Derecho · 2004
De los remates por comisionado notarial y su ingerencia práctica en la descongestión judicial en Cali
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Resumen
En vista de la congestión que se venia presentando en los despachos judiciales del territorio nacional, fue expedida por el Congreso, la ley 794 de 2003, la cual trajo consigo algunas medidas encaminadas a contrarrestar el problema planteado. Dentro de las mismas se encuentra la enunciada en el parágrafo segundo del artículo 58 de la citada ley, que modificó el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil Colombiano. Con esta reforma se permitió a los Notarios Públicos, Cámaras de Comercio y Martillos legalmente autorizados, la ejecución de remates judiciales en calidad de comisionados, buscando que una diligencia de remate se demorará 18 días hábiles y no 6 meses en ejecutarse, lo que sucedía ante los jueces. Esto, a cambio de dos tarifas, una administrativa, causada por el hecho de la comisión, y otra por adjudicación, que se causa únicamente en caso que el juez apruebe la venta realizada por el comisionado. En otras palabras agilidad y prontitud a cambio de dinero. La facultad otorgada a los comisionados fue reglamentada y tarifada a través del decreto 890 de 2003, expedido por el gobierno nacional y acogido por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la resolución 1519 del mismo año. A pesar de los esfuerzos realizados por el congreso la medida no ha generado los resultados esperados, en gran parte por los altos costos de las tarifas, pues a 2004, la comisión cuesta como mínimo $415.280 por concepto por administración, y otro tanto igual por adjudicación.