LECCIONES DE LOS PROCESOS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA PARA EL

POSTCONFLICTO EN COLOMBIA

PRESENTADO POR:

JULIÁN GUTIERREZ ALDANA

DOCENTE:

JUAN ALEJANDRO MORALES SIERRA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE ECONOMÍA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN COMO OPCIÓN DE GRADO

COLOMBIA

31-MAYO-2016

INDICE

INTRODUCCION ....................................................................................................................3

BREVES ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ..........................4

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ...........................................................................4 NACIMIENTO DE LAS FARC .............................................................................................7

BREVE RECUENTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y PROCESOS DE PAZ EN

GUATEMALA Y EL SALVADOR .............................................................................................19 CONFLICTO ARMADO EN GUATEMALA ......................................................................19 PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA ..............................................................................21 CONFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR ...................................................................23 PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR ...........................................................................24

PROCESO DE PAZ EN CURSO EN COLOMBIA Y PLAN ESTRATÉGICO PARA EL

POSTCONFLICTO ......................................................................................................................28 PROCESO DE PAZ ...............................................................................................................28 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL POSTCONFLICTO ......................................................29 CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL ..........................................................29 DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN .....................................................................30 POLÍTICA ANTIDROGAS ..................................................................................................30 REPARACIÓN DE VÍCTIMAS ...........................................................................................30 CONVIVENCIA Y SEGURIDAD .......................................................................................31

LECCIONES PARA EL PROCESO DE PAZ Y EL POSTCONFLICTO EN COLOMBIA .....32

CONCLUSIONES .........................................................................................................................36 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................................38

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Gasto militar por habitante, Colombia, Centroamérica, Suramérica 1960-2013 Grafica 2. Ayuda de EEUU a Colombia (2000-2011) Millones de Dólares Grafica 3. Tasa de crecimiento real del PIB por sector (2005-2012) Grafica 4. Contribución de la demanda a la de crecimiento real del PIB

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Aporte de los Estados Unidos para el Plan Colombia a septiembre 30 del 2001 (en dólares)

LECCIONES DE LOS PROCESOS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA PARA EL

POSTCONFLICTO EN COLOMBIA

RESUMEN:

En el presente documento se exponen los antecedentes de los conflictos armados originados en Guatemala y El Salvador, haciendo énfasis en los escenarios generados a partir de los acuerdos de paz. Solo cuando los acercamientos entre actores de un conflicto conducen a negociaciones sobre una agenda sustantiva y central a la confrontación, ahí es cuando se usa el término proceso de paz. La pregunta que surge, entonces, es conocer sobre qué se negocia en un proceso de paz y que se puede aprender de los mismos, entender que este tipo de acuerdos ponen fin al conflicto armado, pero de igual forma, generan cambios en las viejas estructuras del Estado y dan lugar a la creación de nuevas instituciones.

Hoy por hoy la discusión sobre aceptar o no los acuerdos que están en negociación con los grupos al margen de la ley, generan profundas divisiones de índole político, social y económico, puesto que, de hecho podemos asegurar que, la existencia de un marcado conflicto de intereses, es lo que no nos ha permitido llegar a la reconciliación. La invitación es entonces a tomar lección sobre los acuerdos que dieron fin a los conflictos en Guatemala y El Salvador (Díaz Barrado, Romero Serrano, & Morán Blanco, 2010) como referencia para el paso a la construcción de la paz y el desarrollo del postconflicto en Colombia.

PALABRAS CLAVE: período de violencia, conflicto armado, proceso de paz, postconflicto, costos políticos y socioeconómicos, reconciliación.

KEYWORDS: violence period, armed conflict, peace process, post-conflict, political and socioeconomic costs, reconciliation.

ABSTRACT: In this document is spoken about of history of armed conflict in Guatemala and the Salvador making accent the stages generated from the peace agreements. Only when the rapprochement between actors in a conflict lead to negotiations on a basic and centralized to the confrontation, it is there when the term is used peace process. The next question, then, It`s to know about what is negotiated in a peace process and what you can learn from them, understand that these agreements put an end to the armed conflict, but equally, brings changes in the old State structures and generated the creation of new institutions. Today the discussion about accepting or not the agreements that they are in negotiation with groups outside the law, develop deep divisive political, social and economics, as, in fact we can ensure that, the existence of marked a conflict of interest, it is what has not allowed us to reach reconciliation.

The invitation is then to take lesson on the agreements that ended the conflict in Guatemala and El Salvador as a reference for the transition to peace-building and post-conflict development in Colombia.

JEL: F02, F51, F53, N16, N17,

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del conflicto armado en Colombia ha tenido etapas diversificadas en cuanto a su intensidad y en su avance geográfico. La Violencia se manifestó, entre otras formas, en una ola de carácter represivo contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos agrupados en torno a los ideales del gaitanismo, cuyo punto máximo de radicalización política se da, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, evento que desató protestas populares, conocido como; El Bogotazo (Echandia, 2006), sin embargo, se puede concluir que en la década entre los años de 1940-1950, en el denominado período de la violencia, qué confrontó principalmente al partido liberal y el partido conservador se puede situar la génesis del actual conflicto armado1. Los pactos de manejo del poder entre ambos partidos, culminan este período con el nacimiento del Frente Nacional y como oposición a dicho acuerdo, derivaron varios grupos guerrilleros de tendencia comunista, entre ellos las Farc. El presente trabajo se enfocará principalmente en el actual proceso de paz con este grupo guerrillero y específicamente en las lecciones que podemos aprender de los procesos de paz y posconflicto que tuvieron lugar en El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general del presente trabajo de grado, es analizar el actual conflicto armado en Colombia a partir de las características particulares del mismo y sus

1 El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, el telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE. UU. después de la Primera Guerra Mundial. El alza del precio del café y el crecimiento de la demanda interna desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras donde predominaban el arriendo y la colonización de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los convenios de trabajo con las haciendas y los colonos invadían tierras que pertenecían a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de ligas campesinas jugaron un papel determinante, que en muchas regiones fue reprimido por armas oficiales o privadas.

similitudes con los procesos vividos por estos países centroamericanos y extraer las experiencias de sus respectivos procesos de paz.

En cuanto a la metodología de investigación de tipo cualitativa que se busca desarrollar, se ha organizado en cuatro bloques: en el primero, se hará un breve recorrido histórico de los antecedentes más representativos del conflicto armado en Colombia, incluyendo información cuantitativa del mismo. En el segundo, hacer una aproximación al proceso de paz en curso y el plan estratégico que se busca implementar para el postconflicto. En el tercero, se analizarán los puntos claves de los conflictos armados en Guatemala y El Salvador y sus respectivos procesos de paz. Cuarto y último bloque, se analizará las consecuencias que trajeron dichos procesos, en cada una de estas dos naciones, para determinar las lecciones para el proceso de paz y posconflicto en Colombia.

1. BREVES ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA:

1. CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

La afirmación según la cual, la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado (Fajardo Cely, 2014), abre un camino para explorar estas dimensiones que lo hacen condición de viabilidad de la nación y que conducen a momentos fundacionales de la misma2. En la gestación social colombiana, los grupos de poder

2 A este respecto señala Albert Berry: “Colombia se ha caracterizado por una extrema desigualdad en la distribución del acceso a la tierra agrícola y una grave ambigüedad en torno a los derechos de propiedad. Estos problemas han contribuido a muchos otros males económicos y sociales, entre ellos las oleadas de violencia que recorrieron periódicamente al país durante el siglo XX y parte del XIX”12, a lo cual añadió, a propósito de los resultados de la Ley 200 de 1936, propuesta cuando se intentaba resolver el problema del acceso a la tierra: “El fracaso para resolver el problema de la tierra cuando parecía haber una

han generado múltiples modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas. La etapa más cruenta de estos procesos de apropiación se remonta al 9 de abril de 1948 con el magnicidio sucedido en Bogotá, del entonces candidato presidencial por el partido liberal, Jorge Eliécer Gaitán, que trajo como consecuencia una serie de hechos violentos, inicialmente en la capital y posteriormente en todo el país, aunque antes de este evento ya existían antecedentes de violencia y conflictos políticos, especialmente a nivel rural. El denominado “Período de la Violencia”, que se derivó de este acontecimiento, que dejó un saldo de casi 200.000 muertos y el desplazamiento forzado de más de 2’000.000 de habitantes, entre 1948 y 1953 (Guzmán, Sánchez y Meertens, 2001).

Tras estos hechos, y con el propósito de poner fin a la violencia bipartidista entre liberales y conservadores ("El proceso de paz de Gustavo Rojas Pinilla .:: CONTRAPUNTO ::. La lógica detrás de la noticia", 2016), estos acordaron alternar el poder y dividir los cargos públicos por partes iguales en un período tiempo; este acuerdo se denominaría como Frente Nacional y tuvo vigencia entre los años 1958 y 1974. Sin embargo y pese a la reducción de los actos violentos entre los partidos tradicionales que esta figura política trajo consigo, se mantuvieron latentes una serie de factores internos, de orden estructural, que ya venían experimentándose y que contribuyeron a prolongar el conflicto armado; entre ellos se encuentra la desigualdad en la repartición de la riqueza, la notaria debilidad institucional, especialmente a nivel regional

posibilidad contribuyó notablemente a la “violencia”, la peor oleada de violencia que atribuló a Colombia”.

(Sánchez G & Meertens, 1983), dado que en particular en las áreas rurales, el Estado fue simplemente incapaz de ofrecer servicios sociales y servicios públicos básicos como; educación y salud, además, fracasó en la provisión de justicia y en la protección de los derechos humanos básicos, y por otra parte la persecución a la población por las preferencias políticas alimentó el descontento popular.

En este punto, es importante recordar que el Frente Nacional no generó espacios participativos para partidos con tendencias diferentes a las de los dos partidos tradicionales, lo cual dio paso a la creación y posterior consolidación de grupos alzados en armas (Romero, 2003), que se asentaron en diferentes regiones como figura de autoridad, especialmente en aquellas donde el Estado colombiano estaba, prácticamente, ausente.3 En los inicios del Frente Nacional (Silva, 1989), no se trataba ya de organizaciones que luchaban por objetivos limitados, como ocurría en los conflictos bipartidistas, sino por objetivos absolutos (el derrocamiento y la sustitución de las élites políticas dominantes), disponiendo de una estrategia organizacional y un discurso coherente diseñados para tal efecto. En general los historiadores coinciden en diferenciar tres fases distintas durante el período (1946-1964). Inicialmente, a partir de 1946 se desató la violencia sectaria tras el cambio de hegemonía política, especialmente en las regiones que habían sufrido igualmente una violencia

3 Ahora bien, según los argumentos expuestos por estos ensayistas, en el período contemporáneo de violencia (1964-65 hasta hoy) se pueden distinguir a su turno dos fases distintas. Por una parte, una etapa germinal en la cual emergen, como en toda América Latina, grupos guerrilleros animados por diversos proyectos revolucionarios de cambio social. Por otra parte, una segunda fase que, tras un descenso pronunciado de las tasas de homicidio y un debilitamiento de los grupos guerrilleros de “primera generación”, vivirá una verdadera escalada a partir de los años ochenta hasta hoy, con la lenta recomposición de las FARC, el ELN y el EPL, la emergencia de las guerrillas de “segunda generación” (M-19, Quintín Lame y PRT), la expansión del tráfico de drogas y el nacimiento de los grupos paramilitares. Según el inventario provisional de Jorge Giraldo hubo en el continente alrededor de 102 grupos guerrilleros frustrados o consolidados desde 1956 (p. 7, cita No. 8).

similar tras el inicio de la república liberal en 1930 (Boyacá y los Santanderes). Una segunda fase, se da tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, en la cual se mezclaron las confrontaciones sectarias y el bandidismo social y político. Esta fase y la última, cuyas fechas intermedias son difíciles de establecer, se cierran durante la denominada “violencia tardía” con el desmantelamiento de los remanentes descompuestos del bandolerismo a mediados de los años sesenta. (Schuster, 2010).

1.2. NACIMIENTO DE LAS FARC:

En el año 1964, en Marquetalia, un pequeño territorio del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas en el departamento del Tolima en Colombia, fue ocupada de manera forzosa por el Ejército (Pataquiva, 2009), lo cual produjo un efecto adverso sobre la población campesina que se reorganizó en guerrillas móviles y el posteriormente se desplazaron a Riochiquito en Cauca. (Vélez, 2001).

A finales del año 1965, se llevó a cabo la primera conferencia guerrillera, en la cual nació el bloque sur y un año después, durante la segunda conferencia guerrillera, el grupo se constituyó oficialmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. (Sánchez G & Meertens, 1983). Inicialmente el grupo guerrillero, que operaba en regiones aisladas del territorio utilizando ataques esporádicos, tenía una ideología política de izquierda muy arraigada, sin embargo, pasó de tener siete frentes y 850 hombres en el año 1978 a tener 66 y más de 16.000 frentes y hombres, respectivamente, en el año 2000. Hoy se estima que existen entre 8.000 y 10.000 hombres en sus filas. (Sánchez, Díaz et al, 2003.) En la década de los años 1980-1990 Colombia, experimentó cambios económicos centrados en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de

nuevos sectores de la agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro. El crecimiento de los grupos guerrilleros vino acompañado del terror generalizado que estos causaron en numerosas regiones del país con sus tomas armadas, los asesinatos de miembros civiles, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado masivo, las extorsiones, y los secuestros colectivos no sólo de militares y políticos, sino también de civiles. Por otra parte, cabe señalar que el narcotráfico ocupa un lugar importante en la evolución de las FARC ("LAS FARC, SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN", 2009), pues generó un apalancamiento cualitativo y cuantitativo gigantesco fruto de unos recursos económicos formidables de los cuales gozan hasta la fecha, “según un informe reciente enviado por la Policía Nacional de Colombia a INTERPOL, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manejan cada año un presupuesto de 2.000 millones de dólares, provenientes de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de droga y secuestros”4.

En el gobierno de Belisario Betancur, que tuvo lugar entre (1982-1986), con la aprobación de la Ley General de Amnistía, en noviembre de 1982 y la derogación el estatuto de seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) pretendió crear un clima favorable para los diálogos con la guerrilla y logra el 28 de marzo de 1984 que se firmen los acuerdos de cese al fuego y tregua, con el compromiso de un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. (Rettberg, 2005). En dicho proceso participaron algunos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército de Liberación Nacional y la Autodefensa Obrera.

4 Ibid.

El 28 de marzo del año 1984 se firma el acuerdo de la Uribe, en el campamento conocido como Casa Verde del municipio de la Uribe en Meta. En este acuerdo, el gobierno del presidente Betancur ordenó el cese al fuego a las autoridades civiles y militares del país y las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros. Como consecuencia de lo anterior, nace el movimiento político conocido como la Unión Patriótica, conformado por antiguos integrantes de las FARC, el ELN, el M19, la ADO y el EPL. Inmediatamente, el éxito político de la UP empezó a aparecer, y para el año 1986 el candidato de dicho partido, Jaime Pardo Leal, alcanzó el tercer puesto en las elecciones presidenciales y el novel partido se quedó con una parte importante de los puestos burocráticos del Estado. No obstante, poco tiempo después, empezó el exterminio físico sistemático por parte de grupos de ultra derecha aliados a algunas instituciones estatales, contra los miembros de este partido, marcando así la desaparición de dicho grupo.

Posteriormente, desde la década de los años noventa, el Gobierno Nacional (Guzmán, Fals- Borda, & Umaña, 1963), destinó gran parte de los recursos a la lucha contra los grupos armados al margen de la ley debido a una serie de eventos relevantes, como la realización de la quinta cumbre de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en septiembre del año 1990, en la cual se acordó la intensificación en la ejecución de acciones contra las FFAA5. Las Fuerzas Armadas, por su parte, culminaron la primera etapa de la operación Centauro, iniciada en marzo de ese año por la VII Brigada, con el objetivo de tomar los campamentos del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO). En diciembre, se ejecutó la segunda fase de la

5 Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional", reza en uno de sus apartes nuestra Carta Magna al hacer referencia específica al rol de las instituciones armadas colombianas.

operación Centauro, por medio de la cual unidades de la IV División del Ejército ocuparon los campamentos del secretariado nacional de las FARC en la Uribe-Meta el día 9 de diciembre. En 1993, los contactos armados propuestos por iniciativa de las Fuerzas Armadas ya superaban en más del 40% las acciones llevadas a cabo por los grupos alzados en armas. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública (Giraldo Ramirez, 2015), y la guerrilla se presentaron en los departamentos afectados en mayor grado por la acción de los grupos subversivos y donde actúan los frentes con mayor capacidad ofensiva. En el año 1994, se incrementó el número de ataques contra instalaciones militares y policiales, se dispararon los secuestros y tomas a poblaciones.

En los primeros meses del año 1995, se produce la intensificación de los operativos de las Fuerzas Militares en el departamento del Meta, particularmente en el municipio de Uribe. El gobierno, tras el fracaso en su iniciativa de paz y de que el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fuera asesinado, decide declarar el Estado de Conmoción Interior6 con el propósito de dictar medidas excepcionales encaminadas a combatir los factores de violencia en el país. En el año 1996 los paros y protestas contra la fumigación de cultivos ilícitos en las zonas cocaleras fueron acompañados por una escalada de la actividad ofensiva de la guerrilla. En el año 1997 la guerrilla, presionó la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los concejos y alcaldías en 162 municipios, en los meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre. En Nariño y algunos municipios de la montaña antioqueña, la

6 La figura de la conmoción interior, contemplada en el artículo 213 de la Constitución Nacional, le permite al Presidente apelar a mecanismos de excepción en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía. La conmoción interior no podrá decretarse por un término mayor a tres meses, prorrogable hasta por dos periodos iguales.

guerrilla saboteó las elecciones donde comenzaba a incursionar, con el propósito de ampliar su influencia a nivel local. En el sur de Bolívar, Bajo Cauca y Magdalena Medio de Antioquia y Meta, las amenazas de la guerrilla contra los candidatos se producen en las localidades donde los paramilitares le disputan el poder.

Los ataques contra objetivos militares entre 1996 y 1998 evidencian la gran capacidad bélica, de financiamiento y de control sobre la población que había ganado la guerrilla especialmente para sostener sus posiciones en las zonas de presencia histórica, mientras en el resto del territorio realizan actividades militares con el propósito de dispersar los esfuerzos del Estado para combatirlas.

Aunque es cierto que la cantidad de acciones propias del conflicto bélico aumentó en el año 1999 en relación al año anterior, es preciso reconocer que el proceso de paz iniciado por el gobierno de Pastrana con las FARC había podido incidir en que el conflicto armado no se haya escalado en la cuantía que muchos advertían.

Es importante destacar cómo las FARC (Echandia Castilla, 2000), habían planeado desplegar su gran poderío militar a través de acciones dirigidas para atacar al Ejército, puesto que priorizaron las agresiones a las poblaciones, para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los municipios donde tenían intereses particulares para ampliar su influencia. De forma paralela, el Ejército diversifico su estrategia respondiendo a través de su Fuerza Aérea que ha logrado en varios casos frustrar los propósitos de la insurgencia y producir también un alto número de bajas.

El gasto militar también aumento, proceso que se había pospuesto por décadas como lo anota apropiadamente Fernán González: “la sociedad colombiana había venido evadiendo, hasta tiempos muy recientes, la tarea de construir un fuerte ejército nacional y una policía nacional eficaz”. (Gonzales & Davìla Ladron, 2014). Efectivamente, el gasto en seguridad y defensa, como porción del gasto público total, fue en promedio del 27% en la década del 50, 23% en los 60´s, el 15% en los 70´s, y el 16% en los 80. Esta tendencia negativa se mantuvo hasta mediados de los 90 donde vuelve a incrementarse. Sin embargo, como porcentaje del producto interno bruto, en las mismas cuatro décadas y media, el gasto militar osciló entre menos del 1% y el 1,5%. (Granada, 1999).

Gráfico 1. Gasto militar por habitante, Colombia, Centroamérica, Suramérica

1960-2013

Fuente; Base de datos National Material Capabilities (NMC) v 4.0 Es así como apenas en la última década del siglo XX el ejército pudo ampliar la participación de soldados profesionales hasta un tercio de su pie de fuerza, lograr autonomía en la producción de fusiles y las fuerzas armadas, en su conjunto, pudieron recuperarse del gran atraso que tenían en armamento y equipo. (Borrero, 2006). La relación del gasto militar por habitante entre Colombia y el resto de América Latina hace aún más desconcertante el sesgo anti-militar de las políticas públicas colombianas (ver gráfico 1).

Por otra parte, la búsqueda de nuevas estrategias contra el narcotráfico y del fenómeno armado asociado, da como resultado en 1999 una iniciativa conjunta entre los gobiernos de Colombia y EE.UU, conocida como el “Plan Colombia”7. El principal objetivo de esta asociación, era el de

7 El “Plan Colombia” redujo de manera importante los cultivos de coca en sus primeros años de operación, pero no así la producción potencial de cocaína ni las fuentes de recursos que obtenían los

combatir el narcotráfico, aunque de paso se podía combatir a las FARC, pues esta actividad que se había convertido en su principal fuente de recursos de las FARC y recuperar las zonas del territorio colombiano que se encontraban bajo el control de este grupo guerrillero. Según la Comisión de seguimiento a la política pública, después de implementarse el “Plan Colombia”, se originó un 91.3% en abandonó tierras, bienes raíces no rurales, animales, muebles de hogar, etc. y el 52.2% sufrió el despojo de sus tierras, una superficie estimada entonces en 5.5 millones de hectáreas, equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país. Para ese año (2008) el estimativo global de las pérdidas fue 2.5 billones de pesos por la tierra abandonada y 8.4 billones de pesos por los bienes abandonados, cifra equivalente al 1.96% de producto interno bruto a precios de 2007. (Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. proceso nacional de verificación, 2009). Los extensos procesos de apropiación de tierras campesinas y baldíos impulsados por el desplazamiento masivo de estas comunidades han beneficiado no solo a las agriculturas de plantación, sino también a grandes proyectos mineros, energéticos, de infraestructuras. (Salas Salazar, 2014).

grupos armados ilegales como resultado de este negocio ilegal. Solo a partir de 2008, cuando se dio un cambio en la estrategia antidroga del país, comenzó a notarse una reducción importante en las estadísticas de producción potencial de cocaína en Colombia.

Tabla 1. Aporte de los Estados Unidos para el Plan Colombia a septiembre 30 del 2001 (en dólares) Apoyo de EE.UU. al Plan Colombia (Interdicción) (Millones de Interdicción Aérea8

244.2

Interdicción terrestre

5.0

Interdicción Aérea (2) 9

112.4

Interdicción marítima y fluvial

15.0

OFAC*

2.0

TOTAL

378.6

FUENTE: Revista de El Espectador. No 68. De 4 noviembre de 2001.

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) fueron aprobadas varias leyes encaminadas a proporcionar el marco jurídico de este plan de gobierno, construidas a partir de la Ley 975/2005, “Ley de justicia y paz”; estas normas fueron englobadas en la Ley 1152 de 2006, “Estatuto de Desarrollo Rural” y complementadas con la ley 1182 de 2007, mediante la cual se facilita la legalización de títulos sobre bienes apropiados de manera ilegal (“falsa tradición”). (Fajardo, 2014).

8 Se conoce como INTERDICCIÓN al “ataque aéreo a las rutas de abastecimiento del enemigo para impedir o limitar que se refuerce”, en otras palabras, significa cortarle las comunicaciones al enemigo mediante la utilización de medios aéreos, evitando que lleguen a éste alimentos, municiones y toda la logística que requiera para la guerra, en este caso es un servicio de protección a cargo de la Fuerza Aérea

(FAC- CACOM).

9 Servicio a cargo de Ejército de Colombia.

Grafica 2. Ayuda de EEUU a Colombia (2000-2011) Millones de Dólares

FUENTE: Revista de El Espectador. No 123. De 3 febrero de 2012

La ayuda militar al gobierno colombiano y la abanderada “Política de Seguridad Democrática” se convirtieron en una herramienta para emprender una fuerte lucha contra los grupos guerrilleros, principalmente las FARC. Con la desmovilización de los grupos paramilitares llevada a cabo entre los años 2003 y 2006 y el debilitamiento de la guerrilla debido a los múltiples golpes dados a los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales (Melgar Brizuela, 2006), se presenta un descenso de la intensidad del conflicto, los índices de violencia disminuyeron de manera significativa durante los últimos 12 años, de acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, la tasa de homicidios bajó de un nivel cercano a los 72 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2001 a un nivel cercano a 32 en 2012. La disminución de indicadores de violencia como los secuestros, la extorsión, los ataques a poblaciones, entre otros, también fue significativa.

Desde el aspecto económico, en Colombia, además de tener altos costos derivados de la destrucción del capital humano y físico, el gasto en defensa ha aumentado de manera significativa, puesto que el propósito de este gobierno, fue el de recuperar la confianza de inversores extranjeros, para reactivar la economía, es entonces cuando una expansión de tipo fiscal es utilizada para apalancar el sistema económico, con la finalidad de incentivar la demanda agregada para salir de la crisis en la que estaba sumida la economía Colombiana.

Grafica 3. Tasa de crecimiento real del PIB por sector (2005-2012)

Fuente: OCDE, Banco de la República, CEPAL y DANE.

Grafica 4. Contribución de la demanda a la de crecimiento real del PIB

Fuente: OCDE, Banco de la República, CEPAL y DANE.

Según los análisis más recientes, muestran que las tasas de crecimiento de una nación son afectadas por la violencia, el nivel de incidencia varía en cada caso particular de acuerdo a la intensidad del conflicto, el peso económico de las regiones afectadas, las modalidades de la afectación, etc., entre 1 y 2 puntos de crecimiento del PIB por año le ha costado el conflicto en los últimos 15 años a Colombia, teniendo en cuenta que ha generado; fuga de capitales, poca inversión en las regiones afectadas, desincentivo al turismo, aumento de los costos de transacción y los costos del sistema de salud y educación, pérdidas de capital humano en plena capacidad productiva y otros factores, por lo que el incremento del gasto militar ha sido clave, para la dinámica económica, pues, gran parte del presupuesto militar, ha crecido de manera sostenida y genera un efecto multiplicador10.

10 Teoría macroeconómica; un aumento del gasto público tiene un efecto directo sobre la demanda agregada, ya que el gasto público es un componente de la demanda agregada, haciendo que ésta aumente en la misma cuantía en que ha aumentado el gasto público (ΔDA=ΔG). El aumento de la demanda agregada genera un exceso de demanda que hace que las empresas vendan más de lo que están produciendo, dando lugar a disminuciones de sus stocks de existencias y a pedidos no atendidos, lo que provoca que los productores tengan que aumentar su producción para poder cubrir el exceso de

2.

BREVE RECUENTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y PROCESOS DE PAZ

EN GUATEMALA Y EL SALVADOR:

2.1. CONFLICTO ARMADO EN GUATEMALA:

El inicio del conflicto interno data desde 1954 (Condore, 2007), cuando una invasión dirigida por el Coronel Carlos Castillo Armas, pero planeada por la CIA, destituyó a Jacobo Arbenz uno de los gobiernos más democráticos y populares en la historia del país. Este lamentable hecho otorgo el poder a los militares y desde entonces jugaron un papel importante en la política de Guatemala. El nuevo gobierno se propuso destruir organizaciones sociales, a líderes campesinos, dirigentes de sindicatos, hombres y mujeres intelectuales, universitarios y a todo aquel que estuviera en contra del gobierno de turno. Transcurridos seis años, el 13 de noviembre de 1960, se daría inicio a un conflicto armado que duraría 36 años, cuando un grupo de oficiales del ejército, que habían sido entrenados la gran mayoría en EE. UU., en la escuela de las Americas11, intentaron llevar a cabo un golpe de estado en contra del General Miguel Ydigoras Fuentes.

demanda. Por tanto, se produce un primer aumento de la producción equivalente al aumento del gasto público, que da lugar a un crecimiento del empleo y se traduce en un mayor nivel de renta por el pago a los factores productivos que han permitido el aumento de la producción (recuérdese que el PIB de una economía puede medirse como la suma del gasto de los agentes económicos en los bienes y servicios producidos, o como la suma de las rentas pagadas a los factores de la producción para producir esos bienes y servicios). Así, la variación de la producción y renta es ΔY=ΔDA=ΔG. 11 El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (en inglés: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), conocido también por su nombre anterior, Escuela de las Américas, es una organización para instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). La escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en la Zona del Canal de Panamá, donde desde el año 2000 funciona el hotel Meliá Panamá Canal. Se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por sus crímenes contra la humanidad como los oficiales Leopoldo Fortunato Galtieri, Manuel Antonio Noriega, Manuel Contreras y Vladimiro Montesinos. Instalaciones en las que funcionó la

Para el año de 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), una coalición de movimientos rebeldes que incluía a oficiales inconformes del Ejército, a estudiantes y activistas políticos de la izquierda. Las FAR adoptaron a la teoría guevarista12 y empezaron a construir su base social en las comunidades campesinas, tras un intento en el año de 1966 por parte del ejército guatemalteco y asesorado por militares norteamericanos, se lanzó una primera campaña contrainsurgente contra las FAR; sin embargo, la guerrilla sobrevivió a esta primera derrota y se formaron nuevas organizaciones, para los años setenta se conoció públicamente la existencia del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas

(ORPA).

Entre 1978-1980, el movimiento guerrillero contó con alrededor de seis mil a ocho mil combatientes y aproximadamente con medio millón de seguidores activos en todo el territorio nacional. En 1982 los grupos guerrilleros y el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), se unieron para formar un comando único bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin embargo, ya para 1982 la guerrilla había sido contundentemente golpeada por la represión militar y no fue capaz de proteger a sus simpatizantes en el altiplano rural, quienes se convirtieron en el blanco principal de la contrainsurgencia militar.

Escuela de las Américas en Panamá. En este lugar se adiestró y entrenó en métodos de tortura, asesinato y represión a miles de represores de toda Latinoamérica.1 2 Su actividad continúa hasta el día de hoy. 12 El guevarismo es un conjunto de conceptos y criterios políticos, de origen marxista, desarrollados a partir de las acciones y las ideas del revolucionario cubano, de origen argentino, el Che Guevara, que se caracterizaban por un enfoque radicalizado del cambio social y la preferencia por la lucha armada. El guevarismo ha sido emparentado aunque sin identificarse con corrientes políticas muy diversas, principalmente con el comunismo, el leninismo y el maoísmo.

2.2. PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA:

La búsqueda de acuerdos para tener una paz negociada en Guatemala (Snodgrass-Godoy, 2005), que permitió dar fin al conflicto armado que duró casi diez años, se puede dividir en tres fases históricas:

 La primera fase de acuerdos se inicia desde 1983 hasta 1987; en esta fase, todavía existían guerras civiles en toda la región centroamericana, pero en Guatemala el gobierno estaba controlado aun por el ejército. Esta fase culminó en la firma del Acuerdo de Esquipulas II ("Acuerdos de paz en Guatemala", 2007), entre los distintos gobiernos centroamericanos, lo cual facilitó un antecedente para la búsqueda de una solución a los conflictos armados por medios institucionales. (Gramajo, 1994).  La segunda fase, se da desde 1988 hasta 1993, en esta parte se genera un precedente histórico, la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1990 y la firma del acuerdo de paz en El Salvador en diciembre de 1991, originaron nuevas posibilidades para las negociaciones en Guatemala. La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), inspirada en el marco de los convenios de Esquipulas y dispuesta por la iglesia católica, dio un espacio a la oposición cívica no armada para plantear sus demandas, ya para el año 1993 ésta ya había consolidado una posición en las negociaciones cada vez más independiente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)13.

 Tercera y última fase, va desde 1993 hasta1996. En esta fase las estrategias de la comunidad internacional, del gobierno y la URNG, asistieron un fin negociado al

13 Ibid.

conflicto. Posteriormente al fallido autogolpe de Jorge Serrano Elías 14se fortaleció la Comisión Gubernamental para la Paz (COPAZ), y en noviembre de 1994 llegó la Misión de las Naciones Unidas (ONU), para Guatemala (MINUGUA) para monitorear los abusos a los derechos humanos y la implementación de los acuerdos de paz. La ONU desempeñó un papel importante en el fin de las negociaciones a través de su moderador especial, Jean Arnault15. Ya para finales de 1996 se logró un cese al fuego definitivo y un acuerdo general16.

2.3. CONFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR:

La guerra civil que tuvo lugar en El Salvador entre 1981 y 1992 es el resultado de los conflictos sociales generados por el sistema político y económico de corte oligárquico que se implantó en el país a finales del siglo diecinueve y que prevaleció, con variaciones, durante la mayor parte del siglo veinte. Los antecedentes del conflicto armado pueden distinguirse con bastante claridad hasta la fallida insurrección campesina de 1932, que estuvo liderada por el entonces recién fundado Partido Comunista Salvadoreño.

14 La corta presidencia de Jorge Serrano en Guatemala, entre 1991 y 1993, es recordada mucho menos por las aportaciones de su Gobierno al lento proceso de paz con la guerrilla que por su final traumático y prematuro, a causa de un fracasado autogolpe de Estado. En el tercer año de su mandato, éste antiguo servidor institucional del dictador Efraín Ríos Montt, de fe evangélica y fundador del partido de derecha moderada Movimiento de Acción Solidaria, decretó la disolución del Congreso y la judicatura y anunció una Asamblea Constituyente pretextando las amenazas de la corrupción y el crimen organizado, pero el rechazo de todos los actores políticos y sociales le obligó a renunciar y a exiliarse en Panamá. Desde entonces, ha conseguido eludir todos los intentos de extradición de la justicia guatemalteca, que pretende procesarle por diversos cargos de corrupción.

15 Jean Arnault, hasta ahora delegado de Naciones Unidas para la subcomisión de Fin del Conflicto en Colombia, fue nombrado hoy como jefe de la misión que desplegará la ONU en ese país. Como suele ser el caso, el diplomático francés asumirá también el cargo de representante especial del Secretario General en Colombia. En los últimos meses, Arnault ha estado trabajando estrechamente con los equipos de negociación del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el contexto de las conversaciones de paz que se han estado llevando a cabo en La Habana, Cuba. 16 Ibid.

A lo largo de las fases de dictaduras militares, se desplegaron diversos movimientos sociales y políticos con distintas motivaciones e ideales, que promovieron la oposición debido a la carencia de espacios democráticos y la represión por parte del Estado. En 1970 se crean las Fuerzas Populares de Liberación (FPL - Farabundo Martí); en 1971 el Partido de la Revolución Salvadoreña- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), en 1974 la Resistencia Nacional

– Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y en 1975 el Partido

Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). (Zuñiga, 2014). Estas organizaciones al margen de la ley, se caracterizaron por desarrollar una estrategia de lucha armada, fundamentada en la formación de grupos guerrilleros urbanos, suburbanos y rurales, concertada con una ampliación de su influencia y organización en los movimientos sociales de la época. (Moreno, 2004).

El conflicto interno alcanza su máxima expresión entre los años de 1980 a 1992 (Menjivar Ochoa, 2006), con distintos actos contra los derechos humanos, entre ellos masacres, desapariciones forzadas, muertes y asesinatos que aumentaron de manera exponencial. El Salvador tuvo que afrontar una etapa de fraudes y guerras de contrainsurgencia, las más sangrientas y complejas de toda la región latinoamericana.

El gobierno respondió con una confrontación extensa y sangrienta; fue un lapso caracterizado por la profundización del terrorismo de Estado, efectuado por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y diversos organismos paramilitares clandestinos conocidos como "Escuadrones de la Muerte", que funcionaron al amparo de las propias instituciones del Estado y que contaron con el apoyo y financiamiento de fuertes grupos económicos y políticos. Asimismo fue un periodo caracterizado por el auge de la organización popular en el campo y la ciudad y por el

agotamiento del sistema político de la dictadura, es decir, la realización de elecciones fraudulentas para legitimar a los gobiernos militares de turno. (Samayoa, 2000).

2.4. PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR:

Las negociaciones entre el Gobierno de El Salvador y los grupos insurgentes, estuvieron apoyadas por el Grupo de Contadora17 y posteriormente por los Gobiernos de Colombia, España, Estados Unidos, México y Venezuela.

El Proceso de Paz, tuvo sus primeros acercamientos entre los años 1984 y 198718, entre el Gobierno de El Salvador y delegados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional- FMLN, con mediación del Arzobispo de El Salvador, monseñor Arturo Rivera Damas19, aunque en las primeras instancias de diálogo no se consiguió ningún acuerdo concreto, se logró poner sobre la mesa la posibilidad de una solución negociada al Conflicto.

17 El Grupo de Apoyo a Contadora, también llamado Grupo de Lima, fue una instancia multilateral establecida en 1985 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú, y Uruguay, con el fin de ampliar la acción multilateral establecida por el Grupo Contadora en 1983, para promover la paz en los conflictos armados de Centroamérica, y en especial Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 18 Entre 1990 y 1991, se realizaron una serie de reuniones de negociación en Caracas, México y Costa Rica con miras a establecer los Acuerdos para la Paz. Se posibilitó, entre otros, la Misión de Verificación y la creación de la Comisión de la Verdad. En agosto de 1991, tras una petición soviético-estadounidense, el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, asumió el papel de mediador entre Gobierno y el FMLN. Todo este proceso permitió la creación de una institucionalidad que contemplaba la posibilidad de ejecutar los nacientes acuerdos (reflejados en organismos como la Comisión para la Consolidación de la Paz, Copaz). Finalmente, luego de un largo proceso de negociación, los Acuerdos de Paz se firmaron en Chapultepec, México, en febrero de 1992.

19 El servicio episcopal de monseñor Rivera como arzobispo de la capital de El Salvador, coincidió con la guerra civil del país. Él fue el sucesor inmediato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Entre 1977 y 1980, monseñor Rivera, fue activo colaborador de Monseñor Romero, con quien mantuvo una relación personal de amistad. Él había sido obispo auxiliar de San Salvador, (1961-1977) durante el ministerio episcopal del precursor de Romero, Luis Chávez y González.

El proceso de negociación, inicio de manera formal en Ciudad de México en el año 1989, donde se suscribió el primer acuerdo entre el Gobierno y el FMLN. (Figueredo Planchart, 1993). En octubre del año 1989, se impulsa un proceso para llegar al fin del conflicto armado en El Salvador, de acuerdo con la ONU, tal marco quedó establecido en el Acuerdo de Ginebra del 04 de abril de 1990, y señaló los cuatro objetivos del proceso:

1. Terminar el conflicto armado por la vía política

2. Impulsar la democratización del país

3. Garantizar el irrestricto respeto por los derechos humanos

4. Reunificar a la sociedad salvadoreña

Durante las negociaciones de los acuerdos (Rivera, 1994), el sistema económico salvadoreño ingresó en un periodo de crisis, puesto que se generaron fluctuación de variables determinantes para el país, entre ellas: aumento de la inflación, incremento del déficit comercial y bajo desempeño del sector externo; crisis del sistema bancario, desequilibrios fiscales, estancamiento y deterioro del sector productivo; fuerte crecimiento del desempleo, precarización de las condiciones de vida de la población, incremento de la pobreza, desmejora en indicadores de bienestar (salud, vivienda, educación) y del nivel de vida de la población. Posterior al Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron un convenio general que estableció la agenda general de negociaciones y el calendario de estas, en donde se pactaron dos fases de la siguiente manera (Acevedo, 1989);

1. Acuerdos políticos en varios campos que permitieran el cese del

enfrentamiento armado

2. El establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la

reincorporación del FMLN a la vida civil, institucional y política del país. En el año 1991 fue creada la Comisión de la Verdad para investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980. La Comisión recibió más de 22.000 denuncias. (Pineda, 2013).

En el año 1990, se firma el acuerdo de San José, que se convirtió en un mecanismo clave para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador (ONUSAL)20. De acuerdo con la ONU, luego de la firma de los Compromisos en México, el proceso cayó en una etapa en la que no se dieron avances significativos, por lo tanto, los cancilleres de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética pidieron al Secretario General que se involucrara de manera directa en el proceso, pues los miembros del FMLN sentían que no se les ofrecían garantías suficientes.

De esta manera, se genera la necesidad de variar el mandato de la ONUSAL, aumentando dos divisiones:

1. Por una parte, observadores militares que verificaría el cese armado y

determinados aspectos relacionados con la Fuerza Armada. (Acevedo, 1989).

20 Establecida para verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con el propósito de acabar con una guerra civil que duraba ya un decenio. Los acuerdos incluían una cesación del fuego y medidas conexas, la reforma y la reducción de las fuerzas armadas, la creación de un cuerpo de policía, la reforma de los sistemas judicial y electoral, los derechos humanos, la posesión de la tierra y otros asuntos económicos y sociales. Después de que el conflicto armado hubiese terminado oficialmente en diciembre de 1992, la ONUSAL supervisó las elecciones celebradas con éxito en marzo y abril de 1994. Después de que concluyera el mandato de la ONUSAL el 30 de abril de 1995, un pequeño grupo de personal civil de las Naciones Unidas - conocido como la Misión de las Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL) permaneció en El Salvador para prestar sus buenos oficios a las partes, verificar la aplicación de los puntos más destacados de los acuerdos y proporcionar información constante, precisa y fiable

2. Y la otra, Observadores de la Policía que permitirán la creación de la nueva

Policía Nacional Civil21.

El acuerdo de paz firmado, 16 de enero de 1992, permitió poner fin de manera decisiva al conflicto armado, promoviendo la democracia en el país, en el marco del respeto por los derechos humanos de la sociedad salvadoreña.

En febrero del mismo año, se produjo el cese del enfrentamiento armado y el inicio de la desmovilización de la parte insurgente y para diciembre de 1992, se legalizó el FMLN como partido político y al día siguiente se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.

3.

PROCESO DE PAZ EN CURSO EN COLOMBIA Y PLAN ESTRATÉGICO

PARA EL POSTCONFLICTO:

3.1. PROCESO DE PAZ:

Bajo el mandato del actual presidente, Juan Manuel Santos, se están llevando a cabo los diálogos entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dichos encuentros han tenido lugar en Oslo, Noruega y actualmente se desarrollan en La Habana, Cuba. El objetivo general de este proceso es, lograr un acuerdo de paz enmarcado dentro de la terminación del conflicto interno y según Iván Márquez22, representante de las FARC “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”. El acuerdo general comprende seis puntos de negociación:

21 Ibid.

22 Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", es un miembro del Secretariado de las FARC. Es ampliamente considerado un líder política e ideológicamente radical y es quien dirige al grupo subversivo en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano.

1. Política de Desarrollo Agrario Integral

2. Participación Política

3. Fin del Conflicto

4. Solución al Problema de Drogas Ilícitas

5. Víctimas

6. Implementación, Verificación y Refrendación

De estos puntos de negociación, los cinco primeros han sido discutidos de manera parcial y el último está pendiente por discutir.

3.2. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL POSTCONFLICTO:

Para visualizar si la sociedad colombiana podría estar en disposición para emprender el proceso de reconciliación, es crucial tener conocimiento del actual paquete de propuestas del Gobierno Nacional para el Postconflicto, que comprende programas orientados al cambio climático y el desarrollo rural, desmovilización y reinserción, política antidrogas, acceso a tierras, infraestructura para la integración de zonas afectadas, atención a poblaciones afectadas por el conflicto y fortalecimiento de las instituciones. (Ensayos sobre Procesos de Paz y Desarrollo,

1999).

3.2.1. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL:

El Gobierno Nacional, prevé varias labores que implican el compromiso de los distintos entes territoriales y la articulación de las entidades estatales competentes para hacer efectivos los derechos de sus habitantes. (Andrade, 2012). Es por ello que propone medidas frente al cambio

climático y el desarrollo rural; el objetivo es el de promover el empleo y preservar el medioambiente. Esta iniciativa incluye también, la promoción de sistemas para la sustitución de cultivos ilícitos, procesos productivos locales en zonas afectadas por el conflicto, programas para la conservación de áreas protegidas en situación de riesgo y la recuperación de zonas afectadas por la extracción minera.

3.2.2. DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN:

El Gobierno Nacional, advierte que mantendrá la política nacional de desmovilización individual y colectiva de integrantes de grupos armados al margen de la ley, orientada a disminuir el número de sus integrantes, unida a las acciones de reintegración a la sociedad civil. (Ensayos sobre Procesos de Paz y Desarrollo, 1999).

3.2.3. POLÍTICA ANTIDROGAS

Frente a este problema, se plantea la necesidad de una “redefinición del enfoque de la política criminal”, la cual debe estar acompañada de acciones para endurecer las capacidades del Estado para intervenir estratégicamente todos los eslabones de la cadena de las drogas, especialmente los relacionados con la heroína, drogas sintéticas y las fases intermedias del procesamiento de la cocaína y la financiación de los grupos delictivos por medio del narcotráfico.

3.2.4. REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

Respecto a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, se propone ampliar la cobertura de los programas de atención socioeconómica para garantizar los derechos a la subsistencia mínima, identificación, salud, educación, reunificación familiar y generación de

ingresos, así como la garantía de acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Así, con el propósito de contrarrestar los efectos económicos, sociales y ambientales del conflicto en la población civil, el presidente Santos ideó un plan que busca involucrar la cooperación internacional. (Morales, 2013).

Lo anterior, incluiría un programa nacional para la reintegración de las víctimas a sus territorios, acompañado de proyectos para la generación de ingresos, la estabilización financiera de esta población, acciones contra las minas antipersona y fortalecimiento de la educación. El Gobierno Nacional prevé varias estrategias para superar la situación de vulnerabilidad de los desplazados, garantizar medidas de indemnización administrativa, restitución de tierras y vivienda y reparación colectiva. (Morales, 2013).

Una de ellas es reforzar la unidad para las víctimas del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Integral de Víctimas. En cuanto a reparación colectiva, Santos ha presentado un proyecto para impulsar la denominada “infraestructura para la paz”, de cara a fomentar el desarrollo en zonas afectadas por el conflicto (Vélez, 2001), a través de la construcción de vías, acueductos, sistemas de saneamiento básico, entre otras. Asimismo, el Gobierno contempla un programa para el acceso y la distribución de las tierras a los campesinos, el cual no solo formalizaría los terrenos y legalizaría los títulos, sino que le permitiría a la Nación conocer los propietarios legítimos de las tierras. El proyecto incluiría el fortalecimiento de la gestión y la formación de los derechos de la propiedad rural. Adicionalmente, se realizaría un gran censo y se adelantaría la actualización catastral en las poblaciones más afectadas por el conflicto armado. (ONU, 1992).

3.2.5. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD:

Para el Gobierno Nacional, afianzar la transición hacia la paz implica otras acciones como la lucha contra las principales modalidades delictivas en las ciudades, el aumento del pie de fuerza de la Policía y mejoramiento de su equipamiento, además de la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley. Por otra parte, se prevé el fortalecimiento de la administración de justicia mediante el acceso fácil a las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana y una reforma integral a las comisarías de familia. En cuanto a la política criminal, la estrategia prevé fortalecer la capacidad investigativa en la lucha contra la criminalidad, la implementación de penas reparadoras y medidas alternativas a las penas de privación de la libertad mediante la reforma al Código Penal. (PNUD, 2015).

4. LECCIONES PARA EL PROCESO DE PAZ Y EL POSTCONFLICTO EN

COLOMBIA:

El objetivo de los procesos de paz es finalizar el conflicto que nace, en cada país, por la inconformidad de la sociedad ante una serie de derechos fundamentales que han sido vulnerados. Lo que usualmente ocurre durante un conflicto es que la atención y una parte importante de los recursos del Estado se orientan a resolver o manejar temas de seguridad y criminalidad, mientras que las políticas socioeconómicas (Vargas, 2012), y de buen gobierno quedan postergadas a segunda prioridad. Pero los acuerdos de paz son oportunidades históricas para que los países aborden y reorienten sus políticas a resolver sus problemas reales y, por

ende, el Gobierno debe aumentar sus esfuerzos por cumplir lo propuesto en el plan estratégico para el postconflicto.

Pese a las expectativas de transformación que generan los Procesos de Paz, es importante crear consciencia de que la Paz es una responsabilidad en conjunto y no exclusivamente del Gobierno y las Instituciones involucradas, de que es una especie de cooperación entre el Estado y los actores de la sociedad (empresarios, trabajadores, estudiantes, etc.) y, por ende, todos deben sentirse partícipes de la construcción del nuevo país.

Guatemala y El Salvador demostraron que es posible solucionar los Conflictos, no de manera violenta sino mediante diálogos, pues el intercambio de intereses permite crear ofertas que satisfacen a ambas partes. En este caso, la transición permitió el establecimiento de la democracia, se brindó oportunidad de participación política a los grupos al margen de la ley que decidieron desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad y se espera el mismo logro en Colombia cuando se visualice un acuerdo de paz como la solución a grandes problemas políticos y socioeconómicos del país. Si las FARC se transforman en un partido político, el pulso entre el Gobierno y la oposición, no solo se jugará en las elecciones, sino también en las calles, carreteras y campos de Colombia, en forma de protesta ciudadana. A pesar de las similitudes que pueden existir entre Guatemala, El Salvador y Colombia, algunos factores diferencian sustancialmente el proceso colombiano. Por ejemplo, con anteriores procesos de paz, se ha evidenciado falta de continuidad y coherencia en las políticas de paz, ausencia de compromiso real y voluntad política de las FARC. Es también que por esta razón son expectantes los resultados que se puedan generar con los diálogos llevados a cabo por

la comisión de negociadores del Gobierno Nacional y la comisión de negociadores de las

FARC.

Ningún proceso de paz en la historia ha terminado con cárcel para una de las partes, incluyendo aquellos que se dieron en Colombia; M-19, el EPL y el Quintín Lame (Seminario sobre procesos de negociación y Paz, 1996), y los más recientes, los de Sudáfrica e Irlanda, concluyeron con indulto y amnistía. En esta ocasión, no habrá este tipo de situaciones, si bien tendrá un perdón para los delitos políticos, como rebelión y sedición, todo el que haya cometido un crimen de lesa humanidad tendrá un castigo.

La lección fundamental de los procesos de paz en Guatemala y El Salvador para el proceso de paz llevado a cabo en Colombia, es que se debe llegar a un acuerdo que garantice el respeto por los derechos fundamentales de la nación colombiana, teniendo en cuenta, los daños políticos y socioeconómicos que deja tantos años de conflicto armado y que el plan estratégico para el postconflicto diseñado por el Gobierno Nacional deberá propender a minimizar la brecha de tenencia de tierras, acceso a la educación del área rural, entre otros. Se requieren reformas estructurales del Estado (Pineda, 2013), cambios de actitud en la población, apoyo internacional, garantía de organizaciones internacionales poderosas, cambios en el sistema educativo, disposición al perdón y la reconciliación, entre otras. La creación de un marco jurídico flexible como resultado del consenso de las partes es vital en el proceso, aún es incierto si las FARC acepten cargos pasando de victimarios a víctimas, pues más allá de los temas sociales y económicos del posconflicto, las reformas políticas y constitucionales serán necesarias para aplicar los acuerdos de paz.

Otra lección fundamental es que, tras firmar un acuerdo de paz, deben reforzarse temas como la seguridad, evitando ampliar el poderío de las bandas criminales que afectan las áreas urbanas del territorio Nacional.

Con respecto al postconflicto, los programas orientados al cambio climático y el desarrollo rural, desmovilización y reinserción, política antidrogas, acceso a tierras, infraestructura para la integración de zonas afectadas, atención a poblaciones afectadas por el conflicto y fortalecimiento de las instituciones, son ambiciosos y se espera sean alcanzados a través de la justicia, pues podría ser la única manera de lograr que la sociedad y sobre todo, aquella población expuesta con mayor intensidad a la violencia, supere años de conflicto y continúe construyendo una Nación en paz a través del perdón y la reconciliación.

CONCLUSIONES

El Conflicto Armado en Guatemala, El Salvador y Colombia nació como resultado de la concentración del poder en determinados sectores de la sociedad, en los intereses de pequeños grupos, creando fuertes problemas de desigualdad, pobreza, represión e ilegitimidad del sistema político, poca inversión en infraestructura y demás factores que impedían el crecimiento y desarrollo de una nación.

Los procesos de paz en Guatemala y El Salvador demostraron que a través de la negociación pacífica, tanto el Gobierno como el grupo armado, se es posible llegar a un acuerdo de paz que devuelva esos derechos fundamentales a la sociedad y que permita a ambas partes negociadoras satisfacer sus intereses, pero teniendo en cuenta mecanismos de justicia, además y no menos importante, el apoyo de países o entes externos como la Organización de Naciones Unidas, que propenden brindar seguridad para un escenario de Postconflicto.

En el conflicto armado colombiano existen profundas diferencias sobre los factores explicativos de la violencia presente en el país, y más aún, mayores consensos con respecto a los factores que han incidido en su prolongación, por ello, la discusión sobre los componentes que han influido en la persistencia del conflicto, deberá contemplar acciones correctivas en pro de temas como; desarrollo agrario del país, generado por medio de un modelo económico incluyente en donde exista una distribución de forma más equitativa y la creación de profundas políticas públicas para la erradicación de la pobreza, la presencia del Estado y de sus aparatos judiciales y de Policía y una mayor y mejor presencia en todo el territorio nacional. Y no menos importante, un rechazo total y colectivo a la violencia como recurso para alcanzar objetivos de cualquier índole.

La lección aprendida es que los acuerdos de paz deben garantizar mejoras en la situación política y socioeconómica de la sociedad y por supuesto la garantía de no repetición, demostrar que se puede generar un pacto, respetando y haciendo justicia y más importante aún, es la vinculación de todo un pueblo, con el compromiso de reescribir una nueva historia sin guerra y en miras de dejar un mejor país para las próximas generaciones.

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