue espontáneo: al introducir su palabra en un espacio dominado por discursos de viabilidad jurídica, presupuesto y titulación predial, las familias lograron desplazar el eje de la discusión. Le recordaron a todos los actores institucionales presentes que no estaban en una reunión de obra pública, sino ante un proceso de reparación integral a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De esta manera, la exigencia operó como dispositivo de reencuadre político: impidió que las instituciones pudieran reducir el Santuario a un problema técnico-administrativo y obligó a que la dimensión de derechos permaneciera en el centro del debate. Es aquí donde la resistencia y el activismo adquieren su expresión más nítida: no como confrontación vacía sino como intervención consciente y estratégica sobre los marcos desde los cuales se toman las decisiones que afectan a las víctimas. La fuerza de esa intervención, en ese momento, resultó más poderosa que cualquier argumento presupuestal.

No toda exigencia adopta la forma del discurso articulado: hay momentos en que el dolor desborda cualquier palabra y se manifiesta en el cuerpo de manera pública e inevitable. Esos quiebres no son descontrol emocional sino un acto político de primer orden, porque al llorar frente a las instituciones, al derrumbarse en los espacios donde se decide qué vidas merecen ser reconocidas, estas madres están reclamando para sus hijos un lugar en el orden de lo que

importa: están exigiendo que esas vidas desaparecidas sean nombradas, lloradas y contadas como pérdidas reales. Un eco que emerge desde lo más profundo de una temporalidad suspendida. Reconocer esto obliga a pensar los espacios de reparación como espacios de cuidado vivo: entornos que anticipan la presencia del dolor, que crean condiciones para que ese dolor tenga lugar sin ser ignorado ni desbordado, y que entienden el acompañamiento como una dimensión constitutiva de cualquier proceso de memoria.

La exigencia de las familias buscadoras no es un momento, no es un acto, no es una reunión, es una práctica sostenida, diversa y conscientemente adaptada a los distintos contextos en que debe desplegarse. Se manifiesta en la palabra colectiva, en el cuerpo que se desploma, en la gestión documental autónoma, en la negativa a aceptar la ambigüedad institucional y en la apuesta por transmitir la memoria a quienes aún no han nacido. El eco no cesa porque la deuda tampoco ha cesado. Y mientras haya ausencias sin respuesta, habrá voces que insisten, resuenan y exigen.

Con todo, sería deshonesto cerrar este saber sin reconocer que el Santuario de la Memoria, como toda iniciativa de memoria colectiva, no está exento de tensiones internas. Nombrarlas no debilita el proceso: lo hace más comprensible y, en última instancia, más sostenible. La primera tensión es la de la representación: ¿quién decide qué memorias entran al Santuario y cuáles quedan afuera? En un territorio donde la violencia afectó a múltiples comunidades de maneras distintas, el riesgo de que ciertas memorias centralicen el espacio mientras otras permanecen invisibles es real. No se trata de una mala intención sino de una dificultad estructural de todo proceso de conmemoración colectiva: la memoria nunca es de todos de la misma manera.

La segunda tensión es la del olvido como estrategia de supervivencia. Durante el proceso de práctica fue posible percibir, aunque no siempre de forma explícita que la memoria no es vivida ni deseada de la misma manera por todos los actores del territorio. Esta heterogeneidad se expresa en al menos dos dimensiones. Por un lado, no todas las personas comparten el mismo deseo de recordar públicamente: para algunas familias y comunidades, el silencio no es complicidad ni indiferencia, sino una forma aprendida de protegerse en un contexto donde el conflicto armado no ha concluido del todo y donde visibilizar la memoria puede aún hoy

tener consecuencias reales sobre la seguridad y la vida cotidiana. Por otro lado, las concepciones sobre la reparación son también diversas e igualmente legítimas: hay quienes encuentran en el Santuario un horizonte de sentido y dignificación, pero hay quienes cifran toda su expectativa en una demanda más concreta e irreemplazable, saber dónde está su ser querido desaparecido y para quienes un espacio simbólico, por significativo que sea, no agota ni sustituye esa necesidad. Reconocer esta pluralidad no debilita el proceso: lo complejiza y lo hace más honesto. El Santuario tendrá que encontrar maneras de existir que no impongan una sola forma de elaborar el duelo ni una única concepción de la reparación, sino que se ofrezca como espacio abierto, diverso y lo suficientemente amplio para alojar distintas maneras de buscar, de recordar y de sanar.

La tercera tensión es la institucional: el riesgo de que un proceso nacido desde las familias y el territorio sea capturado, burocratizado o vaciado de contenido en su tránsito por las lógicas administrativas del Estado. La historia de los santuarios y lugares de memoria en Colombia muestra que ese riesgo no es hipotético. Las familias buscadoras de Samaná lo saben, y parte de su exigencia sostenida es precisamente una respuesta a esa amenaza. Señalar estas tensiones no contradice el argumento central de este documento: que el Santuario de la Memoria es una apuesta legítima, necesaria y transformadora. Lo complementa. Porque una memoria que no puede mirarse críticamente a sí misma corre el riesgo de convertirse en el monumento que dice querer evitar. El eco, entonces, no solo exige hacia afuera: también se pregunta a sí mismo cómo sostenerse sin perder lo que lo hizo nacer. Conclusiones La primera y más duradera lección de este proceso es que la reparación simbólica no puede reducirse a sus dimensiones técnicas o procedimentales sin convertirse, en ese mismo gesto, en una nueva forma de violencia. El Santuario de la Memoria de Samaná solo tiene sentido si nace desde adentro: desde los nombres, los objetos, los rituales y las memorias de quienes han buscado durante décadas sin que el Estado les respondiera. Toda intervención que no parta de ese reconocimiento reproduce, aunque sin intención, la lógica que pretende combatir. La segunda lección es metodológica y ética a la vez: acompañar procesos de memoria en territorios afectados por el conflicto armado exige una disposición permanente a

descentrarse. El conocimiento académico no llega a estos espacios a iluminar lo que las comunidades no han podido ver; llega a aprender lo que ellas ya saben y a contribuir a que ese saber circule con más fuerza. Las familias buscadoras de Samaná no necesitan que les expliquen el dolor: necesitan interlocutores que reconozcan su autoridad sobre él. La tercera lección apunta directamente a la institucionalidad: la brecha entre el mandato judicial y su implementación real no es una anomalía sino una condición estructural de los procesos transicionales en Colombia. La JEP ordenó la construcción del Santuario; la administración municipal informó que no había presupuesto. Esa distancia entre lo que el derecho promete y lo que la voluntad política ejecuta es el terreno cotidiano en que las familias buscadoras construyen su exigencia, y es también el terreno en que el Trabajo Social debe aprender a moverse con precisión.

Frente a la pregunta orientadora qué estrategias participativas permiten fortalecer el diálogo entre víctimas, instituciones y organizaciones para la apropiación social del Santuario, la experiencia muestra que las estrategias más eficaces no son las que convocan a todos los actores a una mesa común, sino las que crean condiciones para que las voces históricamente silenciadas puedan reencuadrar políticamente la conversación. El gesto de las familias al leer su Manifiesto en la Mesa Técnica interrumpiendo la lógica administrativa para recordarle a las instituciones que no estaban en una reunión de obra pública sino ante un proceso de derechos humanos, fue la estrategia participativa más poderosa del proceso. Ningún diseño metodológico externo podría haberla producido: emergió de la organización, la memoria y la convicción política de las propias familias.

Respecto al primer objetivo, el hallazgo central es que esas narrativas no esperan ser identificadas: ya existen, con una densidad y una coherencia que desafían cualquier marco analítico previo. Lo que este proceso permitió fue documentarlas y ponerlas en diálogo con categorías teóricas que amplifican su legibilidad sin reducir su complejidad. El duelo ambiguo, los hitos de la memoria, el sentir como acto político: estas herramientas conceptuales no explicaron lo que las familias vivieron, sino que ayudaron a nombrarlo de maneras que puedan circular más allá del territorio.

Esto es posible, en gran medida, porque las comunidades del municipio no llegan a estos procesos desde el desconocimiento. Su historia personal y territorial ha estado profundamente atravesada por la violencia del conflicto armado y, en particular, por la desaparición forzada como práctica sistemática de terror. Esta experiencia acumulada ha forjado un saber situado: las familias y las comunidades conocen lo ocurrido no solo desde el dolor, sino desde una comprensión lúcida de los mecanismos, los actores y las consecuencias de esa violencia. No se trata, por tanto, de comunidades que requieran ser instruidas sobre lo que han vivido, sino de sujetos con una memoria activa, crítica y políticamente cargada.

En ese marco, el trabajo investigativo no partió de cero ni operó sobre un vacío simbólico. Por el contrario, se insertó en una trayectoria de construcción de memoria que organizaciones como FUNDECOS vienen sosteniendo desde hace más de tres décadas. Durante ese tiempo, FUNDECOS ha acompañado a las familias víctimas de desaparición forzada en procesos de denuncia, documentación y elaboración colectiva del duelo, generando en ese camino una amplia variedad de dispositivos y herramientas pedagógicas que nombran, preservan y transmiten lo ocurrido. Este acumulado organizativo constituye, en sí mismo, un archivo vivo de la memoria del territorio: una producción simbólica y política que precede, sostiene y enriquece cualquier ejercicio académico que pretenda acercarse a estas realidades. Reconocer ese legado no es un gesto de cortesía institucional, sino una exigencia epistemológica: investigar sobre la memoria en este territorio implica investigar con y desde lo que las comunidades y sus organizaciones ya han construido.

En relación con el segundo objetivo analizar los procesos de reflexión colectiva que inciden en las decisiones sobre el Santuario, el hallazgo más significativo es que la apropiación social no es el resultado final del proceso sino su condición de posibilidad. El Santuario no puede apropiarse al final, una vez construido: debe apropiarse en cada encuentro, en cada decisión compartida, en cada momento en que las familias reconocen que ese espacio les pertenece antes de que exista físicamente. La apropiación es un proceso continuo, no un producto. Este recorrido no cierra preguntas: abre nuevas que el proceso mismo no pudo responder y que merecen seguir siendo investigadas.

¿Cómo sostiene su identidad colectiva una organización de víctimas cuando el proceso de reparación institucional avanza tan lento que el agotamiento amenaza con dispersar lo que la búsqueda construyó? La exigencia sostenida tiene costos que este informe nombra, pero no alcanza a medir: costos emocionales, relacionales, físicos. ¿Qué mecanismos de cuidado colectivo son posibles y necesarios en procesos de esta magnitud? ¿Qué ocurre cuando el Santuario se construya físicamente? ¿Cómo se evita que un espacio nacido de la memoria viva se convierta en monumento estático una vez que las instituciones lo inauguren y lo abandonen? La memoria intergeneracional exige una pedagogía que este proceso apenas comenzó a esbozar: ¿cómo se transmite a quienes aún no han nacido algo que solo puede entenderse desde la experiencia?

Y una pregunta que atraviesa todo el proceso sin resolverse: ¿es posible que el Santuario sea, al mismo tiempo, un espacio de duelo para quienes buscan y un espacio pedagógico para quienes no vivieron la violencia directamente? ¿O esa doble función genera tensiones que ningún diseño puede resolver del todo?

Esta práctica confirmó que el Trabajo Social en contextos de memoria y reparación no puede limitarse a facilitar procesos ni a gestionar recursos: debe posicionarse éticamente como campo de producción de conocimiento situado, capaz de nombrarse a sí mismo como actor dentro del proceso y de reconocer los límites reales de su intervención. El rol profesional en este escenario no fue el de experto externo que porta soluciones, sino el de acompañante reflexivo que aprende mientras contribuye. Esa posición exige una formación que las universidades todavía están construyendo: una formación que prepare para la incomodidad de llegar a un territorio marcado por el dolor sin pretender comprenderlo del todo, para trabajar en la grieta entre el derecho prometido y la dignidad todavía en espera, y para reconocer que las comunidades que han convertido su búsqueda en práctica política cotidiana son, también, maestras de lo que significa no rendirse. El Trabajo Social tiene una responsabilidad particular en estos procesos: la de traducir entre los lenguajes institucionales y los lenguajes del duelo; entre los tiempos de la burocracia y los tiempos de la búsqueda; entre los marcos normativos que reconocen derechos en el papel y las realidades que los niegan en la práctica. Esa función de traducción no es menor ni

auxiliar: es constitutiva de cualquier proceso de reparación que pretenda ser real. Y ejercerla bien requiere, antes que cualquier técnica, la convicción de que detrás de cada expediente hay una herida que no cierra con procedimientos, y que acompañar esa herida con honestidad es también, en sí mismo, un acto político.

Desafíos y recomendaciones El proceso del Santuario de la Memoria de Samaná deja instalados desafíos que no se resuelven con el cierre de esta práctica académica, sino que exigen continuidad, creatividad institucional y compromiso político sostenido. Nombrarlos es ya una forma de anticiparlos. El desafío más urgente es traducir el Auto 073 de 2023 en voluntad política concreta, lo que demanda establecer mecanismos de seguimiento interinstitucional que vinculen a la JEP, la administración municipal y las organizaciones de víctimas en compromisos verificables con cronogramas y responsables definidos. La exigencia de las familias no puede seguir chocando contra la ambigüedad presupuestal como respuesta estructural. En paralelo, la desinformación y la apatía comunitaria obligan a diseñar una estrategia pedagógica de largo aliento que no se limite a eventos puntuales, sino que se articule a espacios cotidianos del territorio: escuelas, juntas de acción comunal, espacios culturales y religiosos. Esta estrategia, además, debe partir del reconocimiento explícito de los procesos de memoria que ya han sido adelantados en el municipio: iniciar cualquier intervención sin considerar estos antecedentes no solo desconoce el trabajo realizado por las comunidades y organizaciones locales, sino que puede generar fragmentación en los ejercicios de memoria colectiva. Por ello, resulta imprescindible identificar, sistematizar e incorporar dichos procesos en el desarrollo de los próximos encuentros, de manera que el trabajo que se adelante dialogue y se construya sobre las bases ya existentes, fortaleciendo así la coherencia, la legitimidad y el impacto del proceso en su conjunto. El arte, la narrativa y los dispositivos digitales demostraron en este proceso una capacidad de convocatoria que los formatos institucionales no logran; integrarlos sistemáticamente a la pedagogía de la memoria no es un complemento sino una necesidad estratégica.

El proceso evidenció también que la exigencia sostenida tiene costos humanos que no pueden seguir siendo invisibles. El agotamiento de las familias buscadoras exige incorporar

explícitamente mecanismos de cuidado colectivo en el diseño de los procesos de memoria: espacios de escucha entre pares, acompañamiento psicosocial continuo y reconocimiento político del desgaste como parte inherente de la búsqueda. Cuidar a quienes cuidan la memoria es también una condición para su sostenibilidad. En esa misma dirección, avanzar en la vinculación progresiva de jóvenes, colectivos artísticos y comunidad no organizada resulta indispensable, no desde la obligación de recordar sino desde la invitación a construir. La transmisión intergeneracional de la memoria requiere interlocutores que no vivieron directamente la violencia pero que puedan apropiarse del Santuario como espacio propio y significativo. Todo ello exige que el acompañamiento externo se ejerza con una disposición ética de profundo respeto hacia el territorio y sus comunidades. Samaná es un municipio cuya historia está profundamente marcada por la violencia y el conflicto armado, pero también por la capacidad de su gente de reconstruir la vida, el tejido social y la esperanza en medio de condiciones adversas. Reconocer esa fortaleza implica que cualquier proceso de acompañamiento, especialmente con las familias buscadoras, no llegue a imponer miradas externas ni a instrumentalizar el dolor, sino que se sitúe desde la escucha, la humildad y el reconocimiento de las comunidades como sujetos activos de su propia memoria y dignidad. En el campo investigativo, este proceso abre preguntas que merecen ser abordadas con rigor académico: ¿cómo se sostiene la identidad organizativa de las víctimas cuando los tiempos institucionales prolongan indefinidamente la espera?, ¿qué condiciones permiten que un santuario de memoria no se convierta en monumento estático una vez inaugurado?, ¿cómo se construye pedagogía intergeneracional de la memoria en contextos donde el conflicto no ha concluido del todo? Futuras investigaciones en el campo deberían abordar estas preguntas desde metodologías participativas y enfoques de sistematización que, como el aquí desarrollado, reconozcan a las comunidades como productoras legítimas de conocimiento. Finalmente, para el Trabajo Social este proceso plantea una orientación clara: la gestión social en contextos de memoria y reparación no puede reducirse a la facilitación técnica de procesos. Exige posicionamiento ético, capacidad de traducción entre lenguajes institucionales y lenguajes del duelo, y disposición real a descentrarse frente al saber de las comunidades. Formar profesionales para esta tarea es también un desafío que las

universidades deben asumir con la misma urgencia con que las familias buscadoras exigen sus derechos.

Estos procesos nos construyen también a nosotros, en lo profesional, en lo ético, en lo espiritual, porque hay ausencias que ninguna palabra logra descifrar y dolores que ninguna ley del mundo alcanza a tocar. Por eso, mi gratitud y admiración más profunda a los profesores que entregan su compromiso como quien siembra sin saber si verá la cosecha, y a las organizaciones que han sostenido esta lucha incluso cuando la verdad pesaba demasiado. A los territorios que han cargado la guerra en el cuerpo, en la memoria, en el silencio más hondo y que, aun así, con todo ese peso, siguen en pie y siguen siendo hogar. Y, sobre todo, a estas comunidades que nos abren sus puertas sin deberlo, que nos permiten reconstruirnos junto a ellas y que nos enseñan lo que ningún aula podría darnos: que la vida, incluso después del dolor más grande, encuentra siempre la manera de seguir. No llegamos aquí a cambiar nada de lo vivido, ni a imponer ninguna verdad que no nos pertenece, llegamos a escuchar, a caminar despacio junto a ellas, y a honrar con humildad la memoria de todo lo que no debe, ni puede, ni merece olvidarse.

esta experiencia me devolvió la fragilidad, y con ella algo más firme: que me mueve el corazón, y el corazón me mueve hacia la justicia.

Gracias infinitas…

Bibliografía Calveiro, P. (2004). Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Colihue.

Castillejo-Cuéllar, A. (2017). La ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde el Sur global. Universidad de los Andes.

Cendales, L. (2007). La sistematización como experiencia investigativa y formativa. Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores. Torres Carrillo, A. y Cendales González, L. (2007). La sistematización como práctica formativa e investigativa. Pedagogía y Saberes. Universidad Pedagógica Nacional.