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Paz en crisis Comunicación y lecciones aprendidas de la crisis Tomo IV

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Paz en crisis Comunicación y lecciones aprendidas de la crisis Tomo IV Ricardo García Duarte Jaime Andrés Wilches Tinjacá Hugo Fernando Guerrero Sierra Mauricio Hernández Pérez Editores

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© Universidad Distrital Francisco José de Caldas © Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico © Ricardo García Duarte, Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Hugo Fernando Guerrero Sierra, Mauricio Hernández Pérez (editores) ISBN obra completa: 978-958-787-305-4 ISBN volumen IV: 978-958-787-309-2 Primera edición, noviembre de 2021 Dirección Sección de Publicaciones Rubén Eliécer Carvajalino C.

Coordinación editorial Edwin Pardo Salazar Corrección de estilo Proceditor Diagramación y montaje de cubierta Astrid Prieto Castillo Fotografía de cubierta Clara Victoria Forero Murillo Editorial UD Universidad Distrital Francisco José de Caldas Carrera 24 N.° 34-37 Teléfono: 3239300 ext. 6202 Correo electrónico: publicaciones@udistrital.edu.co Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia Paz en crisis / editores Ricardo García Duarte ... [et al.]. -- 1a ed. -- Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2021.

4 v. – (Ciudadanía & democracia)

Incluye reseña de los editores. -- Contenido parcial: Tomo I. Nociones, acuerdo e implementación -- Tomo II. Territorializar la crisis -- Tomo III. Ciudadanías para transformar la crisis -- Tomo IV. Comunicación y lecciones aprendidas de la crisis. ISBN 978-958-787-305-4 (obra completa) -- 978-958-787-306-1 (vol. 1) -- 978-958-787-307-8 (vol. 2) -- 978-958-787-308-5 (vol. 3) -- 978-958-787-309-2 (vol. 4)

1. Consolidación de la paz - Colombia 2. Acuerdos de paz -

Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la Sección de Publicaciones de la Universidad Distrital. Hecho en Colombia

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Contenido Introducción

Primera parte. Comunicar la crisis

¿Comunicar para transformar el conflicto o para reafirmar la paz en crisis?: reflexión desde las nuevas agendas mediáticas

Hugo Fernando Guerrero Sierra Jaime Andrés Wilches Tinjacá Comunicación imaginada e hibridación cultural: debates sobre una paz en crisis

Emerson David Devia Acevedo Terceros en la JEP: transición, actores de veto y producción de narrativas sobre el conflicto

Federico Lozano Navarrete Acompañamiento ético-político y comunicación digital para la gestión de las conflictividades en el posacuerdo

Johann Pirela Morillo Amparo Novoa Palacios Interculturalidad y educación para la paz: desafíos desde la educación superior en Colombia

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Myriam Fernanda Torres Gómez

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Info-comunicación educativa para la construcción de una paz duradera en Colombia. Algunas estrategias

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Johann Pirela Morillo Yamely Almarza Franco Luis Fernando Sierra Escobar El discurso periodístico y la cultura de paz en el Ariari y la región metense

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Julio César Rodríguez García Jairo Quintero Martínez Paola Consuelo Ladino Marín Los diálogos de paz en Colombia en la perspectiva de Marvel Studios

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Yebrail Castañeda Lozano Segunda parte. Lecciones aprendidas de la crisis

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Retos de la reparación integral a víctimas en el exterior en un escenario de posconflicto

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Ginna Marcela Rojas Quinche Construcción de paz y régimen político: los casos de Colombia, Perú y El Salvador

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Javier Fernando Torres Preciado Transformaciones en el relacionamiento de Colombia con Ecuador y Venezuela a partir del posconflicto

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Emilmar Sulamit Rodríguez Caldera David González Cuenca Aportes al modelo de justicia transicional colombiano, desde las experiencias de Guatemala y El Salvador

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Laura Catalina Pérez Cortés La política exterior colombiana frente al posconflicto

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Luis Guillermo Muñoz Angulo José Armando Hernández Bernal Editores

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Introducción Paz en crisis es un proyecto editorial con el que se cierra un programa de investigación de años atrás y en el que se condensan distintas aproximaciones sobre la paz, en esta oportunidad, bajo la lupa o noción de crisis. Los aportes se encuentran agrupados en 4 tomos, 44 capítulos y 6 bloques temáticos, en los que 87 autores ofrecen perspectivas multidisciplinares y multidimensionales, pluralidad metodológica y variedad en las formas de hacer investigación y con estilos de escritura diferenciados.

Los tomos, en su conjunto, presentan reflexiones diversas sobre las antiguas, múltiples y nuevas conflictividades (tanto armadas como no armadas), así como de los diferentes actores (heredados, emergentes y transformados), en el escenario de lo que ha venido refiriéndose por algunos especialistas como una situación de posacuerdo bélico en Colombia.

Hablar de una crisis política en Colombia se hace a partir del desconocimiento, intencional o no, de lo que esta significa; más aún, cuando se enfrenta a una marcada estructura de clases que, de manera sistemática, ha negado su existencia y los efectos nocivos en una sociedad enmarcada por la desigualdad y en la que es necesario reconfigurar espacios de reconocimiento y diálogo. Para ello, primero hay que entender y reconocer que una crisis política es el desequilibrio y la disfuncionalidad presentes en un Estado, aspectos dispuestos para el fracaso de las relaciones entre actores políticos y sociales, ya que, se trata no solo de una falta de identidad y representación institucional, sino también de un estado de incertidumbre y desconfianza frente a las capacidades

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de los representantes políticos; esto sumado al descontento social, desencadena conflictos latentes que, a su vez, visibilizan problemas económicos y sociales. Dicho lo anterior, se hace aún más evidente la crisis política que enfrenta el país en la actualidad, y que responde a una percepción de inexperiencia, insuficiencia e incompetencia del actual Gobierno; sumado a una falta de creatividad y competencias estructuradas para gestionar y solucionar, sin caer en discursos confrontantes desde los que se hace complejo llegar al diálogo. Desde este punto, es necesario echar un vistazo a otros conflictos y crisis internacionales y la forma en que se ha construido paz, explicado a través de lo que el teórico noruego Johan Galtung denominaría las 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución. Estas tres fases responden a la principal característica de todo conflicto: la violencia; esta que se convierte en el escenario propicio para ser el detonante de múltiples heridas y quiebres sociales que hacen presencia en los momentos más álgidos de la coyuntura. Pero que, según Galtung, se hacen necesarias para ser vista como una oportunidad de deconstrucción social. Si algo se ha podido aprender de las experiencias internacionales de paz, ha sido la organización e implementación de acuerdos estables y permanentes con presencia de actores internos y externos que puedan mediar entre los protagonistas del conflicto y que encaminen los esfuerzos de diálogo hacia cuatro aspectos principales: político, económico, social y organizacional. No basta con la creación ligera de mesas de diálogo, se necesita de una interpretación de discursos a través de canales de comunicación constantes en los que participen los dirigentes, líderes y miembros de los diferentes grupos de la comunidad, ONG, medios de comunicación y demás públicos de interés. Aunado a lo anterior, la reconstrucción de sociedad ha sido indispensable en los procesos de paz exitosos, acompañada de transformaciones culturales y estructurales basadas en el reconocimiento de realidades diversas (convergentes y divergentes entre sí), y enmarcadas en estructuras democráticas que reculturizan y reconcilian la pluralidad. Desde este aspecto, se generan espacios de memoria y reconocimiento para evitar caer en la repetición, y así poder asumir responsabilidades por parte de los participantes de cada escenario del conflicto, evitando enfrascarse en la crítica e invalidación del otro y el desarrollo particular como único fin.

Es precisamente el reconocimiento de realidades el aspecto en el que se suelen encontrar fallas no solo de forma, sino de contenido, al momento de hacer frente a las crisis y encontrar caminos de diálogo coherentes y consecuentes que den paso de la disputa a la resolución del conflicto. Es aquí donde se hace necesaria la comunicación (entendida como disciplina), ya que tiene el poder de permear e influir en las diferentes realidades que a través de ella se construyen, ayudando a forjar pautas de resignificación del conflicto que

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aborden e instrumentalicen perspectivas de diálogo y metas conjuntas de desarrollo.

El papel de la comunicación en el conflicto y posterior generación de paz parte de tres momentos claves en los que participa: expresando, captando e interpretando los discursos de cada uno de los actores presentes en el conflicto, y sirviendo como punto de referencia para la interacción de los diferentes mundos que a través del proceso se construyen. De esta manera, se coordinan las diferentes perspectivas para ser analizadas de manera crítica, procurando la participación de la comunidad sin que se sobrepasen los límites definidos en las mesas de diálogo.

Para finalizar, es fundamental que se entienda el rol de las comunicaciones y principalmente de los comunicadores como una necesidad que emerge de estructuras sociales debilitadas por el desacuerdo y la práctica de discursos, que resultan ineficaces a la hora de establecer entornos de diálogo y negociación. Sumado a esto, no se debe entender esta participación como instrumento de manipulación o tergiversación de discursos, sino como una interpretación y reinterpretación de estos, con el fin de ayudarlos a ser comprensibles y resignificar así una diversidad de lenguajes, expresiones y vivencias de larga data, que se han quedado fuera del enfoque hacia las oportunidades de apropiación y cualificación sociocultural.

Este cuarto tomo, titulado Comunicación y lecciones aprendidas de la crisis (compuesto por 13 capítulos), reúne un conjunto de trabajos en los que convergen la investigación, la reflexión y el debate en donde se analiza la emergencia de escenarios diferenciados, así como el reconocimiento de múltiples actores que comienzan a pujar por la visibilización de sus demandas, apoyos y resistencias, al cumplirse ya el primer quinquenio de la firma del Acuerdo de Paz. A continuación, se presenta a usted, estimada y estimado lector, la síntesis de cada uno de los capítulos. Se espera con ello invitar a su posterior lectura, disfrute y, por supuesto, crítica.

Primera parte: comunicar la crisis “¿Comunicar para transformar el conflicto o para reafirmar la paz en crisis?: reflexión desde las nuevas agendas mediáticas” (Hugo Fernando Guerrero Sierra y Jaime Andrés Wilches Tinjacá). Este capítulo se enfoca en la estrategia que han utilizado los medios de comunicación en el momento de informar acontecimientos relacionados con la inseguridad y violencia. Mediante un análisis documental, se identifica que hay una tendencia en las notas periodísticas al discurso del miedo para así mantener el teleshow en los programas informativos, lo que afecta la forma en que la opinión pública concibe el tema de seguridad y paz, generando una situación de crisis después de la firma del Acuerdo.

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“Comunicación imaginada e hibridación cultural: debates sobre una paz en crisis” (Emerson David Devia Acevedo). En sintonía con el capítulo anterior, el autor de este indica que el debate que hay en en torno a la paz depende de todo el proceso comunicativo que hay (el qué, el cómo, el cuándo, el porqué, la intención y la retroalimentación). Desde perspectivas etnometodológicas y teorías de sistemas, llevado a la coyuntura nacional, se analiza la relación entre la comunicación imaginada para la paz y la hibridación cultural colombiana, lo que le permite al autor identificar las problemáticas que persisten después de más de 60 años de conflicto.

“Terceros en la JEP: transición, actores de veto y producción de narrativas sobre el conflicto” (Federico Lozano Navarrete). El capítulo aborda uno de los temas más controversiales del Acuerdo de Paz, el cual es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este particular ha estado en crisis desde el momento en que se implementó, en este sentido el autor, por medio de un análisis intertextual, discute las modificaciones que ha tenido este punto en relación con la comparecencia de terceros ante la JEP, con el fin de entender los aspectos funcionales y temáticos que han llevado a que el Acuerdo siga inmerso en una serie de limitaciones y contradicciones después de cinco años. “Acompañamiento ético-político y comunicación digital para la gestión de las conflictividades en el posacuerdo” (Johann Pirela Morill y Amparo Novoa Palacios). A partir de una investigación descriptiva-analítica, bajo un método de investigación documental, el capítulo aborda, por medio de categorías del ámbito académico y de intervención psico-social, el tema de la maximización y aprovechamiento de la comunicación mediante los canales que ofrecen los dispositivos digitales. El capítulo plantea que estas plataformas se han convertido en el espacio por el cual sujetos subalternos u oprimidos pueden comunicarse, lo que lleva a tener procesos flexibles y abiertos que conduzcan a develar la verdad en términos de justicia, verdad y transparencia, debido a que con estos se puede visibilizar diferentes puntos de vista. “Interculturalidad y educación para la paz: desafíos desde la educación superior en Colombia” (Myriam Fernanda Torres Gómez). El texto a través de una investigación documental y etnografía presenta los problemas y desafíos que poseen las universidades en sus procesos formativos al momento de tratar temas como la interculturalidad y educación para la paz. La autora invita a salir de las fronteras de las estructuras sociales para así impulsar una educación basada en la cooperación que apunte a una construcción de país. “Info-comunicación educativa para la construcción de una paz duradera en Colombia. Algunas estrategias” (Johann Pirela Morillo, Yamely Almarza Franco y Luis Fernando Sierra Escobar). Se trata de un capítulo en el que se realiza el análisis sobre la importancia de la info-comunicación educativa. Los autores

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determinan que es una opción innovadora para lograr en el país una paz duradera, debido a que es un medio que permite visibilizar los procesos vividos en los territorios, de modo que se fomente la memoria social, cubriendo falencias generadas por otros formatos.

“El discurso periodístico y la cultura de paz en el Ariari y la región metense” (Julio César Rodríguez García, Jairo Quintero Martínez y Paola Consuelo Ladino Marín). ¿Cómo la prensa presentó, a través del discurso periodístico, acciones a favor de la construcción de cultura de paz en la región metense en el primer año de gobierno del presidente Duque? Esta es la pregunta por la cual los autores indagan en este capítulo, con el fin de examinar que, en torno al tema de paz, el discurso periodístico es una variable importante y determinante porque es uno de los factores que permite construir una cultura de paz; además, los autores desarrollan y examinan su planteamiento a través de un caso de estudio.

“Los diálogos de paz en Colombia en la perspectiva de Marvel Studios” (Yebrail Castañeda Lozano). El trabajo con el que se cierra esta primera parte trae un análisis diferente, desde la perspectiva del Universo Cinematográfico de Marvel, el autor hace una de metaforización entre los filmes y los diálogos de paz. Este trabajo toma en cuenta diferentes categorías de las películas, las cuales permiten entender que el ideal que busca toda persona es tener políticas y políticos que ofrezcan libertades, beneficios económicos y tranquilidad material.

Segunda parte: lecciones aprendidas de la crisis “Retos de la reparación integral a víctimas en el exterior en un escenario de posconflicto” (Ginna Marcela Rojas Quinche). A la luz del quinto punto sobre víctimas, pactado en el Acuerdo de Paz, este capítulo pretende ilustrar el impacto que puede tener el posconflicto sobre la reparación integral de las víctimas, en particular, aquellas que se encuentran en el exterior. A través de un análisis cualitativo de fuentes secundarias empleadas para describir, comparar y dar un desarrollo explicativo a la temática, la autora plantea el estado actual de la problemática y sus implicaciones, además de hacer una reflexión sobre las medidas institucionales que se deben tomar para enfrentar los retos de la reparación a víctimas que se encuentran en el exterior.

“Construcción de paz y régimen político: los casos de Colombia, Perú y El Salvador” (Javier Fernando Torres Preciado). Este capítulo es un texto abordado desde el método comparado, que busca contrastar la desactivación de los conflictos que tuvieron lugar en Colombia, Perú y El Salvador, para evidenciar cuál es el papel que juega el régimen político en la consolidación de la paz. El capítulo realiza una reflexión sobre el contraste entre la teoría y la evidencia

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encontrada en estos tres países, bajo las particularidades y factores claves identificados en sus respectivos contextos.

“Transformaciones en el relacionamiento de Colombia con Ecuador y Venezuela a partir del posconflicto” (Emilmar Sulamit Rodríguez Caldera y David González Cuenca). Los autores realizan aportes clave para entender cómo fue el proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano y su incidencia en la transformación de las relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela, tras la firma del Acuerdo de Paz. El capítulo toma en cuenta elementos de irrupción y continuidad entre las relaciones de estos países, los actores colombianos e internacionales involucrados, en especial de Estados Unidos, y la incidencia del enfoque político de los respectivos gobiernos.

“Aportes al modelo de justicia transicional colombiano, desde las experiencias de Guatemala y El Salvador” (Laura Catalina Pérez Cortés). A través de una investigación cualitativa de carácter comparado, la autora analiza los modelos de justicia transicional empleados en Guatemala y Ecuador, en los que reconoce problemáticas evidenciadas en su implementación, que el caso colombiano debe tomar en cuenta para prevenirlas y así fortalecer su proceso. Del mismo modo, el capítulo identifica los principales retos de Colombia tras la firma del acuerdo, tomando como referentes algunas experiencias destacables de estos dos países. “La política exterior colombiana frente al posconflicto” (Luis Guillermo Muñoz Angulo y José Armando Hernández Bernal). En relación con los capítulos anteriores, este texto también aporta a la descripción del posconflicto colombiano de cara al relacionamiento del país con otros actores del Sistema Internacional. Esta vez, a través del reconocimiento de los cambios y las continuidades de la política exterior colombiana antes y durante la negociación del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, en sus dos periodos de mandato. Para ello, el capítulo se desarrolla a través de una metodología cualitativa que contempla el análisis y revisión bibliográfica de documentos oficiales.

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Primera parte Comunicar la crisis

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¿Comunicar para transformar el conflicto o para reafirmar la paz en crisis?: reflexión desde las nuevas agendas mediáticas Hugo Fernando Guerrero Sierra* Jaime Andrés Wilches Tinjacá** ∗ Doctor Cum Laude en Relaciones Internacionales y Globalización de la Universidad Complutense de Madrid, abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor e investigador en diferentes centros académicos de España, Estados Unidos y Colombia. Investigador del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CIS) de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja. Profesor-investigador titular de tiempo completo y director del Grupo Interdisciplinar de Política y Relaciones Internacionales (GIPRI), categoría A1 de Colciencias, de la Universidad de La Salle, Colombia. Correo electrónico: hfguerrero@unisalle.edu.co ∗∗ Doctor Cum Laude en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, comunicador social y periodista de la Universidad Central. Politólogo grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia. Docente-investigador del programa de Administración Pública del Politécnico Grancolombiano y catedrático de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Correo electrónico: jwilches@poligran.edu.co

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Introducción Para la sociedad global, los medios masivos de comunicación se han convertido en ese canal por el cual se obtiene y se comparte información de diferente índole (entretenimiento, formativa, noticiosa, educativa, etc.), a través de la variedad de contenido que difunden; lo que ha permitido, al mismo tiempo, que se posicionen como la principal y única herramienta informativa con un alcance masivo, logrando como resultado una sociedad intercomunicada e informada. Antes, por ejemplo, no se contaba con la tecnología necesaria para comunicar lo que sucedía dentro o fuera de un país, por lo que las personas solamente conocían lo que ocurría en su entorno; es así que a través de los medios de comunicación surgieron mecanismos tales como los noticieros para suplir esta necesidad. En la actualidad, los noticieros son uno de los espacios en donde se anuncian tanto acontecimientos nacionales como internacionales, generando una actitud más activa y partícipe de la gente dentro de asuntos públicos y sociales; puesto que, al estar enterados de dichos acontecimientos, incluyen esta información dentro su vida cotidiana, reestructurando sus percepciones, lo que conlleva a que los medios de comunicación generen influencia en ideologías, pensamientos, gustos o actitudes.

En Colombia, por un largo tiempo, las noticias giraron en torno a un tema en común, este era sobre los estragos y saldos que dejaba el conflicto armado interno, conflicto que se desarrolló por más de 50 años en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Esta situación de inseguridad era una y otra vez informada y señalada, se había convertido en la cotidianidad del país. Por ello, los medios de comunicación para llamar la atención al momento de transmitir este tipo de noticias acogieron narrativas transadas por el drama, miedo, paranoia y estereotipación en su cubrimiento, estableciendo la violencia armada como una tragedia. Bajo esta realidad los titulares de los diarios y noticieros se centraban en anunciar secuestros, masacres, desplazamientos forzados, combates entre la Policía Nacional o el Ejército Nacional y las FARC-EP, entre otros acontecimientos; además, en la mayoría de casos estos titulares iban acompañados con cifras, por ejemplo: “Ofensiva de FARC deja 20 muertos” (Redacción Nacional, 2000) o “La guerrilla de las FARC mata a 11 militares en medio de la tregua” (Reyes, 2015), provocando un mayor impacto en los receptores. Es así que, esta estrategia de cubrimiento generó que la narrativa del conflicto armado, al pasar por la influencia de los medios, originará la formación de una opinión pública negativa y de pánico generalizada hacia las FARC-EP y sus acciones, pero que, de igual forma, se banalizará la violencia, generando intolerancia e indiferencia (Bonilla y Tamayo, 2007) en las zonas alejadas del conflicto. Lo anterior, dio cuenta de que por medio de este tipo de narración

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se reprodujeran comportamientos en la sociedad colombiana, ya que, como lo indica Anania (2010), los medios logran moldear la conciencia colectiva. La televisión especialmente utilizó y estableció este tipo de cubrimiento en la narrativa de estos sucesos, dado que, la forma en que estructuran las noticias no es para que sean leídas o escuchadas, sino para que sean vistas (rating), y al ser un medio que ofrece una conversación a través de imágenes (Postman, 2001), se genera así un mayor impacto. Por tal motivo, los noticieros se convirtieron en uno de los líderes del prime time (Revista Semana, 2017), la exposición de noticias bajo una narrativa dramática generó que este contenido no solamente se presente para informar, sino para entretener (Postman, 2001). Además, este medio se sirve de su propagación masiva para que su divulgación sea superior, como lo reveló la encuesta realizada por Kanter Ibope en el 2017, en el que el 99 % de los colombianos ven televisión, siendo este el medio más consumido en el país (Revista Semana, 2017), manteniéndose con el paso de los años (Mariño Espinosa, 2019).

Para el 2016, se firma el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, lo que cambió las dinámicas del país en cuanto a los temas de inseguridad y conflicto. A partir de este suceso, se entró a un contexto de posacuerdo con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, este periodo dio paso a que “las actividades de reintegración y rehabilitación se pudieran iniciar” (Fride, 2006, p. 228, citado por Molano, 2015, p. 59). En este mismo periodo, se crea el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) quedando en el pasado el grupo guerrillero. Nuevas políticas se abren paso, los excombatientes entran a un proceso de reintegración y la sociedad inicia un proceso de aceptación, de modo que, este nuevo contexto cambió la situación en el país, por lo que se configuró, de igual forma, el punto focal (la agenda) de las noticias en temas sobre el conflicto y la violencia.

Las acciones como secuestros, masacres, extorsiones, entre otras, que generaba el conflicto armado a nivel nacional empezaron a disminuir, como lo relata la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): “el mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia” (2018, p. 14). Un ejemplo de lo anterior es que los desplazamientos pasaron de un poco más de

120 000 en 2016 a 75 000 en 2017, el número de secuestrados en el 2017 estuvo en

su nivel más bajo de las últimas tres décadas, y la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 34 a 24 puntos, ese mismo año (Pares, 2018). De tal manera que si hubo una notable mejoría en la seguridad del país en el tema del conflicto armado.

En los años anteriores al 2016, las noticias se concentraban en los acontecimientos que involucraban la violencia armada principalmente por parte de las FARC-EP. En el momento en que se firmó el Acuerdo de Paz, los medios de comunicación se

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quedaron sin agenda en temas de violencia, el número de acontecimientos era menor por parte de los otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares. Por ende, desde ese momento las noticias cambiaron su punto focal, descubrieron una dimensión de la violencia que siempre estuvo latente, pero que fue opacada por los sucesos del conflicto armado en el país, y es en este punto que los medios optan por cubrir uno de los conflictos más complejos que existe: los conflictos urbanos. Las ciudades albergan diversidad de problemas como la inseguridad, el desempleo, la convivencia ciudadana, entre otros. Además, sumados con problemáticas psicosociales como el ritmo acelerado de la vida, el estrés o la pérdida de identidad, se generan conflictos que se experimentan de manera asimétrica y heterogénea (Pérez, 2013). En ciudades tan complejas como Bogotá, Medellín y Cali estos conflictos resultaron en actos violentos, por lo que los medios empezaron a cubrir estos sucesos de la violencia urbana, es así que se implementó la misma estrategia narrativa de miedo, paranoia y estereotipación utilizada en el conflicto para mantener la atención, debido a que, para este tipo de noticias, los televidentes “privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo” (Bonilla y Tamayo, 2007, p. 28). De tal manera que, bajo este tipo de cubrimiento, las noticias se prestan para ser manipuladas y sesgadas para generar el rating y la influencia necesaria. En relación con esto surge y se manifiesta una preocupación sobre la calidad periodística y los valores presentes al momento de cubrir una noticia, especialmente, cuando se trata de temas que generan un impacto social como el conflicto y la violencia. Estas preocupaciones se han transformado en críticas hacia los medios, críticas que se han prolongado con el tiempo, estas existen desde la década de 1950, en general, se critica el papel de los medios al ser percibidos como máquinas estandarizadoras que solo promueven una felicidad conformista o que son los mecanismos que han estandarizado realidades sociales y políticas como un show (Wuest, 2005). Aunque las inconformidades varían con las épocas, estas han quedado en la denuncia, por lo que ni un cambio o transformación ha surgido; se visualiza el problema, pero no se hace nada para solucionarlo.

Es así que, el propósito del capítulo es identificar las estrategias que han sido utilizadas por los medios al momento de informar acontecimientos relacionados con temas de inseguridad y violencia, exponiendo así las prácticas de cubrimiento periodístico utilizadas que, en concordancia con lo expuesto anteriormente, no es la narrativa más acertada. Por esta razón, se busca proponer un cambio de estas estrategias desde la comprensión de la seguridad multidimensional, la pedagogía del Acuerdo de Paz y la alfabetización mediática, ya que surge la necesidad de que los medios asuman con responsabilidad la forma en que narran la conflictividad social en Colombia. Puesto que no debe ser un

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relato simple y vacío que solo busque entretener, sino que debe apuntar a crear conciencia y un cambio de la percepción de la sociedad ante esta realidad, por medio de transformaciones culturales.

Por consiguiente, en vía de cumplir este objetivo, el capítulo se divide en tres partes. En la primera parte se expondrá a través de teorías comunicativas el papel de los medios sobre comunicación-conflicto y violencia, buscando determinar si los medios se han basado en ideas repetitivas y cómodas, lo que ha llevado a que el contenido presentado se perciba solamente como una forma de entretenimiento (teleshow), lo que contribuye a la manipulación de los medios a través de la información sesgada que se presenta. En la segunda parte se presentará el problema que ha surgido en la narrativa de los conflictos y la violencia por parte de los medios en un escenario de posacuerdo, ya que se desconoce otro tipo de narrativas y se ignora las perspectivas multidimensionales de la seguridad y el conflicto. Finalmente, en la tercera parte se propone la formación de periodistas y comunicadores con capacidad de entender, desde una perspectiva de seguridad multidimensional y pedagogía de la paz, la necesidad de implementar nuevas narrativas, comprendiendo que los medios de comunicación son orientadores de la realidad y no solamente transmisores de entretenimiento. Lugares comunes para entender a los medios Los medios en su forma han evolucionado y han ido adaptándose según las dinámicas que requiere el mundo, pero las ideas y las estrategias que han adoptado al momento de transmitir la información se ha mantenido a través del tiempo, ya que el proceso de narrativización, como lo indica Ford (1999), se ha mantenido “orientado más a alimentar el imaginario social que a fomentar el uso público de la razón” (citado por Bonilla y Tamayo, 2007, p. 44). Por lo que, las narrativas que logran generar un interés público se mantienen y se propagan, ya que se busca ocasionar el mayor el impacto posible en las personas para que sigan consumiendo el material transmitido por el medio, como en el caso de la televisión, este privilegia el código narrativo del drama como rasgo distintivo de entretenimiento en sus emisiones (Pinto Lobo, 1995). El papel que juega los medios de comunicación ha generado que diferentes teorías se embarquen en el estudio y análisis sobre su rol, influencia y su relación con los receptores de contenido. Entre estas teorías se encuentra la Agenda Setting, esta teoría reconoce que los medios no influyen sobre lo que una persona piensa u opina de determinado tema, pero sí son los que establecen la agenda sobre cuáles son los temas más importantes del día, declarando a cuáles se les da prioridad en la opinión pública (Rodríguez Díaz, 2004).

Por lo tanto, los medios a través de sus narrativas jerarquizan los temas más importantes para la sociedad, como fue en su momento el conflicto armado en Colombia; por ende, la manera en que se cubría las noticias de este tema fue a

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través de estrategias de drama, miedo, paranoia y estereotipación, lo que generó que este suceso fuera relevante y entrara en la esfera de la opinión pública. Esto evidencia que los medios manipulan la información por medio de su narrativa, “buscando entretener y no dividir o polemizar, teniendo en cuenta que cuando más amplia es la audiencia que se quiere alcanzar, más hay que esforzarse en limar sus asperezas, banalizando y despolitizando sus contenidos”. Además, como lo indica la teoría, “existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los medios de difusión y los que interesan a sus audiencias” (López-Escobar et al., 1996, citado por Rodríguez Díaz, 2004,

p. 16), así que los temas que los medios vuelven interesantes, asimismo, lo son

para las personas, por lo que el factor de entretenimiento dentro de estas noticias se vuelve crucial. Por esta razón, nuevos temas como la violencia urbana se siguen informando bajo estrategias narrativas de drama, miedo, paranoia o estereotipación para volverlo entretenido y llamativo. Esta práctica de cubrimiento periodístico se ha basado en lo mismo, debido a que ese tipo de narrativa garantiza que estos temas se encuentren en la agenda pública, ya que los medios le dan un lugar prioritario.

Por otra parte, Marshall McLuhan con su aviso “el medio es el mensaje” constituye una nueva teoría, esta establece que el medio por el cual se transmite el mensaje es lo más importante y no el mensaje como tal. El autor con esto resalta que, la idea no es prestarle tanta atención al contenido, si se quiere entender lo que ocurre y captar el verdadero mensaje, lo esencial es fijarse en el medio, ya que este es el que influye en el contenido del mensaje, siendo así los medios los que ejercen influencia de manera individual o colectiva (Strate, 2012). La televisión se ha servido de esta teoría debido a que su función no se concentra en el mensaje (palabras) solamente, sino que este medio al contar con ayudas visuales y sonoras transmite el mensaje que desea de manera indirecta en su totalidad, sirviéndose así de estas herramientas para generar algún tipo de influencia y propagar así su efecto. Los programas que hacen parte de este medio pueden configurarse para transmitir lo que deseen, sirviéndose de todo tipo de ayudas, por ende, la pregunta no es ¿qué transmite?, sino ¿cómo lo transmite?

Por esta razón, los noticieros se han convertido en un show más de la televisión (teleshow), como lo indica Postman (2001), aquí lo que genera impacto no es la noticia en sí, sino todo lo que abarca el medio, como “la buena apariencia del personal, su inclinación a la burla amable, la música estimulante que abre y cierra el diario, las pintorescas secuencias filmadas, la publicidad atractiva” (p. 91). Esto ha conllevado a que los informes de noticias de carácter violento no sean tomados con la relevancia que debería, ya que se percibe que son situaciones exageradas (dramáticas, paranoicas, estereotipadas), por lo que no se

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deben tomar seriamente, ni con motivo de preocupación porque todo está bajo un formato de entretenimiento.

La forma en que se transmiten las noticias es para que sean solamente visualizadas, por lo tanto, dentro de la práctica de cubrimiento, los presentadores adquieren un rol importante, puesto que son la imagen principal. Entonces, características como su forma de hablar o vestir, y sus expresiones faciales adquieren importancia, por ejemplo, al momento de no manifestar miedo o angustia en el relato de una mala noticia, el presentador genera que los televidentes se sientan cómodos (Postman, 2001).

En general, los noticieros han dado relevancia a noticias de carácter violento, debido a lo cual, en el momento de cubrirlas, lo realizan de una manera en particular para que el contenido llame la atención, dando paso a la espectacularización mediática de la violencia. Y al ser un medio que cuenta con un gran número de seguidores su propagación es mayor, lo que estimula el rating y da como resultado que el tema se establezca en la opinión pública. Es así que, estas dos teorías permiten analizar qué rol han desarrollado los noticieros al momento de transmitir su mensaje y establecer una agenda pública. Sin embargo, como consecuencia de estas prácticas, se ha generado que la información sea sesgada, debido a que los acontecimientos transmitidos han sido previamente seleccionados y caracterizados bajo un tipo de cobertura en especial, lo que difiere con el acceso libre, verídico y parcial de la información, poniendo en juicio la credibilidad y los valores del ejercicio de periodistas y comunicadores. De modo que, la información divulgada por los medios puede estar distorsionada, lo que genera al mismo tiempo una distorsión en la sociedad. Los medios, a través de la información que difunden, forman y moldean la opinión pública, en otras palabras, moldean las conciencias colectivas, por lo que, al manipular y sesgar la información, se causa un error en la veracidad y análisis; ya que para la mayoría de las personas la información transmitida por los medios refleja la realidad en todo sentido, por lo tanto, al recibirla se vincula directamente a la percepción que se tiene de esta (Anania, 2010), generando así un impacto en creencias y comportamientos. En este punto, la forma de cubrimiento periodístico toma aún más peso, puesto que determina qué tan rápido se capta la atención de la gente y cómo influye. Por esta razón, este tipo de manipulación ha hecho que los temas relacionados con el conflicto y la violencia hayan dejado de ser un tema con impacto social a ser considerados un producto de alto consumo (Parra y Domínguez, 2004).

En consecuencia, nacen teorías críticas como las teorías de la recepción. En primera instancia, estaba la teoría propuesta por la Escuela de Frankfurt, la cual asumía que los receptores de contenido eran actores pasivos y en el momento que los medios le transmitían información la aceptaban como tal.

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No obstante, de esta primera concepción derivaron otras dos teorías: culturológica y recepción activa. Ambas dan paso a que, actualmente, los receptores de los medios dejen de ser vistos como unos actores pasivos y sin criterio que se dejan influenciar, en cambio, se consideran como actores activos que generan distintas lecturas y análisis de los mensajes que reciben (Alcocer Cruz, 2013). De esta forma, bajo las teorías de la recepción se invita a una lectura crítica de los medios, ya que “un individuo educado para la recepción se apropia de los mensajes, los asimila y los transforma en experiencias de vida que confronta con los grupos a los que pertenece, convirtiéndose así de sujeto en receptor activo, muy alejado del receptor-consumidor” (Alcocer Cruz, 2013, p. 234). Como lo señala Jenkins (2008), bajo esta teoría, la sociedad no solamente recibe la información, sino que genera un acto de transformación de las situaciones planteadas y se anima a buscar nuevas alternativas, para deconstruir y reinterpretar las realidades establecidas (citado por Orozco, 2011), como, por ejemplo, sería el caso de pasar de las narrativas de violencia y conflicto a narrativas de paz en el país, en los medios de comunicación. Situación en la cual es necesario un cambio de mentalidad para llevar a cabo la apropiación de esta práctica, transformando así el estilo de vida, de manera que influya bajo este discurso en nuevas prácticas sociales.

De esta forma, por medio de la recepción, la persona es capaz de no dejarse influenciar por las estrategias utilizadas en los medios, expuestas bajo la teoría de Agenda Setting y “el medio es el mensaje”, lo que generaría una visión más crítica de la información que se divulga. Aunque la transformación social bajo la teoría de la recepción es lo ideal, el problema que ha tenido estas teorías, es que se han quedado en el denuncismo, no se ha generado ninguna reconfiguración ya sea en tema de narrativas, contenido, forma de transmisión, etc., por lo que las prácticas tradicionales se siguen llevando a cabo. Además, existe en la sociedad una falta de interés para generar una reestructuración, dado a que la televisión y, en general, los medios cuentan con un gran poder de credibilidad en Colombia, por lo que de manera apremiante no se visualiza la necesidad de una transformación de este tipo.

El último informe de la Corporación Latinobarómetro (2018) dio como resultado que el nivel de confianza que tiene el país hacia los medios estaba en un 43 %, comparado a nivel Latinoamericano se encuentra en el promedio. Por otra parte, una encuesta realizada por Gallup Colombia, en el 2019, reveló que el

55 % de colombianos tienen una opinión favorable de los medios de comu-

nicación. Es así que, la percepción en general de los medios en el país no es negativa, pero no cuenta con porcentajes extremadamente altos, de tal forma que, si es necesario que haya una reconfiguración de los medios que contribuya a la transformación de estos y se adapten a las necesidades actuales, como

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implementar narrativas para la paz, para así mejorar en temas de confianza y credibilidad, puesto que no es necesario que todo vaya en vía de ser un show. Por el momento, es preciso establecer una agenda cimentada en nuevos valores y nuevas narrativas, dejando totalmente atrás la época de violencia. Aunque en la agenda de los medios el tema del conflicto armado con las FARC-EP ya no tiene mucha presencia, la violencia urbana, la criminalidad y la delincuencia común son los temas principales (Alba Gutiérrez, 2009), siendo necesario cambiar la forma en que se cubre este tipo de noticias por parte de los medios, para así eliminar ese discurso de violencia que sigue primando en el país, tras la firma de un acuerdo de paz, no solamente en el tema noticioso, sino en general. Por tal razón, es necesario que los medios participen, ya que cuentan con el poder de establecer imaginarios y contribuir a las transformaciones de culturas de la violencia y conflictividad.

Uno de los pasos más importantes para pasar de un contexto de violencia a uno de paz es la transformación del lenguaje de la violencia. Al dejar esta narrativa atrás se empieza a generar la apropiación de este nuevo contexto de posacuerdo (Ramírez-Orozco, 2018), por lo que toda acción girará en torno a este, transformando así el ámbito, personal o social de la vida de cada individuo. Las dinámicas de un contexto pacífico dan pie a que las transformaciones sociales se cumplan con cabalidad.

Los medios de comunicación gracias a su nivel de difusión pueden llamar la atención y alentar a la ciudadanía, para que esta transformación se haga en conjunto, porque no vale de nada cambiar las narrativas si no hay un cambio en el ámbito civil que construya y promueva ambientes de paz; además el papel influyente de los medios puede moldear opiniones y percepciones de este tema. La construcción de estos entornos no se debe basar en intereses políticos, sino que requiere la participación social para generar una transformación cultural en temas de violencia y conflicto.

Medios de comunicación y posacuerdo Las acciones violentas del conflicto armado invadieron todos los medios de comunicación, estas se convirtieron en la noticia principal de la radio, los periódicos y los noticieros, por lo que los periodistas y comunicadores se acostumbraron a cubrir este tipo de noticias de manera constante, casi cotidiano. Además, este cubrimiento periodístico en Colombia estuvo marcado bajo una narrativa de drama, miedo, paranoia y estereotipación, lo cual permitió generar interés en la gente al momento de informarse, manteniendo este tema en la opinión pública, tópico que se convertiría en la realidad diaria del país, originando sentimientos de temor y desconfianza. Pero, a su vez, este tipo de narrativa dio paso a que se concibiera estas noticias como un informe más de entretenimiento,

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banalizando la violencia y creando indiferencia en parte de la población colombiana, provocando que formas de violencia se siguieran reproduciendo. Al terminarse el conflicto armado, las noticias de violencia y conflicto se enfocaron principalmente en temas de violencia urbana, estas se cubren bajo la misma narrativa periodística del conflicto armado, pese a que el país ahora se encontraba en un contexto de posacuerdo. Se esperaba que las narrativas que giraban en torno a la espectacularización de la violencia ya no tuvieran lugar en los medios; puesto que se tenía que dar el paso a nuevas narrativas, en este caso narrativas para la paz, lo que ayudaría a cerrar definitivamente ese ciclo de violencia que marcó al país. Lo anterior, debía suceder en la medida en que los medios, como la televisión, tienen la capacidad de generar producción simbólica que construyan imágenes y valores en la cultura, por medio de la información que divulgan.

Por tal razón, los medios y periodistas deberían aprender y ejecutar nuevas estrategias narrativas basadas en la pacificación, redefiniendo la forma en que se entendía y se cubría la violencia. No obstante, ni los medios ni los periodistas se capacitaron para cubrir esta nueva realidad bajo nuevas dimensiones de violencia en un contexto de posacuerdo, en mayor parte se debe al interés por difundir noticias sobre grupos armados con el fin de generar más rating, esto deja a un lado la preparación para cubrir y entender la agenda de la paz, la agenda de un nuevo contexto social (Bonilla et al., 2018). En cierta medida, “los ‘hechos de paz’ viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, dramático e impactante” (Bonilla y Tamayo, 2007, p. 28). El periodismo de paz es el “modo de contar los eventos relacionados con conflictos violentos que resalta las formas no violentas en las que la sociedad responde a los contextos de violencia” (Arteaga et al., 2012, p. 6). En este sentido, los periodistas tienen la tarea de traducir los conflictos en su camino hacia la reconciliación, además, entre las características de este tipo de periodismo se destaca que en sus narrativas no establecen ganadores ni perdedores, y humanizan a los actores presentes en el conflicto (Arteaga et al., 2012; Castrillón, 2014). En Colombia, se debería aprender sobre este periodismo y narrativas de paz, ya que el cubrimiento de estos asuntos ayuda a comprender que es la guerra o un conflicto armado y así usar el lenguaje correcto al momento de narrar actos violentos; ya que bajo este modelo se fomenta la credibilidad de los medios, vigorizando un trabajo responsable por parte de periodistas y comunicadores, al momento de controlar excesos o sesgos informativos (Bonilla et al., 2018). Los medios formarían un mecanismo para la construcción social y reconciliación, suscitando a que el Gobierno, instituciones, victimarios, víctimas y la sociedad civil empiecen a involucrarse en esta realidad, por medio de la visualización y exposición de logros. Los medios juegan un papel importante en el

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establecimiento y difusión de modelos de conducta social, por lo tanto, si el periodismo cambia y establece esta nueva narrativa, generarían un impacto en las dinámicas sociales, ya que por medio de la promulgación de noticias y acontecimientos bajo esta percepción se moldea la conciencia colectiva, logrando que se dé un paso hacía la pedagogía por la paz.

Lo anterior, es una oportunidad para impulsar la idea de que las expresiones violentas son fenómenos culturales aprendidos, por lo cual es posible dejarlos de propagar, evitando recaer en el círculo de la violencia que acongoja a la sociedad colombiana. Adicionalmente, refuerza el concepto de que el conflicto no está vinculado necesariamente a la violencia, pues evidenciaría que una situación de conflicto no es una experiencia negativa ni agresiva, sino que puede derivar en acuerdos para el crecimiento social (Castrillón, 2014). De esta forma, es importante que los medios no desconozcan la narrativa de la paz porque estarían ignorando las perspectivas multidimensionales de la seguridad y el conflicto. Sin embargo, en este escenario de posacuerdo esta narrativa no ha sido acogida ni por los medios ni por los periodistas, es así que las noticias transmitidas actualmente están cargadas de “banalidad, fragmentación, incertidumbre y espectáculo” (Bonilla y Tamayo, 2007, p. 86). Se mantienen las narrativas tradicionales que difunden los medios bajo las perspectivas del drama, el miedo, la estereotipación, el impacto y la espectacularización; provocando, como se ha expuesto anteriormente, que los hechos relacionados con acciones de violencia tengan una mayor relevancia e impacto, dejando de lado otros temas, temas que se relacionan con la paz, por ejemplo.

Estrategias narrativas En el momento en que el conflicto armado con las FARC-EP finalizó, los medios se quedaron sin agenda mediática, es entonces que se toma como punto focal o nueva agenda la violencia urbana. En este instante, se vuelca toda la estrategia de divulgación, que se tenía para el conflicto armado, al cubrimiento de sucesos enmarcados en esta problemática urbana, de tal manera que el punto focal dio paso a percepciones y sentimientos de temor, desconfianza y vulnerabilidad en la sociedad, tal como se analiza a continuación.

Sensación de presencia Entre las estrategias de divulgación utilizadas por los medios se encuentra la sensación de presencia o la sensación mediática, esta consiste en hacer ver que el delincuente, criminal, violador, etc., “está entre nosotros, habita en cualquier parte y puede atacar en cualquier momento” (Bonilla y Tamayo, 2007, p. 47). A través de esta estrategia deja de existir una sensación de seguridad, al contrario, se genera una impresión de que se está en peligro en todo momento y lugar. Es evidente al leer titulares como los siguientes:

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• “Alrededor de 55 niñas y adolescentes son violadas en Colombia cada día”

de RCN Radio (11 de julio de 2019).

• “Cada día de 2019, dos personas fueron asesinadas para robarles” de El

Tiempo (11 de enero de 2020).

• “Cada dos días hay un robo en los restaurantes de Medellín, reportan

comerciantes” de La República (12 de febrero de 2020). La sensación de presencia se establece en la cotidianidad, los problemas y la violencia que se divulgan no son sucesos lejanos, por lo tanto, deriva en una sensación de temor en las personas, de que ya no hay un entorno seguro; puesto que situaciones como el robo, homicidio o secuestro suceden en todo lugar como lo informan las noticias. Además, bajo esta narratividad se establece el imaginario de que el peligro está acechando en todo momento, lo que resulta en un temor constante a que algo malo suceda cuando se está en casa o fuera de ella. De igual forma, con la sensación de presencia se rompen relaciones con todo lo desconocido, ya que no existe la confianza en alguien extraño, una persona puede ser alguien muy bueno o alguien muy malo. Por ejemplo, al escuchar noticias de violadores o asesinos seriales, la sensación de presencia se hace inminente en términos de que el agresor puede ser un familiar, un vecino o alguien que vivía a kilómetros. La forma en que se cubre la noticia genera que se desconfíe de todo mundo, pues al momento en que describen al agresor lo hacen de una manera tal que cualquier persona cabe en esas cualidades. Asimismo, cuando se transmite una noticia como esta, se genera que situaciones que se veían lejanas ya no lo sean, por ejemplo, el agresor vivía en la misma ciudad o la edad de la víctima es la misma que la del receptor, por lo que la presencia de peligro vuelve.

Figura 1. Noticia de un violador serial.

Fuente: Noticias Caracol (s.f.).

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Esta estrategia de divulgación de noticias genera miedo e incertidumbre (figura 1), debido a que manifiesta el peligro que puede ocurrir en cualquier momento, por lo que directamente produce que haya una exigencia en términos de seguridad por parte del Estado y sus instituciones, como sucedía bajo la situación del conflicto armado con las FARC-EP. Esto también estimula a la ciudadanía para exigir una apropiada seguridad nacional, ya que los estragos generados por el grupo guerrillero sucedían en diferentes puntos del país y en diferentes formas, lo único que se sabía era que existían.

Paranoia de la noche Otra estrategia en la narración de violencia urbana que ha establecido principalmente la televisión es como se concibe la noche en términos de seguridad. Los noticieros han creado secciones especiales en los cuales le informa a la ciudadanía qué ocurre mientras ellos duermen, por ejemplo, “El ojo de la noche” de Noticias Caracol (figura 2), “El noctámbulo” de CityNoticias (figura 3) y “El patrullero de la noche” de Noticias RCN (figura 4).

Estas secciones en los noticieros, primero, divulgan el mensaje de periodistas que no duermen, como las ciudades que no se detienen, asimismo, los sucesos a reportar no lo hacen, por lo que siempre hay una noticia por cubrir. Segundo, las noticias que transmite estas secciones son siempre noticias que tratan temas de conflictos y violencia urbana, por lo que exponen indirectamente el mensaje de que en las noches en la ciudad ocurren estragos, mientras la mayoría de las personas se encuentran seguras en su casa descansando. Esta idea lo que hace pensar es que, la noche no es un momento seguro para las personas en las calles, por lo tanto, se empieza a formar una paranoia de la noche.

Figura 2. El ojo de la noche.

Fuente: Noticias Caracol (s.f).

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Figura 3. El noctámbulo.

Fuente: CityNoticias (s.f.).

Figura 4. El patrullero de la noche.

Fuente: Noticias RCN (s.f.)

La noche bajo esta narrativa se empieza a concebir como un horario más peligroso respecto al día, y aunque sucedan más conflictos y acontecimientos en el día que en la noche, la percepción que se tiene en temas de inseguridad es mayor en este horario, lo que influye en la manera en cómo se cubren estas noticias y se transmiten. Por ejemplo, los presentadores siempre mantienen una actitud serena sin importar el acontecimiento que estén narrando, como lo indicaba Postman (2001), esto es necesario porque le da tranquilidad al televidente, por lo que la noticia no genera un gran impacto siguiendo así el programa en su línea informativa y de entretenimiento.

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Estructura del miedo Los informes de violencia urbana presentados por los noticieros, como se ha mencionado anteriormente, siguen una narrativa en particular. Se trata de una línea dramática, estereotipada o sensacionalista, como se quiera interpretar, que ha contribuido a la creación de una estructura del miedo o cultura del miedo, lo cual es definido como “el temor generalizado que se genera con el fin de influenciar en el comportamiento de las personas” (Orts-Gil, 2015, párr. 4). Las noticias influyen en la construcción de esta estructura, al leer titulares como:

• “Estos son los días que más roban en Bogotá” de El Tiempo (26 de agosto

de 2020).

• “Estaciones de Transmilenio donde más roban, según Concejo de Bogotá”

de El Tiempo (27 de enero de 2020).

Al momento de que una persona pueda sentirse expuesta (miedo) a una situación peligrosa, en este caso, una situación de robo, se genera en él un escenario en el que la persona debe tomar inmediatamente un código de comportamiento con el cual se busca prevenir y vigilar. La concepción que se tiene de los otros y del entorno cambia, por lo que toda acción que haga el individuo buscará salvaguardar y proteger tanto su integridad como su propiedad material. El miedo logra moldear comportamientos (salir en un horario definido, caminar sí o no por cierta calle, portar armas de fuego para protección personal) y es capaz de generar adaptaciones socioculturales.

Violencia física, poco análisis sobre sus causas Los medios de igual forma manipulan o sesgan la información que emiten, lo que genera que presenten la información que desean. En la televisión, en promedio, un informe se demora menos de un minuto, por lo cual no hay tiempo para explicar sus implicaciones o generar un análisis de las causas que llevaron a dicha situación, solamente se informa lo que haya de trasfondo, se deja a un lado la explicación porque en ese momento no importa.

La violencia física es un problema bastante delicado. Para entender el porqué de estas situaciones, se requiere un análisis profundo de las causas que generaron la situación de violencia, lo que llevaría a un pensamiento crítico de la situación. Al momento de emitir una noticia de este tema, se transmite el hecho y las causas que derivaron en esta situación, pero se mencionan de manera superficial, ya que el resto de la información no es relevante en el cubrimiento de la noticia, por lo tanto, se da una información vana.

Además, al medio no le interesa dar una información detallada con su respectivo análisis, la presunción general es que informe lo importante (lo necesario)

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y llame la atención (figuras 5 y 6). Es por esto que, después de ver un noticiero nuestra vida continúa normal, ya que este no es un formato “para la educación, la reflexión o la catarsis” (Postman, 2001, p. 91). Debido a esto, es que los medios de comunicación no manejan un discurso que provoque algún tipo de manifestación o levantamiento social ante tantas injusticias, discriminaciones, violencia y deficiencias estatales.

Figura 5. Ataque indiscriminado.

Fuente: Noticias Caracol (s.f.).

Figura 6. Pelea entre pandillas.

Fuente: Noticias RCN (s.f.).

Titulares escandalosos La forma en que un texto, un informe o un libro llama la atención es por medio de su título. En el caso de los periódicos y noticieros es a través de sus titulares, por tal razón, este corto texto juega un papel importante. Los titulares hacen

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parte de la estrategia que usan los medios para captar la atención de los receptores de contenido, es decir, los lectores y televidentes. El titular es la herramienta que permite que el resto de información sea transmitida, por lo que los noticieros buscan que los titulares sean llamativos o hasta escandalosos, para que generen un impacto al momento de que sean leídos, suscitar intriga y ganas de saber más sobre la noticia, provocando que la persona decida quedarse a recibir la información. En otras palabras, que consuma el medio, de esta manera, los titulares contribuyen al rating. En este punto, lo importante no es la calidad de la información que se está divulgando, sino a la cantidad de personas a las que le puede interesar.

Figura 7. Noticia sobre cerdos muertos.

Fuente: Noticias Caracol (s.f.).

Figura 8. Ladrones se enfrentan.

Fuente: Noticias Caracol (s.f.).

El titular “Accidente en vía al llano deja seis cerdos muertos” (figura 7) no es que transmita una información que aporte al desarrollo personal o social, pero es tal el interés que genera la situación que cualquier persona queda intrigada por

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conocer más detalles, desde cómo murieron hasta a saber si eran cerdos adultos o pequeños. Por tal razón, es que tantas noticias absurdas ganan popularidad. Las estrategias anteriormente explicadas dan pie a entender cómo los medios estructuran la forma en que cubren las noticias para su emisión posteriormente, con el fin de que se logre generar el impacto deseado. En este punto, se puede visualizar cómo los medios no cambiaron su estrategia narrativa en el momento en que la agenda mediática pasó de cubrir el conflicto armado con las FARC-EP a la violencia urbana, ya que se ha mantenido como punto central el tema de la inseguridad y la violencia; la esencia de su agenda sigue siendo la misma. Es también evidente, cómo los medios se han mantenido en narrar los problemas de esta índole, a pesar de que se esté viviendo en un contexto de posconflicto. Las estrategias narrativas de los medios no se han convertido o trasladado a ser narrativas de paz o a otro tipo de narrativa, ya que solo se ahonda en temas de inseguridad y violencia. Esto ha generado que también se desconozca otros tipos de conflictos como la conflictividad social. Los conflictos de un país como Colombia no son solamente conflictos armados, existen conflictos fuera del ámbito de la guerra y de las armas, que pueden contribuir a la violencia, generando efectos negativos en la población.

La estructura noticiosa de los medios desconoce que los problemas del país, como la inseguridad y violencia, no son determinados solamente por actos de violencia física como se enmarca (homicidios, secuestros, violaciones, etc.) en estos espacios. Los actos que generan inseguridad no están vinculados solo con actitudes y actividades que sean contrarias a lo establecido en una sociedad, tal como lo indica Rodríguez y Seghezzo “la (in)seguridad no sólo se construye en torno a la transgresión normativa, es decir, a prácticas definidas como punibles por la ley” (2010, p. 112), sino que, temas como la pobreza, discriminación, marginalización, el abandono social, crisis económicas, entre otros, son también actos que manifiestan inseguridad para la ciudadanía. Ninguna sociedad puede tratar de resolver su tema de inseguridad si solo cree que esta la provoca la violencia física, hay causas más profundas que se solucionan bajo modelos distintos. Es así que, no se puede igualar la conflictividad social con la violencia física, ya que sus implicaciones son diversas y, asimismo, es diferente su papel al provocar situaciones inseguras; de tal manera que, es necesario quitar ese imaginario si se quiere realmente resolver los conflictos que tiene el país.

En síntesis, se ve una estructura noticiosa que desconoce la conflictividad social y la iguala, únicamente, al nivel de la violencia física como determinante de nuestras guerras. Por ende, es necesario que los medios tomen la conflictividad social y la exponga, de tal forma que sea vista como un problema por resolver, demostrando que la violencia física no es lo único que se puede

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reportar, ni es lo único contra lo cual la sociedad debe luchar. Esto conlleva a que el tema de seguridad se vea más allá de lo establecido, seguridad no es solamente que no ocurran actos violentos, seguridad es contar con un bienestar absoluto en todo aspecto y contexto de la vida.

La comunicación para transformar nuestros conflictos heredados, emergentes y transformados El posacuerdo da la oportunidad a los medios de comunicación de construir una nueva agenda, en consecuencia, los medios tienen que ser conscientes de que las situaciones de violencia no son las únicas que se debe abordar. Por lo tanto, cambiar su estrategia narrativa es necesario, ya que la violencia no es el único factor que interviene en las conflictividades sociales del país, la violencia no es el único reto que tiene la seguridad, de esta forma, se propone que la formación de periodistas y comunicadores esté dirigida a una comprensión multidimensional de la seguridad y parte de su focalización esté impregnada en pedagogía de la paz, para convertir a los medios en orientadores de la realidad.

Evolución y multidimensionalidad de los estudios de seguridad Por supuesto, el abordaje de la problemática de estudio aquí propuesta obliga a indagar en la oferta teórica en torno a los debates sobre la seguridad, su definición y relación con el proceso de construcción social. Alan Collins (2016) propone para este propósito empezar por plantearse la pregunta: ¿qué significa estar seguro? La respuesta preliminar a esta cuestión parece que inicia, afortunadamente, al menos con respecto a la unidad de análisis, con un consenso generalizado que es: estar frente a una gestión adecuada de las amenazas a la supervivencia. Sin embargo, a medida que se contextualiza y se avanza en el estudio de la temática, se hace claro que la problemática es mucho más compleja que esta primera aproximación.

Los estudios clásicos de seguridad se desarrollaron en un marco en el que las amenazas más evidentes y, por tanto, de necesaria intervención por parte de los Estados eran aquellas que atentaban contra el principio de soberanía. Así las cosas, los ataques al status quo estatal mediante el uso de la fuerza, ya sean de origen externo o interno, se convirtieron en la principal preocupación de los estudiosos del fenómeno, especialmente en los contextos después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, con el fin de la Guerra Fría y el afianzamiento de los subsiguientes procesos de apertura e interdependencia propios de la globalización (Dunne, 2020), los estudios de la seguridad han ingresado inevitablemente en un plano de abierta multidimensionalidad. Fenómenos como las crisis humanitarias, seguidas de masivas olas migratorias, el crimen internacional y su proyección global, la degradación ambiental, así como las

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pandemias, llevan a redefinir el núcleo y alcance de la seguridad como objeto de análisis.

Como producto de esa transición en las prioridades en seguridad que fundamentaron la interrelación entre la sociedad y el Estado, hasta la caída del Muro de Berlín, eminentemente militarizadas en su enfoque, se dio paso a una importante evolución en el debate académico con miras a la construcción de nuevos enfoques, mucho más pertinentes de cara al nuevo contexto. Es así como, el centro del debate empezó a girar en torno a algo en apariencia sencillo, pero en realidad bastante complejo: el rediseño de la ecuación fruto del binomio seguridad-desarrollo. En tanto, aparecen dos posibles caminos. El primero, como se deduce del análisis de los clásicos de los estudios de seguridad (hobbesianos y roussonianos), implica que el desarrollo es la consecuencia directa de un escenario de seguridad, es decir, sin seguridad no hay desarrollo. Por otro lado, nos encontramos ante una nueva tendencia de análisis, que invierte totalmente la ecuación, dando origen a los enfoques de seguridad humana (Nasu, 2013), fruto del siguiente precepto: el desarrollo no es la consecuencia, sino la causa; por lo tanto, solo es viable un escenario de seguridad sostenible cuando se construye sobre la priorización de la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos.

El contexto liberal que se afianzó en la década de 1990, en la que se desestataliza el análisis en favor de una revalorización del individuo, coloca el acento en los derechos de las personas por sobre el de los Estados (Pérez de Armiño, 2013). Así, con la disminución en las tensiones interestatales luego de esta década, se abre paso el impulso de enfoques y políticas que van a colocar el acento en la gestión de los problemas de los ciudadanos, en clave de justicia y dignidad (Newman, 2010). Con la idea de que la pobreza potencia las probabilidades de generación de contextos de conflictividad (Guerrero, 2012), toma fuerza el precepto de que la necesidad de luchar contra las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones ayuda a generar escenarios de paz y, por ende, de seguridad desde una perspectiva integral y colectiva.

Como ya se anotó, la evolución en los estudios de seguridad no es un asunto que atañe meramente a las inquietudes del debate académico, es una realidad ineludible fruto de la trasformación contemporánea de la relación del Estado con sus asociados, la generalizada desmilitarización de las amenazas externas a la convivencia social y la interdependencia de la multiplicidad de actores de la comunidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, este proceso implica varios e importantes retos. Desde que el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) incorporó el concepto de seguridad humana en su Informe de Desarrollo Humano de 1994, se asentó en la agenda de la institucionalidad internacional la idea de generar escenarios de protección ante amenazas generalizadas en contra del objetivo legítimo de todo

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ser humano de alcanzar un pleno disfrute de sus libertades y, por tanto, de su realización personal, familiar y social (Oberleitner, 2005). El enfoque de seguridad humana asume la necesidad de gestionar tres tipos de libertades: la libertad de miedo, la libertad de necesidad y libertad de dignidad. Es en la inclusión de estas dos últimas dimensiones donde se encuentra el aporte diferenciador respecto de los estudios clásicos. Por supuesto, sin desconocer la función originaria del Estado de responder a la gestión de las amenazas sobre la integridad física de sus asociados, la superación de la angustia por solventar las necesidades materiales que suponen la misma existencia, así como el derecho a disfrutar de una convivencia en ausencia de discriminación y la exclusión, son los elementos que hacen del enfoque de seguridad humana un parámetro de análisis y proyección de políticas idóneas y pertinentes en la actualidad. La transición en el proceso de incorporación de los nuevos enfoques de seguridad no desestima la importancia de los dispositivos de protección estatal, ante las amenazas que ponen en peligro su interés por conservar el monopolio legítimo de la violencia, es decir, sobre la protección de sus atributos soberanos. No obstante, el debilitamiento de la conflictividad ideológica, propia del “corto siglo 20”, que describió Eric Hobsbawm (2007), ha generado un reflorecimiento de conflictos sociales que permanecieron agazapados bajo ese esquema de organización del sistema. Así empiezan a recobrar vigencia problemáticas de orden cultural, económico y social que antes estaban condenadas a un segundo plano por parte de los intereses y la atención del Estado.

Como se verá más adelante en este capítulo, a este fenómeno no escapó Colombia, en las que profundas conflictividades sociales de orden rural y urbano se mantuvieron a la sombra de una guerra de corte ideológico, que acompañó al país durante más de cinco décadas, acaparando todo el protagonismo. A pesar de ello, el proceso de transición, fruto de varios escenarios de diálogo y reincorporación a la vida civil de diferentes grupos armados, ha puesto sobre la mesa más que nunca la necesidad de incorporar enfoques de seguridad que prevean la complejidad de una nueva sociedad, para la que el fin de su guerra, no es más que el abrebocas a un nuevo y complejo escenario de viejas-nuevas amenazas a su proyecto de convivencia.

Pedagogía de la paz Es difícil encontrar argumentos que puedan contradecir la idea de que es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta; y, por supuesto, esto aplica para el proceso de negociación adelantado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En términos generales, el proceso de paz con esta guerrilla ha sido considerado por la comunidad internacional de expertos como un ejercicio responsable y justo en comparación con el conjunto de procesos de paz que se han adelantado en los últimos treinta años en diferentes latitudes del mundo, para dar

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fin a una gran variedad de conflictos armados de orden interno. Específicamente, el Kroc Institute for International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, después de analizar más de 600 acuerdos y de categorizar a tan solo 34 de ellos como “integrales”, ha afirmado que “el Acuerdo de Paz colombiano es uno de los acuerdos mejor diseñados que se han firmado nunca y, que la durabilidad y sostenibilidad de la paz depende sobre todo de la calidad y robustez de la implementación de este” (Kroc Institute for International Peace Studies, 2017, p. 66).

Sin embargo, independientemente de la seriedad de la metodología con la que se adelantaron las negociaciones entre las partes, así como de la robustez de los acuerdos formales alcanzados, es imposible suponer, como resultado final de un proceso de paz, la previsión y diseño absoluto de soluciones a las problemáticas que durante décadas nutrieron un conflicto armado. Así las cosas, en todo caso, la evaluación del proceso de paz se debe dar desde el entendido de varios supuestos y perspectivas. En primer lugar, es necesario diferenciar entre la parte sustantiva o formal del acuerdo y la aplicación material de este, pues las falencias de la segunda en nada invalidan los contenidos de la primera, aunque desde la polarización que afecta la arena política del país, muchas veces se intenten mezclar en un mismo análisis estas dos etapas para atender a diversos y particularistas intereses de poder. La metodología de cooperación internacional durante el proceso de negociación por parte de los países acompañantes (Venezuela y Chile) y garantes (Cuba y Noruega), junto al apoyo constante de varias organizaciones internacionales, dieron garantía de transparencia y altos estándares de los acuerdos alcanzados en perspectiva comparada.

Por supuesto, es apenas previsible que una planificación efectiva que dé solución a las causas estructurales que han dado origen al conflicto armado en Colombia, durante casi seis décadas, no puede atribuírsele en ninguna circunstancia a los acuerdos fruto de una negociación política puntual entre el Estado y un grupo subversivo. Por tal razón, las críticas a acuerdos que fueron avalados internacionalmente en sus dimensiones metodológicas, técnicas y sustantivas, son difícilmente sostenibles.

No obstante, la dimensión operativa de la implementación de los acuerdos merece otra categoría de análisis. Lo que debió ser una política de Estado coherente que diera un blindaje categórico a la aplicación de los puntos acordados, independientemente de las rotaciones de gobierno, se vio desvanecida en un mar de confrontaciones políticas desde el mismo momento en que se puso en marcha el instrumento de aprobación elegido desde el Ejecutivo. El mecanismo plebiscitario adelantado el 2 de octubre de 2016 (Redacción BBC, 2016), que arrojó la derrota del sí a la paz por menos del 0,5 % de la votación total, abrió

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hasta el día de hoy un largo viacrucis de polarización política que ha puesto en constante peligro la sostenibilidad de los acuerdos y el efectivo cumplimiento de la palabra empeñada.

Luego de la aprobación sustitutiva por parte del Congreso, obviándose un nuevo llamado a las urnas al elector primario por parte del Gobierno, los ataques al proceso de paz se convirtieron en un juicio constante a la legitimidad de este. Esta situación, además de catapultar el triunfo de los sectores políticos contrarios al proceso de paz a la presidencia en el 2018, ha generado desde entonces un creciente escenario de incertidumbre y sentimiento de decepción de una buena parte de la ciudadanía, pero más específicamente, en aquellos que, como guerrilleros, apostaron en su momento por la vía de la reinserción a la vida civil. La falta de compromiso efectivo del gobierno de Iván Duque con los postulados y compromisos del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC, sumado a la incapacidad operativa que el Estado ha demostrado de retomar el monopolio legítimo de la fuerza, en aquellas zonas donde hacia presencia esta guerrilla, ha generado una transformación de la conflictividad donde la criminalidad y la violencia siguen haciendo presencia en los territorios. Por otra parte, la ineficacia del Estado y la falta de compromiso de los gobiernos de turno han hecho evidente que, a la postre, la percepción de beneficio para los excombatientes de permanecer en la vida civil se deteriore bastante rápido. De este modo, la sensación de no cumplimiento por parte del Estado de los beneficios materiales y morales anunciados a los reinsertados, la inseguridad jurídica que revela la constante polarización política en el país, que pone en entredicho la sostenibilidad de los beneficios judiciales anunciados en el marco del proceso de justicia transicional, y la ineficaz ocupación estatal de los antiguos territorios de incidencia guerrillera, se convierten en la pócima perfecta para estimular la vuelta a la clandestinidad de los antiguos guerrilleros. De 608 guerrilleros desmovilizados en el marco de los Acuerdos de La Habana, se estima que para el 2019, más de la tercera parte ya habían vuelto a la ilegalidad. Para mayo de 2020, los adscritos a las disidencias sumaban, según el Ejército, 4600 integrantes con presencia en más de 20 departamentos (2600 ya están alzados en armas y 2000 pertenecen a las llamadas redes clandestinas de apoyo) (El Tiempo-Unidad Investigativa, 2020).

Por supuesto, el gran estímulo para el retorno a la criminalidad en absoluto tiene que ver en este punto con motivación alguna de orden ideológico. Ante la incertidumbre de la civilidad como una opción válida y sostenible de vida, el conocimiento de los procesos ligados al narcotráfico y la minería ilegal se convierte para muchos en un perverso estímulo para optar por la criminalidad como alternativa de subsistencia. Así, para estos hombres y mujeres, la debilidad de la oferta de la civilidad por parte del Estado se desvanece en un océano

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atractivo que terminan por reafirmar la cultura de la ilegalidad, como opción clara y fácil para todos aquellos que la hicieron suya por años, quizás durante toda una vida.

Este contexto de debilidad en la aplicación material de los acuerdos, sin garantía plena por la aplicación efectiva de los beneficios para los excombatientes, así como la reactivación de esquemas mutados de ilegalidad como consecuencia directa, pone sobre la mesa toda una serie de nuevos contextos de criminalidad en las zonas de incidencia de las nuevas formas asociativas de las disidencias. Ya en el 2018, instituciones como la Fundación Ideas para la Paz y la Defensoría del Pueblo alertaban sobre las nuevas trayectorias y dinámicas de las disidencias de la FARC en buena parte del país, haciendo énfasis en el posible asentamiento de nuevas modalidades de economía ilegal en varios departamentos y ciudades intermedias (Defensoría del Pueblo, 2018; Fundación Ideas para la Paz, 2018). Allí se describen tendencias que entrarían a revelar, no solo trasformaciones operativas de estas organizaciones, sino su reacomodación en los territorios, lo que implicaría claramente un redimensionamiento de los contextos de seguridad en conglomerados urbanos, donde tradicionalmente las dinámicas clásicas del conflicto armado no se habían planteado como una amenaza directa. El relacionamiento de las disidencias con otras estructuras ilegales, como el ELN, las Bacrim o, incluso, estructuras transnacionales de crimen de origen brasilero o mexicano, como el Cartel de Sinaloa, plantean retos a la convivencia fuertemente transformados y con capacidad de poner en vilo la aspiración de una paz estable y duradera en el conjunto del territorio nacional.

Medios de comunicación como orientadores de la realidad Hay un cambio en la agenda tanto pública como política en el contexto del posconflicto, se hace presente temas como la desmovilización y reintegración de excombatientes en la sociedad, el ordenamiento territorial, el nuevo rol que asume la fuerza pública, entre otros. De manera que, esta nueva situación del país abarca diferentes campos como la seguridad, la justicia, la economía y la cooperación para la construcción de paz, generando cambios tanto políticos, económicos y sociales, al mismo tiempo, configurando así una nueva realidad y estableciendo nuevas conflictividades sociales (Cepeda, 2016). El discurso de un país sumergido en la violencia tuvo que cambiar para que las nuevas políticas establecidas en el acuerdo se cumplieran y tomaran campo. La apropiación de esta nueva idea de paz debía ser asumida para generar credibilidad con el fin de que todos los actores de la sociedad se hicieran partícipes. En la divulgación de este nuevo contexto es donde entran los medios, el nivel de influencia que ejercen en la opinión pública juega un papel importante en la percepción de la realidad del país, por lo tanto, genera que la sociedad apoye o no ciertas iniciativas.

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Es por esto que, el papel discursivo de los medios es relevante y en Colombia debe cambiar. Los medios no se han servido de herramientas como la narrativa de paz para configurar la divulgación de noticias dentro de este contexto, su narrativa se ha mantenido en cubrir la violencia, por lo cual, la sociedad sigue entendiendo que toda conflictividad social es generada por la violencia y no por otros factores, como la falta de políticas o inversión, la marginalidad, la pobreza, entre otros, como, por ejemplo, la inseguridad.

Con la firma del acuerdo, las FARC-EP dejan de ser una amenaza, se cambia la percepción sobre la guerra y las políticas de seguridad ya no se basan en combatir a ese enemigo interno, se reorienta las tareas de la fuerza pública, lo que conlleva a que el tema de inseguridad deje de estar relacionado con la violencia únicamente. De esta forma, nacen los nuevos retos que plantea el posconflicto, ejemplo de esto es que la seguridad ya no es entendida únicamente como la protección y eliminación de un enemigo, la seguridad ahora está en términos de que el Estado ofrezca una presencia en todo el territorio nacional consolidando una seguridad humana (Cepeda, 2016).

El cambio que ha tenido el concepto de seguridad, por ejemplo, a la seguridad humana o la seguridad sostenible, ha exigido nuevos retos no solamente al Estado, sino que ha puesto en evidencia nuevos factores, los cuales han generado que la sociedad no esté conforme ya con las injusticias sociales ni con la precariedad de políticas sociales. De tal manera que, la respuesta que tiene que dar el Gobierno para la creación de entornos seguros ya no se limita solamente a brindar protección, sino a mejorar la calidad de vida en todo ámbito. Entender ahora que la inseguridad no se limita solamente a la existencia de actos de violencia, como lo hace entender los medios, invita a que haya un cambio en la percepción de la sociedad sobre la realidad en la que se encuentran, volviendo a los ciudadanos más críticos. El concepto de seguridad queda sesgado en los medios, puesto que ahora el país tiene la necesidad de una seguridad multidimensional, por lo tanto, la violencia no es una variable a tener en cuenta para narrar temas como estos.

Los medios no estarían abordando las necesidades actuales del país si siguen en la misma línea narrativa, su mensaje estaría vacío, ya que no representa la realidad. Las conflictividades sociales han mutado de tal manera que las exigencias son diversas, no se enfocan en un solo punto ni requiere una sola solución. Es por esto que, se hace el llamado a los medios a que se conviertan en orientadores de la realidad para que la población entienda las nuevas conflictividades sociales y no se quede en la narrativa del conflicto armado, llevando a cabo una transformación real.

Puede ser que los medios sean conscientes de este cambio en la realidad del país, pero no han hecho nada, es necesario que den un paso cualitativo para evitar

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que la narrativita de la violencia y del conflicto se hagan presentes aún en los asuntos actuales, y así los nuevos retos de la seguridad del posacuerdo sean vistos y analizados de manera diferente, para que haya una construcción de paz. El periodismo al entender la multidimensionalidad de la seguridad, la pedagogía de la paz y al ver los medios como orientares, proporcionaría un antídoto contra la narrativa de la violencia y el conflicto, dejándola así en el pasado. Referencias Alba Gutiérrez, G. (2009). Los medios de comunicación en Colombia frente a las demandas de los ciudadanos. Actualidades Pedagógicas, (54), 137-145. https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1/iss54/11/ Alcocer Cruz, D. G. (2013). De la escuela de Frankfurt a la Recepción Activa. Razón y Palabra, 17(82), 228-245. https://revistarazonypalabra.org/index. php/ryp/article/view/633 Anania, F. (2010). La metodología de la investigación histórica y los medios de comunicación. En J. Ibáñez y F. Anania (coords.), Memoria histórica e identidad en cine y televisión (pp. 17-37). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

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Comunicación imaginada e hibridación cultural: debates sobre una paz en crisis Emerson David Devia Acevedo* * Magíster en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos, magíster en Educación, especialista en Comunicación y Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Profesor tiempo completo de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: edevia@unisalle.edu.co

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Introducción Todos los que se interesen sinceramente por los problemas de la educación y de la comunicación y que son conscientes de su interdependencia trataran durante los próximos años de establecer los vínculos entre esos informes y de garantizar una simbiosis práctica – operativa entre las dos culturas, la escolar y la de los medios de comunicación, cada una en su especificidad y sin prelación (Unesco, 1984). Tal como lo sugiere el título, iniciar un debate en comunicación desde la premisa de una paz en crisis, implica tejer puentes entre la comunicación imaginada y la hibridación cultural, realzando los desafíos, pero sobre todo los puntos de encuentro entre estos dos conceptos. En este marco, el propósito de este capítulo identifica las cualidades y propiedades singulares para el análisis de este fenómeno y lo contextualiza en el centro de la coyuntura nacional colombiana, por tal razón, este capítulo es el resultado de una convergencia de perspectivas etnometodológicas y teorías de sistemas que dialogan y se complementan; lo anterior bajo el indicio de que los sujetos producen su realidad social en y por medio de procesos interactivos. Al respecto Valles (2003) refiere que la metodología cualitativa fundamentalmente realiza procesos de recolección de datos descriptivos, para luego hacer análisis de las narrativas y los discursos, buscando el paradigma que las engloba.

En ese sentido, el método de elaboración de este capítulo incluye la investigación, acción, participante (IAP) y el abordaje de la discusión desde el análisis de coyuntura y el análisis de comportamientos, actitudes y prácticas (CAP), cuyo propósito es la generación de preguntas que generan ideas, con el fin de problematizar y analizar el fenómeno.

A razón de lo anterior, para iniciar, se debe mencionar que analizar la coyuntura, implica identificar las relaciones de poder y de configuración cultural dadas por los actores que están involucrados en ella; y que, además de eso, se debe incluir en dichos análisis los escenarios, discursos, hechos y puntos de partida de esa conflictividad y el desarrollo de esta, para finalmente determinar la correlación de fuerzas sociopolíticas y culturales, así como su legitimidad y su justificación.

La Guerra Fría trajo consigo una serie de transformaciones en todos los campos del conocimiento, especialmente, en el ámbito de la comunicación; aunque desde antes, ya se hacían referencias a la transformación de ciencia disciplinar a transdisciplinar, no fue sino hasta este periodo que se catapultó el cambio. En ese sentido, varios académicos han realizado diversas investigaciones y han elaborado diversos recuentos sobre cómo se ha dado este proceso, algunos de ellos hacen énfasis en el campo académico y pasan desde los

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campos culturales y sociológicos hasta llegar a ámbitos más contemporáneos y modernos, como las relaciones internacionales, la globalización, la política y la ciudadanía activa.

Lo cierto es que, la comunicación tiene una capacidad adaptativa invaluable y significante en los procesos de interacción humana, ya sea desde la comunicación oral, kinestésica, corporal o escrita, y desde el uso de diferentes canales y medios, por ejemplo, lo digital, la televisión y lo impreso, solo por mencionar algunos. Esta capacidad ha sido potenciada por la aparición de herramientas tecnológicas, las cuales marcan una transformación en los procesos de interacción y comunicación de los seres humanos en diferentes esferas, entre ellas: la social, la política, la medioambiental y la comercial, entre otras; transformación que no solo posibilitó la creación de nuevas estructuras sociales, si no que dio acceso rápido y práctico para expresar voluntades, posiciones y opiniones de manera libre (con una especial complejidad) en tiempo real. En Colombia no somos ajenos a este fenómeno, con la llegada de internet en 1990 se abrió la puerta a la democratización de la información y la masificación de opiniones, una situación que no podría ser controlada por el gobierno de la época con el expresidente liberal Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). Lo anterior, se debe a que el acceso a información por otros medios de comunicación adicionales a los tradicionales (radio, televisión y prensa) iniciaría su auge hasta lo que conocemos en la actualidad; todo esto gracias al apoyo de universidades y académicos que en este nuevo escenario lo usarían con más fuerza y, además, lo alinearían con la transición a la actual constitución política en el país. La proliferación de medios de comunicación alternativos y la adaptación de las cadenas de comunicación tradicionales a estos medios digitales reconfiguraron la manera de acceder a la información sobre la realidad de país y, por ende, del conflicto armado en Colombia. Esta democratización de la información hizo posible que las ideas y las opiniones de todos los actores del conflicto fueran accesibles en cualquier lugar, a cualquier hora y para todos. Al respecto, Revista Semana (2017) menciona que, “la democratización de la información, la instantaneidad de las respuestas y la inmediatez en la forma de relacionarse con los otros han generado un compromiso mucho más férreo con los problemas sociales, medioambientales, políticos y económicos” (párr. 14). Esta afirmación nos ubica en la agenda de lo público y lo mediático, haciendo mucho más relevante y accesible la información sobre la coyuntura y la veeduría sobre esta. El problema central del debate de una paz en crisis, desde la perspectiva de la comunicación, radica no solo en qué comunicamos, también en el cómo, el cuándo, el porqué, la intención y la retroalimentación del proceso comunicativo; por ende, en el significado de dicho proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la historia que se ha contado del conflicto colombiano ha derivado por

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lo menos en cuatro grandes problemas en términos de comunicación, listados a continuación, y que son el pretexto para debatir sobre la comunicación en relación con la paz/conflicto en Colombia.

1. El primer problema es la institución de un discurso sobre un pasado común, un

estado vigente y un futuro deseable (Hardt, 2008), un discurso que relaciona de manera directa que lo que pase en el futuro depende estrechamente del estado vigente.

2. El segundo problema es la institución de un discurso en el cual la comu-

nicación juega un papel en la construcción de paz, per se, que contribuye a la instauración en un futuro deseable del problema número uno, y en el cual se realiza la revisión de las narrativas históricas y la construcción de conocimiento a partir de la historia, por ende, un fenómeno comunicativo.

3. El tercer problema son los productores de conocimiento, los cuales son los

encargados de construir, producir y reconstruir la información, la historia y el conocimiento, develando en este proceso las relaciones de poder existentes en la historia de Colombia, al mismo tiempo, transformando este problema en un tema de análisis transdisciplinar, con un gran componente en la ciencia política.

4. El cuarto problema está relacionado con la veracidad de la información y la

legitimidad de esta; es por lo que, en la actualidad, encontramos investigaciones relacionadas con la posverdad. Para Ocampo (2017), estas investigaciones son “una nueva dimensión de la política en la cual ese valor omnímodo que era la verdad, búsqueda original e irrepetible de la filosofía, deja de tener un carácter superior para volverse prescindible, relativa e incidental” (párr. 4), convirtiendo el campo de la comunicación en foco de análisis de la política, generando de esta manera un marco compartido de análisis entre las ciencias políticas y las ciencias de la comunicación, que produce reflexiones y discusiones sobre fenómenos y objetos de estudio más allá de las fronteras de cada campo.

El asunto general es que, el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación es en realidad las comunidades interpretadas y los sujetos en sí mismos, que tienden a construir sus mensajes, sus significados y a gestionar sus conocimientos. Razón por la cual, la pregunta que motiva este capítulo es ¿qué relación existe entre los procesos de comunicación política en Colombia y el conflicto?, además, ¿cuáles son los elementos que hacen pensar que debamos afirmar que hay una paz en crisis desde la perspectiva de la comunicación? Las respuestas, que serán desarrolladas más adelante, indican que en la coyuntura surge una necesidad de sostener o ganar (según sea el caso) poder o reconocimiento sobre

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Paz en crisis. Comunicación y lecciones aprendidas de la crisis. Tomo IV

los actores sociales y sus estructuras, con el fin de mitigar el efecto en las realidades que dependen de condiciones inciertas y que representan el ejercicio de la democracia, que, para efectos de este texto, es una paz estable o una paz en crisis. A razón de lo anterior, este capítulo realiza un análisis de la relación entre la comunicación imaginada para la paz y la hibridación cultural colombiana, en relación con más de 60 años de conflicto armado desde diferentes frentes. El debate se explicará en tres momentos: 1) las definiciones; 2) los campos de conflicto; y 3) los conocimientos, actitudes y prácticas de los actores involucrados. Para ello, se dividió este capítulo en dos secciones: la primera, “Trastienda: confrontaciones y reconocimientos”, esta ubica al lector en el proceso básico de comunicación y de hibridación cultural, y realiza un recorrido por los referentes conceptuales contraponiéndolos y permitiendo la interacción entre ellos; y la segunda, “Comunicación y poder: la popular popularidad”, reflexiona sobre la comunicación como cuarto poder y sitúa al lector en el pensamiento común del abordaje de la comunicación política, además, esta sección realiza una aproximación sociológica sobre la anomía social, para luego pasar a comprender la necesidad de los discursos y contradiscursos existentes y presentes en la actual coyuntura de Colombia.

Es así como este capítulo enfatiza las tensiones actuales de los procesos de comunicación en el proceso de paz y relaciona de manera directa la comunicación política, exigiendo realizar la reflexión de los intereses y sus perspectivas emancipatorias e interacciones sociales, así como la creación de condiciones para usar la comunicación como medio para la construcción de paz. Si bien esta propuesta no responde a todos los problemas identificados, busca abrir la posibilidad de discutir otras historias, otros estados actuales y otros futuros posibles. Trastienda: confrontaciones y reconocimientos Abordar la comunicación como un campo de conflicto supone una revisión y un abordaje conceptual en torno a tensionantes fundamentales en las sociedades, que nos obliga a hacer un análisis entre el orden (desorden) y el cambio, entre lo instituido y lo instituyente, entre lo estructurado y estructurante, y, por supuesto, entre el origen-fin (devenir). Esto implica incluir en el análisis muchas perspectivas, entre ellas las posiciones políticas, los relatos mítico-religiosos, las creencias, los diferentes enfoques y los aciertos de las ciencias, el arte y la cultura, entre otros elementos presentes en la historia colombiana. Al respecto, Arendt (2009) puntualiza que “todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos” (p. 37), en este sentido, las actuaciones de los hombres son en sí mismas procesos de comunicación y, por consiguiente, se encuentran mediados por diferentes variables y perspectivas. También aduce que, “ser político es vivir en una polis, significa

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que todo se decide por medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia” (p. 40), esta afirmación refuerza que no hay comunicación sin política, ni política sin comunicación. A razón de lo anterior, ser político enmarca las actuaciones de los hombres en el campo del contrato social y la democracia, pero, a la vez, pone en la mesa y en el centro del debate que los procesos de comunicación son un elemento estructurante en el desarrollo de las sociedades, razón por la cual la comunicación como práctica nata de los seres humanos obliga a tejer puentes para la comprensión en la relación de legitimación de la acción política, los discursos y la realidad.

Comunicación como proceso La comunicación es un proceso de construcción de significados que nace a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. La construcción de esos significados se basa en la interacción de los tres factores, juntos determinan la comprensión y la apropiación del mensaje y la actuación sobre este. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la comunicación es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica para la que venimos programados biológicamente y que debe ser cuidada y desarrollada con base en el conocimiento, la organización, la expresión y la comprensión del contexto. Así las cosas, la comunicación va mucho más allá de un acto meramente de respuesta y constituye un sistema, en el cual interactúan varios elementos:

1) quién (comunicador); 2) dice qué (mensaje); 3) en qué forma (canal); y 4) a

quién (receptor). No obstante, el proceso de comunicación también incluye, en sí mismo, subprocesos de codificación y decodificación (pertinencia y entendimiento), y adicionalmente variables como el ruido y la retroalimentación (determinantes en la comprensión).

Figura 1. Proceso básico de comunicación.

Codiﬁcación Decodiﬁcación Quién Ruido Dice qué En qué forma A quién

COMUNICADOR

MENSAJE

MEDIO

RECEPTOR

RETROALIMENTACIÓN

Fuente: elaboración propia.

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Para analizar cada uno de los elementos, subprocesos y variables de la figura 1, pongamos algunos ejemplos de la red social Twitter:

Tabla 1. Ejemplos para entender el proceso básico de comunicación. No.

Quién Dice qué En qué forma A quién Información adicional

Institución:

Unión Europea en Colombia.

Twitter.

Cuenta:

@UEenColombia Comunidad en general.

No. de seguidores:

31 612.

Creación de cuenta: diciembre de 2012.

Personaje público:

Martín Santos.

Twitter.

Cuenta:

@MartinSantosR Comunidad en general.

No. de seguidores:

397 811.

Creación de cuenta: mayo de

2010.

Org. civil:

Kolumbien Info.

Twitter.

Cuenta:

@KolumbINFO Comunidad en general.

No. de seguidores:

887.

Creación de cuenta: junio de

2014.

Personal:

Fernando Orjuela.

Twitter.

Cuenta: @ PoliticaPuntual Comunidad en general.

No de seguidores:

11 010.

Creación de cuenta: mayo de

2010.

Fuente: elaboración propia.

En cualquiera de los cuatro ejemplos vemos la representación tradicional del proceso de comunicación en una plataforma digital, allí se puede identificar el actor principal, qué nos dice, en qué forma nos lo dice, a quién se lo dice y una información adicional que nos permitirá identificar más adelante las variables de alcance

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e incidencia. Por ahora, veamos en detalle cada ejemplo en relación con los campos de codificación y decodificación, ruido y retroalimentación. Como se puede observar en el ejemplo número uno, estamos frente a una cuenta institucional de carácter humanitario, que publica un mensaje relacionado con la pandemia del Covid-19; sin embargo, en una de sus etiquetas usa #procesodepaz, a esto lo llamamos ruido en el marco de nuestro proceso básico de comunicación, dado que, no es el mensaje principal. Adicionalmente, si se fija el lector, en la parte inferior del tweet observamos que este tiene interacciones (conocidas como retweet y favoritos), a esto lo llamamos retroalimentación. En el caso del ejemplo número dos, se trata de una cuenta de un personaje público en Colombia, posee una alta interacción y retroalimentación; no obstante, tiene un alto ruido al usar la etiqueta #DuqueIniciaAtacandoLaPaz, lo anterior debido a su filiación política e intereses personales relacionados con el expresidente antecesor, Juan Manuel Santos Calderón, ya que Martín Santos es su hijo.Finalmente, cuenta con un alto proceso de decodificación que se evidencia en el número de respuestas y de me gusta.

Por otra parte, en el caso número tres, estamos frente a una cuenta de carácter organizacional civil, se observa una nula interacción y retroalimentación, con un alto contenido de denuncia codificada en el mensaje; sin embargo, no decodificada por ninguna persona en el número de respuestas o retuiteos. Finalmente, para el caso número cuatro, esta cuenta es de carácter personal, en esta ocasión se muestra una codificación, un nivel de interacción y una retroalimentación alta, y un proceso de decodificación que se evidencia en el número de respuestas.

De manera general, se puede observar que no existe un único resultado del proceso de comunicación, razón por la cual, dependiendo de la modificación de alguna de las variables, subproceso o elementos del proceso de comunicación, este último se verá afectado. Para este punto es importante aclarar que aún no estamos hablando de la efectividad o pertinencia del mensaje, así como tampoco estamos lanzamos juicios de valor sobre este, solo estamos entendiendo el proceso de comunicación desde su estructura, los actores y los elementos que intervienen en el proceso.

En ese sentido y recapitulando que la construcción de significados se da a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, se puede afirmar que en los ejemplos en los cuales se obtuvieron mayores niveles de interacción y retroalimentación, existen mayores significados, que están enmarcados en aspectos globales o propios.

Las diferentes formas de comunicarnos varían y dependen de los niveles de complejidad tanto del sujeto (quién), como del mensaje (dice qué), así como

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su código y su lenguaje (codificación). Al respecto, Gómez (1999) argumenta que el ser humano como ente fundamentalmente social desarrolla sus fines y proyectos convirtiendo sus pensamientos y propósitos en señales, capaces de ser comprendidas por los demás seres; es por esto que los mensajes no solamente constituyen un problema de construcción y de medio o canal, sino que también constituyen un problema de significado.

En este orden de ideas, las características (sociales, económicas, políticas, familiares, culturales y educativas, entre otras) existentes en las sociedades a la que pertenecemos, además, constituyen un papel fundamental en el resultado de compresión y de comunicación del mensaje. Adicionalmente, el nivel de complejidad aumenta cuando el receptor del mensaje interpreta, decodifica y retroalimenta este mensaje; se puede ver a continuación algunos ejemplos: Tabla 2. Ejemplos para entender nivel de complejidad.

No.

Quién Dice qué En qué forma A quién Retroalimentación Información adicional

Institución:

Unión Europea en Colombia.

Twitter.

Cuenta:

@UEenColombia Comunidad en general.

Hay interacción, sin embargo, no cuenta con decodificación de ninguno de sus seguidores.

No. de seguidores:

31 612.

Creación de cuenta: diciembre de 2012.

Personaje público:

Martín Santos.

Twitter.

Cuenta:

@MartinSantosR Comunidad en general.

Hay alta interacción, adicionalmente, cuenta con decodificación de más 600 seguidores.

No. de seguidores:

397 811.

Creación de cuenta: mayo de

2010.

Org. civil:

Kolumbien Info.

Twitter.

Cuenta:

@KolumbINFO Comunidad en general.

No hay interacción y tampoco cuenta con decodificación.

No. de seguidores:

887.

Creación de cuenta: junio de

2014.

p. 56

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No.

Quién Dice qué En qué forma A quién Retroalimentación Información adicional

Personal:

Fernando Orjuela.

Twitter.

Cuenta:

@PoliticaPuntual Comunidad en general.

Hay interacción y cuenta con decodificación de cuatro de sus seguidores.

No. de seguidores:

11 010.

Creación de cuenta: mayo de

2010.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en los ejemplos, en las columnas seis y siete se evidencia la relación entre la retroalimentación y el alcance del mensaje. En cualquiera de los casos, el comportamiento es y será diferente, dado que en el proceso existen más variables que inciden; por ello, la comunicación es mucho más compleja que el acto de interactuar en sí mismo. La reconstrucción y reconfiguración de mensajes son un proceso constante en el cual se debe contemplar e incluir a los sujetos como seres pensantes, escribientes, hablantes, e interactuantes, que, desde la óptica de la comunicación, releen e interpretan el contexto y los fenómenos culturales en los que se ven inmersos.

Valenzuela Echeverri (2001) define esta situación como una construcción sociohistórica, que se piensa y configura fuera de los espacios tradicionales, que se relaciona estrechamente con los espacios de configuración sociocultural y con las relaciones de poder que en él se ejercen; además, que claramente reescriben la forma y los canales de comunicación, y, por supuesto, la política en sí misma. De allí que, esta condición “nueva” cree más formas de otredad y obligue la creación de nuevos lenguajes y narrativas.

Sin embargo, las personas vinculadas en el proceso de comunicación reciben roles y responsabilidades de manera involuntaria, esto denota que todo proceso de comunicación planeado tendrá un resultado y una gestión del entorno. En ese sentido, en el marco del análisis de coyuntura se puede clasificar a las personas vinculadas en el proceso como actores, al respecto, el INCEP (2015) propone clasificar los actores en las siguientes categorías:

1. Protagonistas: son aquellos que emiten el mensaje y que tienen un objetivo

determinado. Adicionalmente, son los encargados de diseñar el proceso de comunicación.

2. Aliados: son aquellos que apoyan el proceso de comunicación de los prota-

gonistas. Usualmente, son los que comparten y diseminan la información.

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3. Opositores: son aquellos que no se sienten identificados con el objetivo del

protagonista y que su función es enfrentar el mensaje.

4. Destinatarios: son aquellos que serán beneficiarios del objetivo del protago-

nista. No necesariamente, pero sí de manera usual son los que interactúan con el mensaje.

No obstante, hay un quinto rol no siempre identificado en el análisis de coyuntura desde la perspectiva tradicional, se trata del agonista. Un concepto adaptado desde la industria de la televisión para el análisis de las ciencias sociales y específicamente de la política. Al respecto, Mouffe (2011) plantea que la política en su actuación general y su objetivo se remite al colectivo social antagonista y lo político se remite al estado consensual agonista, es decir, reconoce que existe un adversario y busca hacerlo agonizar sin eliminarlo, desarmarlo sin destruirlo. En ese sentido, el autor propone que se debe ser cuidadoso con el contendiente, pues se convertirá ineluctablemente en audiencia y tenderá a movilizarse e interactuar, es allí donde se debe negociar para que esta no amenace el proceso. Aunque lo anterior podría ser una perversa afirmación sobre los actores involucrados en los procesos de comunicación, la afirmación ha sido y es una realidad en la comunicación política.

En cualquiera de los casos, los roles de emisión y recepción son intercambiables cuando el proceso ofrece interacción y retroalimentación. En este marco, cuando hacemos un recuento de los actores y los elementos incluidos en los procesos de comunicación tenemos como resultado final un mapa más claro de las intenciones y objetivos del proceso. A continuación, la explicación con un ejemplo:

Tabla 3. Ejemplo para entender las intenciones y objetivos del proceso de comunicación.

No.

Quién Dice qué En qué forma A quién Retroalimentación Información adicional

Personaje público:

Martín Santos.

Twitter.

Cuenta:

@MartinSantosR Comunidad en general.

Hay alta interacción, adicionalmente, cuenta con decodificación de más 600 seguidores.

No. de seguidores:

397 811.

Creación de cuenta: mayo de

2010.

Fuente: elaboración propia.

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En el ejemplo número dos, “Personaje público: Martin Santos”, este se encuentra vinculado al proceso de comunicación como protagonista, sus destinatarios son los 397 811 seguidores, sus aliados son los 4355 usuarios que dieron retweet a su publicación y los 10 090 me gusta de sus seguidores; por otra parte, en sus 600 réplicas se puede encontrar a los opositores y algunos aliados. Finalmente, su antagonista es el presidente Duque y su bancada el Centro Democrático. En este aspecto, pero desde otra perspectiva, Borges (1946) define que la construcción del antagonista es un ejercicio de equilibrio, que involucra sueños, juicios y prejuicios políticos, sociales, culturales y hasta económicos de un grupo determinado. De allí que, cada propuesta de construcción de comunicación colectiva se combine en un sinfin de posibilidades generales, que incluyen elementos y denominantes comunes que refuerzan las ideologías y filosofías del contexto en el que se emite el mensaje; a la respuesta e interacción en el proceso la denominamos ciudadanía comunicada y activa.

En ese sentido, Gambetta y Origgi (2008) explican que, desde el juicio moral propio y académico se entrelazan las ideas concluyendo que factores como admiraciones naturales, coincidencias culturales e ideológicas y corrientes de pensamiento similares son los principales factores para la consolidación de los mensajes y de la cultura, razón por la cual, las actuaciones e interacciones estarán mediadas por estas conexiones.

Configuración cultural Establecer los límites de la cultura es casi imposible, dependiendo de los contextos a los que pertenecemos, se tiene un modelo u otro; no obstante, para afrontar con éxito cualquier proceso (negociación, comunicación, intercambio, educación, entre otros) es preciso disponer de herramientas e instrumentos generalizables que nos permitan entender esos posibles límites y la manera en que actúan e interactúan.

Cuando se aborda la configuración cultural, es inevitable pensar en la multiculturalidad y, por ende, los diferentes modelos de análisis de esta configuración, para ello es importante delimitar las dimensiones en los diferentes entornos culturales y relacionarlo con estructuras de pensamiento y con los procesos comunicativos, inherentes del ser humano y al contexto. En lo conceptual, se puede pasar por estructuras básicas y hasta estructuras complejas (Condon y Yousef, 1975; Hall, 1998; Hofstede et al., 1997; Schwartz, 2012; Stewart y Bennett, 1991; Trompenaars y Hampden-Turner, 1997), todas ellas con factores y determinantes comunes: teorías filosóficas, sociales, cognitivas y políticas; sin embargo, estas nos permiten tener diferentes modos de interacción útiles en el diseño de los procesos de comunicación.

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Al respecto, en la construcción de canales y estructuras de comunicación en la cultura es importante anotar que las mediaciones e interacciones son elementos determinantes y significantes en el contexto ciudadano. “Por ello la construcción de ciudadanía en el contexto actual ya no está marcada por la referencia clásica Weberiana, por el contrario, está caracterizada por la complejidad, la incertidumbre, la globalización y las nuevas tecnologías” (Devia Acevedo, 2019, p. 635). En este marco, es preciso tener presente a los actores de los colectivos sociales y quienes los configuran. En estas nuevas formas de interacción, estas identidades emergentes, estas manifestaciones de comunicación y formas de participación de los medios digitales, la música, el atuendo, la forma de hablar, los sitios de encuentro, la violencia y el cuerpo, entre otros, cobran fuerza exorbitante, ya que esta es la forma de visibilizarse y de participar. Estas manifestaciones tienen dos objetivos claros: primero, una crítica al sistema clásico de comunicación y al sistema hacedor de política, y segundo, revelan que el problema no solo está en la forma de construir – narrar la historia e interactuar con el sujeto, sino que también está en la teoría política misma y la relación con los medios de comunicación. En esa construcción de manifestaciones, los elementos son inconstantes y crean falsas sensaciones de unidad, participación, adherencia y emociones temporales de identidad, participaciones instrumentales e irreales y falsos sentidos de pertenencia, que, a futuro, se convierten en violencias que tienen como consecuencia la disminución de sentidos afectivos reales y actuaciones no éticas, entre otras consecuencias degenerativas de la sociedad (Devia Acevedo, 2019). Al respecto, Araya Umaña (2002) explica que, como resultado de la construcción individual del sujeto y su relación con los conflictos, el poder y el agonismo que produce el sistema político, encontramos la representación social, esta incluye sistemas cognitivos, constituidos y constituyentes que “re significan” el objeto y el mensaje, y en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias religiosas, filiaciones políticas, deseos, preferencias, afectos, valores y normas que inciden en la orientación actitudinal. Sin embargo, estas realidades no son únicas, dado que se afectan y transforman de acuerdo con las prácticas y contextos de los sujetos. En este orden de ideas, las formas en cómo nos comunicamos están condicionadas y mediadas de manera local, razón por la cual, cada sociedad asume estas mediaciones de una forma distinta. Lo realmente significativo para los procesos de construcción social no es solo la teoría misma, por el contrario, es el accionar y la movilización social que se sustenta en la relación de fuerzas y en los intereses que allí se cuecen. Al respecto, Pearce (1994) afirma que, todos coincidimos en el nuevo paradigma de la comunicación, en el que la función primaria del lenguaje es la construcción de mundos humanos, no simplemente la transmisión de mensajes de un lugar a otro; esta afirmación refuerza otras reflexiones en torno al análisis y los procesos de comunicación y su impacto en el desarrollo social, dejándonos

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entrever nuevas propuestas de comunicación. En ese sentido, la reconstrucción y reconfiguración social es un proceso constante, en el cual debe contemplarse e incluirse a los sujetos como seres pensantes, escribientes y hablantes. Ellos son los que finalmente debemos circunscribir en la construcción de conocimiento y, asimismo, vincularlos en los procesos para hacer una lectura pertinente del contexto y de los fenómenos culturales.

Comunicación y poder: la popular popularidad No hay política sin comunicación, esta frase que oímos o leemos desde mediados del siglo XV sigue siendo vigente; sin embargo, la comunicación no puede ser entendida en el contexto de las ciencias sociales sin hacer referencia a las relaciones de poder que esta desprende y en la que se sostiene. La popular popularidad es una reiteración en sí misma de los alcances logrados entre el diseño de un proceso de comunicación y una configuración cultural débil o difusa, que en algunos casos responde a necesidades de visibilización, reconocimiento y legitimación en las esferas de lo público.

Aunque inicialmente se desconozca o en algunos casos se quiera negar la existencia de correspondencia entre los dos temas, es propio referenciar que la comunicación como acto de libertad constituye una acción política. En términos prácticos, el ejercicio de las libertades establecidas en la Constitución Política de Colombia de 1991 sustenta su accionar en la autonomía de ser prosumidores de información.

Por otra parte, es importante mencionar que, en el estado actual de las cosas, las sociedades han confiado la custodia y regulación de los procesos de comunicación al Estado, como ente de protección de intereses colectivos y sociales. Lo anterior, porque sobreentendemos de manera natural que es él, el ente rector y, por consiguiente, el expedicionario de las rutas y las normas en lo que refiere a la comunicación de masas. No obstante, en los contornos académicos pareciera que esta ruta y estas normas fuesen menos estrictas, pues se le ha entregado la responsabilidad de la criticidad política a la academia, en donde a través del debate y del análisis se evalúan las informaciones producidas por los medios de comunicación. En ese entendido, valdría la pena preguntarse: ¿no es acaso responsabilidad del emisor del mensaje comunicar de manera ética y efectiva? o ¿no es responsabilidad del medio de comunicación filtrar la información para hacerla objetiva y pertinente?

Al respecto, varios teóricos y académicos responden estas preguntas desde la libertad de expresión, también, contenida en la Constitución Política de Colombia de 1991 (artículo 20); sin embargo, solo pocos hacen referencia a la autorregulación y la ética, como motor y misión de la comunicación en el marco de una democracia moderna y de los derechos humanos. Podríamos afirmar que la libertad de expresión y comunicación, en términos políticos, constituye en sí

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misma una garantía fundamental, pues de ella dependen otras libertades y, de hecho, es cierto, no podría existir la democracia sin la libertad de expresión. En este sentido, Henao (citado por Consejo Nacional de Televisión, 2015) afirma que hay cuatro motivos por los que la libertad de expresión es fundamental:

• Primero: permite el control de los ciudadanos sobre los poderes del Estado

y la expresión de las disidencias, base de la democracia.

• Segundo: es esencial para llegar a la verdad y fundamental para el desarro-

llo de las sociedades.

• Tercero: supone una promoción de la tolerancia y acepta el pluralismo.

• Cuarto: compone autonomía personal y libertad individual.

Entramos entonces en el contexto de la Comunicación Política. En relación con esto, Canel Crespo (2006) la define como el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas personas, en la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los asuntos públicos. A razón de lo anterior, podemos decir que la comunicación política se constituye en un conjunto de intercambio de códigos, señales, canales y mensajes entre los sujetos con fines de modelado de una identidad, comprensión y desarrollo de mensaje; usualmente relacionado con la agenda pública y normalmente enmarcada en temas coyunturales que involucran a la ciudadanía.

Seguido de lo anterior, hablar de la ciudadanía es situarnos desde cuatro diferentes enfoques, según Devia Acevedo:

1) el Libertariano, 2) el Liberal, 3) el Comunitarista y 4) el Republicanista

Intercultural, no obstante; cada uno de ellos tiene un objeto común, el desorden de la ciudad y sus sujetos. Por ejemplo, en el primero hablamos de una ciudadanía mínima, en la prioridad [caos] del sujeto, en el segundo de un individuo libre si es un ciudadano con herramientas jurídicas [caos], en el tercero se prioriza la comunidad sobre el ciudadano [caos], y en el cuarto a pesar de que se da una noción integral de ciudadanía [caos], se manifiesta al reconocer los diversos grupos sociales y la individualidad del sujeto. (2019, p. 629) Al respecto, Habermas (1987) plantea la necesidad de surtir dos pasos para componer una identidad ciudadana, cuando hace referencia a la variable más importante de persuasión en la comunicación política y su poder: el primero es apelar al carácter simbólico, en el que la uniformidad del grupo hará posible que predomine la identidad colectiva sobre la individual; y el segundo consiste en la integración comunicativa y las funciones propias de esa integración, inherentes en las sociedades modernas, en la que existe una diversidad de espacios sociales y culturales, así como un quiebre en las creencias, los comportamientos y las actitudes.

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Pensamiento común y anomia Con la aparición y vinculación de conceptos como la internacionalización y globalización, los roles y referentes de la comunicación política se han extendido y han evolucionado, e incluso, se han contrapuesto; esta nueva perspectiva decodificadora es justificada en la masificación de la información y el acceso a la misma. Las comunicaciones de masas obligan a los comunicadores a involucrarse en el pensamiento en red y en la universalización, entregando a la sociedad herramientas que contribuyan al pensar epistemológico-retórico y crítico sobre la diversificación y actuación de la sociedad y su desarrollo. En cuanto a los aportes de la comunicación como campo de estudio, involucrado en el análisis de los aspectos diferenciadores y relevantes de las matrices culturales y sus posibles configuraciones, este busca identificar la influencia, sus niveles y su relación con la Política.

En el sentido de lo anterior y bajo la premisa de que el sujeto (ciudadano) ya no se mueve en las calles de una ciudad per se, sino que son ciudadanos glocalizados y que hoy día sus manifestaciones y actuaciones son generadores de poder, incluso desde casa, vale la pena preguntarnos sobre esas estructuras, por ejemplo: ¿qué nos están diciendo las nuevas generaciones con la huida de las redes sociales y con el uso de nuevas app, en las que no hay cabida para ciertos grupos de edad? Una pregunta que espero poder responder en otro capítulo. Aun así, si analizamos el tema frente a la noción de democracia, necesariamente debemos referimos al reconocimiento y empoderamiento de estos ciudadanos. En este escenario, el concepto de democracia desarrolla una estructura política y social en el que el ser humano, en sentido estricto, adopta mecanismos de participación, vindicación y manifestación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus acciones y, por ende, a sus representantes; por ejemplo, la elaboración y circulación de materiales audiovisuales, la adopción de tratados internacionales y acuerdos globales y regionales, la participación en redes sociales y las representaciones e imaginarios expresados en los memes y stickers, son auténticas expresiones y posiciones en el marco de sus libertades. Al respecto, Durkheim (1983) planteó (guardadas las proporciones con la actualidad) que estos comportamientos son una respuesta a la anomia, cuyo sentimiento de desesperación por el aislamiento (hoy reinterpretado como necesidad de reconocimiento y “encaje” social), eran un intento por mantener a flote las creencias y valores comunes propios de un grupo social, en el que se vinculan elementos religiosos y educativos principalmente de las matrices de configuración cultural, e inherentes en ese ser vivo denominado sociedad.

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Discursos y contradiscursos Seguido del apartado anterior, la estructura de la sociedad parte de un proceso de interacción constante entre el ser y el medio en el que vive, definiendo las relaciones con los otros y las instituciones que le regirán y a las cuales les confiere legitimidad. En este sentido, es preciso afirmar que toda acción, específicamente de comunicación, es determinada por dos clases de factores: unos externos, como los estímulos o situaciones ajenas al individuo; y, otros internos, como la matriz de configuración cultural y la condición en que se encuentran las interacciones. Razón por la cual, el proceso de comunicación dará como resultado un discurso o un contradiscurso.

Las estrategias de comunicación para el desarrollo (CpD) de comportamientos y para el cambio social son un discurso de desarrollo de capacidades en contextos determinados, además, son consideradas pertinentes para la estructuración de mensajes sobre una paz posible; puesto que permite convertir las voces y opiniones de los actores involucrados en las políticas y planes de acción nacional. Por otra parte, las estrategias de publicidad son un contradiscurso en el que solo se visualizan los resultados del proceso y, en algunos casos, se invisibiliza al actor y hacedor de ese resultado, dado que vincula al financiador como protagonista funcional.

La CpD es aceptada mundialmente como el principal punto para la integración y la difusión de mensajes. Al respecto, en el marco de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 50/130 (1996) se discutió y fijo el papel de la comunicación para el desarrollo dentro del sistema, asimismo, se establecieron los mecanismos para fortalecer la colaboración interinstitucional y la aplicación de la comunicación en los principios y estrategias para maximizar el desarrollo y el impacto de los programas de desarrollo en el marco de trabajo de las agencias del sistema.

La comunicación para el desarrollo es un enfoque de comunicación universal, que promueve el cambio social y la modificación de comportamientos e incidencia en las matrices de configuración cultural, además, es particularmente relevante en las comunidades y, en la mayoría de los casos, se constituye en un factor de éxito en el desarrollo e implementación de programas y proyectos. En este sentido, una transformación social sostenida será efectiva únicamente con la combinación de acciones de comunicación y movilización social, con las cuales se pueda incidir en el cambio de comportamientos, actitudes y prácticas en coherencia con el ambiente socioeconómico en el que las familias y comunidades viven. Este reto implica articular la identificación de factores de contexto, así como las variables sociales, económicas y políticas involucradas en el conflicto; por ejemplo, las políticas públicas y las estrategias para la disminución de inequidades de género, condiciones de acceso a la verdad y la justicia, el fortalecimiento

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de la institucionalidad, el equilibrio en los sistemas de poder y control, el reconocimiento de los líderes y la legitimidad en los sistemas de representación, entre otros. Por ello, las estrategias de CpD cuentan con cuatro dominios de intervención: abogacía, movilización social, participación comunitaria y comunicación de resultados.

Deconstrucciones Pensar las tensiones contemporáneas entre las generaciones más jóvenes, sus actuaciones sociales y la relación con la comunicación política exige reflexionar sobre los intereses de la humanidad y sus interacciones sociales, asimismo, cavilar en la época de desarrollo que nos encontramos y las reconfiguraciones de los ciudadanos con base en sus intereses; lo que para Rousseau (citado por Aramayo, 2015) sería volver a dotar la política de su sentido original. Deconstruir los mensajes y, por ende, incidir en los sistemas políticos, obligan a los sujetos a que se desprendan de su individualismo y, aun sintiéndonos protegidos en la privacidad de nuestras vidas, pertenezcamos e interactuemos con lo público, reconfigurando la condición social y deconstruyendo el concepto de que esta es relativa y transitoria. No obstante, esta tarea no es un proceso fácil, toda vez que exige trasgredir las fronteras de nuestra vida común, tal y como la conocemos. Sin embargo, cada vez más es habitual quebrantar las reglas establecidas por instituciones en las cuales no nos sentimos representados y a las cuales les quitamos la legitimidad como castigo. Aunque esta acción se convierta en una acción de vergüenza social, es una acción que tensiona el actuar institucional y moviliza el cambio de prácticas institucionales, justamente por el miedo a la desaprobación social.

En términos de comunicación política, el camino se allana más temprano que tarde, dado que el diseño de los mensajes contempla el impacto y efecto de este. Razón por la cual, bajo un esquema de “protección automática” se busca mitigar el choque en nuestra audiencia; esta situación muchas veces obliga a usar lenguajes indirectos y a generar acciones represivas sobre la persona, provocando sentimientos y pérdida de credibilidad en la construcción de esos mensajes. Debido a lo cual, entre más estrictamente esté vigilado el discurso, mejor será la actuación del emisor. Esta actuación panóptica es un escenario de autorregulación en el marco de la ley, la moral y la cultura que se expresa en una deconstrucción de la configuración cultural del ciudadano, al que hemos legitimado con nuestras omisiones y actuaciones, potenciando en sí mismo el poder inconsciente y el control constante.

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Conclusión En este capítulo examinamos algunos de los desafíos en materia de comunicación para la paz y comunicación en crisis, que si bien sostienen una comprensión de la naturaleza de los conceptos representan la médula en el diseño de los mensajes y la definición de los objetivos de comunicación, defendiendo la necesidad de un antagonista en el campo de lo político y ofreciendo un enfoque de comunicación para el desarrollo de comportamientos, actitudes y prácticas. Lo anterior, debido a que, cuando la división social natural es polarizada, las mediaciones (cognoscitivas, situacionales, institucionales, estéticas, estructurales e identitarias) obligan a diseñar esquemas que no atenten contra la institucionalización y la democracia. Esto implica reconocer que hay temas en el centro del debate y otros que deben ser excluidos del mismo, en cualquier caso, las exclusiones deben ser morales y no políticas, dejando como manifesto que este consenso sobre el conflicto (moral del caos) trabaja sobre los valores éticos y políticos supremos y universales: libertad e igualdad para todos y todas las personas.

Por otra parte, en el abordaje de las configuraciones culturales y sus dimensiones de análisis, se estableció que en mayor medida los canales y lenguajes son estructurantes en el diseño del mensaje, pero que, además, constituyen un factor determinante en la interacción y retroalimentación de este; dado que, constituyen naturalmente una conducta política. En ese sentido, el disenso como forma de ciudadanía activa también es considerada dentro de la democratización de la información y, más aún, en la comunicación política; no obstante, no se debe perder de vista que en cualquiera de los dos casos la comunicación, desde la perspectiva institucional, constituye inevitablemente un choque, sobre todo por la defensa del lenguaje positivo y la información (total o parcial) que allí se entregue.

En lo que se refiere a continuar con la instalación de los discursos de comunicación para la paz, se encontró que hay diferentes maneras, formas y medios. En todo caso, lo relevante es la democratización de la información y de la formulación y envío de mensajes que desafíen el statu quo antagónico y hegemónico en el que no nos vemos representados; esta pluralidad en la información defiende la idea de libertad e igualdad. Sin embargo, al respecto, se deben considerar las fuentes y credibilidad en la formulación de esos mensajes, con el único fin de no irrumpir en la posverdad. En este sentido, la comunicación no debe verse como un proveedor de mensajes con criterios básicos y universales, sino como una condición de desterritorialización y de orden político, en el marco de una apuesta de construcción de paz.

En la actualidad, no se tiene la posibilidad de escapar a los conflictos (caos), ni de nuestra configuración cultural y comunicativa; razón por la cual, estamos

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enfrentando años decisivos, después de la firma del acuerdo con las FARC-EP, ya que se tiene en cuenta los resultados parciales de la implementación del proceso de paz y bajo la premisa de paz en crisis, en el área de la comunicación, se afrontan retos sobre la comunicación imaginada, un reto que va mucho más allá de diseñar el mensaje, un reto que incluye una apuesta de comunicación y educación de la sociedad colombiana. Este nuevo orden político en el país exige no solo el reconocimiento de todos los actores, sino que incluye también una apuesta de comunicación para el desarrollo, que esté pensada para crear conocimientos, actitudes, prácticas, discursos y hasta instituciones que permitan la objetivación del mensaje y la eliminación de la incertidumbre, sin que esto implique una visión de un mundo reconciliado, pero sí un mundo informado y con más certeza.

Por lo tanto, construir ciudadanía para la paz y cambio social significa: 1) pensar en los sujetos; 2) repensar y comprender las variables de la problemática social y sus signos de conflictividad en sus interacciones; y 3) dotar a la ciudadanía de procesos académicos y políticos reflexivos que permitan la cohesión social desde el reconocimiento de lo ético, lo propio y lo local. Cabe resaltar que, con respecto a lo anterior, para lograr estructurar, analizar y reflexionar sobre esta relación se debe entender que la construcción de ciudadanía y el cambio social son unos procesos permanentes que tienen condiciones relativas y transitorias, y en suma con la ética, se pueden crear múltiples entradas y claves analíticas (Devia Acevedo, 2019).

Finalmente, acerca de la comunicación imaginada y la hibridación cultural, es perentorio incluir en el enfoque de comunicación estratégica que esta relación se encamine al cambio y al desarrollo social, pensadas desde la articulación de la ley, la moral y la cultura, además de armonizar los debates sobre lo público y lo privado. En este sentido, es insuficiente únicamente la realización de intervenciones costo-efectivas y de alto impacto en cumplimiento del Acuerdo de Paz, como, por ejemplo, la compra de materiales, insumos y suministros, la construcción, la adecuación y el mejoramiento de infraestructura de las vías del país; así como la provisión de servicios básicos y las garantías de participación política. Razón por la cual, se requiere implementar estrategias de comunicación para el desarrollo, con el fin de ayudar a las familias, comunidades, actores y miembros a tener la información esencial y así ayudarles a desarrollar comportamientos y confianza para que puedan tomar las mejores decisiones, a través de la información que tienen sobre situaciones que pueden afectar sus vidas y su bienestar.

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Terceros en la JEP: transición, actores de veto y producción de narrativas sobre el conflicto Federico Lozano Navarrete* * Maestrante en Construcción de Paz en la Universidad de los Andes, profesional en Negocios y Relaciones Internacionales por la Universidad de La Salle. Ha trabajado como funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, participado en diferentes espacios académicos en los que ha discutido temáticas relativas a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, la gestión del conflicto armado colombiano y el proceso de paz en Colombia. Correo electrónico: federicolozanon@gmail.com

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Introducción Tras la firma de una primera versión del Acuerdo Final de Paz (en adelante, el Acuerdo) entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en septiembre de 2016, este ha sido objeto de múltiples modificaciones. La mayoría de estos cambios se dieron, en primer lugar, en el contexto de la renegociación del Acuerdo tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que una estrecha mayoría rechazó una primera versión de lo acordado. En segundo lugar, varias de las modificaciones más trascendentales se han dado en el marco del proceso de implementación legislativa del Acuerdo, cuya refrendación fue aprobada por el Congreso de la República el 30 de noviembre de ese mismo año. Este trabajo abordará en particular las modificaciones que ha tenido el contenido del punto 5 del Acuerdo —sobre víctimas— en lo relativo a la comparecencia de terceros1 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al respecto, este trabajo plantea que la JEP y, en general, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (en adelante, el Sistema) adoptaron los supuestos centrales de la corriente principal del campo de la justicia transicional, en una muestra de la estandarización de la justicia transicional, planteada por Teitel (2011). Se argumenta que, al hacerlo, el Sistema asumió varias de las limitaciones y contradicciones inherentes a la justicia transicional, principalmente por el protagonismo de los aspectos judiciales y político-legales (Arthur, 2011) en la discusión sobre la justicia transicional en Colombia. Una discusión enmarcada en un contexto de disputas políticas, que influyeron en la decisión de modificar la forma en la que los terceros comparecerían ante la JEP. En ese sentido, al entender los procesos transicionales como momentos de producción de una narrativa histórica atravesados por tensiones políticas (Castillejo Cuéllar, 2013; 2014), la problemática central de esta investigación radica en entender cómo la transformación de la forma en que los terceros comparecen ante la JEP podría resultar en la producción de una narrativa judicial e histórica que minimiza el papel de los terceros en el conflicto armado. Adicionalmente, las modificaciones al punto 5 del Acuerdo también permiten analizar el aterrizaje en el caso colombiano de discusiones relativas a la propiedad sobre el conflicto (Christie, 1977) y los procesos transicionales como momentos de apropiación judicial y burocrática del sufrimiento (Das, 2008). Del mismo modo, es un problema que permite aproximarse a debates desde

Los terceros, en general, fueron definidos por el Acuerdo como aquellos individuos que no pertenecieron a ninguna de las partes combatientes (en este caso, las FARC-EP o los miembros de la Fuerza Pública), pero tuvieron un papel determinante en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el marco del conflicto. Se presentará una definición detallada más adelante.

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perspectivas críticas sobre las condiciones de surgimiento de la ley —en particular del castigo— (Gargarella, 2011; Wacquant, 2009).

En el entendimiento de que la discusión sobre la comparecencia de terceros ante la JEP se da, sobre todo, en el marco de instituciones y discursos expertos sobre las transiciones políticas, el derecho y la historia, entre otros, la aproximación metodológica más apropiada pasa necesariamente por un análisis discursivo (Saukko, 2003). En particular, el análisis se enfocará en los aspectos funcionales y temáticos (Narvaja de Arnoux, 2008) de las distintas categorías abordadas en esta discusión, a partir del análisis intertextual entre los comunicados conjuntos del Gobierno y las FARC-EP sobre el tema, los contenidos del Acuerdo, los artículos de prensa al respecto y los desarrollos legislativos relacionados con el problema estudiado.

Para analizar lo mencionado anteriormente, en primer lugar, este trabajo llevará a cabo una observación de los supuestos principales del campo de la justicia transicional que fueron adoptados en el Acuerdo. En segundo lugar, se presentará un recorrido por las diferentes modificaciones sobre la participación de terceros en la JEP, desde la firma de una primera versión del Acuerdo hasta los desarrollos más recientes en términos de la implementación legislativa sobre este tema. En tercer lugar, el documento analizará esas modificaciones a la luz de discusiones sobre las categorías como actores de veto, producción de una narrativa histórica sobre el conflicto, apropiación de y propiedad sobre el conflicto, y discusiones críticas sobre las condiciones de surgimiento de la ley con respecto al castigo, sobre lo cual, por último, se presentarán conclusiones. “La columna vertebral del Acuerdo”: la adopción de supuestos y limitaciones de la justicia transicional en el caso colombiano Los supuestos fundacionales del campo de la justicia transicional la plantean como una serie de diversos mecanismos que las sociedades utilizan para hacer frente a cambios políticos (Teitel, 2011), incluyendo transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, de una situación de conflicto a una de paz, con el fin de enfrentar las violaciones masivas de los derechos humanos en el pasado (Uprimny Yepes, 2006); o para salir de “mundos muy imperfectos […] caracterizado[s] por la ruptura masiva de las reglas y por grandes riesgos para las instituciones que intentan superar dichas rupturas” (De Greiff, 2012, p. 34). Desde esa perspectiva, la justicia transicional se encuentra asociada a los principios de —y constituida por mecanismos centrados en— la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, entendiéndolos como convergentes, complementarios y capaces de alcanzar objetivos como la confianza cívica —confianza entre ciudadanos y entre estos y las instituciones—, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia (De Greiff, 2012).

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Estos supuestos fueron ampliamente recogidos en el punto 5 del Acuerdo y en sus diferentes instrumentos de implementación legislativa. Desde los primeros comunicados conjuntos de las partes y durante las negociaciones, pasando por la firma del Acuerdo, su renegociación y refrendación, hasta su etapa de implementación, los distintos mecanismos del Sistema Integral (la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) fueron establecidos como complementarios y presentados como parte de un Acuerdo entendido como “un todo indisoluble” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 6). Así, la complementariedad de los componentes al interior del Sistema Integral fue aplicada también en articulación con otras provisiones del Acuerdo, relacionadas con temas como la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP (punto 3), la reconciliación, la ampliación de la democracia (punto 2) y la reforma rural integral (punto 1), entre otros.

Esta adopción podría entenderse como una muestra de la expansión y la normalización de la justicia transicional, en la que los principios e instrumentos asociados a este campo se han estabilizado y asentado (Teitel, 2011); es decir que, si bien son utilizados en contextos políticos extraordinarios, su aplicación se lleva a cabo bajo parámetros cada vez más fijos y estandarizados. Un reflejo adicional de esto es la observancia permanente durante el diseño del Sistema, y en particular de la JEP, de los estándares y recomendaciones planteadas por un sinnúmero de centros de pensamiento, organizaciones no gubernamentales —como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT)2, entre otras— y organizaciones internacionales con conocimiento experto sobre el tema, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, planteadas por Teitel (2011) como la materialización del proceso de normalización de la justicia transicional.

No obstante, al adoptar esta perspectiva de la justicia transicional, el punto 5 del Acuerdo y sus mecanismos de implementación también asumieron una serie de limitaciones presentes en ella. La primera tiene que ver con asumir a la justicia transicional como una serie de instrumentos neutros, en lugar de entender que se compone de mecanismos que definen las violencias tolerables y las intolerables (Franzki y Olarte, 2013; Miller, 2016), e ignorando su aterrizaje en contextos con relaciones de poder específicas, en las que esta queda en el medio

Arthur (2011) menciona estas organizaciones, entre otras, como parte de “una red internacional de personas e instituciones cuya coherencia interna se sustenta en conceptos comunes, objetivos prácticos y derechos de validez personal” que surgió “como respuesta a estos nuevos dilemas prácticos [los relacionados con las medidas aplicadas en procesos de transición política, típicamente de regímenes autoritarios a regímenes democráticos] y como un intento de sistematizar el conocimiento que se estima útil para resolverlos” (p. 76).

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de una disputa sobre la narrativa histórica del daño en el pasado (Castillejo Cuéllar, 2013; 2014).

La segunda limitación de la justicia transicional —como lo observa Saffon (2011) en su estudio sobre los mecanismos propios de la justicia transicional— radica en la centralidad de lo judicial y lo penal, ignorando fórmulas más allá del derecho y del castigo para llevar a cabo la transición. Asimismo, como lo plantea Arthur (2011), las discusiones sobre la justicia transicional suelen estar “profundamente enredada[s] en problemas políticos de naturaleza legal-institucional y de plazo relativamente corto” (p. 88). Estas limitaciones quedan en evidencia en el caso de Colombia, en dos sentidos. Primero, por la cantidad de instrumentos legales que ha requerido la implementación del Acuerdo y, en particular, sus disposiciones sobre justicia transicional3. Segundo, por la centralidad de categorías como castigo, justicia e impunidad —e interpretaciones particulares de estas— en el lenguaje, que los diferentes actores involucrados en el proceso de la transición en Colombia han utilizado en medio de la discusión sobre la justicia transicional y el proceso de paz en general. De hecho, la discusión alrededor de estas categorías y sus materializaciones político-legales fueron ampliamente visibles tanto en la campaña el plebiscito de 2016 —por ejemplo, a través de lemas como “Paz sin impunidad” en la campaña por el No (Botero, 2017; Misión de Observación Electoral, 2016)— como en negociaciones subsecuentes en el Congreso, en el marco de la implementación legislativa del Acuerdo y en debates en la opinión pública sobre decisiones de la JEP4. Por último, al adoptar el supuesto de la relación complementaria entre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se ignoró que existe una serie de relaciones más complejas e incluso contradictorias entre estos valores. Elster (2012), por ejemplo, muestra cómo la justicia puede ser un obstáculo para la paz, si la expectativa de un castigo o la redistribución de recursos motivan la prolongación del conflicto; cómo la verdad puede ser un obstáculo para la justicia, si las medidas simbólicas y las disculpas sustituyen otras formas de reparación o si la revelación de la identidad de los perpetradores no va acompañada con la rendición de cuentas; o cómo incluso la justicia transicional puede ser un obstáculo para la justicia distributiva, si el derecho es más importante que las necesidades en situaciones de escasez extrema. La tensión entre estos principios es tangible en Colombia, por ejemplo, en hechos como la persistencia de diferentes

La implementación del punto 5 del Acuerdo ha derivado en o está directamente relacionada con numerosos instrumentos legales, incluyendo el Acto Legislativo 001/2017, el Acto Legislativo 002/017, la Ley 1820/2018, la Ley 1922/2018, la Ley 1957/2019, al menos tres sentencias de la Corte Constitucional y varios decretos, entre otros.

Ver, por ejemplo, a Lewin y León (2018) y Rojas Andrade (2019).

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formas de violencia, tanto estructural como directa5, pese al establecimiento de mecanismos de transición, o la marcada polarización entre sectores políticos precisamente alrededor de la justicia transicional o, incluso, del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en general.

De La Habana a Bogotá: las transformaciones en el Acuerdo sobre terceros en el sistema de justicia transicional El primer pronunciamiento sobre la participación de terceros en el sistema de justicia transicional, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, se dio en el comunicado conjunto No. 60 del 23 de septiembre de 2015, que anunció el acuerdo sobre la creación de una jurisdicción especial para la paz. El comunicado planteó que:

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2015, párr. 5) Aunque el comunicado no se refirió de manera específica a terceros, la palabra “indirecta”señalaba el reconocimiento de que los distintos actores armados no fueron los únicos participantes en el ejercicio de la violencia durante el conflicto armado (Correa Saavedra, 2016). Asimismo, el objetivo de la rendición de cuentas, planteado para el Sistema Integral, establecía que: “mediante el establecimiento de responsabilidades, todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes6, deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 128).

En consecuencia, surgieron interpretaciones y reacciones desde diferentes sectores que podrían caer dentro de la categoría de los terceros, incluyendo empresarios, parapolíticos y exmiembros de grupos paramilitares, en su mayoría solicitando mayor claridad sobre quiénes estarían sujetos a la jurisdicción y cómo se determinaría la relación con los crímenes (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Ver a Concha (2009), sobre la teoría de conflictos de Galtung; además ver a Galtung (1985).

Las cursivas no hacen parte del texto original, fueron añadidas por el autor para propósitos de énfasis.

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El 15 de diciembre de 2015, el Gobierno y las FARC-EP dieron a conocer un borrador conjunto sobre el punto 5 del Acuerdo, en el que se establecía más claramente que la competencia de la JEP sería sobre las conductas de […] financiación o colaboración con los grupos paramilitares, […], que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de ésta jurisdicción, […], salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2018, p. 149).

Más adelante, el entonces presidente Juan Manuel Santos aclaró que la investigación y el juzgamiento por parte de la JEP a terceros aplicaría en casos en los que se comprobara una “participación determinante” de manera deliberada, que las sanciones serían proporcionales a los delitos cometidos, y que podrían acceder a beneficios similares a los estipulados para los agentes del Estado y miembros de la guerrilla (Fundación Ideas para la Paz, 2015). En general, con estas disposiciones sobre la participación de terceros en la JEP, fue firmada la primera versión del Acuerdo. No obstante, la victoria del No en el plebiscito significó una serie de modificaciones después del proceso de renegociación, incluyendo la clarificación de que la JEP tendría jurisdicción no solo sobre las conductas de financiación o colaboración de terceros civiles con grupos paramilitares, sino con cualquier otro actor del conflicto, bajo las mismas condiciones que establecía la versión inicial. También, se estableció que la JEP podía definir la situación jurídica de aquellos terceros civiles que no hubieran tenido una participación o determinante, que contribuyeran a la satisfacción de los derechos de las víctimas y se presentaran voluntariamente durante los tres primeros años de funcionamiento de la JEP (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Sin embargo, el cambio más significativo en términos de la participación de terceros en la JEP vino con las modificaciones introducidas por el Congreso en el Acto Legislativo 001/2017 —que estableció el Sistema Integral en el ordenamiento legal colombiano—, que fueron ratificadas por la Corte Constitucional en su sentencia C-674/17, que confirmó la participación de terceros como estrictamente voluntaria. Los principales argumentos de la Sentencia C-674/17 de la Corte Constitucional (2017) plantearon que:

El órgano judicial creado ex post [la JEP], por la forma en que fue concebido, diseñado y configurado, es también ad hoc. Esto, al menos por tres razones: (i) primero, porque se encuentra separado orgánicamente de la Rama Judicial; (ii) segundo, porque fue estructurado a partir de una lógica sustancialmente distinta de la que inspiró la creación de los órganos jurisdiccionales en la Constitución de 1991; (iii) y finalmente, porque su diseño respondió a las demandas y requerimientos de actores específicos en contexto del conflicto armado. (p. 338)

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¿Un conflicto con solo dos partes?: actores de veto y la producción de una narrativa sobre el conflicto sin terceros Como se mencionó anteriormente, la decisión de hacer voluntaria la participación de terceros en la JEP puede entenderse en el marco de discusiones sobre la producción de una narrativa histórica sobre el conflicto, actores de veto, propiedad sobre el conflicto y discusiones críticas sobre las condiciones de surgimiento de la ley con respecto al castigo. Con relación a la narrativa histórica sobre el conflicto, Castillejo Cuéllar (2013, p. 218) plantea los mecanismos transicionales como momentos en los que se negocian significados y relaciones con el pasado, con las causas históricas del daño y con las diversas concepciones sobre este. Esto, en el contexto de este trabajo, implica que la modificación podría derivar en una narrativa histórica sobre el pasado violento que solo reconoce a los actores armados enfrentados como generadores del daño y que minimiza la dimensión de la relación de los terceros con el conflicto. Muestra de ello es que, según Bernal (2017), pese a que existen más de 15 700 copias compulsadas en manos de la Fiscalía que comprometen a empresarios de distintos sectores en la guerra, el grueso del empresariado insiste en negar haber tenido relación con la ocurrencia de delitos graves durante el conflicto y, al 6 de septiembre de 2019 —fecha en la que venció el plazo para que los interesados solicitaran su sometimiento a la JEP— solo 657 terceros y agentes del Estado no combatientes habían solicitado su sometimiento (Jurisdicción Especial para la Paz, 2019). Adicionalmente, esta decisión, así como la narrativa histórica que de ella resulte, está mediada —como lo menciona Castillejo Cuéllar (2013) sobre el caso del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica— por tensiones políticas. Es en medio de esas tensiones que cobra importancia el papel de los actores de veto, definidos por Lessa et al. (2014) como “aquellos actores que se oponen a la rendición de cuentas o la investigación de violaciones pasadas de los derechos humanos [y que tienen la capacidad de] limitar la respuesta de justicia transicional del Estado”7 (p. 78). La centralidad de este concepto se ilustra en tanto buena parte de los problemas que enfrenta la implementación del Acuerdo —y que se reflejan en el tema abordado en este trabajo— obedece a una serie de contradicciones planteadas por Gutiérrez Sanín (2018). Este autor afirma que la primera de estas contradicciones radica en que la coalición de Gobierno fue liderada por partidos y personas atadas a sistemas de incentivos y relaciones que perpetúan dinámicas de clientelismo, exclusión y violencia. Asimismo, sostiene que, si bien esa coalición le permitió al gobierno Santos adelantar el proceso, también le impidió mostrar y hacer realidad el potencial transformador del Acuerdo. Por último, Gutiérrez Sanín

Traducción libre del original en inglés: “those actors who oppose accountability for, or investigation into, past human rights violations […] limiting a state’s transitional justice response”.

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señala que, el Gobierno también apoyó a detractores del proceso en cargos decisivos para apaciguar a sectores poderosos que se sentían amenazados. Bajo esa misma lógica, la aceptación de la modificación por parte del Gobierno podría ser leída como una decisión tendiente a “acallar los temores” (Revista Semana-Justicia, 2017) de que la JEP se convirtiera en un escenario de “cacería de brujas” (Revista Dinero-Paz 2017) en contra del empresariado. La decisión, además, permitió destrabar el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que se encontraba bloqueada en el Congreso por parte de partidos como a los que hacía referencia Gutiérrez Sanín (2018) bajo argumentos como el de la “cacería de brujas”.

Propiedad sobre el conflicto, apropiación del daño y discusiones sobre el contexto de surgimiento de la ley y el castigo De manera similar, esa necesidad de “acallar los temores” de los terceros a través de la modificación podría entenderse como la manifestación de un proceso de apropiación judicial y burocrática del sufrimiento. Para entender esas dinámicas, es necesario entender los conflictos como propiedad (Christie, 1977). Christie plantea que, a través de la representación de las partes en conflicto por parte de profesionales —sobre todo del derecho— y de la segmentación —entre víctimas y victimarios, pero además en un sinnúmero de categorizaciones sociales y poblacionales— “los conflictos han sido apartados de las partes directamente involucradas y han desaparecido o se han transformado en la propiedad de otras personas”8 (1977, p. 19). Además, esta autora plantea que, en esa situación, se pierde el potencial propio del conflicto como instrumento de cambio social, incluyendo el restablecimiento de las relaciones sociales entre las partes.

Si bien Christie plantea su análisis desde conflictos menos masivos que el conflicto armado colombiano, es posible identificar en Colombia mecanismos proporcionalmente masivos de representación y segmentación, y dinámicas en las que profesionales, expertos y otros actores les quitan a las partes involucradas (víctimas y perpetradores) su propiedad sobre el conflicto. De hecho, la categoría de terceros, como estipulada en el Acto Legislativo 01/2017, al hacer referencia a “las personas que, sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto” (Congreso de la República de Colombia, 2017, artículo transitorio 16) y la discusión alrededor de la competencia de la JEP

Traducción libre del original en inglés: “conflicts have been taken away from the parties directly involved and thereby have either disappeared or become other people’s property”.

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sobre esta categoría permiten observar la presencia de mecanismos de segmentación en el caso de la justicia transicional en Colombia. Por otro lado, aunque hubo participación de delegaciones de víctimas del conflicto durante las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC-EP en La Habana, y pese a que la centralidad de estas ha sido reiterada como un principio de los Acuerdos y ha quedado estipulada en la implementación normativa de los mecanismos del Sistema Integral, sus derechos, demandas, necesidades y percepciones han atravesado múltiples escenarios de representación, que van desde la propia selección de las víctimas que participaron en la Mesa de La Habana, pasando por escenarios de representación atravesados por disputas políticas —como la campaña del plebiscito de 2016 o el Congreso durante la discusión de instrumentos de implementación normativa—, hasta escenarios como la revisión de constitucionalidad de dichos instrumentos, que —como lo plantea Christie— están significativamente alejados, tanto físicamente como en términos de acceso y de lenguaje de la gran mayoría de las víctimas. En ese contexto, la decisión de modificar la naturaleza de la comparecencia de terceros ante la JEP se configura en un proceso de definición del daño, en el que “al dar definiciones precisas de daño y bienestar [o, en este caso, de participación en la producción del daño], la ciencia [el conocimiento técnico del derecho sobre el cual se argumentó la modificación] y el Estado pueden acabar por formar una alianza en la cual se apropian del sufrimiento […] a fin de lograr un proyecto de sociedad en el futuro” (Das, 2008, p. 451). Muestra de ello es que, el argumento utilizado por la Corte Constitucional, ampliamente respaldado por actores de veto en el escenario político colombiano, priorizó una interpretación técnica del derecho, enfocada en el concepto de sustitución del juez natural, frente al potencial que la comparecencia de terceros ante la JEP tenía para contribuir más ampliamente a los derechos de las víctimas. El proceso de apropiación no solo radica en el mantenimiento de relaciones clientelares con algunos sectores poderosos dentro de la categoría de los terceros, sino también podría obedecer a la necesidad de generar incentivos en ellos, en particular en el sector privado, para promover su involucramiento en aspectos clave de un “proyecto”, enmarcado en una paz liberal9 en el que: […] Junto con el objetivo de crear instituciones políticas funcionales, el objetivo central de la agenda contemporánea liberal de la consolidación de la paz es la ambición de crear las bases para el desarrollo económico sostenible y, por lo tanto, la paz. […] asume que los actores empresariales son un elemento constitutivo poderoso y esencialmente positivo para la paz. El aumento de la

Gutiérrez Sanín (2018) sostiene que, a raíz de las contradicciones señaladas, el “capital transformador” del Acuerdo quedó limitado en un concepto de paz liberal que define de manera crítica como: “elecciones democráticas, mercados y justicia; nada menos, pero nada más” (p. 113).

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inversión por parte del sector privado extranjero y nacional es vital, se asume, para las sociedades que salen de un conflicto, al ayudarlas a obtener las recompensas materiales de la paz, así como a fortalecer a los sectores que se oponen al retorno a la guerra. Los lazos comerciales también se consideran cruciales […], ya que las interacciones comerciales se encuentran entre las formas de cooperación de bajo nivel que ayudan a consolidar lentamente los intereses y la comprensión mutua entre los antiguos enemigos. (Selby, 2008, p. 17)10 Esto cobra sentido en la medida en que los terceros, en particular miembros específicos del sector privado, tienen un papel dual en la transición en Colombia: como posibles comparecientes ante la JEP y también como actores determinantes en la implementación de otros aspectos de la transición, como la reincorporación de excombatientes o el apalancamiento de obras en las zonas afectadas por el conflicto, a través de esquemas como “Obras por impuestos”11. Por último, lo anterior permite plantear que las modificaciones se insertan en dinámicas como las planteadas por Gargarella (2011), en el que “el Estado comien[za] a mimetizarse con —o a representar exclusivamente— a los sectores más favorecidos por la desigualdad, a asumir su voz y a hablar como ellos” (p. 39), y en donde los medios coercitivos del Estado s[on] manipulados para proteger un orden social injusto. Es decir, […] que un pequeño grupo —el más beneficiado dentro de ese contexto de desigualdad y pobreza— utilice su poder de influencia para apropiarse del proceso de creación normativa (o presionar indebidamente sobre el mismo) de modo tal de orientar el uso de la coerción estatal a su favor. (p. 43) De esta forma, si bien en este caso no se trata de una situación como la planteada por Wacquant (2009), en su estudio del derecho penal y la política criminal en Estados Unidos, en la que el la cárcel se ha convertido en un mecanismo para criminalizar a sectores excluidos y vulnerables, sí es posible concluir que los 10 Traducción libre del original en inglés: “Together with the goal of creating functioning political institutions, the ambition of creating the foundations for sustainable economic development, and thereby peace, is the central stated aim of the contemporary liberal peacebuilding agenda. […] assumes that business actors are a powerful and essentially positive constituency for peace. Increased foreign and domestic private sector investment is vital, it is assumed, for societies emerging from conflict, helping those societies to reap the material rewards of peace, as well as to strengthen constituencies opposed to a return to war. Business ties are also viewed as crucial […] since business interactions are amongst those low-level forms of cooperation which slowly help to consolidate shared interests and understanding between erstwhile enemies”. 11 “Obras por Impuestos” es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50 % de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en el país, que tengan por objeto la construcción, el mejoramiento, la optimización o la ampliación de la infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios básicos, educación, salud e infraestructura vial.

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actores de veto involucrados en la discusión sobre la comparecencia de terceros ante la JEP influyeron en el sentido de dejar la obligatoriedad de la comparecencia reservada para los antiguos combatientes de las FARC-EP y para los miembros de la Fuerza Pública.

Conclusión El Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP asumió una serie de premisas sobre la justicia transicional, entendiéndola como un conjunto de mecanismos principalmente judiciales y legales, atados a principios interconectados que van desde la justicia, la verdad y la reparación, hasta la reconciliación, el fortalecimiento de la democracia y otros. Al hacerlo, no obstante, el Acuerdo también quedó inmerso en una serie de limitaciones y contradicciones. En primer lugar, centró la discusión de la justicia transicional en un contexto de reformas político-institucionales, ignorando el aterrizaje del proceso transicional en una serie de relaciones de poder y disputas por la narrativa sobre el pasado. Asimismo, al establecer la comparecencia obligatoria de terceros en la JEP, el Acuerdo originalmente reconocía la participación de estos en el conflicto armado. Sin embargo, en el proceso de implementación legislativa del Acuerdo se introdujo una modificación que determinó que la comparecencia de terceros ante la JEP puede darse solo de manera voluntaria.

Este trabajo observó cómo esta decisión es una muestra de las limitaciones anteriormente mencionadas y una muestra del papel de los miembros del Congreso que la hicieron posible como actores de veto. La decisión constituye también una muestra de la apropiación, por parte de esos actores de veto, del daño y de la narrativa sobre la participación de terceros en el conflicto armado, entendiendo su capacidad de veto y su ejercicio de apropiación del pasado, en primer lugar, en el marco de tensiones políticas para apaciguar a sectores poderosos; en segundo lugar, en el contexto de contradicciones estructurales asociadas con la continuidad de relaciones clientelares que limitan las capacidades del Acuerdo; y, en tercer lugar, en la necesidad de involucrarles en la agenda de consolidación de una paz liberal como “proyecto de futuro”.

El proceso de apropiación fue visible también en la medida que los actores de veto influyeron y modificaron una decisión que había sido tomada en la Mesa de diálogos de La Habana, el único escenario en donde las víctimas del conflicto tuvieron participación, y las apartaron de la decisión sobre la comparecencia de terceros a través de la representación política en el Congreso y otros escenarios. Estas dinámicas podrían resultar en la construcción de una narrativa histórica desde lo judicial que exime a ese sector de sus responsabilidades y las relaciones históricas que tienen con el pasado violento. En ese sentido, fue posible entender estas decisiones en el marco de los planteamientos de Gargarella (2011) y Wacquant (2009) que llaman al cuestionamiento de los contextos de emergencia

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de las normas alrededor del castigo; en tanto que hicieron la obligatoriedad de comparecer ante la JEP exclusivamente para las partes combatientes, mientras mantuvieron sus casos dentro de la jurisdicción ordinaria, que ha tenido pocos o nulos avances en la investigación y sanción de terceros involucrados en el conflicto armado.

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Acompañamiento ético-político y comunicación digital para la gestión de las conflictividades en el posacuerdo1 Johann Pirela Morillo* Amparo Novoa Palacios**

Este capítulo de libro es resultado del proyecto de investigación titulado “Estructura y dinámicas del acompañamiento tutorial en la formación doctoral”. En el marco de la convocatoria VRIT para el fortalecimiento de la investigación 2019, cuyo número de departamento asignado al proyecto es 2438924.

* Postdoctorado y doctorado en Ciencias Humanas; magíster en Educación, mención: Currículo por la Universidad del Zulia, Venezuela; magíster en Museología; licenciado en Bibliotecología y Archivología. Docente e investigador del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística y de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos y el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Líder del grupo de investigación “Información, desarrollo y sociedad”, categorizado como investigador Senior ante Colciencias. Correo electrónico: jepirela@unisalle.edu.co ** Doctorado en Teología por la Universidad de Granada, España; magíster, licenciada y profesional en Teología, bachiller en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordinadora, investigadora y docente de la línea de investigación: Cultura, Fe y Formación en Valores del Doctorado en Educación y Sociedad. Docente del programa en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle, Bogotá. Investigadora categorizada ante Colciencias como Investigadora Asociada. Correo electrónico: amnovoa@unisalle.edu.co

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Introducción En este capítulo se propone un ejercicio de articulación de categorías usualmente empleadas en los ámbitos académicos y de intervención psico-social, mediante acciones formativas que empoderen a los sujetos como actores fundamentales para la construcción de escenarios de paz estable y duradera. Tales categorías son las de acompañamiento que, junto a la noción de lo ético-político, conforman una idea que se traduce en prácticas situadas para avanzar hacia una gestión adecuada de las conflictividades, centradas en la participación política consciente de la ciudadanía.

La premisa central de este trabajo investigativo se apoya en las posibilidades de gestión de los conflictos en el contexto del posacuerdo en Colombia, sobre la base de la maximización y el aprovechamiento de la comunicación, materializada en dispositivos digitales que la amplifican y tienen la potencialidad de darle voces a sujetos subalternos u oprimidos por procesos que han debilitado el tejido social.

Para argumentar y generar sistemas explicativos frente a esta premisa, se organiza el texto en tres componentes que lo estructuran, cada uno de los cuales integran miradas que destacan el carácter transversal de lo ético-político, más allá de la acción de formación para la ciudadanía, integrando, también, en el análisis de las dimensiones de la comunicación para la paz; al mismo tiempo, relacionada con la idea de comunicación para el cambio y la transformación social. En tal sentido, el primer componente del texto desarrolla un análisis estructural y existencial del acompañamiento ético-político como una acción intencionada que busca potenciar la idea de lo colectivo en contraposición de lo individual, otorgándole a los sujetos los empoderamientos críticos y reflexivos para participar activamente en la construcción del tejido social. El segundo componente parte de profundizar en las dimensiones de las conflictividades y el posacuerdo, enfatizando el hecho de que este último proceso implica el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas, soportadas en las revisiones de conceptos y en la superación de los esquemas disciplinares, transitando hacia espacios inter y transdisciplinares para proyectar apuestas que aporten visiones, con el fin de enfrentar los vacíos existentes en ámbitos institucionales de la estructura del Estado, en los cuales adquiere una importancia estratégica el acompañamiento ético-político, que debe operar como un elemento catalizador de la transición hacia la paz.

El tercer componente desarrolla la noción de comunicación para la paz, en la que se deben evidenciar los principios y criterios que fomenta el acompañamiento ético-político. A partir de estos elementos, se mencionan algunas buenas prácticas de uso de las tecnologías digitales e interactivas para avanzar hacia el fortalecimiento de los vínculos sociales, mediados por valores de confianza,

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transparencia y uso productivo y creativo de estas tecnologías; extendiendo la oportunidad de que sean vistas más allá de lo instrumental y lo técnico, al mismo tiempo, abriendo las posibilidades de considerarlas como artefactos sociotécnicos con alta potencialidad para ayudar a reconstruir el tejido social. El enfoque cualitativo integrado con el tipo de investigación descriptiva-analítica y el método de investigación documental son los elementos esenciales de la metodología, la cual se apoyó también en técnicas de análisis, integración y cotejo de planteamientos teórico-conceptuales, complementados en la revisión de buenas prácticas en materia de uso social de las tecnologías. Lo anterior, confluye para fundamentar que el acompañamiento ético-político se constituye en una categoría que orienta los procesos de comunicación digital para una paz duradera.

El acompañamiento ético-político Reflexionar sobre el acompañamiento a partir de lo ético-político, en el contexto de las conflictividades que emergen del posacuerdo, implica comprender en primera instancia a qué hace referencia esta categoría y así poder ampliar desde el escenario ético político lo que ella demanda. En este orden de ideas, se plantea que existe una correlación fundamental entre el acompañamiento y lo ético-político, ya que son constructos o realidades que adquieren sentido en lo colectivo. Es decir, el acompañar remite inmediatamente a estar en presencia con otros y otras, lo ético-político no acontece en abstracto, son realidades que se develan en las acciones humanas referidas también a lo colectivo o comunitario. Al indagar sobre las formas de cómo se ha ejercido el acompañamiento en el contexto colombiano, se evidencia la diversidad en los trabajos investigativos que han posicionado su mirada hacia dicha realidad. En este sentido, Castro Sánchez (2009) traza dilemas éticos y políticos en el acompañamiento a las víctimas de violencia política en Colombia desde el trabajo social. Este autor define el análisis del contexto colombiano como una herramienta de comprensión de la realidad y de construcción de una postura crítica frente a condiciones adversas que atentan contra la dignidad humana; asimismo, plantea que lo ético y lo político demanda del sujeto el conocimiento de la propia historia, de su contexto y la realidad, a partir de lo cual promueva procesos de concienciación. Es así que, la relación entre ética y política se da en el sujeto capacitado para tomar decisiones en un marco axiológico que prioriza la libertad, la justicia y la dignidad. En esta perspectiva también se encuentra la postura de Tovar Guerra (2006), quien introduce la reflexión acerca de la constitución de nuevos actores políticos a partir del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, además, plantea el rol del acompañamiento psicosocial a dicha población. El cual debe comprenderse, por un lado, en “asistir a la reconfiguración de la subjetividad de la persona y, [por el otro], a la apertura de espacios de diálogo

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de saberes, espacios para el discernimiento, para el encuentro entre iguales y para la acción” (p. 159).

Por otra parte, Villa Gómez (2016) reflexiona sobre el valor del “perdón en la construcción de paz en situaciones de conflicto armado prolongado, como la que vive Colombia, además de aportar a transformaciones subjetivas y la recuperación de dignidad en víctimas de violencia política, desde una perspectiva de noviolencia” (p. 21), de reconciliación social y de perdón orientada a la transformación y superación de conflictos violentos. Para tal fin, propone algunas recomendaciones para intervenciones psicosociales y comunitarias con el objetivo de reconstruir el tejido social en los contextos de violencia y conflicto. Igualmente, llega a concluir que es necesario para el acompañamiento psicosocial en lógica noviolenta, una actitud que tenga en cuenta: En primer lugar, abstenerse de “invitar” al perdón como solución sociopolítica, como deber, como obligación o como acción “necesaria” para la paz. Porque puede haber paz sin perdón. Lo que no puede haber es paz con venganza […]. En segundo lugar, tampoco se puede caer en la actitud inversa: juzgar o no legitimar las experiencias de perdón que emergen de la gente, aun cuando no haya condiciones de justicia, de reparación o de cambio en el sistema que propicia la injusticia. Es decir, es fundamental acoger, respaldar y fortalecer procesos de perdón que surgen por propia iniciativa de la gente; y valorar estas dinámicas, tanto en el plano personal, como colectivo, puesto que aportan estrategias noviolentas para la comprensión y tratamiento del conflicto […]. Finalmente, el trabajo por la memoria, la dignidad de las víctimas, la búsqueda de justicia social y la lucha por los derechos no va en contravía de las lógicas del perdón. Al contrario, las requiere y se enriquecen (Gandhi 2008). Con lo cual, es fundamental, en términos psicosociales y en perspectiva de la noviolencia, seguir trabajando en estos aspectos con el objetivo de superar la impunidad, alcanzar el reconocimiento social, el resarcimiento colectivo, la reparación y la reconstrucción del tejido social. Además, promover este sentido de reconocimiento de la humanidad del otro para generar movilizaciones transformadoras y procesos de reconciliación social que devengan en la construcción de una paz desde abajo, desde la gente. (p. 17) Es de resaltar que, los diversos aspectos que se señalan para un acompañamiento psicosocial, en perspectiva noviolenta, ponen el acento en generar procesos que sean flexibles y abiertos, sin pretender imponer posturas ambiguas, inmersas en escenarios sociopolíticos que mantenga el poder. Se trata de ejercer un acompañamiento que fortalezca los procesos de perdón que surgen de la base, de la propia gente que padece el conflicto. A la par, debe ser un acompañamiento que busque el reconocimiento social, la reparación y la reconstrucción del tejido social. De lo expuesto, se puede inferir que el acompañamiento se aproxima a lo que expresa Albert Camus: “uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen” (citado por Sabato, 2016, p. 30).

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En esta perspectiva, el acompañamiento implica unirse a alguien, y según su semántica, es una palabra que se construye a partir de tres sinónimos: conducir, guiar y escoltar. Lo anterior, supone una relación que capacita para comprender lo que el otro puede sentir a través del diálogo, lo cual da paso a una conexión que posibilita la unión con alguien; así, se entiende que este se asienta desde un nexo intersubjetivo, que implica empatía y disposición para caminar con el otro y acoger las transformaciones conjuntas. (Novoa Palacios y Pirela Morillo, 2019, p. 24) Sin embargo y para lo que interesa en este capítulo, el acompañamiento adquiere un carácter ético-político cuando plantea caminos posibles para los sujetos inmersos en las conflictividades. Para lo cual, se requiere un ejercicio de ciudadanía que sea desde abajo (Zibechi, 2007). Esto lleva a comprender que existen condiciones para el ejercicio de la ciudadanía que vaya configurando un sistema político democrático más allá de los sistemas politiqueros. Al respecto, Cortina (2009) precisa algunas condiciones que implican el ejercicio de la ciudadanía: “el ser humano obedece normas o leyes universales que dirigen el orden social, siendo conscientes y responsables de que ello implica la construcción de sociedades justas e igualitarias” (p. 59). En esta postura se insinúa que la ética adquiere potencial al desarrollarse desde valores como la justicia y la igualdad. Valores que llaman a transformar y construir una nueva historia, “es imposible recibir la herencia del pasado sin, a su vez transformarla y reubicarla en el presente” (Mèlich, 2010, p. 22). Tal historia se refleja en sistemas participativos, incluyentes y políticos conocidos como democracia.

La democracia es un sistema político, pero sobre todo, como decía Aranguren, es “un sistema de valores”. En este sentido, no sólo es una forma en la que la política se organiza y organiza la sociedad y el Estado, sino también una ética que da a ambos un sentido teleológico y que hace de la democracia y la política, una axiología, una corporación de valores que las humaniza y les confiere dignidad. (Serrano Caldera, 2003, p. 24) De este modo, adquiere relevancia el acompañamiento ético-político cuando los sistemas democráticos integran valores que dignifican a la humanidad. Igualmente, hacen de las conflictividades escenarios propicios para promover capacidades comunitarias, transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y maduración de la sociedad; reconociendo los agentes y actores de los procesos societarios en los que se delibera y se concerta el futuro de los pueblos.

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Conflictividades y posacuerdo Frente a los escenarios que se han instalado en Colombia, caracterizados por conflictos diversos, dentro de los cuales está, como se sabe el conflicto armado, se plantea la necesidad de un acompañamiento ético-político, no solo como una categoría que se dinamiza y potencia desde procesos formativos, sino también como una estrategia transversal que debe hacer parte de las propuestas sobre el perdón —si es posible de reconciliación—, pero, sobre todo, como una acción articulada para la recomposición del tejido social, debilitado a partir de los itinerarios de la guerra y sus consecuencias. En este sentido, se asumen los planteamientos de Cortés et al. (2016), quienes hablan de la posibilidad de gestión pacífica de conflictos, lo cual alude a la construcción de racionalidades y prácticas para introducir formas de mediación cultural que interrumpan la reproducción de la violencia y favorezcan la reparación del tejido social. Calderón Rojas (2016), refiriéndose a los retos que traen consigo las propuestas de superación de los conflictos, plantea que no solo se requiere decisiones importantes en cuanto a la desmovilización armamentista, sino que es necesario abordar el componente de lo invisible del conflicto, lo cual, por cierto, es lo que lleva más tiempo. Se trata de la violencia cultural, construida desde un sistema de valores que reproducen una cultura opresiva, agudizada por el conflicto armado; para ello, es ineludible trabajar en la reconciliación de las víctimas con sus victimarios. Frente a esto, se plantea que el acompañamiento ético-político debe ser entendido no solo como el reconocimiento de la consciencia ciudadana, mediadas por los itinerarios históricos sociales, sino como el fortalecimiento de capacidades humanas, articuladas con el empoderamiento social para los ejercicios de acciones pacifistas, reflexivas y críticas. El mencionado autor dice, con respecto a la importancia de articular acciones de educación para la paz, lo siguiente:

[…] la simple firma del acuerdo de paz y la ausencia de la violencia directa no terminará el conflicto, ocasionaría la consecución de una paz negativa (ausencia de violencia directa) en el país, pero los esfuerzos se deben centrar por alcanzar una paz duradera y estable conocida como paz positiva (ausencia de todo tipo de violencias, incluida la directa, estructural y cultural). Para concluir, plantearía que todo esfuerzo por alcanzar la paz en cada una de estas tres etapas sería infructuoso si no se educa para la paz y para el posconflicto, educación que debe recibir toda sociedad civil para entender y afrontar los cambios futuros del país en todo orden, incluyendo los niveles institucional, legal, político, social, cultural y económico. (Calderón Rojas, 2016, pp. 256-257) Lo anterior, pone el énfasis en la importancia del desarrollo de apuestas para una educación por la paz, que asume, a modo de sustrato, el acompañamiento ético-político, entendido como un proceso que implica estar presente con otros

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y otras, de modo que, se abonen los mecanismos orientados a terminar con la violencia estructural, que considera estructuras físicas y organizativas que han impedido la satisfacción de las necesidades de las víctimas, trabajando en la resolución a partir de la creación de condiciones justas. Siguiendo esta línea, Rodríguez (2020) plantea que la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP inauguró, a finales de 2016, una etapa de posacuerdo, considerando retos diversos para la construcción de la paz en Colombia, sobre todo, en cuanto a las capacidades institucionales nacionales, departamentales y municipales. La autora analizó de manera concreta la situación del Caribe colombiano, identificando vacíos y falencias en cuanto a los recursos y las condiciones necesarias para fortalecer una ciudadanía activa y crítica, orientada a impulsar la democracia desde abajo. Es precisamente frente a estos vacíos que adquiere una importancia estratégica el acompañamiento ético-político, que debe operar como un elemento catalizador de la transición hacia la paz, con lo cual queda expresada también la necesidad de una formación ético-política; llevada hacia delante por mediadores sociales, como es el caso de los maestros, líderes y gestores sociales, quienes deben formarse para generar escenarios de paz estables y duraderos. Ante estas afirmaciones, Espitia et al. (2019) expresaron que, desde el 2016, fecha en que se pactó el último acuerdo de paz con las FARC y gracias a la firma de este acuerdo, los campesinos han logrado volver a sus tierras recuperando sus campos, el Gobierno ha logrado un mayor control de los territorios y se ha implementado proyectos sociales en la agricultura y la tecnología, en el marco del posacuerdo, para que la paz sea estable y duradera. En este contexto, las innovaciones tecnológicas aplicadas a planes sociales han sido herramientas indispensables, por medio de las cuales se puede reconectar nuevamente el tejido social en estas comunidades, generando la confianza que tanto necesitan las víctimas de este conflicto. Además, con el fin de que los excombatientes no recaigan en el conflicto, debido a que no encuentran oportunidades en la nueva vida que enfrentan después de la guerra. Sobre este particular, se destaca el carácter dinamizador del acompañamiento ético-político como atenuante en escenarios de conflictividades emergentes que surgen del posacuerdo.

Sobre la base de lo anterior, se añade lo expresado por Cepeda Jiménez (2016), quien afirma que el proceso de paz colocó en la escena pública situaciones novedosas, como el desarrollo de una Ley de Víctimas, lo que introdujo el debate sobre justicia transicional, el rol de dichas víctimas, su reparación, la importancia de la memoria histórica y la función de un eventual perdón. Elementos que se deben abordar desde la noción de acompañamiento ético-político, centrado en el desarrollo de competencias para la resiliencia, la reconstrucción social y el desarrollo de una consciencia que se mueva de lo individual a lo colectivo,

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valorando las singularidades socioculturales de los territorios y sus actores. Frente a estos planteamientos, el autor propone mejor el uso de la categoría de posacuerdo, debido a que es más pertinente para significar la trama de relaciones que implica. En este sentido, señala:

En esa medida la firma de la paz significa —a pesar de su gran valor— apenas el arribo del posacuerdo, más no necesariamente el del posconflicto, en el cual la reconstrucción del país puede demorar tanto como el conflicto armado experimentado. De esta forma, la elaboración de un peace-building para Colombia implica pasar por la reafirmación del Estado de derecho, sin descuidar la garantía del concepto de seguridad humana en todo el territorio. Antes de comentar más aspectos de lo que sería el escenario posacuerdo para construir el posconflicto, vale la pena listar los puntos y retos que deja para el país la hoja de ruta de negociación que ha sostenido Colombia con las FARC. Teniendo en cuenta «ampliar la democracia» y construir «bases sólidas para la paz», se estableció que, si el acuerdo de paz con esta guerrilla se completa, las siguientes políticas deberán realizarse (El Tiempo, 2012): (1) Política de desarrollo rural para el 46 % de los 11 millones de campesinos que se calculan están en la pobreza (reforma agraria con búsqueda de propiedad y seguridad alimentaria). (2) Participación política: se buscará incentivar «mayor participación en la política nacional, regional y local para todos los sectores, especialmente los más vulnerables» y «acceso a los medios de comunicación» para los eventuales movimientos que surgieran de un eventual proceso de paz exitoso. (3) Fin del conflicto: «cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo», «dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses», intensificar el combate de las «organizaciones criminales y sus redes de apoyo», así como esclarecer los reales alcances del fenómeno paramilitar en el país. (Cepeda Jiménez, 2016, pp. 202-203) Frente a los aspectos que deben desarrollarse como parte de las políticas públicas, se considera la participación política por parte de los más vulnerables como uno de los elementos centrales, para lo cual, el acompañamiento ético-político deberá sentar las bases de una formación ciudadana para el empoderamiento de voces marginadas, excluidas o subordinadas. Es decir, la acción de acompañar para desarrollar competencias de interacción social crítica debe movilizar acciones de reflexión, como rasgos singulares del acompañamiento ético-político, cimentado en la emancipación de los actores y actoras que se han visto afectados por los conflictos.

Cubides et al. (2018) plantean que, Colombia se encuentra en una fase de transición de conflicto armado a un posacuerdo, con lo cual se han introducido cambios importantes en los conceptos legales, en tanto que, a los miembros de la Fuerza Pública y los cuerpos de seguridad se les ha visto como “victimarios”. En este sentido, la idea de justicia transicional, en el escenario de posacuerdo en Colombia, apunta a la salvaguarda de manera muy especial, a nivel operativo, a las víctimas del conflicto, cuya inserción activa en la estructura social requiere

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emprender acciones de acompañamiento ético-político, como una apuesta formativa situada, que busca, además de otros logros, la revalorización de lo humano, mediante el reconocimiento de las potencialidades que lo impulsan a un desarrollo integral y sustentable.

Ramírez Hernández y Leguizamón Arias (2020) se refieren al análisis integral y sistémico que hay que emprender frente al posacuerdo colombiano, reconociendo las nuevas concepciones de justicia más allá de lo antropocéntrico, lo que lleva también a considerar la concepción estructural y cultural de la violencia. Estas ideas conectan con ideas que no solo colocan de relieve los grupos sociales afectados, sino la naturaleza también como víctima. Los autores señalan que, desde un punto de vista micro, se expresan los daños ambientales causados por la violencia asociada a los factores del conflicto armado colombiano. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estudió los principales daños e impactos en los casos emblemáticos transcurridos en el período comprendido entre el año 2007 y 2012, los cuales fueron agrupados en cuatro categorías: “daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales”. (2020, p. 261) Con ello, se hace énfasis en el hecho de que el acompañamiento ético-político, como acción esencial orientada a la reconstrucción del tejido social y de la confianza, tiene retos muy importantes derivados de la posibilidad de llevar adelante un trabajo sistemático que, basado en principios educativos y comunicacionales, impulsen un nuevo orden en el que se avance hacia los procesos de paz estable y duradera en los territorios afectados por los conflictos. Comunicación digital para una paz territorializada y duradera Además de lo mencionado, en cuanto a la mirada del acompañamiento ético-político, desde acciones de formación intencionadas y articuladas a partir de políticas públicas que privilegien la recomposición del tejido social, debilitado por la naturaleza multidimensional de las conflictividades, se considera que el acompañamiento como proceso transversal que rebasa lo formativo, llega a conectarse con lo comunicacional. Se traduce en interacciones enmarcadas en los principios y criterios de una comunicación para la paz, en la que se enfaticen valores como: transparencia, confiabilidad y reciprocidad, con el objeto de posibilitar procesos de cohesión del tejido social; sustentado en el reconocimiento de la verdad y, de este modo, avanzar hacia una paz con justicia y bienestar. Si bien la idea de comunicación para la paz es importante y existen buenas prácticas de aplicación de algunos criterios basados en el uso con sentido de las tecnologías de la información y comunicación, también lo es que, esta noción

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de comunicación debe fortalecerse desde los sistemas educativos, espacios donde se precisa de una concepción de educación para la paz. En este sentido, cabe mencionar la iniciativa llevada adelante por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), durante el 2014 y 2015, cuando se expidió la Cátedra para la Paz para todos los establecimientos de educación primaria y secundaria de Colombia. Según Blanco et al. (2019), la iniciativa apoyó la garantía del derecho constitucional de la paz, que se expresa el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y el artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica” de la Constitución Política de Colombia (1991). Para el logro de la paz desde la educación es necesario garantizar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. La noción de comunicación para la paz se inserta en los enfoques de comunicación alternativa o comunicación para el cambio social, expuestos por Del Valle Rojas (2012), según los cuales se trata no solo de la creación de canales y medios de difusión de información, sino de construir las vías y propiciar las posibilidades para la conformación de redes y circuitos de comunicación humana, con el fin de lograr la transformación social. Igualmente, que los actores participen y estén vinculados de modo directo con los procesos, estos asumirán la comunicación como el elemento cohesionador de las estructuras debilitadas por los conflictos. El acompañamiento ético-político como vector transversal de la comunicación puede movilizar diferentes tipos de estrategias, para que la ciudadanía se apropie de los dispositivos y participe activamente en los ecosistemas de producción, circulación y uso con sentido de los contenidos que circulan en lógicas de comunicación horizontal. Este proceso se intensifica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación en general, pero, sobre todo, de medios sociales de comunicación digital e interactiva.

Es precisamente en estos escenarios en los que el acompañamiento ético-político debe permear las acciones de comunicación digital y, para ello, es importante revisar analíticamente las experiencias de uso de las tecnologías en procesos para el logro de una paz estable y duradera. El modo de incorporar lo ético-político como apuesta de sentido y línea de desarrollo práctico en la perspectiva del posacuerdo debe utilizar, para ello, las tecnologías de la información y comunicación. Siguiendo esta idea, Capera Figueroa (2019) expresa que la razón de ser de la tecnología debe ir más allá de una visión técnica e instrumental, reconociendo su capacidad de cohesión, organización y difusión del saber; lo que significa es que un medio para generar interés en la construcción de ciudadanías, dentro de las cuales se ubican también las digitales. El autor señala la potencialidad de las tecnologías para dinamizar los procesos de transferencia de contenidos que ayuden a la reconstrucción del tejido social.

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Alzate (2017) analiza el papel que las tecnologías y la comunicación que, como procedimiento articulador de los procesos de reconciliación nacional, han desempeñado en el avance hacia escenarios de paz estable y duradera. Además, plantea que, la tecnología es de gran utilidad para implicar a la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil organizada en las nuevas políticas públicas de construcción de paz. Según la visión de la autora, en el caso de Colombia, “la utilidad de la tecnología se verá reflejada en varios aspectos: permitirán coexistencia y desarrollo de confianza; facilitarán la protección y diversificación de la ciudadanía; promoverán un mayor alcance y difusión del conocimiento; y producirán desarrollo económico sostenible e inversión” (pp. 1-2). Ahora, se comentará sobre cada uno de estos aspectos.

Sobre la coexistencia y desarrollo de la confianza, Alzate (2017, citando a Mukashema y Mullet, 2010) propone la existencia de dos componentes psicológicos que son fundamentales para la reconciliación social, la coexistencia y la construcción de confianza. Estos dos procesos requieren que los individuos y grupos desarrollen habilidades para contenerse en presencia de aquel que fue su adversario, además, les permite a las partes sentir que el opositor no les hará daño. (p. 2) Ello se puede movilizar estratégicamente mediante el uso de las tecnologías, las cuales también permiten la protección de los ciudadanos y promueve su participación. Alzate (2017) señala que, podría mencionarse como ejemplo el conflicto de Liberia, esta nación “utilizó una página web para la denuncia de violaciones a los Derechos Humanos, las denuncias eran anónimas y los servicios multimedia consiguieron recopilar narraciones que, entre otras cuestiones, facilitaron el encuentro entre las familias que se habían separado” (p. 3). La buena práctica de uso de la tecnología, en una perspectiva de comunicación y acceso a la información para la superación de los problemas sociales, coloca de relieve principios fundamentales que permiten evidenciar mediaciones y usos de la tecnología para acercar a las personas y tender puentes de diálogo. Otra experiencia significativa acerca del uso de internet como medio para la construcción de paz ha sido “la organización de la sociedad civil, este el caso de la masiva convocatoria que desató la denominada Primavera Árabe, o de las múltiples movilizaciones colectivas derivadas de la crisis política y económica que ha sacudido al planeta en la última década”(Alzate, 2017, p. 3), lo cual ha fue objeto de análisis y de replanteamientos de la agenda de investigación en ciencias de la información y la comunicación, con una mirada política, reconociendo la potencialidad del empoderamiento de los nuevos grupos y voces sociales mediante el uso crítico de las redes sociales. En el caso de Colombia, Alzate señala que, “durante la realización de la mesa de conversaciones de La Habana se recibieron vía web cerca de 11 000 propuestas de la ciudadanía,

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permitiéndose así la visibilización de personas heterogéneas y que posiblemente por otro medio habrían visto restringida su participación” (p. 3). Como se pudo observar, las tecnologías de la información y comunicación constituyen un poderoso instrumento para avanzar hacia escenarios de paz estable y duradera, desde los territorios. El reto consiste, entonces, en cómo articular los principios del acompañamiento ético-político para posibilitar una formación y comunicación mucho más humana y centrada en los valores de solidaridad, libertad y transparencia. Frente a esto, Santos (2016) expresa que, la articulación de las TIC como elementos potenciadores de la paz en Colombia requiere considerar la configuración multiétnica y cultural del país, imponiéndose la necesidad de impulsar procesos de alfabetización mediática e informacional, dada desde las singularidades territoriales, apoyadas por interacciones que profundicen en la “historia” de los diversos modos de ver el mundo y las nociones frente a la paz y la formación en “valores que las distinguen pero también en aquellos que las pueden unir. Se requiere integrar discursos, comunicar ‘historias de vida’ para comprender al otro, para aprender a convivir” (p. 632). La propuesta de los Kioskos Vive Digital constituye un ejemplo concreto acerca de cómo las tecnologías de la información y comunicación pueden potenciar la idea de comunicación humana para la paz y reconstrucción del tejido social. Debido a que, aseguran el vínculo entre las personas, proporcionando una gama de soluciones con impacto directo en la cohesión e integración social, puesto que “los entornos multimedia y en línea se ajustan de manera versátil, dinámica e interactiva a las necesidades de la comunidad” (Builes Beltrán, 2016, p. 127), garantizando la mediación tecnológica del conocimiento en un escenario de globalización de la información. Por consiguiente, “las TIC constituyen un referente actual en la Psicología social construccionista ya que habilita nuevas formas de construcción de identidad a partir de los nuevos mecanismos de inclusión que se avalan a través de las nuevas tecnologías de comunicación digital” (Builes Beltrán, 2016, p. 127).

En síntesis, la comunicación para la paz, mediada por criterios del enfoque ético-político y soportada en tecnologías digitales, posibilitará la generación de espacios de interlocución, en los cuales la confianza, la transparencia y la corresponsabilidad asegurarán una gestión adecuada de los conflictos, abriendo posibilidades para contribuir con la construcción de escenarios de paz estable y duradera. En este sentido, el acompañamiento ético-político transciende las fronteras de lo formativo y se fortalece como un eje transversal que permitirá a los actores desarrollar interacciones dialógicas para la recomposición del tejido social.

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Conclusiones El acompañamiento ético-político implica unirnos al otro a través del diálogo con el objetivo de incentivar procesos flexibles, abiertos, que conduzcan a develar la verdad en términos de justicia, veracidad y transparencia. Asimismo, debe fortalecer aquellas alternativas que surjan de la base de nuestros pueblos que sufren directamente los conflictos, en la diversidad de contextos afectados por tales dinámicas. Lo cual es posible cuando se transita hacia el reconocimiento de estas situaciones, posibilitando reparación y reconstrucción del tejido social. De esta manera, se generan condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y propositiva, que tenga en cuenta un marco ético que priorice valores, que dignifique a la persona e invite a transformar la historia. El acompañamiento ético-político como camino posible se prefigura como una estrategia alternativa frente a las conflictividades, para penetrar aquellas culturas opresivas en las que el conflicto está presente de forma invisible. Esto permite constatar que las innovaciones tecnológicas, aplicadas a planes sociales, han sido herramientas indispensables, por medio de las cuales se rehace el tejido social, pues se instituyen en mediaciones promotoras de escucha y confianza, apoyadas en principios educativos y comunicacionales. Además, que se orientan al cambio social, lo que requiere fortalecer el trabajo en redes y promover circuitos de comunicación humana para la transformación social, a través de la integración de discursos, la comunicación de “historias de vida” y la comprensión del otro(a), como camino que instaure nuevas convivencias. Es por ello que, las tecnologías y la comunicación, como procedimiento articulador de los procesos de reconciliación nacional, han desempeñado un papel fundamental en el avance hacia escenarios de paz estable y duradera. Si bien es cierto que, el acompañamiento posee un carácter formativo, cuando se ejerce desde lo ético-político, este debe potenciar más el interactuar multidimensional y multidialogal con los grupos sociales, que son los que deben liderar los diferentes procesos de transformación social.

Cabe resaltar que, por último, el acompañamiento ético-político debe sentar las bases de una formación ciudadana para el empoderamiento de voces marginadas, excluidas o subordinadas; es decir, la acción de acompañar adquiere su razón de ser para el desarrollo de competencias de interacción social crítica, que movilice acciones que lleven a un efecto sistémico transformador de la cultura. De este modo, se supera la visión técnica e instrumental de lo tecnológico para ponerla al servicio de la difusión de información verdadera, la denuncia de injusticias, la promoción de la solidaridad y la esperanza con fines de cohesión social y organización de la comunidad.

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Interculturalidad y educación para la paz: desafíos desde la educación superior en Colombia1 Myriam Fernanda Torres Gómez*

Este capítulo es resultado de la investigación de la tesis doctoral titulada: Discursos educativos sobre la interculturalidad en la formación de profesionales de trabajo social en Bogotá: Lecturas desde la educación para la paz. Tesis presentada para el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

* Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Docente-investigadora de la Universidad de La Salle. Integrante al grupo de investigación “Trabajo social, equidad y justicia social”. Correo electrónico: mftorres@unisalle.edu.co

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Introducción El papel de la universidad en uno de los países con mayores índices de desigualdad y exclusión de la región requiere ser replanteado, toda vez que, los conflictos y crisis actuales precisan de la educación superior una participación desde repertorios interculturales, que faciliten el comprender, cuestionar y transformar la realidad; asumiendo como lugar de enunciación, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia social y la construcción de paz. El problema que orientó la investigación se ubica en las fracturas que poseen la mayoría de las universidades para articular en sus procesos formativos las categorías de interculturalidad y educación para la paz, específicamente, en sus dinámicas cotidianas en el aula y en las relaciones educativas que se gestan desde la Academia, como actores que apuestan para la construcción de paz en el país. Articulado con lo anterior, la interculturalidad y la educación para la paz, generalmente, se abordan como categorías externas a la vida universitaria, mayoritariamente vinculadas a ejercicios de investigación o de proyección social, situación que genera brechas para contemplar el reconocimiento, desde y para la diversidad, como esencia en la formación profesional que “poco reconoce las condiciones de capital social y cultural de los estudiantes, sus diferencias en escenarios como el currículo, contenidos teóricos-conceptuales, saberes y prácticas educativas”, desde la educación para la paz; que, al mismo tiempo, “puede promulgar intercambios desiguales en los que prima una cultura sobre otra” (Torres Gómez y Vélez Villafañe, 2020, p. 165), de cara a la realidad colombiana.

Coherente con ello, es clave cuestionar en la educación superior la capacidad para hacer discusiones y reflexiones críticas ante imposiciones heterónomas frente a las estructuras sociales que mantienen el statu quo, impulsando intercambios de pensamientos a la cooperación y la solidaridad. Por ende, es prioritario contemplar la interculturalidad en clave de autonomía y alteridad en la Universidad, como apuesta a la no exclusión ni discriminación (étnica, ideológica, orientación e identidad sexual, etc.), para configurar sujetos capaces de transformar la realidad de su entorno desde la ciudadanía intercultural (Torres Gómez y Vélez Villafañe, 2020). Simultáneamente, visibilizando las particularidades de cada proceso formativo en la búsqueda de construir alternativas incluyentes a partir de la formación crítica en el aula como escenario, desde el cual “se brinda un mirada contextual a la educación para la toma de posición y movilización social en la comprensión de los distintitos lugares de enunciación y discursos que se construyen en la academia y en las comunidades, fundamentados” (Torres Gómez, 2018a, p. 113), en la educación en y para la paz.

El estado del arte que soporta la investigación establece un conjunto de tendencias respecto a la construcción de conocimiento sobre las categorías de interculturalidad

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y educación para la paz. En torno a la interculturalidad, se observa una confusión entre términos cercanos a esta categoría como lo son la educación multicultural, etnoeducación y la educación intercultural bilingüe, que genera polifonías de nociones para su investigación, abordaje, puesta en marcha y consolidación, en articulación con políticas públicas que reivindiquen este campo. Al respecto, Williamson (2004) menciona el caso colombiano de la siguiente forma: En Colombia se ha trabajado con la EIB pero principalmente con el concepto de Etnoeducación, para referirse a la educación inter o multicultural y multilingüe que integra los procesos históricos, lingüísticos y educacionales referidos a los afro-colombianos (afro-descendientes), pueblos indígenas y pueblo Rom (Gitanos). Ello es asumido por los pueblos originarios, el mundo académico y el Ministerio de Educación. (p. 28) En esta misma línea, Sacavino y Candau (2015) afirman que, la literatura sobre la interculturalidad no posee un consenso entre los diferentes prefijos, por lo cual, es pertinente analizar el contexto de abordaje del concepto para conceptualizar desde qué postura se asume, si es una mirada tradicional que integra o una visión que deconstruye desde el reconocimiento, el empoderamiento y la alteridad. En el caso colombiano, la movilización y reflexión de la educación para la paz ha estado adscrita a las universidades con la Redunipaz, en diálogos con pensadores de la Unesco, organizaciones sociales y con la participación de académicos como Rosa Ludy Arias y Carlos Eduardo Martínez, quienes, dentro de nuestro contexto y en diálogo con la organización social, plantean líneas de acción en el momento actual histórico. En este sentido, los aspectos claves a resaltar por los documentos son la reconciliación, la identidad, los diálogos internacionales, el desarrollo humanizador, el conflicto, la democracia, la integración y la interculturalidad.

En ese marco, la metodología de investigación que soporta el presente ejercicio investigativo está orientada por las estrategias de investigación documental y la etnografía doblemente reflexiva en una institución de educación superior. Referido a la investigación documental, esta se concibe, según Jiménez Becerra, como: “[…] la investigación de la investigación, que con un carácter hermenéutico hace del texto un elemento válido de estudio en relación con un problema definido y delimitado” (2006, p. 35). Concerniente a la etnografía doblemente reflexiva, empleada por la autora de este escrito como docente investigadora, esta se comprende como una propuesta que genera diálogos entre el conocimiento académico y el conocimiento autorreferencial, como lo enuncia Dietz: “[…] se traduce en fases de investigación empírica, de teorización académica y de transferencia a la praxis política. Esta transferencia no se reduce a un acto de concienciación, sino que constituye un intercambio” (2011, p. 14). Las técnicas empleadas en tal ejercicio son fichas temáticas, matrices de análisis de información, observación participante y

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entrevistas en profundidad, articuladas a las fuentes de información documental (documentos maestros, informes, syllabus, investigaciones, libros, artículos) y testimonial (discursos de docentes al respecto).

Producto de este panorama y problematización, el presente capítulo de libro resultado de investigación desarrolla, en un primer momento, los abordajes desde la interculturalidad y la educación para la paz en la educación superior; para dar paso a la discusión que implica pensar la educación para la paz y la interculturalidad en la universidad colombiana; finalizando con una serie de conclusiones que dan cuenta de los desafíos en y para la educación superior. Lo anterior, se encuentra articulado con la pregunta por los constructos conceptuales que fundamentan la cultura de paz en diferentes niveles, para la toma de posición y movilización social, al mismo tiempo, comprendiendo los distintos lugares de enunciación y discursos que se construyen en la academia y en las comunidades, fundamentados en la educación en y para la paz. Abordajes desde la interculturalidad y la educación para la paz en la educación superior Concebir la interculturalidad y la educación para la paz como categorías que irrumpen en la educación superior, implica configurar un armazón teórico y conceptual que visibilice los giros, encuentros y desencuentros discursivos que se gestan alrededor de tales conceptos, como aporte a la formación de profesionales en el plano colombiano. En este orden de ideas, a continuación, se presentan fundamentos conceptuales que cimentan el abordaje de las categorías enunciadas a lo largo del documento.

Hablar de cultura implica dialogar en diferentes dimensiones que transitan entre lo social, lo político, lo económico, lo territorial, hasta lo simbólico y lo cotidiano, como construcción interrelacional. En la cotidianidad de cada día, todo cuanto se conoce, se vive y se nombra está atravesado por la cultura, comprendida como aquella construcción que atraviesa elementos prácticos, conceptuales, actitudinales y simbólicos, que se tejen en un entramado vital para la interacción con los otros. A este respecto, la cultura se construye colectivamente, dejando una huella constitutiva en la subjetividad de los integrantes que se reconocen y son reconocidos en dicha cultura, la cual atraviesa elementos de la práctica social, ubicando una forma particular de ser, en la cual se define lo aprobado y desaprobado en los marcos de referencia que la comunidad particular brinda; y es desde allí, que emerge la tensión para repensar las interacciones culturales que permitan comprender los lugares de enunciación de cada cultura, en torno a las nociones de identidad, bienestar y paz. Afrontar dichas nociones, promueve el posicionamiento y el reconocimiento de la diferencia como hilo conductor de la interculturalidad, puesto que contemplar los lugares de enunciación frente a la realidad, sin imposición, ni negación,

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contribuye a la generación de diálogos de saberes en condiciones de equidad, solidaridad y justicia. Al mismo tiempo, logran que incidan en una transformación de aquellas estructuras de poder que, desde la aculturación en el extremo de la asimilación, aniquilan e invisibilizan otros discursos válidos, tradicionalmente acallados y exterminados por no contribuir al mantenimiento de la hegemonía cultural y económica del norte global. Lo anterior, es un ejemplo visible de la sobreestima cultural, en la que un grupo se cierra a integrar otras cosmovisiones, en palabras de Heise et al.: “lo encierra sobre sí mismo. Esto impide la percepción de los valores culturales de los grupos externos y la reinvención creativa de la propia identidad cultural” (1994, p. 7). Desde la interculturalidad, lo epistemológico, según Torres Gómez, [se] reivindica diversos saberes alternos, como los enunciados desde las epistemologías del sur por Boaventura de Sousa, que abogan por reconocer saberes otros, practicas otras, visibilizando formas de percibir el mundo diferentes, igualmente válidas y legítimas. Tal perspectiva reconoce el significado político de otras voces que cuestionan el modelo hegemonizado de dominación, atribuyendo a la cultura y al lenguaje un papel fundamental como escenario de resistencia a las formas de dominación y poder que expresa la subjetivación. (2019a, p. 14) Lo anterior, posibilita desde allí un tránsito hacia la lucha por la identidad cultural en el marco de la diversidad individual y colectiva, esto retoma los planteamientos frente al tema enunciados por Álvarez (2014). Unido a este argumento, Mignolo (2007, citado por Chávez, 2010), propone como objetivo para visibilizar la resistencia, lo que se denomina epistemes de frontera, comprendidas como los “lugares de enunciación propios de los distintos tipos de sociedad desde los que se constituyan conocimientos en contrapartida a toda la retórica y la lógica moderna” (p. 140).

Iván Sánchez Fontalvo (2013) establece una serie de diferencias entre la multiculturalidad y la interculturalidad, planteando en el primer concepto la intención de generar sociedades paralelas, interés por la aceptación y convivencia desde el respeto y las políticas que promulgan la tolerancia, sin avanzar en la extinción de estereotipos o prejuicios ante las diferencias, capaces de entablar diálogos inclusivos. A propósito de la interculturalidad, el autor reconoce que esta perspectiva construye sociedades integradas desde la valoración de la diferencia como posibilidad de aprendizaje, la promoción de políticas de encuentro y el diálogo como estrategia para acabar con la discriminación y los estereotipos, todo a la luz de vínculos que reconocen en el otro un interlocutor legítimo. Como tendencias contextuales de la interculturalidad, en un primer momento, se ubican intereses por abordar las conexiones entre la interculturalidad y la educación a la luz de la perspectiva del desarrollo, que busca la inclusión de la diversidad

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de poblaciones en el sistema educativo, impulsadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, según lo indica Ponzoni (2014). Dicho autor refiere en la educación bajo la óptica de la interculturalidad, una serie de aportes de pensadores como: “Dietz y Mateos Cortés (2011), de Grant y Portera (2011), y de Aguado Odina (2004). […] en Europa, donde es política pública oficial de la Unión Europea (Wiesand et al., 2008), y en América Latina (Ferrão Candau, 2010)” (p. 540). De lo anterior, se percibe una visión funcionalista institucional tradicional de la interculturalidad como apuesta para la convivencia, la tolerancia y la aceptación del otro.

Un antecedente de la articulación entre educación para la paz e interculturalidad, se halla en el trabajo desarrollado por Sánchez Fernández (2011, citado por Torres Gómez, 2019b), quien “propone un conjunto de derroteros para pensar la investigación para la paz en la acción educativa, centrada en la formación en valores desde una cultura de paz imperfecta, que impacte todas las estructuras de la escuela” (p. 156). Otro documento vinculado a esta comprensión es la tesis doctoral de José Ramos Calderón (2011), este autor analiza, desde en un contexto universitario intercultural, las nociones de diferencia y diversidad que requieren abordajes teóricos y metodológicos coherentes con la dinámica social actual, a partir de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos, que asume la diversidad como construcción social, desde la cual emergen la inclusión y la exclusión. De otro lado, el concepto de paz es multifacético, puesto que posee diferentes acepciones a partir de la propuesta teórica y política desde la cual se aborde. Loaiza Giraldo, comprende la paz desde diferentes niveles de relación humana como “una cualidad, una necesidad, un estado del alma, una posibilidad social o un fin en sí mismo” (2015, p. 90). Fisas (1998, citado a Wright, 1941) plantea que, la noción de paz, previo al surgimiento de los estudios en este campo, se concebía como un equilibrio entre múltiples componentes conectados de forma sistémica, donde las afectaciones por cada elemento, movilizan modificaciones en los demás, entre los cuales se ubica lo social, político, económico, cultural, entre otros.

Para Galtung (1985), en esta noción convergen principios como los derechos humanos, la satisfacción de necesidades materiales y estratégicas, la convivencia, el respeto por la diferencia y la democracia, desde una ética ciudadana. Cercana a esta propuesta, Freire indica que “[...] la paz se crea y se construye con la superación de las realidades perversas. La paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social” (citado por Monclús, 1988, p. 20), lo cual implica ampliar el espectro de comprensión frente a la paz, más allá de una noción axiológica para conectarlo con esferas micro y macrosociales en la cotidianidad. Cárdenas et al. (2014) ubican la justicia social, la autonomía y la equidad como elementos fundamentales para concebir la paz, cultivada a partir de la extinción de todo tipo de dominación y control que ponga en desequilibrio

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la participación y la democracia, la dominación y control pueden ser expresiones de violencia de diferente orden. Lo anterior, se configura a partir de una trasformación cultural en la vía de la paz individual, comunitaria y social. Producto de la preocupación por pensar la paz a partir del camino recorrido, surge en primer momento la delimitación del campo denominado estudios de paz, abordados por múltiples disciplinas que posteriormente establecen una serie de apuestas teóricas perfiladas desde la investigación para la paz y aterrizadas, finalmente, en enfoques conceptuales de paz. Para Galtung (1993, citado por Fisas, 1998), los estudios de paz se configuraron bajo tres perspectivas: la primera de corte empirista, centrada en indagar la relación entre los hechos y las teorías frente a las situaciones de conflicto y paz; la segunda corriente de orden constructivista que analiza las conexiones entre teorías y valores; y, finalmente, la tercera perspectiva de tipo crítica, que devela cuestionamientos entre los hechos y los valores relacionados con la paz.

Ramos Calderón (2011) establece una evolución histórica sobre la construcción de paz desde tres escenarios, que inicia desde la propuesta de “Resolución de conflictos”, la cual concentra acciones en el estudio a profundidad de la guerra, orientada por la propuesta de paz negativa, focalizada en la guerra, los conflictos bélicos y la violentología. Esta apuesta se caracteriza por estudios causales, cuantitativos que buscan la teorización frente al conflicto y la guerra para afectar la violencia directa que provocan los conflictos bélicos, dejando a un lado las necesidades de trasformación estructural en la sociedad.

La segunda perspectiva es la “Transformación de conflictos”. Está orientada por el trabajo de Galtung en Noruega desde el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, en 1959. Esta corriente plantea “[…] analizar los conflictos más allá de las violencias Directas (la guerra), y en proponer fórmulas y mecanismos para su transformación y la construcción de paz” (Ramírez, 2015, p. 172). Esta propuesta acentúa la necesidad de la justicia social y el bienestar desde la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. La tercera apuesta se configura como la “Construcción de paz” o Building peace, en la que surgen múltiples nociones que poseen como elemento en común la comprensión de la paz como un proceso inacabado, que requiere múltiples condiciones estructurales para desarrollarse, atendiendo a la multiplicidad de conflictos que hacen parte de la condición humana. Uno de estos autores es Barbero Domeño, quien concibe la construcción de paz como “[…] un conjunto de actitudes, medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles” (2006, p. 5). En el contexto colombiano, a partir del proceso de transición social que atraviesa el país, producto del Acuerdo de Paz de La Habana, emerge una propuesta desde Rettberg (2012), quien intenta contextualizar la pertinencia de

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una política cimentada en la democracia y la justicia transicional, que articule lo que se desprende de la desmovilización y la reintegración social de excombatientes, la reconstrucción del tejido social y la implementación de lo acordado. Andrés Sandoval Forero (2016) cuestiona la concepción tradicional que posee la paz, sobre todo instaurada desde los discursos de los organismos internacionales, puesto que tal concepto posee abordajes hegemónicos, etno y eurocéntricos, que dejan de lado la subjetividad individual y colectiva de individuos, colectividades, comunidades y otros sistemas como la naturaleza. Ante ello, este autor reconoce la paz desde las “[…] condiciones objetivas y subjetivas [que] mantienen los equilibrios mínimos necesarios propios de sus entornos. Unas condiciones donde además de la ausencia de violencia estructural, cultural, simbólica y ecológica, vivan en ambientes de justicia, de libertad, democracia y dignidad” (p. 93).

La perspectiva construcción de paz, impulsada por los estudios y la investigación para la paz, presenta una serie de matices que orientan enfoques conceptuales acordes con contextos históricos, territoriales y políticos desde el cual surgen. El transcurrir histórico de dichos enfoques, para Sandoval Forero (2016), emerge del producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos, con el nacimiento del programa de Estudios Para la Paz en el Manchester College de Indiana, en la década de 1950. Posteriormente, en Noruega, en 1959, Galtung crea el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, desde el cual se orienta la creación del Peace Research Institute (PRIE) y el International Peace Research Association (IPRA), en 1963, posicionando los conceptos de paz negativa y paz positiva.

Desde el entramado conceptual que fundamenta esta noción, es necesario reconocer los desarrollos conceptuales existentes en torno a la cultura de paz como el ethos que sostiene los discursos, las actitudes y las prácticas de construcción de paz, soportada en la consolidación de una serie de principios y valores, entre los cuales se ubica el respeto, la alteridad y la solidaridad. A este respecto, Esperanza Hernández Delgado (2012) retoma el desarrollo de algunos autores para configurar la cultura de paz como aquel […] proceso de humanización, caracterizado por el esfuerzo colectivo por proteger la vida humana, apaciguar la lucha por la existencia, estabilizar una organización productiva de la sociedad, desarrollar las facultades intelectuales del hombre, y reducir y sublimar las agresiones, la violencia y la miseria. También como planteamiento o vivencia cultural; educación para el cambio y la desobediencia responsable, reconocimiento, respeto y práctica de valores e ideales democráticos, desaprendizaje de la violencia, movilización para la transformación individual y colectiva, y reconocimiento y práctica del derecho humano a la paz. (p. 275)

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Los abordajes enunciados expresan dicha cultura como un proceso, como una construcción que requiere esfuerzos para alcanzar acuerdos en los sistemas de creencias y acción de los actores, desde una ética particular de la corresponsabilidad, orientada hacia lo común. Bajo esta misma línea, el autor Teodoro Pérez, retoma elementos de la ONU para la comprensión del concepto, elementos como: “[…] sistema de creencias, valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que propician una convivencia humana en la que se reconocen las diferencias y se dialoga para acordar las reglas de beneficio mutuo acerca de cómo se convive” (2016, p. 38). El autor recalca como la cultura de paz promueve alternativas no violentas para el afrontamiento de los conflictos desde la convivencia, ubicando en un lugar primordial para este ethos, la institucionalidad para respaldar la democracia y la garantía de los derechos a la luz de los enfoques diferenciales, situando incluso el reconocimiento y el respecto por lo no humano, es decir, las formas diferentes de vida y el cuidado de estas. Discusión: pensar la educación para la paz y la interculturalidad en la universidad El análisis y la vivencia de la interculturalidad y la educación para la paz en el escenario de la educación superior es incipiente, toda vez que, su estudio e implementación generalmente se da como categorías teóricas, aisladas y fragmentadas. Ejemplo de ello, son las lecturas que se realizan sobre interculturalidad, en las que los discursos ante el tema dan cuenta de una transición de nociones, que inicia con el abordaje clásico de la cultura, para contemplar posteriormente conceptos como la multiculturalidad y, más recientemente, la interculturalidad; esta última noción orientada desde una perspectiva decolonial. La visibilización de esta noción emerge del reconocimiento de los derechos colectivos, sociales y culturales de los pueblos, gestados, en primer lugar, desde organismos internacionales como la ONU, en documentos mencionados por Rojas Gamarra y Erazo:

(ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007), (OIT, Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989), (ONU, Oficina de alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2012), La Unión mundial para la Naturaleza (UICN, 2006); todos estos pertenecientes a la ONU y también en constituciones de países del ámbito Tawantinsuyano, (Ecuador, 2008) (Colombia, 1999) (Perú, 1993) (Chile, 2009) (Bolivia, 2007) y en varios documentos más de otras instituciones y de particulares como (Humanos, 2006), (Flores Carlo, 2009), (López Pulles, 2012), (Paz, 2012) entre otros. (2015, p. 66) De la misma forma, la interculturalidad se asume como una categoría fundante para construir desde múltiples lugares epistémicos, ya que “la interculturalidad forma parte de ese pensamiento ‘otro’ que es construido desde el particular

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lugar político de enunciación del movimiento indígena, pero también de otros grupos subalterno” (Walsh, 2009, p. 53). Esta comprensión se considera un proyecto en construcción desde la creatividad. Por lo anterior, reconocer y dialogar en torno a la diversidad intercultural, desde la educación, posibilita la formación de ciudadanos críticos, reivindicando el lugar pasivo del docente, en el que este “[…] se le libera de sus oficios instruccionales, permitiéndole su autonomía intelectual y un espacio donde él se pensará como actor social y cultural al interior del aula. Surge, entonces, la definición del maestro como trabajador de la cultura” (Ríos Beltrán, 2006, p. 25). El papel de la escuela, de la comunidad educativa y de la sociedad es, entonces, el de un diálogo permanente de saberes, mediados por estrategias pedagógicas que ponen en […] cuestionamiento continuo la radicalización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también —y a la vez— alientan la creación de modos “otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. (Walsh, 2009. p. 15) Ante ello, Agudelo y Estupiñán proponen fundamentar la noción de formación desde la ciudadanía intercultural, interpretada como despliegue de capacidades de creación y libertad política desde la condición humana, individual y colectiva, con el fin de “[…] abogar por una sociedad democrática, una democracia inclusiva que sepa reconocer la ciudadanía de todos los seres humanos y que ellos tengan la oportunidad de participar […] en la distribución de los bienes y en el ejercicio de la equidad” (2011, p. 302). La apuesta por la ciudadanía intercultural requiere procesos formativos críticos e históricos, gestados desde propuestas reflexivas y propositivas, de cara a la realidad injusta y desigual que vive nuestro continente y nuestro país.

La democracia por la que aboga la ciudadanía intercultural resignifica la noción de ciudadano, trascendiendo la perspectiva hegemónica del individuo con acceso a derechos, producto del ejercicio del voto; toda vez que, reivindica la lucha por el reconocimiento de la diversidad cultural y de diferente orden, que permite configurar diversos estilos de ciudadanía, que corresponden con la multiplicidad de subjetividades políticas que las luchas contra la exclusión y la desigualdad pueden propiciar. Bajo esta perspectiva, la invitación a la universidad, como institución social, consiste en incidir en la formación de ciudadanos críticos, en sintonía con los planteamientos de Agudelo y Estupiñán: Formar para una ciudadanía crítica, es una permanente y sistemática perspectiva de alteración para la constitución de sujetos críticos que sean capaces de recrear el discurso sobre la realidad circundante, y, además, sean capaces de sentirse

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parte de, responsables de y creadores de nuevos valores “proexistentes” con compromiso y con proyectos colectivos. (2011, p. 303) Respecto a la educación para la paz, se contempla, en primer momento, la comprensión de la paz como ideal de la humanidad, configurada posteriormente a los impactos de diversa índole que trajo la Primera y Segunda Guerra Mundial, puesto que la condición humana fue llevada al límite con los eventos suscitados a partir de estos eventos; configurando la paz como un campo de estudio académico, bajo perspectivas interdisciplinares que se preocupan por estudiar críticamente el pasado, comprender el presente e imaginar el futuro. Lo anterior, desde las coyunturas históricas de las cuales surgen transiciones paradigmáticas, conformadas a partir de enfoques particulares para leer e intervenir en la realidad de paz, igualmente, dotadas de un carácter científico-aplicado. En cuanto al carácter científico, la paz se ubica, según Torres Gómez, como un campo de estudio de carácter interdisciplinar, en el que se versan diferentes conexiones ontológicas, epistemológicas y teleológicas, que se puede abordar en el campo educativo desde la educación para la paz, concebida como una apuesta de transformación desde la formación bajo la cultura de paz, mediada por pedagogías. (2019b, p. 153) Algunas de estas pedagogías son alternas como la pedagogía para la paz, que requiere mediar procesos vivenciales y éticos, a través de las didácticas para la paz. La trayectoria de la educación para la paz da cuenta de los desarrollos que ha presentado dicho campo, el cuál inicia con los estudios concentrados en los hechos de la violencia, sus causas, características y consecuencias, para pensar la paz negativa, posteriormente, la paz positiva, y el concepto emergente de paz imperfecta; de estas se desprenden nociones como el empoderamiento pacifico, la interculturalidad, la cultura de paz y la paz holística gaía (Torres Gómez, 2019b). Pese a la relación de estos componentes, se identifica una confusión entre dichos conceptos, ya que se estudian desde diferentes lugares de enunciación y se articulan a la dimensión técnico-instrumental de la construcción de paz, que pretenden posicionar temas de convivencia.

El abordaje de la educación para la paz, desde las universidades y centros de investigación, está mediado por temáticas y categorías como […] los estudios ante la violencia, los hechos de violencia, cultura de paz y la recuperación de experiencias con diferentes actores sociales. Estos desarrollos se han vinculado con las acciones institucionales implementadas por el Estado, que responden a orientaciones de las políticas públicas, organizaciones internacionales —iniciadas por el movimiento de la escuela nueva y posteriores desarrollos en los proyectos de convivencia y derechos humanos que responden a la Ley 115 de 1994— y la consolidación de la cátedra de la paz en los últimos años. (Benavidez, 2009, citado por Torres Gómez, 2019b, p. 152)

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Por lo anterior, en los escenarios educativos es clave pensar la cultura de paz como habitus de relación y vínculo entre los diferentes actores de la comunidad, con el fin de afianzar apuestas que potencien la solidaridad y la alteridad en el reconocimiento de la diferencia, y en el abordaje constructivo del conflicto. En tal sentido, la investigadora Rosa Arias Campos, desde el ámbito académico y universitario, plantea la paz como una “noción histórica, transdisciplinar, multidimensional, y compleja […] tema central de la humanidad, es un valor universal integrador […] derecho síntesis en el que confluyen las máximas aspiraciones sociales, económicas y políticas, […] para asegurar sociedades justas, democráticas y solidarias” (2016, p. 14). Retomando la lectura de la paz, la autora menciona una serie de componentes necesarios para construir una paz estable e integral como lo son el análisis histórico del contexto, la construcción de la memoria individual y colectiva, la fundamentación para la paz, el conocimiento sobre la paz, la cultura de paz, las políticas de paz, la agencia ciudadana para la paz, y la educación para la paz (2016, pp. 15-16). Un antecedente importante en la educación superior, es el documento Pensar en educación para la paz, una publicación producto del Encuentro Nacional de Educación para la Paz, realizado en octubre de 2015. Este documento aborda, desde diversas mesas de diálogo y talleres, reflexiones en torno a las experiencias y el diálogo de saberes de diferentes actores, respecto a las prácticas cotidianas que pueden contribuir a la trasformación de patrones culturales, los cuales impactan en la violencia, a la luz de las apuestas de la educación para la paz en diferentes niveles. Los ejes temáticos del encuentro abordaron: la inclusión y educación para la paz, más allá de la coyuntura; experiencias de nuevos modelos sobre aprender la paz; lecturas desde los territorios y la política pública como escenario.

Adicionalmente, desde diversas instancias y ámbitos, como lo es la Unesco, se ha identificado una preocupación por generar conocimientos alrededor del tema de la cultura de paz, que, al mismo tiempo, estén articulados con el campo de la educación, como fundamento para propiciar nuevas ciudadanías que aporten a la trasformación de nuestras prácticas cotidianas. Pese a lo anterior, la literatura que aborda los procesos de educación para la paz es poca, desde lo pedagógico en la educación superior se contribuye a la reflexión y la acción en la cotidianidad, lo que permite vincular la formación disciplinar con la formación integral, asumiendo la educación para la paz bajo ópticas holísticas e incluyentes, que reconozcan el educar para el conflicto, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia. A la par, pensando en la trayectoria que este tema ha tenido en los currículos y en los espacios aislados de la formación integral, como, por ejemplo, las asignaturas de moral, cívica, ética, convivencia, derechos humanos y, actualmente, la cátedra de la paz.

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En este escenario, es vital para la reconfiguración de las relaciones democráticas que integren a los ciudadanos, a partir del reconocimiento a la diferencia desde la alteridad, y la garantía y titularidad de derechos planteadas por la educación para la paz. Por ende, es pertinente desde la formación integral generar transformaciones en los discursos de formación tradicional como la transmisión de información impersonal y generalista. Lo anterior, plantea la pertinencia de proyectos educativos que integran una cultura de paz y el análisis crítico sobre la noción de interculturalidad, oportunidades que trasciendan la mirada hegemónica de multiculturalidad como mezcla de diversas posturas descontextualizadas.

Finalmente, en cuanto a la academia, según Arias Campos, esta debe volcar su mirada sobre el objeto de la educación para la paz, desde allí se distingue que educar sobre la paz es conocer su historia, fundamentos, dimensiones, contenidos, relaciones conceptuales con la justicia, la cultura, el desarrollo y la acción humanitaria; y que educar para la paz establece objetivos pertinentes a las relaciones entre los saberes y el contexto, los saberes y los sujetos; ante todo, al conjunto de conocimientos, sentidos, actitudes y prácticas que posibilitan la educación psicoafectiva, moral, estética, ético-política, económica y sociocultural para la paz. (2016, p. 23) Conclusiones: desafíos en y para la educación superior El contexto actual colombiano llama la atención de los diferentes actores sociales, como cooperantes en la construcción de paz, de allí que las instituciones de educación superior no deban ser ajenas a repensar la formación de profesionales de cara a dicha realidad. Estos reclaman la articulación entre las categorías de interculturalidad y educación para la paz, a partir del fortalecimiento de apuestas desde y para la paz, al mismo tiempo, integrando procesos formativos desde la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la proyección social con impactos a partir de las pedagogías para la paz.

Por esta razón, a continuación, se presentan una serie de desafíos que debe tener en cuenta la educación superior, con el fin de vincular en sus diferentes procesos constitutivos la interculturalidad y la educación para la paz como aporte a la construcción de país, en medio de la transición vigente que implica la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana:

a. Reconocer la diversidad al interior de las instituciones de educación supe-

rior, vinculando procesos incluyentes al interior del aula, para potenciar la construcción de paz desde el diálogo intercultural, asimismo, que supere la formación profesional descontextualizada, aislada de la realidad histórico-social, aséptica, tradicional y concentrada en las competencias como expresión de calidad, que en algunos escenarios se promueve. Toda vez que

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niegan la diversidad y la inclusión como requerimiento para la construcción de paz. Lo anterior, a partir de la descolonización del conocimiento, la vivencia de la alteridad y la perspectiva de la ecología de saberes.

b. Resignificar la comprensión que se tiene del conflicto armado interno y

los procesos de paz en Colombia, mediante la deconstrucción de un ideal utópico de armonía. Al mismo tiempo que, desde la comunidad educativa se debe promover la vivencia de la cultura de paz al interior y exterior del aula, para así contribuir a la construcción de memoria histórica colectiva y la reparación integral, a partir de los profesionales y sus prácticas de paz, con el fin de […] pensar la esperanza que trae la educación para la paz como derecho de los ciudadanos, sobre todo de las víctimas, para quienes el acceso a cualquier nivel de educación permite puntualizar la reparación integral, comprendida como una obligación del Estado frente a la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente a sus ciudadanos por hechos imputables que atentan contra la dignidad humana […]. Esto incide, desde la educación para la paz, como una propuesta colectiva de la nación para garantizar la no repetición del conflicto armado. (Torres Gómez, 2018b, p. 198).

c. Potenciar la alteridad, lo cual permitirá reconocer críticamente múltiples

cosmovisiones del mundo, dando un lugar de interlocutor al otro. La interculturalidad posiciona la justicia, el respeto por los derechos de los otros y la democracia considerando una cultura de paz. La apuesta por la perspectiva intercultural, debe incluir propuestas como la educación para la paz, bajo corrientes críticas que cuestionan la ciudadanía desde la perspectiva de formación integral hegemónica, desafiando en lo macro social las relaciones de poder inmersas en escenarios con políticas públicas educativas que no articulan diferentes ámbitos de la educación con la sociedad, por primar respuestas a condiciones funcionales al modelo económico de mercado y el colonialismo, y en lo micro social, al interior de los centros educativos y su dinamismo práctico en la sociedad. (Torres Gómez y Vélez Villafañe, 2020, p. 175)

d. Agenciar escenarios educativos incluyentes que integren sentidos formati-

vos desde la construcción de paz y la cultura de paz, a partir de reflexiones por la ética profesional y la innovación social, recuperando el lugar político que cumple la educación. Puesto que la formación es un acto político, que no tiene neutralidad, que posee un trasfondo de transformación y con capacidad de generar mundos posibles, al mismo tiempo, reconoce la potencialidad de los sujetos y su capacidad de empoderamiento y resistencia ante la trayectoria homogenizante del pensamiento instrumental occidental.

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En este horizonte, la educación superior debe cuestionarse como un amplio campo permeado por las diferentes estructuras que soportan la interacción en sociedad; y es desde este papel que, la pedagogía posee una relación dialógica entre la cultura y la interculturalidad, puesto que se contempla el estudio y la acción social de la pedagogía en marcos de comprensión de ámbitos culturales diversos, que nos llevan a cuestionar, a partir de un lugar crítico, los modelos tradicionales que sostienen las relaciones de poder desiguales entre diferentes actores, grupos de género, étnico, territorial, diferencial, entre otros. Es aquí, por ejemplo, que el docente en su práctica y saber pedagógico puede estar supeditado y limitado a condiciones macrosociales de alineación y difusión de la autonomía e identidad, formulados desde políticas educativas con intereses económicos particulares.

e. Propiciar propuestas formativas orientadas por las pedagogías humanizan-

tes, las cuales se configuran como alternativas críticas a las dificultades del contexto educativo y social, toda vez que, cuestionan el modelo tradicional y bancario de la educación que establece la producción de sujetos y conocimientos deshumanizados y funcionales al sistema social, político y económico dominante. Entre dichas pedagogías que están orientadas bajo el paradigma crítico, el investigador Vila Merino (2007) ubica la pedagogía de la alteridad como respuesta a los desafíos interculturales de la educación, caracterizados por la injusticia en la integración curricular de las múltiples formas de ser y existir en lo social, ya que esta se desarrolla partir del reconocimiento y el sentido que se le debe brindar a cada experiencia vital, desde la diversidad, bajo el acuerdo común de la condición y dignidad humana, expresada en los derechos, con el fin de darle voz y rostro a quienes tradicionalmente han sido callados por un modelo educativo homogenizante, por ejemplo, el modelo patriarcal en torno al género.

f. Finalmente, visibilizar las múltiples construcciones que se configuran de

los actores, las historias, las culturas, los saberes y las memorias que, al margen de la perspectiva “oficial”, han sido acalladas por el epistemicidio, la violencia, la negación de la diferencia en el aula y en la formación profesional; por ejemplo, las víctimas, el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, entre otros actores, que han sido fuertemente impactados por los embates del conflicto, por la exclusión del sistema educativo y las inequidades estructurales del país. Este se condensa en la pertinencia en la acción de pensar y construir una pedagogía intercultural que atienda a prácticas pedagógicas que “promuevan y cuestionen dos aspectos que consideramos fundamentales: los derechos a la producción de conocimiento y saberes propios, y la articulación entre los derechos de la igualdad y los derechos de la diferencia” (Sacavino y Candau, 2015, p. 221).

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Info-comunicación educativa para la construcción de una paz duradera en Colombia. Algunas estrategias Johann Pirela Morillo* Yamely Almarza Franco** Luis Fernando Sierra Escobar*** * Postdoctorado y doctorado en Ciencias Humanas; magíster en Educación, mención: Currículo por la Universidad del Zulia, Venezuela; magíster en Museología; licenciado en Bibliotecología y Archivología. Docente e investigador del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística y de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos y el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Líder del grupo de investigación “Información, desarrollo y sociedad”, categorizado como investigador Senior ante Colciencias. Correo electrónico: jepirela@unisalle.edu.co ** Doctora en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe; magíster en Ciencias de la Comunicación, mención: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación; licenciada en Bibliotecología y Archivología por la Universidad del Zulia, Venezuela. Docente e investigadora adscrita al programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística y de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de La Salle. Sublíder del grupo de investigación “Información, desarrollo y sociedad”. Investigador Junior categorizada ante Colciencias. Correo electrónico: yalmarza@unisalle.edu.co *** Doctor en Educación y Sociedad, magíster en Docencia, profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, todos sus estudios cursados en la Universidad de La Salle. Director del programa en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística y de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: lusierra@unisalle.edu.co

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Introducción Los retos de la construcción de una paz duradera, entendiendo esta como el cumplimiento a cabalidad de los derechos de las víctimas del conflicto, plantean la necesidad de articular acciones, desde diferentes aristas de la estructura social, que contribuyan de manera creativa y productiva a la construcción de escenarios pacíficos, donde el acceso a la información, la construcción de la memoria y la proyección de estrategias comunicativas y educativas, confluyan para potenciar las capacidades de una ciudadanía crítica y ética, centrada en la revalorización de la paz como un valor esencial de la vida humana. Por ello, es claro el aporte de los procesos de información, comunicación y educación para el establecimiento de posibilidades concretas de una paz duradera, proponiendo sinergias entre instituciones de información, de comunicación y de las organizaciones educativas.

Esta idea conduce a la necesidad de pensar en el diseño de acciones específicas, basadas en la info-comunicación educativa que posicione el protagonismo de los actores que hacen y deben vivir la paz, materializándola en la práctica, considerando las políticas públicas que integren el circuito constituido por las bibliotecas, archivos, sistemas de información y comunicación e instituciones de educación en todos los niveles y modalidades.

Martínez Lazcano y Cubides Cárdenas (2016) señalan que, la paz duradera supone la existencia de políticas públicas de inclusión en las que se comprendan a las víctimas no como una población dependiente de las dinámicas de conflicto, sino como un sector de inversión y retribución. Para aplicar estas políticas es indispensable entender el contexto en el cual se van a ejecutar. Por ello, el posconflicto sería una etapa de construcción de un nuevo Estado, en el cual se solventen los problemas que han originado y prolongado el conflicto colombiano. (p. 141) Sobre la info-comunicación educativa, como un componente estratégico que podría asegurar la construcción de la paz duradera, se tienen los argumentos de Passarelli et al. (2014), ellos señalan que se trata de procesos complejos y dinámicos de producción-circulación de contenidos al mismo tiempo en el que se crean y vehiculizan, generando información y comunicación instantánea y ubicua, mediada por dispositivos y mecanismos digitales, de los cuales se producen nuevas significaciones conceptuales para la ciencia de la información y de la comunicación, a estas últimas se le añaden acciones educación articuladas y mediadas por los principios y criterios de la paz duradera. De modo que, la info-comunicación educativa es una opción innovadora que además se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre

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todo el Objetivo 16, relacionado con la Paz, justicia e instituciones sólidas, para cuya realización se requiere producir contenidos, mediante procesos de sistematización y estructuración de datos sobre los conflictos y sus complejidades, incorporando la perspectiva de lo comunicacional como dispositivo para visibilizar los procesos vividos en los territorios; con el fin de que se cuente con la memoria social disponible, igualmente, que se constituya en fuente de consulta para superar las falencias que impiden el logro de la paz duradera, todo ello enmarcado por procesos de educación en y para la paz.

La metodología se sustentó en un enfoque cualitativo de tipo documental, al mismo tiempo, se fundamentó en una indagación teórica y documental para profundizar en los enfoques que sustentan la perspectiva educativa basada en la integración entre información y comunicación, y sus aportes a una paz duradera.

Información para la construcción de escenarios de paz en Colombia La concepción de info-comunicación educativa reconoce que, en primer término, la información no solo es un producto cognitivo de las actividades de articulación de datos que podrían estar estructurados y no estructurados, sino que la información también refiere a los contenidos y mensajes que se construyen sobre diversos ámbitos de la vida social, dentro de los cuales está el tema de la construcción de la paz; para lo cual se requiere contar con la información debidamente organizada y disponible sobre las formas por medio de las cuales se han desarrollado los procesos de pacificación.

Siguiendo esta idea, es claro que la información es un elemento trasversal a la vida humana, por ende, su importancia para la construcción de escenarios de paz. En este contexto, la Fundación Swisspeace en el 2016 propuso un marco conceptual para abordar el pasado, y dadas sus características y condiciones, se consideró adecuado su adopción como punto de partida. Esta propuesta es vista así:

El Marco Conceptual para programa “Dealing with the Past” (en español existen diferentes traducciones, en este documento se usa Abordar el Pasado) desarrollado por swisspeace y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE), está basado en estos principios y recomendaciones subsecuentes. Este captura las cuatro áreas y mecanismos principales de un enfoque holístico para Abordar el Pasado, indicando que todas las áreas se influencian mutuamente y dependen de la otra. El foco central está en las víctimas y los perpetradores y su transformación hacia ciudadanos con iguales derechos. El diagrama sugiere que Abordar el Pasado es un proceso a largo plazo cuyo objetivo es establecer una cultura de responsabilidad (rendición de cuentas), Estado de Derecho y reconciliación. (2016, p. 2)

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Para ser un poco más específicos, la figura 1 representa el alcance del marco conceptual para abordar el pasado y permite imaginar las potencialidades que provee la información como un insumo de valor social, tradicionalmente organizado, conservado y difundido por los archivos, las bibliotecas y los centros de documentación de nuestro país.

Figura 1. Alcance del marco conceptual.

T ra ns fo r m ac ió n de l co nﬂ ic to

T ra ns fo r m ac ió n de l co nﬂ ic to E st ad o de d er ec ho

Re co n cil ia ci ón

N o i m p un id ad

P re ve nc ió n Ciudadanía Ciudadanía Víctimas Perpetradores Derecho a saber Comisiones de la verdad Páneles de investigación Documentación Archivos Libros de historia Personas desaparecidas Derecho a la reparación Rehabilitación Compensación Restitución Memoriales, disculpas públicas Conmemoraciones Material educativo Derecho a la justicia Demandas civiles y mecanismos alternativos de disputa Tribunales internacionales Cortes domésticas e “híbridas” Apoyo y proyección a testigos Garantías de no repetición Desarme, desmovilización, reintegración de ex combatientes Reforma institucional Control democrático del sector de seguridad Depuración/investigación de antecedentes Fuente: Swisspeace (2016, p. 3).

Por lo tanto, podemos afirmar que, la construcción de escenarios de paz — derecho a saber, derecho a la reparación, derecho a la justicia y garantías de no repetición—, requiere una mirada holística y, necesariamente, fundamentada en componentes informacionales y documentales, de los cuales se derivan evidencias, hechos y situaciones del pasado, del presente y del futuro de la población local, regional y nacional, respectivamente. De ahí que,

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toda información se genera en un determinado contexto social, es resultado de la interacción entre individuos pertenecientes a una sociedad. El objetivo que tiene la información es la transmisión de conocimiento acumulado por el ser humano, cumpliendo de este modo una misión cultural y social decisiva. (Rufeil, 2009, p. 133) Ante este nuevo panorama, el valor social de la información para la construcción de escenarios de paz debe ser primigenio y contundente; sin embargo, en varios escenarios de nuestra cotidianidad —televisión, escuela, administración pública y privada, etc.— aún es visto de manera incipiente y subvalorado. No obstante, a finales de la década de 1990, Vicenta Cortés Alonso (1998) reflexionó en torno al tema, recalcando que: En los últimos cincuenta años las ideas de las instituciones que se preocupan de la Ciencia y la Cultura, debido a la mayor circulación de noticias, la facilidad de comunicación y, sobre todo, la velocidad con que los acontecimientos se producen y se dispersan, ha hecho que las valoraciones de los testimonios que quedan de la vida de los hombres hayan cambiado en su orden jerárquico. De manera que si los testimonios escritos, los que se custodian en los archivos, parecían la piedra inicial de cualquier conocimiento, al que había que unir los libros, resultados del saber y del crear al hombre, han venido a unirse a ellos, libros y documentos, cualquier otro indicio, escrito o no, que proporciona información: la documentación. (p. 7) En consecuencia, la información es un bien costoso que tiene que calibrarse en su cantidad y calidad en función de su destinatario. Situación que, Rufeil (2009), desde una óptica netamente archivística, particularizó y definió a partir de las necesidades de los individuos: Tabla 1. Necesidades informacionales de los individuos en la sociedad Productor de los documentos Ciudadano Investigadores La información que reclama el productor de los documentos suele ser la petición de los antecedentes que se necesiten para la gestión administrativa, pública o privada, y esta se resuelve con unos índices (personas, lugares, fechas, asuntos). Por tratarse de documentos actuales y no accesibles, estos datos no tienen que ser publicados, pues su petición es individualizada y a solicitud de la parte a que afecta el testimonio.

La información la reclama el ciudadano para sus fines propios, el procedimiento es el mismo y la dificultad estriba en la exactitud de los datos que aporte para ubicarlo en los instrumentos de descripción. En ambos casos, la búsqueda es de documentos concretos en los que el contenido tiene un objetivo de utilización sabido de antemano, por lo que no se trata de ir rastreando noticias afines. La información va dirigida a la investigación que, bien por el contrario, analiza un contenido documental, que no conoce, en busca de una realidad pretérita diluida en muchos y muy diferentes documentos. La cantidad de información solicitada dependerá no solo del tema investigado, sino también de la preparación del investigador. Fuente: adaptado de Rufeil (2009, pp. 157-158).

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Adicionalmente, Jaramillo (2013, p. 17) insta a reconocer el papel de la biblioteca pública como lugar de encuentro (espacio físico), de formación (es de todos e interesa a la sociedad) y de convivencia (lugar de creación, recreación, negociación). En otras palabras, es La institución que, tradicionalmente ha sido definida como propiciadora del acceso libre, gratuito y en igual de condiciones para todas las personas a la información y al conjunto de saberes producido por la humanidad, es planteada como un lugar para la formación ciudadana, entendida como los procesos orientados al desarrollo pleno de los sujetos, de su autoestima y sus motivaciones, de su capacidad para comunicarse, para convivir, participar, elegir y decidir con autonomía asuntos referidos a su desarrollo y al de la comunidad; en la apuesta por ser y hacer parte (sentido de identidad, de pertinencia y de apropiación), y en la capacidad de nombrarse, reconocerse y reconocer al otro, crear y disponer pactos, gestionar y decidir asuntos de la cotidianidad. (p. 25) En resumen, la biblioteca, al igual que los archivos, son lugares privilegiados donde confluye el acceso a la información, la educación, los derechos humanos, la inclusión social, la formación ciudadana. A manera de ejemplo, la figura 2 recoge algunos de los discursos rectores de la biblioteca pública que potencian el uso de la información para la construcción de escenarios de paz: Figura 2. Discursos rectores del uso de la información para escenarios de paz.

Declaración de Murcia sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas,

2010

Maniﬁesto de Alejandría.

Bibliotecas: sociedad de la información en acción,

2005

Declaración de Buenos Aires, 2004 Maniﬁesto de Oeiras,

2003

Declaración de la AFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual,

1999

Proclama de Medellín,

2001

Maniﬁesto sobre Internet de la IFLA,

2002

Declaración de Glasgow,

2002

Declaración de Copenhague: Algo para todos, 1999 Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna, 1998 Maniﬁesto de la Unesco sobre biblioteca pública,

1994

Declaración de Caracas sobre biblioteca en América Latina y el Caribe, 1982 Fuente: adaptado de Jaramillo (2013, pp. 20-23).

Llegados a este punto, es sustancial referirse a la existencia de políticas de memoria y políticas archivísticas, dado que, son el instrumento principal utilizado por la sociedad para la construcción de escenarios paz y, en nuestro caso

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particular, para el uso, consumo y difusión de la información. Veamos entonces, dónde radica la diferencia:

No son lo mismo, aunque a veces se confundan, políticas de memoria o, hablando con más exactitud, políticas de gestión del pasado, que políticas archivísticas. Por definición, las políticas públicas de memoria son siempre coyunturales y de corto recorrido, mientras que en general las políticas archivísticas se diseñan a largo plazo y suelen ser muy estables, garantizando así la confianza en los archivos como entes testimoniales que basan su credibilidad en su permanencia y neutralidad. Pero en las transiciones políticas esta diferencia requeriría de alguna matización. Como trataremos de ilustrar, las segundas son necesarias para que las primeras sean eficaces. Así podremos afirmar que las políticas archivísticas son esenciales, incluso determinantes, de las políticas de gestión del pasado. (González Quintana, 2014, p. 32) En síntesis, las políticas son la hoja de ruta y en Colombia contamos con algunos ejemplos:

1. Política de archivos, Archivo General de la Nación de Colombia1.

2. Política pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y

conflicto armado, Centro Nacional de Memoria Histórica2.

3. Política y lineamientos sectoriales e institucionales, Jurisdicción Especial

para la Paz (JEP)3.

Para finalizar, Huskamp (2016) propone un ejemplo concreto de cómo la información y sus diversos matices —uso, consumo y difusión— son utilizados para la construcción de escenarios de paz, dado que, “describe las principales medidas necesarias para la preservación de los archivos policiales, con especial consideración de la utilización de los archivos para tratar con acontecimientos sucedidos en el pasado y con procesos de justicia transicional” (p. 2). Se puede observar en la figura 3, el paso a paso del proceso adelantado:

https://www.archivogeneral.gov.co/politica/politicas

http://centrodememoriahistorica.gov.co/politica-publica-de-archivos-de-derechos-humanos-memoria-historica-y-conflicto-armado/

https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Planeacion/Politicas-y-lineamientos.aspx

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Figura 3. Procedimiento en la salvaguarda de archivos policiales. Transferencia de la custodia Comprensión de la organización de la policía Conocimiento de los formatos físicos Organización y descripción de los documentos Oferta de un servicio de referencias Difusión Comprensión del modo en que la policía guarda sus documentos Protección de los archivos Toma de control Preparación del servicio de referencias Fuente: adaptado de Huskamp (2016, pp. 2-32).

Comunicación para la paz Los episodios de conflicto son sin duda una temática de simbiosis con la comunicación, constituyen elementos esenciales, definitorios y característicos de las dinámicas sociales y los modos de vida y la naturaleza personal que se transmiten y socializan a través de los procesos comunicativos. En este contexto, la comunicación, si bien pueden convertirse en legitimadora de los procesos de paz, también puede ser deslegitimadora de estos. Con la aparición de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), vale la pena considerar no solo los medios de comunicación tradicionales como mecanismo para la masificación y tecnificación de la comunicación, que pasa incluso a convertirse en mecanismos de participación ciudadana con la llegada de las redes sociales, que impactan la comunicación por medio de internet.

De tal manera que, en estos entornos complejos es necesario activar prácticas comunicativas que favorezcan la construcción de valores comunes para un proceso de transformación social, basados en la solidaridad y bajo la perspectiva colaborativa y colectiva. Prácticas capaces de generar diálogos creativos que busquen la paz y el equilibrio social a través de la apertura y posibilidad deliberativa; pero, a su vez, con una misión pedagógica y transformadora que desarrolle el pensamiento crítico como herramienta que permita la conformación de criterios razonados en cuanto a los mensajes y contenidos que se consumen. En este particular, los medios de comunicación tienen un papel destacado ante lo cual es fundamental que no sucumban ante los intereses de algunos sectores del mercado económico y productivo de los países, por un dominio global de la comunicación para la construcción de los imaginarios sociales.

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Se trata de activar procesos empáticos basados en los aspectos positivos para poder decir que son procesos comunicativos para la construcción de la paz y desarticuladores de la violencia, en cualquiera de sus maneras posibles. Se trata de comprender la comunicación desde la perspectiva de Freire, como un proceso cultural que es capaz de generar la movilización desde la solidaridad activa para que sean las mismas personas las que trasformen sus realidades (Freire, 2008).

En este sentido, debe darse una conexión entre la comunicación social y educativa la cual solo será posible con la debida interacción de todos los agentes sociales que participan en una comunidad y la manera como estos influyen en el orden mundial (Martín-Bermúdez, 2018).

También, es ver cómo la comunicación, mediada tecnológicamente, puede proporcionar herramientas valiosas para la formación de una sociedad activa para la transformación de las realidades, a través de redes en las que los ciudadanos sean actores creativos y multiplicadores en la configuración de estos nuevos escenarios en favor de la paz, donde no prevalezca el fatalismo y conformismo ante lo que se vive. Por el contrario, en estos escenarios debe prevalecer la esperanza y sean los partícipes los protagonistas en el logro de la recuperación y transformación de lo que no está bien o no les permite vivir en paz. No se trata de criminalizar a quienes hacen uso inadecuado de la información, al difundir rumores o noticias falsas basadas en la desinformación, ya que sería contraproducente una actitud sancionatoria, resultaría más efectivo una convocatoria al diálogo y la reflexión a través de las redes para el desarrollo del pensamiento crítico.

En estas acciones hay dos cuestiones fundamentales: la primera es lo trascendental que puede ser que un individuo sienta la importancia de su participación es estos escenarios de construcción de paz, también como una manera de recuperación de la responsabilidad social; la segunda, la convergencia de diversos actores sociales en un modelo de comunicación participativa y horizontal, en el que cada uno tenga un rol protagónico, ello significaría no solo el recuperar la responsabilidad social, sino crear nuevos modelos que involucren la representación, el diálogo, el debate y la participación dentro de la esfera de lo público para una cultura democrática y participativa. Esto se da por el poder que tiene la comunicación en la construcción de actitudes en los ciudadanos, más en temáticas que traen consecuencias en todos los ámbitos de la vida, para lo cual se deben reforzar valores que fortalezcan los imaginarios para una mejor convivencia.

Puede decirse que la comunicación, la información y, principalmente, la educación tienen un papel fundamental en la construcción de procesos de paz. Sugiere pensar en los medios de comunicación tradicionales, pero también en

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los mediados tecnológicamente como son las redes sociales, ya que sus actores son activos en estos procesos, por ser de gran impacto en la opinión pública que se genera en torno a ello, puesto que los discursos que circulan terminan legitimando positiva o negativamente el proceso de paz, así como los contenidos que se diseñen con propósitos pedagógicos y que circulan a través de las redes sociales.

En referencia a esto, también, es importante destacar el potencial que tiene la generación de contenidos para las redes sociales, con intención pedagógica para la construcción de la paz, para la sensibilización de los diálogos interculturales, la formación en derechos humanos y la antidiscriminación. Resaltar los valores es hablar de educación para la paz en esencia y es lo que debe prevalecer en los contenidos pedagógicos diseñados para tal fin, una formación para la acción permanente y continua en el afrontar conflictos de manera pacífica, solidaria, tolerante, autónoma, determinante, con compromiso, posición crítica y resolutiva. A la vez con aceptación del otro y sus diversidades, basada en el diálogo y no indiferencia.

Considerando que las redes sociales a través de las tecnologías móviles permiten un aprendizaje desde cualquier lugar sin barreras temporales ni espaciales, es bueno destacar que la cultura para la paz se inicia desde el hogar, las familias son determinantes en ello; lo cual, a su vez, puede ser reforzado por los docentes al diseñar recursos pedagógicos para ser compartidos en la virtualidad. Sería entonces conveniente analizar los elementos que deben estar presentes en los procesos comunicativos y formativos, tanto en medios de comunicación convencionales como en las redes sociales para que sean apuestas por la construcción de la paz. Al respecto, pueden destacarse diversos aspectos para el manejo de las comunicaciones en pro de los procesos de paz:

a. Los discursos, como se mencionó anteriormente, contribuyen en la forma-

ción de actitudes por parte del colectivo, por lo que tienen un gran potencial si se orientan a la promoción del diálogo, el debate y la participación siempre teniendo por delante el respeto hacia el otro y sus opiniones.

b. Con las TIC, las posibilidades para la comunicación son múltiples y diver-

sas, lo que ha permitido una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de cambio social, esto resalta la presencia de una comunicación participativa a través de los medios de comunicación convencionales y las redes sociales.

c. Se habla actualmente de un periodismo para la paz que sea preventivo,

propositivo en la resolución de la problemática, siendo más responsable éticamente en el tratamiento de temáticas relacionadas con los conflictos de paz y violencia, es una comunicación basada en la transformación social (McGoldrick y Lynch, 2000).

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d. La transformación de la violencia es posible cuando hay denuncia de

los hechos con la finalidad de acabar con las injusticias, en este sentido, la comunicación tendrá gran papel en la manera de cómo se presente la noticia, buscando reacción y solución por parte de las autoridades, trabajando de manera preventiva para acabar con el foco antes que los hechos se intensifiquen.

e. Es importante resaltar también las noticias positivas que evidencian avan-

ces en la corrección de problemáticas que se estén tratando, es significativo mostrar a los ciudadanos que no todo es negativo.

f. Al presentar una noticia es importante involucrar a diversos actores que se

encuentren relacionados directamente con la problemática, con la finalidad de propiciar el debate público, la idea es mantener un discurso inclusivo de los involucrados.

g. Contextualizar a profundidad los hechos resulta muy importante para no

caer en lo delicado de dar información falsa, es básicamente resaltar las causas profundas de la situación.

Por otra parte, entre las bondades que pueden mencionarse para las redes sociales en los procesos comunicativos se destacan las siguientes:

a. Permiten la participación de los ciudadanos a través de las tecnologías móvi-

les, lo cual rompe barreras temporales y espaciales para estar activo ante una situación de interés.

b. Contribuyen en la creación de una conciencia compartida en comunidades

afectadas y vulnerables ante estas situaciones de violencia.

c. Propicia la movilización y participación, ya que simples comentarios en

las redes sociales activan la construcción de debates y motivan a los ciudadanos a alzar la voz ante lo que consideran injusto, y se convierte en una denuncia activa en el marco de la paz.

d. El sentido de identidad colectiva que se genera a través de las redes sociales

es un elemento que debe aprovecharse con matiz positivo en los procesos de paz, no se trata de acciones individuales, sino de reacciones en cadena para la participación creativa de colectivos; vale destacar que para que sea una participación efectiva se debe hacer un uso adecuado de la información, a fin de que la conectividad e interactividad sea realmente aprovechada para la construcción de paz.

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e. Las redes sociales sin duda han descentralizado los procesos comunicativos

que estaban limitados a los medios de comunicación convencionales, ahora las noticias se desenvuelven en la instantaneidad que el internet permite.

f. Una de las más resaltantes ventajas de las redes sociales es que les permite

a los ciudadanos procesos de diálogos directos con los gobernantes, ya no están mediados por los medios de comunicación convencionales, por lo cual el mensaje es más directo.

g. La formación para la paz ahora tiene disponible los diálogos transmedia,

así como la posibilidad de diseñar contenidos hipermediáticos con objetivos concretos de educación y transformación social.

Educación para la construcción de paz en Colombia.

Algunas estrategias info-comunicativas y educativas La idea de info-comunicación educativa integra los aportes que los procesos informativos, comunicativos y educativos pueden realizar a la configuración de escenarios de paz, siendo que esta es una aspiración que se concreta en mayores posibilidades de construcción de tejido social, mediante el ejercicio de valores propios de una ciudadanía consciente y crítica. La información, la comunicación y la educación constituyen la trilogía estratégica que debe acompañar los procesos de generación de acciones de producción, circulación y transferencia de contenidos intencionados para asegurar el incremento de los niveles de intervención y propuesta de opciones diversas, articuladas con el desarrollo y uso productivo, constructivo y efectivo de información en todos los ámbitos y sectores que configuran lo social.

Pensar en la información, la comunicación y la educación como procesos integrados, mediante los cuales se pueda avanzar hacia escenarios de paz duradera, implica reconocer el potencial que tienen, concebido a partir de la noción: info-comunicación educativa; enfatizando en que se trata de vectores que fortalecen la construcción de capital social, mediante el desarrollo de escenarios pacíficos. Esta noción define la información como articulación significativa de datos y producción de contenidos (con énfasis en estructuración de datos para los ecosistemas digitales e interactivos), entiende que la comunicación es un proceso humano esencial que genera socialización e interacción dialógica y valoriza la educación como el despliegue de acciones intencionadas para formar sujetos comprometidos con la paz, como una apuesta vital.

El enfoque de la info-comunicación educativa urge construirlo no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico, para ello se parte de los planteamientos de Ortega Ruiz y Romero Sánchez (2018), según los cuales la sociedad actual se ha desarrollado a partir de la atomización de los individuos. Esta idea conduce a reconocer el hecho de que han desaparecido o se han debilitado hasta el extremo

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los lazos de afecto, proximidad, fraternidad y solidaridad. Continúan planteando los autores, señalando que “la frialdad que caracteriza a esta sociedad se ha convertido casi en un ‘universal antropológico’, en un elemento constitutivo de la vida social” (p. 98). La comunicación se ha cosificado, instrumentalizado y se traduce en “relaciones sociales [que] han pasado a convertirse en relaciones meramente pragmáticas, utilitaristas, mercantiles, sin dar lugar a relaciones de fraternidad o compasión solidaria” (p. 98). Estas realidades han reforzado acciones de desintegración social, que aceleran la necesidad de avanzar hacia la construcción de escenarios de paz duradera.

En este sentido, se requiere reforzar la ética en la conformación de instituciones sólidas, como respuesta a la degradación de organizaciones sociales, en las que se ha se ha favorecido la inequidad, que provoca la respuesta violenta de los excluidos del sistema político y social. Sin ética, la frialdad moral da lugar a una sociedad en la que siguen sin ser sujetos de su destino, individuos atomizados que se relacionan entre sí por vínculos impersonales, cada vez más mediatizados por relaciones mercantiles, ajenas a toda interpretación ética de la vida. La construcción de la paz comienza con la práctica de la justicia. “Paz y justicia son dos realidades que mutuamente se reclaman, se necesitan. Una sin la otra aboca a ambos términos a un sinsentido. Hablar de paz, [entonces], exige la voluntad de establecer unas relaciones justas entre los individuos y entre los pueblos” (Ortega Ruiz, 2017, p. 23), lo cual se logra mediante acciones concretas que articulen la información, la comunicación y la educación.

Para profundizar en la educación para la paz, Paz Maldonado y Díaz Pérez (2019) plantean que, se trata de “una propuesta que busca el reconocimiento, respeto de los derechos y la liberación de todos los seres humanos, con el fin obtener una participación auténtica en los procesos de transformación, con base en la creación de sociedades justas y equitativas” (p. 179). De modo que, la educación para una paz duradera deberá pasar por la revalorización de los derechos humanos y de valores esenciales como la libertad, la solidaridad y el respeto por las diversidades y complejidades de los seres humanos. Lo cual se encuentra en los presupuestos que Garzón Díaz (2017) identifica en relación con la educación para la paz, que más que presupuestos podrían asumirse como dimensiones teórico-prácticas:

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Figura 4. Algunas dimensiones de la educación para la paz. Educación en la ciudadanía Educación para la colaboración y los derechos humanos Educación en la libertad Fuente: elaboración propia con base en las ideas de Garzón Díaz (2017). Los tres presupuestos-dimensiones expresados (figura 4) se constituyen también en espacios para la integración de los aportes que la información, la comunicación y la educación pueden hacer a la construcción de la paz duradera. En este sentido, se enfatiza en el componente informacional para el fortalecimiento de la colaboración y los derechos humanos. En este marco, bibliotecas, archivos y sistemas de información deben trabajar en aras de permitir contenidos que promuevan la paz, mediante la articulación de experiencias que susciten las ciudadanías. La comunicación educativa también debe buscar convencimiento de que se trata de dos procesos fundamentales en la construcción de unas relaciones sociales basadas en el reconocimiento, la solidaridad, el pluralismo y la justicia social. Es decir, una pedagogía crítica, comunicación de cambio social, centrada en discursos transformadores exitosos para aprender a construir otras opciones políticas por medio de la comunicación para la paz (Nos Aldás et al., 2019). Siguiendo con la propuesta Farné y López, ellos indican que la comunicación educativa tiene como objetivo pasar a entender la comunicación con una perspectiva educadora y por lo tanto el planteamiento didáctico se apoya en enfoques de pedagogías críticas que subrayan el valor transformador de la educación y la comunicación para activar el compromiso con la paz y la justicia social. (2016, pp. 650-651) De modo que, una info-comunicación educativa debe colocar el acento en el desarrollo de capacidades de los seres humanos para hacer las paces, apoyándose en una

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filosofía emancipadora “que acompañe al ser humano en el uso del pensamiento crítico y en la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo y futuros más justos, pacíficos y sostenibles” y, por lo tanto, aborda la comunicación en su potencial para plasmar estos valores y propósitos. (2016, p. 651) En síntesis, la info-comunicación educativa se considera como una apuesta teórica que se mueve en el plano de la inter y la transdisciplinariedad, al integrar principios y criterios de la información y de la comunicación, como proceso humano articulador de ejercicios de socialización y de cohesión, y de la educación, como una actividad estratégica que permite contar con sujetos ético-políticos que reconocen el valor de los escenarios de paz duradera, como meta a la cual se debe llegar, sobre todo en sociedades democráticas.

Algunas estrategias para concretar la visión de la info-comunicación educativa, como apuesta de sentido conceptual y práctico, con el fin de apalancar procesos de paz duradera en Colombia, podrían ser las siguientes:

1. Considerar el modelo expuesto en la primera parte de este texto, en el cual

se presentaron las dimensiones funcionales para abordar el pasado en un marco que promueva una cultura de responsabilidad (rendición de cuentas), estado de derecho y reconciliación. Lo anterior, en el entendido de que la paz requiere un abordaje complejo y sistémico que tome en cuenta la organización de registros y evidencias de las víctimas, así como, también, contar con acciones de comunicación para movilizar un ecosistema de transparencia, en el que los actores del proceso establezcan mecanismos para la interlocución abierta y horizontal.

2. Una de las estrategias informacionales pendientes por desarrollar será

la conformación de info-arquitecturas, con los contenidos estructurados desde criterios de calidad, buena fe, transparencia; lo cual debe irradiar un acceso a la información sobre el conflicto y sus posibilidades de superación, dándole voz a los afectados por el conflicto y posibilitando la reconstrucción del tejido social. En este sentido, el componente informacional deberá acompañar la creación de bancos de buenas prácticas acerca de la gestión de conflictos con el objeto de contar con mecanismos de resolución, manteniendo la paz como horizonte de sentido.

Dentro de las estrategias comunicativas, será importante considerar la construcción de contenidos que respeten la diversidad, complejidad y, a la vez, la singularidad de los sujetos víctimas del conflicto, potenciando escenarios para una “prosumición”, es decir, producción y consumo de datos, información y contenidos estructurados para alcanzar la paz duradera. Lo comunicacional estará articulado con lo informacional, lo que supone el

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abordaje de la emisión y recepción crítica de mensajes para fortalecer los procesos de cohesión y recomposición de las estructuras sociales debilitadas por los efectos del conflicto. Las redes sociales y demás medios que en la actualidad se utilizan, en la consolidación de ambientes de producción y uso crítico de la información y de la comunicación, constituyen elementos esenciales en la agenda de instalación de la paz como cultura y como nuevo orden de interacción.

3. Como parte de las estrategias educativas para el fortalecimiento de la paz

y, por ende, la democracia, se requiere articular acciones para el desarrollo del pensamiento crítico, mediadas por la ética y los valores de solidaridad, libertad responsable y colaboración. Urge la construcción de estructuras de redes como sustrato de la organización social. En este sentido, la educación deberá potenciar las posibilidades de fortalecimiento de las capacidades para las ciudadanías, cuyo centro será la revalorización de lo ético-político, lo cual debe permear el uso significativo y estratégico de los recursos de información y comunicación.

Conclusiones La info-comunicación educativa constituye una poderosa acción que se debe desplegar desde reflexiones y diseños para asegurar apuestas significativas, facilitando el posicionamiento de los sujetos afectados por el conflicto, como los protagonistas esenciales para la construcción de escenarios de paz duradera en Colombia. En dicha acción deben participar los entes de formulación y ejecución de políticas públicas, y para lograrlo se requerirá de la articulación de conocimientos, saberes y prácticas relacionadas con la información (como proceso y producto que prepara contenidos con objeto de circularlos mediante sistemas y redes), la comunicación (como acción humana compleja situada y apoyada en diversidad de medios y dispositivos) y la educación (concebida como el desarrollo de acciones intencionadas para fortalecer competencias críticas, reflexivas y propositivas en los sujetos).

Con las estructuras de información, se aportarán las bases para contar con datos estructurados y contenidos organizados en función de las necesidades individuales y colectivas, mediadas por la participación de instituciones de la información y la memoria como las bibliotecas, archivos y sistemas de información, desde donde se aportarán las bases para la participación en escenarios de paz. La comunicación y sus infraestructuras y ecosistemas deberán participar generando los sentidos y las posibilidades de interlocución, con la utilización de diversos medios digitales e interactivos. La educación colabora pensando y ofreciendo opciones concretas para la formación ético-política, que consolide ciudadanías críticas, incluidas las digitales que se empoderan para la producción, circulación y apropiación de la información y los contenidos.

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El llamado es a generar las sinergias necesarias para dar el salto cualitativo de esta entidad conceptual inter y transdisciplinar, denominada info-comunicación educativa, puesta al servicio de la construcción de escenarios de paz duradera en Colombia y, con ello, contribuir de manera decisiva con la deuda que existe en el país.

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El discurso periodístico y la cultura de paz en el Ariari y la región metense Julio César Rodríguez García* Jairo Quintero Martínez** Paola Consuelo Ladino Marín*** * Magíster en Historia, historiador y licenciado en Filosofía. Profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades de Universitaria Agustiniana, Bogotá. Correo electrónico: julio.rodriguez@uniagustiniana.edu.co ** Magíster en Bioética, licenciado en Pedagogía Reeducativa, profesional en Filosofía y Letras. Profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades de Universitaria Agustiniana, Bogotá. Correo electrónico: jairo.quintero@uniagustiniana.edu.co *** Magíster en Educación, especialista en Mercadeo de Servicios, especialista en Pedagogía Universitaria, comunicadora social–periodista. Profesora investigadora adscrita al programa de Comunicación Social de Universitaria Agustiniana, Bogotá. Correo electrónico: paola.ladino@uniagustiniana.edu.co

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Introducción Teun A. van Dijk, plantea que: “los medios de comunicación no son mediadores neutrales, lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan a reproducir ideologías reformuladas” (1990, p. 28). Significa que cuando un medio como la prensa escoge un tema y dedica tiempo a elaborar un discurso sobre él lo hace para persuadir al auditorio, generar opinión pública (p. 19), e influir en el lector (Santos Calderón, 2019, p. 62). “El papel de los medios, como intermediarios entre lo que ocurre y la opinión pública es determinante” (p. 97). Van Dijk esboza tres aspectos para examinar el discurso periodístico: la retórica del discurso (el escrito en sí mismo), la clasificación del discurso (géneros periodísticos) y la persuasión del discurso en contextos públicos (las categorías usadas por el periódico) (1990, p. 36). El presente trabajo se centró en el análisis del discurso periodístico desde estos tres aspectos. Van Dijk (1989, citado por Álvarez Muro, 2008, p. 176) entiende la retórica como manipulación consciente de los rasgos textuales específicos. Con ella, el periodista toma una realidad (situación, comentario, personaje) y mediante las palabras la llena de encanto/ tragedia, credibilidad/falsedad, generando lo que se conoce como persuasión. La persuasión, siguiendo a Aristóteles, sirve para convencer y para emocionar (González Reyna, 1991, p. 19). Convencer desde el conocimiento implica credibilidad en el discurso periodístico. Persuasión no es manipulación, esta última “es el razonamiento que se apoya en la emotividad, busca la emotividad y pretende modificar la conducta del individuo” (González Reyna, 1991, pp. 19, 21, píe de página 9). La persuasión es sinónimo de intención, siempre que un periódico escribe hay una intención: convencer, persuadir, informar a un público lector para que asuma una postura (Schnaider et al., 2005, pp. 6-7). El objeto de estudio del presente capítulo fue examinar el discurso periodístico en torno a las prácticas de paz en la región del Ariari y del departamento del Meta (Colombia), que ayudó a consolidar una cultura de paz. La pregunta que orientó la investigación fue ¿cómo la prensa, presentó a través del discurso periodístico acciones a favor de la construcción de cultura de paz en la región metense en el primer año de gobierno del presidente Duque? El objetivo fue identificar las categorías que utilizó la prensa (periódico Llano Sie7e días1) para abordar el tema de la paz, a partir de las cuales se construye cultura de paz en la región.

Siguiendo a Van Dijk, el aparte dedicado a la discusión se planteó desde los ámbitos de contexto y texto. El primero presenta el proceso histórico de la región en la época del conflicto y cómo se consolidó la paz. El segundo presenta el análisis del discurso periodístico alrededor de la promoción de prácticas de paz.

Se mantiene el nombre original del periódico.

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Marco metodológico Tabla 1. Categorías de análisis vs. géneros periodísticos usados en Llano Sie7e días.

Categorías Género periodístico Opinativo Informativo Interpretativo Cantidad Opinión Redacción Información Entrevista Crónica Informe especial Turismo, paz y región.

Defensa de líderes sociales y derechos humanos.

Reinsertados.

Implementación de los acuerdos de paz.

Partido político FARC.

Víctimas del conflicto armado.

Justicia Especial para la Paz.

Protesta social.

Equidad de género.

Seguridad.

Total

Fuente: elaboración propia.

La metodología está enmarcada en el análisis del discurso de Van Dijk. Se centra en los géneros periodísticos: opinativo, informativo, interpretativo (González Reyna, 1991, p. 22; Mejía Chiang, 2012, p. 207) —como se indica en la tabla 1—, y en la importancia del contexto en que se da el discurso periodístico, entendido como proceso cognitivo de producción y recepción, y en las dimensiones socioculturales de uso del lenguaje y la comunicación (Van Dijk, 1990, p. 14). El desarrollo de las categorías se hizo a partir de los ocho ámbitos programáticos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010, pp. 4-6), sobre la cultura de paz y que se manifiestan en prácticas de paz (tabla 2).

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Tabla 2. Prácticas de paz aplicadas a los ámbitos establecidos por la ONU. N° Ámbitos de la

ONU

Prácticas de paz en Colombia (responden a cada ámbito y a las categorías del discurso periodístico de Llano Sie7e días).

I Cultura de paz a través de la educación.

Pedagogía de la paz.

Capacitaciones.

Resignificación del lenguaje.

II Desarrollo económico, social y sostenible.

Promoción de políticas públicas de reinserción. Campamentos de reinserción, zonas de paz y zonas humanitarias. Reconstrucción de territorios afectados por acciones violentas. Presencia del Estado en zonas marginales. Implementación de economías solidarias.

III

Respeto a los derechos humanos.

Promoción de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Denuncia pública de acciones de violencia. Establecimiento de leyes a favor de la paz. Justicia Especial para la Paz. IV Equidad entre hombres y mujeres.

Participación política de las mujeres. Respeto a las líderes sociales. V Participación democrática.

Promoción de políticas públicas de reconciliación. Participación e inclusión política. Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil. VI Comprensión, tolerancia y solidaridad.

Organización de expresiones culturales. Registros de relatos de víctimas. Memoria histórica.

VII

Comunicación participativa, libre circulación de información y conocimientos.

Generación de opinión pública. Discursos públicos de apoyo y creación de símbolos de paz. Presencia de personalidades internacionales a favor de la paz.

VIII

Paz y seguridad internacionales.

Mejora de la seguridad interna. Fuente: elaboración propia.

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Del periódico Llano Sie7e días se tomaron 257 discursos periodísticos de la región metense acerca del tema de la paz, que mostraban correspondencia en uno o más ámbitos, y de ellas se extrajeron únicamente 73 notas periodísticas. Se descartaron las notas cuyo contenido no aportó al estudio de la cultura de paz en la región metense, bien porque hablaban de violencia callejera o porque se referían a prácticas de paz en regiones diferentes.

Para la comprensión de las prácticas de paz se complementaron los ocho ámbitos estratégicos propuestos por la ONU con las variables del análisis de prácticas de paz, deducidas por el equipo de investigación a partir del discurso de teóricos de la paz (tabla 2). La relación permitió identificar los hipertextos, como los llama Van Dijk, o categorías de análisis de las notas periodísticas de prensa (tabla 1) en el periódico Llano Sie7e días.

Marco teórico Cultura de paz En la región metense el ejercicio cotidiano de prácticas de paz de los habitantes fue resultado del poder social de la comunidad, entendido como la “construcción de un entramado simbólico que no solo resta sentido al uso de la violencia como forma de regulación de conflictos, sino que provee de razones que legitiman y dan sentido a vías pacíficas como forma de relación social” (Duplat Ayala, 2019, pp. 29-30). Este poder social tiene como objetivo mejorar las relaciones humanas de una comunidad en el tiempo, a partir de prácticas generadoras de paz (Ladino Marín et al., 2019).

Es cultura de paz cuando los habitantes del territorio se apropian de las prácticas de paz, las cotidianizan, naturalizan y habitualizan en su manera de relacionarse entre sí. Hacen uso de ellas, como un mandato claro del poder civil, cuando se establecen las relaciones sociales (Pfeiffer, 2014, pp. 18-22), a través de la participación política y abierta de la comunidad, asimismo, del establecimiento de mecanismos y estrategias para afrontar los conflictos en el tiempo (Le Blanc, 2016, p. 28; Pfeiffer, 2014). Si la paz es armonía, la cultura de paz hace posible esa armonía (Le Blanc, 2016).

Noticia Para Van Dijk (1990), la noticia es nueva información sobre sucesos recientes y de interés general. De ella, se deduce el discurso periodístico2 “a través del cual se construye rutinariamente el mundo social” (p. 22) en la comunidad lectora, se

Se utilizó la expresión discurso periodístico para referirse a cualquier escrito que apareció en el periódico Llano Sie7e días acerca de las prácticas de paz en la región metense. No se utilizó el concepto noticia para evitar confusión con el género periodístico informativo (tabla 1).

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construye una realidad. Por eso, para este autor, “la noticia no solo depende de los hechos sino también de la estructura organizativa de la producción de noticias” (p. 21), que consta de 6 preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, además de cinco elementos claves: forma de la oración (sintaxis), significados (semántica), actos de habla (pragmática), estilo, (permite comprender el contexto) y retórica, entendida como la dimensión persuasiva del uso del lenguaje (pp. 50-51). Estas formas apoyan la persuasión del discurso, es decir, logran en el receptor el efecto deseado y mueven a la acción. La persuasión implica que la información del discurso periodístico nunca es “objetivo, apolítico, imparcial, neutral e independiente porque su emisor, en el acto de selección de los datos informativos, del registro, elaboración y transmisión, discrimina, ordena, manipula e incluso interpreta la realidad que pretende comunicar a su auditorio” (Yanes Mesa, 2003, p. 2). El medio le da importancia a un tema determinado, no le dice al lector cómo pensar ese tema, pero le dice sobre qué pensar (Schnaider et al., 2005), usando géneros periodísticos (tabla 2).

En el discurso periodístico, la persuasión se presenta en la titulación y en la frecuencia de palabras. Cuando una palabra, una expresión o un tema se repite constantemente lo que busca el periódico es reforzar en el lector la idea de que tiene del tema central. Es lo que Schnaider et al. (2005) llama el “mantenimiento de la hegemonía social” (p. 98). En el ejercicio abordado, en un conteo de palabras, se estableció que el periódico Llano Sie7e días utilizó la palabra “paz” 179 veces en 73 noticias, “víctimas” 86 veces, “conflicto” 53 veces, “guerra” 49 veces, “turismo” 27 veces, “acuerdo de paz” 25 veces, “participación” 17 veces, “implementación” 11 veces, “participación política” 7 veces y “postconflicto” 1 vez. Al revisar las categorías aplicadas por el periódico Llano Sie7e días (tabla 1), se percibió que la mayoría de aquellas en las que hay más énfasis tienen mayor número de frecuencias y repeticiones de la palabra. La categoría “víctimas” tiene 18 notas periodísticas y la palabra se repite 86 veces, la categoría “turismo” tiene 9 notas periodísticas y aparece 27 veces, “implementación” aparece con 11 notas periodísticas y 11 menciones, pero siempre asociada a acuerdos (34 veces) y acuerdos de paz (40 veces).

Resultados: contexto y texto El texto y el contexto están ligados en el discurso periodístico. El texto implica una elección de un acontecimiento, el uso de normas de escritura propias y la interpretación que de él hace el periodista. El contexto representa la realidad espacio/temporal donde el discurso periodístico se origina. El texto interpreta la realidad (Díaz Noci, s.f., p. 22).

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El contexto El contexto es el marco histórico, significa que toda noticia es situacional (tiempo-espacio). Para Van Dijk “el análisis de la noticia relaciona texto con contexto” (1990, p. 14), lo que determina la comprensión de este. A la vez, el contexto expresa la fuerza de la palabra en un tiempo-espacio determinado (Van Dijk, 1983, p. 83) que el periodista debe conocer para darle fuerza a su argumentación (González Reyna, 1991, p. 14). El anterior epígrafe menciona la motivación que tuvo el proceso de paz y la posterior firma del acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): las víctimas (contexto). En el análisis del discurso periodístico del periódico Llano Sie7e días acerca de la paz es significativa la atención al tema de las víctimas, de su reparación física, social y psicológica.

Figura 1. Región del alto Ariari, conocida como piedemonte llanero Fuente: Toda Colombia (2019).

Lograr la paz en Colombia ha sido un tema de controversia académica. Teóricos como Morales Nieto (2015) afirman que, el conflicto se solucionó por la labor del Estado al establecer los parámetros jurídicos para alcanzarla. Del lado opuesto, teóricos como Hernández Delgado (2004, 2009) y Duplat (2019) afirman que, lo que permitió solucionar el conflicto fue el esfuerzo cívico, recogido en Ligas de Paz, por reconstruir el tejido social a través de la resistencia a grupos armados, con ello debilitaron su control territorial. Este proceso de

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“empoderamiento ciudadano y de la esfera pública” (Duplat, 2019, pp. 14-15) o poder social (Duplat, 2019; Hernández Delgado, 2004, 2009) se logra mediante acciones desde abajo, desde los subalternos (Scott, 2000). Surge en las comunidades, a partir de sus necesidades y de su resistencia a las condiciones en que viven, con lo cual se crea un conflicto de intereses, se genera un estilo particular de relaciones sociales y se muestran las contradicciones entre tener autonomía o seguir dependiendo de la realidad tal cual está (Scott, 2000, p. 17). En el alto Ariari (figura 1), sus líderes “desarrollaron mecanismos y espacios en los cuales la realidad de la violencia que los rodeaba y los involucraba se empezó a transformar mediante un ejercicio, cada vez más consciente, de un discurso y una práctica política” (Duplat, 2019, p. 30). Ese discurso transformó al enemigo social en adversario político, es decir, se pasó de la violencia armada al debate mediante el diálogo. Hubo una redefinición del otro, reconociendo sus diferencias, y de lo político, ya no como discurso disociador y excluyente, sino unificador e incluyente.

La paz en la región se tornó esquiva desde la década de 1950, cuando llegó la violencia al alto Ariari por dos situaciones concretas: la primera porque en el proceso de colonización quedaron focos partidistas que formaron bandos y la segunda por la atomización de las guerrillas del Llano que recibieron la amnistía en el gobierno del General Rojas Pinilla. Tres exguerrilleros llegaron a la región del Ariari: Dumar Aljure, Plinio Murillo y Bernardo Giraldo, los tres generaron una triangulación de poder, con grandes diferencias en cada uno de sus vértices (Duplat, 2019, p. 99).

En 1985 se generó una ruptura total de relaciones entre los vértices por la presencia y fuerza política que adquirió la Unión Patriótica (UP), en el sector de El Castillo, y por la defensa de lo estatal con las autodefensas, como las de Rodríguez Gacha y Víctor Carranza, que se forjaron en El Dorado y que se fortaleció en 1997, con la aparición de los paramilitares. El resultado fue la aparición de cadáveres de líderes en toda la región (Duplat, 2019). El apoyo a la UP fue un aspecto positivo para la consolidación posterior de la paz, por la presencia política que hizo en el territorio, ya que en aquella época había un desconocimiento de la legitimidad del Estado por su ausencia y, por ende, su poder en la región (Mora Hernández, 2016, p. 30). Se consolidó el poder social local gracias a la defensa de los espacios de participación democrática, lo que significó poder elegir sus propias autoridades civiles, sin presiones de ningún grupo armado (Duplat, 2019, p. 126). Esa acción permitió a las comunidades lograr legitimidad frente a los grupos armados al mostrar resultados en obras, manejo de presupuestos, control de nóminas de personal y acciones sociales a favor de las comunidades, con ello se redujo el “boleteo” a las alcaldías y los asesinatos en gran parte del departamento del Meta. Excepto en el municipio del Castillo, “en el cual se

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presentó una reducción poblacional desde 1990 hasta la primera década del siglo XXI (Ladino et al., 2019, p. 61).

En medio de este proceso de violencia regional, se inició el proceso de reconciliación en el Meta, en la región del alto Ariari. Según Henry Ramírez (comunicación personal, julio de 2017), el proceso de reconciliación en la región del alto Ariari se originó en 1991, por la conciencia que tomaron las partes implicadas. Según Duplat (2019, p. 13), el proceso tomó forma en 1998 gracias al pacto de reconciliación firmado por los pueblos de El Dorado y El Castillo. El texto El texto refiere al esquema o forma de la noticia, la manera de cómo está construida y a la estructura misma de la noticia (Van Dijk, 1983, pp. 81-82; 1990,

p. 14). Para abordarlo se tuvieron en cuenta los géneros periodísticos (figura

2): informativo, opinión, redacción, crónica, entrevista e informe especial, los cuales se clasificaron por sus características en tres columnas: 1. Opinativo (opinión, redacción); 2. Informativo (información, entrevista); 3. Interpretativo (crónica e informe especial) (tabla 1).

Figura 2. Géneros periodísticos desde el periódico Llano Sie7e días.

Cantidad notas periodísticas Géneros periodísticos Opinión Redacción Crónica Información Informe especial Entrevista Total Fuente: elaboración propia.

Marco explicativo del análisis del discurso desde el género periodístico El periódico Llano Sie7e días, en 73 notas periodísticas acerca de la paz, en relación con las categorías de análisis del discurso, muestra que:

1. Las notas informativas sobre situaciones de paz son las más representativas

(27). Los temas de víctimas del conflicto y proceso de la JEP son los más relevantes, seguidos de los temas de reinsertados, defensa de líderes sociales,

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seguridad en la región y equidad de género. En estas notas ninguna importancia recibe la protesta social ni la implementación de los acuerdos.

2. En las notas de opinión (22), el tema de implementación de los acuerdos es

el más reiterativo con 7, seguido por víctimas con 4, defensa de líderes y protesta social con 3 cada uno, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) con 2, la JEP, equidad y turismo con 1 cada uno. Los reinsertados y la seguridad no son tenidos en cuenta.

3. En las notas de redacción (17), los temas más relevantes son: turismo, imple-

mentación de los acuerdos y el partido FARC, cada uno con 4; seguridad con 3 y con menor importancia equidad de género y reinsertados. El asesinato de líderes sociales, la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la protesta social y la JEP no son tenidos en cuenta en estas notas.

4. En notas periodísticas de crónica (5), los temas más relevantes son víctimas

del conflicto armado (3) y turismo (2). Las demás categorías no son tenidas en cuenta.

5. En la entrevista el tema es el de reinsertados con 1 mención y en el informe

especial el tema es la defensa de líderes sociales con 1. Marco explicativo del análisis del discurso desde las categorías Teniendo en cuenta la recurrencia de los temas noticiosos del periódico Llano Sie7e días, relacionados con la cultura de paz, se dedujeron las siguientes categorías (figura 3):

Figura 3. Categorías de análisis desde el periódico Llano Sie7e días.

Cantidad de notas periodísticas Categorías de análisis Turismo, paz y región Defensa de líderes sociales y derechos humanos Reinsertados Justicia Especial para la Paz Protesta social Equidad de género Implementación de los acuerdos de paz Partido político FARC Víctimas del conﬂicto armado Seguridad Fuente: elaboración propia.

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A partir de la figura 3, se estableció el análisis teniendo en cuenta la frecuencia del discurso periodístico:

1. Víctimas del conflicto armado (18).

2. Implementación de los acuerdos (11).

3. Turismo, paz y región (9).

4. Defensa de los líderes sociales y de derechos humanos (7).

5. Partido político FARC (7).

6. Reinsertados (5).

7. Justicia Especial para la Paz (5), seguridad en el territorio (5), protesta

social (3) y equidad de género (3).

Víctimas del conflicto armado Se define como víctima a toda persona que ha sufrido por la guerra y que “clama” al Estado para que imparta justicia por los golpes recibidos, con el fin de “sanar” y “liberarse del odio” causado por el dolor ante la ausencia de los seres queridos. Esta categoría es la que más notas periodísticas tiene (18): género opinativo (4), género informativo (11) y género explicativo (3) (tabla 3). El género opinativo describe con acciones específicas la reparación a las víctimas: “las víctimas que han sufrido los duros golpes en medio de la guerra, claman justicia y expresan el dolor por la pérdida de sus familiares” (Ramírez, 2019, párr. 4). Enfatiza en las Comisiones de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pide que la reparación no sea solamente material, sino social y sicológica. Mayorga (2019) afirma que, en la columna de opinión titulada “La madre pa’ el gobierno”, el gobierno tiene olvidadas a las víctimas, permite la violencia, y es indiferente ante el dolor de las ausencias.

El género informativo presenta acciones que se realizan para implementar los acuerdos y reparar a las víctimas. En una de las notas titulada “Así está la otra Colombia”, Camargo (2019) hace un paralelo entre la manera en cómo viven los reinsertados que habitan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que se aplican Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) y los campesinos de veredas cercanas. Los primeros tienen servicios públicos, médicos, formación, buena alimentación; los segundos tienen todas las necesidades por satisfacer. Según el periodista, ello genera inconformidad, porque la presencia del Estado solo se ve donde hay presencia de organismos internacionales garantes del Acuerdo de Paz, pero sigue ausente en la mayoría de las regiones que padecieron la violencia.

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El género explicativo se apoya en historias para mostrar las bondades del Acuerdo de Paz en un grupo significativo de familias que con la guerra perdieron todo y que temen volver a perder lo conseguido con la paz, “Según la mujer, hace varios años El Dorado volvió a la tranquilidad, pero hay rumores sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona baja de la región” (Guerrero, 2019, párr. 14). Esta categoría es la más significativa porque recoge los 8 ámbitos establecidos por la ONU.

Implementación de los Acuerdos de Paz Esta categoría es desarrollada únicamente por el género opinativo, el cual expresa gran preocupación por la “agenda oculta” que muestra el gobierno Duque contra el Acuerdo de Paz firmado.

Cuando Juan Manuel Santos confiesa que Álvaro Uribe le recomendaba tener enemigos y que de ser preciso se los inventará, es cuando se comprende la actitud del presidente Duque, del Centro Democrático y del expresidente Uribe por buscar la confrontación con la JEP. (Velásquez, 2019, párr. 1) En esta nota el agente es Duque, que cumple un proceso acordado al confrontar junto con Uribe los acuerdos de paz, con lo cual afecta a un paciente, la Justicia Especial para la Paz (JEP). Duque, que representa al Gobierno nacional, obstaculiza las acciones de paz, pues la JEP es el corazón, en lo jurídico, del proceso de posacuerdo. La actitud del Gobierno es reflejada por Llano Sie7e días en la expresión de Duque a un periodista al preguntarle por la muerte de líderes sociales, “de qué me hablas viejo”, y en la que según la opinión del columnista refleja una “agenda oculta” del Gobierno en contra del Acuerdo de Paz. Esto pone en riesgo el cumplimiento de tres de los ámbitos exigidos por la ONU para alcanzar una cultura de paz: comprensión, tolerancia y solidaridad; derechos humanos y paz, y seguridad.

Turismo, paz y región En esta categoría, el género opinativo expresa acciones de paz en la región como “florecimiento”, “potencial turístico”; representadas por medio de “personas valientes”, “paisajes esplendidos”, “paraísos naturales”, “sitios seguros”, estas expresiones invitan a conocer lo desconocido, descansar en lo paradisiaco y activar el turismo mediante el: “florecimiento”, “potencial” y “esplendor”, que significan un renacer de la región.

El género informativo representa acciones de paz en el cuidado del territorio desde las comunidades, son los vecinos los agentes promotores del cuidado ambiental, es la naturaleza la receptora de la acción. Se plantea la importancia de “seguir trabajando con las comunidades”, porque de ellas surgió el acuerdo y la iniciativa de proteger los parques naturales de la región.

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El género interpretativo pone de relieve que el Meta era una región en “guerra”, en “combates”, “que el miedo impedía visitar”, pero que gracias a los acuerdos de paz con la guerrilla se resignificó. Las palabras y expresiones como “grande”, “reencuentro”, “es la nueva geografía para la paz y la reconciliación”, “vías de paz”, “progreso”, “con la paz viene el progreso” y otras, plantean una transformación del territorio, el cual se concibe diferente: “es el reencuentro con lo nuestro pero que era desconocido” y “El Meta es hoy más grande que hace dos años” refiriéndose a lugares inaccesibles en tiempos de la violencia. La relación con los ámbitos de paz establecidos por la ONU (tabla 2) está en el desarrollo económico, social y sostenible, y en la cultura de paz a través de la educación. Defensa de líderes sociales y de derechos humanos En esta categoría, el género opinativo expresa las acciones de paz desde “manifestaciones”, “enormes concentraciones”, “protesta”, “marchas”, “plantones”, “indignación”, “actos simbólicos”, con las cuales persuade a la ciudadanía en contra de las políticas de gobierno en cuestiones pensionales, laborales, salariales y de asesinato de líderes sociales que trabajan en favor de la paz y los derechos humanos. Presenta acciones de paz con lemas como “defendamos la paz”, lo que implica acciones colectivas para proteger un bien de todos. Expresiones como “exigiendo al gobierno Duque respeto por los acuerdos de paz”, “la displicencia del gobierno Duque frente al tema de la paz”. Igualmente, manifiestan que los líderes sociales son asesinados por el desinterés del Gobierno ante la paz, mientras la sociedad civil la defiende y exige respeto por sus vidas. El género informativo contrapone las acciones de paz a las acciones violentas: “asesinatos”, “miedo”, “amenazas”, “actos criminales”, “tristeza”, “exterminio”, “falsos positivos”, son expresiones con las cuales persuade a los lectores del significado de la violencia que viven en la región las personas que tomaron la bandera de la paz. Se apoyan en cifras, 216 líderes fueron asesinados desde 2016, en promedio 95 por año. Afirman estas notas periodísticas que la paz está ahí, la gente la valora, pero tiene enemigos dispuestos a matar para evitar que se imponga y los menciona a través de sustantivos como “agentes del Estado”, “paramilitares”, “grupos armados organizados residuales”. Mientras que el género opinativo es racional, el género informativo es emocional, expresa sentimientos y plantea el temor de una paz débil frente a actores fuertemente armados. El género interpretativo plantea con la siguiente expresión: “estigmatización de los líderes medioambientales”, el drama que viven los líderes de la región metense. Estigmatizar es marcar a alguien negativamente para lograr el rechazo de la comunidad, presentándolo como peligro social. Los estigmatizan por su discurso en contra de la explotación que daña el medioambiente y contra el fracking, visto como el enemigo del agua. Por ello son presentados por los representantes de las petroleras y del propio Estado como “contrarios al progreso y a las comunidades”.

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Los tres géneros denuncian, con nombres propios, a los gestores de los asesinatos de líderes sociales, de derechos humanos y medioambientales, y los tres coinciden en las razones: tener discursos y acciones en favor de la paz, la convivencia y el medioambiente. La relación con los ámbitos de paz establecidos por la ONU (tabla 2) está en el respeto a los Derechos Humanos. Partido político FARC En esta categoría, el género opinativo a partir de la situación de dos líderes guerrilleros que volvieron a las armas, expresa en 6 notas discursivas (2 de opinión y 4 de redacción), el respaldo a la FARC como partido político, enfatiza que son pocos los que abandonan las filas del partido “defraudando la confianza del movimiento”, pero que, los líderes del movimiento, consideran que “la abrumadora mayoría del partido FARC se mantiene leal con la paz con justicia social”. “Abrumadora” expresa una totalidad, “leal” significa que tienen confianza en el éxito del proceso de reinserción a la vida civil y “justicia social” significa que esperan del Estado la aplicación de justicia, cuya ausencia los llevó a tomar las armas. Justicia implica calidad de vida. Por su parte, el género informativo expresa, por un lado, la reacción del gobierno Duque ante el abandono al proceso de paz de estos exFarc y, por el otro, presenta la misma postura del género opinativo de respaldo al grupo como partido político: “Asumimos un compromiso político y moral inclaudicable, frente al país y la comunidad internacional”. Dos elementos surgen aquí, uno, la palabra “inclaudicable”, la cual expresa que no hay marcha atrás, incluso frente a las vicisitudes que se presenten; y dos, colocan como garante a la “comunidad internacional”. Frente a esta última, ni el Estado ni las FARC pueden incumplir los compromisos con la paz. Este acompañamiento internacional garantiza la consecución de la paz. Al presentarse externo al conflicto, la comunidad internacional se muestra objetiva y neutral entre las partes, menos emocional y más equitativo. Tiene el poder suficiente para incidir en el cambio institucional de aquellos factores que generan violencia, por ejemplo, la exclusión, la persecución, el abandono de individuos o comunidades. Esta comunidad genera confianza de la sociedad civil y motiva a vencer los obstáculos diversos para alcanzar una cultura de paz. Permite implementar la agenda que, aunque puede ser flexible, exige cumplimiento periódico de avances para alcanzar la paz y sostenerla en el tiempo. Implica el reconocimiento de las otras naciones a lo acordado, con lo cual lo legitima y garantiza la no repetición. La Unión Europea, desde 2001, realiza el seguimiento a los procesos de paz en Colombia para consolidar la cultura de paz en todo el país. Ello explica la presencia de diferentes ONG y de diversos colectivos humanos que acompañan las iniciativas de paz (Barbero Domeño, 2006, p. 4), promoviendo diversos programas de ayuda, como los laboratorios de paz; asimismo, en el

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acompañamiento a la implementación de leyes que intentan crear justicia social y trasparencia en los procesos judiciales como es el caso de la JEP; y, la financiación de programas de promoción de identidades y de producción en zonas de conflicto (2006, p. 30). El acompañamiento que realizan todos los entes internacionales lo resume Barbero Domeño así: 1. Visibilización, reconocimiento y legitimación de las iniciativas civiles de paz; 2. Colaboración en la recuperación de tejidos sociales alterados por el conflicto y la violencia; 3. Fortalecimiento del ejercicio de prácticas de paz; 4. Concientización a los actores armados de que el único camino práctico es la negociación dialogada; 5. Acompañamiento a los procesos judiciales que buscan implementar la verdad, la justicia y la reparación; y 6. Garantía de que lo acordado se cumpla (2006, p. 31). Reinsertados En esta categoría, el género opinativo plantea las acciones de paz desde la expresión: “cultivando la reconciliación”. Muestra una acción que se está realizando en el tiempo, sin un agente ni un paciente específico, al parecer todos cultivan y todos se reconcilian. Sin embargo, la expresión se aplica a los excombatientes que habitan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Ellos transformaron la región con economías sostenibles, “reactivaron su economía, no solo por la implementación de políticas públicas que garantizan el apoyo y la creación de proyectos sostenibles, sino por la promoción del turismo en esta zona del país” (Redacción Llano Sie7e Días, 2019, párr. 1), con ello “representan el avance significativo en la gestión de la política de reincorporación a la vida civil para excombatientes de las FARC-EP” (Redacción Llano Sie7e Días, 2019, párr. 2).

El género informativo se explica desde la expresión: “Activan burbuja de seguridad”. Los agentes de la acción son tres: los entes internacionales garantes de la paz, las instituciones gubernamentales y los excombatientes. Los pacientes son los excombatientes quienes ven en riesgo su vida por las actuaciones de grupos armados. El verbo activar significa crear anillos que garanticen la protección de cada excombatiente. No solo se busca resguardar su vida, sino su calidad de vida, su salud, de ahí que, se activan también misiones médicas que hacen presencia en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en suma, con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Se plantea que hay agentes internacionales, entre los que se encuentra la ONU, garantes de la seguridad de los excombatientes, de los territorios que habitan y de su calidad de vida. Su presencia garantiza que los ámbitos de desarrollo económico y social sostenible, derechos humanos, derecho internacional humanitario, seguridad y de promoción de políticas públicas de reconciliación —exigidos por la ONU para favorecer una cultura de paz— se ejecuten por parte del Estado. El género interpretativo no desarrolla el tema de la reinserción.

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Justicia Especial para la Paz, seguridad en el territorio, protesta social y equidad de género Para estas categorías se percibe en los géneros periodísticos una férrea defensa a la JEP, vista como una institución propicia para alcanzar justicia con verdad y reparación. Las protestas en la región metense son para apoyar: la JEP, el Acuerdo de Paz y la vida de los líderes sociales. De estas protestas, las notas periodísticas exaltan su civismo y ausencia de vandalismo. La equidad de género apenas es mencionada exaltando a la mujer.

Estas implementaciones de los acuerdos han generado diferentes agencias encargadas de algún proceso. A continuación, se presentan las que fueron extraídas de los discursos periodísticos, entre ellas están: los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), todos enmarcados en los ámbitos programáticos propuestos por la ONU, que buscan consolidar la paz en el territorio. A esto se le suma la comunidad internacional con su Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz de la ONU. Asimismo, se suman varias instituciones del Estado como: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Batallón de Desminado Humanitario, el Alto Comisionado para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Agencia de la Reincorporación y Normalización (ARN), la Secretaría de Víctimas del Meta (SVM), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el Colectivo Orlando Fals Borda (dedicado a la defensa de las víctimas de crímenes de Estado), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el Meta (Movice), entre otros organismos. Conclusión Durante el primer año de gobierno del presidente Duque, el periódico Llano Sie7e días, a través de los diversos discursos periodísticos, presentó acciones concretas a favor de la consolidación de la cultura de paz. El análisis de los discursos establecidos en los tres géneros periodísticos (tabla 1) permitió afirmar que, sí hay una cultura de paz en la región metense y en la región del río Ariari, liderada por la sociedad civil y apoyada por los organismos internacionales. Sin embargo, es una cultura frágil, que debe soportar actuaciones como: la displicencia del actual Gobierno para implementar los acuerdos y reparar a las víctimas, la amenaza de grupos armados ilegales y las condiciones deplorables en las que aún viven los campesinos en regiones que padecieron el conflicto armado con las FARC. Reconoce el periódico que la implementación de los acuerdos de paz es un proyecto a mediano y largo plazo, sobre todo en políticas de reincorporación, capacitación a los excombatientes, restitución e indemnización a las víctimas. Igualmente, plantea que la implementación de los acuerdos debe ser una política de Estado, fundada

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en concebir la paz como un derecho constitucional (conseguirla, mantenerla y garantizarla) y no como un simple grito de batalla electoral. Dentro de las categorías que proveyeron el periódico y los ámbitos programáticos de la ONU, se dedujo que la aplicación de los Derechos Humanos es un elemento clave para medir la implementación y el logro de una cultura de paz. En la región metense se percibe la debilidad en su aplicación. Se han logrado avances, pero aún quedan muchas situaciones por resolver como: las desapariciones, los asesinatos de líderes sociales, las ejecuciones aplicadas por los grupos armados residuales y la discriminación hacia el campesino. De igual modo, se identificó que el tema de las víctimas del conflicto armado es el más reiterativo en todos los géneros periodísticos, a excepción de la redacción. Enfatizar en las víctimas es enfatizar en el corazón del acuerdo firmado. Se encontró que el tema de equidad de género, en especial, el tema de la mujer y la protección de sus derechos es poco abordado en todas las esferas, incluido el político. Se llega a justificar la poca atención al respecto por la tradición machista de la región y por la falta de empoderamiento de las mujeres.

Se identificó gran énfasis en el turismo, paz y región, relacionando estos tres aspectos como un trípode de solución económica para las comunidades y un camino sólido para recuperar la región, gracias a la paz alcanzada y al descubrimiento de bellos paisajes ocultos durante décadas por la guerra. En este tema, se percibió una tendencia ideológica hacia el capitalismo liberal, con expresiones como progreso, democracia, creación de empresa, economía sostenible, entre otras. De otro lado, se percibió que, aunque los líderes sociales han encontrado en el liderazgo ambiental una forma de protegerse a sí mismos y continuar con su lucha por la reivindicación social de sus comunidades contra la minería, la explotación petrolera y los cultivos ilícitos, su discurso es presentado por quienes detentan el poder como razón para su estigmatización y desaparición. Se percibió en diarios como The Economist, en nombre de la comunidad internacional, que abogan por la implementación de los acuerdos de paz, mostrándose garantes de estos y apoyando incondicionalmente la voluntad de consolidar la paz por parte de la sociedad. En este orden de ideas, un tema recurrente en los discursos noticiosos fue las objeciones a la JEP, en el que la Corte Penal Internacional instó al gobierno a firmar la ley correspondiente que garantiza el conocimiento de la verdad de lo sucedido.

Finalmente, se percibe un deseo de romper con el estereotipo del llano y el llanero como tierra sin dios y sin ley, y mostrar una región organizada, de inhóspitos paisajes y de gente amable, trabajadora que ha padecido la guerra por decisiones políticas, contrario a aquellos que Van Dijk llama estructuras de control (1990, p. 26), que quieren mantener los estereotipos, de la población y, en general, de la región.

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Los diálogos de paz en Colombia en la perspectiva de Marvel Studios Yebrail Castañeda Lozano* * Candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: ycastaneda@unisalle.edu.co

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Introducción Este capítulo es producto de la investigación titulada: “Cultura de la gobernanza y educación para la paz” financiada por la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). La reflexión que se llevará a cabo consistirá en describir los sucesos políticos del proceso de paz hecho por el gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. En la perspectiva del proyecto axiológico de la investigación, esta es trazada por el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM); ya que Marvel Studios en sus películas enviaron mensajes políticos conforme a los acontecimientos históricos de su momento, tanto a nivel nacional como internacional. En la segunda década de este tercer milenio hubo una gran generación de colombianos que presenciaron de forma pasiva los diálogos de paz desarrollados en Cuba; esta misma generación presenció, siguió y se apasionó masiva y activamente por la secuelización de los filmes del UCM. En este paralelaje entre los diálogos de paz y el universo fílmico de Marvel se erigieron unos imaginarios políticos; especialmente en la generación de jóvenes y jóvenes adultos, quienes inconscientemente se han deslizado progresivamente de una gobernanza con principios de modernidad hacia un gobernismo con principios neomedievalidad.

La población colombiana tenía grandes expectativas por el proceso de paz, pero en la medida que iba pasando el tiempo, emergieron entre los protagonistas de los diálogos los encuentros y desencuentros propios de un proceso democrático; esto llevó a la gran mayoría de la población a un sentimiento de desconfianza, escepticismo y polarización en sus opiniones. Situación que en su momento cobró para los jóvenes mayor y mejor interés, y expectativa el UCM que los diálogos de paz.

El UCM en Colombia comenzó cómo cualquier película de superhéroes; sin embargo, desprevenidos, seguidores y fanáticos empezaron a darle un sello diferente cuando a cada estreno se exhibía toda una ritualidad para su asistencia. Esto llevó a que se masificara el universo cinematográfico, llevando a los asistentes a que recibieran de forma emocional y acrítica, los contenidos estructurados y sistemáticos de la axiología política que querían comunicar. El arco temporal de dichos filmes se inició en el 2008 y se tenían proyectados hasta el 2022, enseñando a los espectadores y el mundo quienes eran Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y los Avengers con sus respectivas apuestas políticas. Paralelamente, surgieron los hechos de los diálogos de paz que se iniciaron en el 2012, entre el Gobierno y las FARC, posteriormente, se firmaron en el 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño; actualmente el Acuerdo está en su implementación con el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022). Se puede aseverar con esta reflexión que, las instituciones escolares, académicas y democráticas han tenido poca incidencia en

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la formación política de los ciudadanos. En cambio, los canales de mass media, de forma entretenida y divertida, modelan los valores políticos que desean incorporar. En esta perspectiva, una estudiante afirmaba: “profe, desde que murió Tony Stark; han venido todas las desgracias al mundo”. La metodología de este capítulo comprende dos partes: por un lado, un proceso de metaforización entre los filmes del UCM con relación a los diálogos de paz y, por el otro, los deslizamientos subrepticios de la gobernanza democrática hacia el gobernismo monárquico. Igualmente, la estructura del capítulo se bifurca de acuerdo con en estas dos partes.

La primera parte el proceso de metaforización se subdivide en tres partes: a. El proceso de adoctrinamiento del UCM; b. Los diálogos, la firma y los Avengers; y c. La implementación, Infinity War y Endgame; para finalizar con los deslizamientos de la gobernanza hacia el gobernismo monárquico. En el proceso de adoctrinamiento del UCM se desarrollarán los siguientes acápites: Iron Man y la política antiterrorista; la grandilocuencia estética de la Seguridad Nacional en Hulk y Thor; la Subprime de Capitán América; la Primavera Árabe del Hombre Araña y los Avengers con los saldos políticos. En relación con los diálogos, la firma del proceso y los Avengers se desarrollarán las siguientes miradas: Iron Man y los demonios del proceso de paz en La Habana; Thor y los diálogos oscuros; la compartimentación de unos diálogos en invierno y los monólogos en los diálogos de paz; “yo soy Groot”: suspensión de los diálogos y una nueva visión; el tiempo y la firma del Acuerdo de Paz, finalizando con el bucle del plebiscito.

Con respecto a la implementación y las películas Infinity War y Endgame se desarrollarán las siguientes tensiones: el conflicto colombiano en Infinity War y un futuro de Endgame.

En la segunda parte correspondiente a los deslizamientos de la gobernanza hacia el gobernismo se infieren las siguientes reflexiones sobre el adoctrinamiento estético, la pusilanimidad ética y la impronta religiosa. La metaforización de los diálogos de paz en Colombia desde la perspectiva UCM Este apartado se desarrollará en tres fases: el proceso de adoctrinamiento Marvel (2008–2012); los diálogos, la firma y Avengers (2013–2016); la implementación, Infinity War y Endgame (2016–2020).

El proceso de adoctrinamiento de Marvel (2008–2012) La secuela fílmica del UCM ha tenido cautivada por más de doce años a los millennials y a los centennials con una estrategia de merchandising, souvenirs,

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videojuegos, literatura y diversos universos cinematográficos. Los directivos de Marvel Studios han sido muy estudiosos y acertados con la población objetivo y a la que pretenden llegar, ya que las primeras películas estaban dirigidas para quienes no tenían conocimiento del Universo Marvel; contextualizando sus orígenes, debilidades, poderes y tramas de cada uno de los héroes. Los conocedores y fanáticos fueron consentidos por medio de trailers (avances), flashback (tiempo pasado), cameos (apariciones breves de Stan Lee) y escenas poscréditos (avances de la próxima película), etc.

Iron Man y la política antiterrorista El proceso de adoctrinamiento se inició con Iron Man: el Hombre de Hierro (Favreu, 2008), en la primera escena se presentó el problema político del momento: el terrorismo. Si bien este concepto había tomado carrera en la década de 1990, con la caída de las Torres Gemelas se identificaron como tales, al grupo Al-Qaeda, profundizándose el concepto y sus implicaciones con el gobierno de George W. Bush mediante un nuevo orden mundial: los terroristas son enemigos de Occidente.

Dos años después, se estrenó Iron Man 2 (Favreau, 2010) recordando los escenarios de la Guerra Fría entre EE. UU. y Rusia. La trama circuló con la entretención de Tony Stark al digitalizar, materializar y utilizar armaduras para enfrentar a Ivan Vanko, quien también las construía. El problema político del momento fue la confrontación entre Obama y Putin por la reducción de las armas nucleares y la búsqueda de un equilibrio en la defensa militar-espacial. La grandilocuencia estética de la seguridad nacional en Hulk y Thor En el estreno del filme El Increíble Hulk, su acción giró alrededor de la persecución y la transformación de los protagonistas en monstruos, causantes de la destrucción de las ciudades. En los avatares de estas abominaciones emerge la Política de Seguridad Nacional en cuanto al asunto de que los cuerpos humanos modificados pertenecen al Estado. El General Thaddeus afirmaba: “El cuerpo de Hulk es propiedad del ejército” (Leterrier, 2008).

La secuela continuó con Thor (Branagh, 2011), película caracterizada por una grandilocuente cosmología de universos y de tronos paralelos junto con la entretención de quien levanta el Mjölnir (martillo) para tener el poder de Asgard. La trama del filme dejó entrever el problema en su momento sobre la política ambiental, gestionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que planteó una gobernanza para alentar el cuidado y la preservación del planeta a las futuras generaciones (PNUMA, 2011).

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Subprime Capitán América y Primavera Árabe Hombre Araña En la premier del Capitán América: el Primer Vengador (Johnston, 2011), la película presentó fielmente sus orígenes escritos en los comics, era la esperanza norteamericana en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En el 2011, apareció nuevamente el escudo del Capi como la esperanza contemporánea frente a la recesión económica, causada por los bonos tóxicos hipotecarios llamados subprime. Este filme sigue, como en las anteriores, la política sobre los experimentos en humanos cuyo dueño es el Estado. Aquí, la experimentación radica en el suero amplificador de lo físico y de lo moral: el hombre bueno con la amplificación física será bueno, pero el hombre malo con dicha amplificación será malo.

El Sorprendente Hombre Araña (Webb, 2012) presentó la tradicional trama del matoneo escolar que padece Peter Parker; para luego desquitarse con los superpoderes obtenidos por la picadura de la araña. En la película, se mostró el algoritmo del decaimiento consistente en desarrollar el cruce genético de especies y crear un mundo sin enfermedades; este experimento llevó a que un científico se transformara en lagarto que, a su vez, contagiaba a los humanos. Este contagio es la metáfora del efecto dominó de la Primavera Árabe iniciada en Túnez en el 2010, esta produjo los derrocamientos de los dictadores de Egipto, Libia, Yemen y otros países árabes. Actualmente, Siria sigue en una guerra civil sin terminar ocasionada por esta primavera. Los Vengadores y los saldos políticos La película más esperada del 2012 fue The Avengers (Whedon, 2012), enfocada para los fanáticos que querían ver reunidos a sus héroes favoritos en esta versión. Salió un desconocido Thanos sentenciando que el Teseracto ha despertado y que los humanos no tendrían otra opción más que morir. En oposición se encuentra la agencia S.H.I.E.L.D. supuestamente para detenerlo. Esta organización ficticia, secreta y paramilitar cuida la seguridad nacional de las amenazas globales, su intención de apropiarse del Teseracto era para construir armas de destrucción masiva, por eso esta entidad reúne a los superhéroes mencionados (menos el Hombre Araña) y los nombra como los Avengers, para obtener dicho objeto y de paso defender el planeta de la amenaza de los extraterrestres. La metáfora del filme se desarrolló a partir del círculo que formaron los Vengadores mirando al cielo en una destruida Nueva York. La metáfora se encuentra en que, en el 2002, EE. UU. (Iron Man-Republicano y Capitán América-Demócrata), Rusia (Viuda Negra), Inglaterra (Thor), Alemania (Ojo de Halcón), Francia (Hulk) y China (Loki) firmaron el Tratado de Cielos Abiertos; acuerdo internacional que está destinado a realizar vuelos de reconocimiento aéreo en los países miembros para evitar los ataques terroristas, cimentando al mismo tiempo la confianza entre cada uno de ellos debido a que comparten la

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tarea de vigilar y controlar el campo aéreo. El expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, en mayo de 2020, decidió retirarse de este tratado dejando el liderazgo a Rusia y a los países europeos.

Las actuales generaciones de colombianos con las transiciones de los gobiernos Uribe-Santos-Duque fueron incorporando en el imaginario colectivo los siguientes conceptos: falsos positivos, terrorismo de Estado y espionaje militar. En el UCM, a los seguidores les fueron introyectando y reiterando los siguientes conceptos: amenaza global, compartimento de objetivos y el supersoldado. En el proceso de los diálogos de paz modelados estos conceptos hay un vocabulario construido: los grupos guerrilleros que se encuentran en la lista de terroristas, el proyecto supersoldado colombiano y el compartimento o espionaje estatal y paraestatal en aras de la seguridad nacional. Los diálogos, la firma y los Avengers (2012–2016) El 4 de septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció públicamente que las negociaciones con las FARC comenzarían en Oslo (Noruega). El

16 de octubre, instalaron la Mesa de Diálogo en esta ciudad, entre los represen-

tantes del Gobierno y de las FARC. El 19 de noviembre, las FARC declararon un alto del fuego de forma unilateral hasta el 20 de enero de 2013 y la fuerza pública anunció que seguirían en las operaciones a pesar del cese de la guerrilla (CNN Español, 2016). Esta situación generó la primera controversia en el país, ya que quienes apoyaban al Ejecutivo consideraban que el Ejército tenía que estar en todo el país sin ningún tipo de restricción. Los simpatizantes de la guerrilla asumían que el Gobierno debía tener similar gesto frente a la unilateralidad del cese al fuego.

Iron Man y los demonios del proceso de paz en La Habana El 21 de enero de 2013 se inició una nueva ronda de negociaciones. Las FARC pusieron fin al fuego decretado unilateralmente por ellos. El 23 de febrero hubo el primer tropiezo cuando el expresidente Santos amenazó que abandonaría los diálogos con las FARC si el proceso no avanzaba según la agenda pactada. El 9 de abril se presentó el hito de la marcha de un millón de colombianos por las principales ciudades de Colombia, con la asistencia de movimientos sociales y campesinos (CNN Español, 2016). En esta marcha participó el entonces presidente Juan Manuel Santos y algunos exguerrilleros, pero estuvo ambientada por una fuerte polarización en el país, de quienes estaban y no estaban de acuerdo con el proceso de paz en Colombia. Había una fuerte presión por parte de la extrema derecha para que las conversaciones fueran más aceleradas o se terminaran de una vez por todas.

En la encrucijada que vivía el país con los diálogos de paz en La Habana, el 14 de abril fue estrenada la tercera parte de Iron Man, con una introducción

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premonitoria para los diálogos de paz: “nosotros creamos nuestros propios demonios” (Black, 2013). La trama de la película tenía un doble contenido: político y psicológico. Por un lado, el contenido político se refiere al tributo rendido (y camuflado en el filme) al presidente Barack Obama por la muerte del talibán Osama Bin Laden (2011), encarnado en la película con un terrorista falso llamado el Mandarín. Por otro lado, el contenido psicológico se da al inició del filme, en el momento en que Tony Stark entra en un severo ataque de ansiedad cuando un niño le recuerda el agujero de gusano de Nueva York y sobre los acontecimientos ocurridos en la película Avengers. Metafóricamente, la sociedad colombiana vivía igualmente con un severo ataque de ansiedad, cuando se hablaba del proceso paz. No se quería saber nada al respecto, específicamente por la dilatación de los diálogos entre las partes y por la preocupación de los costos que les acarrearía al Estado.

Thor y los diálogos oscuros El 26 de mayo de 2013 se reanudaron las conversaciones luego de unos largos retrasos, los representantes de las comisiones anunciaron un primer acuerdo sobre la agenda: la política agraria. El 20 de agosto las FARC reconocen la responsabilidad por generar víctimas en el conflicto armado. Mientras que, el 8 de octubre de 2013, el Gobierno propone la suspensión de los diálogos de paz en La Habana por la temporada electoral del 2014. El 20 de octubre de este año, en la Cumbre Iberoamericana en Panamá, el presidente Santos admitió que el proceso no terminaría en el mes de noviembre (CNN Español, 2016). En esta etapa de los diálogos, a la polarización en Colombia se le unió el escepticismo por los mensajes de desanimo que enviaban las partes negociadoras. Había un fuerte porcentaje de ciudadanos que deseaban que se terminaran las conversaciones. No obstante, un sector de la centro-izquierda animaba para que se continuara el proceso. En la situación compleja que estaban los diálogos de paz en 2013, el 23 de octubre sale la premier de Thor: un mundo oscuro (Taylor, 2013), con la tradicional confrontación entre los hermanos (Thor y Loki) por el poder de Asgard. La metáfora del momento es sobre las relaciones político-comerciales entre los países anglosajones con China. De vuelta a la película, los recurrentes engaños de Loki a Thor se pueden relacionar continuamente con Colombia; es decir, con los engaños que existían en la Mesa de Diálogo en La Habana. La percepción social era que las FARC engañaban al Gobierno, dilatando los diálogos para reagruparse y fortalecerse, luego de los fuertes golpes sostenidos en el gobierno anterior, de Álvaro Uribe. El 16 de noviembre, las delegaciones de las dos partes llegaron al segundo acuerdo sobre la participación política mediante el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (CNN Español, 2016).

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La compartimentación de unos diálogos en invierno y los monólogos en los diálogos de paz El 13 de marzo de 2014 el Capitán América y el Soldado del Invierno fue la película que presentó la estrategia de política-militar de la compartimentación: esta consiste en ocupar fuerzas paramilitares y de espionaje para realizar diferentes multiobjetivos. A nivel global se presentaba desconfianza mundial, esta es utilizada por las grandes potencias para la multipolaridad del poder. No obstante, esta película estaba dedicada a Colombia, cuando Alexander Pierce (interpretado por Robert Redford) afirmaba: “se ven enemigos por todo lado, eso lo aprendí de Bogotá” (Russo y Russo, 2014). El mensaje que se enviaba era que: el país no tiene control, hay un caos por la desconfianza y el miedo, la nación requiere la política de la compartimentación por algún liderazgo foráneo. El 1 de mayo de 2014 se estrenó El Sorprendente Hombre Araña 2 (Webb, 2014). Aunque no sorprendió a los fans, el fracaso del filme sirvió de metáfora para el momento que vivían los diálogos de paz en ese mes. La película se presentó desarticulada por los discursos y monólogos de los monstruos Electro, Duende Verde y Rhino, mientras que el Hombre Araña no apareció en la trama de la película. En la última escena aparece Rhino y un niño que se pone un disfraz del Hombre Araña para enfrentarlo. Esto mismo sucedió con los diálogos en la Habana, había un interés colectivo por participar en los diálogos, pero dicha participación solo era facultada por el expresidente Santos. Esto generó los diferentes monólogos sobre la paz: de los políticos, de representantes de las iglesias, de los miembros de la academia, de los integrantes de los sindicatos y de las personas de los sectores populares.

El 16 de mayo el expresidente Santos y las FARC alcanzaron un nuevo acuerdo sobre el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos (CNN Español, 2016). Para este momento hubo un gran respiro en las conversaciones, a pesar de las discusiones sobre este delicado tema.

“Yo soy Groot”: suspensión de los diálogos y una nueva visión El 21 de julio de 2014 fue estrenada Guardianes de la Galaxia Vol. 1, extraña, pero divertida película, la cual trajo dos metáforas: la primera debido a los héroes tan dispares (Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket y Groot), estos se asemejaban al grupo económico del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), un grupo de países de economías emergentes que no tenían ninguna relación, pero se conformaron para enfrentar la crisis económica del 2008. La segunda estaba relacionada con Groot y su frase icónica “Yo soy Groot” (Gunn, 2014), pues este fenómeno sucedió con el proceso de paz: las FARC comenzaron a decir: “yo soy las FARC” y el Gobierno: “yo soy el Gobierno”.

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El 7 de agosto, la Corte Constitucional declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz, un blindaje para los desmovilizados, con el fin de que, una vez firmada la paz, se definiera la ley estatutaria sobre los delitos conexos al delito político y precisar quienes participarían en política. Dos meses después, aparecieron en La Habana “Timochenko” y algunos jefes del ELN, lo que ocasionó que en el país hubiera unas fuertes y largas polémicas en la sociedad colombiana por dichas visitas a la mesa de negociación. El 17 de noviembre, el expresidente Santos suspendió los diálogos tras conocerse el secuestro del general Rubén Darío Alzate por parte del frente 32 de las FARC (CNN Español, 2016). En el 2015, se reanudaron las conversaciones. Las FARC propusieron un fondo de reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, con un monto equivalente al 3 % del PIB, esto fue el 4 de febrero. Se incorporaron a la mesa, el enviado por el secretario de Estado de los Estados Unidos de ese momento, Bernie Aronson (20 de febrero), y los generales de la Policía y del Ejército para dialogar sobre el desescalamiento del conflicto (2 de marzo) (El Heraldo, 2019). El 11 de marzo de 2015, el expresidente Santos ordenó a las fuerzas militares suspender todo tipo de bombardeo como medida de desescalamiento gradual del conflicto armado. El 13 de abril, se estrenó Avengers: era de Ultron (Whedon, 2015), filme complejo por sus matices correlacionados entre lo tecnológico, moral y político. Tony Stark y Bruce Banner (Hulk) pretendían diseñar un prototipo de defensa global para preservar la paz mundial, por medio de Jarvis, una matriz operativa, y una red neuronal, descubierta en el cetro de Loki, que fue activada a través de la inteligencia artificial. La fusión de la matriz operativa y la red neuronal crearon a Ultron, que se materializó en un robot que se sale de control. Ultron, posteriormente, creó a Visión, lo que más adelante sucedería es que la creación mató al creador. Estos experimentos con la inteligencia artificial traen en los Vengadores fuertes discusiones morales.

En la perspectiva de los diálogos de paz, se podría contextualizar con la aseveración de Visión antes de matar a Ultron: “los humanos son raros: creen que el orden y el caos son fuerzas opuestas. Quieren controlar lo incontrolable, pero hay gracia en sus fallas, pero fue lo que no viste […]” (Whedon, 2015). Metafóricamente en La Habana estaban reunidos Jarvis y Ultron para lograr una paz estable y duradera en Colombia. De estos diálogos se creó una visión de país con las alteraciones propias de los humanos, que requería de la evolución a pesar de los miedos y desconfianzas; no obstante, este diálogo no fue totalmente deseado por ninguna de las partes, aunque se necesitaba para enfrentar los problemas que colectivamente siempre han estado en el país. El 15 de abril de 2015, el expresidente Santos ordenó reanudar los bombardeos en el territorio nacional por un ataque guerrillero cometido por las FARC (CNN Español, 2016).

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El tiempo y la firma del Acuerdo de Paz El 29 de junio de 2015, Ant-Man: el hombre hormiga (Reed, 2015) centró el clímax del filme en el asunto cuántico del tiempo-espacio (Yellowjacket). Para el proceso de paz,, Santos tuvo dos períodos presidenciales cada uno de cuatro años, que para algunos negociadores fue una eternidad, pero para otros fueron unos breves minutos. El 20 de agosto, las FARC anunciaron el cese de fuego unilateral y exigieron al Gobierno hacer lo mismo hasta noviembre. El 20 de septiembre, el Papa Francisco en La Habana envió un mensaje de optimismo a los diálogos que se adelantaban en dicha ciudad. El 23 de septiembre, Santos, “Timochenko” y los países garantes anunciaron y firmaron el acuerdo de justicia transicional. Los diálogos avanzaron y el 18 de octubre se anunció que se había logrado un acuerdo en relación con las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. El 15 de diciembre con la presencia de diez víctimas del conflicto, representantes del Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo con relación al quinto punto de las negociaciones, sobre el resarcimiento a las víctimas (CNN Español, 2016).

Iniciando el 2016, se acordó un mecanismo tripartito conformado por el Gobierno, las FARC y un organismo internacional para monitorear y verificar el cese al fuego, las hostilidades bilaterales y la dejación de las armas. El 22 de enero, para agilizar la etapa final de los diálogos de paz, se acuerda crear una comisión entre la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas para entregar las conclusiones del fin del conflicto. En este sentido, se precisó para el

25 de enero que, la ONU adoptara por unanimidad la Resolución 2261-2016, en la

que se establece una misión política para verificar el alto del fuego y la dejación de las armas por doce meses, una vez firmado el Acuerdo Final (CNN Español, 2016). En febrero de 2016, en el contexto de los 15 años de la implementación del Plan Colombia, el presidente Barack Obama afirmó que EE. UU. apoyará la fase de posconflicto, mediante una inversión de 450 millones de dólares, recursos destinados a la seguridad, el desminado y la reintegración de excombatientes. Esto alentó los diálogos, puesto que el 23 de febrero se acordó el pacto por la paz entre los diferentes partidos y movimientos políticos para respaldar la etapa final de los diálogos; el Centro Democrático no lo apoyó. En marzo llegó el apoyo norteamericano por medio del secretario de Estado, Jhon Kerry, para respaldar la etapa final de los diálogos y así la terminación del conflicto. Finalmente, el 23 de marzo el expresidente Santos y el comandante “Timochenko” acordaron un plazo para la firma del Acuerdo de Paz, plazo que no sucedió (CNN Español, 2016).

El Bucle del Plebiscito El 12 de abril de 2016 fue la premier de la película más política del UCM, Capitán América: Civil War (Russo y Russo, 2016). La disputa de Tony Stark y Steve

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Rogers sobre la política de control (nada es privado) y la política de las libertades personales (vivir sin restricciones) que defienden respectivamente. Tony intenta convencer a Rogers para que firme el acuerdo de la ONU para regular el movimiento de los alterados, pero el Capi no lo firma, como lo sucedió en el plebiscito en Colombia, produciendo la confrontación entre los mismos héroes con los respectivos liderazgos.

A estas alturas del proceso de paz, había una activa dinámica y un buen ambiente en los diálogos de La Habana: las respectivas delegaciones y países garantes anunciaron el acuerdo sobre las garantías jurídicas y estabilidad del Acuerdo final (12 de mayo), firmaron entre las partes el cese del conflicto y la dejación de las armas (23 de junio). Al día siguiente, los guerrilleros se concentraron en los municipios cercanos y pactados para su desmovilización; la Corte Constitucional aprobó el Plebiscito por la Paz para refrendar los acuerdos (18 de julio), pero la gente respondió de manera negativa: tanto en su asistencia como en la votación, lo que provocó que el No ganara en el plebiscito (2 de octubre) y se diera luz roja al proceso de paz (CNN Español, 2016). No obstante, la insistencia del Gobierno para validar los acuerdos se puede metaforizar con el estreno, el 13 de octubre, del Dr. Strange: hechicero supremo, filme centrado en la misticidad y la particular escena final del bucle, en el que Strange le dice a Dormamu: “vengo a negociar” (Derricson, 2016). Se trató de un bucle temporal en el que insistió e insistió hasta lograr el acuerdo. Pues, así sucedió con el proceso de paz, insistiéndose e insistiéndose, se acordaron los criterios y mecanismos para la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (12 de agosto); y en un acto ceremonial en Cartagena, con presencia de varios presidentes de la región, se firmó el Acuerdo Final entre el expresidente Santos y el comandante “Timochenko” (26 de septiembre) (CNN Español, 2016).

La implementación, Infinity War y Endgame (2017–2020) En enero de 2017 comenzaron las concentraciones de la guerrilla en las 26 zonas veredales transitorias de normalización y el Congreso aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz. En mayo, se acuerda extender por veinte días más el plazo para la entrega de las armas a la ONU y en junio en el Cauca se presentó el acto simbólico de entrega de armas. En agosto se concluye el desarme y fin de conflicto, las FARC iniciaron un nuevo camino como partido político, y en octubre el Consejo Nacional Electoral los reconoció como partido político; en noviembre las FARC lanzaron la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño (“Timochenko”) (Veinte Minutos, 2019).

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El conflicto colombiano en Infinity War El 11 de marzo de 2018 las FARC participaron por primera vez en las elecciones legislativas, pero el 8 de abril por petición de la DEA capturaron a “Jesús Santrich” por delitos de narcotráfico, cometidos después de la firma de los Acuerdos de Paz (Veinte Minutos, 2019). En este ambiente enrarecido en el país, el 23 de abril se estrenó Avengers: Infinity War, con un Thanos lapidario: “Yo sé lo que se siente perder. Sentir en lo más hondo que tienes razón y fallar de todos modos. […] Y ahora ya está aquí o debo decir que ya vine” (Russo y Russo, 2018). A pesar de firmarse los Acuerdos de Paz, la población colombiana polarizada percibe que el país perdió: no hubo paz y sigue la violencia. Le han dado la razón a la extrema derecha cuando los miembros de las antiguas FARC han vuelto a las armas y le han dado la razón a la extrema izquierda que tarde o temprano se desvanecerá la implementación con un chasquido de los dedos. Hace rato la gente quedó desencantada por la forma y por los acuerdos que se llevaron a cabo en el proceso de paz. Los medios de comunicación informaron la celebración de forma diferenciada, por ejemplo: Telesur mostró el concierto de los Aterciopelados con baja asistencia realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y Caracol junto con RCN dieron un flash informativo de lo firmado en Cartagena. Luego llegaron las realidades paralelas: el 9 de marzo de 2019 el presidente Duque objetó seis artículos de la JEP anunciando una reforma constitucional y el 17 de mayo dejan en libertad y recapturan a “Santrich” dirigiéndolo al búnker de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir (Veinte Minutos, 2019).

El futuro y Endgame Los anteriores sucesos fueron olvidados rápidamente por la emoción de Avengers: Endgame. La preocupación del momento era comprar las boletas para ver la película y estar prestos a los gestos de los gritos, aplausos, júbilos, alegrías, llantos y el éxtasis. Sentimientos propios para poner fin a sesenta años de violencia y celebrar un proceso de paz conducente a una nueva Colombia. La metáfora de Endgame comienza con la clave cuántica de viajar por el tiempo-espacio que expresó Scott Lang (Ant-Man): “para alterar el futuro hay que ir al pasado” (Russo y Russo, 2019); el propósito del viaje en la película es detener el chasquido de Thanos y evitar la desaparición de medio universo. La memoria de un portal temporal para empezar a modificar el futuro de una Colombia, en la que puedan vivir todos y todas pensando en el bienestar colectivo. Las nuevas generaciones recordarán que Thanos fue vencido por Iron Man, quien murió heroicamente por haber chasqueado sus dedos y utilizado las piedras del infinito para traer a todos los que desaparecieron en Infinity War. Pero no recordarán que, en mayo, la Corte Constitucional tumbó las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP y que el senador

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Seuxis Hernández (“Jesús Santrich”) abandonó su esquema de seguridad, para unirse en agosto con alias “Iván Márquez”, el “Paisa” y “Romaña” y anunciar la conformación de una nueva guerrilla (Veinte Minutos, 2019). El expresidente Pepe Mujica de Uruguay, que ha estado al tanto del proceso de paz, por ser notable en la comisión de mediación entre el Gobierno y las FARC, aseveró: “el ‘fracaso’ del proceso de paz en el país ‘es un fracaso de la humanidad entera’” (Staff, 2020, párr. 1). Esto lo dijo en su intervención en el quinto encuentro del Grupo de Puebla celebrado virtualmente. Él considera que, si los líderes no creen en el proyecto de la paz, las consecuencias en el futuro son francamente imprevisibles. En el proceso de implementación, el partido de las FARC ha acusado al gobierno de Duque de demoras injustificadas para finiquitar los acuerdos, reclaman mayor protección para los desmovilizados y desvanecer el actual espionaje realizado por el ejército colombiano. Los deslizamientos de la gobernanza hacia el gobernismo El transcurso del siglo XXI se ha caracterizado porque la literatura y el cine han llevado a las conciencias de hombres y las mujeres a la adicción posmoderna del neomedievalismo. En la literatura se está recuperando los temas de la magia (Harry Potter), las guerras de los cruzados (El Señor de los Anillos y el Hobbit), el feudalismo monárquico (El juego de Tronos), el bestiario medieval (Animales fantásticos), entre otros. Este arsenal literario ha sido llevado al cine con fenomenales grandilocuencias en los ambientes estéticos, con unos giros morales propios de psicópatas, con unas alienaciones religiosas promovidas por sus fans y seguidores, pero, sobre todo, con una puesta política bien clara: hay que salvar el reino, al rey y a la reina.

Esta lógica neomedieval se incorporó en el UCM con los nueve universos o nueve reinos, asimismo, con artilugios como: el árbol de la vida, los experimentos alquimistas, las gemas del infinito, los reinos en permanente confrontación (Asgard, Midgard, Vanaheim, etc.) y, sobre todo, el poder en cabeza de quien tiene fuerza y el único argumento es la intelectualidad tecnológica y confrontación militar. Aquí se desvanece cualquier tipo de modernidad, en las películas pocas veces se utilizan los conceptos de país, nación o estado, las articulaciones de un lenguaje racional son cambiadas por breves aforismos indicativos de pseudo-intelectualidad de quién lo dice; los conceptos de democracia, plebiscito, DD. HH., respeto o dignidad a la persona humana no existen en estos filmes. Si bien las películas no tienen la obligación de dar cátedra de política, ética o estética, sí influyen notablemente en estas áreas en el imaginario y el desarrollo colectivo de los ciudadanos.

Para este análisis se utiliza el concepto de deslizamiento y no de desplazamiento. En el desplazamiento se pasa de un lado a otro con violencia, traumatismo y acciones invasivas. En el deslizamiento se pasa de un lado al otro

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lado, sin perturbaciones físicas, ni afecciones morales, ni secuelas psicológicas. En los desplazamientos se genera la conciencia crítica. En los deslizamientos se erige una inconsciencia o conciencia acrítica. Las nuevas generaciones de colombianos ilustrados por una educación políticamente democrática, se han ido deslizando subrepticiamente hacia una política monárquica promovida por los mass media.

En otras palabras, el eneagrama de los principios de una modernidad democrática manifestada en una gobernanza compuesta por la fraternidad, igualdad, libertad, participación, colectividad, circularidad, escalaridad, transparencia y capacidad de rendir de cuentas, se ha ido deslizando hacia el eneagrama de los principios del medievalismo monárquico manifestado por el gobernismo de persecución, jerarquías, esclavitud física-simbólica, silencio, individualismo, piramidal, corrupción, camuflaje y sin la capacidad de rendición de cuentas. Este deslizamiento de la gobernanza hacia el gobernismo, en el caso de las generaciones de colombianos que vivieron los diálogos de paz en la perspectiva del UCM, se estructuraron tres momentos: un adoctrinamiento estético, una pusilanimidad ética y una impronta religiosa en perspectiva política. El adoctrinamiento estético El adoctrinamiento estético gira en el monopolio o reino norteamericano con Disney, quienes enviaron el mensaje de que ellos son el paradigma de la belleza. Se han tomado el trabajo de transformar fielmente los comics y cartoons en filmes para complacer a sus seguidores y, de paso, atraer más adeptos. Una mirada ingenua es ver el UCM únicamente como un canal de entretención, diversión y novedad, porque en sus subsuelos se está adoctrinando estéticamente para lograr inocular en sus espectadores de carácter neomedieval valores políticos, económicos, culturales y religiosos.

La estética de la grandilocuencia muestra al país del Tío Sam como el faro tendencial en lo tecnológico, genético y político; mostrándose como rectores de lo bueno y malo en la categoría de qué es lo terrorista, lo bello y lo feo con referencia a la visión de futuro y la búsqueda del bien general, tal como se puede evidenciar en la frase presidencial de Donald Trump: “Primero América”. EE. UU. se vende como la organización S.H.I.E.L.D., organismo protector de la humanidad de cualquier amenaza global, aunque internamente se encuentra destrozada por la xenofobia, la homofobia, el racismo y las profundas discriminaciones que, si no han emergido en su totalidad, van a emerger después del Covid-19: “los aislados sobrevivirán, los demás morirán” (efecto Thanos).

La pusilanimidad ética La pusilanimidad ética fue manifestada en el rompimiento de la binariedad tradicional de lo bueno y de lo malo. Los roles de héroes que tradicionalmente

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realizaban actos bondadosos, terminaron haciendo actos malignos. Lo mismo sucede con los antihéroes como el caso de Loki, que termina salvando a su hermano Thor que tanto odiaba.

La política del poder que no es parte de la esencia del poder ejecutivo, legislativo o judicial, sino que deriva del régimen que quiere cuidar los intereses estatales, pero hay detrás muchos intereses particularmente oscuros. La política de los egos se fue extendiendo sin límites en el mundo: el ego norteamericano, el chino, el ruso y el norcoreano. El nuevo orden mundial no está consensuado por políticas colectivas, sino por políticas individualizadas que están creando un mayor distanciamiento entre los pueblos sin precedentes desde la Guerra Fría. Esta perspectiva también se encuentra a nivel local: el problema de los egos pusilánimes. La relación se encuentra en el proceso de implementación de los diálogos de paz en 2020, ya que transitó un elemento insospechado: el Covid-19. Puesto que los diferentes mandatarios del poder ejecutivo en Colombia tuvieron en cuenta su egocentrismo para solucionar la pandemia, esto va desde el presidente, pasando por los gobernadores y llegando hasta los alcaldes. Ellos en cierta medida, trabajaron de forma aislada porque cada uno tiene la razón en su respectivo feudo.

La impronta religiosa La impronta religiosa que Marvel provocó no tiene precedente, salvo los seguidores de los mitos de la cultura popular como los Beatles, Elvis Presley o Michael Jackson. En la premier de cada película había una ritualidad para ver los filmes, veneración a los héroes, un lenguaje sacramental (precuela, spoilers, cameo) y sus respectivos recuerdos para el futuro, que con el tiempo costará mucho dinero. Bien, dentro de los templos denominados teatros, se fueron enviando mensajes y dispositivos inconscientes políticos como la política de la distracción y de la diversión para agenciar el gobernismo, orientar la creencia y benevolencia por el rey imaginario (Trump, Putin, entre otros) quien tiene el poder, el saber y la verdad.

Otros dispositivos son: la política de la polarización y de los populismos, que es la que actualmente erigen o elige los gobernantes de turno, con el fin de atornillarse en el poder hasta que el poder se extinga. En esta misma línea está la política del desencantamiento que tiene el poder del encantamiento orientado a servir a las individualidades y no a las colectividades. Asimismo, la política del tiempo-espacio estriba en que los gobernantes se encarguen de borrar la memoria de su pueblo y el pueblo inconscientemente borra su memoria gracias a la multiplicidad y entrecruzamiento de la masiva información que recibe en la actualidad, lo que conduce a la entretención, diversión y olvido, como ya pasó con el tema del proceso de paz en Colombia, que actualmente no es de vital importancia.

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Conclusiones La tesis del deslizamiento de la gobernanza hacia el gobernismo desde la paralelidad de los acontecimientos reales de los diálogos de paz en Colombia y las películas de ficción del UCM se pueden precisar en dos grandes conclusiones: La metaforización realizada del UCM con relación al proceso de paz en Colombia, propone mirar este proceso como en un juego binario de héroes y villanos, que exponen temas como el terrorismo, la seguridad nacional, el abastecimiento de armamento, el cuidado ambiental, el manejo de las recesiones económicas, la orientación de las marchas o levantamientos poblacionales, la apología a la paramilitarización, la sistematicidad del populismo y de la polarización, la inoculación de fobia, la ansiedad y el escepticismo, el surgimiento de mesianismos (mientras la situación social se encuentra turbia), el manejo del desencanto, el engaño y el desequilibrio, la estrategia de la compartimentación, la democracia sin democracia, la inteligencia, el espionaje y el chivo expiatorio, la estrategia de la multilateralidad como medida de garantía, el “chasquido” para el acomodamiento socioeconómico y la amnesia como codificación para perdurar en el poder.

El deslizamiento estético, político, ético y religioso de Marvel propone una narrativa orientada hacia el gobernismo medieval, pero con la ventaja de contar con efectos audiovisuales que permiten jugar con la hipercosmeticidad y una neutralidad acomodaticia de los caprichos de las hiperindividualidades: un mundo a la medida de la interpretación subjetiva (no existen buenos ni malos). Asimismo, la alimentación de dichas subjetividades (egos) requiere de una protección divina. Para ello se necesita de unos héroes concretos que son los mesías políticos, que protegen de las situaciones particulares en nombre de lo colectivo (como arma electoral), por ello, se quiere una política y un político que aseguré orden y seguridad, beneficios económicos, tranquilidades materiales (tal vez, a costa de libertades individuales y colectivas), pero con ambientes divertidos, entretenidos, encantadores y novedosos.

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Segunda parte Lecciones aprendidas de la crisis

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Retos de la reparación integral a víctimas en el exterior en un escenario de posconflicto Ginna Marcela Rojas Quinche* * Magíster en Derecho con profundización en Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Catedrática del Departamento de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada y contratista de la Unidad para Víctimas. Correo electrónico: ginna.rojas@gmail.com

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Introducción El 2016 para la historia de Colombia se constituyó en un año que abrió paso a transformaciones políticas, sociales y económicas, bajo la sombrilla de una justicia transicional, que buscaba avanzar del desarrollo permanente de hostilidades, en el marco de un conflicto armado, al establecimiento de una paz estable y duradera. Esto involucró romper con la política guerrerista que venía desarrollándose con fuerza entre el 2002 y el 2010, y en la que la existencia de un conflicto armado no era reconocida y, por consiguiente, tampoco lo era la responsabilidad judicial por infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Es así, como se transformó tanto la política interna como la externa al reconocerse la existencia de un conflicto armado en Colombia, aspecto que permitió iniciar diálogos con uno de los grupos guerrilleros más antiguos del continente americano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, FARC-EP). El 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, se realizó la firma de un acuerdo de paz entre el cabecilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, y el presidente de la República de Colombia de aquel momento, Juan Manuel Santos, producto de un proceso que se inició a finales del 2012 en La Habana (Cuba), con Noruega y Cuba como países garantes y países acompañantes a Chile y Venezuela. Este proceso de paz se caracterizó por el desarrollo de una agenda compuesta por seis puntos, sobre los cuales se llegaron a acuerdos definitivos (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016). El punto cinco de la agenda, cuyo tema central es sobre las “víctimas”, con el que se pretendía resarcir a las víctimas del conflicto armado en sus derechos a la verdad y la reparación integral, y que toma como referente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se constituyó en uno de los puntos más importantes, al considerar a las víctimas como el centro del Acuerdo y establecer elementos para su reparación integral. Aspecto que ya hacía parte de políticas públicas de Gobierno, enmarcadas en la normatividad nacional e internacional, como lo fue Ley 4181 y la Ley 3872, ambas de 1997, y posteriormente en el 2008 con el Decreto

12903 y la Ley 1448 (Congreso de la República de Colombia, 2011). Esta última

ley se mantiene vigente y establece las medidas de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado colombiano las cuales se extienden incluso a las víctimas que por causa del conflicto actualmente se encuentran en el exterior.

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley.

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Sin embargo, la implementación de una real reparación a las víctimas del conflicto y más cuando estas no se encuentran en territorio nacional, se ha visto afectada, entre algunos factores, por la reestructuración de nuevas disidencias de las FARC, la crisis política y social en países vecinos, la falta de credibilidad hacia las instituciones y la baja visibilidad de las víctimas. Es por ello que, el presente capítulo tiene como objetivo central dilucidar el impacto que puede tener el posconflicto sobre la reparación integral de las víctimas del conflicto y, en particular, de aquellas que se encuentran en el exterior, para ello se dará respuesta a cuatro grandes interrogantes: 1. ¿Cuál es el panorama actual de las víctimas residentes en el exterior y hasta qué punto son reconocidas por el Estado?, 2. ¿Qué tipo de reparación se está dando a las víctimas residentes en el exterior?, 3. ¿Qué planteó el Acuerdo de Paz frente a las víctimas en el exterior y qué implicaciones tiene su firma sobre el reconocimiento de las víctimas y su reparación conforme a lo señalado en el Derecho Interno y el Derecho Internacional? y 4. ¿Cuáles reformas institucionales se hacen necesarias para enfrentar los retos de la reparación a víctimas en el exterior en un escenario de posconflicto?

La metodología utilizada se basa en el análisis cualitativo de fuentes secundarias, tanto académicas como oficiales, a partir de las cuales en un primer momento se realizará un abordaje descriptivo, pasando posteriormente a un análisis comparativo y finalizando con un desarrollo explicativo de la temática. Panorama actual de las víctimas del conflicto:

residentes en el exterior y su reconocimiento estatal Del total de víctimas del conflicto armado en Colombia, que actualmente suman

9 014 733 (Gobierno de Colombia, 2020), un número por ahora desconocido de

connacionales víctimas se vieron obligados a abandonar el país y buscar acogida en otro Estado, por el peligro que corrían sus vidas y las de sus grupos familiares. Este traslado implicaba no solo el abandono del territorio, sino también de sus actividades laborales, académicas y del entorno sociocultural y familiar, así como el enfrentarse a ambientes hostiles, reproductores de discriminación, que generan nuevas formas de victimización.

Este universo de víctimas fue expresamente contemplado a partir del establecimiento de la Ley 1448 de 2011, la cual reconoce la presencia de víctimas del conflicto armado en el exterior y exhorta a las instituciones del Estado a atenderlas y llevar a ellas las medidas de reparación a las que tienen derecho4. Para

“Artículo 204. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, garantizará que las víctimas de que trata la presente ley que se encuentren fuera del país sean informadas y orientadas adecuadamente acerca de sus derechos, medidas y recursos” (Congreso de la República de Colombia, 2011).

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ello, encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, a dar la atención directa a las víctimas basada en la articulación con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, UARIV) y la Unidad de Restitución de Tierras (en adelante, URT), instituciones creadas bajo dicha normatividad con el fin de implementar las medias de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.

Algunas de estas víctimas han solicitado protección ante otros Estados, adquiriendo el estatus de refugiado5, mientras que otros se encuentran en estado migratorio irregular6. Ante esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2020), en su informe Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019 menciona que, para este año, se tenía un registro de 265 004 connacionales en el exterior que han adelantado algún proceso ante otro Estado de solicitud de protección, de estos, un 71 % están con estatus de refugio o situación similar a la de refugiados y un 29 % son colombianos solicitantes de asilo en estudio.

Partiendo de esto, se evidencia que el proceso de reparación actual, el cual debe hacerse extensivo para las víctimas que están en el exterior, se enfrenta a un panorama desconocido de víctimas con base en un alto subregistro, dado que, actualmente, en el Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia menciona que, a corte 31 de marzo de 2021, en lo concerniente a víctimas del conflicto armado en el exterior, se tienen 25 798 víctimas reconocidas, con estadía en 43 países

(UARIV, 2021).

Discriminando los datos que reporta la UARIV, se tiene que los 10 países dentro de los cuales se tiene un registro más alto de víctimas y que cubren el 90 % del total de las víctimas incluidas en el exterior7, son, en primer lugar, Ecuador con 8170 víctimas, seguido de Venezuela con 3973, Canadá con 3179, España con 2712, Estados Unidos con 2534, Panamá con 367, Costa Rica con 769, Chile con 556, Suecia con 562 y Francia con 340 víctimas (UARIV, 2021).

Para conocer quién se considera refugiado remitirse al Artículo 1(A)2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1951) y a la Declaración de Cartagena de 1984.

Migrante en situación irregular se refiere a la “persona que habiendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su visado, deja de tener estatus legal en el país receptor o de tránsito. El término se aplica a los migrantes que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el país receptor” (OIM, 2006, p. 43).

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 3, define quien se considera víctima: “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de la República de Colombia, 2011).

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Ahora, analizando lo que hasta el momento se tiene registrado oficialmente, frente a los datos que aporta ACNUR, se puede observar un alto subregistro pues no se habría incluido ni al 13 % de las víctimas. Frente a esto, es importante manifestar que el hecho de tener el estatus de refugiado en otro país, no quiere decir que a la luz de la Ley 1448 de 2011 haya reconocimiento de víctima por parte del Estado colombiano, dado que, los sistemas de asilo o refugio tienen categorías diferentes de análisis a las planteadas para el acceso al registro de acuerdo con la Ley 1448.

Adicional al subregistro, no se cuentan con una caracterización completa de los colombianos víctimas del conflicto en el exterior, dicha caracterización brindaría información de la situación socioeconómica de la población en los países de acogida, lo que permitiría conocer el acceso de los connacionales en cuanto a mínimos vitales en alimentación, alojamiento, educación, salud, establecimiento de redes de apoyo o, incluso, atención psicosocial, para el establecimiento de alianzas o de definición de política pública. Una vez realizada la contextualización en cifras de las víctimas, en el siguiente apartado se abordará las medidas de reparación que actualmente se tienen para las víctimas del conflicto armado en el exterior, contempladas en la Ley 1448, y que se constituyeron en fuente para el desarrollo del punto 5 del Acuerdo de Paz.

Reparación a víctimas residentes en el exterior La reparación integral, definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentido amplio, se entiende como todas aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas […] En este sentido, se trata de reparar por los daños: material, inmaterial, patrimonial familiar, al proyecto de vida, y de otorgar diferentes formas de reparación, traducidas en pago de indemnizaciones, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. (Acosta López y Bravo Rubio, 2008, p. 332) Como se mencionó anteriormente, la UARIV, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV)8, debe velar por la reparación integral de las víctimas:

[…] se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho

El SNARIV está constituido por el conjunto de 47 entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.

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internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2005) Ahora, frente a la aplicabilidad real de dicha reparación integral, al analizar el accionar de las entidades encargadas de ejecutarlas, se observa que las medidas en su conjunto no se extienden de manera igualitaria con respecto a las víctimas en el territorio nacional, en contraste con las víctimas en el exterior. A continuación, se realizará un recorrido por las medidas de protección que se aplican a las víctimas, para ello se hará referencia a la cartilla Orientaciones para los colombianos víctimas frente a la Ley 1448 de 2011 y su implementación en el exterior, documento emitido por la UARIV (2020).

En este documento, se establece como medidas de asistencia a las víctimas en el exterior: la identificación de acuerdo con la Resolución 116 de 2012, en la que se establece la solicitud por una sola vez y de forma gratuita de los documentos de identidad; asimismo, contempla la entrega de la libreta militar de manera gratuita; en contraste se deja de lado otras medidas como la asistencia en materia de salud, educación, reunificación familiar, asistencia funeraria, orientación ocupacional/generación de ingresos que están vinculadas a la oferta nacional del SNARIV, cuya competencia está restringida al territorio nacional. Las demás medidas de asistencia que establece la Ley de Víctimas se materializan únicamente en el territorio nacional, sin embargo, la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), han trabajado en la ampliación de la oferta disponible para víctimas en el exterior, buscando favorecer su acceso a oportunidades de educación, vivienda, seguridad social y generación de ingresos. (UARIV, 2020, p. 9) Frente a las medidas de reparación integral, actualmente, se contemplan tres medidas para las víctimas en el exterior, estas corresponden a: indemnización, satisfacción y restitución de tierras; igualmente, a la posibilidad de un retorno acompañado (UARIV, 2020).

La posibilidad de hacer efectiva la medida de indemnización entendida como la compensación económica por los daños sufridos, se da en el marco de los principios de gradualidad y progresividad previstos en la Ley 1448 de 2011, además, se regula bajo la Resolución 1049 de 2019, en virtud de la cual se define

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el procedimiento y las rutas9 para el acceso a la medida de indemnización, como parte de la reparación integral (UARIV, 2019). Se contempla la necesidad de bancarización para poder hacer la entrega de la medida indemnización a quienes están en el exterior.

A corte del 31 de mayo de 2020, según el Boletín Estratégico de la Red Nacional de Información la Unidad para las Víctimas, se tenía un registro de 2042 indemnizaciones de víctimas en el exterior (Red Nacional de Información, 2020), lo que corresponde al 8 % de las víctimas en el exterior incluida en el RUV. Adicional a la medida de indemnización para víctimas en el exterior, se ha dispuesto la medida de satisfacción, la cual propende por el restablecimiento de la dignidad de los sujetos individuales y colectivos víctimas, así como por la difusión de la verdad de lo sucedido, a través de medidas concertadas que contribuyan a divulgar la memoria histórica de su sufrimiento por los hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, para el caso en concreto, está el 9 de abril, día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (UARIV, 2021). Por su parte, la medida de restitución de tierras, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), consiste en hacer la solicitud de restitución de predios despojados y abandonados en el marco del conflicto armado. Al cierre de 2019, la URT había recibido un total de

454 solicitudes de restitución de tierras despojadas de víctimas residentes en el

exterior (UARIV, 2020).

Finalmente, el proceso de retorno es una medida establecida para los connacionales víctimas de desplazamiento forzado que quieran regresar al país, como bien lo establece la Ley 1448 de 2011, en su artículo 66, parágrafo 2: La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará el procedimiento para garantizar que las personas víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente Ley, sean incluidas en los programas de retorno y reubicación de que trata el presente artículo. (Congreso de la República de Colombia, 2011) Adicionalmente, se menciona en el parágrafo 3, del artículo 2.2.6.5.8.7., del Decreto 1084 de 2015: “La población víctima del desplazamiento que se encuentre fuera del territorio nacional y que manifieste su voluntad de retornar o reubicarse podrá ser incorporada en los esquemas especiales de acompañamiento” (Presidencia de la República de Colombia, 2015). Este decreto contempla

La Resolución 1049 de 2019 establece dos rutas: por un lado, la prioritaria para aquellos que tienen enfermedad grave, catastrófica o de alto costo, discapacidad o son mayores de 74 años, por otro lado, está la ruta general correspondiente a aquellos que no tienen ninguna de las características anteriores.

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un acompañamiento desde que se toma la decisión voluntaria de retornar, iniciando con la manifestación expresa de las víctimas que están en el exterior en los consulados, una vez llegan las víctimas a territorio nacional10 y la entrega de algunas ayudas económicas11.

Frente a las solicitudes de retorno, al 31 de mayo de 2020, se han presentado

1929 retornos efectivos, quienes por ley tienen derecho a acogerse a los esque-

mas especiales de acompañamiento12; sin embargo, a la fecha y desde el 2020, la Unidad ha entregado 140 esquemas especiales de acompañamiento a hogares que han retornados desde el exterior, lo que representa el 7 % sobre el total de connacionales que han retornado. Esto implica una baja implementación de esta medida (UARIV, 2020).

Una vez realizado un recorrido por las medidas entregadas por la Ley 1448 y los avances que actualmente se tienen de la implementación de la ley, a continuación, se dará paso a lo que el Acuerdo de Paz contempla para las víctimas en el exterior.

Frente al Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las FARC-EP y las medidas de reparación en el exterior Como se comentó anteriormente, el proceso de paz que se llevó a cabo con la guerrilla de las FARC-EP planteó como uno de los puntos de la agenda de los diálogos el tema de las víctimas, constituyéndose en el proceso de paz que verdaderamente las ha involucrado en sus propuestas y necesidades desde el momento mismo de las negociaciones. Durante el proceso de los diálogos participaron cinco delegaciones de víctimas del conflicto armado, quienes plantearon propuestas en torno a cómo debería ir enfocada su reparación. La negociación de este punto giró alrededor de 10 principios:

1. El reconocimiento de las víctimas. 2. El reconocimiento de responsabilidad.

3. Satisfacción de los derechos de las víctimas. 4. La participación de las vícti-

mas. 5. El esclarecimiento de la verdad. 6. La reparación de las víctimas. 7. Las garantías de protección y seguridad. 8. La garantía de no repetición. 9. Principio de reconciliación. 10. Enfoque de derechos. (Mesa de Conversaciones de La Habana, 2014) 10 El trasporte inicial hacia Colombia no ha sido asumido por ninguna entidad del Gobierno, este corre por cuenta de la víctima que retorna.

11 Se le brinda al hogar una ayuda en dinero que le permitirá cubrir las necesidades básicas de alojamiento y alimentación en el lugar de acogida, y en el caso de que el hogar decida reubicarse en un lugar distinto al sitio de llegada, se brindará un apoyo económico para transporte de personas y enseres.

12 Estrategia complementaria distinta a la oferta, mediante la cual se establecen incentivos o insumos materiales para la reducción de carencias habitacionales básicas, la promoción de ideas productivas de ciclo corto a medio y disponibilidad sostenible y suficiente de alimentos.

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En la Mesa de Negociación, se contó con la participación de víctimas que pudieron llevar a la mesa sus inquietudes; para el caso de las víctimas en el exterior, se tuvo la participación de un miembro del Foro Internacional de Víctimas13, quien llevó a la mesa de diálogos la necesidad de visibilizar a las víctimas en el exterior, grupo de la población que ni siquiera fue mencionado en el Informe elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en La Habana (Cuba), en febrero de 2015. De manera muy somera se hace una pequeña alusión de los refugiados colombianos, sin indagar por sus necesidades, reparación, ni por su participación en el proceso, dicho informe se constituye en un insumo básico para ser considerada por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Por otro lado, se destaca la importancia que tuvo la subcomisión de género en la Mesa de Negociación, quienes hicieron un llamado a que esta destine un especial tratamiento a las mujeres migradas, refugiadas y exiliadas víctimas de violencia sexual. Este tema se recogió por parte de los negociadores y la subcomisión de género de la Mesa de Conversaciones recibió a 10 organizaciones de mujeres que hicieron varias recomendaciones sobre temas como la violencia de género y sexual en el conflicto (Mesa de Conversaciones de La Habana, 2015). Teniendo en cuenta el anterior panorama, ¿qué fue entonces lo que se estableció en el Acuerdo Final frente al tema de las víctimas connacionales en el exterior?

Este Acuerdo Final con la guerrilla de las FARC-EP hace una mención específica frente las víctimas que se encuentran en el exterior, particularmente en el punto 5: víctimas, allí se señala tres aspectos importantes: reconocimiento, reparación y retorno acompañado y asistido:

5.1.3.5 El Gobierno Nacional, en desarrollo de este Acuerdo y en el marco del

fin del conflicto, pondrá en marcha […] planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior, y fortalecerá su articulación a nivel territorial con la implementación de otros componentes de la Política de Reparación de Víctimas, en particular los programas de reparación colectiva y de restitución de tierras, y con la implementación del acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, en los casos en los que haya lugar a ello. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 182) Adicionalmente, señala en este mismo punto que:

El Gobierno, en desarrollo de este Acuerdo, fortalecerá el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados victimizados con ocasión del conflicto, mediante la puesta en marcha de planes de “retorno acompañado y asistido”. El retorno asistido 13 Juan Carlos Villamizar: exiliado en España como consecuencia de amenazas recibidas por parte de grupos armados al margen de la ley.

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consistirá en promover condiciones para facilitar su retorno al país y la construcción de su proyecto de vida, incluyendo condiciones dignas de acogida a través de la coordinación de estos planes con la oferta institucional específica para garantizar progresivamente el acceso a derechos básicos, al empleo digno, vivienda, salud y educación en todos los niveles según las necesidades de cada quien. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 183) Es importante resaltar que, la referencia a estas víctimas en el Acuerdo ya es un avance importante en la política pública de atención a víctimas del conflicto armado, pues como se mencionó anteriormente no eran tenidas en cuenta expresamente en la normatividad previa a la Ley 1448 (Congreso de la República de Colombia, 2011). Lo anterior se constituyó, entonces, en un elemento más que impulsa el reconocimiento de estas víctimas y las trae a un escenario de visibilidad y de escucha de sus necesidades, esto implica una articulación institucionalidad para brindar un acompañamiento y asistencia a los connacionales que desean retornar al país; igualmente, menciona la necesidad de una verdadera vinculación de la oferta institucional que responda a sus necesidades, carencias y fortalezca su desarrollo económico y social, así como su capacidad productiva. Sin embargo, así como la Ley 1448 de 2011 hace referencia de manera muy general a las víctimas en el exterior en lo correspondiente a las medidas de reparación para quienes no decidan retornar al país, lo mismo sucede en el punto 5.1.3.5. en el Acuerdo Final sobre este mismo tema, lo que puede interpretarse para algunos como un vacío a la norma, que en el Derecho se conoce como Laguna de la Ley voluntaria. Esta es entendida cuando el autor de la ley deja deliberadamente sin contemplar un aspecto de la materia regulada, esto se puede dar por su complejidad, ya que no admite una regulación demasiado minuciosa y exhaustiva; dejando aspectos librados a la determinación por medio de la interpretación que haga el órgano aplicador en función de un caso concreto, aunque puede entenderse por un lado como la falta de regulación que imposibilita que los encargados de realizar acciones las ejecuten, también puede entenderse dicho vacío como una oportunidad para que se permita un amplio margen de libertad para el sujeto encargado de aplicarla. (Segura Ortega, 2003, p. 299) Para el caso en concreto, dicho “vacío” como ha pasado a lo largo de la aplicación de la Ley 1448 ha conllevado a la falta de competencia de la institucionalidad, en particular de las entidades que conforman el SNARIV, quienes no han adelantado planes y programas dirigidos a la atención de las víctimas en el exterior de manera específica.

A diferencia de la reparación en el exterior, la mención que se hace al retorno acompañado y asistido es mucho más amplia y desarrollada en el Acuerdo Final,

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incluso envuelve no solamente a las víctimas del conflicto armado, sino a los exiliados y los refugiados, que como se mencionó anteriormente, no necesariamente son víctimas del conflicto armado incluidas en el Registro Único de Víctimas. Según la Real Academia Española, se entiende por exilio la “separación de una persona de la tierra en la que vive” (2020); por otro lado, en el contexto colombiano se ha venido entendiendo el concepto de exiliado como aquellas personas que han tenido que huir del país, dejando atrás sus costumbres y sus formas de vida en Colombia. El universo de víctimas en el exilio está compuesto por colombianos y colombianas en situación de refugiadas, asiladas, solicitantes de refugio/asilo o en situación similar a la de refugiadas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016) Por lo anterior, las entidades que son competentes en su atención y reparación como la UARIV y la URT deben contemplar acciones para la incorporación de la población exiliada o refugiada, cuya causa de traslado fuera del país haya sido el conflicto armado, pero que por algún motivo no quisieron acceder a la Ley 1448 y, que, según el Acuerdo, también deben acompañarse en los procesos de retorno.

Implicaciones de la firma de un Acuerdo de Paz sobre el reconocimiento y reparación a víctimas residentes en el exterior Una vez firmado el Acuerdo, se empiezan a vislumbrar algunas implicaciones tanto positivas como negativas no solo para la población colombiana, sino para el país en el escenario internacional. En las siguientes líneas se brindará un análisis en retrospectiva de lo que se esperaba luego de la firma y lo que ha sucedido pasados tres años y medio, en lo concerniente a la reparación de las víctimas en el exterior.

En primera medida, se esperaba que la firma del Acuerdo repercutiera en el aumento del RUV, pues era de esperar que se redujera la percepción de inseguridad y miedo que históricamente ha disuadido a muchas víctimas para acceder a las instituciones estatales, en tanto que, los miembros de grupos armados habrán entregado sus armas. Haciendo un análisis de 2016 a 2020, se observa un aumento en un 15 % en la inclusión en el RUV de las víctimas en el exterior, dado que, el primer cuatrienio luego de la expedición de la Ley

1448 se incluyeron 11 922 personas, mientras que, en el segundo cuatrienio, se

incluyeron 13 725 víctimas en el RUV (UARIV, 2021). Este aumento es considerable, contemplando que el 2017 se daba el cierre en la toma de declaraciones para hechos ocurridos antes de 2011 (Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, 2015), sin elementos de fuerza mayor.

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Por otro lado, necesariamente con la firma del Acuerdo, se preveía un posible aumento del retorno al país, mirándolo desde dos perspectivas: retorno voluntario y no voluntario. El primero se daría derivado de la percepción de seguridad que el Gobierno empezó a promover en el escenario internacional y que era visible en los discursos que se daban (tal es el caso del discurso que dio Juan Manuel Santos al recibir el premio Nobel): “La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado” (CNN Español, 2016, párr. 6). Mensajes como estos, en efecto, pueden generar confianza en los connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional, pero, por otro lado, dicho discurso puede entenderse como la justificación que algunos Estados protectores pueden tomar, para decidir sobre las solicitudes de protección que están en curso.

En este sentido, es cuando puede contemplarse un aumento del retorno no voluntario de connacionales, como resultado de la negación al estatus de protección que algunas personas habían solicitado en el marco del derecho de los refugiados14. Asimismo, podría darse el retiro del estatus de protección, dado que, uno de los criterios de cesación del estado de refugio, contemplado en la convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado, hace referencia al hecho de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesión del estatuto del refugiado (Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1951). La seguridad de las personas ya no se vería comprometida al regresar al país, puesto que el actor armado que generó en su momento el hecho victimizante, habrá abandonado el rol de combatiente, lo que no irá en contra de las disposiciones del artículo 33 del Convenio de Ginebra a la prohibición de devolución y expulsión. Sin embargo, al consultar las cifras dadas por la ACNUR, en el 2019 se tienen

189 400 refugiados colombianos y están en estudio aun más de 75 000 solicitu-

des (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2020). Esto evidencia la permanencia de solicitudes de protección ante otros países, atendiendo también al fracaso de los diálogos con el ELN, al rearme de disidencias de las FARC y a la reestructuración de bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim), actores armados que mantienen las dinámicas del conflicto y, por consiguiente, el aumento de las víctimas que este genera. Por su parte, si se revisan las cifras oficiales de retornos en los últimos tres años y medio, de 2016 a 2020, se han presentado, según la UARIV, un total de

1744 retornos acompañados, entendiendo estos como voluntarios, pues es uno

de los principios para que se dé acompañamiento por parte de la Unidad a estos hogares (Unidad para la Atención y la Reparación Integral las Víctimas, 2020). Sin embargo, aunque se ve un aumento significativo, dado que en 2016 14 Rama del derecho internacional que trata sobre el derecho y la protección de los refugiados.

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se contaban con 155 retornos, se cuestiona el hecho de que se hayan presentado voluntariamente; un elemento que considerablemente aumentó el retorno al país fue la crisis sociopolítica en Venezuela; aspecto que generó retornos masivos de connacionales víctimas que habían encontrado en dicho país un lugar de refugio. Según ACNUR (2020), Colombia se constituyó en el segundo país con mayor número de refugiados a nivel mundial, después de Turquía con 1,8 millones, incluyendo a los venezolanos desplazados en el extranjero. En otro orden de ideas, están las implicaciones en la participación real y el reconocimiento de las víctimas que están en el exterior; el Acuerdo, aunque no define reconocimiento, podría entenderse como aquello que las distingue del resto de la población víctimas y las identifica con rasgos y características propias; lo que puede llevar a que las víctimas en el exterior se organicen, participen en los debates que se den para la implementación del punto 5.1.3.5. del Acuerdo, y se constituyan, por ende, en veedoras del proceso. Actualmente han tomado fuerza plataformas de organizaciones de víctimas en el exterior, que se ha fortalecido para incidir en la veeduría de los acuerdos, como en la política pública de víctimas.

Por otro lado, se esperaba que la firma del Acuerdo Final facilitara la llegada de mayores donaciones de cooperación internacional al fondo de reparación a víctimas, lo que permitiría darle mayor sustento al mismo, sumado a la entrega de bienes a manos de la guerrilla, reconociendo sus hechos y contribuyendo a la verdad a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)15. Es así que, posterior a la firma, se consolida el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas16 como un espacio relevante de coordinación y apoyo de la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos del Gobierno hacia la estabilización y consolidación de los procesos iniciados durante etapas anteriores, a través de sus cuatro ámbitos temáticos: estabilización, reincorporación, víctimas y justicia transicional, y comunicación (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 2019, p. 15). Este Fondo da cuentas de las contribuciones, los operantes y los gastos generados, así como las organizaciones que han brindado cooperación y la contrapartida del Estado. 15 Esta comisión, como mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial, pretende contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas que vieron sus derechos vulnerados y estimular la convivencia en los territorios.

16 El Fondo es una herramienta tripartita compuesta por el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y países miembros de la comunidad internacional que, de forma conjunta, a nivel estratégico y operacional, articulan las inversiones y esfuerzos para la paz bajo el liderazgo del Gobierno nacional y en apoyo a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (actualmente, PND 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”) y la Política de “Paz con Legalidad”. Fondo creado en 2016, bajo el marco del documento CONPES 38506, se suma a los fondos internacionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea.

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El Fondo recibió hasta diciembre 2019 contribuciones que alcanzaron la cifra de 144,8 millones de dólares de parte de diecisiete donantes, incluyendo países y otros fondos; adicionalmente hubo un total de contrapartidas de 109,2 millones de dólares y de apalancamientos que llegaron a los 64,6 millones de dólares (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 2019, p. 13).

Aterrizando esto, a uno de los ámbitos correspondientes a las víctimas y la justicia transicional, El Fondo ha acompañado y fortalecido a las víctimas en proceso de reparación, dándoles herramientas para abrir nuevas oportunidades, brindando apoyo, […] ofreciendo acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que salieron de las filas de las FARC, así como a sus familias y fortaleciendo las capacidades de las víctimas y sus organizaciones para su participación calificada y sus garantías en el SIVJRNR17. (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 2019, p. 43) Para este apoyo, a diciembre de 2019, se brindó 18,5 millones de dólares correspondiente a 27 proyectos implementados por la UARIV, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la nueva institucionalidad del SIVJRNR, como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 2019).

No obstante, es evidente que la crisis venezolana desatada en 2016, en la que miles de venezolanos han huido de su país y se han refugiado en Colombia, y otros países de Latinoamérica, ha llevado a la cooperación internacional a volcarse a brindar ayudas a esta población y constituirse en un sector específico de atención e intervención, siendo mayor el presupuesto gestionado a la atención a la población venezolana que el presupuesto del Fondo Multidonante. Ya que, a julio de 2019, el Estado colombiano ha recibido de la cooperación internacional para atender a los migrantes venezolanos 270 millones de dólares (Bermúdez, 2019), siendo más del presupuesto recibido en el Fondo Multidonante para la implementación de los Acuerdos, que hasta el momento había sido 144,8 millones de dólares (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 2019). Evidentemente, hubo un giro en el interés de la cooperación internacional para atender a la población venezolana en comparación con la población colombiana objeto del Fondo de las Naciones Unidas para el Establecimiento de la Paz. 17 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

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Finalmente, de los 10 000 millones de pesos que las FARC-EP habían mencionado para entregar con el fin de reparar a las víctimas, a mayo de 2020, solo se habían entregado 2114 millones de pesos (El Tiempo-Unidad Investigativa, 2020), evidenciándose un incumplimiento de las promesas de este grupo, no solo ante el Gobierno sino ante las víctimas que serían las beneficiarias de este fondo. Reformas institucionales que se hacen necesarias para enfrentar los retos de la reparación a víctimas en el exterior en un escenario de posconflicto La reparación a víctimas en el exterior implica, a partir de lo señalado anteriormente, robustecer la institucionalidad del Estado colombiano para que responda a las necesidades diferenciadas de la población víctima, ayudándole, por ende, a superar su condición de vulnerabilidad. Es por lo que, las reformas legales e institucionales se hacen necesarias en procurar lograr la reconciliación, la inserción adecuada de la población víctima a la sociedad y su visibilización. Atendiendo a lo anterior, se debe iniciar por superar uno de los grandes retos y es precisamente contar con un registro completo de las víctimas que están fuera del país y propiciar que se realice una caracterización de esta población, que permita tener un conocimiento amplio de sus demandas.

Una vez se cuente con esta información, se debe propender porque las medidas de atención establecidas por la Ley 1448, como educación, salud, reunificación familiar, alimentación y programas de generación de ingresos, sean aplicables a las víctimas que deciden permanecer en el exterior. Para ello, es menester del Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, iniciar diálogos bilaterales dedicados a generar claridades en torno a la atención y la reparación de las víctimas del conflicto, que como consecuencia de este ahora están fuera del territorio nacional, para que las acciones que se desarrollen cobijen a las víctimas y no sea tomadas como un acto de intromisión a la soberanía de otro Estado.

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional. (Organizacion de las Naciones Unidas, 1970, p. 131) Respecto a las medidas de reparación, se debe aunar esfuerzos para que pueda brindarse más de una medida, logrando una reparación integral; asimismo, entendiendo la reparación como aquello que va más allá de volver a las personas al estado anterior antes de que ocurrieran los hechos, sino aquella que

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promueve por una reparación restaurativa, que no se quede en el hecho en sí, sino esté enfocada a la reconciliación, enmarcado esto en lo que se conoce como Justicia Restaurativa, la cual El programa de reparación por sí solo tiene poca capacidad de impactar positivamente su vida. Sin el esencial apoyo de una política social complementaria, es imposible que el discurso de la reparación transformadora se convierta en una realidad para las víctimas. (Portilla Benavides y Correa, 2015, párr. 6) Por lo tanto, antes de especificar cuáles deben ser las medidas que en términos de reparación deberían darse, es necesario trabajar por la restauración de la sociedad y de los lazos rotos consecuencia del conflicto, centrándose más que en el castigo y el victimario, en la víctima, en su reconocimiento y el restablecimiento de sus derechos, como lo señala Uprimny Yepes y Saffon Sanín: […] las necesidades de las víctimas y el restablecimiento de la paz social son las finalidades básicas que debe tener la respuesta al crimen, por lo que lo importante es reconocer el sufrimiento ocasionado a la víctima, reparar el daño que le fue causado y restaurarla en su dignidad, más que castigar al responsable, a quien se debe intentar reincorporar a la comunidad con el fin de restablecer los lazos sociales. (2006, p. 119) Si se mira las necesidades concretas de la población víctima, la reparación debe ir encaminada a aspectos concretos como lo es la homologación de títulos profesionales para ejercer en el exterior sus carreras, la exoneración de los créditos que dejaron de pagar como consecuencia del conflicto, la posibilidad de obtener títulos educativos y capacitación gratuita en el país de acogida, integración laboral, medidas de rehabilitación psicosocial, y vinculación e integración local a los retornados del exterior. Estas acciones serían un avance importante, puesto que dejan de poner, en un primer plano, como única medida, la indemnización. Es necesaria la integración en la atención de la nueva institucionalidad producto de los Acuerdos, como lo es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para dirigir acciones que contemplen la participación de las víctimas en el exterior, en cada uno de los procesos que se adelanten; de tal forma que, desde un inicio, estas acciones tengan credibilidad, generen una visibilidad de las víctimas en el exterior y permitan elaborar espacios de participación que aporten a su reconocimiento y construcción de política.

Asimismo, debe concretarse el trabajo en equipo con las organizaciones sin ánimo de lucro y defensoras de los Derechos Humanos que atiendan a población vulnerable con competencia en el exterior, así como la promoción de la cooperación intergubernamental partiendo de un postulado necesario, el cual

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es el entendimiento de la distinción entre reparación y protección. A partir de esta cooperación se puede propender para que medidas como salud y atención psicosocial pueda ser dada por los otros Estados; igualmente, se puede instar a las naciones que acojan exiliados para que medidas como la educación o actividades laborales se ofrezcan a las víctimas del conflicto, estableciendo convocatorias abiertas en las que las víctimas puedan participar, lo anterior, siempre como producto de un diálogo y una concertación entre Estados. Por su parte, en lo que compete a la UARIV y la entrega de la indemnización administrativa debe estudiarse otras estrategias que no implique únicamente la bancarización como única opción para la entrega de la medida, ya sea a través de convenios bancarios o con organizaciones financieras de nivel nacional e internacional, que permitan hacer la entrega de esta retribución en el exterior a todas las víctimas que allí residan; aclarando que se hace con el fin de contribuir a la estabilidad de los hogares. Además de otras alternativas que favorezcan a la resolución de la situación financiera de las familias, esto implica intervenir en la exoneración de las deudas que como consecuencia del conflicto dejaron de sufragar. Igualmente, con el objeto de promover el desarrollo académico y laboral es importante contar con una reglamentación que favorezca el reconocimiento de los títulos universitarios y de cursos que la población realizó en Colombia. Para ello, se debe identificar el instrumento jurídico necesario que permita la homologación de las profesiones en los países de acogida, con la intervención del Ministerio de Educación. De igual manera, que se pueda posibilitar la pensión de los connacionales, al tenerse en cuenta las semanas cotizadas en Colombia para la jubilación en el exterior, además, que cuenten con todas las medidas de atención psicosocial que requieran y necesiten para su estabilización emocional. Frente a los connacionales que deciden regresar al país, punto explícito del Acuerdo, la UARIV debe tener un rol coordinador a nivel nacional y territorial, no solo con las entidades del SNARIV, sino con las autoridades locales, para que los municipios y ciudades capitales contribuyan en el acompañamiento y asistencia a los connacionales que retornan. Este acompañamiento debe hacerse con presupuesto exclusivo, inicialmente, desde los Planes de Desarrollo Territorial (PAT), para contar con espacios físicos de recepción de la población y brindar ayuda humanitaria de emergencia en temas de alojamiento y alimentación, mientras se realiza la remisión a una oferta en la región, que permita mayor estabilidad en temas de afiliación en salud, empleo, educación y acceso a programas productivos; asimismo, se debe partir de la consideración de que muchas familias llegan al país sin ninguna red de apoyo, ni social ni familiar. Para lo señalado anteriormente, no es suficiente la normatividad que sobre el tema existe, por lo tanto, al ser el Acuerdo de Paz una hoja de ruta se deben realizar las modificaciones normativas y reformas institucionales necesarias para su

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implementación, partiendo de la modificación de la Ley 1448 de 2011 y concretamente en términos del registro para acercarse verdaderamente al universo real de víctimas en el exterior, víctimas en plan de retorno para considerarlas víctimas diferentes al desplazamiento forzado e incluir refugiados y exiliados como lo menciona el Acuerdo. En términos de reparación para entregar medidas adicionales a las mencionadas e instar a las entidades del SNARIV para que generen ofertas focalizadas para víctimas en el exterior y retornadas. Se debe trabajar fuertemente por una de las medidas de la reparación integral y son las garantías de no repetición, aspecto que se ve deteriorado cuando se mira la situación de líderes de restitución de tierras que han sido asesinados en los últimos años. En el primer semestre de 2019, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 423 asesinatos a indígenas y líderes de restitución de tierras (Comisión Colombiana de Juristas, 2019).

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se deben realizar diálogos binacionales para que la firma de un Acuerdo de Paz con grupos insurgentes no genere negación de las solicitudes de protección que actualmente están en estudio; entendiendo que muchas de las víctimas no querrán regresar al país a pesar de que este se encuentre en una transición. Esto se debe a que estos connacionales ya han reconstruido su proyecto de vida, tienen nuevas familias y no querrán sufrir procesos de separación como consecuencia de decisiones de los Estados receptores frente a su estatus de protección. Finalmente, el Gobierno debe hacer un esfuerzo para atender a la población venezolana asentada en el territorio, sin desligarse de la atención que debe brindar a la población colombiana víctima del conflicto, sin que se privilegie un aspecto sobre el otro. Igualmente, aprovechar eficientemente los recursos recibidos en el marco de la cooperación internacional y hacer gestiones para aumentar el presupuesto dirigido a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Conclusiones El proceso de paz con las FARC-EP se caracterizó por ser el primero en Colombia que ha involucrado como parte de los puntos de la agenda de diálogos a las víctimas, haciéndolas participes en las negociaciones; sin embargo, la participación de las víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior, durante y posterior al Acuerdo, aún sigue invisibilizada.

La Ley 1448 de 2011 es actualmente el marco normativo vigente que establece las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado, reconocidas por el Estado colombiano. En la actualidad, aunque se cuenta con un registro de víctimas en el exterior, este es mínimo si se compara con los connacionales con estatus de protección o en estado de solicitud, y connacionales en situación migratoria irregular.

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Las víctimas que están en el exterior no cuentan con medidas suficientes en atención, asistencia y reparación integral. La indemnización se muestra como la medida de reparación palpable que está siendo otorgada, pero que aún cuenta con dificultades para efectuarse en el exterior. Por su parte, el concepto de reparación aún se encuentra lejos de considerarse integral, pues deja afuera medidas de rehabilitación, otras medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La firma del Acuerdo de Paz no ha desencadenado en retornos masivos al país, negación del estatus de protección internacional, como tampoco se tiene evidencia de retiros de estatus de refugio atribuyéndolas a la cesación de las causales que generaron la solicitud de protección ante otro Estado. Por su parte el aumento de retornos, mayoritariamente, se atribuye a la crisis social, política y económica en Venezuela.

Frente al tema de la reparación, se esperaba que, con el Acuerdo y el fondo destinado para tal, la cooperación internacional y la entrega de los bienes de las FARC-EP repercutieran en un aumento en la reparación a las víctimas; sin embargo, aunque este fondo se constituyó, no se ha visto un avance en la entrega de medidas de reparación, por su parte, han aumentado las exigencias de las víctimas por ser reparadas integralmente.

Se debe brindar a las víctimas que están en el exterior todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como velar por la inserción, la seguridad y el restablecimiento de los proyectos de vida de los connacionales que retornan al país, por lo tanto, se insta al Gobierno para que fortalezca la institucionalidad encargada de atender a esta población víctima del conflicto que se encuentra en el exterior y realizar las modificaciones normativas que haya lugar, y estas propendan por la superación de obstáculos frente a la atención y reparación integral.

Los grupos insurgentes que quieran establecer un acuerdo de paz con el Gobierno deben trazarse un plan de reparación conjunta para víctimas del conflicto armado, damnificados por sus acciones, que decidan permanecer en el exterior, que recoja las propuestas de estas víctimas y que les permita su participación en los procesos amplios de participación.

Referencias Acosta López, J. I. y Bravo Rubio, D. (2008). El cumplimiento de los fines de Reparación Integral de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: énfasis en la experiencia colombiana. International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, 6(13), 323-362. https:// www.redalyc.org/pdf/824/82420293010.pdf Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2020, diciembre). Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019.

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Construcción de paz y régimen político: los casos de Colombia, Perú y El Salvador Javier Fernando Torres Preciado* * PhD. y magíster en Ciencia Política de Universidad de los Andes, historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una pasantía doctoral en Yale University (VAR). Docente e investigador universitario, asesor y consultor de entidades territoriales. Experto en temas relacionados con violencia, seguridad, conflictos, guerras civiles y paz. Correo electrónico: javiertorrespreciado@gmail.com

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Introducción Los conflictos de carácter revolucionario que se desarrollaron en el marco de la Guerra Fría en América Latina, se desactivaron por diferentes vías. Unos por la vía militar como en Perú, cuando Fujimori logró en 1992 la captura del líder de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, con lo cual comenzó el proceso de declive y marchitamiento de este grupo guerrillero, hasta su reducción y derrota, sin negociaciones de por medio. Otros por la vía negociada como en El Salvador y Colombia. En el primer caso, con la negociación y firma de los acuerdos de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en Chapultepec, en 1992, con lo que finalizó la guerra civil que azotó al país por más de una década. Mientras que, en el caso colombiano, se desactivó el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de la firma de los Acuerdos de La Habana de 2016, aunque el país ya tenía experiencia en negociaciones de paz con grupos guerrillero1. Sin importar si la terminación del conflicto sea por la vía armada o negociada, todos los países que transitan este camino se enfrentan al desafío de construcción y consolidación de una paz estable y duradera, que evite nuevos ciclos de violencia y una recaída en la guerra. Está demostrado que, en los primeros 10 años después de finalizado el conflicto, la probabilidad de retornar a la guerra es del

40 % (Collier et al., 2008). En este periodo, justamente, se determina buena parte

del futuro de lo pactado en la negociación.

Enfrentar el desafío de construcción y consolidación de la paz no es tarea fácil, de hecho, los registros muestran que unas experiencias han sido más exitosas que otras, y, como se anotó, los primeros 10 años son los más inestables. Las experiencias de construcción de paz en Colombia, Perú y El Salvador fueron distintas y guardan estrecha relación con el tipo de régimen político, la forma en cómo terminaron los conflictos con cada grupo guerrillero y la unificación de la izquierda armada en cada país. En Perú, no hubo un proceso de construcción de paz emanado de un acuerdo entre Estado y grupo guerrillero, a diferencia de los otros dos casos, porque en el pulso armado el Estado se impuso y derrotó a la guerrilla de SL (Degregori, 2015; Gorriti, 2016). En El Salvador, desde el punto de vista político, se puede hablar de un relativo éxito de los acuerdos de paz porque, luego de la firma, la violencia política por parte de la guerrilla del FMLN y el Estado salvadoreño disminuyó considerablemente. Esto obedeció,

Para el caso colombiano vale hacer una aclaración: la firma de los Acuerdos de La Habana en 2016 no es la primera de este tipo, fue antecedida por negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros desde finales de la década de 1980. Por ejemplo, en 1990, se firmó un acuerdo de paz con el M-19. Con el EPL se iniciaron conversaciones en la década de 1980 para llegar a un acuerdo con un sector de esta guerrilla en 1990. Sin contar los numerosos intentos de negociación con las FARC en las décadas de 1980 y 1990, y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las mismas décadas, incluso hasta hace 3 años.

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en buena medida, a la posibilidad que tuvo la derecha y la izquierda de estar representada en partidos políticos, Arena de derecha y el FMLN de izquierda, con los cuales han ganado la presidencia en diferentes oportunidades y han tenido representación en el Congreso salvadoreño (González y Cardenal, 2007; Martínez Peñate, 2015).

Mientras que, en el reciente caso colombiano, el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz ha tenido evidentes dificultades, los logros han sido parciales en la etapa de implementación temprana. Los desafíos a más de tres años de la firma de los acuerdos, se centran en garantizar la seguridad de los excombatientes, generación de oportunidades y desarrollar procesos de reconciliación. Sin embargo, en el punto de la seguridad es donde se encuentran las mayores dificultades para la reincorporación civil y política (Rettberg y McFee, 2019). De otra parte, según Verdad Abierta (2017), el balance general de los cinco puntos del acuerdo es agridulce, con pequeños logros e inmensas dificultades en temas como lo rural, la participación política, la lucha contra las drogas, la verdad, las víctimas y la no repetición. En resumen, hay avances importantes, pero la deuda aún es inmensa.

Se piensa que un régimen democrático, o mejor, entre más consolidado y democrático sea, ofrece mecanismos institucionales que facilitan la consolidación de la paz. La idea suena intuitiva, lógica. Pareciera que la democracia por sus pesos y contrapesos, sus mecanismos pacíficos de tramitar demandas e inconformismos, junto con las posibilidades y espacios que en el juego del poder le brinda a la oposición política, facilita la consolidación de la paz después de una negociación. No obstante, el caso colombiano resulta contraintuitivo y demuestra que no siempre es así. De los tres países aquí abordados, la democracia colombiana resultaba ser la más tradicional, sólida y mejor evaluada internacionalmente (Center for Systemic Peace, s.f.)2, en el contexto del posconflicto. Sin embargo, es la que más dificultades ha presentado, de los tres casos, en el proceso de consolidación de la paz.

¿Cuál es el papel que juega el régimen político en la consolidación de la paz? La evidencia que soporta la explicación es contraintuitiva porque, en teoría, un régimen democrático, o entre más democrático sea, garantiza más estabilidad y ofrece instituciones adecuadas para la construcción de la paz. No obstante, no necesariamente es así; un régimen democrático no garantiza per se la consolidación de la paz, ya que regímenes políticos clasificados como democráticos han experimentado más dificultades en el proceso de consolidación de la paz que otros con menos tradición democrática, o más cercanos al autoritarismo.

Polity Project es un proyecto que hace mediciones anuales a 167 países, desde 1946, para clasificar sus regímenes políticos entre democracias y autoritarismos, ofreciendo una gama de clasificaciones intermedias que responden a las dinámicas de la política interna de cada caso.

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La teoría de la paz democrática sostiene que entre más democracia menos violencia, porque las democracias tramitan mejor los inconformismos y son menos proclives a caer en guerra (Fukuyama, 1992; O´Neal y Russett, 2001; Rummel, 1983; Small y Singer, 1979). Aunque otros como Boswell y Dixon (1990), Fearon y Laitin (2003) y Hegre et al. (2001) sugieren que los regímenes semidemocráticos tienen más riesgo de caer en conflicto que las democracias plenas o los autoritarismos, lo cual explicaría el caso colombiano que, según esto, no clasificaría como democracia plena. Sobre este tema se volverá más adelante. En este capítulo se abordan tres casos que aportan la suficiente variación en relación con los temas de régimen político, unificación de la izquierda, la forma en cómo se desactivó el conflicto y la consolidación de la paz. Puesto que cabe la pena preguntarse por qué el caso colombiano que debería tener más garantías para consolidar la paz, por ser una democracia tradicional y relativamente consolidada, es el que ha experimentado más dificultades. Mientras que, otros casos con menor calidad democrática o con terminación de los conflictos no por vía negociada, sino armada, lograron mejores procesos de construcción de paz. Este capítulo se divide en cinco secciones: la presente introducción; la sección número uno denominada metodología, en la cual se hacen unas breves consideraciones sobre las fuentes y la estrategia de análisis; la segunda, la paz en América Latina, ofrece un balance sobre las víctimas: un antes y un después, en la cual se expone el número de víctimas civiles, combatientes y víctimas políticas durante la guerra, y el comportamiento de estas cifras una vez terminados los conflictos, además de un análisis de estos datos en clave construcción de paz; el tercer acápite, los vaivenes de los regímenes políticos en América Latina, se centra en mostrar el tipo de régimen político que imperó en cada país, junto con sus tendencias históricas, que enmarcaron la construcción de paz en cada caso; la cuarta sección, la relación teoría-evidencia: regímenes políticos y consolidación de la paz, en ella se explica en qué consiste la propuesta sobre el papel del régimen político en la construcción y consolidación de la paz, teniendo en cuenta la relación teórica, expuesta en la introducción, con la evidencia, mostrada en las dos secciones posteriores; por último, las conclusiones finales del capítulo. Metodología Los datos presentados en este capítulo provienen de diferentes fuentes. Para el caso colombiano del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013), Registro Único de Víctimas (RUV, Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2020), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2020a) y Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP, 2015). Para el caso peruano de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003). Para de El Salvador de la Comisión de la Verdad. Sumado a lo anterior, se hizo triangulación con datos provenientes de fuentes secundarias, también relacionados

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con el comportamiento de la violencia contra diferentes sectores de la sociedad, durante los conflictos internos y en los años previos y posteriores a la firma de los acuerdos de paz. Los datos para la comparación de los regímenes políticos fueron tomados de la clasificación que hace Center for Systemic Peace (Polity Project), que muestra el comportamiento de estos desde mediados del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI.

El método comparado resulta el adecuado para resolver y responder al problema planteado en este capítulo, porque proporciona las herramientas para explicar e identificar las diferencias, regularidades y particularidades presentes en los casos, descubriendo las causas individuales y las causas en común (Mahoney, 2003). La estrategia comparativa usada es llamada: método de la diferencia o de casos más similares (Gerring, 2006), útil para identificar las variables que explican por qué los casos a pesar de sus similitudes generales, difieren o presentan variaciones en el resultado o en la llamada variable dependiente, que, para los casos aquí trabajados, son los diferentes resultados en los procesos de construcción y consolidación de la paz en Colombia, Perú y El Salvador, después de intensos conflictos internos.

La paz en América Latina, un balance sobre víctimas: un antes, un después Después de desactivados los conflictos en Colombia3, Perú y El Salvador con los grupos guerrilleros, ¿qué balance se puede hacer del proceso de construcción y consolidación de la paz? ¿Cuáles fueron los casos más o menos “exitosos”? Un proceso de negociación con guerrillas de izquierda busca, entre varias cosas4, una inmediata y específica búsqueda de la paz, porque es la que toca a todos los sectores de la sociedad: bajarle o terminar el nivel de enfrentamientos, de hostilidades, y, por ende, reducir el número de muertos relacionados con la guerra, en otras palabras, que la violencia se reduzca considerablemente o desaparezca. Para esto es fundamental comparar el comportamiento de las muertes relacionadas con la guerra, muertes de civiles, muertes de combatientes y asesinatos selectivos, en los tres casos, durante la guerra y en el posconflicto.

Es importante subrayar una salvedad hecha en la introducción. Con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se terminó el conflicto con este grupo guerrillero, el más antiguo y fuerte que tuvo el país. Pero el ELN se mantuvo en la lucha, lo que no permite hablar de una reincorporación completa de todos los grupos armados de izquierda en Colombia. La construcción de paz ha sido un proceso paulatino desde finales de la década de 1980, con las consecuencias y dificultades que conlleva negociar con grupos guerrilleros de diferente naturaleza. Esta realidad marca profunda diferencia con los procesos de Perú y El Salvador, que sin importar cómo, fueron con un solo grupo.

Otro factor clave que no se abordará en esta sección por motivos de espacio, está relacionado con la transición y participación política de la izquierda.

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En Colombia, se contabilizaron en más de 262 000 muertos durante seis décadas de conflicto. Siendo más específicos, entre 1996 y 2004 ocurrieron cerca de 200 000 muertes (CNMH, 2013). Desagregando las cifras encontramos, de acuerdo con el RUV, que entre 1985 y 2013 hubo 166 069 civiles víctimas fatales del conflicto armado en Colombia. En este balance no se incluyen las víctimas anteriores a 1985, lo que significa que dejan por fuera a 11 238 víctimas documentadas por el CNMH entre 1958 y 1984. Vale la pena mencionar que, en el registro del RUV no se incluyeron los combatientes muertos en acciones armadas que, según cifras reportadas por el CNMH, entre 1958 y 2012 fueron 40 787. Del total de muertes, el 81,5 % fueron víctimas civiles y el 18,5 % fueron combatientes, esto significa que 8 de cada 10 muertos fueron civiles5. En Perú, durante la década de 1980, se contabilizaron cerca de 70 000 muertes (CVR, 2003). La violencia en el Perú entre 1980 y 1990 tuvo el siguiente comportamiento: al inicio de la década del 1980 hubo 30 asesinatos políticos y desaparecidos, pero en 1985 esta cifra ascendió a 2000 asesinatos; sin embargo, la cifra finalizando la década se ubicó en los 1500, y en los años de 1990 estuvo por debajo de mil asesinatos políticos (CVR, 2003; Nasi, 2007). Estos años de más de 2000 muertes relacionadas con la guerra, prueban el nivel de recrudecimiento de esta.

En El Salvador, la guerra civil que sufrió el país en la década de 1980, con fuertes antecedentes en la década anterior, dejó alrededor de 75 000 víctimas (Betancur et al., 1993). Del periodo comprendido entre 1980 y 1990, se puede decir lo siguiente: en 1980 se registraron un poco más de 2500 asesinatos, cifra que en 1983 se incrementó hasta los 6000 asesinatos. Cinco años después, en 1988, descendió y se ubicó por el orden de los 1500 asesinatos, para registrar un nuevo repunte hasta los 3000 asesinatos en 1989 (Betancur et al., 1993, pp. 23, 56; McClintock, 1998, p. 117; Nasi, 2003, pp. 102-103). 6000 muertos en un año es indicador de lo cruenta de la guerra civil salvadoreña, una de las más intensas de América Latina.

¿Qué dicen los datos sobre el comportamiento de la violencia contra sectores sociales y políticos específicos, esto es, asesinato de activistas políticos, miembros de gobierno y de partidos políticos, sindicalistas y periodistas? En el marco de una guerra civil de carácter revolucionario, los asesinatos selectivos tienden a aumentar exponencialmente, entonces, una medida del éxito o fracaso de la

Estos datos son tomados de las fuentes citadas, no obstante, se encuentran desagregados y explicados en la tesis doctoral del autor de este capítulo, de la cual son tomados. La tesis se titula: A la sombra de la revolución: grupos contrarrevolucionarios en América Latina: los casos de Colombia, Perú y El Salvador (década de 1980) (Torres Preciado, 2018). Esta aclaración aplica a toda esta sección, es decir, a los casos de Colombia, Perú y El Salvador. También a los datos sobre asesinatos de activistas políticos, sindicalistas y periodistas.

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terminación de un conflicto es el comportamiento de este fenómeno de violencia dirigida y sistemática.

La violencia contra activistas políticos, sindicalistas y periodistas durante los conflictos internos en estos tres países fue planeada y direccionada, alcanzando niveles dramáticos como desafortunada estrategia de guerra (figura 1). Colombia tuvo la cifra proporcionalmente más alta de asesinatos políticos, seguido por El Salvador y Perú. Los asesinatos selectivos fueron una estrategia usada por todos los grupos involucrados en la guerra. Paradójicamente, el régimen más democrático de los tres, Colombia, como se verá más adelante, fue el que registró mayores índices de violencia, más asesinatos selectivos, más muertes de civiles, en resumen, más víctimas que en Perú y El Salvador, este último bajo dictadura militar durante décadas.

Figura 1. Asesinatos selectivos contra sectores políticos y sociales. Periodistas El Salvador 1979 - 1990 Periodista Perú 1982 - 1991 Periodista Colombia 1979 - 1990 Sindicalista El Salvador 1979 - 1990 Sindicalista Perú 1982 - 1990 Sindicalistas Colombia 1984 - 1990 Asesinatos políticos El Salvador 1979 - 1990 Asesinatos políticos Perú 1982 - 1990 Asesinatos políticos Colombia 1979 - 1990

237|

1618

432

7237

2000

1000

3000 4000 5000 6000 7000 8000

Fuente: Torres Preciado (2018, p. 151)6.

Las cifras de muertes, asesinatos y víctimas son la realidad que más impacto tiene sobre la sociedad, la opinión pública y la comunidad internacional durante una guerra civil. Por eso, sea por vía armada o negociada, uno de los principales e inmediatos objetivos con la desactivación del conflicto consiste en reducir estos índices. Lo que implica que, el “éxito” parcial de la terminación de

Para Colombia, los datos sobre asesinatos políticos son de la CNMH (2013, pp. 45-46), el Centro estima 23 161 asesinatos en el periodo 1980-2012, los 7237 sale del promedio de esta cifra para cada década. La cifra de sindicalistas en Colombia es del CINEP y de la Escuela Sindical Nacional (ESN), que coinciden en los datos. Los datos para Colombia sobre periodistas son de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2020b). Los datos sobre asesinatos políticos, de sindicalistas y periodistas son tomados de McClintock (1998, p. 113), que usó como fuentes a U. S. Department of State Country Report on Human Right Practices. Los datos sobre asesinatos políticos, de sindicalistas y periodistas para El Salvador son tomados de McClintock (1998, p. 114), que usó como fuentes All Americas Watch and American Civil Liberties Union Publications.

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un conflicto es la disminución de violencia relacionada con la guerra, evitando recaídas o repuntes. Entonces, ¿qué pasó en cada caso con las cifras de víctimas en el posconflicto? Cada ruta de salida al conflicto logró reducir significativamente estas elevadas cifras que se presentaron durante las guerras. En los tres casos, en la etapa del posconflicto, no se volvieron a presentar cifras como las que registraron durante la guerra, lo que es un acierto y éxito inmediato. Sin embargo, hay que hacer importantes salvedades que reflejan la paradoja de lo que se sostiene en este escrito. El régimen con más estabilidad y tradición democrática de los tres, Colombia, siguió presentando cifras preocupantes de violencia, más bajas que las previas, pero preocupantes y en ascenso. Mientras que, Perú venía de vaivenes democráticos y dictatoriales; y El Salvador con fuerte tradición de dictadura militar, lograron bajar significativamente los niveles de violencia política en el posconflicto, a pesar de la tradición autoritaria, dictatorial e inestabilidad de sus regímenes políticos. Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac, 2019), en Colombia en el 2002 hubo 2799 muertes en combate, cifra que en el 2010 se ubicó en las 557 víctimas fatales entre las que se encuentran miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros y civiles, lo que es una disminución drástica en comparación con las cifras registradas una y dos décadas atrás. De acuerdo con la misma fuente, en 2017, un año después de firmados los acuerdos con las FARC, esta cifra de víctimas relacionadas con el conflicto se redujo a cero. El Cerac contabilizó que entre 2002 y 2016, es decir, en los 14 años previos a la firma de los acuerdos, murieron 8957 miembros de las FARC, 2701 integrantes de la Fuerza Pública y

2627 civiles. Desagregando estos datos, se puede ver que, en el 2002, con una

escalada fuerte del conflicto, hubo 1835 guerrilleros muertos, 583 civiles y 381 miembros de la Fuerza Pública.

Estas cifras de muertes relacionadas directamente con la guerra, después de la firma de los acuerdos, han tenido una drástica disminución, lo que permite afirmar que hubo un “éxito” en este tema específico. No obstante, y esto va en vía del argumento de este escrito, la violencia política contra individuos, grupos o comunidades, según Cerac, se disparó después de la firma de los acuerdos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, 2019), desde la firma de los acuerdos en noviembre del 2016 hasta el 20 de julio del 2019, 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y desde el inicio del nuevo gobierno, en 2018, 229 líderes, lo que en términos temporales significa un aumento proporcional, que se traduce en un verdadero deterioro de la seguridad para sectores sociales y políticos en el posconflicto. En El Salvador, una vez firmados los acuerdos en 1992, la opinión pública empezó a identificar como el principal problema la delincuencia, pasando de un 10 % a un 40 %. Mientras que la guerra como problema para la población

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tuvo una caída del 40 % en 1992 al 0 % un año después (La Violencia en El Salvador en los años noventa, p. 4). La tasa de homicidios en El Salvador, después de 1992, ha tenido un aumento preocupante, sobrepasando los 100 homicidios por 100 mil habitantes, llegando a registrar hasta 140 (Instituto Universitario de Opinión Pública, 1998, p. 11). Aunque hay que aclarar que este tipo de violencia obedece a dinámicas relacionadas con delincuencia común y pandillas, diferente a la vivida durante la guerra civil; es decir, está más relacionada con la delincuencia común que con la violencia política. La violencia directamente relacionada con la guerra civil y los asesinatos selectivos descendió, casi desapareció, lo que significa que la construcción de paz en este sentido fue un “relativo éxito”. El desafío de violencia que vive El Salvador, como se explicó, obedece a otras dinámicas.

El caso peruano guarda ostensible diferencia con los otros dos. SL sometió a la sociedad peruana, desde su aparición en 1980, a una profunda violencia en el campo y en la última etapa también en la ciudad. Su idea de lucha pasaba por la desestabilización del Perú y para ello acudió a la violencia indiscriminada contra toda la sociedad, su guerra contra el Estado dejó más de 70 000 víctimas (Contreras y Cueto, 2015; Pease García y Romero Sommer, 2013). En 1992 la situación era insostenible y muchos peruanos deseaban salir del país, pero precisamente en septiembre de ese año el ciclo de violencia dio un giro inesperado con la captura de Abimael Guzmán. Después de este golpe, para una guerrilla con una rígida jerarquía, la violencia política inició un periodo de descenso sostenido, el SL perdió su capacidad de acción y de difundir terror (Gorriti, 2016).

Esto no significa que, a primera vista, Perú haya sido el caso más “exitoso” de los tres, precisamente el de la salida no negociada, sí armada. La cuestión se explica por la confluencia de diferentes factores. SL era el principal y prácticamente único generador de violencia7. Por eso, una vez reducido y minimizado, esta tasa bajó significativamente porque una vez encarcelado su comandante, la guerrilla quedó acéfala sin la capacidad para generar la violencia de otrora (Contreras y Cueto, 2015; Gorriti, 2016; Pease García y Romero Sommer, 2013). Además, el SL tenía una pésima imagen entre la población, por ende, nulo apoyo para continuar con su campaña de terror.

Un balance general sobre la terminación de los conflictos en Colombia, Perú y El Salvador muestra que, en el primer caso, la desactivación del conflicto ha sido parcial por la existencia de otros grupos guerrilleros, que están activos como el ELN; asimismo, por la existencia de redes de narcotráfico y reductos de grupos paramilitares, ahora bandas criminales. A pesar de las imperfecciones de cada

También estaba el Movimiento Revolucionaria Túpac Amaru (MRTA), pero su aporte, porcentualmente hablando, al total de víctimas fue mínimo en comparación con el de SL.

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proceso, los tres en general lograron reducciones significativas y nada despreciables de las muertes relacionadas con la guerra, y en los casos de negociación, espacios de participación política como en El Salvador y Colombia. El Salvador hoy en día presenta un inmenso desafío por cuenta de la presencia y violencia generada por las pandillas, violencia que algunos relacionan con la terminación del conflicto. Sin embargo, a casi 30 años de la firma de los acuerdos, esta realidad se explica por otras dinámicas no directamente relacionada con la reincorporación de la guerrilla, sino de pobreza, exclusión, falta de oportunidades, debilidad estatal, desempleo y desestructuración familiar por la diáspora y búsqueda de oportunidades en otros países.

Los vaivenes de los regímenes políticos en América Latina Del régimen político hacen parte las organizaciones formales e informales que determinan quién puede usar el poder del Estado y para qué, es decir, las reglas que regulan las relaciones entre los que ostentan el poder y los que lo pretenden (Goodwin, 2001, p. 12). Esto significa que el papel del régimen político en el posconflicto es protagónico, como regulador de las acciones entre los diferentes grupos convocados e interesados en la construcción de la paz. El talante del régimen político encamina el resultado del proceso de construcción de paz y el respeto por lo consignado en los acuerdos negociados, y cuando la salida es armada, la forma en cómo se ganó la guerra le aporta o resta legitimidad al proceso. El objetivo en esta sección es establecer cómo han sido clasificados los regímenes políticos de los tres casos de estudio, principalmente, antes y después de las negociaciones de acuerdos de paz o de salidas armadas a los conflictos. Identificar los tipos de regímenes políticos que imperaron en cada país permite conocer la plataforma institucional con la que contaban para enfrentar el proceso de construcción y consolidación de la paz. Cómo saber, ¿qué tipo de régimen político tiene un país? Para esto se usará la clasificación de Polity Project (Center for Systemic Peace, s.f.)8, que asigna puntajes anuales a 167 países desde 1946, mostrando cambios políticos, retrocesos autocráticos, golpes, autogolpes, fracasos de autoridad central, revoluciones, estados fallidos y golpes militares.

La clasificación de Polity Project es la siguiente: con 10 califican a las democracias plenas (DP). Entre 6 y 9 puntos a las democracias (D). Entre 1 y 5 las llamadas open anocracy o anocracia abierta (AA). Entre -5 y 0 closed anocracy o anocracias cerradas (AC). Un puntaje de entre -6 a -10 autocracias (A). Por debajo de este último puntaje estarían los estados fallidos (EF). Con el término anocracy o anocracia que hace referencia a un tipo de régimen político en el que las instituciones y las élites locales son incapaces de llevar a cabo tareas fundamentales y garantizar estabilidad y continuidad política del país, en otras palabras, son inestables, ineficaces y vulnerables (Marshall y Cole, 2014, p. 21). Esta es, para Polity Project, una categoría intermedia entre democracia y autoritarismo, aunque con matices, ya que proponen dos categorías para democracia y dos para anocracia. Traducción propia.

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En las siguientes figuras (2, 3 y 4), se observa la trayectoria del régimen político de Colombia, Perú y El Salvador, desde 1945 a 2015. Desde esta perspectiva es importante preguntarse qué dice cada uno de los casos a la luz de las coyunturas de guerra y construcción de paz, para un ejercicio comparado que muestre con qué tipo de régimen político se contó para la construcción de paz, sea producto de negociaciones o de triunfo militar.

La figura 2 muestra la trayectoria del régimen político colombiano. Se observa cierta estabilidad desde mediados del siglo XX, de hecho, con ascensos y progresos en su calificación, que coinciden con la terminación del Frente Nacional en 1974 y con el proceso constituyente de 1991, que también coincide con la firma de acuerdos con la guerrilla del M-19 y del EPL. Desde 1998, el régimen político colombiano calificado como democracia por estar en el rango entre 6 y 9, comenzó un proceso de deterioro que lo dejó apenas por encima de los 6 puntos, después de haber estado cerca a los 9 puntos, con lo cual sigue siendo democracia, pero muy cerca de la categoría anocracia abierta9. La figura muestra datos hasta el 2015, justo en la víspera de la firma de los acuerdos con las FARC, en 2016. No obstante, la tendencia es la misma desde finales de la década de 1990, con una clasificación que aún lo mantiene en la categoría de democracia, apenas por encima de 6, muy cerca de la anocracia abierta. Figura 2. Tendencia autoritaria en Colombia de 1946-2013.

-2

-4

-6

-8

-10

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

C X Fuente: Marshall y Gurr (2014a).

Categoría que designa un régimen político en el que las instituciones y las élites locales son incapaces de llevar a cabo tareas fundamentales y garantizar la estabilidad política (Marshall y Cole, 2014, p. 21).

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La figura 3 establece la trayectoria del régimen político peruano. La inestabilidad es evidente desde que empieza la evaluación a mediados del siglo XX. La mayor parte del tiempo, el régimen político peruano no ha sido democrático, solo hasta el 2002 en el que se clasificó sobre 9, a 10 años de la derrota del SL. Durante el conflicto de la década de 1980, después de la dictadura militar y la transición a la democracia, obtuvo una calificación por encima de 6 para aparecer como democracia; para después registrar una estrepitosa caída iniciando la década de 1990, en la que llegó a ser evaluado el régimen peruano con -4, en la categoría de anocracia cerrada. La caída en la clasificación empezó cuando el Estado peruano doblegó al SL, lo que significa que el proceso de estabilización pacífica, en Perú, después de la guerra civil, se dio bajo un régimen que no era democrático y que estaba aún lejos de serlo; sin embargo, logró disminuir el ciclo de violencia. Lo anterior, tiene relación con la teoría que sostiene que los regímenes autocráticos o democracias plenas son más estables que las semidemocracias, y Perú en ese momento era un régimen autoritario.

Figura 3. Tendencia autoritaria en Perú de 1946-2013.

-2

-4

-6

-8

-10

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

X X X A C C Fuente: Marshall y Gurr (2014c).

En la figura 4, se puede observar la trayectoria del régimen político salvadoreño. Más que vaivenes e inestabilidad como en Perú, El Salvador desde mediados de siglo XX hasta prácticamente la década de 1980 fue clasificado negativamente, lo que significa que estaba entre la anocracia cerrada y la autocracia. Su repunte a 6 coincide con la firma de los acuerdos de paz con el FMLN en 1992, lo

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cual indica que el régimen político salvadoreño encargado de construir una paz estable y duradera era una joven democracia, cerca de ser una anocracia abierta, que apenas despegaba, sin ninguna tradición de instituciones democráticas, a diferencia de Colombia que tenía una tradición histórica democrática mayor que la salvadoreña.

Figura 4. Tendencia autoritaria en El Salvador de 1946-2013.

-2

-4

-6

-8

-10

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

A C A A C C C C Fuente: Marshall y Gurr (2014b).

Aquí se abordan tres casos que superaron parcial o completamente sus conflictos por vía negociada o por vía militar. Asumieron la construcción de paz bajo diferentes regímenes políticos, como ya se explicó. Unos más estables y democráticos que otros, y con profundas variaciones entre ellos. Por esto, cabe preguntarse: ¿qué implicaciones tuvieron estás trayectorias en el posconflicto? La respuesta puede ser: en el caso colombiano con más dificultades y una superación parcial de la violencia, a pesar de ser el más democrático. El peruano con una mejor estabilización a pesar del deterioro democrático que lo llevó al autoritarismo. Y el salvadoreño “estrenándose” como democracia sin tradición histórica y con una superación de la violencia política mejor que la colombiana.

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La relación teoría-evidencia: regímenes políticos y consolidación de paz Aquí se sostiene que el régimen político sí juega un papel fundamental en la construcción y consolidación de la paz, pero que contrariamente a lo que propone la teoría de la paz democrática, la democracia per se, o más tradición democrática, no es garantía de éxito en el proceso de construcción de paz. ¿Cómo opera la relación teoría-evidencia expuesta?

Las teorías relacionadas proponen que, entre más democracia, más paz, o más capacidad institucional para construir y consolidar la paz. Sin embargo, lo que aquí se sostiene es que esta idea no siempre es así y que también depende de otras variables claves. Colombia, el caso de más tradición democrática de los tres, es el que ha registrado más dificultades en la consolidación de la paz, con un aumento de la violencia política y selectiva contra determinados sectores sociales y políticos. Esta realidad controvierte la teoría de la paz democrática, pero se alinea con la propuesta que sostiene que las semidemocracias tienen más inestabilidad y más probabilidad de caer en ciclos de violencia (Boswell y Dixon, 1990; Fearon y Laitin, 2003; Hegre et al., 2001). Esto significa que el régimen político colombiano presenta rasgos de democracia, como lo muestran las clasificaciones abordadas, pero que apenas sobrepasa la categoría de anocracia abierta. Es decir, presenta una convivencia de rasgos democráticos con los de una anocracia abierta, más cercano a esta última por la inestabilidad e ineficacia política. Desde la evidencia, lo anterior se sostiene porque una de las principales mediciones del “éxito” de una negociación de paz es la disminución de la violencia, y el caso colombiano está presentando repuntes. Además, hay situaciones contextuales que hacen la diferencia. En Colombia no hubo una unificación de las guerrillas de izquierda, como sí sucedió en El Salvador en 1980, lo que dificulta procesos de negociación por la atomización de la izquierda armada, una de las causas de la prolongación del conflicto por décadas. El caso peruano resulta el más atípico de los tres y refuerza la propuesta de la inestabilidad de las semidemocracias o anocracias abiertas con las cuales es más difícil consolidar la paz. Perú construyó la paz con base en la victoria militar de un régimen político que en la década de 1990 se alejaba cada vez más de la democracia, y que se identificó más con el autoritarismo, lo que en la clasificación aquí usada se llama anocracia cerrada. A pesar de esto, luego de la derrota del SL hubo una significativa disminución de la violencia direccionada contra determinados sectores políticos.

El caso salvadoreño es más parecido al colombiano que al peruano, por ser también una paz negociada. La interacción teoría y evidencia muestra que, en tanto democracia joven con tradición autoritaria, tuvo un “éxito” relativo, al bajar los índices de la violencia relacionada con la guerra y la direccionada contra

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sectores políticos y sociales. Aunque hay importantes diferencias contextuales. La guerrilla del FMLN fue la unión de diferentes grupos armados de izquierda, no hubo atomización, entonces, la negociación fue en bloque, lo que garantiza una reincorporación prácticamente completa de los grupos armados de izquierda. La representación política de la derecha y la izquierda fue efectiva, tuvieron garantías reales de participación e inclusión en el ejecutivo y en el legislativo. Mientras que, en Colombia, la izquierda armada ha estado atomizada, hay poderosas redes de narcotráfico y ejércitos paramilitares que dificultan una construcción de paz completa.

La democracia, si no es plena y es más una semidemocracia, va a presentar más dificultades para consolidar la paz, y más aún cuando hay diferencias contextuales que dificultan el proceso. Paradójicamente, los autoritarismos o anocracias cerradas, como en el caso peruano, logran una mejor consolidación de la paz, porque los autoritarismos tienen control y cierta estabilidad basada en el miedo. Un régimen autoritario puede llevar a cabo su agenda sin negociar con los pesos y contrapesos de poder, además, reduce la oposición a su mínima expresión. Una semidemocracia deseosa de consolidar la paz después de una negociación siempre tendrá más obstáculos, más aún cuando tiene dificultades contextuales, que un autoritarismo que desactiva el conflicto por la vía militar y quiere construir una estabilización pacífica unilateral, sin controles democráticos.

Conclusiones El tipo de régimen político sí juega un papel fundamental en la consolidación y construcción de una paz estable y duradera. Los casos aquí abordados demuestran que no siempre un régimen político con más tradición y estabilidad democrática es el adecuado para construir una paz estable y duradera. Paradójicamente, los autoritarismos pueden lograr una mayor estabilidad en la etapa del posconflicto; en otras palabras, y en la misma vía del planteamiento teórico, las democracias plenas y los autoritarismos logran mejor la consolidación de la paz que los regímenes políticos intermedios. Esto no significa que tanto democracia como autoritarismo usen las mismas instituciones y vías para lograrlo, ya que su naturaleza y arsenal institucional difieren notablemente. A pesar del papel fundamental del régimen político, también se identificaron factores contextuales claves a la hora de construir la paz y que variaron en presencia e intensidad en cada uno de los tres casos. Los cuales están relacionados con la naturaleza y unificación de la izquierda armada, así como el camino de terminación de las confrontaciones: negociada o armada. Cada uno de estos aspectos significó importantes variaciones que al combinarse con el tipo de régimen político generaron diferentes resultados y desafíos en la construcción de una paz estable y duradera.

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Colombia no clasifica como democracia plena, a pesar de ciertas manifestaciones democráticas, tiene falencias y deudas históricas que no permiten que funcioné institucionalmente como democracia en todo sentido. Es por eso que tiene dificultades para construir la paz, por sus imperfecciones democráticas, institucionales y sus dificultades contextuales. No obstante, Colombia, de los tres casos, presentó más tradición y estabilidad democrática, pero, paradójicamente, expuso los mayores índices de violencia, durante la guerra, y aún después de la firma de los acuerdos con las FARC presenta grandes retos de consolidación. El caso salvadoreño guarda semejanza con el colombiano por la finalización del conflicto por la vía negociada; pero opuestos en el comportamiento histórico del régimen político. El Salvador durante décadas fue un régimen autoritario ligado a los militares, que se acercó a la democracia gracias a la firma de los acuerdos de 1992. La transición de 1992 no significó que el régimen político fuera una democracia plena, pero sí favoreció el proceso. La posibilidad de negociar con toda la izquierda armada al tiempo, aseguró que no quedaran reductos de grupos armados de izquierda operando. Además, tanto izquierda como derecha quedaron representadas en dos partidos políticos (FMLN y Arena). Esta situación se tradujo en un contexto menos complejo que el colombiano para la construcción de paz.

Finalmente, Perú en 1992 estaba en el camino hacia el autoritarismo pleno. Lo que le permitió actuar contra el SL, sin el respeto por las normas que impone una democracia. Esta situación le facilitó no solo vencer por la vía militar al SL —una guerrilla jerarquizada que no podía operar sin su cabeza visible—, sino también consolidar la paz con base en un triunfo militar, no en una negociación que obliga a ceder y concesionar. Un régimen político autoritario puede construir una “aparente paz” basada en imposición, no en negociación o apertura de espacios para la oposición política, aunque aquí hay un factor contextual que hizo la diferencia: el nulo apoyo social con el que contó SL, que llevó a la ciudadanía a apoyar las estrategias del régimen político contra el grupo guerrillero. Referencias Betancur, B., Figueredo Planchart, R., Buergenthal, T. y Comisión de la Verdad para El Salvador. (1993). De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador [informe]. Comisión de la Verdad para El Salvador; Organización de la Naciones Unidas (ONU). https://digitallibrary.un.org/ record/183599?ln=es#record-files-collapse-header Boswell, T. y Dixon, W. J. (1990). Dependency and rebellion: a cross-national analysis. American Sociological Review, 55(4), 540-559. https://doi.org/10.2307 /2095806

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Transformaciones en el relacionamiento de Colombia con Ecuador y Venezuela a partir del posconflicto1 Emilmar Sulamit Rodríguez Caldera* David González Cuenca**

Este capítulo de libro es resultado del proyecto de investigación INV DIS 2568 denominado “Internacionalización de Colombia en América Latina y el Caribe a partir de un escenario de posconflicto”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

* Licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, profesional de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Docente investigadora del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico: emilma.rodriguezc@unimilitar.edu.co ** Magíster en Relaciones y Negocios Internacionales y profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Docente investigador del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Líder y miembro del Grupo de Investigación PIREO. Correo electrónico: dagocrack@gmail.com; david.gonzalez@unimilitar.edu.co

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Introducción El conflicto armado que ha sofocado a la nación colombiana desde hace más de 70 años, ha tenido una clara incidencia en la manera en cómo se define la política exterior y en el modo en el que esta ha sido ejecutada por los gobiernos a cargo. La República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela (Estados con los que Colombia comparte frontera y un origen común), se han visto afectados por el auge de la violencia y las conductas ilícitas de los grupos colombianos al margen de la ley, los cuales también han establecido una vinculación ideológica y geoestratégica con los gobiernos regentes de dichos países durante los años que han transcurrido del siglo XXI.

En el presente capítulo, se pretende dilucidar cómo fue el proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano que generó la transformación de las relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela, tras la firma del Acuerdo de Paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Internacionalización del conflicto armado interno de Colombia El gobierno de la República de Colombia, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), en concordancia con las FARC-EP, expresaron mediante la firma del denominado Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (26 de febrero de 2012) que las partes o actores preponderantes formalmente se reconocen entre sí y, al mismo tiempo, establecen la hoja de ruta a seguir para la consecución de un objetivo común: poner fin al conflicto.

Tras más de setenta años de desarrollo del conflicto armado interno en Colombia, hace apenas veinte se inició con la configuración de la estrategia de vincular actores extranjeros en el conflicto. En primer lugar, las FARC-EP, que siempre han tenido un vínculo cercano con fuerzas irregulares extranjeras o con gobiernos heterodoxos del sistema internacional, presentan alrededor de la década de 1990 una estrategia que se soportaba en una diplomacia paralela a la del Gobierno colombiano. A partir ella, se establecen oficinas de aproximación internacional con grupos no estatales para ampliar la difusión de la ideología del grupo guerrillero en el extranjero.

Esta estrategia tuvo tanto éxito que ciudadanos europeos, particularmente, congeniaron con lo presentado por las FARC-EP llegando incluso a viajar al territorio colombiano para ser parte del grupo.

Como respuesta a estas acciones de las FARC-EP, para el periodo 1998-2002, el expresidente Andrés Pastrana presentó la estrategia denominada “Diplomacia para la paz”, la cual buscaba contrarrestar los espacios internacionales que la

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guerrilla había ganado y, además, generar un reconocimiento internacional del grupo como narcoterrorista, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; hecho que atrajo una atención particular sobre los fenómenos terroristas.

En esta estrategia, además se vinculaba el fenómeno del narcotráfico como parte de la financiación de las acciones terroristas, con lo que el Gobierno de Colombia enfocó las miradas internacionales hacia el conflicto colombiano y logró cooperantes para combatir a las FARC-EP. Entre ellos, el mayor cooperante fue Estados Unidos, quien a partir del Plan Colombia inyectó grandes recursos para desarrollar la guerra contra las drogas, que conectaba a las FARC con este tema, al ser denominada como un grupo narcotraficante. Por otro lado, países como Noruega, Alemania, Reino Unido y España se sumaron en diferentes niveles al aporte para finalizar el conflicto armado, algunos más tendientes a un factor humanitario y de construcción de escenarios de paz, como Noruega y Alemania, y otros, a partir de identificar como terrorista al grupo armado, en el caso de Reino Unido y España, que padecían en sus territorios el flagelo del terrorismo.

En América Latina, particularmente en la región andina, para la misma época, los países fronterizos con Colombia tomaban parte del conflicto armado de una manera un tanto despreocupada. Venezuela y Ecuador servían como corredores estratégicos para que las células delincuenciales de la guerrilla se refugiaran, escapando de enfrentamientos militares que se intensificaban cada vez más.

Esta situación perduró incluso durante los dos períodos presidenciales siguientes (2002-2010), en la que la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe garantizó los recursos de cooperación militar para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, afianzando, en consecuencia, los lazos con la potencia del norte.

La confrontación en Colombia incorporó actores nacionales y extranjeros, que desde su campo de acción incidieron en la determinación de las lógicas y dimensiones del conflicto; es decir, desde un plano netamente doméstico traspasó las fronteras que comparte con Ecuador y Venezuela. Igualmente, se convirtió en un punto de suma importancia en la agenda latinoamericana, especialmente por los estrechos lazos entre Colombia y Estados Unidos; además de la inclusión de otros países al entramado del conflicto, por ejemplo, el caso de Cuba y Noruega como países garantes de las negociaciones de los acuerdos de paz con las FARC, firmados en el Teatro Colón en noviembre de 2016. A este proceso de expansión y participación externa de diversos actores se le denomina internacionalización del conflicto.

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La internacionalización del conflicto, para Sandra Borda, está definida como “una decisión explícita y consciente, aunque condicionada por el escenario internacional, de incluir a agentes externos —principalmente Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas— en el desenvolvimiento de las confrontaciones armadas internas” (s.f., párr. 1). Desde la perspectiva posestructuralista, planteada por Rodríguez Pinzón (2017), este proceso de internacionalización representa un cambio en la política exterior colombiana con el propósito de explicar el surgimiento del conflicto, la existencia del narcotráfico en el país y el resurgir de Colombia como un actor pleno en el Sistema Internacional. Todo ello, se sustenta en la construcción discursiva y conceptual que se desarrolló en torno al conflicto, acuerdo y posacuerdo.

Para la profesora Rojas Rivera (2002), este proceso responde a la conjunción en un momento determinado de temas de las agendas doméstica e internacional, borrando la línea de división entre dichas esferas. A partir de este planteamiento, Colombia hizo una transición como un país “problemático” a ser un país que “escenifica los mayores riesgos y peligros de la seguridad regional” (p. 101).

Así, entonces, se puede identificar la internacionalización del conflicto como una estrategia que, a partir de varios paradigmas de las relaciones internacionales, es implementada por las partes del conflicto, la cual requiere de la participación o intervención de otros actores bajo diversas figuras, de acuerdo con los mecanismos de resolución de conflictos. De este modo, rompiendo con la separación de lo externo y lo doméstico, se genera el concepto de interméstico, replanteando los discursos y permitiendo la construcción de nuevos valores e identidades (desde el enfoque constructivista), al tiempo que genera nuevos mecanismos de entendimientos y reglas de funcionamiento (desde un enfoque institucionalista).

Según Trujillo Currea (2012), existen tres explicaciones o combinaciones de ellas, que permiten comprender el involucramiento o intervención de otros actores del Sistema Internacional en un conflicto ajeno a la realidad de ellos:

1. Intervención de un tercero, directa o indirectamente, a propósito de intere-

ses humanitarios o nacionales.

2. Motivados por una estrategia militar o política; uno de los actores del

conflicto solicita la participación de un tercero.

3. El desbordamiento del conflicto en las fronteras; generando el contagio a

través de refugiados, tráficos ilícitos, zonas de retaguardia, incursiones, entre otros (p. 579).

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En la primera explicación que presenta Trujillo Currea, la intervención de un tercero está asociada a la afectación por externalidades del conflicto, las cuales, conforme a los intereses nacionales, estimulan bien sea la cooperación o el conflicto con los vecinos. Cabe destacar que son los agentes nacionales quienes determinan cómo será la participación de los externos, que en palabras de Tickner (2007), esta se denomina “intervención por participación”, ya sea, por la búsqueda de alianzas para la contención de fuerzas —internas o externas, o de la dualidad del amigo/ enemigo—, que corresponde a una “rígida lógica militar de oposición […] para crear el concepto de ‘enemigo interno’, transformando al adversario político en enemigo” (Leal Buitrago, 2003, p. 84).

La segunda explicación de la internacionalización del conflicto está asociada a la participación de actores estatales externos —por solicitud de uno de los actores afectados del conflicto— que, en concordancia con los principios de igualdad, soberanía y autonomía del Estado afectado, pueden decidir si intervenir o no porque cuentan con motivaciones particulares de carácter político, económico, humanitario, entre otros, sin que ello perjudique su interés nacional. Con el objetivo común de lograr la estabilidad democrática, respeto a los derechos humanos y la seguridad, el conflicto colombiano se regionalizó en el continente. Este un punto de discusión en el seno de las instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mayor promotor han sido los Estados Unidos; lo que dio como resultado la securitización de la agenda, motivado por el “reconocimiento internacional sobre la existencia de consecuencias internas y transnacionales derivadas del conflicto colombiano, que percibidas bajo la lógica de amenaza regional y de seguridad, convierten a este en un problema que exporta sus consecuencias” (Cancelado, 2012, p. 167). La tercera explicación apunta a que es “una decisión propia de las partes del conflicto que consideran necesario buscar en el extranjero fuerzas que impulsen su motor militar o un proceso de paz” (Trujillo Currea, 2012, p. 581). Acciones hemisféricas ante el conflicto armado interno Para comprender las explicaciones sobre la internacionalización del conflicto, merece la pena hacer algunas acotaciones vinculadas a la dimensión regional de la situación colombiana o como lo señala Ramírez, “‘la amenaza’ a la seguridad estatal o humana en la región andina” (2004, p. 57), cuyas causas inicialmente están asociadas a la interacción entre actores legales e ilegales dentro de los espacios fronterizos, así como los gobiernos de los Estados, y la afectación directa en los países vecinos.

La Comunidad Andina ha jugado un papel fundamental, pero de baja proporción en la determinación de los países miembros para cooperar, coordinar y ejecutar políticas e incentivos subregionales capaces de superar la

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actuación de los grupos armados colombianos y el desborde de las consecuencias del conflicto.

Desde la década de 1990, la participación más férrea fue de los Estados Unidos a través de apoyo, cooperación técnica, económica y militar para contribuir a la resolución del conflicto colombiano, fue aquí cuando se internacionalizó el conflicto por considerarse como una amenaza regional (directa o indirecta). Una rápida mirada a las Conferencias de los Ministros de Defensa Americanos da cuenta de ello y del énfasis existente en la agenda regional para tratar la democracia, seguridad, lucha contra el narcotráfico y demás acciones contra la guerrilla. Por ejemplo, en la Primera Conferencia, en la que se acordaron los Principios de Williamsburg, se puede destacar “[…] que la seguridad mutua reposa en la preservación de la democracia” y que es necesario “promover una mayor cooperación en defensa para responder a las necesidades de seguridad, incluido el narcoterrorismo” (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 1995, párr. 1). Así, se “promovió la adopción del Convenio de Transparencia en la adquisición de Armas como un paso para aumentar la seguridad hemisférica y reducir el riesgo del conflicto”; además de manifestar el “pleno respaldo a la iniciativa de paz interna emprendida por el Gobierno de Colombia” (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 1998, párrs. 15, 24).

Durante la IV Conferencia, en la Declaración adoptada por los ministros, se resaltan los siguientes puntos: continuar con los esfuerzos de la lucha antidrogas y actividades criminales trasnacionales que representen desafíos singulares vinculados a la seguridad y a la estabilidad de la región (Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2000). Además, el más importante, la condena a todas las formas de terrorismo, por ende, debe estimularse la cooperación hemisférica tomándose en cuenta que son una amenaza a las democracias de la región. Esto impactó en las agendas bilaterales colombo-ecuatorianas y colombo-venezolanas porque la variable de securitización debía ser incluida en los encuentros gubernamentales de alto nivel. Intervención de Estados Unidos en el conflicto armado El proceso de paz en El Caguán, desarrollado bajo el mandato de Andrés Pastrana Arango, resultó deplorable para el Estado colombiano; pues pese a la desmilitarización de 42 000 kilómetros en el sur del país para facilitar los diálogos, no hubo intención de las partes (Gobierno–FARC) para el entendimiento, ni mucho menos la firma de acuerdos.

Estados Unidos afianzando su posición en la región como garante de la paz y la estabilidad democrática, correspondiendo a los compromisos suscritos en el marco de la OEA, se incorpora al tratamiento del conflicto colombiano bajo la figura de participación por invitación y lo hacen con la implementación del Plan

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Colombia; a través del cual, se otorgó asistencia técnica en operaciones militares, armamento, aviones de combate, entre otros aspectos, recrudeciendo las tensiones entre las partes en conflicto. Esas acciones generaron nuevos planes para América Latina, filtrados estratégicamente por Colombia, alterando las relaciones interfronterizas (Cadena Montenegro, 2007).

Previa a la articulación y puesta en marcha del Plan Colombia (1998-2002), la agenda bilateral entre 1993 y 1997 ya se encontraba narcotizada. Durante los dos periodos de mandato de Álvaro Uribe (2002-2010) la política de Seguridad Democrática contó con el respaldo del expresidente estadounidense George Bush Jr., enfocada en la lucha antiguerrilla y la llamada guerra contra el terrorismo, plasmado en tres planes de las Fuerzas Militares colombianas: el plan Patriota (2004), el plan Victoria (2006) y el plan Consolidación (2008). Posteriormente, en la era presidencial de Obama, en EE. UU., y Santos, en Colombia, se puso en marcha el plan Paz Colombia (2017) para continuar con el apoyo militar y la inclusión de ayuda para las víctimas, así como para la justicia, el desminado, el desarrollo rural y la incorporación de exguerrilleros. Sin ánimos de desconocer las implicaciones de la situación doméstica en Venezuela, Jaramillo-Jassir (2008) considera que, ha sido sobredimensionada y utilizada como excusa para no enfocar la atención en los problemas que verdaderamente aquejan a la región, parte del argumento es que, si bien Colombia “ha sido uno de los países que más ha sufrido por la situación de sus vecinos; el estado de convulsión política constante en Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia ha afectado al país” (2008, p. 96).

Desde esta perspectiva podría catalogarse que, la participación de Estados Unidos obedece a lógicas aisladas al conflicto colombiano y a la coyuntura regional. De hecho, en la primera década del siglo XXI, Ecuador y Venezuela, bajo el mandato de Rafael Correa y Hugo Chávez, respectivamente, afirmaron que por causas del intervencionismo norteamericano los problemas que aquejan a la región latinoamericana y al mundo son más profundos. Estas contradicciones asociadas al modelo económico, las ideologías políticas y diversos sistemas de gobierno aplicados en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, deben ser integradas al análisis de la internacionalización y regionalización del conflicto interno colombiano, para dar paso a la diplomacia presidencialista, particularmente, a partir de los liderazgos de Uribe, Correa, Chávez y Bush; posteriormente, Duque, Moreno, Maduro y Trump. Tras la toma de posesión como presidente de Barack Obama en EE. UU., en 2009, y de Juan Manuel Santos en Colombia, en 2010, como lo señalan González et al. (2019), la política colombiana se orientó al restablecimiento de diálogos y el entendimiento con sus vecinos, apostado al multilateralismo sin dejar de lado a

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la estrella del Norte (2019, p. 77). Es decir que, se mantiene el Respice pollum2, pero con una disminución del énfasis, ante lo que el Respice similia3 retorna en este periodo bajo el panorama de la reactivación de las relaciones con los países del continente en términos económicos y, también, se fortalece con el aumento de la presencia diplomática en todo el mundo —Respice omnia4—, aprovechando el escenario para fortalecer el proceso de paz con las FARC; en la cual intervienen como países amigos y garantes del proceso, diferentes a los países del continente como Estados Unidos, Venezuela, Chile, y algunos de Europa como Noruega y España, entre otros.

Grosso modo, la participación estadounidense es el resultado de la combinación de las tres explicaciones de internacionalización del conflicto; sin embargo, estimulada por una estrategia militar que, a su vez, derivó en la securitización de la agenda regional, a partir de las Conferencias de los Ministros de Defensa Americanos. Con ella, generó inestabilidad y desconfianza en los vecinos —Ecuador y Venezuela—, que por la combinación del desbordamiento del conflicto en sus fronteras y su ofrecimiento como mediadores o buenos oficiantes entre el Gobierno y las FARC, son partes del conflicto. Venezuela y Ecuador en relacionamiento y distanciamiento constante desde la internacionalización del conflicto Colombia comparte con Ecuador 856 km de frontera y con Venezuela 2219 km; espacios fronterizos que han sido catalogados como porosos y que, por la expansión del conflicto, son receptores de los flagelos como el narcotráfico, la explotación de minerales, la trata de personas, los cultivos ilícitos, el deterioro ambiental, el desplazamiento forzado, entre otros; además de convertirse en el escenario donde la ausencia del Estado ha permitido la concentración de grupos armados al margen de la ley.

Al respecto, Cancelado expresa que, Ecuador “ha sufrido el desplazamiento de las guerrillas, especialmente de las FARC, hacia su territorio” (2012, p. 165), lo que provocó incursiones militares colombianas en territorio ecuatoriano; por ejemplo, la Operación Fénix en 2008, ante la cual, el Gobierno de Ecuador sostuvo que: “cuando las tropas ecuatorianas lograron entrar al área del bombardeo, constataron la presencia de 12 cadáveres [...]. Asimismo, habrían identificado 10 cráteres provocados por el bombardeo y […] habrían hallado armamento, munición y explosivos presuntamente de propiedad de las FARC” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010). También se vieron afectados

“Mirar hacia el norte”.

“Mirar a tus semejantes”.

“Mirar hacia el universo”.

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por las aspersiones con glifosato realizadas por autoridades colombianas con la finalidad de erradicar cultivos de hoja de coca y marihuana; decisión que tuvo repercusiones ambientales, sociales y económicas en Ecuador y provocó el debilitamiento en las relaciones políticas-diplomáticas entre las dos naciones andinas.

Tras estos hechos, con el propósito de superar mancomunadamente las problemáticas de carácter político, económico, social y otras, en los espacios fronterizos, los tres Estados andinos (Colombia, Ecuador y Venezuela) manifestaron su disposición para el establecimiento de mecanismos de diálogo y entendimiento por medio de las Comisiones de Vecindad (CV) y las Zonas de Integración Fronterizas (ZIF) (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). La CV con Ecuador fue creada el 20 de junio de 1989, cuyo funcionamiento ha sido irregular, puesto que, su naturaleza está ligada al tratamiento de temas puntuales —por ejemplo, la infraestructura—; lo que indica que desde este mecanismo ha sido escasa la discusión o el abordaje del conflicto colombiano. En el caso de las relaciones con Venezuela, Beltrán y Afanador (2011) identifican tres grandes etapas en los siglos XX y XXI. La primera fue de 1952 a 1989, circunscrita a roces o diferencias políticas en torno a diferendos limítrofes — como comúnmente se denominan—, se decía entonces que las relaciones estaban golfizadas. La segunda etapa comprende desde 1990 a 2001, en la que la agenda económica se impone a la política, al punto de que “los logros económicos descongestionan lo político y generan instancias de cooperación para solucionar los roces diplomáticos y proyectar la integración política a nivel regional” (p. 124). Tras suscribir el Acuerdo de Caracas (febrero de 1989), los gobiernos de Colombia y Venezuela iniciaron las conversaciones para el establecimiento de la Comisión de Vecindad; sin embargo, fue con la Declaración de Ureña (marzo de 1989), que se establecieron funciones, específicamente, “al estudio de convenios sobre el tránsito de personas, bienes y vehículos, integración económica fronteriza, planificación conjunta del desarrollo urbano, uso y preservación de los recursos naturales” (Obregón y Nasi, 1989, p. 5). Al igual que con la CV colombo-ecuatoriana, el tema del tratamiento del conflicto interno no fue incluido en la CV con Venezuela, ya que las prioridades e intereses estaban orientadas al plano de delimitación fronteriza, así como al impulso económico de dichos espacios; aunado al desinterés de Colombia en la participación de terceros en sus asuntos domésticos.

En la etapa inicial del conflicto, la intervención externa no fue contemplada por las partes en confrontación, puesto que tanto los actores como los flagelos eran catalogados de orden interno; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, los cambios en la distribución de poder y el uso de la fuerza a

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favor de los grupos al margen de la ley, debilitaron las instituciones gubernamentales, mermando la capacidad del Estado para responder a las amenazas. Dichos grupos crecieron exponencialmente (posesión de territorios, armas, intimidación, narcotráfico, despojo de bienes y tierras, entre otros), generando la internacionalización, la cual, para el caso de Venezuela y Ecuador, se realizó simultáneamente por varias vías, desde lo doméstico y lo externo. Los diferentes gobiernos en Colombia manifestaron la intención de invitar a otros agentes a participar, por ejemplo, durante la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), aunque el manejo fue nacional, se informó la intención de humanizar y buscar la solución pacífica del conflicto, a través de las suscripción de instrumentos internacionales relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos como el Segundo Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para promover y respetar el Derecho Internacional Humanitario; además, de la instalación por primera vez de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo, el Gobierno nacional y otros actores internos decidieron que era necesario la búsqueda de apoyo de agentes externos. Por ello, las FARC plantearon una clara estrategia de internacionalización a partir de la década de 1990, enfatizada hacia los vecinos, aprovechando la porosidad de las fronteras, expandiendo su margen de acción y, también, las dinámicas propias del conflicto. El objetivo de dicha decisión fue “el principal motivo por el cual los insurgentes desbordan el conflicto hacia los países vecinos con la posibilidad de evadir el accionar de la fuerza pública contra la que se enfrentan, adquiriendo así una ventaja fundamental” (Trujillo Currea, 2012, p. 585). Durante el proceso de internacionalización del conflicto hacia finales del siglo XX, el papel de los vecinos tomó mayor relevancia y estos se ven en la necesidad de centrar la atención en el mismo, enfocando los esfuerzos “al establecimiento de instrumentos y herramientas sólidas de política exterior, de este modo, se incentiva la internacionalización subregional” (González y Rodríguez, 2017, p. 351). En cuanto a la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus dos mandatos (2002-2010): “significó una relativa recuperación del control territorial y un importante retorno al monopolio de la fuerza al ser desmontados los grupos paramilitares, aunque fuera parcialmente” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 46). Esto aumentó la confrontación con los vecinos, Ecuador y Venezuela, por las posiciones ideológicas y políticas encontradas de los mandatarios de dichos países. En cuanto a Ecuador, el estrecho vínculo entre Estados Unidos y Colombia, alteró la estabilidad bilateral; punto aprovechado por las FARC para el establecimiento de mayores lazos con sectores políticos y económicos ecuatorianos.

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Internacionalización de la paz en Colombia Con la toma de posesión del Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, en agosto de 2010, se dio un viraje en el manejo de la política exterior, restableciendo la comunicación con Venezuela, así como los vínculos diplomáticos de ambos países mediante la Declaración de Principios (10 de agosto de 2010), con los cuales se regirán las relaciones diplomáticas con base en un diálogo transparente, directo y respetuoso (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013). […] En tal Declaración se estipula que el entendimiento entre ambos países se hará de acuerdo a los principios de no injerencia en los asuntos internos, respeto a la soberanía e integridad de los Estados; bajo el cumplimiento del derecho internacional. (Rodríguez y Molina, 2015) En marzo de 2011, se dio la primera reunión exploratoria para finalizar el conflicto entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Esta reunión fue llevada a cabo en una población cercana a la frontera venezolana, se extendió por casi un año y, particularmente, tuvo la característica de ser afectada por el asesinato de Alfonso Cano, comandante de las FARC, el 4 de noviembre de este año, lo que generó una gran perturbación en el desarrollo de los diálogos desarrollados hasta ese momento. Sin embargo, la convicción y la necesidad de darle fin al conflicto armado mantuvo centradas las discusiones, al punto de llevar estas reuniones exploratorias a La Habana, Cuba, el 24 de febrero de 2012; acto que expuso ante la opinión pública el compromiso de ambos actores por establecer un diálogo más formal.

El 26 de agosto de 2012 se firmó entre las partes el denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, estableciendo los temas de la agenda de la negociación y las características ideológicas en las que se iba a basar el entendimiento, los intereses de los actores en el desarrollo de las negociaciones y el objetivo final de estas. No obstante, fue hasta el 4 de septiembre cuando salió a la luz pública la firma de dicho acuerdo, generando reacciones encontradas en los diferentes escenarios políticos de Colombia y en la población civil, polarizando la opinión general ante la eventual terminación del conflicto más largo de América Latina. Las posibilidades que presentaba la negociación de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba y los acercamientos desarrollados desde el

2014 con el ELN, inicialmente promovidas por Venezuela y luego desarrollados

en Ecuador, se perfilaban hacia la generación de un ambiente de restablecimiento de las relaciones basadas en el entendimiento bilateral, promoviendo el desarrollo transfronterizo y una cooperación más profunda y decidida entre las partes.

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La participación de Venezuela en el desarrollo de las reuniones exploratorias del Gobierno colombiano con las FARC fue estratégica y decisiva; pues, como se ha establecido con anterioridad, el desarrollo de los combates contra esta guerrilla llevó a que el conflicto traspasara la frontera venezolana, por la necesidad de este grupo de huir del enfrentamiento y encontrar un lugar de reagrupamiento. Este hecho hizo que escalara el posicionamiento de las FARC en el país vecino, llevando consigo dinámicas criminales como el narcotráfico y el contrabando, siendo discretamente avalado por el Gobierno de Miraflores, dada la cercanía ideológica entre el grupo armado y el planteamiento del socialismo del siglo XXI, establecido por el expresidente Hugo Chávez. También fue una participación decisiva, debido al impulso que desde Caracas se les dio a las negociaciones en La Habana, teniendo en cuenta la cercanía ideológica; por esta razón, fue posible establecer escenarios de diálogo y afianzamiento del respeto para promover una comunicación profunda sobre las dificultades vividas por más de medio siglo de conflicto; esto como argumento de la incidencia positiva del país vecino en el proceso de paz con las FARC. Frente a la participación de Ecuador en el desarrollo del proceso de paz, podemos establecer dos panoramas, que a la luz de la historia de las negociaciones en Colombia pudieron concretarse y convertirse en un único suceso. Ambos panoramas están ligados a la negociación con las FARC: por un lado, porque Ecuador no tuvo una relevancia determinante y ni siquiera una participación, más allá de alinearse con el comportamiento internacional de respaldo hacia el proceso; por otro lado, ante los acercamientos con el ELN, el papel de Ecuador se presentó decisivo.

El criterio por el cual se pudieron concretar estos panoramas como uno solo, parte de la declaración conjunta que realizan los líderes de la guerrilla de las FARC y del ELN el 1 de julio de 2013, en el que reconocen diferentes visiones de la lucha armada, lo que generó distanciamientos y confrontaciones en el pasado, pero, asimismo, manifestaron la unificación de conceptos estratégicos, ligados directamente a la terminación del conflicto, y por qué no decirlo, lograr una participación más decidida en el escenario del posconflicto. A finales de 2013, se iniciaron los diálogos exploratorios entre Colombia y el ELN, siendo Venezuela el gestor de los encuentros, llegando a establecerse como uno de los tres países acompañantes junto con Chile y Cuba. En el 2014, se desarrollaron tres encuentros, en Cuba, Ecuador y Noruega —también fueron garantes de los diálogos con las FARC—.

Cabe destacar que, durante la posesión del expresidente Santos, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ofreció su país para desarrollar el restante de los diálogos exploratorios con el ELN, ante lo cual Venezuela reacciona solicitando

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también su lugar en el escenario exploratorio, argumentando que fueron ellos quienes propiciaron en una primera instancia los acercamientos entre las partes. Si bien Venezuela, también, jugó un papel determinante en el inicio de las conversaciones con el ELN, el Gobierno colombiano, bajo dos premisas establece un acercamiento más profundo con el gobierno ecuatoriano para este cometido. La situación política y económica de Venezuela se presentó como la principal razón para no aceptar a ese país como única sede de las reuniones exploratorias.

Al trasladar el análisis a un plano político, una razón adicional circunda el panorama: la profunda afinidad del ELN con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, este pronosticaba un escenario desbalanceado para las negociaciones, en el que el Gobierno colombiano se presenta como un contendiente y no un actor de interlocución legítimo, llevando así las sesiones con más intensidad a Ecuador. Un país que, si bien tiene afinidad con las ideologías profesadas por el grupo guerrillero (por aquel momento), su conducta en el panorama político lo hacían ver como un escenario más equilibrado para el desarrollo de las aproximaciones; y así, las partes pudieran desenvolverse sin aprensiones o desconfianza.

En este entendido, las relaciones bilaterales de Colombia con Ecuador y Venezuela, se presentaron en el escenario de las negociaciones de paz como robustas, pues a pesar de la crisis de la frontera vivida en el 2015, entre Colombia y Venezuela, su participación como garante en ambos escenarios no se desvirtuó. Mientras que, con Ecuador, dichas relaciones, desde la crisis generada por la Operación Fénix y las demandas impuestas por el uso del glifosato, fueron de cordialidad, respeto y cooperación, por lo que el papel de ambos Estados fronterizos con Colombia no solo fue positiva, sino relevante para el devenir del posconflicto (Gómez Giraldo, 2014).

La participación de los países andinos en el inicio de la construcción del escenario de posconflicto en Colombia fue fundamental. Como se ha mencionado, las relaciones bilaterales y, en general, las relaciones exteriores de Colombia han estado permeadas por una configuración de situaciones ligadas al conflicto armado; ante esta afirmación, se esperaba llevar a feliz término la negociación con las FARC, e indispensablemente, con el ELN.

Así bien, se entiende que las FARC y el ELN se han establecido como los principales generadores de las confrontaciones bilaterales de Colombia con Ecuador y Venezuela. Bajo la prospectiva en la que estos catalizadores fueran eliminados en el eventual posconflicto, el panorama de la toma de decisiones en torno de la política exterior nos llevaría a inferir una transformación en la que el Gobierno de Colombia contemplará en su agenda de intereses nacionales la cooperación bilateral, siendo el control y el desarrollo de las fronteras los

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determinantes de dicha política. Ligado esto, la presencia decidida del Estado en las regiones fronterizas, donde se deben generar y propiciar los escenarios de diálogo político, coadyuvado por el desarrollo que traerá consigo la inversión del posconflicto en esos territorios.

Recomendaciones El acondicionamiento estatal en estas regiones y el bienestar del que debe ir acompañada esa presencia, deben generar acciones recíprocas por parte de los Estados colindantes, lo que profundizará las relaciones sociales, comerciales y culturales en los pasos de frontera, generando un vínculo profundo en los pobladores de esos lugares. Tanto es así que, se deben establecer las fronteras como polos de desarrollo para la nación, dado el impulso que el mercado binacional puede dar, y que a través de la profunda interdependencia que se origine de dichas relaciones se establecerá como el punto de partida para la sostenibilidad del posconflicto y la generación de escenarios de paz estable, siendo ejemplo para el resto del país. El afianzamiento de la interdependencia transfronteriza debe generar en los gobiernos centrales, de cada uno de estos países, un aliciente para generar procesos políticos de alto nivel, que confluyan en actos tendientes a la consolidación de procesos de integración más poderosos que los desarrollados en tiempos pasados.

El establecimiento de comisiones técnicas bilaterales en el marco de las Zonas de Integración Fronterizas, con el objetivo de desarrollar el afianzamiento de las condiciones socioeconómicas de las regiones de frontera, puede considerarse el punto de partida para un nuevo impulso en las relaciones multilaterales de toda la región.

La promoción desde las bases sociales puede generar ese afianzamiento de las relaciones, la cual debe ser secundada siempre por estamentos técnicos que definan la hoja de ruta a seguir en el camino de la profundización de las relaciones. Una vez los criterios técnicos sean establecidos de manera bilateral, en ambos escenarios fronterizos, el momento que definirá la estabilidad de los diálogos será pasar a consolidar un escenario tripartito tendiente a la integración andina, del cual se tienen pésimos antecedentes, promovidos desde la aún convaleciente Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero que se espera sean superados.

Sin embargo, las relaciones de interdependencia profundizan un desarrollo basado en el escenario del posconflicto, sumado a la cooperación, especialmente en términos de seguridad, a la luz del desmembramiento de las guerrillas en organizaciones de delincuencia común, bandas criminales y crimen organizado. Esto es fundamental para la consolidación de un proceso de integración regional que, apalancado en la figura de ejemplos como la Alianza Pacífico y,

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en alguna medida, la Celac, puede desembocar en una participación más activa de toda Latinoamérica en contextos multilaterales.

El escenario del posconflicto en Colombia puede traer a las relaciones bilaterales con sus vecinos, el posible establecimiento de escenarios de discusión tripartitos promovidos desde la ZIF, junto con una férrea determinación de los pobladores de frontera a relacionarse con sus vecinos. Así, también, se podrá generar la consolidación de procesos de participación de gobernanza regional, que, a su vez, determinarán el avance regional en materia de relaciones internacionales.

Uno de los principios fundamentales para la perduración de las condiciones de relacionamiento bilateral debe ser la configuración de criterios compartidos en términos de seguridad, entendidos desde el ámbito de la cooperación. Esto debe llevar a que situaciones como el tráfico ilegal transfronterizo, la permeabilidad del crimen organizado, el desarrollo de bandas emergentes en los países vecinos y las migraciones irregulares sean conducidas de manera técnica y planificada, para evitar confrontaciones que rompan las relaciones y afecten el desarrollo de las zonas de frontera.

Las estrategias de cooperación en seguridad deben llevar consigo un componente de reciprocidad en el ejercicio de la defensa del territorio nacional, así como la demarcación de los límites y la continua participación conjunta de las fuerzas del Estado, lo que permitirá una regularidad en las relaciones y el incremento de los beneficios para las naciones vinculadas.

El desarrollo histórico de las relaciones exteriores, tanto de Colombia como de Venezuela y Ecuador, ha estado marcado por un recio presidencialismo ante la determinación de las decisiones que en esa materia se dan. En este contexto, es necesario un viraje hacia el ya mencionado aparato técnico, el cual determinará bajo situaciones específicas el direccionamiento de las políticas referidas a las relaciones internacionales, y este aparato será quienes establezcan la primera línea de diálogo, desembocando en decisiones más legítimas, enfocadas hacia la protección de los intereses nacionales y el desarrollo de una región más segura. Conclusiones El conflicto armado interno que ha sostenido Colombia con las FARC y el ELN ha determinado el rumbo de la política exterior colombiana frente a Venezuela y Ecuador. Especialmente, a partir de la internacionalización del conflicto ocurrida a finales del siglo XX.

La escasa presencia estatal colombiana en los espacios de frontera ha sido aprovechada por los grupos armados para el desarrollo de actividades ilícitas, como corredores estratégicos, llevándolos a establecerse en los territorios extranjeros, convirtiendo estos espacios en resguardo ante la presión militar

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ejercida por el Gobierno colombiano; además de expandir su influencia en términos ideológicos y políticos en estas regiones fronterizas. En las últimas décadas, los Gobiernos de Venezuela y Ecuador se mostraron con una actitud benévola con los grupos armados provenientes de Colombia, debilitando las relaciones diplomáticas, llevándolas a escenarios de tensión y crisis exacerbados por el auge del presidencialismo en el desarrollo de las políticas exteriores de cada uno de los países.

El fortalecimiento de la relación bilateral Estados Unidos–Colombia a partir de la adopción del Plan Colombia distorsionó la interacción con los países andinos por la intervención indirecta de los norteamericanos en los asuntos de la región.

La participación de Venezuela y Ecuador en el desarrollo de los diálogos de paz con las dos guerrillas colombianas demuestran la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales y afianzar la construcción de escenarios libres de conflicto en las fronteras. Además, se identificó el interés de los gobiernos vecinos por llevar a buen término los procesos de paz, dada su histórica afectación por la evolución del conflicto.

Por último, la culminación del conflicto armado interno de Colombia puede proveer de un ambiente de cordialidad, fraternidad y estabilización de las relaciones con sus vecinos que, sabiéndolo aprovechar, puede converger en la reconfiguración de los escenarios de poder regional, manifestándose en nuevas dinámicas de integración y participación multilateral. Referencias Beltrán, L. N. y Afanador, B. (2011). Colombia y Venezuela: a repensar los acuerdos económicos para relanzar integración bilateral. Administración y Desarrollo, 39(53), 123-136. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=3776899 Borda, S. (s. f.). Internacionalización de conflictos armados. Programa de investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz. https://conpaz.uniandes.edu.co/es/index.php/invest/lineas-de-investigacion/69- Cadena Montenegro, J. (2007). Geografía política: tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto interno. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2(2), 93-126. https://doi.org/10.18359/ ries.2596 Cancelado, H. (2012). Normalización de las relaciones binacionales: ¿estabilidad coyuntural o estructural? En E. Pastrana y S. Jost (eds.), Colombia y Ecuador: entre la integración y la fragmentación (pp. 165-182). Konrad Adenauer Stiftung.

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Aportes al modelo de justicia transicional colombiano, desde las experiencias de Guatemala y El Salvador Laura Catalina Pérez Cortés* * Estudiante de último semestre del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo electrónico: lacperezco@unal.edu.co

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Introducción En 2016 Colombia firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, siendo parte fundamental la justicia transicional, pretendiendo lograr la reconciliación y el juzgamiento de los actores implicados. En este contexto, con el fin de identificar aportes, resulta pertinente analizar otras experiencias internacionales como los casos de El Salvador y Guatemala, y verificar qué lecciones pueden dar estas experiencias vividas al caso colombiano. En la elaboración de este trabajo, se considera como hipótesis que las experiencias de Guatemala y El Salvador permiten comprender que las principales dificultades en la implementación de la justicia transicional son de carácter político; la falta de apoyo por parte de los gobiernos son la principal piedra de tropiezo en temas de paz. Por otro lado, la falta de conocimiento por parte de la sociedad sobre el modelo, supone una falta de legitimidad de las organizaciones; sin embargo, la creación de comisiones de verdad y tribunales especiales ofrecen un paso más efectivo al postconflicto y permiten el reconocimiento de las víctimas.

Para comprobar esta hipótesis, se realizará una investigación cualitativa de carácter comparado, para ello, se recurrirá a una revisión documental o bibliográfica. Entre otros, se tendrán en cuenta documentos oficiales como el Informe de Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2014), artículos de estudios de paz, informes de percepción y diversos artículos respecto a los casos de estudio, para tener una lectura más amplia sobre el tema de interés.

El presente escrito se encuentra estructurado en tres partes: en la primera, se realizará una aproximación teórica a los temas de estudio, definiendo el concepto de justicia transicional desde diversas perspectivas junto con los principales temas que a esta corresponden; posteriormente, se desarrollará el concepto en Colombia, la forma en la que esta pretende ser aplicada, así como una contextualización sobre el conflicto colombiano.

En un segundo momento se realizará un análisis sobre los casos de Guatemala y El Salvador, en el cual se estudiarán los modelos de justicia transicional que implementaron en cada territorio, acompañado por una breve reseña sobre el conflicto en cada país.

En tercer lugar, se realizará una labor comparativa de los casos ya estudiados con Colombia, se pretende identificar por medio de este análisis qué aportes puede hacerse desde los casos estudiados y qué medidas serían pertinentes para el posconflicto colombiano en materia de justicia transicional.

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Finalmente, se presentarán unas consideraciones generales a manera de conclusión, señalando algunas recomendaciones, así como posibles temas de investigación y profundización.

¿Qué es justicia transicional? Caso colombiano y aplicación de este modelo de justicia en el país Desde la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia (en 2016), se ha hecho mención constante a la justicia transicional; sin embargo, las aproximaciones que se hacen hacia este concepto suelen ser variadas. Para ello, en el presente apartado, se va a hacer una aproximación sobre qué es justicia transicional y posteriormente una contextualización del caso colombiano, presentando límites, alcances y la forma en que se pretende implementar este modelo de justicia en el país. Hacer claridad en esta categoría de análisis es de suma importancia, pues este modelo de justicia responde no solamente a las lógicas internas de un país, sino que, igualmente, se rige bajo supuestos legales en el plano internacional, respondiendo a acuerdos y tratados internacionales.

Una primera aproximación que se puede hacer a esta categoría es la presentada por las Naciones Unidas, que define la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2014, p. 5) Por otro lado, autores como Walzer (2004) hacen una aproximación a esta como jus post bellum, es decir, la justicia tras la guerra. Sin embargo, y de acuerdo con Valencia (2008), esta última definición es bastante general y se queda corta, en tanto que la justicia transicional tiene origen en el proceso de transición de un país que se traduce en un colapso ya sea parcial o total del Estado, esto puede ser una dictadura, guerras, e inclusive ocupaciones del territorio, sin que ello implique única y exclusivamente una guerra civil armada.

Ahora, si nos remitimos al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Estado debe ser garante de proteger los Derechos Humanos de los individuos, así como, en caso de la violación a los mismos, asegurarse de hacer el seguimiento para garantizar justicia y reparación a las víctimas. De acuerdo con el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (CICR, 1977), se puede inferir que el conflicto en Colombia se encuentra inmerso en múltiples violaciones a esta normativa, no solo desde los grupos armados al margen de la ley, sino, también, a causa de la falta de garantías brindadas por parte del Estado para la protección y prevención de la comisión de dichos delitos. Además, la

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obligatoriedad del Estado de adoptar estas medidas de justicia y reparación, se ve contemplada en el artículo 158 del DIH “Investigación de crímenes de guerra” (Comité Internacional de la Cruz Roja, s.f), aquí, los Estados deben investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en su territorio y si corresponde, enjuiciarlos.

De acuerdo con el informe de Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2014), se han establecido diferentes mecanismos para dar cumplimiento a este modelo de justicia, los cuales son: mecanismos para la búsqueda de la verdad, mecanismos judiciales, mecanismos de reparación y medidas de reforma institucional. Para ampliar aún más este precepto, se encuentran inmersos también tres componentes del derecho de las víctimas a la justicia1, como lo son: el acceso igual y efectivo a la justicia; reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Como ya se ha mencionado, la justicia transicional debe ser adoptada tras momentos de conmoción interior o conflicto interno en un país, esta tiene un componente de justicia, verdad y reparación, así como el carácter central que deben tener las víctimas al momento de la resolución del conflicto. En resumidas cuentas, un país donde las constantes violaciones a los Derechos Humanos y el DIH toman lugar, e incluso, cuando el Estado no ha sido lo suficientemente efectivo para prevenir delitos de lesa humanidad y no es garante de la protección a la población civil, da lugar a que el Estado —y en algunos casos con la intervención de organismos internacionales— se vea en la necesidad de resarcir, prevenir y juzgar estos delitos. Uno de los medios para lograr este cometido es recurrir a la justicia transicional.

En Colombia, se ha optado por la justicia transicional para alcanzar lo pactado en los acuerdos de paz de 2016. Para ello, es necesario comprender el contexto en el que se encontraba el país, lo que motivó a la firma de unos acuerdos de paz y, por extensión, poner el modelo de justicia transicional en el panorama, así como posibles precedentes de este modelo en Colombia.

De acuerdo con International Center for Transitional Justice (ICTJ), el conflicto armado en Colombia ha sido el más largo en el hemisferio Occidental. A pesar de que, Colombia ha atravesado por múltiples procesos de paz, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado en 2016 ha sido considerado uno de los avances más significativos, debido a que fue construido con la guerrilla más grande a lo largo de la historia de violencia en Colombia, las FARC-EP. Este conflicto, con profundas

Ver: Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, Asamblea General de las Naciones Unidas.

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raíces políticas e ideológicas, dio lugar a que en el territorio se presentaran enfrentamientos entre el Estado y esta guerrilla, o entre otros grupos subversivos y las FARC-EP. Dichos enfrentamientos han dejado como consecuencia millones de víctimas2 del conflicto armado; se tiene estimado que el número de víctimas a lo largo del conflicto armado asciende a más de 5,5 millones, es decir, más del 13 % de la población (ICTJ, 2019).

Para hacer cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz en Colombia, el componente de justicia transicional es uno de los ejes sobre los cuales reposa el acuerdo, su futuro e implementación efectiva. Sin embargo, un sector político en Colombia ha expresado su oposición a los tratados de paz, ya que aseguran que solo es un medio para permitir que los actos cometidos queden en la impunidad. Evidencia de ello fue la fuerte campaña de oposición a los acuerdos de paz en la que se hacia la promoción del voto al “No” en la refrendación de los acuerdos pactados3. De acuerdo con Basset (2018), uno de los factores que mayor incidencia tuvieron en la victoria del “No” en el plebiscito fue la campaña promovida por el partido Centro Democrático en contra de este.

Cabe aclarar que esta campaña de desprestigio recurrió a infundir el miedo aprovechando el desconocimiento de la población votante sobre el tema, esto se evidencia en una de las declaraciones que dio Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del “No” del Centro Democrático, “en la cual revelaba que su estrategia había consistido en alentar la inconformidad de los electores propagando interpretaciones tergiversadas del contenido de los Acuerdos, pensadas en función de públicos específicos” (Ramírez, 2016, citado por Basset, 2018, p. 243). Contrario a lo que promovía esta campaña de desprestigio, el uso de la justicia transicional no implica que las violaciones a derechos queden en la impunidad, aunque el juzgamiento de los implicados será llevado a cabo bajo una justicia especial. No hay un solo modelo de justicia transicional en el mundo, sino que cada país adapta los lineamientos básicos de acuerdo con su contexto y necesidades. Según la ICTJ (2019), se proponen cuatro tipos de enfoques en la justicia transicional: procesos penales, procesos de esclarecimiento de la verdad, reparaciones, y reformas jurídicas e institucionales. Sin embargo,

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Artículo 3, Ley 1448, Congreso de la República de Colombia, 2011).

El 2 de octubre de 2016, el Gobierno Colombiano adelantó un plebiscito refrendatorio para saber si el pueblo aprobaba o rechazaba los acuerdos de paz. En cabeza del expresidente Álvaro Uribe, se realizó una fuerte campaña en contra de la firma de los acuerdos, argumentando que los delitos cometidos en la guerra quedarían impunes tras la firma de los acuerdos, así como también se le brindarían excesivas garantías a los excombatientes. Debido a esta campaña de desprestigio, el “No” ganó en el plebiscito y se hizo necesario renegociar el Acuerdo de Paz.

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esto no implica que todos los casos deban ser abordados de la misma forma, sino que depende del contexto sociopolítico del momento. En Colombia, un precedente a la justicia transicional es el que se dio con la expedición de la Ley 975 de 2005, también denominada Ley de Justicia y Paz (Congreso de la República de Colombia, 2005). Aquí la solución del conflicto podría comenzar a concebirse como un derecho de las víctimas del conflicto, esta ley tenía un enfoque responsabilizante; no obstante, un limitante a esta ley era que el carácter especial de los casos era llevado a cabo por la justicia ordinaria, y, aunque se comenzaban a establecer las bases para un marco normativo especial hacia los delitos relacionados con el conflicto, se quedaba corto, razón por la cual, con el tiempo se veían en la necesidad de irse adaptando en materia legal por causa de la reparación efectiva de las víctimas, como es el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2010.

Evidentemente, la Ley de Justicia y Paz realizó aportes significativos a la construcción de paz en el país, aunque el alcance y cobertura de este no fue suficiente, teniendo en cuenta el número de víctimas y hechos cometidos durante el conflicto. De acuerdo con Abuchaibe (2011), la Ley de Justicia y Paz ciertamente introdujo el término de justicia transicional al país; sin embargo, no implica que esta ley haya aplicado del todo lo que el significado de justicia transicional contempla.

Con estos precedentes, el punto 5 de los acuerdos de paz contempla el componente de justicia, dando lugar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En este se establece un modelo de justicia transicional, el cual no va a ser llevado a cabo mediante la justicia ordinaria, sino que, para ello, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como tribunal de juzgamiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto, que tuvieron lugar antes del 1 de diciembre de 2016; también se crea la Unidad especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad; así mismo, se van a adoptar medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y finalmente las Garantías de No Repetición. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016), en la JEP habrá dos procedimientos: el primero, es el procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y el segundo es el procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, con el fin de cobijar el mayor número de víctimas posible (p. 152).

En cuanto a la Unidad especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, el Acuerdo contempla que esta

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Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 129) La UBPD debe contar con equipos territoriales que faciliten la participación de familiares e interesados en el proceso de búsqueda. Mediante el Decreto 1393 de 2018 se creó la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, y, finalmente, la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación (Presidencia de la República de Colombia, 2018). Con ello se garantiza lo contemplado en el Acuerdo de Paz. Por último,, en cuanto a la Comisión de la Verdad que hace parte del componente de verdad del Acuerdo, se contempla que esta debe cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, debe contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y brindar una explicación amplia de la complejidad del conflicto, especialmente de aquellos temas que no son tan conocidos. En segundo lugar, debe promover y contribuir al reconocimiento tanto de las víctimas como de las responsabilidades individuales y colectivas en el marco del conflicto. Finalmente, la Comisión debe promover la convivencia en los territorios (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 131). Por el momento, la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD están adelantando labores en cuanto al esclarecimiento de los hechos, así como la individualización de los delitos para aportarle a las víctimas un informe lo suficientemente completo como parte de la reparación integral, que a ellos les corresponde. Casos de El Salvador y Guatemala En el presente apartado, se van a tratar los casos de justicia transicional en El Salvador y en Guatemala. Estos casos son de especial interés debido a dos factores importantes: por un lado, al igual que el caso colombiano, estos tomaron lugar tras un acuerdo de paz entre los gobiernos y algún grupo al margen de la ley; y, en segundo lugar, al momento de estos acuerdos la legitimidad de cada gobierno se encontraba fuertemente cuestionada por un sector de la sociedad, lo que permitirá comprender mejor cuales serían los principales obstáculos en este momento de transición. Para ello, se va a realizar una breve reseña de cada caso: sus conflictos internos, acuerdos de paz, se expondrán los modelos de justicia transicional que adoptó cada caso, y, finalmente, unas conclusiones iniciales sobre los casos de estudio.

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El Salvador atravesó por un momento de guerra e inestabilidad política bastante acentuado, este conflicto tuvo lugar entre 1980 y 1992, año en el cual se logró poner fin al conflicto por medio de unos tratados de paz conocidos como los Acuerdos de Chapultepec. El estallido de este conflicto toma lugar debido a diversas tensiones que se están viviendo al interior del territorio, estas son: por un lado, la violencia institucional causada por la creciente desigualdad social y económica, la falta de garantías para una efectiva participación democrática y una violación masiva de derechos humanos; por otro lado, el discurso anticomunista que promovía una solución militar, en la que se buscaba, bajo el supuesto de seguridad nacional, controlar y limitar las acciones de los salvadoreños, y, finalmente, el apoyo económico-militar brindado por parte de Estados Unidos, con el fin de apoyar esta “lucha anticomunista” que se estaba dando en el país.

A causa de las tensiones internas ya mencionadas se conforma el grupo armado FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) para combatir los atropellos que se están dando por parte del Estado hacia la población; sin embargo, es tras el golpe de Estado liderado por unos jóvenes guerrilleros en octubre de 1979, que el conflicto se profundiza y se torna aún más violento, pues comenzó una contraofensiva militar y paramilitar en contra de aquellos que tuviesen un pensamiento de izquierda. Así como lo ilustran Araujo y Portillo La escalada de violencia fue característica en el segundo período, específicamente a partir del golpe de Estado de octubre de 1979 donde los militares de línea dura y los paramilitares respondieron ante la propuesta reformista del golpe desatando una violentísima persecución de izquierdistas y revolucionarios. (2018, p. 217) Esta constante persecución y tensión entre el FMLN, el Estado y los paramilitares resultó en miles de víctimas del conflicto, pues este conflicto no solo se daba únicamente por intereses económicos o sociales, sino en torno a la tierra, razón por la cual, el número de desplazamientos era cada vez más creciente. Fue en 1990 que comenzaron los diálogos entre el gobierno y el FMLN con miras a darle fin al conflicto, y en 1992, se da fin oficial al conflicto mediante la firma de los Acuerdos de Chapultepec. De acuerdo con Córdova Macías (1995), el proceso de implementación de los Acuerdos de Chapultepec fue paulatino, y “recalendarizado” en numerosas situaciones, puesto que hubo retraso en el cumplimiento de ciertos puntos de los acuerdos y, en algunos casos, la modificación de estos como es el caso de la desmilitarización, pues hubo en realidad una suerte de reconversión militar, donde el FMLN aceptó que no se podía acabar con la fuerza armada, pero sí hacer esta reconversión militar, en la que se establecen límites claros de acción y se reducen los miembros de la fuerza (p. 64).

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Gracias a estos acuerdos no solo se obtuvo el cese al fuego por parte del grupo armado FMLN, en primera instancia, sino que, se evidenció la necesidad de hacer un cambio en el sistema político del momento, pues se requería una reestructuración institucional que permitiera la reinserción y el cambio social de manera óptima. Para ello, se realizaron modificaciones en el aparato jurídico, militar y político, con efectos vinculantes a la constitución política, con el fin de que el paso de la guerra a la paz fuese gradual y progresivo4. Ahora bien, como se ha expresado en el presente escrito, el interés principal es analizar el modelo de justicia transicional y la forma en la que este puede ser abordado. Según Gómez Rojas (2016), la Comisión de la Verdad es la que da lugar a la justicia transicional en el caso del Salvador, en el que el primer paso fue investigar todos los crímenes cometidos durante el conflicto, sin importar qué grupo armado haya sido el autor del delito, pues esto permitiría tener una idea menos parcializada y más completa sobre los hechos ocurridos. Dicha acción se realizó en tiempo récord, ya que esta labor se efectuó en 8 meses. Como ya se ha mencionado, el papel de las víctimas es de gran importancia y en el caso de El Salvador no fue la excepción (al menos no desde lo propuesto por la Comisión de la Verdad). Aquí, el proceso se centró en el desarme del FMLN y la reestructuración de las fuerzas armadas, también se revelaron los nombres de los responsables de las más de 75 000 muertes que sucedieron durante el conflicto.

El segundo paso fue el componente de justicia; sin embargo, allí se podría decir que recae uno de los errores del posconflicto de El Salvador, pues se recurrió a la amnistía, la cual contemplaba:

cobijó a integrantes del FMLN que se vincularon al proceso de paz desde el primero de febrero de 1991, a miembros no combatientes desde el primero de marzo del mismo año o a los que entregaron las armas. Su favorecimiento consistió en conceder la libertad a aquellos privados de la misma, el levantamiento de las órdenes de captura a condenados ausentes, el sobreseimiento de procesos en curso y la libertad de los detenidos con procesos pendientes o en curso extinguiendo toda responsabilidad penal. (Gómez Rojas, 2018, p. 113) Recurrir a la amnistía como medida de justicia es ampliamente juzgado no solo por las víctimas del conflicto, sino incluso por la comunidad internacional, ya que no corresponde completamente a los derechos de las víctimas contempladas en el DIH, ni al componente de reparación. Actualmente, se podría afirmar

De acuerdo con Córdova Macías (1995), después de los Acuerdos de Chapultepec, se delimitaron las funciones de las fuerzas armadas, en las que se estableció que su papel era la defensa de la soberanía de Estado y del territorio, se reformó el sistema educativo de las fuerzas armadas y se realizó también un proceso de reducción de los miembros de estas fuerzas (p. 65).

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que el componente de No repetición, que hace parte del modelo de justicia transicional, no fue del todo efectivo, pues a pesar de que se logró un desarme del FMLN y mayor control sobre las fuerzas armadas del país, aún persiste un conflicto latente que afecta directamente a la población civil salvadoreña. Por otro lado, el conflicto armado interno en Guatemala fue más prolongado que el de El Salvador, pues en el caso guatemalteco tomó lugar entre los años 1962 y 1996. El conflicto en Guatemala no se remite a una única tensión interna, sino que, por el contrario, en este periodo hubo regímenes militares, violaciones a la población civil, represión estatal y limitantes a los derechos individuales de la población guatemalteca, lo que dio lugar a la creación de guerrillas y grupos insurgentes en contra de las acciones del Estado.

Según Garranzo y Gómez (2006), el origen del conflicto en Guatemala parte de un largo periodo de dictadura militar, seguida de un Estado terrorista, lo que trajo como consecuencia la creación de guerrillas, acentuando el carácter violento del conflicto en el país. Los autores proponen que la etapa más violenta del conflicto fue durante los gobiernos de los generales Romeo Lucas García (julio de 1978 – marzo de 1982) y Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 – agosto de 1983). Durante estos gobiernos, los ataques en contra de la población civil aumentaron exponencialmente, e incluso, el Estado atacaba directamente a poblaciones indígenas desarmadas, argumentando que eran guerrilleros. Este régimen del terror tuvo como consecuencia el exterminio de comunidades mayas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Debido a esta constante represión, a inicios de la década de 1980, surge la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como resultado de la unión de los grupos guerrilleros EGP, ORPA, FAR y PGT5, como medida para afrontar las represiones de los gobiernos militares. Esto trajo como consecuencia la radicalización tanto de los gobiernos militares apoyados por paramilitares, como de las guerrillas. A causa de las décadas de conflicto, durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991) comienzan las negociaciones entre el Gobierno y la URNG para ponerle fin a este conflicto interno. “En 1994 se creó la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua), siendo uno de los pasos más importantes para la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 1996” (Aguirre Tobón, 2014, p. 200).

El fin del conflicto se da en 1996 con la firma de los acuerdos de paz que son en realidad un compilado de 12 acuerdos obtenidos tras las negociaciones, que se dieron entre el Gobierno de Guatemala y la URNG. De acuerdo con Benítez (2016), las iniciativas de justicia que se propusieron tras los acuerdos, dieron

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Tomado de https:// www.prensalibre.com/hemeroteca/urng-el-partido-de-la-insurgencia/

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lugar a una apertura democrática y a la reorganización de aquellos sectores que se vieron más afectados por la violencia.

En cuanto al componente de justicia transicional, en primera instancia, en 1994 se crea la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) cuyo fin es esclarecer todos los delitos cometidos durante el conflicto armado en Guatemala, así como identificar los actores implicados. En 1999, la CEH presentó un informe llamado “Guatemala memoria del silencio”, según Bleeker et al. (2008), este documento logró recopilar los datos históricos del conflicto, pero se quedó corto, en tanto que, no tuvo las facultades suficientes para dar lugar a un establecimiento de responsabilidades y sanciones a nivel judicial por los crímenes cometidos durante el conflicto.

En segunda instancia, Bleeker et al. (2008) exponen que, como recomendación del informe de la CEH se creó el Programa Nacional de Resarcimiento con el fin de diseñar una política para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, este programa también tiene limitantes y, al igual que el CEH, este problema radica en la falta de voluntad política, pues no se le da una capacidad de acción suficiente para lograr su cometido; y hasta el momento dichas reparaciones solo se han podido realizar en materia económica y aun así no se ha podido cobijar al total de las víctimas, debido al presupuesto limitado. Finalmente, en cuanto a la parte jurídica, se rechazó la amnistía como medio para poner fin al conflicto en materia legal, por el contrario, se emitió una Ley de Reconciliación Nacional, que somete a consideración del juez todo caso de violación de derechos humanos, a efecto de que sea una instancia judicial la que decida si procede extinguir la responsabilidad penal de los acusados de violar los derechos humanos y que prohíbe que sea extinguida la responsabilidad penal en casos considerados de lesa humanidad. (Bleeker et al., 2008, p. 58) Las labores de la CEH fueron un elemento clave en el momento del posconflicto, ya que, debido a su ardua recopilación de información, demostró que el principal autor del delito fue el Estado. No obstante, aunque se creó un sistema acusatorio para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, ha dado paso a que su efectividad haya sido cuestionada, ya sea porque es inoperante o se evidencia una perversión al interior del sistema.

A modo de conclusión, ambos casos tuvieron un momento de conflicto interno acentuado, caracterizado por ser un conflicto con tinte político, en el que la violación a los DD. HH. y persecución política tomaron lugar. Aunque ambos casos son distintos, hay aspectos que se pueden rescatar de cada uno, sin afirmar que alguno de estos haya sido efectivo del todo, ya que el componente de juzgamiento en ambos casos se podría decir que se queda corto. Sin

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embargo, la reinserción a la vida civil y las comisiones de la verdad claramente hicieron un aporte al componente de reparación, pues es un derecho de las víctimas conocer su historia y que aquellos implicados se responsabilicen de sus actos. Evidentemente, el papel del Estado en el posconflicto es clave para la reparación de las víctimas y aún más para velar por el componente de no repetición, que debe ser parte de todo modelo de justicia transicional.

Justicia transicional en Colombia a la luz de los casos de El Salvador y Guatemala En el presente apartado, se busca recopilar la información obtenida en los títulos anteriores, para hacer una comparación efectiva entre el tema de interés, que es la justicia transicional en Colombia, junto con las experiencias de El Salvador y Guatemala. Para ello, se va a realizar, por medio de una tabla, una exposición de los datos generales sobre cada caso para hacer más ilustrativo el tema y, posteriormente, se procederá a comparar los casos de estudio para identificar qué semejanzas y diferencias es posible encontrar entre los mismos. Tabla 1. Aspectos generales sobre los acuerdos de Colombia, El Salvador y Guatemala.

Colombia Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera El Salvador Acuerdos de Chapultepec Guatemala Acuerdos de Paz Firme y Duradera Fechas

1960-2016

1980-1992

1960-1996

Duración del conflicto

56 años

12 años

36 años

Partes involucradas Gobierno colombiano

– FARC-EP.

Gobierno salvadoreño

– FMLN.

Gobierno guatemalteco

– URNG (EGP, ORPA,

FAR y PGT).

Componente de verdad Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Comisión de la Verdad para El Salvador.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Componente de justicia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.

Ley de Reconciliación Nacional.

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Colombia Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera El Salvador Acuerdos de Chapultepec Guatemala Acuerdos de Paz Firme y Duradera Búsqueda de personas Unidad especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil de 2017 (25 años después del conflicto).

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) (creado por iniciativa popular)6.

Reparación de las víctimas

Programa Nacional de Resarcimiento (aún no se ha cobijado al total de las víctimas).

Fuente: elaboración propia con base en Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al. (2016), Benítez (2016), Córdova Macías (1995) y Reuters (2017). Para efectos de este escrito se va a ahondar únicamente en los temas referentes a la justicia transicional. Esto implica los componentes de justicia, verdad, reparación y no repetición. La forma en la que se dispongan los órganos para llevar a cabo estos componentes puede variar entre cada caso, e incluso, pueden existir órganos que cumplan más de una función.

En primera instancia, las comisiones de la verdad son de gran importancia para llevar a cabo el modelo de justicia transicional en cada país. La Comisión de la Verdad para El Salvador y la CEH para Guatemala fueron el primer paso realizado tras la firma de los acuerdos. La labor de estas fue hacer una recopilación de la información sobre los diferentes actores y hechos ocurridos durante el conflicto de forma detallada, con el fin de abrir posteriormente paso al juzgamiento de los delitos. Mientras que, por otro lado, la Comisión de la Verdad en Colombia comenzó sus labores casi de manera simultánea con el componente jurídico. Esto se da, debido a que, en el caso colombiano se estableció que, al ser este modelo de justicia transitorio, el tiempo de acción del componente jurídico encabezado por la JEP no debe superar los 20 años tras la firma del acuerdo. En segunda instancia, en materia jurídica el caso de Colombia es particular, pues se creó un órgano independiente y especializado para el juzgamiento de

“La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), impulsó búsquedas de desaparecidos mediante peticiones legales de exhibición personal […]. En 1984 se anunció la creación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), cuyo objetivo era dar con el paradero de familiares desaparecidos, principalmente hombres que formaban parte de organizaciones estudiantiles y sindicales” (Benítez, 2016, p. 151).

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todos los casos que tomaron lugar en el marco del conflicto armado previos a la firma del acuerdo (Oficina del Alto Comisionado para la Paz et al., 2016, p. 145). A diferencia de este, en El Salvador se creó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz7.

Aunque esta ley tiene ciertas excepciones, esto causó gran inconformidad en la población, pues consideraban que todos los delitos quedaban en la impunidad. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), dicha ley no solo obstaculizó el procesamiento de los implicados, sino también las investigaciones de carácter penal para determinar la responsabilidad legal de los casos señalados por la comisión de la verdad sobre violación de DD. HH. y del DIH (Thale y Beltrán, 2013). Finalmente, en Guatemala se dio la Ley de Reconciliación Nacional, en el Decreto 145 (Congreso de la República de Guatemala, 1996), en el que se establece la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos durante el conflicto, a excepción de los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, y de aquellos que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Esta última parte se asemeja en parte al caso de Colombia, que, según lo establecido en el Acuerdo de Paz, los delitos de lesa humanidad no son sujetos a amnistía e indulto.

En tercera instancia, en cuanto a las personas desaparecidas a causa del conflicto armado, en el Acuerdo de Paz en Colombia se creó la UBPD, esto hace parte de la construcción de un archivo de memoria histórica y el derecho al no olvido de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En Guatemala, aunque no fue por iniciativa del Gobierno, se adelantó la creación del Grupo de Apoyo Mutuo, en el cual, de acuerdo con Benítez (2016), se han realizado numerosas iniciativas, principalmente por parte de familiares de los desaparecidos en la búsqueda de estos; sin embargo, aún no se ha completado del todo esta labor, y el grupo se encuentra en funcionamiento. Contrario a estos dos casos, fue hasta hace dos años que El Salvador anunció la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil, estas acciones carecen de validez, pues a pesar de que la aplicación de los acuerdos se realizó de forma paulatina, esto violenta directamente los derechos de las víctimas. Comenzar un proceso de búsqueda después de 25 años de terminado el conflicto es un acto que va a conllevar más obstáculos de los habituales y, también, puede poner en entredicho la legitimidad de los acuerdos. Finalmente, ¿hubo una reparación de las víctimas? Como se puede evidenciar en lo expuesto previamente se podría creer que no del todo. La falta de

Ver Decreto 486 de 1993.

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aprobación de ciertos sectores sociales, la tardía reacción de los gobiernos en crear órganos que agilicen la implementación de los procesos de paz y una justicia transicional que, si bien en el texto contemplaban todos sus componentes, en la práctica se queda corta en cuanto a la reparación de los derechos de las víctimas. Un valor para rescatar es la agilidad con la que actuaron las comisiones de la verdad en El Salvador y Guatemala, donde la recolección de información no tardó más de un año en cada caso, aspecto que en Colombia se ha venido dando de forma paulatina y aún no ha hecho una entrega completa sobre el conflicto armado; aunque, claro está, que el conflicto colombiano ha sido el más extenso entre los casos de estudio.

Conclusiones El caso colombiano claramente es distinto a los casos de El Salvador y Guatemala. De acuerdo con Vélez Gutiérrez (2015), el caso colombiano es único en el ámbito internacional y así como se encuentra contemplado en el marco legal para la paz de 2012, “el objetivo de la justicia transicional en Colombia debe ser la búsqueda de un equilibrio entre la paz, la justicia y los derechos de las víctimas” (p. 120). De este análisis, se pudo evidenciar principalmente las falencias de los casos de El Salvador y Guatemala, lo que puede orientar a qué acciones evitar y en qué casos prestar mayor atención para llevar a cabo un proceso exitoso de justicia transicional en Colombia.

Ciertamente y como se ha evidenciado previamente, Colombia va por buen camino, pues hasta el momento ha cubierto los vacíos que sí hubo en los casos de Guatemala y El Salvador. Por un lado, en Colombia se ha establecido a las víctimas como eje principal en la justicia transicional, hecho que, en realidad, fue uno de los causantes de descontento y desaprobación en El Salvador, debido a que no se tenían en cuenta a las víctimas. Sin embargo, se ha criticado duramente a Colombia en cuanto a los beneficios que reciben los autores de los crímenes realizados durante el conflicto. Este es un factor importante a tener en cuenta, pues, tanto en Guatemala como en El Salvador, se podría considerar fue uno de los puntos de quiebre de cada acuerdo.

De acuerdo con Vélez Gutiérrez (2015), otro argumento en contra de la justicia transicional en Colombia es la falta de voluntad política, puesto que este autor argumenta que, ciertos sectores de la sociedad consideran que la única salida de la guerra es ganándola (p. 124). No obstante, en este punto es preciso plantear una discrepancia, pues tanto en El Salvador como en Guatemala, el número de víctimas disminuyó considerablemente tras el accionar de la justicia transicional, siendo compuesta no solo por el papel de las respectivas comisiones de verdad, sino por las reformas constitucionales que se realizaron con el fin de la No repetición del conflicto.

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Finalmente, se podría contemplar una falta de legitimidad de las instituciones del Gobierno, ya que se puede pensar que no sean lo suficientemente organizadas para reivindicar los derechos y llevar a cabo lo que se estableció en el Acuerdo. Este sería el principal reto en Colombia, pues tras la firma del acuerdo, el país se ha venido polarizando, tal como se pudo evidenciar en actos como la campaña en contra de los acuerdos. Esto supone que, en Colombia se comience a prestar mayor atención a los órganos que están llevando a cabo el componente del SIVJRNR del Acuerdo de Paz y que no se pierda de vista a las víctimas como actores de especial interés en el posacuerdo.

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Walzer, M. (2004). Reflexiones sobre la guerra. Ediciones Paidós.

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La política exterior colombiana frente al posconflicto Luis Guillermo Muñoz Angulo* José Armando Hernández Bernal** * Estudiante de Doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Viña del Mar, economista y profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia. Investigador y director del Sistema Unificado de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Colombia, líder del grupo de investigación “Observatorio de relaciones económicas internacionales y administración de empresas”, clasificado en categoría A de Minciencias. Correo electrónico: lmunoz.guillermo@ fuac.edu.co ** Doctor en Administración de la Universidad de Celaya, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás, administrador de empresas de la Universidad Antonio Nariño y economista de la Universidad Autónoma de Colombia. Investigador de la Universidad de La Salle. Director del programa Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: jahernandezb@unisalle.edu.co

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Introducción La política exterior colombiana ha guardado cierta identidad inmodificable desde inicios del siglo XX, puntualmente, desde 1914 con la aceptación del tratado que zanjaría las pretensiones de Colombia frente a Estados Unidos después de la pérdida de Panamá (Cavelier, 1997), adoptando una postura de respeto frente al derecho internacional y las instituciones del Sistema Internacional, así como un fuerte vínculo con los intereses de los Estados Unidos. Se identifica una oscilación entre las doctrinas de Respice polum y Respice similia en la actuación del país en los escenarios internacionales, considerando la realidad del Sistema Internacional y los intereses y capacidades del país. Sin embargo, los acuerdos de paz alcanzados con las FARC en 2016 hicieron ver que algunos comportamientos de Colombia en el escenario internacional sufrieron ciertos cambios con respecto al pasado inmediato.

Definitivamente, los Acuerdos de Paz de La Habana determinan uno de los sucesos más esperanzadores y, a la vez, retadores para la sociedad colombiana; porque, paradójicamente, uno de los sectores políticos con mayor influencia al interior del país representó una seria amenaza para su desarrollo y, ahora, para su implementación. Precisamente, siendo tan relevante, implicó una revisión en la postura del país frente a temas, tales como, la lucha contra el narcotráfico, el cual fue crucial para alcanzar acuerdos con las FARC. Vale la pena, entonces, determinar si la política exterior colombiana tuvo un viraje o cambio de postura, de cara a un escenario de posacuerdo, teniendo como propósito salvaguardar el resultado de las negociaciones de paz.

Para dar respuesta a esa inquietud, el presente documento empezará por aproximarse al concepto de Política exterior, sus teorizaciones y campos de aplicación; para luego adentrarse en una caracterización de la política exterior colombiana, a partir de sus posturas históricas en el Sistema Internacional. Posteriormente, se observará el comportamiento del Gobierno colombiano durante la negociación del fin del conflicto con las FARC y en los años inmediatamente posteriores a la firma del Acuerdo, fundamentalmente, de cara al escenario internacional.

De acuerdo con el propósito de la investigación, el periodo de estudio analizado corresponde a los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y, a manera de antecedente, a la política exterior colombiana durante el siglo XX y los primeros ocho años del siglo XXI. La investigación que desemboca en este capítulo es de tipo cualitativo, ya que este tipo de investigación, de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014), pretende la comprensión del fenómeno en un ambiente natural (sin ser alterado por el investigador) y procurando una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Así pues, la unidad de análisis del estudio es la política exterior colombiana y el contexto es la negociación

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del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. La recolección de datos se hizo en dos niveles: el primero corresponde a la revisión bibliográfica de aspectos teóricos que dan marco al análisis posterior; y el segundo nivel tiene que ver con información empírica del contexto, para lo cual se observaron documentos oficiales del Gobierno nacional con respecto a los lineamientos de política exterior e información de fuentes terciarias, procedentes de fuentes científicas (artículos de revistas indexadas, libros y capítulos de libro), de las cuales se obtuvieron análisis del comportamiento del Estado colombiano en el Sistema Internacional.

Política exterior: aproximaciones teóricas La política exterior puede ser entendida como el conjunto de decisiones que toma un Estado para relacionarse con otros actores del Sistema Internacional. Sin embargo, debe considerarse que ese “conjunto de decisiones” obedece a unas motivaciones propias de quien las diseña y espera ejecutarlas, unas limitantes propias del Estado para quien fueron diseñadas y el contexto internacional. Desde la perspectiva tradicional de las relaciones internacionales, esto es, el realismo, la participación de los Estados en el escenario internacional. Se resume a la obtención del interés nacional por parte de estos, encontrándose en un Sistema Internacional anárquico y en un contexto eminentemente estado céntrico. Esta orientación teórica limita de manera importante la participación, y de paso, el diseño de la política exterior de aquellos Estados que no se reconocen como potencia y, por ende, no compiten por el poder; lo cual resulta bastante incómodo para el propósito de este documento.

Sin embargo, Villarroel (2016) insiste en que existe una perspectiva estructuralista latinoamericana, como alternativa al realismo, que permite hacer un análisis de las relaciones internacionales desde la periferia y, por qué no, se constituye como un instrumento para la formulación de la política exterior de estos países. Tal perspectiva recoge elementos tales como el desarrollismo planteado por la Cepal, la teoría de la dependencia y la teoría de la autonomía. Si bien es cierto, la política exterior de un país como Colombia no se verá muy desligada de los intereses del hegemón de la región, vale la pena considerar la perspectiva estructuralista para entender una realidad particular desde América Latina y las eventuales motivaciones del comportamiento de sus gobiernos en el Sistema Internacional.

Entender mejor una realidad, permite identificar los intereses de un Estado, en particular, al momento de interactuar con otros Estados. Si bien, para las potencias, el propósito de su política exterior estará asociado con garantizar su existencia y la maximización de su poder, por eso, para Kennan (2004), alejarse de los preceptos del realismo puede hacer perder la efectividad de las potencias en la escena internacional. Los Estados periféricos también cuentan con

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intereses que deben ser establecidos tanto para plantear la política exterior, así como para su posterior análisis.

Tomassini (1988) dice que, el margen de maniobra de los países pequeños y medianos se ha expandido, de hecho, el Sistema Internacional actual cuenta con una pluralidad cada vez mayor de nuevos actores, con objetivos e intereses muy particulares y con una capacidad relativa de influencia cada vez mayor. Tal escenario complejo permite, a aquellos Estados no-potencia, participar de las relaciones internacionales para alcanzar sus propios intereses. A esto se suma una mayor interdependencia económica y a la transnacionalización política, cultural y social que experimenta actualmente el mundo (Lasagna, 1995). Puntualizando, se puede decir que la política exterior es formulada dentro del Estado; sin embargo, su ámbito de aplicación es el contexto internacional (Lasagna, 1995). Su propósito básico se relaciona con la seguridad del Estado (seguridad nacional), aludiendo principalmente a la perspectiva realista, pero considerando el contexto interno y externo en el cual se va a desarrollar. Esto último lleva a precisar que la formulación de la política exterior se ve influenciada tanto por elementos de tipo doméstico como externo. Para Von Klaveren (1984), la política exterior surge tanto de factores internos como de la orientación del régimen, el liderazgo carismático de sus dirigentes y las políticas burocráticas; además de factores externos como la perspectiva sistémica y la perspectiva de dependencia de un Estado respecto a los demás. Mientras que, Tomassini (1988) propone cinco factores formales en la elaboración de la política exterior, a saber: 1. La visión del país frente al Sistema Internacional, 2. Su relación con la sociedad y con la historia, 3. Las áreas de articulación de cada país con otros y su jerarquización, 4. El peso interno de su política exterior y 5. El estilo imperante en la formulación de la política.

Entonces, la política exterior resulta ser una actividad gubernamental, que busca establecer las relaciones entre el Estado y otros actores, generalmente (aunque no de manera exclusiva) otros Estados (Lasagna, 1995). Por lo tanto, es una política pública, con todas las connotaciones que esto encierra. En primer lugar, es claro que una política pública es influida por las creencias particulares de quienes la diseñan, de sus intereses y de las negociaciones políticas y burocráticas que deben darse para lograr su implementación. Por otra parte, se espera que, como toda política, sea un proceso cíclico, compuesto por periodos de estabilidad y periodos de transición, que conduzcan a la introducción de cambios (así estos no sean radicales).

Como política pública, entonces, la política exterior debe contar con objetivos, metas, estrategias y acciones. Lo anterior, buscando la optimización de los principales intereses del país (Jaguaribe, 1974), entre los que se deben considerar, además de la seguridad nacional, el desarrollo económico, la generación

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de empleo, el bienestar social, el desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la calidad de vida, la defensa de la identidad cultural, el acceso a una canasta cada vez mayor de bienes y servicios, entre otros (Tomassini, 1988). Generalidades de la política exterior colombiana La participación de Colombia en el escenario internacional no ha sido proactiva en términos generales, de hecho, no es del todo descabellado asegurar que el país carece de política exterior, en tanto, simplemente adopta posturas reactivas frente a los acontecimientos mundiales y se limita a adoptar algunas medidas frentes a sus propias fronteras (González Parias et al., 2017). A pesar de la anterior afirmación, vale la pena esclarecer cuál es la actitud del país frente a los otros actores del Sistema Internacional, tímida o no, y cuáles han sido los principios que la fundamentan. La Constitución Política del país surge en 1991, en pleno fin de la Guerra Fría y de cara a un mundo más interdependiente y globalizado, Colombia ha privilegiado, antes y después de la aprobación de su nueva Carta Magna, las relaciones unilaterales y alineadas con Estados Unidos. Lo anterior se contradice, en tanto que, la propia Constitución establece que el país debe promover la internacionalización de sus relaciones políticas, económicas y culturales (Vela Orbegozo, 2008), empezando por la integración regional. El mandato de la internacionalización de las relaciones de todo tipo del Estado colombiano se refuerza con el principio tradicional de respeto por las reglas e instituciones del derecho internacional, el cual sigue siendo vigente en la actualidad (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). De acuerdo con Duarte-Herrera y Pedraza-Beleño (2018), la política exterior colombiana ha fluctuado entre dos principios de actuación: Respice polum y Respice similia. El Respice polum fue propuesto al país cuando Marco Fidel Suárez fue canciller (y luego presidente), teniendo como marco la firma de los acuerdos de 1914 (Decreto 409) que ponían fin a la difícil relación con los Estados Unidos, devenida después de la pérdida de Panamá. Precisamente, haber trasegado por un lapso de tiempo contando con la enemistad de la potencia de la región, condujo al planteamiento de este principio que procuraría privilegiar las relaciones amistosas con los Estados Unidos, articulando la política exterior colombiana a la de su aliado estratégico.

El Respice similia, atribuido al expresidente Alfonso López Michelsen cuando fue canciller del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, promovía una integración regional, mirando a los Estados “semejantes”, en procura de una cooperación con los vecinos. La postura de Colombia podía fluctuar entre cualquiera de los dos principios, considerando sus intereses y el contexto internacional. Por su parte, Fernández de Soto (2010), quien fuera canciller durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, sugiere una postura más amplia, considerando la intención de la inserción internacional del país en un escenario de

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mayor interdependencia, multiplicidad de foros internacionales y la posibilidad de interacción con todos los países del mundo. Esta mirada del conjunto, se conoce como Respice omnia.

El Respice polum (mirar a la estrella del norte) terminó privilegiando una subordinación consentida de Colombia frente a los Estados Unidos (Tokatlian, 2000), al no encontrar la reciprocidad esperada por parte del anhelado aliado. Esta doctrina fue aplicada plenamente hasta entrada la década de 1970, siendo, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el periodo más claro de “subordinación consentida” y anticomunismo declarado. El Respice similia vino a dar un aire de diversificación diplomática, política y económica, relativizando su alineación con los Estados Unidos, aunque nunca renunciando a ella. Por otra parte, para Palacio (2013), el Respice omnia no pudo ser del todo aplicado en Colombia, puesto que su propuesta fue tardía, ya que la debilidad institucional del país hacia finales de la década de 1990, le impedía desarrollar una política exterior de más proyección.

De todo lo anterior se destaca que, indudablemente, el elemento más predominante de la política exterior colombiana es su proximidad con los Estados Unidos, resaltando la profunda convicción tanto de las élites políticas como económicas de que tal actitud beneficiaría los intereses nacionales de Colombia. Tanto Colombia como los demás países de América Latina representaron un área de influencia indiscutida de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, al momento de decidir la participación y voto nominal de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos estaban tranquilos y seguros de contar con el apoyo de sus vecinos de la región, mientras que la Gran Bretaña y la Unión Soviética luchaban por incluir Estados provenientes de la Mancomunidad Británica, el primero, y aliados de su zona de influencia, el segundo (Jenkins, 2001). Pero, más recientemente, Colombia, en particular, ha logrado que esa cercanía termine siendo, incluso, incómoda para sus vecinos, basta recordar la polémica generada por las bases militares con presencia de soldados estadounidenses, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, suscitando una dura reacción por parte de los países de la región organizados en la, muy fuerte en ese momento, Unasur (Piñeiro y Muñoz Angulo, 2014).

Arlene Tickner (2007) plantea que Colombia, precisamente durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, promovió una participación de Estados Unidos más directa en los asuntos internos del país, teniendo como excusa una difícil situación de seguridad, como consecuencia del avance de las guerrillas y de los carteles de narcotráfico, logrando una decidida participación en el diseño y ejecución del Plan Colombia y en el Plan Patriota; a esto la autora lo denomina “intervención por invitación”.

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La idea de incluir el conflicto armado con mayor determinación en la actuación de Colombia en el escenario internacional es, precisamente, lo que hace suponer un cambio de orientación importante en su política exterior una vez inician los Diálogos de Paz de La Habana, aunque ya se verá que, tales cambios, no resultan ser estructurales. En esa línea de acción, Colombia demanda mucha mayor cooperación por parte de los Estados Unidos, descuidando incluso sus relaciones con el resto del mundo, lo que para Herrera (2009) significó minimizar sus posibilidades de tener mayor protagonismo en el Sistema Internacional. Sin embargo, el Plan Colombia y la posterior política de “Seguridad Democrática” cumplieron, para un segmento de la opinión pública nada despreciable, el cometido de debilitar contundentemente la amenaza terrorista proveniente de las FARC.

La política exterior de Álvaro Uribe Vélez dejaba por escrito un interés de contribuir “con la construcción de un nuevo orden mundial”, procurando una inserción internacional del país más beneficiosa, pero “sin olvidar la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 2). En la práctica, esos asuntos domésticos superaron por mucho una idea de mejorar la participación del país en el Sistema Internacional, siendo el principal de los asuntos domésticos la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Esa postura y accionar del Gobierno colombiano profundiza la internacionalización del conflicto, involucrando a sus vecinos en la lucha contra los actores armados (Presidencia de la República de Colombia y Ministerio de Defensa Nacional, 2003) y advirtiendo que el país no puede garantizar su propia seguridad y supervivencia sin el apoyo de los Estados Unidos (Cardona, 1988). Esto resultó ser una contradicción, casi irreconciliable, dadas las circunstancias políticas acaecidas durante la primera década del siglo XXI, puesto que, por una parte, Colombia se había decidido por un gobierno de mano fuerte, gracias a una ciudadanía cansada de los atentados y el avance de las guerrillas, luego de años de negociaciones de paz infructuosas entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, teniendo como resultado una cómoda victoria en las urnas de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática; sumado a esto, los atentados contra las Torres Gemelas en 2001 y la adopción de una lucha frontal contra el terrorismo liderada desde el gobierno de George Bush. Por otra parte, en los demás países de América Latina el péndulo de la política esta vez volvía hacia la izquierda, teniendo como caras visibles y principales auspiciadores a Hugo Chávez en Venezuela y Lula Da Silva en Brasil, consolidando una mayoría de gobiernos de corte progresista, que rápidamente se alineaban con lo que se empezó a denominar como el “Socialismo del Siglo XXI”, poniendo en problemas esa sólida e indiscutible mayoría con que contaba los Estados Unidos en la región.

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Todo esto derivó en unas relaciones sumamente tensas con la región, agravadas aún más por la incursión militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano, en una acción que da de baja a “Raúl Reyes”, uno de los principales dirigentes de las FARC. Colombia, por su parte, explicaba su aislamiento frente a los vecinos, sobre todo en materia de defensa y seguridad, considerando tres razones: una abrumadora mayoría de países con una tendencia ideológica diametralmente opuesta, diferencias conceptuales en materia de seguridad y defensa, y el no reconocimiento de las guerrillas como actores terroristas por parte de los demás gobiernos (Piñeiro y Muñoz Angulo, 2014). En líneas generales, la política exterior colombiana, durante el periodo inmediatamente anterior al gobierno de Juan Manuel Santos, fue obstinadamente dependiente de los lineamientos establecidos desde los Estados Unidos, convirtiendo al país en un aliado incondicional de la potencia en la región, debilitando su posición frente a los demás países de América Latina, además de evidenciar cómo los asuntos domésticos influenciaron en gran medida la política exterior colombiana, puntualmente, el conflicto armado interno, el cual fue el principal vector de acción y tema preferido al momento de relacionarse con otros actores del Sistema Internacional.

Así, se podría resumir que la política exterior colombiana tiene un conjunto de características que definen un poco la posición débil del país en escenarios internacionales: en primer lugar, se observa que la política exterior termina siendo más una política de Gobierno que una política de Estado (aun cuando los cambios siguen sin ser sustanciales); existe una baja especialización y profesionalización del servicio diplomático, siendo cooptado como botín político; no hay presencia determinante de actores distintos al Estado en la formulación y evaluación de la política exterior, más allá de aquellos configurados por las élites de las cuales provienen los policy makers; las acciones o respuestas frente a circunstancias particulares, parecen ser más una respuesta del funcionario de turno que de una postura institucional; no se observa una coordinación institucional y el Respice polum es la tendencia predominante (Ardila et al., 2002). La política exterior colombiana de cara al posconflicto La política exterior colombiana no experimentó cambios dramáticos como consecuencia de la negociación con las FARC ni con la implementación de los acuerdos alcanzados. De hecho, tales acuerdos no comprometieron el régimen político ni el modelo económico del país, a pesar de ser una de las consignas históricas de la guerrilla y de abordar temas trascendentales como la cuestión agraria, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, sí existieron nuevas posturas del gobierno de Juan Manuel Santos en el escenario internacional, que llamaron poderosamente la atención y hacían prever un cambio frente a la conducta internacional del país en su pasado reciente;

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además de observar también un cambio de estilo, pasando de la microgerencia de Álvaro Uribe a un “estilo gerencial” de Juan Manuel Santos, con mayor capacidad de delegación que su antecesor (Pastrana y Vera Piñeros, 2012). Como se dijo anteriormente, la política exterior termina siendo una actividad gubernamental, por lo tanto, es susceptible de alteraciones cuando se produce un cambio de Gobierno1; así como también se advirtió que dicha política depende de elementos domésticos, por ejemplo, la visión de la sociedad, intuyendo que, si esta cambia de punto de vista, la política exterior también podría hacerlo2. Sin embargo, para el caso de Colombia, el cambio de gobierno de Álvaro Uribe Vélez a Juan Manuel Santos no preveía ningún tipo de alteración, al provenir los dos de las mismas élites gobernantes, los mismos apoyos de partidos políticos y, durante el gobierno Uribe, la misma ideología. Santos, como ministro de Defensa de Uribe, defendió bastante la política de Seguridad Democrática y propinó los principales golpes militares a las FARC. Por eso resultó realmente sorprendente que Juan Manuel Santos anunciara el inicio de negociaciones con lo que parecía ser el principal enemigo de Álvaro Uribe y, de paso, el principal legitimador de su influencia política. Pero, aunque esto fue un giro verdaderamente inesperado, proponiendo una manera distinta de abordar y poner fin a un conflicto armado de más de cincuenta años, las creencias y los valores de la sociedad, el régimen político y el modelo económico, realmente nunca fueron comprometidos por la negociación. Por lo tanto, los cambios presentados por Colombia de cara al contexto internacional, podrían definirse mejor como una redirección (Hermann, 1990) que como una reestructuración.

También, cabe presentar dicho cambio en virtud de una política adaptativa (Rosenau, 1970), en la que se logran adaptaciones en el contexto externo, manteniendo las estructuras esenciales de la sociedad. Aunque, realmente, los cambios experimentados obedecieron más a asuntos domésticos que a retos procedentes del exterior.

Lasagna (1995) plantea que, existen tres niveles de cambio en la política exterior: la reestructuración, que es rápida y pretende un cambio fundamental; la reforma, que es lenta, incremental y que busca modificar aspectos parciales, pero fundamentales; y el ajuste, el cual es menos intenso, se da a través de pequeñas alteraciones, pero sin alcanzar realineaciones ni un cambio fundamental. Claramente, lo hecho por el gobierno Santos fue un “ajuste”, más que cualquier otra cosa.

Aunque la política exterior se concibe mejor como una política de Estado y no una política de Gobierno (Lasagna, 1995), de ahí se deriva su estabilidad a lo largo del tiempo.

Esto no ocurriría al amparo de una perspectiva realista.

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Como se dijo, el cambio de discurso del gobierno Santos resulta más que sorprendente, pues en algunos casos, las posturas son radicalmente opuestas a las planteadas por su antecesor, a pesar de que, para Borda y Morales (2017), dichos cambios en la política exterior solo fueron posibles gracias a los logros en seguridad del gobierno Uribe. Se aprecia, entonces, un lenguaje más conciliador, en sintonía con su política interna de “unidad nacional”, procurando posicionar al país como líder regional, pero sin perder la ayuda de los Estados Unidos (Sánchez y Campos, 2019).

Los cambios se evidencian principalmente en los siguientes aspectos: el paso de importador y receptor de cooperación para la seguridad a exportador de know how en esa materia; inclusión de temas como paz y comercio en la agenda internacional, dándoles más relevancia que a los relacionados con seguridad; una relación más cooperativa con los vecinos de la región, presentando un relevo de la “diplomacia de los micrófonos” por canales diplomáticos tradicionales; y la procura de posicionar al país en temas como el tráfico ilícito de drogas (Borda y Morales, 2017).

El primer cambio relacionado, el paso de importador a exportador de seguridad, ataca dos bandas de manera simultánea. Por una parte, permite mejorar la imagen del país llevándola de aquella idea de estado fallido de la década 1990 a la de experto en seguridad y cooperante frente al Sistema Internacional, procurando elevar el estatus del país a nivel internacional, proyectando una imagen de estabilidad y seguridad interna (Rojas, 2019). Por otra parte, intenta resolver el problema de qué hacer con los efectivos de las Fuerzas Armadas, pues se presumía que después de la firma de la paz con las FARC, la intensidad del conflicto disminuiría y no sería necesario contar con el número de efectivos que se tenía antes de la firma de los acuerdos. Esto debe mirarse con más detalle. La experiencia acumulada por Colombia con respecto a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, lo han dotado de cierto reconocimiento y autoridad frente a los demás Estados, esto ha permitido que el país haya consolidado una oferta de cooperación internacional, con el propósito de brindar apoyo a aquellos países que enfrenten las mismas amenazas. Concretamente, el gobierno Santos creó la “Estrategia de cooperación internacional en seguridad integral”, en la que detalla los servicios de cooperación en los cuáles el país pretende prestar sus servicios, destacándose en temas como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, procesos antisecuestro y antiextorsión, inteligencia policial, seguridad ciudadana, entre otros (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). Como resultado, en el periodo que va de 2009 a 2013, se brindó capacitación militar y policial a 21 949 personas de 47 países. En América Latina, tal cooperación se focalizó en los países de Centroamérica y el Caribe. En ocasiones, la fórmula empleada consistía en la triangulación de recursos, en donde el apoyo

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económico era proporcionado por los Estados Unidos, mientras que las instalaciones y los expertos eran provistos por Colombia. Ese mismo modelo fue utilizado con países de África, tales como Guinea Bissau, Ghana, Cabo Verde, Gambia, Senegal y Togo, encontrando como cooperantes a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a la Unión Europea (Borda y Morales, 2017), cuyos Estados miembros veían con preocupación el incremento del tráfico de sustancias ilícitas desde dichos países hacia Europa. Con respecto al papel de los efectivos de las Fuerzas Armadas después del “fin del conflicto”, hay que decir que Colombia desarrolló su Ejército y Fuerzas Armadas de cara a un conflicto y a un enemigo interno (Cancelado, 2015), por lo que, un acuerdo que le ponga fin trae consigo una redefinición y un redimensionamiento de tales estructuras. Es así como, se observa una intencionalidad de redireccionamiento de los efectivos hacía actividades de cooperación fuera del país, teniendo en la mira una reducción paulatina de su tamaño. Así, en 2015, Colombia acordó con las Naciones Unidas que sus fuerzas de seguridad conformaran operaciones de mantenimiento de paz de dicha organización (Borda y Morales, 2017). El argumento de que el Acuerdo con las FARC acabaría con el conflicto interno y desaparecería las amenazas a la seguridad ciudadana es, por lo menos, desestimable si se observa el avance de las Bacrim y el EPL, la imposibilidad de llegar a acuerdos con el ELN, la aparición de disidencias de las FARC y la presencia de carteles de droga mexicanos. El segundo cambio tiene que ver con un discurso más amplio en escenarios internacionales, intentando desenfocar el tema de la seguridad y el conflicto interno como prioridad para Colombia, y reformulando la postura del país frente al narcotráfico, pidiendo al mundo adoptar estrategias distintas ante el “fracaso” experimentado en ese aspecto.

Fue precisamente este último cambio de postura el más mediático y llamativo, teniendo en cuenta que, Colombia venía asumiendo con mucho juicio todas las recomendaciones en materia de seguridad y lucha contra el narcoterrorismo provenientes de los Estados Unidos, convirtiéndole en un socio y aliado indiscutible en la región, y alineándolo en el discurso de la seguridad preventiva y lucha contra el terrorismo, imperante desde el 11 de septiembre de

2001. Sorprende más, por venir de quien fuera el ministro de Defensa estrella

del Gobierno con posturas más radicales frente al terrorismo y, por ende, representante de un discurso oficial de línea dura en esa materia. Los aspectos a resaltar con ese cambio de postura se encuentran, principalmente, en las intervenciones de Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre de las Américas en Cartagena en 2012 y en la intervención en medios internacionales; alejándose así de la política prohibicionista y asumiendo una postura integral de cara a la salud pública (Sánchez

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y Campos, 2019), lo que a la postre le representaría serios retos para el país, dada su debilidad institucional para afrontar iniciativas derivadas de esa nueva postura (Dangond, 2015).

El elemento más distintivo de este cambio es lo relacionado con la eliminación del uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos, aduciendo argumentos de protección al medio ambiente y a la salud de las poblaciones, privilegiando otras acciones como la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual. Los mensajes dados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Diálogo Interamericano de Drogas, ambas en 2016, y la postura que llevó el entonces ministro de Justicia del Gobierno colombiano ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, confirmaban la nueva estrategia colombiana (Borda y Morales, 2017).

En materia comercial, vale la pena recordar que cuando inició el gobierno Santos, Colombia estaba aislada de la región no solo en términos políticos, esto teniendo en cuenta la caída de las exportaciones hacia sus antiguos socios comerciales (Venezuela y Ecuador) y sin contar aún con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos (Piñeiro y Muñoz Angulo, 2012), el cual había sido el objetivo principal en la estrategia comercial del país de cara al exterior (Pastrana Buelvas, 2010). La política exterior comercial de Santos se enfocó en diversificar las relaciones comerciales del país, vale la pena resaltar que, ya para 2013, su estrategia había logrado firmar Tratados de Libre Comercio con México, el Triángulo del Norte, Caricom, Mercosur, Chile, EFTA, Canadá y Estados Unidos; asimismo, había firmado acuerdos con Corea del Sur, Israel y Costa Rica (Hawkins, 2013). Cabe resaltar la conformación de la Alianza del Pacífico, en procura de la consolidación de un área de integración profunda (Hernández Bernal y Muñoz Angulo, 2015), la cual integró, en su momento, el 42 % del PIB de América Latina (Bautista et al., 2015), convirtiéndola en un destino comercial bastante apetecible. Como resultado de dicha estrategia, el país experimentó un incremento sostenido en el arribo de inversión extranjera directa, salvo en el 2015 (Cruz Negrete, 2018).

El tercer cambio en materia de política exterior colombiana, que se resalta en este documento, es el viraje en las relaciones con los vecinos. En particular, durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las relaciones de Colombia con la región fueron bastante tensas y distantes, lo que provocó un aislamiento del país frente a sus vecinos y, por ende, una relación más estrecha con Estados Unidos.

El arribo al poder de gobiernos de izquierda o de corte progresista, contrastaba y hacía más difícil la interacción con el Gobierno colombiano, con postura claramente contraria durante el mandato de Uribe. Esto hizo que, mientras en la región se construían espacios transnacionales de cooperación, alternativos a

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los existentes, pretendiendo establecer cierta distancia con los Estados Unidos, Colombia no adoptaba una postura protagónica en dichos esfuerzos y, por el contrario, era acusada por sus vecinos de adoptar acciones tendientes a desestabilizar la región. El intento de reconfigurar un escenario internacional llevó a la creación del Alba, Unasur, Celac, el fortalecimiento del Mercosur y el afloramiento de relaciones bilaterales amistosas entre todos los vecinos, mientras Colombia mantenía su mirada firme en la potencia del norte. El gobierno Uribe procuró vincular a los vecinos en sus esfuerzos por combatir los grupos armados, llegando incluso a algunos acuerdos; sin embargo, se presentaron fuertes conflictos entre los países, que terminaron por echar abajo tales acuerdos y en la exigencia al Estado colombiano de controlar de manera más efectiva sus propias fronteras (Ramírez, 2006). Los momentos más tensos tuvieron siempre como protagonista al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pues estuvo presente de manera directa o como alentador en los conflictos que llevaron a las tensas relaciones entre Colombia con Venezuela y Ecuador. Hechos como la captura de Rodrigo Granda en Venezuela, el bombardeo al campamento de “Raúl Reyes” en Ecuador (que provocó una insólita orden de captura de un juez de Sucumbíos contra el futuro presidente Juan Manuel Santos) y los constantes dimes y diretes, teniendo como pretexto contra puntos que iban desde los asuntos internos en estos países hasta la fumigación de cultivos ilícitos por aspersión con glifosato, eran cotidianos y cumplieron con minar la confianza entre estos Estados.

Una vez Juan Manuel Santos llega al poder, el cambio de actitud resulta sorprendente, pues no solo adopta una postura menos conflictiva frente a los vecinos, sino que encuentra puntos en común para reestablecer las relaciones políticas y comerciales, resquebrajadas en el Gobierno anterior. También acude a Chávez en su ayuda para emprender un proceso de paz con las FARC, utilizando la influencia del entonces presidente de Venezuela sobre esa guerrilla, pasando de ser un incómodo vecino a un indiscutible aliado en el propósito de alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto.

El presidente Chávez fue fundamental en generar confianza entre las partes y actuó como garante de las negociaciones en todas sus etapas. El apoyo de Cuba, también como garante, pero además como sede de los diálogos, refuerza el apoyo de una región cuyos gobiernos no transitaban por la misma acera ideológica que el de Colombia.

Con Ecuador las relaciones también fueron mucho más amistosas, luego de la llegada de Santos a la presidencia de Colombia, logrando la reapertura de la frontera terrestre, permitiendo el tránsito de mercancías y la reactivación del comercio exterior entre ambas naciones. Esta posición pragmática de ambos Gobiernos, en la que se sobreponen los intereses comerciales y económicos sobre posturas

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ideológicas y diferencias personales, ayudó mucho a una relación más fluida. Dicha postura fue muy criticada por un segmento de la opinión pública en Colombia, acusando al presidente Santos de promover relaciones con gobiernos antidemocráticos y auspiciadores del terrorismo, críticas a todas luces sin sustento desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, considerando que los intereses de un Estado son amorales (Kennan, 2004) y que lo único que se debe tener en mente es el logro de sus objetivos. Es importante resaltar, además, que el mejoramiento de las relaciones con los países de la región, particularmente Ecuador y Venezuela, también fue el resultado de adoptar los canales diplomáticos tradicionales para manejar asuntos bilaterales, evitando la denominada “diplomacia de los micrófonos”, en la cual los presidentes Uribe, Chávez y Correa acudían utilizando cualquier oportunidad en los medios de comunicación para ventilar desacuerdos y posturas drásticas frente al otro país.

El fortalecimiento de los canales diplomáticos no fue un fenómeno exclusivo frente a la región, de hecho, intentando corregir el defecto advertido de la debilidad institucional en el servicio exterior colombiano, durante el gobierno Santos dichos canales se ampliaron y fortalecieron contundentemente, fijando objetivos claros y ambiciosos tales como el ingreso a la OCDE, la OTAN, la creación de canales eficaces con la APEC y una relación más cercana con la Unión Europea. De lo anterior, se observó un aumento en el número de misiones diplomáticas colombianas en todo el mundo, pasando de 44 a 58 embajadas y de 85 a 148 consulados entre 2008 y 2018 (Galeano David et al., 2019). Conclusiones En resumen, la política exterior del gobierno Santos introdujo unos ajustes importantes, aunque no sustanciales a la postura de Colombia en el contexto internacional. Algunos de ellos estaban relacionados con el momento histórico por el cual atravesaba el país, puntualmente la negociación de los acuerdos con las FARC, por ejemplo, lo relacionado con la lucha contra las drogas. Sin embargo, tales cambios no pretendían poner en riesgo el orden establecido del país, ni cambiar de forma radical el sistema de valores del Estado, más bien, se observa un cambio de estrategia, verdaderamente sorprendente, tendiente a alcanzar el mismo interés perseguido durante años anteriores: la seguridad nacional.

Aun cuando el expresidente Santos buscó reconciliar posturas con los países vecinos, intentando dejar atrás graves escollos generados por confrontaciones entre los mandatarios, Colombia nunca se deslindó de Estados Unidos como su tradicional aliado. De hecho, contó con numerosas declaraciones de apoyo al proceso de paz por parte del Gobierno estadounidense, e incluso, con un

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delegado especial para los diálogos, Bernie Aronson, a partir del 2015 (Borda y Morales, 2017).

Entonces, se reitera que, en tanto ni el régimen político ni el modelo económico fueron puestos a consideración en los diálogos de paz con las FARC, los cambios del comportamiento de Colombia en el Sistema Internacional tampoco representaron una reestructuración de la política exterior del país. De hecho, a pesar de la aproximación (más bien reconciliación) con los países vecinos, no se puede advertir una desalineación con los Estados Unidos, como característica principal de la agenda internacional colombiana.

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Editores Ricardo García Duarte Magíster en Estudios Políticos del Institut d’Études Politiques y en Análisis de Problemas Políticos Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Abogado y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Analista y cofundador de las revistas Razón Pública.com, Coyuntura Política, Esfera y Pensar la Ciudad. Articulista y ensayista. Líder del grupo de investigación Representación, Discurso y Poder (categoría A, Colciencias). Investigador asociado de Colciencias. Director del proyecto de investigación El conflicto armado interno como posible expresión invertida del modelo de desarrollo y de la política en Colombia. Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Jaime Andrés Wilches Tinjacá Doctor Cum Laude en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, comunicador social y periodista de la Universidad Central. Politólogo grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia. Docente-investigador del programa de Administración Pública del Politécnico Grancolombiano y catedrático de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Investigador asociado de Colciencias. Experiencia de trece años en la coordinación de proyectos de docencia, investigación y extensión social. Creador del canal de YouTube “Clase Abierta”.

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Hugo Fernando Guerrero Sierra Ph.D Cum Laude en Relaciones Internacionales y Globalización. M.A. en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y M.A. en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid (España). M.A. en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset (España). M.A en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada (España). Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Grupo de Investigaciones Jurídicas y Sociojurídicas de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja. Actualmente es profesor titular y director del Grupo de Investigación en Política y Relaciones Internacionales (GIPRI) de la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia.

Mauricio Hernández-Pérez Candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Estudios Políticos y Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y diplomado en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. Investigador del Grupo de Investigación en Política y Relaciones Internacionales (GIPRI) y coeditor de la revista Equidad & Desarrollo. Dentro de sus líneas temáticas de investigación se encuentran: memoria, olvido, verdad, conflicto armado, acción colectiva, movimientos sociales, sociedad civil, procesos de construcción de paz y estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

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Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2021 en los talleres de En Alianza S.A.S.

Bogotá, Colombia

Cita: García Duarte, Ricardo, Wilches, Jaime Andrés, Guerrero Sierra, Hugo Fernando, HERNANDEZ PEREZ, MAURICIO, Devia Acevedo, Emerson, Lozano Navarrete, Mauricio, Pirela-Morillo, Johann, Novoa-Palacios, Amparo, Torres Gómez, Myriam Fernanda, Almarza Franco, Yamely Margarita, Sierra Escobar, Luis Fernando, Rodríguez García, Julio César, Quintero Martínez, Jairo, Ladino Marín, Paola Consuelo, Castañeda Lozano., Yebrail, Rojas Quinche, Ginna Marcela, Torres Preciado, Javier Fernando, Rodríguez Caldera, Emilmar Sulamit, González-Cuenca, David, Pérez Cortés, Laura Catalina, Muñoz Angulo, Luis Guillermo, Hernández Bernal, José Armando (None), Paz en crisis: comunicación y lecciones aprendidas de la crisis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, p. N. http://hdl.handle.net/11349/32601