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Movilidades Humanas en las Américas:

entre regímenes de expulsión, entre regímenes de expulsión, políticas de contención e políticas de contención e industrias de cuidado industrias de cuidado Movilidades Humanas en las Américas:

entre regímenes de expulsión, entre regímenes de expulsión, políticas de contención e políticas de contención e industrias de cuidado industrias de cuidado Coordinadores Kelly Giovanna Muñoz Balcázar Yuliet Bedoya Rangel Robert Mckee Irwin

ISBN: 978-628-7508-35-4

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Movilidades Humanas en las Américas:

ISBN: 978-628-7508-35-4

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Movilidades Humanas en las Américas:

entre regímenes de expulsión, políticas de contención e industrias de cuidado © Kelly Giovanna Muñoz Balcázar © Yuliet Bedoya Rangel © Robert Mckee Irwin © Universidad de San Buenaventura, Colombia Editorial Bonaventuriana, 2026 Universidad de San Buenaventura Carrera 9 N.º 123-76, oficinas 602-603

PBX: 57 (1) 629 5955

www.usb.edu.co • Bogotá - Colombia Rector USB, Bogotá: Fray Andrés MiguelCasaleth Faciolince, o.f.m. Jefe Editorial Bonaventuriana: Pablo Enrique Sánchez Ramírez Diseño y diagramación: Luis Orlando Ferrucho Bran

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El autor es responsable del contenido de la presente obra. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio, sin permiso escrito de la Editorial Bonaventuriana.

ISBN: 978-628-7508-35-4

Depósito legal: se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y decreto 358 de 2000 • Impreso en Colombia - Printed in Colombia Muñoz Balcázar, Kelly Giovanna Movilidades humanas en las Américas: entre regímenes de expulsión, políticas de contención e industrias de cuidado / Kelly Giovanna Muñoz Balcázar, Yuliet Bedoya Rangel y Robert McKee Irwin (coordinadores); Enrique Guerra Manzo… [y otros más]. -- Bogotá: Editorial Bonaventu riana, 2026

340 páginas: ilustraciones a color, fotografías

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-628-7508-35-4

1. Migración humana — América 2. Movilidad humana —

América Latina 3. Desplazamiento forzado 4. Migrantes — América Latina

CDD. 304.8097

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

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Contenido Contenido Presentación Kelly Muñoz, Yuliet Bedoya y Robert Irwin............................... 8 Desplazamiento forzado interno e internacional Desplazamiento forzado en el Valle de Apatzingán, Michoacán: voces de las víctimas y derechos humanos vulnerados Enrique Guerra Manzo, Julio César Franco Gutiérrez........... 24 El asilo y la soberanía estatal: El asilo y la soberanía estatal: el caso de los latinoamericanos que huyen del crimen organizado Chandler R. Thompson............................................................ 40 Categorías legales y su incidencia en el acceso a derechos de las personas desplazadas internas en Colombia Carolina Moreno, Karolina Baquero Puerta........................... 56 Cuando las reubicaciones por megaproyectos se convierten en desplazamiento: una mirada desde los instrumentos de protección internacional Clara Inés Atehortúa-Arredondo............................................ 74

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La construcción social del desplazado interno en Colombia: representaciones sociales e identidades desde el discurso institucional Sandra Johanna Torres Gil..................................................... 96 Autonomía de la migración ante complejos industriales fronterizos “No soy víctima”:

Diásporas deportadas y familias de estatus mixtas fracturadas Lizbeth de la Cruz Santana................................................... 114 Travestipolítica del cuidado Lucas Ruppel......................................................................... 132 Crisis humanitaria y movilidad forzada en el corredor Medellín-Urabá:

un análisis desde las políticas de contención y la industria del cuidado César Alejandro Cardona Duque, Mariana Mira Sarmiento y Lehyton Rodrigo Arenas Suaterna........................................ 154 Actores locales en la frontera sur de México: entre la contención migratoria y la gestión humanitaria en Tapachula, Chiapas Olga María Ruiz Ballinas, Yuliet Bedoya Rangel y Johana Navarrete-Suárez..................................................... 172 Movilidades Irregularizadas y Precarizadas México: de la producción del control de migraciones forzadas en contextos de violencia a la reconfiguración de las agencias sociales de poblaciones migrantes Guillermo Castillo Ramírez................................................... 194

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Nuevas “otredades”. Alterización y discriminación hacia la población migrante en México José Franco Aguilar y Rocío Gil Martínez de Escobar............................................... 210 Vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México derivado de actos de corrupción José Guadalupe Altamirano Castro y Teresita de Jesús Pérez Morales........................................... 236 Migrar por el Mundo Digitalizado Narrativas digitales y educomunicación, memorias desde la resistencia y la agencia de migrantes latinoamericanos en tránsito Iván Camilo Henao Morán, Kelly Giovanna Muñoz Balcázar y Carolina Quiñonez Zúñiga................................................... 260 Narrativas sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en tres cibermedios de Colombia y Ecuador Gladys Adriana Espinel Rubio, Claudia Elizabeth Toloza Martínez y Liany Yetzira Hernández Granados...................................... 284 CBP One como canal digital en la gobernanza migratoria: evolución, resultados y desafíos humanitarios Juan Miguel Orta Vélez........................................................ 306 Sobre los Coordinadores del Libro...................................323 Sobre los Autores del Libro..................................................327

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Presentación Presentación Kelly Muñoz, Yuliet Bedoya y Robert Irwin

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Este libro se escribe como un esfuerzo colectivo de investigación y reflexión resultado de la alianza académica entre investigadores de la Universidad de California, Davis a través del Global Migration Center; la Universidad Autónoma Metropolitana; la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el apoyo de la Fundación Universitaria de Popayán y la Editorial Bonaventuriana de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Esta red de colaboración, experimentada de forma fundamental a través de nuestra participación en el proyecto de producción audio visual comunitaria y de investigación Humanizando la Deportación, ha permitido consolidar un espacio de gestión colectiva a través de un diálogo académico que busca problematizar los procesos migratorios desde las realidades locales, regionales y transnacionales, aportando así al debate global sobre las movilidades humanas contemporáneas. El interés mutuo por abordar las migraciones y el desplazamiento forzado interno e internacional en las Américas responde a la necesidad de comprenderlo como un fenómeno complejo y multidimensional que atraviesa dinámicas sociales, políticas y económicas. En los diversos países este fenómeno se encuentra íntimamente relacionado con los con flictos armados, las economías ilegales, la corrupción, el narcotráfico, la presencia de actores criminales y los megaproyectos extractivos, factores que no solo expulsan a poblaciones enteras de sus territorios, sino que también acentúan las condiciones de vulnerabilidad en las trayectorias

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migratorias hacia el norte global. De esta manera, lo que en un inicio se presenta como una migración económica o un desplazamiento internos se transforma en migración internacional, configurando un continuum de movilidad forzada.

En este sentido, los cuatro apartados que integran este libro proponen miradas diversas que permiten analizar la forma en que las migraciones se manifiestan tanto en el ámbito local como en el transna cional, mostrando la conexión entre violencias estructurales, políticas de seguridad y regímenes de frontera. A partir de metodologías que van desde la sistematización de testimonios, la observación participante y el análisis crítico de políticas públicas, los autores no solo documentan realidades, sino que también plantean interrogantes sobre la capacidad de los Estados y de la comunidad internacional para garantizar derechos humanos en contextos de movilidad forzada.

Desplazamiento forzado interno e internacional:

violencia, despojo y resistencias Esta sección reúne cuatro capítulos que, aunque diversos en meto dología y objeto de análisis, convergen en una misma preocupación: com prender las múltiples dimensiones de las movilidades forzadas enfocadas desde problemáticas de América Latina y, en particular, en Colombia. Por tanto, articular las experiencias de desplazamiento interno con las trayectorias migratorias internacionales, evidencia cómo los factores de expulsión locales se enlazan con las lógicas globales de control mi gratorio y exclusión. La riqueza de los trabajos reside en su capacidad para visibilizar las voces de los sujetos migrantes y desplazados, al tiempo que ofrecen herramientas teóricas y analíticas para comprender la violencia, la vulnerabilidad y sus resistencias. Estas perspectivas permiten leer el desplazamiento forzado como un fenómeno complejo y multidimensional que entrelaza violencia, territorio, comunicación e identidad. Lejos de concebir a los desplazados únicamente como víctimas pasivas, estos capítulos abren un debate sobre su papel como actores sociales que, a través de sus prácticas, memorias y narrativas, desafían los marcos impuestos y construyen nuevas formas de pertenencia y de vida en medio de la adversidad.

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Es así como el primer capítulo denominado Desplazamiento for zado en el Valle de Apatzingán, Michoacán: Voces de las víctimas y derechos humanos vulnerados, de Enrique Guerra y Julio César Franco constituye un aporte fundamental en el centro de la discusión sobre desplazamiento forzado interno. A través del trabajo de campo, los au tores recuperan testimonios de víctimas directas del crimen organizado, mostrando cómo la violencia cotidiana, las amenazas y la precarización de la vida generan la expulsión de familias enteras. La importancia del capítulo radica en la visibilización de las voces de los desplazados, quienes narran el miedo, la pérdida de bienes, la ruptura de la vida comunitaria y los daños psicológicos que acompañan al desarraigo. Este enfoque humaniza la problemática y muestra las lagunas de protección y atención por parte del Estado mexicano, cuya respuesta se muestra limitada, fragmentaria y asistencialista. El texto, además, abre un debate más amplio sobre el papel de la criminalidad organizada como agente expulsor en los territorios rurales, un fenómeno que no es exclusivo de México y que encuentra paralelismos en otras experiencias latinoamericanas, como el despla zamiento por actores armados en Colombia o por economías ilegales en Centroamérica.

Finalmente, el aporte de Guerra y Franco radica en mostrar que el desplazamiento forzado en contextos de violencia criminal no puede ser entendido únicamente como un efecto colateral del conflicto, sino como una estrategia de control territorial que despoja a las comunidades y vulnera sistemáticamente los derechos humanos.

Seguidamente, el capítulo de Chandler Thompson, en su artículo Entre el derecho y la violación: el caso de las personas desplazadas que huyen del crimen organizado en América Latina señala las complica ciones vistas por migrantes que pretenden obtener refugio en Estados Unidos debido a la violencia criminal. Thompson vincula los principios de derechos humanos que subyacen las leyes de asilo con las experien cias de las personas que solicitan asilo en la actualidad. El estudio de caso de un migrante hondureño que se expone a peligros concretos de diferentes organizaciones criminales, primero en Honduras y después en diferentes partes de México durante su viaje hacia Estados Unidos, país que intenta entrar para buscar protección, pero sin éxito, muestra

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que las leyes y políticas vigentes dejan vulnerables a las personas más expuestas a la violencia criminal.

El tercer capítulo, de Karolina Baquero y Carolina Moreno, tras lada el lente hacia la dimensión jurídica del desplazamiento interno en Colombia, un país que sigue siendo uno de los principales escenarios de desplazamiento forzado en el mundo.

Las autoras analizan cómo, a pesar de que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto —que incluye la Ley 387 de 1997, la Senten cia T-025 de 2004 y la Ley de Víctimas (1448 de 2011, recientemente actualizada en 2024)—, persisten grandes brechas entre lo normativo y lo real. El capítulo pone de relieve que más de 8,9 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por el conflicto armado en este país, pero menos de una quinta parte ha recibido re paración efectiva.

Un aporte central de las autoras es la discusión sobre las catego rías legales del desplazamiento; por conflicto armado, ampliamente reconocido y registrado en Colombia y, el segundo, por desastres so cioambientales, aún invisibilizado en las políticas públicas. Mientras el conflicto armado ha generado décadas de desplaza miento, los desastres climáticos, inundaciones, deslizamientos, sequías están desplazando, silenciosamente, a miles de familias sin que exista un registro oficial ni mecanismos claros de protección. El capítulo muestra así la doble vulnerabilidad que enfrentan los desplazados en Colombia: por un lado, la insuficiente reparación a las víctimas del conflicto; por otro, el vacío normativo frente a quienes huyen de desastres, catalogados apenas como “damnificados”. Por su parte, el capítulo Cuando las reubicaciones por megapro yectos se convierten en desplazamiento: una mirada desde los instru mentos de protección internacional, de Clara Artehortúa examina las dinámicas del desplazamiento forzado y la migración en Colombia, destacando cómo la violencia prolongada y la desigualdad estructural se combinan con las presiones territoriales ejercidas por megaproyectos extractivos y la presencia de actores armados. La autora plantea que estos procesos no solo generan expulsión de comunidades, sino tam bién, una fragmentación del tejido social y cultural, lo que convierte al desplazamiento en un fenómeno que trasciende lo meramente te

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rritorial para impactar dimensiones identitarias y de ciudadanía. La autora evidencia cómo las movilidades forzadas en Colombia están íntimamente ligadas a procesos globales de acumulación y control te rritorial, mostrando que la migración y el desplazamiento no pueden leerse de forma aislada, sino como parte de un entramado más amplio de conflictos políticos, económicos y culturales. Para finalizar, el texto La construcción social del desplazado interno en Colombia: representaciones sociales e identidades desde el discurso institucional, de Sandra Johanna Torres, ofrece una revisión teórica y de estado del arte sobre cómo se han construido socialmente las imágenes e identidades de las personas desplazadas en Colombia. A partir de la teoría de la identidad social y de las representaciones sociales, la autora identifica los estigmas y categorías recurrentes que han marcado el imaginario colectivo e institucional: el desplazado como “problema”, “víctima”, “vividor”, “personificación de lo negativo” o “sujeto de derechos”.

El capítulo resalta que estas imágenes no son neutrales, sino que emergen de discursos institucionales, mediáticos y sociales que moldean la manera en que el país entiende y trata a quienes han sido forzados a abandonar sus territorios. En particular, se señala cómo el desplazado suele ser reducido a una condición pasiva de vulnerabilidad o dependencia, invisibilizando su agencia y diversi dad identitaria.

La reflexión final apunta a que comprender al desplazado como construcción social obliga a mirar más allá del discurso de la victimi zación: implica reconocer las tensiones entre la narrativa institucional y las identidades que los propios desplazados elaboran, a menudo en clave de resistencia, dignidad y agencia.

2. Autonomía de la Migración ante Complejos

Industriales Fronterizos Esta sesión presenta la capacidad de agencia de las personas mi grantes, explorando cómo, frente a sistemas diseñados para controlar, criminalizar y capitalizar sus movilidades, surgen formas de resistencia, solidaridad y resignificación de la vida.

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Los cuatro capítulos que componen esta sección, aunque ancla dos en geografías y poblaciones diversas en las Américas —desde las fronteras colombo-panameña y sur de México hasta las comunidades diaspóricas, producto de la deportación desde Estados Unidos- conver gen en una argumentación central: la autonomía migrante no es solo un acto de resistencia, sino un ejercicio de creación política y social. A través de metodologías cualitativas que privilegian las voces y las experiencias vividas, estos trabajos replantean la visión de la persona migrante como un sujeto pasivo. En su lugar, nos presentan a actores que viven, negocian y alteran las lógicas del denominado “complejo indus trial fronterizo”. Este sistema, que entrelaza políticas de securitización con la mercantilización de la asistencia humanitaria, es confrontado no solo con la oposición directa, sino con la creación de saberes, redes y formas de cuidado que afirman la dignidad y la vida misma. La sesión se abre con un análisis de las consecuencias más difí ciles de las políticas de exclusión. El capítulo de Lizbeth De La Cruz Santana, No soy víctima: Diásporas deportadas y familias de estatus mixtas fracturadas, confronta con el doloroso fenómeno de la depor tación. La autora acuña el concepto de “diáspora de los llegados en la infancia” para capturar la ruptura identitaria de quienes son expulsados a países que no reconocen como propios. El capítulo va más allá de la narrativa idealizada del “Dreamer” para visibilizar, precisamente, a quienes, como Ángel en el estudio de caso de la familia Estrada, han sido excluidos de la categoría de “merecedores” tras ser criminaliza dos. Su testimonio, marcado por la agencia y no por la victimización, revela las secuelas de un sistema que no solo castiga y descarta, sino que también lucra con la detención, exponiendo la lógica del complejo industrial fronterizo y el profundo impacto que esta violencia estructural tiene en la desintegración de las familias de estatus mixto. De manera complementaria, el capítulo de Lucas Ruppel, Tra vestipolítica del cuidado, explora la resistencia desde otros márgenes, centrándose en las prácticas de cuidado de las personas migrantes LGBT+ en la frontera México-Estados Unidos. Ruppel introduce la “travestipolítica del cuidado” no como asistencia, sino como un acto político relacional. Su estudio se basa en narrativas testimoniales de personas dedicadas al cuidado de migrantes LGBT+ en Tijuana, entre

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ellas, la de Susana Barrales, migrante transgénero, deportada de EE.UU. y fundadora del albergue Casita de Unión Trans. Ante el fracaso de los sistemas de ayuda tradicionales, que las excluyen y discriminan, este cuidado se define no como caridad, sino como una relación política de solidaridad entre pares, inspirada en la historia de lucha de las comu nidades de personas transgénero.

A continuación, la sección desplaza su foco geográfico hacia el sur, examinando los corredores migratorios que anteceden a la frontera norte de México y que se han convertido en laboratorios de las políticas de contención externalizada. El trabajo de César Cardona Duque, Ma riana Mira Sarmiento y Lehyton Arenas Suaterna, Crisis humanitaria y movilidad forzada en el corredor Medellín-Urabá, analiza la crisis en el Tapón del Darién, uno de los puntos más críticos del continente. Su investigación nos muestra un doble efecto devastador derivado de cambios geopolíticos como la supresión de la ayuda de USAID: por un lado, la retirada de la “industria del cuidado” internacional, que opera con una lógica cortoplacista y mercantilizada y, por otro, como res puesta directa a este abandono, la articulación de redes de solidaridad migrante. Este capítulo demuestra, empíricamente, cómo la agencia de las poblaciones migrantes se activa en momentos de crisis extrema, generando formas de autoorganización —desde ollas comunitarias hasta redes de información en redes sociales— que suplen el vacío dejado por los actores estatales y no estatales.

Finalmente, el capítulo de Olga María Ruiz Ballinas, Yuliet Be doya Rangel y Johana Navarrete-Suárez, Actores locales en la frontera sur de México: entre la contención migratoria y la gestión humanitaria en Tapachula, Chiapas, nos sitúa en Tapachula, Chiapas, un espacio contemporáneo del “atrapamiento” migratorio. Las autoras analizan el rol de los actores gubernamentales locales, quienes se encuentran sobrepasados y con recursos limitados, atrapados entre las políticas de contención dictadas a nivel federal y las urgentes necesidades huma nitarias en su territorio. Su análisis del “complejo industrial fronterizo” desde una perspectiva local muestra cómo ONG, organismos inter nacionales e incluso la iniciativa privada conforman una gobernanza multinivel, nacida más de la necesidad que de la planeación estratégica. Este estudio revela la paradoja fundamental de la gestión migratoria

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contemporánea: se busca proteger los derechos humanos dentro de un entorno definido por la contención y militarización del propio Estado, mitigando el sufrimiento sin alterar las causas estructurales de la vulnerabilidad. La persistencia de la xenofobia y la falta de políticas públicas integradoras a nivel local exacerban una crisis que es, en última instancia, el resultado de políticas implementadas a miles de kilómetros de distancia.

En su conjunto, este apartado evidencia cómo la autonomía nace de la fractura, la solidaridad en el abandono y la política en los gestos cotidianos de supervivencia y apoyo mutuo. La fractura del vínculo institucional ya sea mediante la violencia de la depor tación que expulsa a individuos como Ángel a un exilio forzado, o a través del rechazo que sufre Susana Barrales en un albergue heteronormado, se convierte en el doloroso catalizador que forja la autonomía. Para estos sujetos, no es una autonomía de elección libre, sino una agencia nacida de la necesidad: la de narrar la pro pia historia para no ser borrado o la de tomar decisiones tácticas, como la “curva”, para sobrevivir. A su vez, el abandono sistemático por parte de las instituciones se manifiesta claramente cuando la “industria del cuidado” se retira del Darién o cuando los gobiernos locales en Tapachula enfrentan la crisis sin respaldo institucional suficiente. Es, precisamente, en este vacío donde florece la solidari dad; no como un ideal abstracto, sino como una respuesta concreta y organizada de quienes, al ser abandonados, solo se tienen a sí mismos y su comunidad. Finalmente, esta solidaridad se traduce en política a través de los gestos cotidianos: desde organizar una olla comunitaria y crear un grupo de WhatsApp para advertir de peligros, hasta ofrecer un refugio seguro a otras personas. Estas acciones, lejos de ser meros actos de supervivencia, se resignifican como actos, profundamente, políticos que construyen comunidad, desafían las lógicas de exclusión y afirman la vida allí donde los sistemas de poder solo ofrecen desposesión.

En conclusión, los cuatro pilares de esta sección nos ofrecen un panorama integral y crítico de la tensión entre control y autono mía en las Américas. Desde el desarraigo de la deportación hasta la creación de cuidados queer y, desde la autoorganización en la

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selva del Darién hasta la gobernanza improvisada en la frontera sur de México, emerge una constante: la innegable capacidad de las personas migrantes para generar vida, comunidad y política en sistemas que buscan reducirlos a meros objetos de gestión. Estos capítulos nos obligan a repensar la autonomía no como un ideal abstracto, sino como una práctica material, situada y colectiva, que constituye el verdadero motor de la movilidad humana en nuestro continente.

3. Movilidades irregularizadas y precarizadas

Las rutas migratorias a través del territorio mexicano se han vuelto cada vez más precarias en años recientes y la frontera estadounidense cada vez más impenetrable, hasta para los migrantes en necesidad urgente de protección. Los estudios de este apartado analizan estas dinámicas de vulneración para las personas migrantes en México y en la frontera estadounidense, aunque se debe tomar en cuenta los mismos patrones de abuso, violencia y rechazo pueden observarse hoy día en todas partes de las Américas.

Considerando las tendencias históricas, México presenta una anomalía en las Américas por haber sido el país de origen de muchas generaciones de emigrantes antes de volverse también un destino para inmigrantes. Aunque las personas que emigraron de México a Estados Unidos han experimentado campañas de repatriación en varios momen tos históricos, por muchos años la noción de migración en México se asociaba casi, exclusivamente, con movimientos de ciudadanos mexi canos entre este país y los Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha diversificado la movilidad humana en las Américas. Como consecuencia, México ha asumido nuevos roles en contextos de movilidades humanas. Para entender las implicaciones en las vidas de los migrantes de estas dinámicas, se pueden señalar tres fenómenos. Primero, se ha visibilizado la migración de países del sur – sobre todo los países del Triángulo del Norte de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras), y también diferentes países caribeños (sobre todo Haití y Cuba) y sudamericanos (Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros) – que cruza México para llegar a la frontera con Estados

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Unidos. Se debe agregar que la transmigración que pasa por México ya no es, únicamente, americana, sino que también han llegado en años recientes migrantes de África, Asia, Europa – es decir, de todo el mundo. Segundo, debido, principalmente, a presiones de Estados Unidos, nación que se ha vuelto cada vez más hostil a la migración irregular, México se ha empeñado en aumentar sus esfuerzos para impedir el movimiento de migrantes por su territorio, deteniendo, retrocediendo y deportando a las personas transmigrantes para aliviar la presión en su frontera con Estados Unidos (y así aplacar al gobierno estadounidense). Las personas migrantes que logran llegar a la frontera estadounidense deben estar preparadas no solo para los riesgos de cruzar sin documen tos, sino también para las cambiantes políticas de disuasión o clausura de la frontera; y para las personas desplazadas por la violencia, la ne cesidad de esperar meses o hasta años en la frontera, puede dejarlas expuestas a los mismos riesgos que huyen. Muchas veces es durante estas estancias extendidas que las personas que aspiran solicitar asilo en Estados Unidos se dan cuenta de que las leyes de este país no responden a muchas de las circunstancias de inseguridad del mundo actual y, por lo tanto, dudan en lanzarse a cruzar la frontera para pedir refugio. Con las clausuras de frontera, los peligros que experimentan las personas cuyos trayectos migratorios se traban en México y las incertidumbres de la recepción en el otro lado, muchas personas transmigrantes que llegan a México, finalmente, optan por abandonar su sueño migratorio y volver a su país de origen.

Un tercer fenómeno se observa en migrantes que evitan la ex pulsión de México y temen un riesgo mayor de expulsión de Estados Unidos: hay una porción creciente de migrantes que llega a México y elige asentarse en el país, posponiendo o renunciando planes para llegar a Estados Unidos. Estas personas optan por buscar proteccio nes en México – o por quedarse en México con un estatus migratorio irregular. De igual manera, con la migración de retorno, realizada a través de diferentes modos de repatriación voluntaria o involuntaria, México ha acomodado a cientos de miles de personas migrantes en los últimos años.

Los artículos de este apartado analizan diferentes aspectos de estas dinámicas.

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El geógrafo Guillermo Castillo Ramírez, en su estudio titulado México: de la producción del control de migraciones forzadas en con textos de violencia a la reconfiguración de las agencias sociales de poblaciones migrantes, señala el papel que ha asumido México dentro del corredor migratorio entre Centro y Sudamérica y Estados Unidos en los últimos años. A través de un análisis de informes sobre derechos humanos de migrantes, datos oficiales sobre la migración en México, y también de las experiencias reportadas por un migrante (la narrativa digital de un migrante colombiano que tuvo una serie de interacciones complicadas, pero quizás representativas, con autoridades en dos es tancias en México), concluye que en años recientes para las personas desplazadas del sur, México se ha transformado en un país de control y aplazamiento, donde éstas experimentan interacciones adversas con instituciones estatales y actores criminales y se obligan a reelaborar sus proyectos migratorios.

La investigación realizada por José Franco Aguilar y Rocío Gil Martínez de Escobar, Nuevas ‘otredades’: Alterización y discriminación hacia la población migrante en México se basa en un análisis de los datos publicados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación reali zada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México en 2022. Estos datos iluminan sobre las actitudes de los mexicanos de diferentes niveles de ingresos y educación hacia las personas migrantes y también sobre las percepciones de estas de sus interacciones cotidianas en México, revelando patrones de discriminación debido al racismo y la xenofobia que se vuelven cada vez más palpables en el país con los cambios demográficos que ha experimentado por los flujos migratorios. Entre los contextos institucionales se pueden señalar, con más claridad, violaciones de derechos humanos debido a la corrupción de agentes estatales que explotan a las personas migrantes que transitan por México o se niegan a protegerlas de los abusos del crimen organi zado, de acuerdo al análisis realizado por el capítulo de José Guadalupe Altamirano Castro y Teresita de Jesús Pérez Morales (Vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México derivado de actos de corrupción). Este estudio recurre a informes institu cionales y propone la importancia de profundizar en la interpretación de los datos a través del análisis de las historias de las personas migrantes.

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4. Migrar por el mundo digitalizado

Hace solo unos años, cuando Humanizando la Deportación se lanzó en Tijuana en 2017, nuestros equipos tuvimos dificultades en mantener comunicación con muchas personas migrantes que no viajaban con teléfonos, ni tenían acceso a los medios sociales. Hoy día es raro encontrar a una persona que migre sin smartphone, sobre todo porque los medios sociales (sobre todo WhatsApp, Facebook y TikTok) se han vuelto herramientas casi fundamentales para la difu sión de información esencial para navegar las rutas migratorias y las fronteras. De hecho, durante dos años (2023 y 2024), una aplicación de teléfono, CBPOne fue la única manera para muchas personas mi grantes de cruzar la frontera legalmente a EE. UU., para emprender un proceso de solicitar asilo. Los medios digitales se han vuelto la mejor manera de comunicación para muchas personas en tránsito; también, se han convertido en una herramienta eficaz para docu mentar y difundir las experiencias de migrantes (como es evidente en el archivo digital de Humanizando la Deportación). Este aparta do recopila estudios que se enfocan en los medios digitales para el contexto actual de la migración.

El primer capítulo, Narrativas digitales y educomunicación, me morias desde la resistencia y la agencia de migrantes latinoamericanos en tránsito, de Iván Camilo Henao Morán, Kelly Giovanna Muñoz Bal cázar y Carolina Quiñonez Zúñiga, considera una aproximación que, en vez de tratar, con empatía, a migrantes desde perspectivas nativas (no migrantes), pretende difundir más, directamente, las experiencias y puntos de vista de las personas migrantes. Estos autores presentan la metodología de narrativa digital empleada con la incorporación de nuevas aportaciones colombianas, realizadas desde la Fundación Uni versitaria de Popayán (FUP), al archivo internacional Humanizando la Deportación, señalando cómo este género audiovisual de producción colaborativa posibilita la difusión de la autorrepresentación de las experiencias de migración. Analizan una serie de narrativas digi tales producidas entre 2023 y 2025 como colaboraciones cocreativas entre migrantes e integrantes del equipo FUP de este proyecto para mostrar cómo las historias migrantes, al convertirse en cortometrajes

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audiovisuales y difundirse por el internet, se vuelven una expresión de pedagogía crítica y activismo digital.

Dándole continuidad al tema mediático, Gladys Espinel Rubio, Claudia Toloza Martínez y Liany Hernández Granadas, por su parte, analizan las representaciones de personas migrantes venezolanas menores de edad en los medios periodísticos colombianos y ecua torianos, ambos países de tránsito o destino para números elevados de personas originarias de Venezuela en años recientes. Su artículo, Narrativas sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes venezola nos en tres cibermedios de Colombia y Ecuador muestra que, a dife rencia del tratamiento de personas migrantes adultas, a las menores se les aproximan con más respeto y preocupación, señalando sus vulnerabilidades en cuestiones de discriminación, acceso a derechos, precariedad económica y riesgos de explotación, entre otras. En este caso, los medios digitales llaman atención a la urgencia para proveer protecciones a algunas los sectores más vulnerables de migrantes. Para finalizar el texto denominado CBP One como canal digital en la gobernanza migratoria: evolución, resultado, de Juan Miguel Orta Vélez, ubica la aplicación CBP One, la que filtraba la admisión de solicitantes de asilo por la administración presidencial de Joe Bi den (2021-2024), dentro de la genealogía de mecanismos y políticas de control migratorio introducidos y aplicados a partir del segundo término presidencial de Barack Obama (2012-2015). Evalúa, en par ticular, las premisas humanitarias que pretendían subyacer el diseño del programa de Biden en relación con las experiencias de las perso nas que tuvieron que acudir a CBP One para entrar a EE. UU., y las dificultades que tuvieron las personas migrantes más vulnerables en navegarla. Concluye notando que, no obstante, sus fallas, su conversión en 2025 en CBP Home, una reconfiguración de la misma aplicación que pretende facilitar la expulsión voluntaria, es una manifestación palpable de la política más, extremadamente, severa hacia la migración de la segunda presidencia de Donald Trump.

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Desplazamiento forzado interno e internacional Desplazamiento forzado interno e internacional

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Desplazamiento forzado en el valle de Apatzingán, Michoacán: voces de las víctimas y derechos humanos vulnerados Desplazamiento forzado en el valle de Apatzingán, Michoacán: voces de las víctimas y derechos humanos vulnerados Enrique Guerra Manzo Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco Julio César Franco Gutiérrez Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán Forced displacement in the Apatzingán valley, Michoacán: victims’ voices and human rights violated

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Resumen Aquí se proponen, como objetivos, indagar tres preguntas: ¿hasta qué grado los eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) registrados en el Valle de Apatzingán, Michoacán, se hallan asociados a pugnas territoriales entre grupos del crimen organizado? ¿De qué forma las víctimas han experimentado su condición de personas desplazadas? ¿Cuáles han sido las actitudes del Estado y de diversas instancias no gubernamentales ante el problema del DFI? El artículo se apoya en bibliografía especializada, entrevistas a víctimas de desplazamiento y a acompañantes de estas. Se postula que, en el contexto de inseguridad que vive el Valle de Apatzingán para muchas personas, no queda otro recurso que el desplazarse, coaccionadas por una situación de violencia que se torna amenazante para sus vidas y sus bienes. Los desplazados suelen acudir a diversas redes de apoyo: sociales (ayuda de Organiza ciones No Gubernamentales); familiares; religiosas e institucionales. Palabras clave: Desplazamiento Interno Forzado; Valle de Apat zingán; Crimen Organizado; Derechos Humanos; Estado Abstract Here we propose as objectives to investigate three questions: To what extent are the events of Internal Forced Displacement (IDF) reg

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istered in the Apatzingán Valley, Michoacán, associated with territorial struggles between organized crime groups? How have victims experi enced their status as displaced persons? What have been the attitudes of the State and various non-governmental bodies towards the problem of the IDF? The article is based on specialized bibliography, interviews with victims of displacement and their companions. It is postulated that in the context of insecurity that the Apatzingán Valley is experiencing, for many people there is no other recourse than to displace, coerced by a situation of violence that becomes threatening to their lives and property. Displaced people often turn to various support networks: so cial (help from Non-Governmental Organizations); Family; religious and institutional.

Keywords: Forced Internal Displacement; Apatzingán Valley; Organized Crime; Human Rights; State.

Introducción Todo Estado debe garantizar el derecho a la libertad de circula ción por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el lugar escogido para vivir, pero en varias regiones de México, eso está lejos de poder concretarse para muchas personas, como es el caso del Valle de Apatzingán, ubicado en la Tierra Caliente de Michoacán. Este ensayo pretende abordar las siguientes preguntas: ¿hasta qué grado los eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) registrados entre 2023 y 2025 en el Valle de Apatzingán se hallan asociados a las luchas violentas entre grupos del crimen organizado que operan desde hace décadas en la región? ¿De qué forma las víctimas han experimentado tanto su condición de personas desplazadas como la vulneración de sus derechos humanos? ¿Cuáles han sido las actitudes asumidas tanto por parte del Estado como de diversas instancias no gubernamentales para hacerle frente al grave problema social del DFI en el Valle de Apatzingán? El argumento central es que los ritmos y formas del DFI1 en esa zona michoacana están, estrechamente, asociados a las dinámicas de los grupos del crimen organizado en su luchas y reacomodos por el control

Para el concepto de DFI, véase Deng (1998, p. 5).

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del territorio, como a sus enfrentamientos con las fuerzas militares y la Guardia Nacional. Así, en un contexto de inseguridad, para muchas personas no queda otro recurso que el desplazarse, coaccionadas por una situación de violencia que se vuelve amenazante para sus vidas y sus bienes. En los testimonios de las víctimas se puede apreciar, entre otras cosas, ansiedad, miedo, daños psicológicos y desesperación ante las condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre que padecen. Del estudio resulta que en años recientes se puede observar un peligroso DFI oscilatorio intermitente, en el que las personas afecta das se refugian en lugares cercanos a sus comunidades para ponerse a salvo, pero suelen regresar a ellas para atender sus labores agrícolas y el cuidado de sus animales, poniendo en riesgo su integridad física, al no contar con condiciones para un retorno seguro. Pudimos constatar que las autoridades de diferentes órdenes, por su parte, reaccionan a los eventos de DFI con lentitud, negligencia y falta de voluntad para erradicar sus causas y brindar la ayuda requerida. En cambio, la mayor parte del apoyo brindado a las personas desplazadas proviene de actores no gubernamentales y de la propia sociedad.

En relación a las fuentes y la metodología empleada, el artículo se apoya en bibliografía especializada, archivos, sitios web, entrevistas a víctimas de desplazamiento y a personas u organizaciones que les han apoyado. Curas e integrantes de ONG entrevistados, fueron selecciona dos por haber acompañado diversos eventos de DFI. En lo que concierne a las voces de las víctimas, fueron incorporadas a nuestro estudio las de aquellas personas que accedieron a brindarnos sus testimonios, pues, como es sabido, dada su vulnerabilidad, muchas de ellas se niegan a hablar. Por consideraciones éticas y seguridad de todas las personas entrevistadas, decidimos emplear seudónimos.

Primero, se analiza el estrecho vínculo entre reacomodos territo riales del crimen organizado y su impacto en eventos de DFI en el Valle de Apatzingán. Segundo, apoyados en diversos testimonios se intenta dar cuenta de la forma en que las víctimas experimentan algunas de las fases del DFI (expulsión, traslado, refugio, posibilidades de integración o de retorno). Tercero, se exploran las actitudes tanto de autoridades de diversos órdenes como de la sociedad civil ante eventos de despla zamiento. Finalmente, se concluye con unas breves reflexiones sobre

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las causas del DFI y de posibles escenarios en el corto y mediano plazo para resolver ese grave problema.

Violencias del crimen organizado y desplazamiento forzado El DFI asociado a la violencia generada por las disputas territo riales entre grupos del crimen organizado2 en México es, claramente, visible desde mediados de la primera década del presente siglo (Díaz y Romo, 2019; López y Urbina, 2025). El informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary (2023), identifica que las causas del desplazamiento son diversas y multifactoriales, pero resalta que dife rentes tipos de violencia originada por el crimen organizado conforman las principales razones de estos movimientos forzados. La relatora esta blece que las agrupaciones criminales generan violencias, amenazas, enfrentamientos armados, incursiones y ataques directos que afectan, particularmente, a los grupos poblacionales más vulnerables, como los pueblos originarios, las mujeres y las infancias, por mencionar a las víctimas más recurrentes. Asimismo, señaló que las respuestas estatales son aun insuficientes debido a notables lagunas legales y ausencia de mecanismos de prevención y atención integral.

El Colectivo EPUMX (2024), en su respectivo informe sobre des plazamiento interno en México, documentó que el crimen organizado es un factor central, produciendo movilizaciones forzadas debido a la violencia y el control territorial que ejerce. El Colectivo destaca que delitos como la extorsión, las amenazas y los asesinatos obligan a co munidades enteras a abandonar sus hogares en las zonas de operación de los grupos criminales.

En 2025, la Universidad Iberoamericana publicó su primer informe acerca del monitoreo que realiza sobre eventos de este tipo, en el que consigna que “El crimen organizado fue [la] principal causa del despla zamiento interno en 13 estados; [siendo] Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, los más afectados”. Michoacán concentró el 5.4%

Para el concepto de crimen organizado, véase Hagan (1983).

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de los eventos y las personas afectadas por el DFI durante 2024 fueron 1,555, principalmente, los municipios de Apatzingán, Buenavista, Aqui la, Los Reyes y Coahuayana (Programa de Derechos Humanos, 2025). Así, varios informes especializados coinciden en que las activida des criminales tienen una relación causal con el DFI en México, aspecto demostrado, también, por numerosas investigaciones académicas.3 En lo que concierne a Michoacán, se han detectado diversas oleadas de DFI asociadas a pugnas entre grupos del crimen organizado desde que se inició la llamada “guerra contra las drogas” en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).4 La última de ellas se registra desde 2023 a la fecha. Fase en la que se fragmenta Carteles Unidos de Michoacán y que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), apoyado por una alianza con algunos de sus viejos enemigos, en particular con Viagras y Blancos de Troya, lanza una fuerte ofensiva contra Los Caballeros Templarios en el Valle de Apatzingán. Como resultado de esos enfrentamientos, se tiene el registro del desplazamiento de más de 800 personas en junio de 2023, procedentes de varios poblados del municipio de Apatzingán; de 219 personas desde varias localidades de Buenavista Tomatlán, ocu rrido a finales de agosto de 2024; de 100 en Apatzingán en diciembre de ese año; y de más de 500 en varias poblaciones de Apatzingán el 15 de marzo de 2025.5 Aquí nos centraremos en el análisis las voces de las víctimas de este último caso.

Las voces de las víctimas El 15 de marzo de 2025, se narraba en una declaratoria de emer gencia de ACNUR, alrededor de 500 personas fueron desplazadas por fuertes enfrentamientos entre el CJNG y los Caballeros Templarios en los poblados de El Alcalde y El Guayabo, municipio de Apatzingán. Los hechos también impactaron a más de 1000 personas que quedaron atrapadas en varios poblados (El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles). ACNUR recordaba varios desplazamientos forzados

Para un buen balance de la creciente bibliografía, véase López y Urbina (2025).

Un análisis más detallado de las oleadas de violencia en Michoacán y sus nexos con el DFI, desde comienzos del siglo XXI, aparece en Guerra Manzo (2023); Rubio y Pérez (2016).

Archivo del OSHRA.

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suscitados desde 2024 en la región de Tierra Caliente y zonas aledañas, provocados por choques entre grupos criminales, quienes suelen usar minas terrestres y ataques con bombas lanzadas desde drones que afec tan, sobremanera, a la población no beligerante. Recordaba que incluso cuatro soldados habían muerto por explosiones de minas terrestres en Buenavista, Apatzingán y Cotija, además de varios jornaleros que habían resultado muertos o heridos.6 Es en este contexto que deben situarse las voces de las víctimas por DFI que serán referidas a continuación. El 21 de marzo, Pedro (seudónimo), integrante del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), realizó un recorrido en la comunidad de El Alcalde. Pudo corroborar la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), conformada por militares, Guardia Nacional y policía estatal. Pedro también se percató de la presencia de solo cinco familias en el poblado, todas en condiciones precarias y bajo el temor de ser objeto de actos delincuenciales. Pedro logró conversar con algunos lugareños presentes en la localidad. Fue informado de “agresiones físicas y amenazas” a los habitantes; alla namiento de moradas; destrucción y robo de pertenencias; abigeato y matanza de animales por parte de las personas armadas. Durante su recorrido pudo ver que el poblado no contaba con cobertura telefónica, ni internet, lo que ponía a la población en mayor riesgo de aislamiento e incomunicación. Carecían también de servicio completo de energía eléctrica, lo que pone en riesgo a los cultivos de los que depende la economía local (en su mayor parte huertas de limón), dada la falta de bombeo de agua para su irrigación. A través de diversas fotografías tomadas, Pedro pudo constatar diversos daños a las propiedades priva das y a la infraestructura pública (inmuebles con huellas de impactos de balas, techos destrozados por “dronazos”, vidrios rotos, entre otras cosas).7 Una pareja de ancianos desplazada de El Alcalde, refugiada en un domicilio particular de Apatzingán, entrevistada el 20 de marzo, relató que los enfrentamientos iniciaron hace aproximadamente 20 días, pero

ACNUR. (2025, marzo) Emergency Flash update. [Archivo del OSHRA]. También véase, Álvarez (2025a).

OSHRA. (2025, 26 de marzo). Petición del OSHRA al H Ayuntamiento de Apatzingán. [Ar chivo del OSHRA]

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arreciaron entre el 10 y el 14 de marzo: los grupos armados “utilizan las elevaciones serranas [aledañas] como punto de observación y de ataque sobre las zonas bajas, con rifles de asalto y cargas explosivas lanzadas desde drones aéreos”. El grupo criminal agresor, se dijo: “Son el partido de Los Viagras… y violan y matan todo el tiempo” (El señor, a quien llamaremos P1). Al iniciarse los enfrentamientos, la gente de inmediato abandonó el pueblo “nomás con lo que traían encima” (P2). Calculan que actualmente solo hay cinco o seis casas habitadas. Hay mucho miedo, los “armados matan perros nomás porque les ladran” (P1).8 Como puede apreciarse, la gente se ve obligada a huir en forma intempestiva hacia donde puedan ponerse a salvo. Sufren despojo y daños en sus viviendas y bienes. Para quienes se quedan hay perma nente peligro y zozobra.

Un grupo de 24 personas de El Guayabo se refugió en una casa céntrica de la cabecera municipal de Apatzingán. El 1 de abril, dos padres de familia aceptaron concedernos una entrevista. Además de El Alcalde y El Guayabo, afirmaron, se han visto afectadas las comu nidades de Puerta de Alambre, Las Bateas y El Capire. En las localidades mencionadas, la suspensión de clases pone en riesgo el acceso al derecho a la educación de niños y jóvenes: “Va pa’l mes que no van a clases los chiquillos” (P3). No pueden responder con precisión en dónde están los refugiados: “Andamos repartidos allí donde nos dan posada… pero no sé dónde están”, aunque “los veo en el corte del limón, porque tenemos que seguir trabajando, pero no sé dónde estén [refugiados]” (P4).

En sus relatos fue evidente que la ola de violencia suscita afecta ciones en los ingresos de las personas desplazadas (ya sea por la merma en sus huertas, o por la disminución en las horas de trabajo como jor naleros). El peligro no está solo en sus poblados de origen sino también en los lugares hacia donde se desplazan para trabajar. Por el temor a pisar una mina, “en Las Bateas avientan primero al ganado para ver cómo están los caminos. […] No puedes andar de un rancho a otro… 6 o 7 [p.m.] se recoge la gente…” (P3).9

OSHRA. (2025, 20 de marzo). Entrevista a pareja adulta mayor. [Archivo del OSHRA]

OSHRA. (2025, 1 de abril). Entrevista a padres de familia. [Archivo del OSHRA]

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El 4 de abril la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo, acompañada de un destacamento militar y de personal de otras dependencias, visitó El Alcalde para emprender una “Jornada de Labor Social” de apoyo a la comunidad (ayuda en materia de salud, despensas, cortes de pelo, entre otras cosas básicas). A su encuentro llegaron pobladores de diversas comunidades aledañas. Manifestaron que esas acciones no resuelven su problema más grave: la inseguridad que afecta su vida diaria (Álvarez, 2025b). En un audio que Pedro grabó, se pueden apreciar sus airados reclamos, en los que se nota angustia, miedo y desesperación: en medio de una intensa balacera, en la noche del 14 de marzo, “todos salimos corriendo”; “vaya a las casas de las comunidades para que vea como estamos” (casas sa queadas, vandalizadas); “nos sacaron a todos”; “no vamos a resistir los dronazos”; en la noche “corrimos al cerro”; “no podemos dormir por el miedo y el peligro”; “que nos den armas para defendernos” …. Todo ello y más forma parte del coro de reclamos que recibía la alcal desa, quien tímidamente respondía: “yo no tengo hombres armados”; “en lo que yo les pueda ayudar en salud…” La población también hizo saber al comandante del contingente militar, que acompañaba a Fanny Arreola, que la BOI radicada en la comunidad no hacía nada cuando se desataban los enfrentamientos delincuenciales. El militar respondía que mientras a los militares no se les dispare, “ellos no pueden hacer nada. No tienen autorización para intervenir”.10 Lo anterior revela parte del terror permanente en el que viven las personas de la región ante la oleada de violencia delincuencial, pero también la impotencia de las autoridades (o falta de voluntad) para resolver el problema de la inseguridad.

El 29 de abril conversamos con un grupo de personas de El Alcalde recientemente retornadas. Reconocieron la necesidad de atender su salud emocional, dado que viven en un estrés incesan te: “… me asomo cada que ladran [los perros] pensando que otra vez vienen [los armados]. Ya no puedo dormir tranquila” dice una mujer (P5). La permanencia de las familias en el pueblo “depende

OSHRA. (2025, 4 de abril). Diario de campo de la Jornada de Labor Social. [Archivo del

OSHRA].

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completamente de la presencia de la BOI, si se retira, volverán a salir” (P6).11 En la Presa del Rosario, el 21 de mayo entrevistamos a otro gru po de desplazados procedente de diferentes comunidades rurales de Apatzingán. Ante nuestra pregunta sobre cómo han experimentado las situaciones de riesgo por las que han atravesado, un jornalero de Las Tinajas expresó:

El daño mayor es el miedo… las mujeres y los niños son quienes reciben los daños más graves: los psicológicos… Entiendo que tratan de apoyar en lo que es lo material, pero más queremos apoyo en la salud, para personas que están nerviosas y hay que sacarlas de aquí… ¡y por qué no nos queda de otra! ¿para dónde vamos? (P7) Una maestra de primaria de Loma de los Hoyos dice que desde enero de 2025 la escuela ha estado cerrada: “ha sido blanco de drones… todo el techo quedó perforado, [se suspendieron] las clases para que los niños no vean los impactos… [hay] “¡Niños llorando porque sus padres fueron levantados! Si se va la BOI “nos vamos nosotros” (P8). Una madre de El Alcalde enfatiza: “escuchamos cómo zumban las balas y vemos luego los impactos… ¡día y noche tenemos miedo!” (P9). Otra de El Capire agrega: “Las casas están saqueadas, destruidas… droneadas. A mi casa no puedo ir, porque allí viven esas personas” (P10). Un agricultor de El Alcalde relata: “Sepulté a una persona que ayer perdió la vida, dejó a una criatura de menos de un año y a su viuda... Soy tío de un afectado: le explotó una mina” (P11). El padre Jorge, cura de la Presa del Rosario, considera que lo más urgente para las personas desplazadas “es atención psicológica y humanitaria, una campaña que proporcione [terapias] para las personas afectadas”. Advierte que ante las incesantes oleadas de desplazamiento suscitadas desde junio de 2023 la “capacidad de solidaridad entre las co munidades se agota. Los productores están al borde de la bancarrota.”12

OSHRA. (2025, 29 de abril). Entrevista a personas retornadas de El Alcalde. [Archivo OS

HRA]

OSHRA. (2025, 21 de mayo). Grupo focal en Presa del Rosario. [Archivo OSHRA].

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“Es un ir y venir por ciertas complicaciones […] por temas de seguridad”13 La cita que da nombre a este apartado corresponde a las decla raciones del secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, en rueda de prensa el 24 de octubre de 2024. La cita es reveladora de la postura gubernamental ante el desplazamiento forzado: si ya no puede ser negado, es, sistemáticamente, minimizado. Lo que no deja de ser paradójico, pues desde el reconocimiento oficial de la proble mática en abril de 2019 se han tomado acciones por los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a esta problemática. En el orden federal, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de “Ley General para prevenir, atender y reparar, integralmente, el desplazamiento forzado interno”, enviada al Senado de la República en septiembre de 2020, sin que hasta la fecha este la haya aprobado. Es decir, aun no hay claridad jurídica sobre la disposición del Estado Mexicano para dotar de instrumentos legales especializados para la atención del DFI en México.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se apre suró a alinearse con la postura del gobierno federal. El 11 de abril de 2022 se publicó un decreto ejecutivo por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán (Ramírez, 2022), espacio deliberativo en el que se redactó un proyecto de Ley para la entidad, cuya redacción quedó lista en octubre de 2023 y hasta la fecha se encuentra en la Consejería Jurídica del gobernador, en espera de su envío al congreso local para su discusión y, en su caso, aprobación.

El decreto establece que la Secretaría del Migrante asume la Secretaría Técnica del Comité, pero no es explícito respecto a la obli gación de coordinar la política pública del estado en atención a los eventos de DFI (Art. 6, fracc. XI). Esta ambigüedad en la redacción ha dado lugar a que la Secretaría de Gobierno, a través, principalmente, del Consejo Estatal de Población (COESPO) y el Sistema para el de sarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, asuman en la práctica la respuesta en terreno de los principales eventos de DFI registrados en

Meganoticias (2024).

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el estado desde la creación del Comité. Si bien no ha faltado el acom pañamiento de la Secretaría del Migrante, no es esta dependencia la que toma las determinaciones operativas en la atención a esta violación grave a los derechos humanos.

Empero, en diferentes casos de DFI la autoridad gubernamental ha mostrado una actitud recurrente: la gravedad de la situación en cada evento es considerada por debajo de sus dimensiones reales, al no contar con elementos fehacientes de análisis sistemático sobre las necesidades y potenciales riesgos de la población en situación de DFI. Esta falencia tiene efectos graves que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas en esta situación de vulnerabilidad, pero con voluntad de retornar a sus hogares. Esta política ya ha provocado desplazamien tos secundarios o reincidentes, más difíciles de documentar y de que reciban atención humanitaria. Así, la estrategia de atención al DFI del gobierno de Michoacán se limita, principalmente, a componentes secu ritistas y asistencialistas, pero no a resolver, integralmente, el problema. En cuanto al orden municipal, ya se mencionaron una serie de reclamos dirigidos a la presidenta municipal de Apatzingán durante la jornada de “Labor Social” realizada en El Alcalde el 4 de abril de 2025, que evidencian sus falencias y falta de voluntad para brindar una mejor respuesta al problema del DFI.

En cambio, las necesidades de las personas desplazadas han sido atendidas, sobre todo, por actores no gubernamentales: desde apoyo para denunciar eventos de DFI, como lo ha hecho el OSHRA y otros actores de la sociedad civil (Zamora, 2024); recibimiento y atención a personas desplazadas, función que en numerosos ocasiones han asumido parroquias católicas, como Presa del Rosario en 2023 (CEDH-Michoacán, 2023) o Pareo en 2024 (Aguirre, 2024); organi zaciones no gubernamentales (el Frente Popular Francisco Villa14 en Apatzingán en diciembre de 2024); y, mayoritariamente, familiares y amigos en domicilios particulares (colonia Centro de Apatzingán15 en marzo de 2025).

OSHRA. (2024, 12 de diciembre). Entrevista a personas refugiadas en el FPFV. [Archivo del

OSHRA].

OSHRA. (2025, 1 de abril). Entrevista a padres de familia. [Archivo del OSHRA]

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Conclusiones Como ha mostrado este artículo -y parte de la bibliografía especia lizada-, las oleadas de DFI en el Valle de Apatzingán están, íntimamente, ligadas a los reacomodos y pugnas territoriales entre grupos del crimen organizado, sin que el Estado haya podido hacer mucho para remediar esa lacerante situación en que viven amplios sectores de la población. Los testimonios de las víctimas de DFI aquí expuestos muestran con claridad la forma en que estas experimentan violaciones a diversos derechos humanos (en especial los de seguridad y vida digna); modo en que se ven obligadas a vivir una cotidianidad llena de miedo, peligro y zozobra; con severos daños a sus bienes y a su salud (mental y física). Hasta la fecha, la falta de un marco legal adecuado impide la codificación del DFI como un delito, lo que anula la posibilidad de su denuncia, así como su persecución y castigo y mantiene la ambigüe dad respecto a la competencia de las áreas gubernamentales sobre la atención del fenómeno. En Michoacán el desarrollo de capacidades de atención gubernamental al DFI conforma un inventario ocioso, marcado por la morosidad, incumplimiento y dilatación burocrática. Ante la inacción del gobierno, la sociedad civil ha respondido en la medida de sus capacidades y todo indica que tendrán que sostener esos esfuerzos durante el futuro próximo. Sin embargo, sus recursos son limitados y la posibilidad de que continúen desempeñando estas funciones se encuentra bajo la amenaza de ser objeto de la violencia criminal, así como de descalificaciones gubernamentales por eviden ciar sus falencias.

Bibliografía Entrevistas (en orden de mención) Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights [OSHRA]. (2025, 20 de marzo). Entrevista a pareja adulta mayor. [Archivo del OSHRA] OSHRA. (2025, 1 de abril). Entrevista a padres de familia. [Archivo del

OSHRA]

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OSHRA. (2025, 29 de abril). Entrevista a personas retornadas de El Alcalde. [Archivo OSHRA] OSHRA. (2025, 21 de mayo). Grupo focal en Presa del Rosario. [Archivo

OSHRA]

OSHRA. (2024, 12 de diciembre). Entrevista a personas refugiadas en el FPFV. [Archivo del OSHRA].

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El asilo y El asilo y

la soberanía estatal:

el caso de los latinoamericanos que huyen del crimen organizado El asilo y El asilo y

la soberanía estatal:

el caso de los latinoamericanos que huyen del crimen organizado Asylum and State Sovereignty: the Case of Latin Americans Fleeing Organized Crime Chandler R. Thompson Universidad de California Davis

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Resumen Al hablar de la migración y los derechos humanos es importante recordar que existen dos definiciones del término. Hay Derechos Huma nos que se refieren al concepto filosófico de los derechos universales y derechos humanos que son los derechos codificados en la ley internacio nal. A veces nos apresuramos a llamar a cualquier acción, éticamente, cuestionable en contra de personas desplazadas una violación de sus derechos humanos. No obstante, aunque muchos excesos violan el es píritu de los Derechos Humanos, pocos violan los derechos otorgados a los migrantes por la ley internacional. El caso de los latinoamericanos que huyen del crimen organizado en busca de asilo ilustra muy bien este punto. En este capítulo, se explorará tanto el aspecto legal como humano del caso de estos solicitantes de asilo para entender mejor las raíces de las dificultades que enfrentan, su impacto humano y unas posibles soluciones.

Palabras clave: Derechos humanos, ley de asilo, soberanía estatal, crimen organizado, solicitantes de asilo, ACNUR, narrativas digitales, Humanización la Deportación, no devolución, interpretación legal. Abstract When discussing migration and human rights, it is important to remember that there are two definitions. There are Human Rights,

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which refers to the philosophical concept of universal rights, and there are human rights, which are the rights codified in international law. At times we are quick to call any ethically questionable action against displaced people a violation of their human rights. However, even though many such excesses violate the spirit of Human Rights, few actually violate rights guaranteed to migrants by international law. The case of Latin Americans fleeing organized crime in search of asylum is illustrative of this point. This chapter will explore both the legal and human aspects of the case of these asylum seekers to understand the roots of the problems that they face, their human impact, and some possible solutions.

Key Words: Human rights, asylum law, state sovereignty, orga nized crime, asylum seekers, UNHCR, digital narratives, Humanizing Deportation, nonrefoulment, legal interpretation Introducción Al abordar el tema de la migración desde el eje de los derechos humanos, es importante recordar que existen dos definiciones del tér mino. La primera, la de los Derechos Humanos, se refiere al concepto filosófico de los derechos universales, los privilegios que, según la ONU, nos son inherentes como seres humanos “con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición” (Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights [OHCHR], 2025). Enumerados en un número considerable de manifiestos declaraciones, entre los cuales se destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Derechos Humanos representan el ideal al que aspiramos sus defen sores, la esperanza utópica de un mundo futuro donde todos los seres humanos son tratados con igualdad y el debido respeto. A su vez, los derechos humanos, con minúscula, son mucho más realistas. En breve, son los pocos Derechos mencionados en estas declaraciones que han sido codificados en la ley internacional y cuya existencia está definida por el debido lenguaje legislativo. En otras palabras, mientras se usa la noción de los Derechos Humanos para elaborar listas de derechos y discutir cómo se debería de tratar a un ser

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humano, los derechos humanos son las definiciones legales y ejecutables que nacen de estas discusiones.

Entender esta distinción entre los Derechos Humanos aspiracio nales y los derechos humanos protegidos por la ley internacional nos ayuda a evitar caer en trampas discursivas al hablar de la migración. A veces en nuestro celo por proteger la dignidad humana, nos apresuramos a llamar a cualquier acción moral o éticamente cuestionable en contra de personas desplazadas una violación de sus derechos humanos. No obstante, aunque muchos de estos excesos susodichos violan el espíritu de los Derechos Humanos como concepto filosófico, pocos violan los derechos otorgados a los migrantes por la ley internacional. Esta confu sión entre ideales y realidades legales, aunque parezca insignificante, puede ocultar las raíces legales del problema e impedir cambios reales y eficaces que mejoran la suerte de los migrantes. El caso de las personas desplazadas en América Latina que huyen del crimen organizado en busca de asilo ilustra muy bien este punto. En esencia, la ley del asilo se basa en la idea de que, si una persona corre peligro en su país de origen, tiene el derecho de buscar refugio en otra parte. Como parte de este derecho al refugio, el país que tramita la petición tiene la responsabilidad de no devolverlo a una situación donde corre peligro. A esta idea se le conoce como el principio de la “no devolución”, o nonrefoulment en inglés (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 1951, p. 9). No es ningún secreto que, durante las últimas décadas, un aumen to en la violencia relacionada a la actividad de sindicatos criminosos ha devastado comunidades por toda América Latina. Como consecuencia, ha habido un aumento recíproco en el número de latinoamericanos que buscan refugio en el Norte Global, Estados Unidos siendo uno de los países de destino preferidos. Confiando en el principio de los Derechos Humanos, estos solicitantes llegan a la frontera estadounidense con esperanza, suponiendo que sus temores bien fundados inspirados por el trato recibido a manos del crimen organizado serán suficientes para darles asilo en el país norteamericano y, por ende, la seguridad que tanto anhelan. No obstante, lo que muchos de estos perspectivos refugiados ignoran es que los criterios legales para obtener asilo son mucho más reducidos de lo que se imagina. Esto es, especialmente, evidente en los

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Estados Unidos, un país que en 2024 solo aceptó la petición de 35,701 de un total de 733,912 nuevos solicitantes de asilo (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2025), o sea, alrededor de 4.86%. Esta cifra, pese a las quejas del presidente Donald Trump de ser Esta dos Unidos el mayor receptor de refugiados en el mundo, es bastante reducida en comparación a la de otros países receptores. Este número reducido no es el resultado de una violación de de rechos humanos, sino de una interpretación muy estricta de la ley de asilo por parte de los Estados Unidos. Según las normas estipuladas por el ACNUR, un solicitante de asilo debe demostrar de manera con vincente que “teme ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, opinión pública o por pertenecer a un cierto grupo social” (ACNUR, p. 2). Debido a la naturaleza de su persecución por el crimen organizado puede ser difícil para los que huyen de él vincularla con su pertenen cia a uno de estos grupos protegidos. Estas dificultades se multiplican si los solicitantes en cuestión no cuentan con asistencia legal, la cual puede ser muy cara. Por lo mismo, no son pocos los solicitantes que son devueltos a los países de los que huyen, a pesar del peligro real que enfrentan.

De este modo, aunque sus prácticas entran en conflicto con el espíritu del principio de la “no devolución”, las acciones de los Estados Unidos no son, técnicamente, ilegales. Además, propongo que su des caro al devolver solicitantes a situaciones de peligro muestra de manera convincente cómo la ley internacional privilegia los derechos del estado nación sobre los derechos humanos del individuo.

El propósito de este capítulo es explorar tanto el aspecto legal como humano del caso de los que huyen del crimen organizado para alcanzar una vista más holística del fenómeno y demostrar que las dificultades que enfrentan en la frontera estadounidense no solo son el producto de políticas antimigratorias recientes, sino que su posibilidad está codifi cada en la ley internacional y los procedimientos de la ONU. Esto es, que los excesos que observamos en la zona fronteriza México-Estados Unidos son el resultado tanto de la interpretación estadounidense de la ley como de problemas con la estructura de la ley de asilo en sí. Al entender estos antecedentes legales, nos será más fácil dialogar sobre posibles soluciones prácticas al problema.

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Para lograr este propósito, primero se contextualizará la ley de asilo que promueve el ACNUR, que se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, para entender por qué su lenguaje legal protege la soberanía estatal sobre derechos individuales. Segundo, se hará una lectura intensiva de las narrativas digitales producidas por participantes del proyecto Humanizando la Deportación para demostrar el costo humano de la manera en que Estados Unidos decide interpretar sus obligaciones como país recipiente. Para concluir, se hablará de lo que se puede hacer para mejorar la situación y asegurar la seguridad de esta población en peligro.

La ley de asilo y la soberanía estatal en la posguerra Ley de asilo promovida por la ONU fue concebida en un contexto histórico muy específico. En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la recién formada Organización de Naciones Unidas creó el ACNUR para resolver el problema de las personas que, debido al conflicto, fueron desplazadas y que ahora no podían regresar a sus países de origen. En el contexto de la Europa de la posguerra, los casos de desplazamiento que más preocupaban eran los de las personas sin estado, o sea, esos “impossible subjects… who [did] not fit neatly within the confines of a nation-state” que alineaba con su identidad étnica (Hamlin, 2021, p.

36) y los que corrían peligro en su patria por tener ellos ciertas carac

terísticas intrínsecas. Para mejor acomodar a estas personas y asegurar su buen trato, se presentó la Convención sobre el Estatuto de los Refu giados de 1951, la cual garantizaba que todos los europeos “que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951” se vieron obligados a huir, tenían el derecho de buscar refugio en otro país (ACNUR, p. 2). Además, tal como se mencionó en la introducción de este capítulo, el ACNUR definió en el mismo documento los parámetros legales para calificar por el estatus de “refugiado”, que garantizaba a la persona desplazada ciertos derechos en el país receptor, tales como el derecho al trabajo y a la observancia religiosa. Desde que se presentó la premisa de este convenio, se han hecho varios cambios leves para hacerlo más inclusivo, incluso global. Por

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ejemplo, antes de ser adoptada, se le agregó a la Convención original una estipulación que daría a los países contratantes la opción de extender el estatus legal de refugiado a personas afectadas por la Segunda Guerra Mundial “en Europa o en otro lugar” (ACNUR, p. 2). Más adelante, “considerando que [habían] surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la Convención fue adoptada”, se firmó el Protocolo de 1967, el cual quitó el lenguaje que limitaba el estatus de refugiado a los desplazados antes de 1951 (ACNUR, 1967). Sin embargo, es importan te recalcar aquí que, aunque algunos calificadores han cambiado, la definición legal de un refugiado ha sido constante desde que entró en vigor la Convención en 1954, y por tanto sigue siendo producto de las circunstancias específicas que le dieron vida. Por lo mismo, el lenguaje legal que emplea no siempre logra proteger a todos que corren peligro, ya que ahora existen circunstancias que motivan la migración, como el crimen organizado, que no estaban previstos cuando se escribió hace 75 años (Hamlin, p. 13).

En cuanto a la ejecución de la ley de asilo, la Convención de 1951 hace evidente que mientras el ACNUR “tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protec ción a los refugiados” (ACNUR, p. 2), es responsabilidad de los Estados contratantes asegurar su implementación en su sistema legal nacional. Esto, también, es producto de las luchas geopolíticas de la posguerra y explica en parte por qué la ONU sigue privilegiando los derechos soberanos del Estado sobre los derechos del individuo. Tal como revela Mary Ann Glendon en su libro A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (2001), la cuestión del futuro de la soberanía estatal estaba al centro del debate durante la creación de la Declaración Univer sal de los Derechos Humanos de 1948. Desde antes de reunirse por primera vez el Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos, tanto “Britain, China, France, the United States, and the Soviet Union”, o sea, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, “did not expect [the Universal Declaration] to interfere with their national sovereignty” (p. 7) y luchaban para asegurar que los edictos de la Declaración no interfirieran con sus metas políticas interiores y exteriores.

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Al mismo tiempo, los miembros de la Comisión usaban la platafor ma que les proporcionaba su posición en el comité para abogar por la inclusión de derechos que marcarían a sus enemigos ideológicos como violadores de Derechos Humanos. Por ejemplo, mientras el naciente bloque comunista del Oriente quería solemnizar derechos económicos como el derecho al trabajo, los representantes del Occidente preferían enfocarse en derechos civiles como la libertad de expresión y de la prensa. Cuando se debatió el tema del libre movimiento en particular, Glendon explica que Eleanor Roosevelt defendió el concepto del asilo político, pero que los representantes de la Unión Soviética quisieron limitar su extensión para poder controlar mejor el flujo de perspectivos disertadores que quisieran huir al Occidente tras el levantamiento de la Cortina de Hierro en Europa (p. 47). En cualquier caso, ninguno de los dos lados estaba dispuesto ceder su soberanía estatal para conformar a las exigencias ideológicas de sus contrincantes.

Para calmar tensiones internas y garantizar la colaboración de países tan, ideológicamente, distintos, la ONU optó por no establecer un brazo justiciero que cumpliera con las leyes, convenios, y decretos pasados por la Asamblea General. Mas bien, esa responsabilidad re caería sobre los Estados contratantes y una serie de redes de observan cia que delataría infracciones y abriría el país implicado a sanciones internacionales. En principio, no se desafiaría la soberanía estatal de forma directa y se esperaría que todos los países integrantes sigan las reglas para el nuevo orden mundial sólo por compromiso con la causa. Mientras tanto, seguirían los juegos geopolíticos de siempre entre los grandes poderes mundiales, tanto en el campo de batalla tradicional como en las cortes de la ONU.

Humanizando la Deportación y el costo humano de la devolución Las consecuencias humanas de estas limitaciones de la ley de asilo actual, tanto en su estructura como en su aplicación, se pueden observar cada día en la frontera México-Estados Unidos en las vidas de los mismos solicitantes. Tal como explica Robert McKee Irwin en un folleto para el UC Davis Global Migration Center titulado “Migrantes

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y solicitantes de asilo centroamericanos” (2022), “EEUU ha imple mentado una serie de políticas para disuadir la llegada de migrantes solicitantes de asilo desde Centro América”, entre otras regiones del Sur Global, “hacia la frontera sur estadounidense, obligándolos a esperar por meses o incluso años en México para que sus casos puedan ser evaluados” (p. 1). El resultado de estas políticas ha sido una acumula ción de solicitudes de asilo en Estados Unidos astronómica, la cual ya ronda por los 3.2 millones según datos oficiales del ACNUR (UNHCR, 2025). 3.2 millones de personas de carne y hueso que aún esperan su oportunidad de escapar los peligros de los que huyen. Y aunque no todos estos 3.2 millones han sido víctimas de políticas estadounidenses como “Remain in Mexico” (Reed, 2005), son muchos los solicitantes que se encuentran en situaciones poco ideales mientras esperan el veredicto de su caso.

Las narrativas digitales disponibles en el archivo de Humanizando la Deportación y su proyecto hermano Humanizando el Asilo son una fuente invaluable para entender los efectos reales de estas prácticas de disuasión. En resumen, Humanizando la Deportación es un programa que analiza la perspectiva migrante del proceso migratorio a través de la creación y recopilación de narrativas digitales. Estas narrativas, producidas por los migrantes participantes consisten en presentaciones audiovisuales, típicamente, entre cinco a diez minutos de largo y re presentan los saberes que han acumulado a lo largo de su experiencia migratoria. La única intervención exterior por parte de los académicos miembros del proyecto es en la elaboración y publicación de la presen tación audiovisual. Una vez terminadas, se publican estas narrativas digitales en la página de Internet del proyecto, donde están disponibles a cualquiera que las quiera ver.

A pesar de la naturaleza subjetiva del género testimonial, las na rrativas digitales recopiladas por Humanizando revelan mucho sobre la realidad objetiva en que viven los solicitantes de asilo y lo hacen de una manera que las cifras, simplemente, no son capaces de enseñar. Por lo mismo, concuerdo con los fundadores del proyecto cuando afirman que “in order to fully understand the excesses of the current regimes of border control… we must listen to migrants who have experienced them firsthand” (Irwin, Calvillo Vázquez y Román Maldonado 2022, p. 33).

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En el caso de los que huyen del crimen organizado, uno puede aprender mucho de la narrativa de Giovanny, un joven hondureño que tenía roces con el crimen organizado tanto en Honduras como en México que soñaba con solicitar asilo a Estados Unidos. Una narrativa de dos partes, la historia de Giovanny (2022a, 2022b), archivada en Humani zando como “¿En quién puedo confiar?”, comienza con su persecución a manos de actores violentos pertenecientes a células delictivas en Hon duras. Huérfano desde temprana edad, fue criado por la familia de una prima, cuyo esposo tenía peligrosos enemigos ligados al crimen orga nizado en ese país. Con el paso de los años, estos enemigos asesinaron a su padre adoptivo y comenzaron a perseguirlo a él. Esta persecución lo llevó a mudarse de ciudad a ciudad buscando refugio seguro, pero a pesar de sus esfuerzos nunca lo encontró. Según Giovanny (2022a), fue su incapacidad para escapar a sus perseguidores en Honduras lo que lo empujó hacia la migración: “Honduras es un país pequeño, no tienes escapatoria. Para donde vayas, vas a estar vigilado. […] No me quedó más de, por último, salir para [Estados Unidos]”. Dejar atrás a Honduras, sin embargo, no terminó con sus proble mas con el crimen organizado. Cuando llegó a México, el amigo de familia que le prometió llevar a la frontera México-Estados Unidos para solicitar asilo lo vendió a un grupo delictivo que traficaba en estupe facientes y seres humanos. Después de pasar varios meses encerrado en una casa de seguridad en Villahermosa, Tabasco, logró fugarse y reemprender su viaje hacia el país vecino, ahora con dos organizacio nes criminosas rastreándolo. Luego, fue asaltado por aun otro grupo armado en los alrededores de Mexicali, Baja California, en la puerta de su destino. El miedo que esta persecución le inspiraba era intenso: “Me daba miedo salir a la calle porque ya tenía amenazas y ya habían llamado a una hermana mía, que me buscaban” (2022a). Así que fue con los sentimientos destrozados que cruzó la línea para presentarse ante la Patrulla Fronteriza estadounidense y empezar los procedimientos legales de su solicitud de asilo.

Lo que ignoraba Giovanny cuando se presentó en Arizona a prin cipios de 2022 es que en ese momento seguía vigente el famoso Título 42, una política anti-migratoria disfrazada de una medida de salud pública estadounidense. Bajo el pretexto de mitigar la propagación de

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coronavirus durante la pandemia de Covid-19, el Título 42 autoriza ba a la Patrulla Fronteriza retornar a cualquier persona que entrara, irregularmente, a Estados Unidos al lado mexicano de la frontera sin considerar sus peticiones o elegibilidad para el asilo (Martínez, 2023). En su narrativa, Giovanny (2022b) cuenta que su devolución a San Luís Colorado, Sonora fue rápida y sin piedad. Cuando intentó explicar su situación y mostrar evidencia de su persecución a través de sus lágrimas, el agente no más le dijo, “¿Te dieron la bienvenida a México, entonces?” antes de procesarlo para su deportación.

En la narrativa de Giovanny se pueden observar las insuficiencias de la ley de asilo actual mencionadas en la sección anterior. En cuanto al lenguaje anticuado de la ley en sí, su historia hace evidente que no es lo suficientemente amplio para proteger a todas las poblaciones vulne rables que merecen protección. A pesar de tener pruebas contundentes de ser perseguido por varios grupos delictivos a lo largo de dos países, a Giovanny le será difícil vincular su persecución a su pertenencia a un grupo protegido por la limitada Convención de 1951. A su vez, aunque el tratamiento que recibió por parte de la Patrulla Fronteriza en Arizona fue indiferente y, considerando sus circunstan cias, poco ético, nada de lo que se le hizo fue ilegal de acuerdo con las leyes migratorias estadounidenses. Su devolución inmediata fue apro bada debido al Título 42. Al devolverlo, no se le negó la posibilidad de presentar su caso en Estados Unidos en el futuro. Solo no se le permitió en ese momento. A pesar de la legalidad de estas acciones, su devolución le volvió a poner a Giovanny en una situación precaria, exponiéndolo a futura persecución a manos de los grupos que iban rastreando. Y, aun que se usó una política de salud pública como pretexto para impedir su ingreso a Estados Unidos en ese momento, la autoridad que posibilitó esta política provino del precepto del poder soberano del Estado de interpretar y ejecutar la ley internacional según mejor convenga a sus intereses nacionales.

Desafortunadamente, aquí no se podrá leer con la misma inten sidad otras narrativas de solicitantes de asilo disponibles en el archivo de Humanizando. Esto no quiere decir, sin embargo, que no existan. Al momento de escribir este capítulo, hay más de treinta narrativas en el archivo que mencionan al crimen organizado como uno de los princi

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pales motivos por su decisión de migrar, desde caravaneros hondureños buscando refugio de MS-13 (Anónimo, 2018) hasta madres michoacanas huyendo del narcotráfico con sus hijos (Maribel, 2022). Pero sea cual sea la naturaleza de sus roces con el crimen organizado, muchos de sus narradores enfrentarán problemas parecidos a los de Giovanny al solicitar asilo en Estados Unidos.

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Comentarios finales: Hacía una solución Los problemas que enfrentan los que huyen del crimen organizado hoy no son nuevos y en décadas recientes ha habido intentos de mejorar la situación de personas en peligro que no cumplen la definición de refugiado que promueve el ACNUR. Por ejemplo, en respuesta a los conflictos armados y guerras civiles del siglo XX, varios países latinoa mericanos firmaron La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de

1984. En esencia, esta declaración no vinculante amplió el alcance de

la Convención de 1951 para que se consideraran también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, p. 18) Desde que se firmó la Declaración de Cartagena, varios países han incorporado su lenguaje en sus leyes de asilo nacionales para ayudar al mayor número de solicitantes posible (Schmidke, 2021). Pese el bien que la Declaración de 1984 ha hecho, su éxito también sirve para subrayar las inequidades de la ley de asilo en general. En su libro Crossing (2021), Hamlin explica que mientras el Norte Global apoya los principios del asilo, el sistema está diseñado para mantener a la gran mayoría de refugiados en el Sur: “the international refugee regime is based on a ‘grand compromise’ through which Global North donor states contribute to humanitarian causes with the expectation that displaced people will be contained in the Global South” (p. 5). Es ese deseo por parte del Norte de mantener a los refugiados del Sur “at arm’s length” (p. 18) lo que ha impulsado la incorporación del lenguaje de la Declaración en las leyes de asilo nacionales en América Latina por ser ellos los que tienen que lidiar con las secuelas de las leyes exclusivis tas del Norte. Eso es, particularmente, evidente en el caso de México, un país que se ha visto forzado a acomodar los miles de perspectivos

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solicitantes que transitan su territorio debido a las políticas restrictivas de Estados Unidos (Schmidke, 2021).

Al ver los problemas que enfrentan los solicitantes de asilo, se comprende por qué teóricos políticos como Moyn (2012) consideran el régimen de los Derechos Humanos de la ONU una utopía fallida desde antes de nacer. Después de todo, parece que los únicos derechos que se protegen son los derechos soberanos del Norte Global. No obstante, todavía hay motivos por esperanza. A través de legislación como la Declaración de Cartagena, se han visto cambios significativos en las circunstancias de vida de los refugiados que transitan por estos territo rios. Al abogar por una declaración parecida por parte de la ONU que involucrara también al Norte Global, podríamos crear más caminos legales para exigir el tratamiento humano de estas personas. Pero como hemos visto, la existencia de una ley no siempre ase gura que su implementación cumpla con su intención original. Para garantizar la protección de estas poblaciones vulnerables, necesitamos cambiar la percepción pública sobre los refugiados que vienen del Sur Global. Luego, con suficiente apoyo popular, será más fácil exigir a nuestros gobiernos locales a que cumplan con la ley. Obras citadas ACNUR. (1951). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas. ACNUR. (1967). Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Aprobado por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 2198 (XXI), 16 de diciembre de 1966; en vigor desde el 4 de octubre de 1967.

Anónimo. (2018). Desde la caravana. Humanizando la Deportación, 124a. https://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/ es/2018/11/21/124-desde-la-caravana/ Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá. (1984). Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. Adoptada el 22 de noviembre de 1984 en Cartagena de Indias, Colombia.

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Giovanny. (2022a). ¿En quién puedo confiar? Parte 1. Humanizando la Deportación, 346a. https://humanizandoladeportacion.ucdavis. edu/es/2022/09/21/346a-en-quien-puedo-confiar-parte-i/ Giovanny, (2022b). ¿En quién puedo confiar? Parte 2. Humanizando la Deportación, 346b. https://humanizandoladeportacion.ucdavis. edu/es/2022/09/21/346b-en-quien-puedo-confiar-parte-i/ Glendon, M. A. (2001). A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. Random House. Versión Kindle.

Hamlin, R. (2021). Crossing: How We Label and React to People on the Move. Stanford University Press. Versión Kindle. Irwin, R.M. (2022). Migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos. Humanizando la Deportación. https://humanizandoladeportacion. ucdavis.edu/wp-content/uploads/2022/09/Narrativa-de-Migrantes_ Migrantes-y-solicitantes-de-asilo-centroamericanos.pdf Irwin, R.M., Calvillo Vázquez and Román Maldonado. (2022). Approaches and Methods: Migrant Epistemologies through Digital Storytelling. En Migrant Feelings, Migrant Knowledge (33-63). University of Texas Press.

Martínez, A. (2023, 11 de mayo). Título 42: Las claves para entender el programa antimigrante. El País. Recuperado de https://elpais. com/mexico/2023-05-11/titulo-42-las-claves-para-entender-elprograma-anti-migrante.html Mirabel. (2022). Una madre con esperanza después de la violencia. Humanizando la Deportación, 328. https:// humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/2022/08/19/328-unamadre-con-esperanza-despues-de-la-violencia/ Moyn, S. (2012). The Last Utopia: Human Rights in History. Belknap Press of Harvard University Press.

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Schmidke, R. (2021, 20 de julio). La utilización de procedimientos de asilo diferenciados en México: Un enfoque innovador para el procesamiento de asilo. Refugees International. Recuperado de https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/lautilizacion-de-procedimientos-de-asilo-diferenciados-en-mexicoun-enfoque-innovador-para-el-procesamiento-de-asilo/ UNHCR. (2025). Asylum Applications and Decisions by Country: United States, 2024.

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Categorías legales Categorías legales y su incidencia en y su incidencia en el acceso a derechos de el acceso a derechos de las personas desplazadas las personas desplazadas internas en Colombia internas en Colombia Categorías legales Categorías legales y su incidencia en y su incidencia en el acceso a derechos de el acceso a derechos de las personas desplazadas las personas desplazadas internas en Colombia internas en Colombia Legal Categories and Their Impact on Access to Rights for Internally Displaced Persons in Colombia Carolina Moreno Universidad de los Andes Karolina Baquero Puerta Universidad El Bosque

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Resumen En este capítulo analizamos el desplazamiento interno en el caso colombiano, país que ha experimentado un contexto prolongado de desplazamiento interno por conflicto armado, no superado, a pesar de la firma del acuerdo de paz a con las FARC-EP en 2016. Colombia enfrenta también importantes desafíos en materia de desplazamiento causado por desastre, aspecto frente al cual aun es bastante escaso y fragmentado el diseño institucional existente para hacerle frente. El enfoque metodológico del presente trabajo es jurídico, el cual parte de un rastreo y análisis de las fuentes normativas y jurisprudenciales apli cables al desplazamiento interno y un análisis de los efectos que de allí se derivan. El capítulo se organiza en dos secciones principales. Luego de una breve introducción, en la primera parte, describimos quiénes son las personas desplazadas y su marco jurídico a nivel internacional. En la segunda, analizamos el uso de las categorías legales del desplazamiento interno –conflicto y desastre- y sus implicaciones, a la luz del contexto colombiano. Finalmente, presentamos las conclusiones del trabajo. Palabras clave: Desplazamiento interno, conflicto, desastre, per sonas desplazadas internas, Colombia Abstract In this chapter, we examine the issue of internal displacement within the Colombian context, a country that has endured a long-stan

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ding situation of internal displacement due to armed conflict, which persists even after the 2016 peace agreement with FARC-EP. Colombia also confronts notable challenges related to displacement caused by disasters, an area where the current institutional framework remains limited and fragmented. Our methodological approach is legal in natu re; we investigate and analyze the legal framework governing internal displacement, as well as the consequences that arise from it. The chapter is structured into two main sections. Following a brief introduction, the first section outlines who qualifies as displaced people and discusses their legal framework at the international level. The second section delves into the legal categories of internal displacement—namely con flict and disaster—and examines their implications in the context of Colombia. Finally, we present the chapter’s conclusions. Key words: Internal displacement, conflict, disaster, internal displaced persons, Colombia Introducción El desplazamiento interno, como una forma de movilidad huma na que ocurre dentro de las fronteras de un Estado, está determinado por un conjunto de principios y normas, internacionales y domésticas, que establecen las reglas de juego aplicables a quienes son Personas Desplazadas Internas [PDI en adelante], así como las obligaciones correlativas de las autoridades. El concepto de desplazamiento inter no emergió como un asunto de relevancia internacional y se ubicó en la agenda internacional, a comienzos de los años noventa (Mooney, 2005). En aquel entonces se creó la Secretaría General de Personas Desplazadas Internamente y se designó a Francis Deng como el primer Representante del secretario general sobre la cuestión de los desplaza dos internos (Al-Mahaidi, Gross y Cantor, 2019). Durante el mandato de Deng, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios Rectores del Desplazamiento Interno [PRDI, en adelante] (Naciones Unidas, 1988).

A pesar de los instrumentos normativos, de carácter internacional, regional y doméstico que se han adoptado en materia de desplazamiento interno desde entonces, aspecto que desarrollaremos más adelante, lo

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cierto es que, lejos de disminuir el número de personas que viven en desplazamiento interno en el mundo, este se ha venido incrementando, significativamente, en los últimos años. Así lo indica el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025 [GRID, en inglés], publicado por Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC] (IDMC, 2025), según el cual, a finales del 2024, 83.4 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento interno, en el mundo. De estas, el 90% (73,5 millones) había huido por conflicto y violencia; un 10% más que lo reportado en el año,, inmediatamente, anterior. Se trata de 61 paí ses y territorios con personas en situación de desplazamiento interno, encabezados por: Sudán (11.6’), Siria (7.4’), Colombia (7.3’), República Democrática del Congo (6.2’) y Yemen (4.8’).

Por su parte, casi 10 millones de personas se habían desplazado, internamente, como consecuencia de desastres, lo que supone un au mento del 29% respecto al año anterior. Este desplazamiento afectó a

94 países y territorios, encabezados por Afganistán (1.3’), Chad (1.2’) y

Filipinas (1’). Solo en 2024, 65.8 millones de personas se encontraban desplazadas internamente, de la cuales, 21.1 lo estaban por violencia y conflicto, y 45.8 por desastres. IDMC también advierte que el número de países que reportan desplazamientos por conflictos y por desastres se ha triplicado desde 2009, desafiando a autoridades y personas para enfrentar el desplazamiento. Además, el GRID 2025 (IDMC, 2025) se ñala que una de las razones que explica el incremento del número de personas desplazadas, internamente, son los conflictos en República Democrática del Congo, Líbano, Palestina, Sudán y Ucrania, los cuales se añadieron a las crisis prolongadas en Afganistán, Colombia, Siria y Yemen.

Los datos sobre el número de personas, países y territorios afecta das por el desplazamiento interno, así como el incremento exponencial que caracteriza este fenómeno, son indicativos de la relevancia global de este tema. En esta contribución abordamos el desplazamiento interno en el caso colombiano, país que ha experimentado un contexto prolongado de desplazamiento interno por conflicto, no superado, a pesar de la firma del acuerdo de paz a con las FARC-EP en 2016. El enfoque metodológico del presente trabajo es jurídico, el cual parte de un rastreo y análisis de las fuentes normativas y jurisprudenciales aplicables al desplazamiento

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interno y un análisis de los efectos que de allí se derivan. Para esto, el capítulo se organiza en dos secciones principales. Después de esta introducción, en la primera parte, describimos quiénes son las personas desplazadas y su marco jurídico a nivel internacional. En la segunda, analizamos el uso de las categorías legales del desplazamiento interno –conflicto y desastre-, y sus implicaciones, enfocándonos en el contexto colombiano. Finalmente, presentamos las conclusiones del trabajo. Quiénes son las personas desplazadas internas y su marco jurídico Los PRDI tenían como propósito ofrecer una base normativa especial que permitiera atender las necesidades particulares de las PDI y garantizar sus derechos durante los distintos momentos del des plazamiento: protección contra el desplazamiento, asistencia durante el desplazamiento y en el retorno o reasentamiento y la reintegración (Naciones Unidas, 1998; Cohen y Deng, 2018). Si bien las PDI tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en su país o territorio, algunas cuestiones requerían ese marco normativo diferenciado, el cual abordará asuntos como: la pérdida de sus propiedades, la destrucción de sus hogares, la falta de documentos oficiales, la separación o desmem bramiento familiar y la pérdida de redes comunitarias, las violencias, así como la necesidad de retornar al sitio habitual de residencia o de reasentarse en uno nuevo. (Cohen y Deng, 2018).

Los PRDI se construyeron a partir de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, por analogía, del derecho de los refugiados (Naciones Unidas, 2018). Aunque los PRDI no son, jurídicamente, vinculantes en el derecho internacional (Ferris 2008, 77; Cantor 2018, 193), sí han per mitido la adopción de otras normas, a nivel nacional e internacional, así como políticas públicas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos (Cantor, 2018).

A noviembre del 2024, a nivel global, 51 países habían adoptado un total de 146 instrumentos centrados en las PDI [49 leyes y 97 polí ticas/estrategias]. Además, había otros 23 proyectos de instrumento en curso en 18 países (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

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Refugiados y Grupo Temático Mundial de Protección, 2025). A nivel re gional, se destaca la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Unión Africana, 2009), conocida como Convención de Kampala, ratificada por 34 de los

55 Estados miembros (Unión Africana, 2024). Los tribunales también

han hecho eco de los PRDI en casos sobre PDI como, por ejemplo, la Sentencia de Masacre de Mapiripán contra Colombia de la Corte In teramericana de Derechos Humanos [Corte IDH] o la Sentencia T-025 del 2004 de la Core Constitucional colombiana.

Según los PRDI, son PDI quienes se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (PRDI, introducción, párrafo 2).

Dos elementos centrales emergen de la anterior definición. Por una parte, se destaca la ausencia de voluntad en el desplazamiento. Por otra, se encuentra que esta movilidad tiene lugar dentro de las fronteras internas de un país (Kälin, 2008). Esta característica dife rencia las PDI de las refugiadas, quienes, necesariamente, cruzan las fronteras internacionales para acogerse a la protección de otro país (Mooney 2005). Dado que el desplazamiento interno ocurre dentro de las fronteras nacionales, la responsabilidad de la atención a las PDI y la garantía de sus derechos recae, primordialmente, en las autoridades nacionales de ese país.

Es menester señalar que este desplazamiento interno puede ocurrir en el propio país de la PDI o en otro al que esta haya migrado, razón por la cual una PDI puede ser, a su vez, persona migrante trans fronteriza, con necesidad o no de protección internacional (Ferris, 2008; Cantor, 2018). Esto es lo que se conoce como doble o triple afectación y que explica la concurrencia de migración forzada internacional e interna, en cabeza de la misma persona y, por diferentes causas, bien

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sea conflicto o desastre (Red de Litigio Estratégico en Migración Red- LEM, 2023; Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2023). En virtud del principio de “soberanía como respuesta” (Cohen y Deng, 2018, p. 312), son las autoridades del país en que se encuentra las PDI las llamadas a asistirlas en las distin tas fases del desplazamiento y a garantizar sus derechos. En caso de incapacidad o falta de voluntad por parte de las autoridades domésticas para proveer protección a sus PDI, puede la comunidad internacional involucrarse en aras de brindar dicha atención. Los servicios ofrecidos por las organizaciones humanitarias no implican la violación de la so beranía de los Estados ni injerencia en sus asuntos internos [PRDI 25]. La definición de PDI también enuncia, no exhaustivamente, las distintas causas que pueden llevar al movimiento entre las fronteras de un país, como lo son: el conflicto armado, la violencia generaliza da, las violaciones de derechos humanos y los desastres (McDowell & Morrell, 2010). Estas causas suelen agruparse en dos categorías prin cipales: desplazamiento por conflicto y por desastre, que es, a su vez, la manera como se producen los datos en la materia. Conviene señalar que la línea que divide estas dos categorías -conflicto y desastre- no es tajante y, por el contrario, en muchas ocasiones, estas causas están intrincadas (Kälin, 2014).

Las categorías legales del desplazamiento interno en el caso colombiano Marco jurídico y diseño institucional de un desplazamiento interno marcado por el conflicto Colombia ha sido, por décadas, uno de los países con índices más altos de desplazamiento interno en el mundo, debido a un conflicto armado prolongado y vigente. El Estado colombiano ha respondido a este desplazamiento a través de medidas legislativas, administrativas y judiciales, lo que indica que las distintas ramas del poder público se han involucrado en el tema que nos ocupa.

Los años entre finales de los noventa e inicios de los dos mil, en Colombia, se caracterizaron por un fuerte incremento del desplaza

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miento interno en el país, debido, entre otras razones, a la expansión del paramilitarismo, el rompimiento de los diálogos de paz en curso con la guerrilla FARC-EP y el inicio de la política de seguridad demo crática, impulsada por el gobierno del presidente del momento, Álvaro Uribe (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002). En este contexto se expidió la Ley 387 de 1997, luego de dos documentos de política pública -Documentos Conpes 2804 de 2005 y 2924 de 1997- que ya habían planteado unas primeras respuestas institucionales al des plazamiento interno (Rodríguez y Rodríguez, 2010). La Ley 387 definió “desplazado”, y adoptó medidas para prevenir el desplazamiento y res ponder a las personas desplazadas por la violencia. Conviene señalar que esta fue la primera intervención del poder legislativo colombiano en materia de desplazamiento interno y que esto ocurría en Colombia cuando aun no se habían expedido los PRDI, analizados, previamente. Aunque esta ley fue luego desarrollada por el Ejecutivo, su impacto, en términos de prevención del desplazamiento y atención a las víctimas, fue muy escaso (Rodríguez y Rodríguez, 2010).

En 2004, la Corte Constitucional de Colombia expidió la Sentencia T-025. Si bien no era el primer fallo sobre desplazamiento interno que la Corte adoptaba, esta era –y es- una decisión muy significativa por la manera como se abordó el desplazamiento interno y por las órdenes emitidas. La Corte reconoció que, a pesar de la existencia de un marco normativo y de políticas públicas para la atención de las PDI, estos eran insuficientes para responder, adecuadamente, a una cuestión estructural como lo era el desplazamiento forzado en Colombia. En consecuencia, la Corte declaró el “estado de cosas inconstitucional” [ECI] y ordenó el diseño e implementación de una política pública robusta para la atención de las PDI. Las órdenes de este fallo no solo beneficiaron a quienes habían interpuesto la demanda de tutela que concluyó en la expedición de la T-025, sino a la población desplazada en general (Ro dríguez y Rodríguez, 2010). En su análisis, la Corte cita expresamente los PRDI como fuente aplicable en la determinación de los derechos de las PDI en Colombia.

Otro aspecto relevante de la Sentencia T-025 es que la Corte se reservó el seguimiento al cumplimiento del fallo, con lo cual buscaba asegurar que las autoridades involucradas en las órdenes de la sentencia

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efectivamente las cumplieran. Este seguimiento, que aun está activo, se lleva a cabo a instancias de la Corte Constitucional a través de su “Sala Especial de Seguimiento”, mediante la realización de audien cias públicas en las que participan los distintos actores relevantes en la materia, así como la expedición de los correspondientes “autos de seguimiento”. A la fecha, y luego de más de 20 años de seguimiento al fallo, la Corte aún no ha declarado la superación del ECI16. Luego, en 2011, se expidió la Ley 1448 conocida como la “Ley de Víctimas”, la cual prevé un conjunto de medidas para la “atención, asistencia y reparación” de las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley estableció un diseño institucional para la garantía de los dere chos de las víctimas, como lo son la verdad, la justicia y la reparación integral [arts. 23-25]. Para ello, creó autoridades como la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV] y el Centro de Memoria Histórica. Entre los mecanismos para la reparación integral, se encuentran: la restitución de tierras y territorios, la indemnización administrativa, las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y las garantías de no repetición. Entre los aportes de la Ley 1448, se destaca la creación del Registro Único de Víctimas [RUV], el cual permite conocer el número de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado interno en Colombia y, entre ellas, quiénes reúnen las condiciones de acceso a las medidas de atención y reparación. El RUV también permite co nocer la caracterización de la población víctima del conflicto, toda vez que registra información sobre: sexo, pertenencia étnica, ciclo vital y discapacidad, así como cuantificación de los “hechos victimizantes” sufridos por las personas. La Ley 1448 fue modificada, recientemente, mediante la Ley 2421 de 2024, que incorpora medidas para fortalecer la respuesta a las víctimas del conflicto armado.

A pesar de este consolidado marco normativo y del conjunto de instituciones existentes para responder a la situación de las PDI y ga rantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, lo cierto es que Colombia sigue registrando altísimas cifras de desplazamiento

Para conocer sobre el seguimiento de la Sala Especial, visitar: https://www.corteconstitu cional.gov.co/t-025-04/

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interno por conflicto y bajísimos índices de reparación. De acuerdo con los datos oficiales de la UARIV (2025), a 31 de marzo del 2025, había alrededor de 10 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado interno, lo que representa el 18.7% de la población colombiana. De estos 10 millones, 7.7 cumplen los requisitos para ac ceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley; sin embargo, solo 1.7 millones de personas han sido, efectivamente, reparadas por vía administrativa. Entre todos los hechos victimizantes, el desplazamiento forzado es el más numeroso, con 8.9 millones de per sonas víctimas y es, también, el que más reparaciones administrativas ha generado [68%].

El conflicto interno colombiano se ha venido recrudeciendo en distintos puntos del territorio nacional (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2025), lo que ha llevado a la consolidación de una crisis prolongada de desplazamiento por conflicto. A este contexto de desplazamiento se añade el causado por desastre, aspecto del cual nos ocuparemos en la siguiente sección de este trabajo.

La invisibilidad normativa del desplazamiento por desastres en Colombia: un llamado a la acción A diferencia del desplazamiento causado por el conflicto armado, Colombia no cuenta con un registro oficial de cifras del desplazamiento por desastre. Esto se debe a la ausencia de un sistema de registro para estos casos, como el RUV. No obstante, según cifras del IDMC (2025), en 2024, se registraron 91.000 personas desplazadas internamente (PDI) por causa de desastres en el país. Asimismo, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2024), se estima que en 2023 hubo 321.025 personas desplazadas forzadas por factores climáticos, ambientales y conexos, esto es, fenómenos hídricos, atmosféricos, deslizamientos de masa, movimientos telúricos e incendios forestales. En consecuencia, para ese año, por cada persona desplazada por el conflicto armado en Colombia, 4,7 lo fueron por factores ambien tales (CODHES, 2024).

A la falta de un sistema oficial de registro se suma la diversidad de enfoques y definiciones empleados por organizaciones e investigadores

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para definir el desplazamiento por desastre, lo que refleja una ausencia de univocidad en la materia. Por ejemplo, se alude a “desplazamien to ambiental” (Vargas-Chaves y Marulanda, 2025; Ramírez, 2024) o “desplazamiento forzado interno por desastres, hechos asociados al cambio climático y a la degradación ambiental” (Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2024, párr. 58). Esta variedad responde, en parte, a la dificultad para aislar los factores ambientales de otras variables que también inciden en los procesos migratorios, lo que ha obstaculizado la consolidación de una definición consensuada sobre los desplazamientos inducidos por la degradación ambiental o el cambio climático (Abeldaño y Fanta, 2017).

Por lo anterior, en este apartado nos referiremos al desplazamien to por “desastre”, debido a la amplitud que ofrece este término para abarcar las diversas causas que lo generan. Entendemos por desastre: Una grave alteración del funcionamiento de una comunidad o sociedad, a cualquier escala, causada por eventos peligrosos que interactúan con condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, lo cual conduce a una o más de las siguientes consecuencias: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y medioambientales (Cazabat, 2025).

Por su parte, los desplazamientos por desastres son situaciones en las que las personas se ven forzadas a abandonar sus viviendas a causa de un desastre o con el propósito de evitar los efectos de un peligro inminente y previsible. Este se produce como resultado de tres factores interrelacionados: (i) la exposición de las personas a una situación de riesgo; (ii) la ocurrencia de un fenómeno natural y; (iii) la alta vulnerabilidad, sumada a una insuficiente capacidad de resiliencia para enfrentar los impactos del peligro. Estas amenazas naturales, incluidos los efectos adversos del cambio climático, son las que desen cadenan el desastre y, en consecuencia, el potencial desplazamiento (Nansen Initiative y Platform on Disaster Displacement, 2015). Sin embargo, más allá de su definición conceptual, el desplazamiento por desastres es multicausal; además de los fenómenos naturales, factores sociales, económicos, culturales y políticos influyen, conjuntamente,

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en la decisión de las personas de abandonar sus hogares (Jastram et al., 2025, p. 4).

En cuanto a su marco normativo, el desplazamiento por desastres comparte una base común con el desplazamiento derivado del conflicto armado: los PRDI. A estos se agregan los Principios sobre la Restitu ción de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (2005) [Principios Pinheiro], elaborados por el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU. Además, desde el ámbito de la gestión del riesgo, también se han expedido instrumentos internacionales aplicables a este tipo de desplazamiento, como el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, adoptado en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres en 2005. (Vargas-Chaves y Marulanda, 2025) Tanto los PRDI como los Principios Pinheiro han sido determi nantes para establecer responsabilidades estatales que trascienden la simple ayuda humanitaria inmediata, al reconocer la necesidad de implementar acciones y procesos sostenibles en el tiempo, orientados a la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas afectadas (Vargas-Chaves y Marulanda, 2025). Sin embargo, dejan en cabeza de los Estados una serie de obligaciones específicas para la atención de la población desplazada por este tipo de eventos.

En Colombia, estas obligaciones se están reconociendo, reciente mente, en materia de desplazamiento interno por desastre. En la Sen tencia T-123 de 2024, la Corte Constitucional reconoció que el Estado colombiano tiene obligaciones frente al desplazamiento por desastres, que incluyen: prevenir y adaptarse antes del desplazamiento, actuar durante la emergencia mediante registro y sistemas de información y garantizar retornos o reasentamientos dignos con medidas de repara ción. (Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2024) La Sentencia resolvió una tutela presentada por dos personas mayores que, tras sufrir desplazamiento por un desastre, solicitaron su inclusión en el RUV. La Corte reconoció que el conflicto armado no es la única causa del desplazamiento interno en Colombia e incorporó los factores ambientales dentro del ámbito de protección. Además, emitió órdenes a varias entidades estatales y exhortó al Congreso y al Go bierno a crear un marco normativo específico con enfoque diferencial

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(Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2024). La Corte ya se había pronunciado aplicando el principio de solidaridad respecto de víctimas de desastres en la Sentencia T‑1125 de 2003 y, en la Sentencia T-369 de 2021, revisó el caso de desplazamiento ambiental generado en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango (Ramírez, 2025). Por su parte, en el Congreso se han presentado intentos de regulación del despla zamiento por causas climáticas, como el Proyecto de Ley 299 de 2022 [Cámara de Representantes], que buscaba establecer la definición de desplazamiento forzado por causas climáticas y fijar otros lineamientos para su identificación, archivado en 2024; y el Proyecto de Ley 015 de

2024 [Senado], aun en trámite, que propone su reconocimiento y linea

mientos para identificar a las personas afectadas. Mientras tanto, en Colombia, los canales de atención a las personas desplazadas por desastres no están centralizados en un sistema espe cífico, sino que funcionan a través de otros mecanismos institucionales ya existentes, principalmente, bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), regulado en la ley 1523 de 2012, dentro del cual destaca la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con presencia en departamentos, distritos y municipios. La ausencia de este sistema impide el reconocimiento de las PDI por desastres como una categoría diferenciada y no como un efecto colateral del desastre y, por tanto, que se aborden de manera in tegral las obligaciones estatales en todas las fases del desplazamiento por esta causa.

Así pues, el tratamiento que reciben las PDI por desastres en Co lombia es de “damnificado”. Una categoría definida en la Resolución

1110 de 2022, expedida por la UNGRD, por la cual se crea y abre el

Registro Único Nacional de Damnificados [RUNDA], como una persona afectada, directamente, por una emergencia, calamidad o desastre, que ha sufrido daños en su salud, en sus bienes, en sus medios de sustento o en el acceso a bienes y servicios públicos esenciales para el ejercicio de sus derechos fundamentales y sociales. Un concepto que resulta insuficiente, ya que la ruta para su atención responde, temporalmente, a los efectos inmediatos del desastre, sin considerar las consecuencias a largo plazo como el reasentamiento y la reconstrucción del tejido social (Ramírez, 2025). Adicionalmente, el país presenta una alta vul

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nerabilidad asociada a la falta de políticas efectivas para una atención sólida y preventiva del riesgo, pues la respuesta institucional ante los fenómenos climáticos es reactiva, pese a que en muchos casos puede ser planeada (Bustamante y Gómez, 2015).

Por lo tanto, el desplazamiento por desastres en Colombia evi dencia la ausencia de un sistema integral que aborde las tres fases del fenómeno y garantice los derechos de las personas afectadas. Esto se debe a un enfoque institucional que ha priorizado el desplazamiento derivado del conflicto armado, mientras que el desplazamiento por desastres se ha caracterizado por una lógica reactiva de la gestión del riesgo, que apenas empieza a tratarse desde una perspectiva de dere chos humanos.

Conclusión Colombia cuenta con una larga trayectoria en el abordaje del desplazamiento interno, reflejada en un marco jurídico robusto, políti cas públicas específicas y autoridades encargadas de su atención. No obstante, estos esfuerzos han resultado insuficientes, y aún persisten desafíos significativos en la garantía efectiva de los derechos de las personas desplazadas, como lo evidencian los datos sobre las víctimas del conflicto armado y personas reparadas.

A estas limitaciones se suman los retos que plantea el despla zamiento por desastres, frente al cual el país carece de un andamiaje normativo e institucional adecuado. La regulación sigue siendo inci piente y fragmentaria, lo que deja a estas personas en una situación de especial vulnerabilidad. Esta realidad exige avanzar hacia un marco jurídico que reconozca sus derechos y garantice una atención efectiva desde un enfoque de derechos humanos.

En el contexto colombiano, cobra especial relevancia el papel pro tagónico de los jueces constitucionales en la protección de los derechos de las personas desplazadas. Así como ocurrió frente al desplazamiento causado por el conflicto armado, comienza a observarse una interven ción activa en relación con el desplazamiento por desastres, como lo evidencia la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, la acción judicial no puede sustituir el papel que corresponde

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al Congreso en la formulación de una política pública unificada, ni el que recae en las autoridades gubernamentales, tanto nacionales como subnacionales, que son las primeras responsables, según el principio de soberanía como respuesta.

Ante la creciente complejidad del fenómeno, se requiere una respuesta comprehensiva, articulada y robusta que reconozca la concu rrencia entre conflicto, desastre y otras formas de violencia o exclusión. Un marco normativo claro y específico es indispensable para superar la actual desprotección.

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Cuando las reubicaciones Cuando las reubicaciones por megaproyectos por megaproyectos se convierten en se convierten en desplazamiento:

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una mirada desde una mirada desde los instrumentos de los instrumentos de protección internacional protección internacional Cuando las reubicaciones Cuando las reubicaciones por megaproyectos por megaproyectos se convierten en se convierten en desplazamiento:

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una mirada desde una mirada desde los instrumentos de los instrumentos de protección internacional protección internacional When large-scale project relocations become displacement: a look at international protection instruments Clara Inés Atehortúa-Arredondo Universidad de Antioquia

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Resumen El proyecto Hidroituango (Antioquia-Colombia), conllevó el reasentamiento de población. Sin embargo, la manera en que se realizó dicha reubicación da lugar a pensar que se hizo sin atender a la multi plicidad de pérdidas que comprende dejar el territorio que han habitado. Actualmente, la construcción de megaproyectos es cada vez más fre cuente, en los países llamados “en vía de desarrollo”. En estos procesos es cada vez más evidente que las poblaciones afectadas viven múltiples vulnerabilidades. Por esto, se han suscrito un conjunto de guías para que los desalojos tengan el mínimo de afectaciones negativas para la población, bajo el supuesto de que, si la reubicación no se realiza con condiciones que garanticen los derechos humanos y la dignidad de las personas, se produce un desalojo forzado. Este escrito pretende estudiar dichos instrumentos para dar elementos que permitan establecer si el reasentamiento de la comunidad de Barbacoas al municipio de Peque (Antioquia) puede catalogarse o no como un desplazamiento/desalojo forzado por desarrollo.

Palabras clave: Desplazamiento forzado interno; proyectos de desarrollo; instrumentos internacionales de derechos humanos Abstract The Hidroituango project (Antioquia, Colombia) led to the re settlement of local populations. However, the way this relocation was

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carried out raises concerns about whether it adequately addressed the multiple losses involved in leaving one’s ancestral territory. Currently, the design and implementation of megaprojects is increasingly common, especially in countries referred to as “developing.” In these processes, it has become evident that affected populations experience multiple vulnerabilities. As a result, a set of guidelines and principles has been established to ensure that evictions have minimal negative impact on the population. The underlying assumption is that if relocation is not carried out under minimum conditions that guarantee human rights and the dignity of those affected, it effectively becomes a forced eviction. This article aims to examine these instruments to provide elements that help determine whether the resettlement of the Barbacoas community in the municipality of Peque (Antioquia) can be classified as forced displacement due to de velopment projects.

Key words: Internal forced displacement; large-scale development projects; international human rights instruments Introducción Los megaproyectos han sido propuestos como el camino para que los países latinoamericanos alcancen su desarrollo. Desde principios del siglo XX las grandes infraestructuras y la exportación de materias primas fueron el centro de las búsquedas en aras del crecimiento eco nómico. Esta situación se agudiza hacia las décadas de los 60 y 70, en las que por la entrada de las políticas neoliberales hay una reprimari zación de la economía en Latinoamérica (Bretón, 2007). Esta variación en la vocación económica, específicamente en Colombia, conllevó un énfasis en la promoción del sector minero-energético y la entrega de concesiones a multinacionales para captar inversión extranjera (Ruiz- Ruiz & Santana-Rivas, 2013, p. 251).

La explotación de estos recursos se ha hecho, en casi todos los casos, a través de megaproyectos, entendidos como aquellos que: “trans forman los paisajes con rapidez, deliberadamente y en profundidad de manera ostensible, y que exigen aplicaciones coordinadas de capital y de poder estatal. Utilizan equipo pesado y tecnologías complejas” (Gellert

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& Lynch, 2003, p. 12). Es por su naturaleza que este tipo de proyectos causan expulsiones de población.

Los éxodos de población como resultado de la implementación de megaproyectos han sido identificada en ámbitos políticos y académicos. En cuanto al escenario político, el sistema humanitario internacional se ha referido a ello, al menos, de dos maneras: el primero, identificando la relación proyectos de desarrollo y desplazamiento/desalojo forzado. En este caso la existencia del desplazamiento forzado interna se desprende de que la implementación de dichos proyectos corresponda a decisiones abusivas: en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno se es tablece que los seres humanos tendrán protección contra los desplaza mientos “arbitrarios” (Deng, 1998), y se prohíben estos, entre otros, “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial” (principio 6 Lit. c). El desplazamiento/desalojo forzado también puede ser producido por acciones en el marco de los megaproyectos que carecen del debido deber de protección y garantías a la población: durante el 47 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el tema tres de la agenda “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos en su informe, advierte de la prohibición de los desalojos forzados y que “Las repercusiones que tienen sobre la tierra y la vivienda las actividades empresariales y de desarrollo, como los proyectos de inversión a gran escala en tierras, infraestructura, minería y renovación urbana, han dado lugar a desplazamientos y des posesiones equivalentes a desalojos forzosos.” (Jimenez-Damary, 2021,

p. 7). De acuerdo con dicho informe un desalojo forzoso es “el hecho de

hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (Jimenez-Damary, 2021, p. 4).

Ante el riesgo de que la expulsión de población en el marco de los megaproyectos de desarrollo pueda tipificarse como desplazamiento/ desalojo forzado, surge la segunda forma de aproximarse a este fenó meno: la admisión de que este tipo de proyectos van a causar éxodos

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de población. En este contexto, la opción ha sido construir guías que permitan que dicho desalojo/desplazamiento se ajuste a unos mínimos que permitan salvaguardar, sobre todo, los proyectos de cuestionamien tos derivados de esta causa.

Estas guías comparten algunas características con otros instru mentos internacionales relacionados con los desplazamientos forzados internos. En primer lugar, son instrumentos de soft law, lo que quiere decir que no tienen carácter vinculante para los Estados u otro tipo de actores nacionales o internacionales. Segundo, su objetivo es brindar pautas de actuación que permitan “para regular los flujos forzados (…) de población y anular el riesgo que conllevan para la seguridad y la estabilidad de la comunidad internacional” (Sánchez-Mojica, 2009, p. 15). En este caso, la comunidad internacional no solo hace referencia a los Estados y entidades internacionales de las que hacen parte, sino a organismos financieros, empresas multinacionales u organizaciones privadas multilaterales quienes son los principales promotores, inver sores y beneficiarios en esta clase de proyectos (Oliver-Smith, 2010). Tercero, se prioriza el retorno de población como la primera medida para reestablecer la situación luego de la salida forzada (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), 2007) . Pero, a diferencia del resto de instrumentos dirigidos a atender el desplaza miento forzado interno (Atehortúa-Arredondo, 2018, p. 48), en el caso de la expulsión por megaproyectos es la solución menos promovida por quienes están a cargo de su ejecución.

Una particularidad de estas guías es que en ellas existe una es pecial atención a no conceder que los proyectos de desarrollo son causa específica de desplazamiento forzado. En primer lugar, el éxodo forzado de población se define como desalojo forzado y no como desplazamiento interno (Jimenez-Damary, 2021; ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), 2007). Segundo, la vinculación de este tipo de proyectos con violencia directa o vulneración de derechos humanos aparece como un asunto excepcional o un hecho colateral que no está, directamente, vinculado con la implementación de estos proyectos (Jimenez-Damary, 2021, p. 7). Y, tercero, los daños derivados del proyecto, que pueden considerarse violencia estructural, son el asunto que busca conjurar este tipo de guías.

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Debido a este conjunto de factores, es complejo establecer cuando se está en presencia de un desalojo/desplazamiento forzado o frente a un proceso de reasentamiento involuntario por un me gaproyecto. Esta dificultad es uno de los costos que deben asumir quienes han sufrido la salida forzada para dar paso al proyecto que traerá el desarrollo. Por tanto, el reconocimiento de lo forzado del éxodo y la imposibilidad de remediar los daños que trae consigo, se ha convertido en una de las disputas que han presentado en dife rentes escenarios visibilizar la inequidad y la profundización de las vulneraciones de las víctimas. En ese marco, este escrito pretende aportar a esa discusión, a través de presentar elementos sobre dos asuntos: la relación entre los megaproyectos y la expulsión de la po blación como forzada y como ella es solo el primer momento de un trasegar en la continua, múltiple y masiva vulneración de derechos que pueden ser el primer paso para una cadena de destierros; y, el papel de las guías para la reubicación y prevención de los desalojos en el afianzamiento de esta situación.

El acercamiento a este tema surge como parte de los hallazgos de la investigación La paz territorial en vilo: el despojo complejo y el desplazamiento por desarrollo en el escenario del levantamiento del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento for zado17, sobre desplazamiento forzado por megaproyectos, a partir del análisis de la expulsión forzada de población causada por el proyecto Hidroituango18 (Antioquia-Colombia). Además, durante el año 2025 la

Investigación presentada a la convocatoria conjunta de la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, cuyas investigadoras principales son Carolina Olar te-Olarte y Clara Inés Atehortúa-Arredondo y que fue realizada entre los años 2020 y 2023.

“El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado “Cañón del Cauca”, tramo en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a tra vés de profundos cañones y desciende unos 800 m. (…) La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango es la obra más grande de infraestructura que actualmente se ejecuta en Colombia. Mediante este contrato Empresas Públicas de Medellín [EPM] se obliga a efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, opera ción, mantenimiento y entrada en operación de la central hidroeléctrica y transferirla de nuevo a la Sociedad luego de 50 años” (Hidroituango - Proyecto Hidroeléctrico Más Importante de Colombia, n.d.). La obra “Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño donde se construyen las obras principales y de Santa Fe de Antioquia, Buriti cá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal” (Proyecto - Hidroituango, n.d.)

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población de Barbacoas reasentada por el proyecto en Peque (Antio quia) se ha enfrentado con que dicha reubicación y la compensación dada por el proyecto no comprenden la magnitud de los daños y pérdi das sufridas. Es en el marco de las reclamaciones de estas personas al proyecto, que se plantea la pregunta sobre si estas acciones se pueden caracterizar como un desalojo forzado de población. La aproximación a esta pregunta se hace desde un enfoque cualitativo, ya que permite la comprensión de la realidad social y de las diferentes dinámicas que la constituyen como “objetos legítimos de conocimiento” (Galeano, 2004, p. 18). El marco propuesto para la lectura de la situación es el del derecho en acción (Guardiola-Rivera & Sandoval-Villalba, 2003; Selznick, 2003). Esta perspectiva le da “concreción y dinamismo al estudio de las instituciones legales” (Se lznick, 2003, p. 177), por lo que permite entender qué sucede con el derecho y con su aplicación, lo que es el punto focal de la cuestión a la que se pretende contribuir con este texto. El acercamiento al objeto de estudio se hizo, principalmente, a partir de fuentes documentales de dos tipos: instrumentos de derecho internacional referidos a desalojos for,zados, reubicación por proyectos de desarrollo y desplazamiento forzado interno. También se recurrió a las guías del Banco Mundial para la reubicación en los proyectos que financian. En segundo lugar, a la producción teórica sobre éxodos forzados de población, reubicaciones y compensaciones en el marco de la implementación de proyectos de desarrollo y las realizadas sobre el reasentamiento de la población de Barbacoas en Peque. Además, se tuvo en cuenta las comunicaciones orales con las personas reubicadas que han impulsado un proceso organizativo para demandar que se garanticen y restablezcan sus derechos en el contexto del reasentamiento.

El capítulo está organizado en tres partes: la primera pretende describir las razones por las que el reasentamiento involuntario son el primer paso para que personas enfrenten un desalojo forzado más que ser el camino a un establecimiento sostenible para la población. La segunda, presenta la manera en que las guías y principios con tribuyen, como resultado arbitrario no querido (Holzer, 2013), a que las personas sufran dicha situación y, por último, la tercera muestra algunas conclusiones de este acercamiento a la pregunta.

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1. El reasentamiento involuntario: el primer

paso en el camino del desalojo forzado.

La transformación del paisaje es un atributo de los proyectos de desarrollo a gran escala, que implica la salida forzada de la población que vive en las zonas de influencia. Esta es una consecuencia que no solo ha sido prevista, sino que, por lo menos en términos normativos o reglamentarios, es no deseada (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), 2007). Por esto, la ejecución de ma croproyectos debe evitar, hasta donde sea posible, expulsar la población o, si no es posible, remediar dicha situación (Jimenez-Damary, 2021). Para esto, la salida propuesta ha sido el reasentamiento de las personas (World Bank, 2013). Al igual que el éxodo, el reasentamiento tiene el carácter de involuntario para las personas (World Bank, 2013). Esta calificación no solo se desprende de la imposición de la salida, sino de otras situaciones que se derivan de la manera en que se llevan a cabo estas acciones.

En la mayoría de los casos, los reasentamientos se planean, di señan y ejecutan de manera excluyente por quienes tienen a su cargo el proyecto (Loughna, 2002, p. 7). Aun cuando se pretenda satisfacer las necesidades de la población, esto rara vez es posible (Serje, 2004,

p. 17). Quiere decir entonces que la población es excluida de la toma

de decisiones y sus consideraciones son pocas veces tenidas en cuenta (Oliver-Smith, 2010, p. 89).

A este hecho se suma que, en general, del reasentamiento surgen diversas consecuencias negativas. La propuesta del reasentamiento se dirige a restaurar los niveles de la población y poner condiciones para su estabilidad (World Bank, 2013). No obstante, las afectaciones derivadas del reasentamiento, salvo excepciones, conllevan una profundización de la pobreza y desigualdad de la población (Cernea, 2003, p. 38). De ahí que, en la mayoría de los casos, las personas estén en riesgo o en frenten numerosas expulsiones forzadas. En consecuencia, este tipo de procesos no culminan en una solución sostenible al éxodo. Las represas, concretamente, son reconocidas tanto por sus con tribuciones al desarrollo como por los “innecesarios” costos que deben asumir las comunidades de las zonas de influencia (Oliver-Smith, 2010,

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p. 78). Las pérdidas que la población sufren son múltiples y diversas,

entre ellas se han identificado, al menos, tres:

La primera es la concerniente a las pérdidas y vulneraciones a los derechos (Oliver-Smith, 2010, p. 77). Entre otros, las personas afec tadas, en primer lugar, ven vulnerados sus derechos constitucionales. En el caso de Hidroituango, esto se visibiliza en las diversas acciones constitucionales que han ejercido quienes han sido expulsados por el proyecto19. Segundo, se vulneran o se profundizan las vulneraciones de derechos o situaciones protegidas por el derecho respecto a la te nencia y uso de la tierra. Este es uno de los asuntos que ha surgido en múltiples escenarios, respecto al proyecto Hidroituango, ya que ellos ejercían posesiones y tenencias en las riberas del río que fueron desconocidas durante la ejecución de éste20. Y tercero, la vulneración de derechos de carácter legal y aquellos derivados de su relación con el territorio.

En segundo lugar, las personas también sufren las pérdidas de sus medios de vida. Quienes sufren el éxodo forzado ya no cuentan con los recursos y el ámbito en el que realizaban sus actividades productivas y reproductivas de las que derivaban su sustento. Como consecuencia, sufren desocupación económica, inseguridad alimentaria y desarticu lación de los lazos sociales (Terminski, 2015, p. 35). Los procesos de reasentamiento se dirigen a satisfacer este tipo de pérdidas (World Bank, 2013). Sin embargo, muchos de ellos no dan cubrimiento a este conjunto de detrimentos. En los casos, excepciona les, en que se entregan tierras y medios de vida, los usos del suelo no

Entre ellas se pueden mencionar las acciones para la declaración de la nulidad de la licencia ambiental del proyecto, cuyo proceso se lleva en el Consejo de Estado; la acción de tutela que dio lugar a la declaración del río Cauca como sujeto de derechos (sentencia T-038 de 2019 del tribunal de Medellín); la declaración del río Cauca como víctima del conflicto armado (La JEP Acredita Como Víctima al Río Cauca En El Caso 05, n.d.) y la sentencia T-369 de 2021 de la Corte Constitucional que reconoce el desplazamiento forzado por desastres en medio de la ejecución de Hidroituango y responsabiliza a EPM por este.

En la audiencia sobre desaparición forzada en la zona de influencia del proyecto, el hecho fue presentado por el movimiento Ríos Vivos (Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, 2019). En cuanto a las personas que han sido reubicadas en el municipio de Peque, a pesar de que el proceso inició hace más de tres años, hasta el momento no es claro cómo se garantizará el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra cuando ellas conviven o están casadas con a quienes se les va a restituir sus bienes inmuebles (Comunidad de Barbacoas reasentada en Peque, 2025)

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permiten que las personas continúen desarrollando las actividades que tenían antes de su reubicación (Mburugu, 1994). Las viviendas entre gadas no cuentan con las condiciones para que la población las habite en las formas en que antes lo hacían, ya que ellas antes respondían en general a espacios de “producción” (Serje, 2004, p. 25) y, debido a la falta de experiencia en el desarrollo de nuevas actividades productivas, la inversión en dichas actividades, frecuentemente, no dan el resultado esperado.

En el caso de la comunidad reasentada en Peque por el proyecto Hidroituango, el barequeo era uno de los principales medios de vida. Actualmente, no pueden dedicarse a ello por no contar con acceso al río. Además, el proceso de reasentamiento “estuvo marcado por una ignorancia deliberada sobre las actividades económicas que tenían las familias” (Estudiantes del curso de investigación etnográfica docente Natalia Galeano, 2025, p. 12).

Y, tercero, afecta, directamente, sus modos de vida. La salida forzada implica para la población el quebranto en la manera en que la comunidad vive. Esto implica, además de los cambios en los medios de vida, el cambio en sus relaciones sociales y de construcción de territorio. Con ello se quiebran los lazos comunitarios y culturales, y el quebranto de la sabiduría colectiva acumulada que les ha permitido sobrevivir como individuos y colectivo (Mburugu, 1994).

El reasentamiento involuntario, por sus características connatu rales, al perturbar la construcción social y cultural de su comunidad, envuelve la privación de “capital cultural, económico, político y social para que sus derechos y peticiones sean escuchados efectivamente” (Loughna, 2002, p. 7). Además, incrementa su marginación política: las personas dejan de ser sujetos para ser considerados objetivos de una estrategia y, por general, sufren una aculturación (Oliver-Smith, 2010, p. 106), al ser sometidos a ser parte del proceso de reasentamiento como fue planteado y al ser forzados a encajar en espacios en los que no siempre son bienvenidos. Esta es una de las pérdidas que resalta la población reubicada en Peque: la nostalgia por el lugar que no existe y en el que realizaban sus prácticas culturales y simbólicas, más la necesidad de asumir costos de servicios que antes no eran considerados necesarios y la imposibilidad de retomar de la misma manera las relaciones vecina

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les y comunales, hace que “se sienten extraños en una tierra de nadie” (Estudiantes del curso de investigación etnográfica docente Natalia Galeano, 2025, p. 45).

A lo anterior se suma la pérdida del patrimonio natural con el que contaban y que no corresponde con una lectura del ambiente como recurso (Oliver-Smith, 2010, p. 89). Estas involucran la construcción territorial y de formas de cuidado y conservación de la naturaleza, que no son tenidas en cuenta a la hora de reubicar la población. El que el reasentamiento involuntario dé lugar a este tipo de afectaciones negativas, tiene como consecuencia una profundización de la vulneración de las tres dimensiones de la dignidad humana: en tendida como:

(i) (…) autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) (…) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) (…) intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Sentencia Corte Constitucional, C-077 de 2017).

Con ello, se sientan bases para que se prolongue la situación de desplazamiento/desalojo forzado y se presente redesplazamiento. Así, se aminoran las posibilidades que tienen de establecerse de manera duradera y sostenible en los sitios en que han sido reasentados (Man dishekwa, 2022, p. 16).

La recurrencia de este tipo de experiencias vinculadas al rea sentamiento de población en medio de la implementación de proyectos de desarrollo da cuenta de unas condiciones que posibilitan el apare cimiento de este tipo de situación. Una de ellas son las disposiciones de los instrumentos normativos y reglamentarios sobre el tema. Si bien entender que esta situación es consecuencia exclusivamente del diseño de los instrumentos que regulan el reasentamiento involuntario y el desalojo forzado es tener una visión simplista, no puede negarse que la normatividad juega un rol definitorio en el acaecimiento de estas. A continuación, se presentan algunos de los puntos que permiten que se presente este tipo de situación.

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2. El rol de los instrumentos internacionales

en la transformación del reasentamiento involuntario hacia el desalojo forzoso Actualmente, existen un conjunto de instrumentos que buscan evitar la vulneración de derechos con el reasentamiento de la población en el contexto de la ejecución de megaproyectos. Dichos instrumentos atienden a dos circunstancias que se dan por sentadas: primera, que la construcción de los megaproyectos y sus consecuencias negativas son inevitables; y, segunda, que la manera para remediar dichas situacio nes son el traslado de la población y la compensación económica de los daños. Con estos presupuestos se definen los asuntos que se regulan en dichos instrumentos: el sometimiento de las acciones a los instru mentos de derechos humanos; el énfasis en que la población se quede en el lugar al que han sido asignados, en el lugar al que en adelante pertenecen (Malkki, 1992); y que, se deben sufragar los costos econó micos de la salida forzada.

En cuanto al primer asunto, los instrumentos normativos parten de entender que no solo es ineludible que las personas se ven obligadas a dejar sus lugares habituales de residencia para dar paso al desarro llo, sino que se espera que estas situaciones aumenten cada vez más (Jiménez-Damary, 2021, p. 6). Por ello, es necesario que las salidas se hagan en el marco de las disposiciones internacionales de los dere chos humanos y el derecho internacional humanitario. En ese marco, se considera que la salida forzada que se realiza de manera regulada legalmente tiene un carácter excepcional. Además, que dicha salida responde a que los proyectos se realizan para satisfacer el interés gene ral, conforme a los Principios Rectores de los desplazamientos internos (Principio 6 Deng, 1998). Por tanto, estos instrumentos tienen por objeto “ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo (…) no constituyan `desalojos forzosos´” (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), 2007, para. 10). Las anteriores consideraciones centran la responsabilidad de la producción o no del desalojo forzado en los Estados. Esto no es extraño si se tiene en cuenta que, en términos de los éxodos forzados internos

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de población, el sistema internacional de los derechos humanos con sidera que no existe un cambio en situación jurídica para quienes lo sufren, siguen siendo ciudadanos y, como tal, quien debe garantizar sus derechos es el Estado (Brookings & Universitat Bern, 2007). Son entonces los Estados quienes deben garantizar que la ciudadanía no se vea coaccionada para decidir libre y, voluntariamente, sobre su per manencia en los lugares que habitan o desarrollan, habitualmente, sus actividades. Es en respeto de este deber que los países son los llamados a prevenir, atender y dar solución a los éxodos forzados. Asimismo, las cargas de la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones internacionales son de los Estados. Al ser sujetos que participan de la definición de la comunidad internacional “pueden aceptar libremente las imposiciones y obligaciones orientadas a la con vivencia pacífica y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre Estados” (Moreno Hurtado & Alvarez Sierra, 2017, p. 137). Ade más, el marco de la Responsabilidad de Proteger-R2P entiende que la autoridad soberana nacional implica “una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población” (Moreno Hurtado & Alvarez Sierra, 2017, p. 139).

Sin embargo, el ejercicio de la soberanía y la gestión de las mi graciones es cada vez “más intermediada por las estructuras suprana cionales” (Calvelo, 2022, p. 12). En dichas estructuras no sólo tienen presencia los Estados y organismos de protección de los derechos huma nos, sino actores de reciente aparición como los organismos financieros, empresas multinacionales u organizaciones privadas multilaterales, tal y como se mencionó con anterioridad. De ahí que los Estados, en ejercicio de su soberanía no solo deben cooperar entre ellos, garanti zar protección de los derechos sus nacionales, sino que deben cumplir con los compromisos resultado de las negociaciones con las entidades mencionadas.

Frecuentemente, la realización de estos proyectos se facilita en alianzas entre los Estados y el capital financiero (Harvey, 2007), re presentado por las empresas multinacionales y organismos que hacen empréstitos. En este escenario los Estados se convierten en sujetos promotores y beneficiarios de las posibles entradas de inversión que se esperan con estos proyectos. En el caso del proyecto Hidroituango, las

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primeras acciones para su realización se remiten a la década de 1970, en ese momento se inician los primeros estudios técnicos (Proyecto - Hidroituango, n.d.). Pero, debido a los altos costos, el proceso queda congelado hasta finales de la década de 1990, momento en que se tiene noticia de la primera alianza estatal-empresarial. A través del otorga miento de una ordenanza de la Asamblea de Antioquia en 1997, se crea la sociedad promotora Pescadero Hidroituango con la participación de alrededor de 50 empresas de ingenierías (La Cronología de Los Hechos Que Han Marcado La Existencia de Hidroituango | Noticias RCN, n.d.). En las dos primeras décadas del siglo XX se consolida esta alianza con las solicitudes de licencias para iniciar la construcción del proyecto (Ocampo-Jaramillo & González-Fabra, 2021) y con la financiación, a través de préstamos, del Banco Interamericano para el Desarrollo-BID. Las variaciones del escenario internacional ponen a los Estados en una situación paradójica para responder a sus obligaciones: de un lado, deben promover políticas que protejan el ejercicio de los titulares de derechos sobre la tierra y el territorio frente a las presiones contem poráneas, y así reducir las posibilidades de que acaezcan desplaza mientos/desalojos forzados (Jimenez-Damary, 2021, para. 15). De otra parte, deben son los encargados de despejar las barreras que puedan dar lugar a entorpecer el flujo de capital (Harvey, 2007, p. 70). En ese escenario, los Estados tienen la posibilidad de declarar que, en aras del bien común, y como excepción, es permitida la salida de la población con el correspondiente reasentamiento, sin que ello implique un desalojo forzado. Esta declaración no le suprime el carácter involun tario del traslado de la población, pero lo inviste de legalidad. De esta manera, se le atribuye al desalojo y al reasentamiento la presunción de que se harán con el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de derechos humanos internacionales e internas.

No obstante, por lo general, estas declaraciones y las regulaciones que se desprenden de ella se hacen mediante actos administrativos que se respaldan sobre informes y saberes expertos que excluyen la participación de las comunidades (Harvey, 2007, p. 72). De ahí que, si existen diferencias y demandas de las comunidades frente a la ejecución del proyecto, la salida forzada y el reasentamiento, estas no se debaten en los espacios que definen estos proyectos, exclusivos para quienes

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cuentan con conocimiento técnico, o en el escenario político, sino que deben ser dirimidos en sede judicial. Así se le pone un velo de particu lar a asuntos que son de carácter público y que, por tanto, deberían ser sometidos a deliberación en escenarios de naturaleza política. Ante la complejidad del contexto de la implementación de los proyectos, se ha advertido la necesidad de que las acciones para su im plementación se realicen siguiendo el enfoque de derechos. Con ello se busca garantizar que las personas afectadas tengan base para reclamar y lograr la garantía de los derechos afectados en escenarios, general mente judiciales, nacionales e internacionales (Oliver-Smith, 2010, p. 79). El lenguaje de los derechos se ha convertido también en un asunto técnico, la definición del alcance de dicho enfoque, generalmente, se hace por expertos y su inclusión en planes y proyectos se hace top-down, lo que refleja la visión que tienen los especialistas sobre los derechos de las comunidades, más que incorporar el significado que tiene para dicha comunidad la dimensión de sus derechos (Oliver-Smith, 2010, p. 79). Esto obedece a que la movilización de recursos financieros necesita garantías de inmediatez, que podrían ser entorpecidas por ejercicios de participación que toman tiempo e implican un esfuerzo organizativo de larga duración.

Respecto a asumir el valor económico de las pérdidas que trae el reasentamiento, las guías y principios aceptan que del reasentamiento se desprenden múltiples daños (World Bank, 2013). Por ello, una de las exigencias de la comunidad internacional, específicamente, de quienes desembolsan el capital para su ejecución, es la compensación de los activos a las personas que deben ser reubicadas (Cernea, 2003). Esta es una obligación que se desprende del deber de procurar por el reparto equitativo de los costos y beneficios del desarrollo y en reconocimiento de los efectos negativos económicos que deben ser desagraviados (Ter minski, 2015, p. 23).

Este enfoque trae consigo una perspectiva en el que prima la valoración económica de los daños. Esto tiene, al menos, tres impli caciones: primero, lo que no es fácilmente resarcible no se reconoce como un asunto a ser compensado. En esa línea, se ha priorizado la compensación de la pérdida de activos, del acceso a ellos y de las fuentes de ingreso (World Bank, 2013). Por esta vía se excluyen las pérdidas

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sociales, culturales y psicológicas que, a largo plazo, constituyen un perjuicio para quienes fueron reasentadas y cuyo restablecimiento va más allá de un valor evaluable económicamente (Cernea, 2003, p. 43). Segunda, ante la urgencia de continuar con la implementación de los megaproyectos, quienes deciden qué es o no compensable, son los encargados de la ejecución del mismo. En el caso de las personas reubicadas en Peque, la definición sobre a quién se entregaba los dere chos de propiedad de las tierras en donde fueron reubicadas se hizo por la empresa que realiza el proyecto, sin tener en cuenta las dinámicas familiares, las necesidades etarias y las brechas de género existentes en el acceso a los derechos reales por las mujeres, entre otros factores clave (Estudiantes del curso de investigación etnográfica docente Na talia Galeano, 2025, p. 10).

Tercero, estas acciones se entienden como “esfuerzos técnicos” (Serje, 2004, p. 34) ajenas a las personas, sus necesidades y construc ciones sociales. A pesar de que son ellas a quienes se dirigen dichas medidas, no tienen voz en su diseño e implementación (Oliver-Smith, 2010, p. 78). En el qué y cómo se compensa no tienen cabida “los saberes locales y las formas históricas de habitar” que, en diversidad de casos, se ven como “anacrónicos y carentes” (Serje, 2004, p. 24). En consecuencia, de ellos no se deriva un perjuicio al que corresponda una compensación económica. Uno de los asuntos que ha suscitado más inconformidad en la comunidad que fue reubicada por el proyecto, es que no se tuvo en cuenta para la valoración las actividades que para ellos eran parte de su sustento, como es el caso del barequeo, y se dejó de lado la manera en que toda la familia participaba de ellas (Estudiantes del curso de investigación etnográfica docente Natalia Galeano, 2025). Es así como, en conclusión, el respeto por los instrumentos que garantizan los derechos humanos como marco de definición sobre lo forzado del desalojo, se diluye en aras de crear un entorno que favo rece la inversión de capital y agiliza la realización del proyecto. En esa línea, la compensación y el reasentamiento son pasos que deben agotarse para que el proyecto. Con ello satisfacer las necesidades de las personas, queda en segundo plano. Son las personas quienes de ben sacrificarse para alcanzar “objetivos nacionales más ambiciosos” (Mburugu, 1994, p. 50).

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3. Conclusiones

La implementación de megaproyectos en América Latina, como Hidroituango en Colombia, ha generado desplazamientos/desalojos forzados de población, afectando derechos humanos y medios de vida. Estos proyectos, aunque promueven el desarrollo económico, a menudo ignoran los intereses y necesidades de las comunidades locales, convirtiendo los reasentamientos de población en el primer paso hacia desalojos forzados sin garantías adecuadas y, con ello, el riesgo de redesplazamientos para la población. A pesar de que existen instrumentos internacionales que bus can impedir los desalojos forzados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el

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desarrollo” (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Hu manos (OACNUDH), 2007), estos carecen de carácter vinculante. Aunque establecen pautas para minimizar los impactos, su enfoque en la inevitabilidad de la salida de la población y la compensación económica no aborda, integralmente, las pérdidas culturales, sociales y territoriales de las comunidades afectadas. Esto se traduce en que las posibilidades de que los objetivos propuestos por dichos instru mentos sean bajas y se abre la puerta para que existan efectos arbi trarios en su aplicación que aumenten la posibilidad de un desalojo/ desplazamiento forzoso.

Los reasentamientos involuntarios profundizan la pobreza y la desigualdad, vulnerando la dignidad humana en sus tres dimensio nes: vivir bien, vivir sin humillaciones y vivir como se quiere. Las comunidades reubicadas enfrentan la pérdida de sus modos de vida, la fragmentación de sus lazos sociales y la incapacidad de adaptarse a nuevos entornos, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad. De ahí que, si no se vincula a la comunidad en la toma de decisiones del reasentamiento y no existe el compromiso de defensa de los derechos humanos de la población, es muy probable que la población no logre una salida duradera y sostenible a su expulsión, concretando así, otro elemento para la configuración del desalojo forzado. Los Estados, en su búsqueda de desarrollo económico y atracción de inversiones, priorizan los intereses de actores privados y finan cieros sobre los derechos de las comunidades, todo ello bajo el rótulo de la búsqueda del “bien común”. Esto crea una paradoja entre sus obligaciones de proteger a la población y su rol como beneficiarios de megaproyectos, resultando en procesos de reasentamiento que perpetúan las exclusiones y vulneraciones de derechos. Referencias Atehortúa-Arredondo, C. I. (2018). Los procesos de espacialización en las ciudades: una alternativa de la intervención estatal a la superación del desplazamiento forzado. Colombia 2004–

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La construcción social del desplazado interno en Colombia: representaciones sociales e identidades desde el discurso institucional La construcción social del desplazado interno en Colombia: representaciones sociales e identidades desde el discurso institucional The social construction of the internally displaced person in Colombia: representations and identities in institutional discourse Sandra Johanna Torres Gil Universidad Pablo de Olavide

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Resumen Este capítulo presenta una aproximación teórica y desde el estado del arte sobre la construcción social de la imagen y la identidad del desplazado interno en Colombia. A partir de los aportes de la teoría de la identidad social y los estudios sobre representaciones sociales, se revisan enfoques y hallazgos que han abordado las formas en que se representan y categorizan socialmente a las personas desplazadas. Se identifican imágenes recurrentes en la literatura, como el desplazado concebido como “problema”, “víctima”, “vividor”, “personificación de lo negativo” o “sujeto de derechos”. Además, se discuten los debates en torno al estigma asociado a esta categoría y la influencia de los discursos institucionales en su construcción. Esta revisión ofrece ele mentos clave para comprender cómo se ha estudiado la identidad del desplazado en el contexto colombiano y las tensiones que emergen en este campo de estudio.

Palabras clave: Desplazamiento forzado interno, identidad social, representaciones sociales, discursos institucionales, estigma. Abstract This chapter presents a theoretical and state-of-the-art review on the social construction of the image and identity of internally displaced

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persons in Colombia. Drawing from social identity theory and studies on social representations, it examines conceptual frameworks and find ings on how displaced people are represented and socially categorized. The literature identifies recurring images, such as the displaced person conceived as a “problem”, “victim”, “freeloader”, “personification of the negative”, or “rights-bearing subject”. The chapter also discusses debates around the stigma associated with this category and the role of institutional discourses in shaping it. This review offers key insights into how the identity of displaced persons has been studied in the Co lombian context and the tensions present in this field. Keywords: Internal forced displacement, social identity, institu tional discourses, social representations, stigma.

Introducción El desplazamiento forzado es una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Según ACNUR21 (2024), más de 123,2 millones de personas han sido desplazadas internamente en 117 países, una cifra que se ha duplicado en la última década. En América Latina, Colombia es uno de los países más afectados, con 8.945.577 personas desplazadas (RUV22, 2025). A pesar de la magnitud de esta crisis, el caso colombiano figura entre los menos visibilizados a nivel internacional, recibiendo es casa atención mediática, limitado financiamiento y reducida acción por parte de quienes detentan el poder y disponen de los recursos necesa rios para transformar esta realidad (Consejo Noruego para Refugiados, 2022) esta indiferencia institucional contribuye a perpetuar la exclusión y marginación de las víctimas23. En este contexto, comprender cómo se configuran las imágenes y representaciones sociales resulta fundamental para analizar los procesos mediante los cuales se define y posiciona de las personas desplazadas dentro del imaginario colectivo e institucional.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El Registro Único de Víctimas (RUV) en Colombia es el sistema de información oficial que recopila y administra los datos de las personas afectadas por el conflicto armado interno.

El concepto de “víctima” empleado en esta investigación no busca justificar la institucio nalización del problema del desplazamiento, sino visibilizar la condición de vulneración de derechos y, al mismo tiempo, reivindicar la titularidad de estos derechos por parte de quienes han sido afectados.

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Imagen y representación social:

fundamentos conceptuales La literatura acerca de la imagen social como concepto y como herramienta de análisis de la vida social indica que esta es una cons trucción social creada en contextos histórico-culturales específicos que reflejan la relación que ciertos grupos establecen con determinadas realidades, a través del discurso; son caracterizadas como construc ciones icónicas, simplificadas y estereotipadas (Robledo, 1994). Dentro de la psicología social estas construcciones integran los núcleos de las representaciones sociales configurando su contenido fundamental desde el cual se estructuran las percepciones sociales en determinados grupos (Moscovici, 1976).

En esta línea, la imagen social debe comprenderse como una di mensión constitutiva de la representación social, no como un elemento aislado o autosuficiente. Estas imágenes se insertan en procesos más amplios de interpretación, apropiación y construcción de la realidad compartida (Jodelet, 1989; Abric, 1987, 1994). Tales procesos no reflejan de manera directa la realidad, sino que operan como “organizaciones significantes” (Abric, 1994, p.11), mediadas por contextos sociales, dis cursivos e ideológicos que configuran las relaciones entre sujetos en espacios grupales e institucionales específicos. Las representaciones sociales, en este sentido, cumplen un papel clave en las prácticas y relaciones sociales, al responder a cuatro funciones principales (Abric, 1994): a) ayudan a comprender y comunicar la realidad al establecer marcos de referencia compartidos entre actores sociales; b) contribuyen a definir la identidad individual y colectiva al posicionar a los sujetos en el campo social y facilitar comparaciones; c) orientan prácticas y comportamientos hacia determinados objetos culturales; y d) permiten justificar posturas y acciones tanto individuales como grupales. De acuerdo con Abric (1994):

Las representaciones sociales permiten entender cómo se construyen los vínculos entre individuos y grupos, así como su relación con el entorno. Estas representaciones influyen en las prácticas sociales porque generan sentido común, configuran la identidad social y crean

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expectativas compartidas. Además, cumplen funciones como justificar, adaptar o diferenciar comportamientos según el contexto, al tiempo que son moldeadas por las propias prácticas sociales (pp. 17-18). Por su parte, Jodelet24 (1986), define la representación social como “la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen” (p.473). Esta actividad está me diada por lo social a través del contexto, la comunicación, los marcos culturales, así como códigos, valores e ideologías relacionadas con las posiciones sociales y los grupos de pertenencia. En tanto conocimiento de sentido común socialmente elaborado, estas elaboraciones se nutren de las experiencias, las informaciones, concepciones, modelos de pen samiento que se transmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación social.

Así, “las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la compren sión y el dominio del entorno social, material e ideal” (p.474). Esta investigadora identifica algunos elementos que integran el concepto de representación social:

La representación social se define por un contenido (imágenes, opiniones, actitudes, etc.); b.

siempre está relacionada con un objeto (personaje, acontecimiento, actividad, etc.); c.

es representación de un sujeto (individuo, familia, grupo, clase, etc.), en relación con otro sujeto; d.

es tributaria de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía y la cultura.

De acuerdo con Moscovici (1979), las representaciones sociales permiten comprender la forma como se estructuran y organizan de terminados sectores de la vida social como “universos de opinión” con

Jodelet D. La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En: Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona: Paidós; 1986. p. 478-494.

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sus propias lógicas relacionadas a las formas de pertenencia grupal, cultural y de clase social.

Cada universo de opinión se estructura en torno a un objeto de representación a partir de tres dimensiones: la información, el campo de representación o imagen, y la actitud. La información se refiere a la organización de los conocimientos que un grupo establece en relación con un objeto social, de acuerdo con sus vínculos de pertenencia gru pal y cultural. Esto implica que ciertos grupos apropian determinados saberes que otros no llegan a construir debido a su posición social. El campo de representación hace alusión a los contenidos concretos que circulan en forma de proposiciones e imágenes dentro de una comunidad; estas representaciones reflejan aspectos específicos del objeto social, que se distribuyen de forma asimétrica y jerarquizada. El tercer elemento, la actitud, muestra la orientación global que de terminados sujetos tienen frente al objeto social dentro del campo de representación.

Estas tres dimensiones —información, campo de representación y actitud— permiten elaborar una idea acerca del contenido y sentido que ciertos objetos sociales adquieren dentro de distintos grupos cul turales. Esta posibilidad de relacionar y discriminar contenidos de ma nera sistemática hace de las representaciones sociales una herramienta poderosa para describir cómo se construye el conocimiento cotidiano en las sociedades.

La teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1979; Jo delet, 1986; Abric, 1994) propone un modelo estructural que distingue entre elementos nucleares y periféricos en la organización del cono cimiento social. El núcleo está compuesto por elementos figurativos o imágenes que condensan los contenidos simbólicos y afectivos esen ciales. Estos organizan los elementos periféricos, los cuales varían en función de su proximidad al núcleo y de las condiciones contextuales. La imagen social cumple un papel central en esta estructura: sintetiza los elementos simbólicos y emocionales fundamentales que configuran una representación. Este conjunto se organiza en el deno minado núcleo figurativo, entendido como una estructura generadora de significados, percepciones y prácticas compartidas históricamente por los grupos sociales.

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Dicho núcleo se encuentra estrechamente vinculado con los pro cesos de construcción de la identidad social, ya que se forma a partir de los contenidos e imágenes que circulan en los intercambios comu nicativos al interior de los grupos.

La identidad social implica el conocimiento de los grupos a los que se pertenece a través de la identificación con los discursos y modelos prácticos establecidos dentro de una comunidad. Los miembros de un grupo reflexivo construyen, colectivamente, en sus prácticas cotidianas reglas, categorías, creencias, que conforman marcos discursivos de referencia común para todos los miembros de la colectividad. El cono cimiento colectivo de esos marcos de referencia y la identificación con estos establece las fronteras que delimitan la interioridad y exterioridad de los grupos de pertenencia (Wagner & Elejabarrieta, 1998). Así, la identidad social se construye en las relaciones que estable cen los individuos con los marcos de referencia semióticos construidos por sus grupos de referencia, e igualmente a través del significado emocional y valorativo asociado a esas relaciones de pertenencia (Tajfel, 1981). Lo anterior se da a través de un proceso de “categorización so cial”, en el cual se organiza la realidad social en torno a dos categorías: “nosotros” o endogrupo y “ellos” o exogrupo (Gómez, 2006). Las autocategorizaciones son aquellas categorías que la persona se atribuye a sí mismo a la vez que se autoexcluye de otras (Macías, 2004). La categorización a escala social implica la pertenencia de un individuo a un grupo por la cual se forma, la identidad social (Tajfel, 1984; Perez Agne 2007).

Tanto en la identidad social como en la noción de auto-concepto la persona tiene la necesidad de evaluarse positivamente en comparación con otros para establecer una identidad positiva de sí mismo y de su grupo. Dicha comparación comprende ser diferente y cada vez mejor con respecto a los otros en términos de las acciones, creencias, actitudes, intenciones o sentimientos (Tajfel, 1978b, p. 305). Las evaluaciones fa vorables hacia el endogrupo, producto de la necesidad de comparación social incluyen sesgos en la diferenciación categorial entre “lo propio a” y lo “no propio a” (Macías, 2004).

La identidad podría definirse entonces como el reconocimiento de uno mismo como portador de las características que lo ubican como

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miembro de varias subclases de categorías dicotómicas y no de otras; es decir, del desarrollo de un significado de uno mismo como perteneciendo al mundo en ciertas formas y viendo el mundo desde esa posición. Este reconocimiento implica un compromiso emocional con la categoría de pertenencia y el desarrollo de un sistema moral organizado alrededor de la pertenencia. (Bronwin & Harré, 1999).

Con base a los anteriores desarrollos sobre representaciones sociales, imagen social e identidad, desarrollados desde el interac cionismo simbólico, podemos ahora retomar la pregunta orientadora de este trabajo, acerca de la imagen social e identidad social que construyen las personas en condición de desplazamiento forzado en Colombia.

Identidad e imagen social del desplazado en Colombia La identidad de las personas desplazadas por la violencia en Co lombia es una construcción social mediada por representaciones pro ducidas desde diversas esferas: instituciones oficiales, grupos sociales, comunidades, opinión pública y las propias autopercepciones de quienes viven esta condición. Dichas representaciones oscilan entre la imagen del desplazado como víctima y como sujeto ciudadano con capacidad de reivindicación de derechos. Como señalan Jaramillo, Villa y Sánchez (2004) esta figura interpela a la sociedad en su conjunto, al cuestionar el proyecto modernizador e integrador del Estado, visibilizando las injusticias del orden social, la marginalidad de amplios sectores y la fragilidad del sistema como garante de bienestar. En tanto figura de la alteridad, el desplazado despierta inquietudes y redefine las fronteras simbólicas entre el “nosotros” y un “otro” percibido como desconocido. Esta construcción activa temores sociales relacionados con la expan sión del conflicto armado, el agravamiento de problemáticas como la pobreza, el desempleo y la inseguridad, así como la hostilidad asociada a territorios ajenos. Son representaciones mediadas por el miedo, que refuerzan la marginación y la exclusión: “Lo que hace a alguien un desplazado, en tanto construcción social, es un atributo aplicado desde afuera a manera de estigma, mediado por las imágenes preexistentes

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disponibles para hacer aprehensible lo desconocido” (Jaramillo, Villa & Sánchez, 2004, p. 173).

La categoría del “desplazado” da cuenta de cómo una sociedad se sitúa frente a la alteridad y la administra (Castillejo, 2000; López & Pérez, 2023), haciéndola aprehensible y manejable para sus miembros. Diversos estudios coinciden en que estas representaciones sociales se construyen tanto en el ámbito institucional como en las relaciones cotidianas (Jaramillo, Villa & Sánchez, 2004; Cabrera, 2017; Flórez & Martínez, 2021), que muestran cómo se han configurado en el ima ginario de funcionarios estatales, de la población receptora y de las propias personas que viven el desplazamiento. Entre ellas, se observan coincidencias que revelan patrones comunes en la manera de concebir esta condición:

El desplazado como problema: para los funcionarios públicos, el desplazado representa la evidencia de fallas estructurales en la sociedad y de unas capacidades institucionales insuficientes para responder. Es un asunto “incómodo”, una “papa caliente” que se transfiere entre dependencias en trámites burocráticos sin soluciones de fondo. Su llegada a la ciudad se percibe como un factor que genera nuevas dificultades o agrava las existentes, como el déficit de vivienda, salud, educación, servicios públicos o seguridad, evidenciando la incompetencia estatal para atender estas necesidades. Así, los desplazados visibilizan y acentúan carencias históricas y añaden un elemento más de desorden, frente al cual el sistema no está preparado. En las poblaciones receptoras, esta percepción se traduce en rechazo, al considerarlos “otros” que perturban el orden social y frenan el desarrollo comunitario. b.

El desplazado como víctima: esta representación lo ubica no desde la restitución de derechos, sino desde la vulnerabilidad, la dependencia y la caridad. Se le concibe como social y culturalmente inferior, con atraso físico, emocional o educativo, frente a un habitante urbano que se valora como “mejor”. Algunos funcionarios lo describen

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como “campesino inocente e ignorante” que requiere ayuda estatal para sobrevivir. Los medios refuerzan esta imagen al mostrar su desprotección e indefensión sin abordar las causas y el contexto que las generan.

El desplazado como vividor: en el discurso estatal, los medios y parte de la ciudadanía, persiste una imagen que presenta al desplazado como alguien que, amparado en su condición de víctima, busca beneficiarse del Estado y la sociedad. Esta representación, frecuente entre funcionarios y población receptora, combina sospecha y desconfianza, asociando al desplazado con un pasado oscuro o incluso con vínculos con actores armados y poniendo en duda su condición de víctima.

El desplazado como personificación de lo malo: para muchos habitantes urbanos, el desplazado representa costumbres propias de un contexto rural percibido como atrasado, junto con vicios como la promiscuidad, la deshonestidad, la delincuencia, la falta de higiene y otras características moralmente negativas. En este sentido, ser desplazado se convierte en un estigma que concentra múltiples valoraciones negativas por parte de la sociedad, especialmente, cuando se trata de personas de origen étnico diferente, como afrodescendientes o indígenas.

El desplazado como sujeto de derechos y resistente a la guerra: esta representación, sostenida por algunos funcionarios y sectores críticos de la sociedad, ve en el desplazado a quien se apartó de su territorio para evitar los efectos del conflicto armado y no involucrarse en él. Se le reconoce como resistente a la guerra, víctima de la violencia y acreedor de una deuda histórica del Estado y la sociedad, así como por su resiliencia y por el derecho a la restitución y garantía plena de los derechos vulnerados. Frente a las anteriores imágenes, las personas que están en con dición de desplazamiento forzado, al posicionarse dentro del campo de las representaciones sociales se identifican con algunas de ellas.

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Muchas se identifican con su condición de víctimas y caen en los cir cuitos de dependencia y reivindicación de su vulnerabilidad frente al Estado y la sociedad en general, aceptando ese lugar de minusvalía e indefensión que les da la sociedad. Otros en cambio discrepan con esas imágenes y revindican en sus acciones personales y colectivas su identidad como sujetos con agencia que pugnan por posicionarse con otras identidades frente a los otros. Algunos rechazan el término “desplazados” y prefieren ser reconocidos como campesinos en situa ción de desarraigo; otros, simplemente, demandan ser tratados como sujetos de derecho.

Sin embargo, comprender la condición del desplazado como una construcción social implica ir más allá de los atributos simbólicos que se le asignan en los discursos y representaciones; exige ubicar esta condición como producto de un campo de poder. Este campo está conformado por múltiples actores: las burocracias y tecnocra cias con las que interactúan los desplazados al entrar en relación con el Estado, los medios de comunicación, los actores armados, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales de víctimas y la academia. En esta línea, los estudios de Vallejo (2006) y López y Pérez (2023) constituyen una etnografía sobre los diversos circuitos de poder donde se configura la identidad del desplazado. En primer lugar, se describe una matriz institucional integrada por actores estatales y no estatales que inciden en la producción de esta identidad. La coordinación de políticas frente al desplazamiento for zado se articula en los niveles internacional, nacional y municipal. A nivel internacional, organismos supragubernamentales como la ONU, ACNUR, OIM, USAID y la Cruz Roja Internacional emiten recomendaciones para la formulación de políticas públicas, definen lineamientos para proyectos de desarrollo y canalizan recursos a través de agencias de cooperación internacional, las cuales también acompañan y asesoran a los gobiernos y ONG en el diseño y control institucional de estas políticas. En el ámbito nacional, el gobierno central dirige la política pública sobre desplazamiento forzado me diante programas de atención, retorno, mejoramiento del hábitat, seguridad alimentaria y proyectos productivos. Estos programas son implementados por entidades como la Defensoría del Pueblo, el

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vi vienda, el ICBF25, así como por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Iglesia y organismos internacionales de cooperación. Desde estas ONG y agencias internacionales se esta blecen vínculos con la dirigencia de organizaciones de desplazados, por medio de los cuales se canalizan recursos para sus proyectos y programas. Finalmente, en el nivel municipal, las secretarías de go bierno —salud, vivienda, educación, bienestar social— focalizan la implementación de programas de protección y asistencia humanitaria dirigidos a esta población.

En este circuito de relaciones se construye la identidad del des plazado en el cruce entre los discursos institucionales del Estado, las organizaciones supragubernamentales y las agencias de cooperación, por una parte, y los discursos de los desplazados vehiculizados por las ONG, las asociaciones y la academia.

Vallejo (2006) compara estos discursos en relación con el des plazamiento, el desplazado y la ubicación temporal del problema. Desde la visión institucional, el desplazamiento es una “desgracia humanitaria” causada por el conflicto armado y el desplazado es un sujeto pasivo que requiere la protección del Estado. Este posiciona miento como objeto de protección implica otras representaciones como “víctima de la violencia”, “bomba de tiempo” o problema temporal a solucionar en el presente con la insuficiente capacidad operativa del Estado, lo cual conlleva su tratamiento como “ciudadano de tercera categoría”, que debe ser atendido una vez se suplan las necesidades de la población registrada en un territorio y con los recursos que queden disponibles.

Frente a este discurso, se posiciona el de los desplazados, las ONG y la academia, quienes entienden el desplazamiento como “una estrategia de guerra” de la cual es responsable el Estado, ya sea por connivencia con los perpetradores o por omisión de sus funciones de protección. El desplazado es, entonces, víctima de la violencia en tanto

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad estatal encargada de la protección de la infancia, adolescencia y familias, con especial atención a quienes en frentan vulneración de derechos.

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campesino desarraigado de su territorio y socialmente rechazado. En esta perspectiva, la responsabilidad de dar solución al problema recae en el Estado, no solo en cuanto a la atención de la población en el pre sente, sino también en garantizar condiciones políticas y sociales que respondan al desplazamiento como un proceso histórico discontinuo y contribuyan a su prevención futura.

En ese campo de poder y representaciones sociales, la identidad social de la persona en condición de desplazamiento forzado es cues tionada y replanteada (Carvajal, 2004). La situación del desplazamiento produce una desactivación de las identidades previas (Naranjo, 2001), las cuales estaban arraigadas a la comunidad y al territorio originario; esas relaciones de pertenencia son negadas y replanteadas por las nominaciones externas que recaen sobre el sujeto desplazado, desde los actores del conflicto, el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil (Rojas & Torres; 2023).

La experiencia del desplazamiento, incluida la adaptación a un territorio nuevo, se vive desde la condición de ser “el extraño” en el nuevo hábitat al que se llega. Las relaciones con los nuevos vecinos se dan desde el desconocimiento de su historia biográfica para los otros: los demás ignoran quién es, de dónde viene, cuál es su pasado y su personalidad, pues en el nuevo contexto cualquier información puede generar desconfianza y hostilidad. En su nueva experiencia, “los otros”, pierden al menos temporalmente el relato del “nosotros” y se ven obligados a construir un nuevo relato de sí en un contexto ajeno y desconocido” (Bello, 2001, citada en Carvajal, 2004, p. 6). La identidad que se construye en el nuevo territorio es elaborada de tal manera que responda a esas diversas imágenes sociales o “identidad virtual” con que lo identifican los otros. Así, “el desconocimiento de los otros o la poca información que de ellos se posea, obliga a los des plazados a elaborar no solo una sino múltiples biografías: una para el ejército, otra para el vecino, otra para las ONG, dependiendo de lo que suponen que cada entidad espera de ellos. En algunos casos, será desplazado de la guerrilla, en otros de los paramilitares, en otros casos se aburrieron del campo y decidieron probar suerte en la ciudad, habrá una historia para el cura, el funcionario, el vecino, la o el trabajador social; el agente externo” (Carvajal, 2004, p. 6).

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Conclusiones La revisión bibliográfica sobre la construcción social del despla zado interno en Colombia muestra que los enfoques predominantes en los estudios combinan la teoría de la identidad social y los estudios sobre representaciones sociales para analizar cómo se configuran las imágenes y categorías sociales asignadas a esta población. Se destacan representaciones recurrentes del desplazado como “víctima”, “proble ma”, “vividor”, “personificación de lo negativo” o “sujeto de derechos”, las cuales influyen en la construcción de su identidad social desde discursos tanto institucionales como sociales. Este enfoque permite comprender la identidad del desplazado como una construcción social compleja, mediada por discursos institucionales, relaciones de poder y prácticas sociales que operan en distintos niveles, desde lo interna cional hasta lo local.

Sin embargo, se identifican vacíos en la literatura en cuanto a la dimensión simbólica y discursiva de esta construcción, especialmente en la exploración crítica de los discursos institucionales que reproducen narrativas pasivas, contribuyendo a la estigmatización y revictimización del desplazado. También falta profundización en el análisis de cómo estas representaciones condicionan la agencia, capacidades de reivin dicación y procesos de inclusión social de los desplazados más allá del marco de victimización y dependencia.

Estos hallazgos respaldan las categorías analíticas trabajadas en el capítulo, al articular imagen social, representaciones sociales e identidad social como dimensiones interrelacionadas que permiten una comprensión crítica y multidimensional del desplazamiento forzado. Esta perspectiva es necesaria para poner en evidencia las tensiones existentes entre las narrativas institucionales y las identidades que construyen los propios desplazados, así como para fomentar enfoques que promuevan la autonomía y dignidad de esta población, superando la reducción del desplazado a una categoría uniforme y única, que no reconoce la diversidad de identidades, experiencias y formas de agencia. En suma, la revisión bibliográfica fundamenta la pertinencia de anali zar la construcción social del desplazado desde un enfoque crítico que

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integra las dimensiones simbólicas y discursivas, así como las relaciones de poder que intervienen en su construcción social. Referencias Abric, J. C. (1987). La representación social: aspectos teóricos. En D. Jodelet (Ed.), Las representaciones sociales (pp. 75-100). CISE/

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Autonomía de la migración ante complejos industriales fronterizos Autonomía de la migración ante complejos industriales fronterizos

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“No soy víctima”:

Diásporas deportadas y familias de estatus mixtas fracturadas “No soy víctima”:

Diásporas deportadas y familias de estatus mixtas fracturadas Lizbeth de la Cruz Santana Baruch College, City University of New York “I am not a victim”:

Deported Diasporas and Fractured Mixed-Status Families

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Resumen Este capítulo tiene como objetivo visibilizar las experiencias de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su infancia y fueron deportados tras vivir allí la mayor parte de sus vidas. A través del con cepto de Diáspora de los llegados en la infancia, se analiza cómo esta población sufre vulneraciones de derechos humanos durante su crimi nalización y deportación al país de origen. La metodología se basa en el análisis de narrativas digitales del proyecto Humanizando la Deporta ción, centradas en el caso de Ángel, deportado a los 21 años tras perder DACA, y su familia. Los resultados revelan las secuelas emocionales, sociales y materiales de la deportación, y cómo afecta a familias de estatus mixto. La discusión aborda las políticas migratorias punitivas, el papel lucrativo del complejo industrial fronterizo y la necesidad de una lectura ética y crítica del sistema migratorio, proponiendo centrar las voces de los deportados en el debate público.

Palabras clave: Deportación, Llegados en la infancia, DACA, Narrativas digitales, Humanizando la Deportación, Criminalización Abstract This chapter aims to shed light on the experiences of immigrants who arrived in the United States during childhood and were subsequent

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ly deported after spending most of their lives there. Using the concept of the “childhood arrival diaspora,” it analyzes how this population suffers human rights violations during their criminalization and deportation to their country of origin. The methodology is based on the analysis of digital narratives from the Humanizing Deportation project. It focuses on Angel, who was deported at age 21 after losing DACA and his family. The findings reveal the emotional, social, and material consequences of deportation, and how it affects mixed-status families. The discus sion addresses punitive immigration policies, the profit-driven role of the border industrial complex, and the need for an ethical and critical perspective on the immigration system, proposing that the voices of the deported be centered in public debate.

Keywords: Deportation, Childhood Arrivals, DACA, Digital Na rratives, Humanizing Deportation, Criminalization “Quiero salir de aquí lo más rápido posible… este no es el país en que yo crecí”.

—Ángel (2017), Solo otro negocio.

Introducción La figura del inmigrante indocumentado en Estados Unidos ha sido configurada por narrativas mediáticas, legislativas y activistas que tienden a privilegiar ciertos perfiles. Un ejemplo claro es el movi miento DREAMer, que desde la introducción del Development, Relief, and Education for Alien Minors (DREAM) Act en 2001 ha captado la atención pública consolidando una imagen idealizada del inmigrante joven: talentoso, educado, trabajador y sin antecedentes penales (Gon zales, 2016; Immigrant Legal Resource Center, 2011). Sin embargo, esta representación hegemónica ha generado un campo de exclusión al invisibilizar a otros jóvenes que, pese a haber llegado al país durante su infancia, han sido criminalizados y deportados (Anderson y Solis, 2014; Truax, 2015).

Con el objetivo de superar esta visión reduccionista, el concepto de “diáspora de los llegados en la infancia” busca incorporar la di versidad de trayectorias dentro de esta población. Específicamente,

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propone visibilizar las trayectorias de quienes, tras haber crecido en Estados Unidos, fueron expulsados a países que apenas conocen. Reconocer esta heterogeneidad resulta fundamental, especialmente, en un contexto donde programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el DREAM Act —impulsados en parte por el gobierno estadounidense— tienden a favorecer una na rrativa limitada que no da cuenta de la complejidad de la experiencia migrante. DACA es una medida parcial que no garantiza ciudadanía ni protege, permanentemente, a los Dreamers. Davis (2003) sugeriría que estas políticas pueden legitimar un sistema más amplio de exclu sión y deportación.

La deportación de personas migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad subraya la urgencia de ampliar la repre sentación de esta población, prestando atención tanto a su experiencia diaspórica como a las formas en que interpretan y relatan sus vivencias. Si bien el activismo DREAMer ha sido crucial para lograr visibilidad política, también ha contribuido a consolidar una narrativa excluyente que deja fuera a quienes tienen antecedentes penales o no encajan en el perfil del “inmigrante ejemplar”. Un ejemplo que permite cuestio nar y ampliar esta narrativa es el de la familia Estrada, compuesta por cuatro miembros, tres de los cuales compartieron sus testimonios en el proyecto Humanizando la Deportación. A través del análisis de sus narrativas —número 24, “Solamente otro negocio” (2017), narrada por Ángel; número 27, “Regresar con libertad” (2017), por su madre “Eli zabeth”; y los testimonios 221a, “La resistencia es colectiva” (2019), y 221b, “Cicatrices de separación familiar” (2019), por su hermana mayor Karla— se propone un marco crítico que articula la violencia estruc tural, los efectos de la deportación en una familia de estatus mixto y la agencia migrante.

La diáspora de los llegados en la infancia:

definición y contexto Se entiende por “llegados en la infancia” a los migrantes que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad, ya sea de forma documentada o indocumentada y que residieron allí durante sus años

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formativos. Como señala Gonzales (2011), muchos de estos jóvenes llegan a identificarse, plenamente, como estadounidenses, hasta que, al alcanzar la adultez, enfrentan las restricciones legales impuestas por su estatus migratorio. La amenaza constante de la deportación se convierte así en una realidad determinante en sus vidas (Patler, 2018). A diferencia de las representaciones dominantes que ensalzan al migrante “merecedor”, el concepto de la “diáspora de los llegados en la infancia” se propone como una herramienta analítica alternativa. Este enfoque busca visibilizar las experiencias de quienes han sido excluidos de políticas como DACA, revelando una diáspora no voluntaria ni defi nida por una identidad nacional, sino por desarraigos forzados producto de las lógicas del castigo migratorio (De Genova, 2002). Para abordar este fenómeno, es clave partir de una definición am plia del término “llegados en la infancia”, que incluya a personas que:

migraron siendo menores de edad,

ingresaron a EE. UU sin documentación y permanecieron en esa condición,

entraron con visa, pero esta expiró o no fue renovada, y

adquirieron residencia legal permanente.

En todos estos casos, el hecho de haber migrado durante la niñez implica una falta de responsabilidad legal y una limitada comprensión de su situación migratoria. Al mismo tiempo, haber crecido en Estados Unidos genera fuertes vínculos afectivos, sociales y culturales con ese país, por lo que su deportación desata vulneraciones de derechos humanos.

En un contexto donde las deportaciones de personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores han sido constantes y llegaron a su punto máximo durante el gobierno de Barack Obama, estos desplaza mientos masivos —que van mucho más allá de México y se extienden a varios países— pueden considerarse como una verdadera diáspora. La noción de “la diáspora de los llegados en la infancia” permite entender las profundas implicaciones de estas deportaciones, ya que la conexión que estas personas han desarrollado con Estados Unidos hace que el impacto de ser expulsados sea aún mayor que en el caso de adultos

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migrantes o incluso de quienes llevan más tiempo viviendo allí. Estos jóvenes no solo han sido afectados por leyes migratorias estrictas, sino que también demuestran su propia capacidad de acción al resistirse a ser absorbidos por la cultura del país al que fueron deportados. Aunque logren éxito personal o profesional allí, muchos continúan afirmando su identidad estadounidense y se rehúsan a ser redefinidos por las au toridades migratorias.

A pesar de que existen muchos estudios sobre jóvenes migrantes en EE.UU. (Gonzales 2016; Pérez y Solorzano, 2009), todavía falta una comprensión clara de quiénes conforman este grupo. Además, aun no hay un conocimiento claro sobre lo que ocurre con ellos tras ser depor tados. Aunque el tema de la deportación ha sido ampliamente tratado tanto dentro (De Genova y Puetz, 2010; Kanstroom, 2012; Golash-Boza, 2018; Hing, 2019; Nyers, 2019; Goodman, 2020) como fuera del país (Anderson y Solis, 2014; Boruchoff, 2017; de la O Martínez, 2017), gran parte del enfoque académico ha sido sobre los DREAMers que perma necen en EE.UU. (Clark-Ibáñez, 2015; Gonzales, 2016; Hernández et al., 2011; Michelson, 2017; Truax 2015), excluyendo a quienes fueron deportados.

La periodista Eileen Truax (2015), a través del relato de Nancy Landa, incorpora la experiencia de jóvenes indocumentados, inclu

yendo la deportación de una DREAMer enviada “de regreso a un

mundo extraño” (p. 61). Landa, cuya historia tras la deportación recibió atención a través de su blog Mundo Citizen, lanzado en 2013, migró a Estados Unidos cuando tenía nueve años (Truax, 2015, p. 61) y se iden tifica como parte de lo que denomina la “nueva diáspora DREAMer” (Caldwell, 2019, p. 7). En esa misma línea, Jill Anderson y Nin Solis lideran la inclusión de historias de quienes llegaron en la infancia y han sido deportados o han regresado, voluntariamente, a México. Su obra Los Otros Dreamers (2014) se centra en la diáspora DREAMer mediante relatos autobiográficos breves y fotografía, y está vinculada al grupo comunitario de apoyo y defensa Otros Dreams en Acción. Estas contribuciones visibilizan las circunstancias que enfrenta esta población desplazada al ser removida del lugar que considera su hogar. A partir del enfoque de estas obras sobre la deportación y los estudios iniciales sobre la dispersión de los DREAMers, se propone aquí repensar la diáspora de

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quienes llegaron en la infancia más allá del perfil típico del DREAMer, e incluir incluso a quienes quedaron fuera de las protecciones de DACA por su edad, nivel educativo o antecedentes penales. Este enfoque reconoce que los efectos de la deportación son, especialmente, duros para todos los migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Una vez deportados, el período agudo de aislamiento, transición y trauma que acompaña su trayectoria, así como el dolor emocional, psicológico y físico que enfrentan al buscar necesi dades básicas como vivienda, alimentos, asistencia legal, apoyo social y atención psicológica, puede generar sentimientos de pertenencia que son siempre incompletos e inciertos.

Caso de Estudio: La familia Estrada Figura 1 La familia Estrada Fotografía de Elizabeth Estrada, 2017. Recuperada de Humanizando la Deportación: https://hu manizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/2017/08/09/regresar-con-libertad/ La imagen anterior (Estrada, 2017) muestra una escena íntima de una familia sentada en un sofá, compartiendo lo que parece ser una celebración, tuvo que ser editada cuidadosamente para proteger la identidad de quienes aparecen en ella. Sus rostros fueron difumi nados, deliberadamente, no por descuido técnico, sino como un gesto

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necesario de anonimato y seguridad. Lo que se oculta en el desenfoque no es solo la fisonomía de una familia, sino también el dolor profundo que los acompañó tras ser separados por el régimen de deportación de Estados Unidos. Esta imagen, por lo tanto, se convierte en un archivo testimonial cargado de significados y no en una simple foto de familia. Tuve la oportunidad de ver esta imagen por primera vez en el verano del 2017, cuando conocí a “Elizabeth”, nombre ficticio que utiliza la madre de Ángel para proteger su identidad. Nos conocimos en Tijuana como parte del proyecto Humanizando la Deportación, un archivo digital colaborativo que recoge las voces de personas afectadas por políticas migratorias a través de narrativas digitales. Desde el 2017, el proyecto ha recopilado más de 500 narrativas en primera persona que documentan los efectos de la deportación en las vidas de individuos y familias. Entre ellas se encuentra la historia de la familia Estrada, originaria de la Ciudad de México y que se estableció en California. Sus historias relatan los procesos de criminalización, deportación, y separación familiar.

Figura 2 Ángel durante la niñez Fotografía de Ángel, 2017. Recuperada de Humanizando la Deportación: https://humanizandola deportacion.ucdavis.edu/es/2017/08/08/solo-otro-negocio/

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Sentados dentro del bunker de los veteranos deportados en Tijua na, escuché por primera vez el impacto de la deportación en Ángel y lo que este evento desarrolló para su familia. Ángel (2017) llegó a Estados Unidos en 1996, cuando tenía apenas nueve meses, acompañado por su hermana Karla (2019), de cinco años, para reunirse con su padre en California. Poco después, su madre Elizabeth (2017) también cruzó la frontera para unirse a ellos. Escuchar sus historias, en sus propias palabras y acompañarlos para que pudieran compartir sus vivencias en Humanizando la deportación fue una experiencia que impulsó mi investigación sobre la diáspora de quienes llegaron a Estados Unidos durante su infancia. Este proceso me permitió aportar un matiz para comprender quiénes forman parte de esta población y cómo han vivi do la deportación. Durante nuestras reuniones, en las que Ángel y su madre narraron sus historias, aprendí sobre las secuelas emocionales, sociales y materiales que deja la deportación, así como su impacto en familias con estatus migratorio mixto.

En 2017, a los 21 años, Ángel (2017) fue deportado tras perder la protección que le otorgaba DACA, como consecuencia de cargos relacionados con el consumo, la posesión y la venta de drogas. A di ferencia de otros relatos centrados en la victimización, Ángel (2017) compartió su experiencia con una honestidad cruda, asumiendo plena responsabilidad por sus decisiones. En lugar de presentarse como una víctima pasiva dejó claro que su deportación no fue el resultado de una detención arbitraria, sino de acciones concretas por las que él mismo se responsabiliza.

Cuando Ángel (2017) fue arrestado por última vez, su familia buscó apoyo legal. Sin embargo, Elizabeth evidencia una experiencia, profundamente, dolorosa y reveladora sobre el funcionamiento real del sistema legal para familias inmigrantes en Estados Unidos. La narra tiva de Elizabeth (2017) sobre la negativa de la abogada a representar, nuevamente, a su hijo pone en primer plano la fragilidad del acceso a la justicia para los inmigrantes, especialmente, aquellos que han sido criminalizados o enfrentan procesos judiciales.

(Mi esposo) ya había ido a ver a la abogada… ella fue la que arregló lo de su DACA. Y pues le dijo que ahorita no estaba enfocada en eso.

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Que estaba enfocada en otras cosas que por eso (Ángel) se hubiera portado bien… y dice pues “le voy a dar su expediente… no sé quién vaya a querer agarrar su caso.” Y entonces mi esposo le dijo “es que mi hijo, él tiene miedo… y nosotros también tenemos miedo porque hemos escuchado muchas historias de México. Entonces ella le dijo que pues se puede rezar. Que se pusiera a rezar y a pedirle a dios y que se aportará bien. Y entonces él entregó su expediente. Osea ya no quiso saber nada de él. Ángel (2017).

La actitud de la abogada, quien anteriormente fue aliada legal de la familia, cambia, radicalmente, cuando Ángel (2017) se convierte en sujeto de criminalización. Ya no es visto como un joven “soñador” digno de protección bajo DACA, sino como alguien que, por haber cometido un error o estar involucrado en algún proceso judicial, me rece el abandono institucional. Este cambio de postura ilustra cómo el sistema legal actúa, selectivamente, protegiendo a unos mientras excluye a otros.

Aquí se ve, claramente, lo que Susan Coutin (2000) define como una “tecnología de invisibilización”: el derecho migratorio no solo falla en reconocer los vínculos familiares, las trayectorias de vida o las iden tidades afectivas de los migrantes, sino que contribuye, activamente, a borrarlas. Al negarse a representar a Ángel (2017), la abogada no solo lo excluye del sistema legal; también desestima su miedo, su humani dad y los lazos que lo conectan con su comunidad y su país adoptivo. El consejo de “rezar y portarse bien” sustituye el apoyo legal por una respuesta moralizante. Esta sugerencia es, profundamente, simbólica: desplaza la responsabilidad del sistema a la familia afectada, impli cando que su situación es el resultado de una falta individual y no de una estructura legal inequitativa. También, revela un uso retórico del “comportamiento” como criterio para merecer protección, lo cual refuerza el mito del inmigrante “bueno” y “merecedor”, y deja fuera a quienes no pueden cumplir con esos estándares idealizados. La respuesta de la abogada pone en evidencia el impacto psico lógico y emocional de la exclusión legal. El miedo del joven y el temor compartido por sus padres señala el trauma colectivo y el desarraigo forzado que amenaza, constantemente, a las familias migrantes. La

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entrega del expediente simboliza un cierre, un acto de ruptura en la relación de confianza con el sistema legal, pero también una forma de desamparo institucional. Como señala Angela Davis (2003), los sistemas de control penal y migratorio están profundamente interconectados y racializados. El hecho de que Ángel (2017), pese a haber llegado en la infancia y contar con un historial previo de inclusión legal, a través de DACA, sea abandonado por la abogada cuando enfrenta arresto mues tra esta continuidad: ser joven, racializado y migrante lo convierte en sujeto descartable para el sistema.

El relato de Ángel (2017) muestra una comprensión profunda del sistema de detención y deportación al denunciar cómo este se aprovecha de cuerpos como el suyo y otros migrantes en situaciones similares. Lo que le permitió identificar y comprender con mayor amplitud las dinámicas del sistema de detención y sus efectos. No quería un abogado ni nada de eso. Es como si [los centros de detención] se beneficiaran de tener gente encarcelada ahí… Yo lo veía más bien como un negocio para hacer dinero… todo el asunto… Si van a deportar a la gente, entonces que los deporten… ¿por qué dejarlos ahí? Para mí simplemente parece una estafa… como una mina de dinero, ¿sabes? Hay personas ahí que estuvieron atrapadas durante tres años peleando su caso y al final les negaron todo. Para Ángel (2017), el proceso no fue solo un castigo, sino un negocio disfrazado de justicia. Desde su perspectiva, los centros de detención operaban como una maquinaria económica que se benefi ciaba del encierro prolongado de personas sin papeles. “Todo esto es un scam,” dijo en su narrativa. Su testimonio expone con contunden cia la naturaleza lucrativa del sistema de detención migratoria: “Yo lo miro más como un negocio para hacer dinero… Solo un negocio”. Esta perspectiva coincide con lo que autores como Loyd y Mountz (2018) describen como el “complejo industrial fronterizo”, en el que el castigo y la exclusión de personas migrantes se convierten en oportunidades económicas para diversos actores institucionales. La historia de Ángel (2017) muestra como jóvenes sin DACA enfrentan amenazas de detención migratoria privatizada, donde su

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estatus migratorio se convierte en un mecanismo de lucro. Sus obser vaciones confirman lo que Worth Rises (2018) detalla en su reporte “Immigration Detention: An American Business”. El reporte señala que los centros de detención de migrantes, especialmente, cuando son operados por empresas privadas, generan dinero a través de contratos con el gobierno que les pagan una cantidad fija por cada persona detenida por día. Algunas veces estos contratos incluyen cuotas mínimas de camas ocupadas, lo que garantiza ingresos in cluso si hay menos detenidos. Para maximizar ganancias, muchas de estas empresas utilizan el trabajo de los mismos detenidos. Este modelo convierte la detención de personas en un negocio lucrativo, creando incentivos económicos para privar de libertad a más migran tes durante más tiempo, lo que plantea serias preocupaciones éticas y de derechos humanos. Ángel (2017), al observar la ineficacia del sistema, optó por firmar su salida voluntaria. Esta resignación no implica derrota, sino una forma de agencia dentro de un sistema que no ofrece salidas viables.

Ángel (2017) reflexiona sobre su experiencia personal marcada por la percepción de coacción, resignación y desconfianza hacia el sistema judicial. Manifiesta sentirse presionado a contratar un abogado, como si no tuviera opción. Esta tensión se agrava cuando él decide firmar su deportación involuntaria. Detrás de esta decisión hay un profundo sentimiento de inutilidad y resignación, alimentado por la percepción de que, independientemente, de las acciones que se tome, el resultado será el mismo. Frases como “todos estaban recibiendo el mismo resultado” y “solo estaba retrasando lo inevitable” muestran una visión desoladora de la justicia, como si fuera un proceso mecánico, predeterminado e indiferente a las circunstancias individuales. En conjunto, la historia de Ángel (2017) no solo habla de una experiencia individual, sino que también señala una crítica sistémica. Nos lleva a cuestionar: ¿Cuántas personas firman su salida sin entender sus dere chos? ¿Qué tanto influye la presión institucional en decisiones legales críticas? ¿Y qué papel juega la desesperanza en la perpetuación de la injusticia? Este análisis invita a repensar el acceso a la justicia como algo más que formalidades legales: implica la comprensión del proceso por parte de quienes están siendo juzgados.

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Elizabeth (2017), por su parte, compartió la historia desde el ángulo de una madre migrante que cruzó la frontera para ofrecer una vida mejor a sus hijos. Con voz firme pero teñida de tristeza, relató cómo decidió migrar en 1996, cuando sus hijos eran pequeños y cómo junto a su esposo soñaban con una vida estable para ellos. Su hija Karla, protegida temporalmente por DACA, logró terminar la universidad, pero su hijo, Ángel (2017), enfrentó un destino distinto. Elizabeth no excusa las acciones de su hijo, pero tampoco niega el contexto estruc tural que lo empujó a un camino de criminalización. Cuando la deportación de Ángel (2017) se volvió irreversible, Elizabeth y su esposo tomaron una decisión dolorosa: dejar Estados Unidos por voluntad propia para reunirse con su hijo en México, rompiendo con más de dos décadas de vida en ese país. Como señala Joanna Dreby (2015), las familias de estatus mixto enfrentan conse cuencias desproporcionadas frente a las políticas de deportación. El caso de los Estrada ejemplifica esta dinámica: un acto de criminaliza ción individual provoca la disolución de un núcleo familiar completo. Karla (2019) narra esta división, que es tanto geográfica como emocional. Ella argumenta que la deportación de Ángel (2017) está, profundamente, marcada por el deterioro de su salud mental y el acceso limitado a recursos de apoyo. Señala cómo la falta de aten ción médica, junto con la ansiedad constante por la posibilidad de deportación, contribuye a su caída en adicciones. En este sentido, se alinea con Cecilia Menjívar y Leisy Abrego (2012), quienes descri ben las políticas de control migratorio como un “régimen legal de incertidumbre” que afecta, directamente, la salud emocional de los migrantes indocumentados. Por igual, Karla (2019) cuestiona el ideal del “migrante perfecto”, afirmando que “los inmigrantes no son san tos”. Esta crítica desafía la lógica del “hiperdocumentado” propuesta por Aurora Chang (2018), según la cual solo aquellos que cumplen con estrictos estándares morales y legales merecen protección. Bajo esta perspectiva, Ángel (2017), a pesar de haber crecido en Estados Unidos, fue despojado de su pertenencia social debido a errores co metidos en su juventud.

Mientras Ángel (2017) y sus padres fueron forzados a salir de Estados Unidos, Karla (2019) pudo permanecer en EE.UU. gracias a la

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protección que ofrece DACA. Desde los desenlaces de la deportación de Ángel (2017) en el 2017, después de veinticuatro años, Karla (2019) regresó a México en el 2020 al obtener su residencia permanente. Ahora con su nuevo estatus migratorio, ella puede viajar libremente entre México y Estados Unidos. De esta forma, la historia de la familia Estrada subyace el impacto positivo en familias binacionales impac tadas por la deportación al facilitarse una vía para la legalización de uno de los miembros de la familia.

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Conclusión La historia de la familia Estrada condensa las tensiones y con tradicciones del sistema migratorio estadounidense. Nos muestra que la deportación de quienes llegaron en la infancia no es un evento aislado, sino un acto de violencia estructural que reconfigura geogra fías afectivas, identidades y vínculos transnacionales. El caso de los Estada evidencia cómo las campañas de exclusión no solo marginan, sino que justifican y refuerzan desigualdades ciudadanas racializadas (DeGenova 2013) que habilitan el desplazamiento. El concepto de diáspora aplicado a los llegados en la infancia permite nombrar este desplazamiento como un proceso continuo de desposesión y resistencia. En este sentido, el proyecto Humanizando la Deportación funciona no solo como archivo, sino también como plataforma de justicia narrativa. Demonstando que es crucial centrar las voces de los deportados para revelar los mecanismos de racialización y exclusión que operan en las políticas fronterizas.

A pesar de estar marcadas por la violencia sistémica, las narrati vas de la familia Estrada revelan formas significativas de resistencia. Contar su historia en sus propios términos es un acto de agencia que desafía las estructuras dominantes. Tal y como lo argumenta Boa ventura de Sousa Santos (2016), las epistemologías del sur permiten visibilizar saberes silenciados por las jerarquías del conocimiento hegemónico. Por ello, las voces de Ángel (2017), Karla (2019) y Eliza beth (2017) deben ser entendidas como formas de conocimiento crítico que desestabilizan los discursos oficiales sobre migración, legalidad y pertenencia. Juntos, Ángel, Karla y Elizabeth nos convocan a imaginar una ética migratoria basada no en el castigo, sino en el reconocimiento de la dignidad humana.

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Travestipolítica del cuidado Travestipolítica del cuidado Travestipolítica del cuidado Travestipolítica del cuidado Travestipolitics of Care Travestipolitics of Care Lucas Ruppel Universidad de Californía- Davis

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Resumen Este capítulo introduce el concepto de travestipolítica del cui dado para analizar cómo las personas LGBT+ cuidadoras de migrantes sexodisidentes despliegan prácticas de cuidado como formas de agencia política situada en la frontera México–Estados Unidos. Presenta un análisis crítico de una narrativa autobiográfica que forma parte del ar chivo Autobiografía con el cuidado, compuesto por historias de vida de cuidadores LGBT+ de migrantes sexodisidentes. Propone que, a través de la autobiografía, el cuidado se revela no como asistencia, servicio o caridad, sino como forma de relación. Desde esta perspectiva, el estudio se centra en el testimonio de Susana Barrales, mujer trans deportada. Resalta la figura de la curva para pensar la relacionalidad táctica del cuidado frente al Estado, el capital y la familia heteronormada. Argu menta que la curva permite valorizar el agenciamiento de quienes se cuidan a sí, entre sí y a otros.

Palabras clave: cuidado; migración sexodisidente; travestipolítica; autobiografía; frontera Abstract This chapter introduces the concept of travestipolitics of care to analyze how LGBT+ caregivers of sex-dissident migrants deploy care

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practices as forms of political agency situated at the Mexico–United States border. It presents a critical analysis of an autobiographical na rrative that forms part of the archive Autobiography with Care, which compiles life stories of LGBT+ caregivers of sex-dissident migrants. It proposes that, through autobiography, care is revealed not as assistance, service, or charity, but as a form of relation. From this perspective, the study focuses on the testimony of Susana Barrales, a deported trans woman. It highlights the figure of the curve as a way to theorize the tactical relationality of care in relation to the state, capital, and the heteronormative family. It argues that the curve allows for valuing the agency of those who care for themselves, for one another, and for others. Keywords: care; sex-dissident migration; travestipolitics; auto biography; border I’ll tell you how I became a healer — Gloria Anzaldúa, “La curandera” La migración de mujeres para buscar vidas que se puedan vivir y celebrar, junto a sus hijos o maternando una familia transnacional atravesada por muchos muros, no es un fenómeno novedoso. Exis te desde que existe el hambre. Lo que es novedoso es la forma en la que comprendemos las estrategias para cuidarse y cuidar de otros migrantes, desplazados y exiliados del neoliberalismo, del terror, de las dictaduras, de las sequías, de los huracanes, del patriarcado — Amarela Varela Huerta, “Luchas migrantes” Travesti es (...) todo lo político que terminamos construyendo — Marlene Wayar, “Travesti (yo)” Introducción En agosto de 2022, mientras realizaba trabajo de campo en el albergue para migrantes LGBT+ Jardín de las Mariposas en Tijuana, en el marco de Humanizando la Deportación —un proyecto mediante el cual facilitamos la producción de narrativas digitales para visibilizar las luchas migrantes— conocí a Sergey y Timur, una pareja gay rusa. La narrativa digital que coprodujimos, “Todos somos diferentes, y cada

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uno tiene historias complicadas y destinos complejos” (2022), resultó reveladora, no solo por documentar una ruta migratoria sexodisidente hasta entonces inexplorada, sino porque me llevó a interesarme por el cuidado de personas LGBT+ en el contexto de migración. En el relato a dos voces, Sergey enmarca su movilidad interna como una estrategia de autocuidado para hacer frente a la intolerancia de la sociedad civil rusa, pero también reconoce los límites de esta es trategia ante la homofobia institucionalizada, señalando la legislación que desde 2013 tipifica como delito la difusión de información a menores de edad que promueva relaciones sexoafectivas “no tradicionales”.26 Desde que el país estaba en guerra con Ucrania, además, la disidencia fue criminalizada.27 En Jardín, Sergey y Timur se encontraron con otros migrantes sexodisidentes con experiencias comunes de discriminación, violencia y persecución. Según relata Timur, en el albergue “nos sentimos seguros por primera vez, dejamos de temer las miradas de reojo y asistimos a la marcha del orgullo por primera vez”. En los actos de sentirse seguros y mostrarse orgullosos se articula una ontología. Esto me llevó a pensar en el cuidado de migrantes LGBT+ y en cómo se espacializa en los albergues fronterizos.

Las preguntas que desde entonces guían mi investigación son las siguientes: ¿cómo fue articulándose, histórica y conceptualmente, esa teoría del cuidado? ¿En qué medida las identidades de los cuidadores sexodisidentes informan la praxis cuidatorial? ¿De qué manera se produce un espacio como los albergues para migrantes LGBT+? Para responder estas preguntas, he estado trabajando desde el verano de

2024 en el archivo que llamo Autobiografía con el cuidado, esto es, una

plataforma para que cuidadorees LGBT+ de migrantes sexodisidentes narren su historia de vida en torno al activismo promigrante.

Cabe señalarse que la Ley Federal Rusa N° 135-F, que inicialmente pretendía “proteger” a las infancias, fue actualizada en 2022, haciendo extensiva la “protección” a la población en general. V. Lucy Martirosyan. “Explainer: Russia Passes Expanded ‘Gay Propaganda Law’.” openDemocracy, 24 Nov. 2022, https://www.opendemocracy.net/en/5050/russia-gay-propa ganda-law-amendments-explainer/.

V. Human Rights Watch. “Russia: Repressive Laws Used to Crush Civic Freedoms.” Human

Rights Watch, 7 Aug. 2024, https://www.hrw.org/news/2024/08/07/russia-repressive-lawsused-crush-civic-freedoms.

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Si, como señala Pérez Orozco, “desde los cuidados nos leemos en clave de comunidad” (2022), yo argumento que analizar el cuidado desde la autobiografía permite comprenderlo más allá del servicio, la asistencia o la caridad. Con la intención de contribuir a la comprensión del cuidado como parte de una resistencia histórica contra la violencia patriarcal y necropolítica de los regímenes colonial-capitalistas, pro pongo reenmarcar la práctica de cuidado como una forma de lucha, lo que permitiría arrojar luz sobre aquello contra lo que se lucha y cómo se lucha. El cuidado que investigo está encarnado en las subjetividades y cuerpos de cuidadorxs sexodisidentes migrantes ellxs mismxs, fue aprendido a partir de su misma experiencia de movilidad y se practica en la frontera entre México y Estados Unidos. Hipotetizo, entonces, que es una forma de relación de lxs cuidadorxs consigo mismxs, con otrxs migrantes LGBT+ y con el territorio fronterizo, relaciones todas que deben asumirse insertas en los regímenes de lo que se ha identificado como el “complejo industrial fronterizo” (Pérez et al, 2020). Desde esta perspectiva relacional —que recupero mediante el análisis de una narrativa autobiográfica— introduzco la noción de tra vestipolítica del cuidado para pensar el cuidado como agenciamiento frente al Estado, el capital y la familia heteronormada. Este agencia miento, como mostraré, no siempre se da por la vía de la fuga, sino que a menudo adopta formas tácticas. Es ahí donde propongo pensar la figura de la curva como imagen política para comprender cómo lxs cuidadores LGBT+ en contexto de migración se cuidan a sí, entre sí y a otrxs. Genealogía crítica del cuidado En las últimas décadas, el cuidado ha cobrado relevancia como categoría analítica para pensar la organización social y económica de la vida. En mi análisis asumo —junto con Pérez Orozco— una noción amplia de cuidado como “la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida” (2006, p. 10). Esta amplitud no busca universalizar ni abstraer el fenómeno, sino habilitar una lectura que atienda a las condiciones históricas y espaciales específicas en que se provee. Me resulta clave la advertencia de Pérez Orozco (Instituto Invest Mujeres Genero UGR, 2020) sobre el riesgo de vaciar el término de su potencia crítica me

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diante usos generalizantes. En lugar de buscar estabilizar el concepto, privilegio sus formas encarnadas y situadas.

El lugar que ocupa en la sociedad el trabajo de cuidados ha sido historizado, rigurosamente, por Carrasco et al (2019). Mi enfoque dia logará con la economía feminista, marco epistemológico que, históri camente, denunció la invisibilidad de los trabajos material-afectivos realizados, preponderantemente, por sujetos minoritizados. Sin embar go, encuentro en la lectura crítica que, cruzando las teorías feministas de reproducción social con la teoría queer, hacen Expósito y Guaglia none (2023), una guía para evitar que mi aproximación no desligue al cuidado de su potencial antisistémico.

La relación entre cuidados y dependencia suele entenderse, como señalan Carrasco et al (2019, p. 53), como la asistencia requerida por personas incapaces de valerse por sí mismas. Esta concepción promueve una visión individualizante del sujeto social. Mi investigación se apoya en Leah Lakshmi Piepzna-Samarinha (2018), quien plantea una justi cia del cuidado basada en la premisa de que nadie es independiente y que imaginar la interdependencia no es signo de debilidad, sino una práctica radical de imaginación política colectiva. Este marco se enriquece al dialogar con las propuestas de Ama rela Varela y Soledad Álvarez Velasco, quienes conceptualizan las co munidades de cuidado en movimiento como una “estrategia de lucha, una pulsión de vida que suma muchas prácticas de táctica vitalística” en los corredores migratorios de las Américas (2022, p. 32). Desde este enfoque, el cuidado, en tanto infraestructura comunitaria, desborda formas de estar en común basadas en la pertenencia jurídica (como la ciudadanía), garantizando el acceso a derechos no mediante la asisten cia estatal, el servicio comercial o la caridad privada, sino a través de prácticas afectivas y materiales de ayuda mutua (Spade, 2020). Por su parte, Graziano et al (2025) muestran que no es que el im perio no cuida, sino, por el contrario, que busca monopolizar y dividir el cuidado a través del Estado, el capital y la familia, lo que reconocen como “matriz imperial del cuidado” (p. 10). Según explican, estos tres pilares se rigen por una lógica de la propiedad privada que reproduce exclusiones y refuerza formas existentes de opresión (pp. 9–10). Este sistema “[c]ondena a morir a millones de personas si no se ajustan a

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sus expectativas o no encajan en sus categorías (ciudadano, trabaja dor, consumidor, cónyuge, heredero).” (pp. 8-9). Esto demuestra que no todo cuidado es liberador, porque el imperio también cuida, pero bajo condiciones. Para Ruth Wilson Gilmore, se trata de un régimen de “abandono organizado” (citado en Graziano et al, p. 10). Frente a esto, lxs autorxs identifican un “cuidado pirata” llevado a cabo por sujetos desde posiciones marginales, quienes mediante sus acciones abren un espacio de “posibilidad política” (p. 8). Afirman: “Al cuidar a pesar de las leyes y contra todo pronóstico, encarnan de forma inmanente un mundo otro, insurgente” (p. 8). Esta perspectiva resuena con Dean Spade (2020), quien, al describir el accionar de MADR, sostiene que salvar vidas tras un desastre puede requerir actuar sin esperar permiso, ya que “los sobrevivientes de desastres son la autoridad más importante sobre lo que es una acción justa” (p. 18).

En Hacia un derecho universal de cuidadanía (sí, de cuidada nía), Junco et al proponen, a partir de un anecdótico error de tipeo, el concepto de “cuidadanía”. La ciudadanía, como luego con rigor historiográfico sostendrá Valencia, es un constructo sociohistórico creado “por y para el sujeto privilegiado de los patriarcados capita listas blancos en los que vivimos: por y para los hombres blancos, heterosexuales, burgueses, sin discapacidad” (2006, p.45). Quienes se desvíen de esa figuración de sujeto quedarán excluidxs de su régimen, sin acceso pleno a derechos. Al mismo tiempo, advierten las autoras, entrar implica asimilarse, anulándose su potencial transgresor. La cuidadanía, en cambio, busca garantizar a todxs el acceso a derechos, pues “[s]e trata de reconocer a la gente en su diversidad, reconocer la vida en su pluralidad y en la imposibilidad de encorsetarla” (p.47). La propuesta conceptual contempla “el derecho a cuidarnos y a que nos cuiden. El derecho a cuidar en condiciones dignas y, por supuesto, a no cuidar” (p.48).

Quisiera reivindicar la posibilidad de no cuidar por fuera del orden jurídico-estatal, articulado no como derecho sino como autonomía. Si se lo lee en clave operaísta, este no cuidado —digamos— pirata puede entendérselo en gesto análogo a la consigna “rifiuto del lavoro” que movilizaba a los obreros italianos en los setentas, rechazando radical mente el lugar que el sistema asigna como natural, lo que les permitía

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cuestionar la posición subalternizante que les era impuesta en la ma quinaria capitalista.

El concepto de cuidadanía fue retomado por Valencia, quien, en una conferencia titulada “Ciudadanía-Cuirdadanía-Cuidadanía” (2016), desarrolló una torsión sexodisidente del mismo. La cuirdada nía es definida como “una revolución pacifista integrada por todos los cuerpos afectados por la minorización [...] a través de prácticas transfeministas y de la disidencia sexual”.28 Se propone organizarse desde la exclusión, sin reivindicar la vulnerabilidad ni la precariedad, pero abandonando la “posición victimista”. De ese modo, se espera “crear nuevos imaginarios y mundos vivibles”. En lo que conside ro una sofisticación política del concepto, introduce una estrategia aliancista que desestabiliza las pretensiones universalizantes de la cuidadanía. En cambio, la cuirdadanía llama a una alianza cuir que convoca interseccionalmente a corporalidades y subjetividades “trans/ border/mestizx/marica/vestida/tullidx”. Así, se pretende desbordar los marcos de derecho existentes, no ampliarlos para producir una ciudadanía —digamos— TBMMVT.

En Travesti. Una teoría lo suficientemente buena (2019), Wayar desarrolla el concepto de “nostredad”. La nostredad no define una identidad, sino una política del vínculo. En contraste con la otredad, el término wayariano designa un modo de estar juntxs cuando el Estado y la familia “desabrazan” (para usar una expresión de Susy Shock). “Si hay nostredad con honestidad —afirma Wayar—, se pueden bajar las defensas y dejar de buscar por qué a mí y pedir ayuda para la acción, cómo hago” (p. 23). En Sideways Selves (2025), Dipietro destaca la mirada transversal que propone Berkins, lo que poniendo en práctica una “relacionalidad de costado” podría articular de forma coalicional diversos proyectos decoloniales corporeizados, como sugería Valencia. La “politización de la carne” haría posible resistir, desde la nostredad como plataforma, los legados coloniales en las Américas (p. 45). El archivo Autobiografía con el cuidado, que presentaré a conti nuación, reúne relatos de vida de personas emparentadas no solo por su

Esta conferencia tuvo lugar en el campus de la Universidad de California, Davis, el 28 de octubre de 2016 en el marco de la Mellon Initiative in Comparative Border Studies.

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identidad sexodisidente, sino por una relacionalidad que se construye en el acto mismo de ser cuidadx, cuidarse entre sí y cuidar a otrxs. Autobiografía con el cuidado La metodología que emplearé será el análisis crítico de una na rrativa autobiográfica que forma parte del proyecto mediante el cual desde 2024 estoy documentando las historias de vida de cuidadorxs LGBT+ de migrantes sexodisidentes. Los relatos orales fueron grabados y luego transcritos íntegramente.

El archivo, que llamo Autobiografía con el cuidado, no pretende construir un perfil de cuidadorx, sino desmontar la trama relacional del cuidado. El género autobiográfico me permite capturar, desde una perspectiva fenomenológica, la dimensión experiencial del cuidado. Sostengo que esta dimensión, que orienta y corporeiza el modo en que el cuidado se imagina y se practica, no se capta en las estadísticas del Estado ni en los informes del tercer sector, donde suele presentarse deshistorizada, desubjetivada y despolitizada.

En diálogo con Snorton, propongo leer Autobiografía con el cuida do como un archivo que valoriza, pero sin redimir, formas encarnadas de saber y de ser. A través de estas autobiografías, el archivo no solo recupera estrategias de cuidado, sino que invita a “revivir” e “inventar” nuevas formas de hacerlo (2017, p. 7). Mediante Autobiografía con el cuidado busco reclamar la historia colectiva de este cuidado provisto a migrantes LGBT+, además de reconocerlo como saber encarnado, lo que Walia entiende, simultáneamente, como, por un lado, “teoría de los movimientos”, derivada de la “praxis de la organización” y, por otro, “teoría experiencial”, basada en “realidades y resistencias vivi das” (2013, p. 16). Las historias reunidas en el archivo, históricamente excluidas de los marcos de validación académica o estatal, constituyen un saber narrativo (Santana, 2021) que asumo, rigurosamente, como fuente de producción epistémica.

Para comprender el cuidado, no como acto individual ni gesto apolítico sino como forma de relación, es necesario narrar una vida. O más bien, narrar muchas vidas, la historia colectiva de la organiza ción frente al despojo y el desamparo. Poner en común relatos de vida,

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que son, a su vez, historias de cuidado, produce un discurso sobre el cuidado. En el archivo se trama, a través de las primeras personas del singular, una primera persona, ya no diría plural, sino comunitaria. También fomenta el reconocimiento de lxs cuidadorxs como tales y como tales entre sí.

Mbembe sostiene que el carácter probatorio del archivo está dado por la posibilidad de dar cuenta “de que una vida realmente existió, de que algo de hecho tuvo lugar”, de lo que se desprende que “el destino final del archivo está, por lo tanto, siempre fuera de su propia materialidad, en el relato que hace posible” (p. 21). En este sentido, sostengo que el saber encarnado del cuidado, que se produce poniendo el cuerpo en el acto mismo de cuidar, necesita del saber narrado del cuidado para volverse legible y transmisible. Cuidar produce saber, pero narrarlo lo convierte en reflexión, memoria, comunidad. En su lectura posfoucaultiana, Appadurai propone pensar propositivamente el archivo como una herramienta social, lo que implica asumir toda documentación como intervención y toda archivación, como un pro yecto colectivo (2003).

Así, Autobiografía con el cuidado no solo ofrece un lugar para alojar la memoria de los modos en que se cuidó, sino que habilita un espacio para pensar el cuidado, para pensarse como cuidadorx y para pensar con la comunidad de cuidadorxs.

Para una historia crítica del cuidado sexodisidente en contexto de migración Ser cuidadx No podría afirmarse que el perfil de migrante LGBT+ es nuevo. Si todavía en la actualidad las limitaciones de los instrumentos de me dición para determinar aspiraciones, deseos y móviles de la migración, como destacan Almendra y Quiñones, no permiten considerar la iden tidad sexual y la sexualidad de las personas refugiadas, como tampoco conocer las causas por las cuales se otorga la condición de refugiado (2021, p. 268), resultaría imposible reconstruir la genealogía de la migración sexodisidente, oculta entre los pliegues de la larga historia

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de clandestinidad de la migración latinoamericana hacia los Estados Unidos (Durand y Massey, 2003).

Esta opacidad histórica obliga a reconstruir las trayectorias del cuidado LGBT+ en contexto de migración a partir de los escasos relatos disponibles. Entre ellos destacan el libro de memorias Crucé la frontera en tacones. Crónicas de una TRANSgresora de Alexan dra R. DeRuiz (2023) —más, específicamente, los capítulos titulados “La Frontera (The Tijuana Experience)” y “Cruzando la frontera en tacones (Bienvenida a AmériKKKa)”—, así como también la primera parte de la narrativa digital “Deportación de una persona trans”, de Débora Álvarez (2018), perteneciente al archivo Humanizando la Deportación. En ambas narrativas, el cruce de la frontera por parte de personas sexodisidentes no se dio únicamente en resistencia a los controles estatales, sino que fue posible gracias al apoyo mutuo entre integrantes de la comunidad LGBT+, lo que permitió forjar un víncu lo afectivo-político expresado como desobediencia civil. El cuidado, de ese modo, se testimonia como una táctica relacional. Este archivo sensible de experiencias me lleva a preguntarme no solo qué vivencias corporales y afectivas antecedieron la creación de espacios seguros para personas sexodisidentes en tránsito por Tijuana, sino también si es posible capturar, en relatos como estos, las formas de experiencia que los hicieron posibles.

Entre las representaciones que anticipan la institucionalización del cuidado LGBT+ en la frontera, la autobiografía con el cuidado de Susana Barrales, así como también su narrativa digital para Huma nizando la Deportación, se revelan como, especialmente, significati vas. Mujer trans mexicana, Barrales relata que, tras vivir veinticinco años como indocumentada en Estados Unidos, fue deportada. Luego de una breve estadía en su pueblo natal, Santiago Acatlán, Puebla, decidió volver a migrar debido a la discriminación y la falta de opor tunidades laborales. Con la intención de cruzar, nuevamente, hacia Estados Unidos, aunque sabiendo que si era interceptada tendría con secuencias por las que no quería volver a pasar, llegó a Tijuana. Una vez allí, sin dinero y sin saber adónde ir, un taxista le ofreció llevarla a un albergue para migrantes de filiación cristiana. En la primera parte de su narrativa digital, “Preludio a Unión Trans: Nos falta la

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atención”,29 Barrales agrega un dato: a cambio del viaje en taxi tuvo que entregar sus tenis. En el albergue, Barrales interactúa con una persona trabajadora del lugar:

Recuerdo a una señora. Le digo: “Oye, fíjate que…”. “No. Pero aquí no puedes, tú no puedes entrar aquí”. “Pero, ¿por qué no puedo —le digo— si este es un albergue para personas deportadas, de inmigrantes. ¿Qué no?”. “Sí, pero para ti no. Tú, no sé, tú eres joto, maricón y no sé”. Así, literal. Yo le dije: “No, señora, yo soy una mujer trans”. “No sé qué sea eso, pero para mí tú eres un maricón”. (2024a) Un señor, que había estado atento a la violenta interacción, ve llorar a Barrales e interviene con la promesa de ayudarla. Y ya le dice a la señora: “Eh, no la tienes que tratar así”. “Él; no ella”, le dice. Y se agarran entre ellos. Y [el señor] dice: “No, la tienes que respetar: si ella dice que es ella, es ella”. “No, pero… (no sé qué)”. O sea, se empezaron a decir…. Y dijo: “Y ella se va a quedar”. El señor dijo. Y la señora: “No”. Y el señor: “Sí”. Entonces, como había un superior, me dice: “Ahorita vengo. Espérame aquí. No te vayas. ¿Quieres comer?”. Y ya me trajo un plato de sopa y comí, todo. (2024a) La escena funciona como una performance de tensiones sociales, contradicciones institucionales y violencias epistémicas que revela lo problemático que resultaba, para la infraestructura de cuidados tradi cional, la presencia de una corporalidad y una subjetividad trans. Barrales continúa su relato diciendo que, cuando el señor regresó, le dijo que podría quedarse, pero debajo de unas escaleras. Barrales no solo aceptó hacerlo en esas condiciones “con tal de no irme a la calle”, sino que también —según afirma con énfasis— “les demostré cómo era yo. Que se quitaran esas malas ideas de la comunidad y me respetaron, los respeté, y toda la gente contenta. Pero sí hubo malas experiencias” (2024a).

Con sus diferencias e insistencias, el relato autobiográfico de Barrales puede reconstruir se a partir de una lectura articulada entre su autobiografía con el cuidado y su narrativa digital para el archivo “Humanizando la Deportación”.

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Sin pretender romantizar la experiencia transfóbica por la que pasó Barrales, me interesa pensar el modo en que dejó una marca en su memoria y su cuerpo para, posteriormente, fundar La Casita de U.T. AC, una asociación civil que opera como albergue para mujeres trans, residentes en y en tránsito por Tijuana. Al aceptar dormir debajo de las escaleras, Barrales se acomodó en el albergue para migrantes he teronormado para cuidarse. Ese acomodamiento, lejos de implicar una renuncia a su autonomía, constituyó más bien una táctica vitalística, como lo entienden Varela y Álvarez Velasco, que puede leerse desde lo que, como desarrollaré en el siguiente apartado, llamo travestipolítica del cuidado.

Travestipolítica del cuidado

1. Wayar (2019) ensaya una definición de lo travesti mediante

diferentes entradas que, puestas en relación, configuran un significado multipolar. Quisiera detenerme en el modo en que Wayar entra en la discusión sobre qué es ser travesti, haciéndolo no por un argumento que pretenda superar el binarismo de género, sino aludiendo a que, ya en la infancia, las travestis son desabrazadas del hogar familiar. La expulsión de la casa —como espacialización de la familia heteronormada— lleva a Wayar a afirmar que “a las travas nos atraviesa la diáspora” (p. 9), lo que las vuelve “radicalmente migrantes” (p. 9).

Que esta reflexión constituya los prolegómenos de la definición, que luego articulará, pedagógicamente, en diversas entradas que son, en realidad, diversas historias, hace que la teoría travesti se lea, de forma indefectible, como una teoría de la migración. Wayar sugiere que, antes de definir lo travesti, hay que asumir que se articula ontológicamente con lo migrante. Este argumento también fue compartido por Wayar en la mesa de debate de LASA 2018 titulada “América Transgénerx/ América Transgender”, organizada por PJ Dipietro y Suyapa Portillo Villeda, entonces a cargo del área temática sobre sexualidades. La operación epistémica de Wayar me motiva a pensar la teoría travesti latinoamericana en diálogo con la autonomía de las migraciones. Quisiera recordar que Mezzadra y Neilson, en su clásico Border as Method (2013), explican que las diferentes instancias de fronterización

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que eligen estudiar en su libro fueron elegidas por la intensidad de la relación dialéctica entre los dos polos, de reforzamiento y atravesamien to, en los que se constituyen las fronteras. Según los autores, esto se manifiesta como “verdaderas luchas de frontera” (p. 28). Ese juego de fuerzas es también lo que hace del cuidado sexodisidente en contexto de migración una práctica que, en resistencia a los regímenes patriarcal y necropolítico, es intensamente política. Ahora bien, ¿qué forma puede asumir esa intensión, esa lucha?

2. Aunque, de un estudio que aborda de forma interseccional cui

dados y sexualidades pueda esperarse que se use el término “cuidado queer”, yo elijo, deliberadamente, no hacerlo. Como nos confía Ahmed (2017) con honestidad intelectual, pero, también afectiva, incluso quie nes simpatizamos con ciertas palabras podemos experimentar una inseguridad personal, es decir, política, al usarlas, preguntándonos si, realmente, las habitamos o si las estamos habitando “bien”. Las perso nas cuidadoras cuyos relatos de vida componen Autobiografía con el cuidado no se identifican con lo queer o, al menos, no lo hacen en sus autobiografías y no quisiera imponerles una categoría que no emerge de sus propias formas de narrarse. Tampoco el cuidado que teorizan y practican las sexodisidencias en contexto de migración tiene en su horizonte político la abolición de las fronteras o el rechazo a la norma tividad, como se asociaría a una radicalidad queer. Podría hablar de cuidado LGBT+, pero el uso adjetival de la sigla tiende a privilegiar la identidad por sobre la relacionalidad.

Por otra parte, no quisiera atribuirme, como varón cisgénero, la capacidad de usar el sustantivo travesti como si, en primer lugar, pudiera determinar los alcances de dicha sustantivación. No sé en el cuerpo, no sé en las emociones qué es ser travesti. Si utilizo el término tampoco lo hago como adjetivo ni como descriptor de identidad, sino como prefijo político y epistémico. Este uso, que evita un anclaje en la política identitaria, sigue a Berkins, quien “entiende que las minorías marginalizadas forjan un espacio social, político y corporal que llaman travesti” (Dipietro, 2025, p. 27). En su definición modular del concepto de travesti, Wayar lo describe como un “modo de actuar y de modificar el entorno” (p. 15). Por su parte, para Dipietro “significa tanto un acto personal de autodefinición como la lucha colectiva que da cuerpo a la

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resistencia social” (p. 7). En este análisis buscó destacar la acepción de lo travesti que, sin desconocer o borrar las implicaciones materiales y afectivas del término, enfatiza su inscripción en una historia de lucha (Santana, 2019). En la introducción al seminal número de la revista TSQ: Transgender Studies Quarterly dedicado a la teoría travesti la tinoamericana, Rizki afirma que “reivindicar la identidad travesti es abrazar una forma de opacidad y fugitividad que resiste a los sistemas necropolíticos que dependen precisamente de la captura” (2019, p. 149). Además, de la política performativa, reivindico el suelo material e inventivo que señala Machuca Rose (2019).

Con todo, no busco apropiarme de una experiencia afectiva y ma terial que no me pertenece, sino honrar la posibilidad históricamente demostrada por el colectivo travesti de resistir y gozar a pesar del mundo, no gracias al mundo. Así, prefiero inventar, con complicidad crítica, un neologismo como “travestipolítica del cuidado”, con el objetivo de nom brar una forma de hacer mundo inspirada en el cuidado practicado por personas sexodisidentes, reconociendo en ellas no solo una genealogía de lucha, sino también una matriz epistemológica.

3. En su historización del activismo travesti en Argentina, Ber

kins (2013) cuenta que la circulación mediática de Keni de Michelli en los medios porteños, a principios de los años noventa, “introduce una curva en el ocultamiento que hasta entonces había de las tra vestis como sujetos” (p. 61). Esa mediatización, reconoce Berkins, si bien constituyó una de las primeras experiencias de visibilización de las demandas del colectivo travesti, se hizo sobre una imagen banal y consumible del travestismo. Pero, quiero decir que encuentro dos lecciones en ese pasaje. En primera instancia, el uso del barroco tra vesti para disputarle sentidos a la lengua normativizada: en lugar de decir “visibiliza”, Berkins opta por elaborar una imagen cargada de ornamentación y brillo lírico al decir “introduce una curva en el ocul tamiento”. Se sabe, además, que la curva, estéticamente, se inscribe en una genealogía de formas barroca. También, leo en esa elección una expresión, profundamente, significativa de mi comprensión de la travestipolítica. No la concibo como fuga —palabra que tiene una carga histórica dada por experiencias de disenso y desplazamiento, desde los regímenes explotadores del capitalismo industrial, como lo rastrea

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Mezzadra (2005) o con un enfoque menos laboralista, Papadopoulos et al (2008)— sino como curva.

Si bien la fuga sigue siendo una categoría útil para pensar el rechazo a la normatividad y la movilidad, me interesa tensionar su impulso de escape o su carga teleológica. La figura de la curva per mite hacer legibles las iniciativas políticas de las sexodisidencias, como aquellas que, según Ahmed (2006), desafían la rectitud como expectativa normativa, sexual y social. Esa rectitud remite tanto a la condición sexual como a la condición migratoria, que desde Cantú (2009) entendemos como co-constituyentes. Además, la curva como figura también hace posible reivindicar una forma situada de análi sis. Se sabe que, como en la matemática, la geometría diferencial o la física, las curvas nunca se dan en el vacío: requieren coordenadas, superficies, fuerzas.

Lo que grafica esta figura no son deserciones totales ni trayectos lineales con destino, sino desvíos tácticos. La curva, como forma de agencia disidente, es el movimiento característico de la travestipolítica. Permite pensar la subjetividad en el contexto de migración que hace posible sentir, pensar y decidir sobre el acto de desplazamiento, como cuando migrantes, en su pulsión de incorregibilidad, avanzan, pero también se desvían, retroceden, esperan y vuelven a avanzar, con el objetivo de resistir a las formas de control fronterizo, tanto en los límites geopolíticos del estado nación como —a causa de la externalización de fronteras— en su interior. Un ejemplo de esto es la columna sexodisi dente de la caravana de 2018 que, ante la homolesbotransfobia, para autocuidarse se escindió del grupo mayor, llegando primero a la ciudad fronteriza de Tijuana.

4. La travestipolítica del cuidado, como forma de trabajo mate

rial-afectivo, la practican sujetos minoritizados, desde la convicción o la intuición, de que nadie es independiente. A partir del reconocimiento situado de una necesidad que no puede ser atendida dentro del régimen ciudadano de pertenencia, esta práctica puede emerger como insurgen cia. Se trata de una forma de agencia que se despliega, políticamente, sin victimizarse, pero entendiendo que la victimización puede ser una estrategia política también legítima. Cuando el despojo del estado, el capital y la familia heteronormada deja sin contención a quienes ya

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han sido excluidxs, se curva el desamparo en el refugio interseccional de la nostredad.

La travestipolítica del cuidado no, necesariamente, busca abolir las instituciones matrices del cuidado, sino que busca una mayor libertad, no tanto individual como colectiva, transando, negociando y acomo dándose con ellas. La libertad otorga un margen para no relacionarse con esas instituciones, para relacionarse con ellas con un mayor grado de autonomía o para relacionarse de formas otras. A ese conjunto de prácticas de resistencia y goce que son posibles transando, negociando y acomodándose con el estado, el capital y la familia heteronormada lo llamo travestipolítica del cuidado. Llamarlo así es reconocer en ella un horizonte queer— en términos muñozianos— que no renuncia a la liberación, pero que, al mismo tiempo, afirma una estrategia encarnada y situada en lo posible a pesar de: el despojo, el desamparo. Aceptar dormir bajo las escaleras no es, claro está, un acto emanci patorio; sin embargo, le permitió a Barrales ganar autonomía para evitar dormir en la calle. Interpretar esa aceptación desde la perspectiva de la travestipolítica permite reconocerle agenciamiento en su decisión. Acomodarse en la institución heteronormada del albergue para mi grantes fue, en su biografía, una de las curvas que definen esta forma de hacer política.

5. La experiencia de dormir debajo de una escalera en el alber

gue para migrantes Ejército de Salvación no constituye, únicamente, un episodio personal de exclusión, sino una condensación de múltiples violencias que operan, simultáneamente, de forma estructural, expo niendo hasta qué punto el acceso al cuidado está regulado por lógicas excluyentes. Siguiendo a Mezzadra y Neilson (2013), que proponen pensar la frontera no solo como límite geopolítico, sino como método de lectura crítica, esta escena puede entenderse como una operación de fronterización, en tanto pone en funcionamiento mecanismos de in clusión diferenciada que administran sujetos y formas de circulación. Incluso dentro del mismo espacio de cuidado, por estar él mismo —di gamos— fronterizado, “la inclusión se desarrolla en continuidad con la exclusión, y no en oposición a ella” (p. 26).

Desde esta perspectiva, la violencia que enfrenta Barrales no es periférica al régimen migratorio, sino constitutiva de él. Como señala De

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Genova en diálogo con Álvarez Velasco (2017), “la cosificación y fetichiza ción de las fronteras, por tanto, puede comprenderse mejor si entendemos que fronterizar es, en efecto, un verbo, y señala procesos de producción de frontera.” Frente a esa producción permanente de la frontera —como jerarquización y como exclusión—, la incorregibilidad migrante, y po dríamos agregar también sexodisidente, se afirma como una potencia desestabilizadora que la interrumpe y la deshace, constantemente. El albergue se convierte entonces en un espacio de gestión diferencial de la vida, donde se decide quién accede al derecho a ser cuidadx y donde la violencia institucional no impide del todo el cuidado, pero sí lo limita bajo condicionamientos.

Cuidarse a sí, entre sí y a otrxs, ante el abandono organizado del imperio, no supone el cumplimiento de un rol, sino una insubordinación antigoniana al lugar que el sistema le asigna a quienes no deberían ser cuidadxs ni tampoco estar cuidando. Este cuidado no promete futuro ni garantiza reparación, pero reafirma la existencia, constituyendo un gesto cargado de politicidad. Así como la cuirdadanía desborda los marcos de derecho existentes, la curva es un gesto, aunque solo sea un gesto, de soberanía.

Decir travestipolítica del cuidado, entonces, no es delimitar un sujeto, sino afirmar una incorregibilidad que introduce una curva en el disciplinamiento de la ciudadanía, del neoliberalismo, de la domes ticidad heteronormada. Es, en suma, una forma de curvar la frontera. A modo de conclusión En conjunto, muestro cómo las personas LGBT+ cuidadoras de migrantes sexodisidentes despliegan prácticas de cuidado como agencia política en la frontera México–Estados Unidos.

Sostengo que es a través de la autobiografía que el cuidado se revela no como asistencia, servicio o caridad, sino como forma de rela ción. El análisis de la narrativa autobiográfica de Susana Barrales, del archivo Autobiografía con el cuidado, permite pensar la relacionalidad táctica del cuidado a partir de la figura analítica de la curva frente a instituciones como el Estado, el capital y la familia heteronormada. Ar gumento que la curva, como táctica situada, permite reconocer y valorar

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el agenciamiento de quienes se cuidan a sí mismxs, entre sí y a otrxs. Propongo el nombre de travestipolítica del cuidado para denominar esta política del cuidado practicada por sujetos minoritizados que no necesariamente buscan abolir las instituciones matrices del cuidado imperial, sino que persiguen una mayor libertad, no tanto individual como colectiva, para relacionarse con ellas transando, negociando y aco modándose. La travestipolítica del cuidado no renuncia a la liberación, pero al mismo tiempo afirma —a través de la curva— una estrategia encarnada y situada en lo posible a pesar del despojo y el desamparo. Esto reubica la dimensión relacional del cuidado y habilita su consideración como práctica política. Dentro de estos alcances, abre la posibilidad de continuar explorando las formas en que el cuidado se despliega en el contexto de la migración LGBT+, espacializándose en los albergues, lo que los constituye como espacios relacionales. Referencias Ahmed, S. (2006). Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke University Press.

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Crisis humanitaria y Crisis humanitaria y movilidad forzada en el movilidad forzada en el corredor Medellín-Urabá: corredor Medellín-Urabá: un análisis desde un análisis desde las políticas de contención las políticas de contención y la industria del cuidado y la industria del cuidado Crisis humanitaria y Crisis humanitaria y movilidad forzada en el movilidad forzada en el corredor Medellín-Urabá: corredor Medellín-Urabá: un análisis desde un análisis desde las políticas de contención las políticas de contención y la industria del cuidado y la industria del cuidado Humanitarian Crisis and Forced Mobility in Humanitarian Crisis and Forced Mobility in the Medellín-Urabá Corridor: An Analysis from the Medellín-Urabá Corridor: An Analysis from Containment Policies and the Care Industry Containment Policies and the Care Industry César Alejandro Cardona Duque Uniminuto, Colombia Mariana Mira Sarmiento Uniminuto, Colombia Lehyton Rodrigo Arenas Suaterna Uniminuto, Colombia

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Resumen Este capítulo caracteriza la respuesta a la crisis huma nitaria por migración en el corredor Medellín-Urabá (Antioquia, Colombia), centrándose en las políticas de contención migra toria y el rol de la “industria del cuidado”. A partir de datos cualitativos recabados entre 2024 y 2025, se analizan las vul neraciones de derechos humanos, estrategias de resistencia de las poblaciones migrantes y la articulación de actores estatales y no estatales en la gestión del proceso de movilidad humana. Los resultados evidencian la externalización de la frontera materializada en la incertidumbre para migrantes, población local y organizaciones humanitarias como efecto de la supre sión de USAID por el presidente Trump. Como consecuencia, se han registrado dos efectos simultáneos: a) la rápida retirada de actores humanitarios vinculados a la industria internacional del cuidado y b) la articulación de redes de solidaridad como expresión de la capacidad de agencia por parte de los migrantes en un contexto de crisis.

Palabras clave: Migración, externalización de la frontera, industria del cuidado, redes de solidaridad migrante.

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Abstract This chapter characterizes the response to the humanitarian crisis caused by migration in the Medellín-Urabá corridor (Antioquia, Colombia), focusing on migration containment policies and the role of the “care industry.” Using qualitative data collected between 2024 and 2025, it analyzes human rights violations, migrant populations’ resistance strategies, and the coordination of state and non-state actors in managing the human mobility process. The results reveal the externalization of the border, materialized in uncertainty for migrants, the local population, and humanitarian organizations as a result of President Trump’s elimination of USAID. As a consequence, two simultaneous effects have been recorded: a) the rapid withdrawal of humanitarian actors linked to the international care industry and

b) the formation of solidarity networks as an expression of migrants’

agency in a crisis context.

Keywords: Migration, Border externalization, Care industry, Migrant solidarity networks.

1. Introducción y planteamiento del problema

A partir del año 2019 surgieron reportes en la prensa colombiana sobre el tránsito de personas con diversas nacionalidades a través del interior del país, con especial énfasis en el departamento de Antio quia, su capital Medellín y los municipios ubicados en la subregión de Urabá (Londoño Ortiz, 2019). Esta zona incluye parte del Tapón del Darién y, por lo tanto, es limítrofe con Panamá. Con el advenimiento de la pandemia en el año 2020 se generó un súbito incremento de migrantes varados en las playas de Necoclí. Este municipio, localizado en la subregión de Urabá y punto clave para el cruce del Darién, saltó de repente a la escena global. Del año 2021 al 2024 se presentó una explosión de reportes de prensa en medios internacionales aludiendo a las dinámicas migratorias a través de dicho cruce. Allí se presentaba el tema con tintes que iban desde la conmiseración (Lajon, 2021) a la abierta alarma por la eventual llegada de ríos humanos a la frontera sur de los Estados Unidos (Mcdonnell, 2021).

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Gráfico 1 Cantidad de migrantes que cruzaron el Darién entre 2016 y el 30 de junio de 2025.

30,055

6,780

9,222

22,102

6,465

133,726

248,284

520,085

302,203

2,927

100

200

300

400

500

600

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Cantidad de migrantes que cruzaron el Darién entre 2016 y 2025 Fuente: Elaboración propia con base en la información de Migración Panamá (2025) Lo anterior es el correlato de un proceso de movilidad humana en curso desde décadas atrás que entró en fase de crisis a partir de 2019. El gráfico 1 muestra la evolución de la cantidad de migrantes registrados en el cruce fronterizo entre Colombia y Panamá por parte de la autoridad panameña entre 2016 y el 30 de junio de 2025. Esta información resulta pertinente para caracterizar el fenómeno, pues permite apreciar la evo lución desde el punto de vista de la autoridad migratoria panameña30. Adicionalmente, y con relación al fuerte descenso registrado a partir del año 2024, se ha evidenciado cómo las cifras totales de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos han incrementado en Co lombia en más de un 300% entre inicios del 2018 y finales de 2024. Allí mismo se constata cómo, a partir de 2022, la participación de Colombia representa más del 40% de la totalidad de migrantes venezolanos en Latinoamérica (Ver tabla 1).

Durante las sesiones de trabajo en campo se accedió a información no oficial según la cual la autoridad migratoria colombiana mantiene un subregistro sistemático en la frontera con Panamá al registrar como turistas a las personas con nacionalidad colombiana que cruzan el tapón del Darién.

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Tabla 1 Refugiados y migrantes de Venezuela Tiempo Colombia Total Porcentaje abr-18

648.714

1.263.631

51,3%

sept-18

1.149.133

2.856.710

40,2%

abr-19

1.232.026

3.049.897

40,4%

ago-19

1.408.055

3.530.669

39,9%

abr-20

1.825.687

4.262.253

42,8%

ago-20

1.764.883

4.275.785

41,3%

abr-21

1.742.927

4.601.288

37,9%

oct-21

1.755.351

4.878.702

36,0%

abr-22

1.842.390

5.058.755

36,4%

ago-22

2.477.588

5.828.977

42,5%

may-23

2.823.041

6.454.946

43,7%

nov-23

2.873.705

6.539.478

43,9%

may-24

2.850.178

6.598.160

43,2%

nov-24

2.808.968

6.702.332

41,9%

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma R4V, (s.f.) En este contexto, el número de refugiados venezolanos en Colom bia ha venido creciendo de manera sostenida con especial impacto en las regiones fronterizas y capitales principales. En respuesta a esto, en la ciudad de Medellín fue surgiendo a partir de 2019 un entramado de organizaciones e iniciativas que pretendieron coordinar la respuesta humanitaria y articular estrategias de gestión para un escenario nuevo que fue denominado crisis migratoria por los medios de comunicación (Cueto, 2025).

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Gráfico 2 Refugiados y migrantes de Venezuela

648.714

1.149.133

1.232.026

1.408.055

1.825.687

1.764.883

1.742.927

1.755.351

1.842.390

2.477.588

2.823.041

2.873.705

2.850.178

2.808.968

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

abr-18 ago-18 dic-18 abr-19 ago-19 dic-19 abr-20 ago-20 dic-20 abr-21 ago-21 dic-21 abr-22 ago-22 dic-22 abr-23 ago-23 dic-23 abr-24 ago-24 Refugiados y migrantes de Venezuela Colombia Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma R4V (R4V, s.f.) Por lo tanto, tomamos distancia de aquellas lecturas que insisten en denominar crisis la presencia de seres humanos en tránsito. En cambio, proponemos un abordaje más amplio del proceso de movilidad humana en curso. Es claro que entre 2022 y 2024, éste derivó en una crisis humanitaria por migración; sin embargo, el proceso de movili dad humana no ha cesado y uno de sus efectos ha sido la articulación del trayecto Medellín Urabá a un extenso corredor migratorio inter nacional (Álvarez Velasco, 2023). Así, el objetivo de este capítulo es caracterizar la respuesta a la crisis humanitaria por migración en el trayecto Medellín-Urabá del corredor migratorio sur norte, centrándose en cómo se manifiesta localmente la externalización de las fronteras de Estados Unidos y las implicaciones de la llegada de una industria del cuidado. Finalmente, se resaltan las redes de solidaridad y capacidad de agencia puestas en marcha por la población migrante a través del Tapón del Darién.

2. Metodología

Este capítulo emplea un enfoque cualitativo, combinando entre vistas semiestructuradas y mesas de discusión con actores relevantes

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provenientes de organizaciones de base comunitaria, organizaciones de ayuda humanitaria y funcionarios públicos. Con ellos se construyó una dinámica de trabajo conjunto a partir de la observación participante que permitió asistir a las sesiones del GIFMM Antioquia desde septiembre de 2024. Además, se visitó el área de Urabá en el mes de junio de 2025 donde se llevaron a cabo 7 entrevistas con actores relevantes. Este ejercicio de investigación ha sido posible a partir del relacionamiento construido con los líderes del GIFMM Antioquia, quienes permitieron esta articulación. Para el procesamiento de la información recabada en campo se empleó la técnica de análisis de contenido mediante codifi cación temática. Para ello los investigadores del proyecto propusieron categorías de análisis que fueron aplicadas al material transcrito utili zando el software QDA Miner Lite.

3. Resultados

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos -GI FMM- surgió como resultado de la iniciativa de la oficina del secretario general de Naciones Unidas para la creación de la plataforma R4V a partir de 2018 (R4V, s.f.). En este contexto el GIFMM fue la expresión colombiana de dicha plataforma que, con 11 grupos a nivel nacional, ha coordinado la respuesta de 85 socios de forma complementaria al gobierno colombiano, por lo que constituye una estructura central para la atención del proceso de movilidad en curso entre 2019 y 2024. En el GIFMM Antioquia se han identificado 24 organizaciones articuladas en este periodo. De ellas, 12 corresponden a organizaciones de ayuda humanitaria de tipo internacional; 5 corresponden a organizaciones de ayuda humanitaria del orden nacional; 3 a organizaciones públicas del nivel nacional; 2 a organizaciones derivadas de iniciativas de la iglesia católica; y 2 a organizaciones de base comunitaria (ver figura 1). Esta estructura evidencia cómo el grueso de organizaciones que integran esta plataforma proviene de lo que la literatura ha denomina do complejo industrial humanitario (Dadusc & Mudu, 2020). Por otra parte, la ausencia de entidades públicas contrasta con la presencia de dos organizaciones provenientes de la iglesia católica que evidencian el fuerte ascendiente social que conserva esta institución. Finalmente,

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la presencia de dos organizaciones de base comunitaria muestra cómo el crecimiento de la población venezolana en la ciudad ha implicado el surgimiento de nuevas formas organizativas articuladas sobre el tema migratorio.

Figura 1 Organizaciones articuladas el GIFMM Antioquia en el periodo 2019-2024 Fuente: Elaboración propia.

3.1. Externalización de fronteras y

aumento de riesgos para migrantes La externalización de la frontera se entiende como un conjunto de estrategias de control migratorio que conllevan a desplazar las fun ciones de vigilancia y control, más allá de las propias fronteras, hacía terceros países. Así, la externalización de la frontera sur de Estados Unidos implica riesgos considerables para la población migrante, ya que la aglomeración de dicha población propicia el surgimiento y fortalecimiento de grupos vinculados al narcotráfico, la explotación sexual, la trata de personas, entre otras problemáticas. Es decir, ante la presencia de migrantes en determinados pasos fronterizos, estos grupos recrean formas de operar que les permiten sostenerse en tanto estructuras ilegales. Como lo señala uno de los entrevistados, dichos actores, además de obstaculizar el tránsito migratorio espontáneo, ins trumentalizan a los migrantes de diversas maneras. Así, por ejemplo,

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en 2022 incrementa la movilidad de mujeres migrantes venezolanas con hijos a través de la selva del Darién, y con ella, también las vio lencias de género asociadas a la explotación sexual (Entrevista 2 IDE,

12 de junio de 2025)

Ahora bien, desde una perspectiva crítica del fenómeno migra torio, es posible sostener que la intensificación del control migratorio a través de la externalización de fronteras multiplica la migración irregularizada y, por consiguiente, el tráfico y la violencia social en los pasos fronterizos (Álvarez, 2016). A este escenario de violencia y control estructurales, se suman múltiples situaciones de precariedad y riesgo que enfrentan los migrantes en tránsito, como los robos a lo largo del trayecto, la pérdida de la documentación personal y diversas necesidades humanitarias que comprenden, entre otras, afectaciones psicosociales, agotamiento extremo, desnutrición y deshidratación (Grupo focal M3, 14 de mayo de 2025).

En este contexto, podrían producirse “dobles afectaciones” (Grupo focal M3, 14 de mayo de 2025), pues los migrantes a menudo experimentan situaciones de violencia y precariedad tanto en sus paí ses de origen como en el corredor Medellín-Urabá. Adicionalmente, algunos entrevistados refirieron que la imprevisibilidad en el volumen de los flujos es un elemento constitutivo de su escenario cotidiano que ellos asocian con efectos de decisiones tomadas por gobiernos de otros países. Al respecto, resulta diciente lo ocurrido con el cambio de gobierno en Estados Unidos, a inicios del 2025, que generó una rever sión del flujo migratorio, pasando de sur-norte a norte-sur. Asimismo, la supresión de la agencia de cooperación USAID supuso la retirada de un grupo significativo de organizaciones de ayuda humanitaria que hacían presencia en la ciudad de Medellín y Urabá. Ello, ante el desinterés de buena parte de la institucionalidad pública ha puesto en riesgo la oferta de servicios a la población migrante en tránsito […] la responsabilidad ha recaído solamente con la Cooperación Internacional y claro, nosotros somos organizaciones que estamos y luego no estamos. [..] Hay organizaciones que ya no están, o están por salir. En este momento no está ZOA, ZOA era una de las organizaciones que se encargaba únicamente del transporte

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humanitario, el PAO que está aquí, que es de la diócesis de Apartadó, está hasta el 30 de junio, Aldeas infantiles está próximo también a salir. Consejo Noruego tampoco está. El programa de más allá de las fronteras de World Vision. World Vision que era como nuestro aliado estratégico para todo el tema de protección infantil y reunificación familiar ya no está tampoco (Entrevista 1 CB, 12 de junio de 2025) Como consecuencia de lo anterior, se eliminaron servicios como el transporte desde Medellín hacía diversas fronteras demandado por población con interés en retornar a su país. Este servicio, ofrecido por un periodo de seis años por ZOA Internacional, operó hasta el cierre de 2024 (ZOA International, 2025). Esto nos conduce al segundo ele mento de los resultados identificados.

3.2. Industria del cuidado

El rápido surgimiento de una oferta de instituciones de ayuda humanitaria a lo largo del corredor migratorio Medellín-Urabá a par tir de 2019 no había tenido precedentes en la historia regional más reciente. Aunque Colombia ha sido receptor de misiones especiales de diversas agencias de Naciones Unidas y de la presencia de agen cias de cooperación desde inicios de la segunda mitad del siglo XX (Escobar, 2014), el grueso de sus acciones se había concentrado en la atención de la situación humanitaria derivada del conflicto armado interno. Esta situación cambió con la presencia en zonas de frontera de un amplio panorama de instituciones, de las cuales las identificadas en el GIFMM Antioquia son apenas una muestra.

Sin embargo, su rápida retirada exige una interpretación crítica de este tipo de iniciativas. En efecto, se trata de una mercantilización de la asistencia humanitaria en el sentido de que la gestión de situa ciones de crisis alrededor del mundo se aborda desde una perspectiva cortoplacista. En ella, se privilegia la obtención de resultados rápidos que permitan financiar una nueva ronda de recaudo de fondos que garantice la marcha de este sistema. Para este modelo de atención carecen de interés las alternativas de largo plazo que garanticen

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mejoras en las condiciones de vida de la población migrante. Según uno de los entrevistados la rapidez con la que un buen número de organizaciones de ayuda humanitaria ha desmantelado su presencia en territorios como Necoclí, efectivamente, evidencia una lógica de mercantilización de la asistencia humanitaria, que no solo se ma nifiesta en su dependencia de dinámicas geopolíticas y financieras de carácter global, sino también en la escasa interacción que estas organizaciones mantienen con las comunidades locales: rara vez es tablecen vínculos con las poblaciones de acogida, lo que revela una intervención focalizada en objetivos operativos bastante específicos que no contribuyen al fortalecimiento del tejido social local y que se tratan, por consiguiente, de “acciones con daño” (Entrevista 2 IDE,

12 de junio de 2025)

De acuerdo con el mismo informante, “por simple ética, si uno llega a un territorio, se debe comunicar con esa población (...) algunas organizaciones benefician a las poblaciones de acogida con algunos de sus programas, pero son muy pocos” (Entrevista 2 IDE, 12 junio de 2025). De manera complementaria, otro entrevistado expresa que las iniciativas promovidas por algunas organizaciones de ayuda humani taria, como el fomento de emprendimientos entre personas migrantes, aunque, frecuentemente, son generosas, requieren procesos de acom pañamiento y capacitación sostenidos en el tiempo. Sin embargo, estas intervenciones tienden a ser, excesivamente, puntuales, de modo que no logran mejorar de manera sustantiva las condiciones de vida de los migrantes. Como lo expresa este informante: “resulta que esas fueron acciones con daño porque lo que pretendían hacer no se hizo, no se logró, porque al parecer la visión pragmática o no, estratégica o no, era la de ofrecer transferencias monetarias para emprendimientos y ya” (Entrevista 3 DP, 11 de junio de 2025). Frente a esta volatilidad de la oferta humanitaria, se evidenciaron estrategias propias de la población migrante que ponen de relieve su capacidad de agencia.

3.3. Redes de solidaridad migrante

Como alternativa a la retirada de organizaciones de ayuda hu manitaria del corredor Medellín-Urabá, se han identificado estrategias

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de solidaridad que van desde las acciones cotidianas a iniciativas más consolidadas de organizaciones de base comunitaria establecidas y articuladas en la ciudad de Medellín. Sin embargo, al tratarse de un ejercicio de investigación en desarrollo se ha optado por no abordar en profundidad en las modalidades de la acción de más largo plazo como proyectos, planes y programas, sino que nos limitaremos a las estrategias, iniciativas y acciones que corresponde a las modalidades de la acción más inmediata (Archila Neira, 2003). En el nivel de acciones se ha identificado la conformación de gru pos de migrantes, sin ningún grado de consanguinidad, para realizar los trayectos terrestres a través del corredor, así como la participación en grupos de redes sociales como Facebook, Telegram, y WhatsApp para la divulgación e intercambio de información pertinente en los recorridos, una acción que, en su momento, recibió interés por parte de la prensa internacional (Turkewitz, 2023). Entre las iniciativas se ha identificado la conformación de organizaciones de base comunitaria como Anauco y Corpolven que, aunque conformadas por personas mi grantes con vocación de permanencia, conservan un relacionamiento constante con población migrante en tránsito. Se ha visto cómo ambas organizaciones se han articulado de manera persistente en espacios como la mesa de ayuda humanitaria del GIFMM Antioquia. Para el área de Urabá se identificaron liderazgos, mayoritaria mente femeninos, que en ocasiones han derivado en la conformación de organizaciones formales como Colvenz. Sin embargo, el grueso de las mujeres identificadas en terreno adelanta su ejercicio de liderazgo a pesar de la itinerancia en el acompañamiento por parte de las al caldías locales. En un sentido similar, la fluctuación de la presencia de organizaciones del complejo industrial humanitario ha derivado en el emprendimiento de acciones de auto organización por parte de la población migrante varada en Urabá En estos momentos, sí hay una organización de mujeres migrantes con unas líderes […] se espera que después de que cierre [el comedor comunitario] la comunidad empiece a hacer ollas comunitarias. Esa una práctica que se hacía antes de que el comedor estuviese. (Entrevista 1 CB, 12 de junio 2025).

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4. Discusión y conclusiones

Desde la academia se han formulado fuertes críticas a la com prensión del tema migratorio desde una perspectiva centrada en la securitización de las fronteras (Domenech E. , 2022). Ello debido a sus implicaciones en términos de criminalización de los flujos migratorios, cuando no se ajustan a los mecanismos establecidos por los gobiernos nacionales. Así mismo, otros autores han señalado cómo la gestión migratoria centrada en la perspectiva de la seguridad de los estados nacionales y sus fronteras riñe con un punto de vista más amplio en línea con la noción de seguridad humana (Hernández Hernández & Campos-Delgado, 2023) y (Castro, Cano, Riachi, & Barrera, 2022). Este trabajo se suma a esas voces, pero, además, llama la atención sobre la necesidad de una gestión migratoria centrada en la seguridad de las personas, en sus tránsitos a través de las fronteras independien temente de su estatus migratorio en el país de destino. Esta perspectiva se distancia de lo que ha sido documentado para la frontera sur de Es tados Unidos y norte de México como un complejo industrial fronterizo cuya gestión ha sido fruto del relacionamiento histórico entre gobiernos nacionales y otros actores que han priorizado los intereses económicos y de abastecimiento de mano de obra para algunos de sus sectores productivos (Shah, 2024).

En ese sentido, y en relación directa con el contexto que aborda este capítulo, el Pacto Global por la Migración y su vocabulario promo vido por agencias de Naciones Unidas como ACNUR, son un elemento identificado en el plano local. Sin embargo, su uso es casi exclusivo del funcionariado adscrito a dichas agencias, pero, no necesariamente, compartido por los demás actores que integran el GIFMM Antioquia. En cambio, se ha podido identificar la existencia de organizaciones e iniciativas locales que proponen abordajes de largo plazo que se alejan de lo que se ha denominado la industria del cuidado caracterizada por su efecto mercantilizador sobre la ayuda humanitaria ofertada a la po blación migrante. Organizaciones como la Fundación Juntos Se Puede, Anauco, Corpolven y Colvenz han apostado desde el año 2019 por la construcción de una agenda de trabajo centrada en una perspectiva lo cal, así como en la defensa y promoción de los derechos humanos de las

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personas migrantes con énfasis en la población venezolana (Fundación Juntos Se Puede, 2025). Se trata de iniciativas organizativas de migran tes con vocación de permanencia que han emprendido una modalidad de acción de largo plazo que les ha permitido construir una propuesta alternativa. En ella, se distancian del discurso promovido por el Pacto Global por la Migración y de la idea de securitización fronteriza. Su accionar evidencia la capacidad de agencia por parte de la población migrante para poner en marcha planes, programas y proyectos soste nidos en el tiempo que les ha permitido construir un relacionamiento con múltiples instancias en el escenario colombiano. La articulación entre actores estatales y no estatales, en el contexto analizado, se ha centrado principalmente en fortalecer la colaboración entre organizaciones de asistencia humanitaria e instituciones estatales, con el propósito de que estas últimas lleguen a liderar la gestión de los flujos migratorios de manera ordenada. Este esfuerzo ha buscado consolidar una forma de “gobernanza migratoria” (Entrevista 2 IDE, 12 de junio de 2025). Hasta 2015, Colombia carecía de una capacidad insti tucional significativa para responder al fenómeno migratorio, dado que históricamente había sido un país expulsor de población, y no receptor. En particular, el departamento de Antioquia se había caracterizado más por ser un lugar de permanencia que de tránsito migratorio; sin embar go, en los últimos años esta dinámica ha cambiado significativamente. En este nuevo escenario, la prioridad ha sido transitar hacia una gestión institucional estatal de la crisis humanitaria por migración. Esto ha implicado que diversas organizaciones no gubernamentales acom pañen o capaciten a las administraciones municipales en el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a la movilidad humana, así como fo mentar la articulación entre diferentes entidades estatales, tales como el Ministerio de la Igualdad a través de su Dirección de Migración, la Cancillería y las personerías locales. Uno de los principales obstácu los identificados en este proceso es la persistencia de una “xenofobia estructural” (Grupo focal M3, 14 de mayo de 2025), presente tanto en los discursos como en las prácticas de algunos funcionarios públicos. Frente a ello, han cobrado importancia acciones como la unifi cación de información sobre la migración, la elaboración de informes semestrales y reportes situacionales para la toma de decisiones (Grupo

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focal M2, 14 de mayo de 2025), así como la implementación de jornadas coordinadas de regularización migratoria, atención en salud, orientación y otros servicios, lideradas por Migración Colombia, en alianza con organizaciones de base comunitaria y de cooperación internacional. Asimismo, se ha buscado asesorar a las alcaldías en la incorporación del enfoque migratorio en sus planes de desarrollo municipal, con el fin de territorializar de manera más efectiva la atención a las personas en movilidad (Grupo focal M3, 14 de mayo de 2025). En este marco, se plantea que una “gobernanza migratoria” requiere de la participación no solo de las entidades estatales, sino también de la sociedad civil, la academia, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, de modo que sea posible comprender la evolución de la movilidad humana y dar respuesta a sus transformaciones de forma coordinada (Grupo focal M3, 14 de mayo de 2025). El momento actual supone un reto ante la retirada del grueso de organizaciones del complejo industrial humanitario por lo que se espera que las entidades públicas asuman un rol más activo en articulación con las organizacio nes de base de la población migrante.

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Actores locales en la Actores locales en la frontera sur de México:

frontera sur de México:

entre la contención migratoria entre la contención migratoria y la gestión humanitaria en y la gestión humanitaria en Tapachula, Chiapas Tapachula, Chiapas Actores locales en la Actores locales en la frontera sur de México:

frontera sur de México:

entre la contención migratoria entre la contención migratoria y la gestión humanitaria en y la gestión humanitaria en Tapachula, Chiapas Tapachula, Chiapas Local actors on Mexico’s southern border: Local actors on Mexico’s southern border: between migration containment and between migration containment and humanitarian aid in Tapachula, Chiapas humanitarian aid in Tapachula, Chiapas Olga María Ruiz Ballinas Universidad Autónoma de Nuevo León Yuliet Bedoya Rangel Universidad Autónoma de Nuevo León Johana Navarrete-Suárez El Colegio de México

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Resumen Este capítulo analiza el rol de los actores gubernamentales locales, específicamente, el gobierno municipal, en la implementación de políticas migratorias de contención y su articulación con la indus tria del cuidado, conformada por organismos internacionales y ONG. A través de una metodología cualitativa se exploran las percepciones institucionales, capacidades de respuesta, limitaciones operativas y la colaboración con otros actores.

El estudio busca visibilizar los efectos de estas políticas en las condiciones de vida de los migrantes, sobre todo de aquellos en espera prolongada. Se pretende contribuir al análisis del “complejo industrial fronterizo” desde una perspectiva local, evidenciando cómo las políticas de control migratorio se entrelazan con prácticas de cuidado, asistencia humanitaria y control social en un contexto de creciente vulneración de derechos humanos.

Palabras claves: Políticas migratorias de contención, actores gu bernamentales locales, capacidad de respuesta, industria del cuidado, organismos internacionales y ONG Abstract This chapter analyzes the role of local government actors, spe cifically the municipal government, in implementing containment-ori

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ented migration policies and their linage with the “care industry,” which consists of international organizations and NGOs. Through a qualitive methodology, the study explores institutional perceptions, response capabilities, operational limitations, and collaboration with other stakeholders.

The research aims to highlight the effects of these policies on the living conditions of migrants, particularly those trapped in prolonged waiting periods. It seeks to contribute to the analysis of the “border industrial complex” from a local perspective, showing how migration control policies intertwine with care practices, humanitarian aid, and social control in a context of increasing human rights violations. Keywords: Containment migration policies, local government actors, response capacity, care industry, international organizations, and NGOs.

Introducción Considerado uno de los corredores migratorios más dinámicos y transitados del continente americano, la ruta que conecta Centro américa con México es utilizada por miles de personas de diversas nacionalidades. Predominantemente, este trayecto se realiza por vía terrestre, en un contexto donde el acceso a canales de migración re gular (como visas o vuelos comerciales) es limitado para la mayoría de quienes buscan llegar a Estados Unidos. En los últimos años, esta ruta migratoria se ha caracterizado por la implementación de políticas de contención acordadas entre México y Estados Unidos para evitar el avance de flujos de poblaciones migrantes hacia este último (París, 2014; Mena & Cruz, 2021).

Este proceso ha agudizado el fenómeno de atrapamiento31 en México (Odgers, 2024; Gil Everaert, 2021) impulsando a diversos sec tores, gubernamentales y no gubernamentales, a generar mecanismos de atención y cuidado humanitario hacia las poblaciones migrantes (Pérez, Irwin, & Guzmán, 2020). Estos servicios y actores dedicados a

Se considera atrapamiento cuando los migrantes son forzados a quedarse en un lugar que no es su destino elegido durante su trayectoria, y no tienen la posibilidad de moverse, esperando en ese lugar sin tener certeza de los tiempos de espera

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la atención de personas en contexto de movilidad, es lo que se conoce como industria del cuidado; no obstante, en la adaptación a las comu nidades locales, se observa una limitación en la capacidad operativa de las autoridades (Arriola & Coraza, 2024) y una desvinculación entre los que conforman esta industria. Para la frontera sur de México, las migraciones representan desafíos importantes, en especial, en entidades como Chiapas con indicadores de pobreza por encima del promedio, bajo acceso a servicios básicos, alto rezago educativo y carencia en seguridad social (González, Zapata, & Anguiano, 2016). En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar el papel que desempeñan los actores gubernamentales locales, los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en la adminis tración y atención de las poblaciones migrantes en diversos contextos de movilidad en su paso por Chiapas. Se desarrolla una metodología cualitativa que se centra en el trabajo de campo realizado en la ciudad de Tapachula a través de la observación y aplicación de entrevistas semiestructuradas a organismos no gubernamentales y servidores públicos municipales, indagando por un lado, en las limitaciones ope rativas, percepciones institucionales y la capacidad de respuesta que tienen ante las políticas de contención y por otro, la forma en que se ha dado la vinculación del gobierno local con organismos internacionales y organismos no gubernamentales debido al aumento de los flujos mi gratorios y los procesos de espera en el territorio.

5. Metodología

Para indagar sobre los procesos que se relacionan con la industria del cuidado en Tapachula se propone el análisis de ocho entrevistas con dependencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales durante el año 2025. Las entrevistas se realizaron a personal del Ayun tamiento de Tapachula que hubiesen trabajado en los dos periodos de gobierno (2018-2021; 2021-2024), y a ONG que han brindado atención a los migrantes y que han tenido incidencia en las instituciones de gobierno municipal (Tabla 1).

El análisis se delimita a través de dos categorías: las políticas públicas ante la contención migratoria y el complejo industrial fronte

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rizo ante la gestión humanitaria. Estas permitirán abordar el contexto de la industria del cuidado que se observa en Tapachula y comprender cuáles son las acciones desarrolladas. Adicionalmente, se lleva a cabo una revisión documental para identificar las políticas migratorias lo cales en Tapachula.

Tabla 1 Entrevistas realizadas a dependencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales en Tapachula:

Tipo de organización Dependencia municipal Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal Tesorería Municipal Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo Albergue La Perla Organización no Gubernamental Organización no Gubernamental Glasswings International Granitos de Arena (UNICEF) CANACO Tapachula Fuente: Elaboración propia Resultados La presente sección examina la compleja dinámica de la “in dustria del cuidado” frente a las políticas de contención migratoria en Tapachula, Chiapas. El análisis se centrará en demostrar cómo la presión generada por los altos flujos migratorios y el “atrapamiento” de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ha provocado una satu ración sistémica de los servicios públicos esenciales, exacerbando a su vez las tensiones sociales en la comunidad receptora. A través de los testimonios de actores locales clave y la observación de las dinámicas interinstitucionales, se expondrá el papel que juegan las organizacio

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nes de la sociedad civil y los organismos internacionales para mitigar la crisis, al tiempo que se revelan las contradicciones inherentes de un sistema que busca cuidar y contener simultáneamente. Industria del cuidado ante la contención migratoria en Tapachula La conceptualización del “cuidado” ha evolucionado a lo largo de los años, actualmente podría definirse como el resultado de las accio nes que implican protección para mantener con vida algo o alguien a través la satisfacción de diversas necesidades indispensable, las cuales se cubren de diferentes formas (Alvarado, 2004). En ese sentido, la In dustria del Cuidado en contextos migratorios se refiere al conjunto de instituciones, ONG y Organismo Internacionales como un sector con financiamiento (a menudo de los mismos Estados que promueven la contención), jerarquías y lógicas que responden a políticas y directrices que administran la migración internacional en el mundo. La participa ción de ONG y OI en la política migratoria mexicana y su relación con el Estado ofrecen un lente para analizar cómo estas organizaciones que forman parte de la Industria del cuidado, influyen o son influenciadas por las políticas de contención. (Bobes, 2017).

Los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a los servi cios de calidad para quienes los reciben, por ello existe la necesidad de proteger y garantizar la Industria del cuidado en los países de tránsito y destino (Organización Internacional del Trabajo, 2025). Esta red ofrece un abanico de servicios esenciales para la protección de la dignidad y los derechos humanos de las personas en movilidad. Estos incluyen asistencia y orientación legal para solicitar la condición de refugiado o regularizar un estatus migratorio; ayuda humanitaria que comprende alimentación, agua y artículos de higiene; vivienda temporal y apoyo psicosocial para atender el trauma y el estrés del viaje. Asimismo, se busca proveer protección especializada para grupos vulnerables y promover oportunidades de integración mediante la capacitación y la educación.

No obstante, ante el aumento de las esperas y la contención de la población migrante y la falta de políticas adecuadas para su atención, la gestión se ha complicado en los últimos años. Según Duran & Massey (2003) si los movimientos migratorios son constantes y por periodos pro longados, las comunidades receptoras llegan a un punto de saturación,

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situación que se ha agudizado desde el año 2018 con la presencia de las caravanas (Torre, El estudio de las Caravanas migrantes en México, 2022). Si bien Tapachula es un territorio que experimenta distintos pro cesos de movilidad, los procesos de largas esperas y atrapamientos han propiciado la transformación de las dinámicas migratorias y poblaciona les, así, para agosto de 2023 se observaba una amplia heterogeneidad frente a los lugares de origen (Guatemala, El Salvador, Haití, Ecuador, Venezuela, Bangladesh, Brasil, Egipto, Rusia y Uzbekistán), así como en la composición etaria y étnico-racial (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2023) Los altos flujos migratorios junto con la implementación de po líticas de contención por parte de Estados Unidos y las regulaciones sanitarias producto de la pandemia del 2020 trajeron como consecuencia una sobrecarga poblacional que ha contribuido a una mayor saturación en el acceso a servicios sociales (Cepeda & Lucho, 2019). La llegada de movilizaciones como las caravanas presionaron la prestación de servicios en el municipio, desde la atención brindada en ventanillas especializadas de atención a migrantes, hasta el abastecimiento de agua potable y otros servicios públicos locales, como lo expresa personal de

CANACO:

[…] todo está muy saturado, nosotros tenemos un ayuntamiento que está diseñado y presupuestado para atender a un número limitado de personas, regidos por el INEGI, donde no llegamos ni a 400.000 habitantes Tapachula como cabecera distrital atrae municipios aledaños, súmale unos 200.000 más otros 100.000 de los migrantes, pues claro que tenemos un municipio excesivamente saturado a ser de menor calidad, basura, agua potable, alumbrado público, seguridad pública, pasaje (CANACO, 2024) La colaboración interinstitucional no evitó reacciones xenofóbi cas por parte de la comunidad receptora, ya que Tapachula mostró un rostro poco tolerante ante la presencia de los migrantes que llegaban dentro de las caravanas, a la vez que el crimen organizado aprovechó la vulnerabilidad de estas personas, atentando contra su seguridad e integridad:

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México como tal no se caracteriza con por ser un país xenófobo, sin embargo, sí empezó a tener actitudes xenófobas, situaciones de discriminación y de poca integración de las personas al mundo laboral… Las personas en movilidad se llenaban de miedo, ellos no sabían a qué podían acceder, porque las autoridades se mostraron como una autoridad que va a castigar, no como una autoridad que va a ayudar… muchos se toparon con el crimen organizado que era lo que estaba impidiendo el paso porque incluso desde Ciudad de Hidalgo, desde el Paso del Coyote que está en Suchiate, ya no, ya no podían seguir. (Glasswings Internacional, 2025). Muchos que han querido sacar papeles y al final de cuentas nada más les terminan quitando su dinero desgraciadamente… tú lo percibes y se ve, no me voy a sentar cerca de él, mucha gente no los quiere, mucha gente se ha vuelto muy xenofóbica, mucha gente lo tomó de mala manera. (Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal Tapachula, 2025).

Por otro lado, el sector salud fue uno de los más presionados y saturados. Existen varios factores que complejizan el acceso y digno e integral: en primer lugar, el estatus de irregularidad limita el ingreso a alguna clínica de salud; en segundo lugar, el estado de salud previo a la migración las personas desde su lugar de origen y; en tercer lugar, las carencias de infraestructura y presupuesto que caracterizan a la comunidad receptora. En este último punto se evidencia la falta de centralidad para abastecer instrumentos, capacitación especializada, presupuesto, infraestructura física y de personal para atender las áreas prioritarias de salud, no sólo en los tres niveles de gobierno, sino tam bién en las organizaciones civiles y privadas. Algunos entrevistados hacen evidente esta situación de saturación del servicio de salud en Tapachula:

El sistema de salud colapsó, los sistemas de protección colapsaron, no había protección a la salud, a la vivienda, había muchísimas cuestiones y la población más afectada fue la infancia…Tuvieron muchas dificultades, para ir a un médico, a un centro de salud, en primer lugar ¿dónde está tu acompañante? Son niños, niñas y

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adolescente solos, sin compañía, y luego como le explicas, mira, tu situación es esta. (Glasswings Internacional, 2025). Se implementó la ventanilla de atención a niños solos y enfermos, que pertenecen a este grupo vulnerable… los haitianos traen VIH y sífilis, el DIF de aquí es el que tiene el primer lugar en muertos a causa de SIDA, ahorita tengo 3 casos, y hay que cuidarlos, porque hay unos que solo son portadores, hay otros que tienen la enfermedad y darle atención es difícil ya que son medicamentos específicos. (DIF Región X Chiapas, 2025).

Complejo industrial fronterizo Actualmente el complejo industrial fronterizo se entiende como una industria migratoria que está integrada, no solo por la infraestructura física, tecnológica y de transporte, sino también, por la operatividad de actores públicos, privados y sociales nacionales e internacionales; es un conjunto de elementos profundamente entrela zados, que explora algunos actores secundarios y dependientes (Pérez, Irwin, & Guzmán, 2020). Lo anterior, genera beneficios en todos los asociados y en la población migrante, generando articulaciones entre el gobierno, las entidades supranacionales y las empresas (Esguerra,

2020).

En ese sentido, la gobernanza migratoria puede dar lugar a esta interconectividad, en tanto es un sistema multinivel que conecta el ámbito local, regional, nacional y global, destacando la participación de los actores no estatales y reconociendo distintas formas de agen cia y pluralidad en las formas de gobernar (Dingwerth & Patterberg, 2006). Asimismo, la gobernanza migratoria puede expresarse como el conjunto de normas jurídicas, políticas, tradiciones y estructuras organizativas (nacionales e internacionales) que fomentan el actuar de las naciones y la cooperación internacional para regular derechos y obligaciones de los Estados ante las diferentes formas de migración (Organización Internacional para las Migraciones , 2021). Los impactos de la migración han provocado que los actores locales tengan un papel más importante en la gestión migratoria buscando identificar los roles de cooperación interinstitucional, fortalecer los diálogos con todos

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los niveles de gobierno y dar respuesta ante los retos de la migración irregular con políticas migratorias incluyentes y eficientes. Como lo mencionan varias organizaciones, en ciudades receptoras como Tapachula, la coordinación multinivel de la industria fronteriza debe seguir integrando a Organismos Internacionales, las ONG, acade mia, sociedad civil e iniciativa privada, reduciendo las limitaciones de recursos propios de un solo nivel de gobierno, buscando oportunidades de inclusión educativa social y laboral para personas en contexto de movilidad Si seguimos siendo coadyuvantes del gobierno, ayudamos a vincular algunas instituciones que nos apoyen con psicología, para niños, maestras, hacer recaudaciones llevar alimentos, generarles espacios de recreación para niños y adultos. Como parte de la iniciativa privada de la frontera estamos preocupados por tratar de ser coadyuvantes para que los servicios públicos funcionen de mejor manera porque si no hay una narrativa de lo público y privado hacia lo positivo en lugar de generar un círculo virtuoso sucede lo contrario, se desequilibran los servicios, empieza el golpeteo, la gente se empieza a quejar, los habitantes empiezan a tener malestar, la comunidad esta estresada y si esta estresada no podemos vender más. (CANACO Tapachula,

2024).

Dotamos de herramientas emocionales a las personas para que puedan tener regulación emocional, porque sabemos que muchas veces no tienen acceso al sistema de salud y que cuando tienen acceso al sistema de salud, lo menos importante es eso, sin embargo, cuando las personas tienen una regulación emocional, tienen estas herramientas, pueden mantener más la calma, pueden tener menos exposiciones y poder mantener equilibrio mental. (Glasswings Internacional, 2025) En la frontera norte de México se ha amplificado una red de or ganizaciones nacionales e internacionales con y sin fines de lucro, que se encargan de dar respuesta a los flujos migratorios (Pérez, Irwin, & Guzmán, 2020). La frontera entre México y Guatemala también ha po tencializado la presencia y participación de actores locales y sociedad

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civil con la intención de atender los altos flujos migratorios y brindar oportunidades ante la aglomeración. Sumado a ello, la acción estatal se ha enfocado en el desarrollo de estrategias contención y militarización lo que ha implicado el aumento de la violencia y la desprotección hacia las personas migrantes. Esto último ha propiciado el fortalecimiento y mayor influencia de instituciones que vigilen la protección de los derechos humanos de estas poblaciones, ya que se han agudizado las narrativas alrededor de la afectación de la seguridad nacional por parte de las personas migrantes (Favila, Lara, & Lizárraga, 2025). Teniendo esto en cuenta, la tabla 2 muestra los diferentes organismos que podrían integrar este complejo industrial fronterizo en Tapachula. A partir del año 2017,32 la situación migratoria en Tapachula ha presentado constantes retos. La respuesta de las autoridades locales para otorgar cuidados adecuados a las personas migrantes ha sido complicada, los constantes desafíos en el municipio han resultado en la solicitud de apoyo a otras instancias de la sociedad civil tanto nacional como internacional.

Me tocó realizar varias visitas donde expusimos los casos en materia migratoria acá en Tapachula, lo cual, estaba desbordado, pero con la coordinación de Migración Nacional y con el DIF Nacional se lograron obtener buenos resultados... participamos en mesas intersectoriales donde se invita a los organismos internacionales como ACNUR o OIM, para trabajar en conjunto. (Tesorería Municipal Tapachula, 2025). Anteriormente se veía mucha desorganización y falta de interés por atender a las migraciones en flujo, pero actualmente realizamos mesas interinstitucionales, como que identificamos ciertos perfiles, fue una convocatoria de a ver, vamos a sentarnos a trabajar y ver que ofrece cada uno. (Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo Tapachula, 2025).

“La OIM brinda kits que incluye: barra de jabón neutro, una bote lla de shampoo, desodorante, cepillo de dientes, pasta dental, papel de

A partir del año 2017 se incrementó el flujo migratorio de la comunidad haitiana en la frontera sur del país.

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baño, gel antibacterial, toallitas húmedas, toallas femeninas, jabón en barra para ropa y tres condones” (Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal Tapachula, 2025) Las intervenciones de ONG han permitido elevar la calidad del servicio a la población migrante y aunque aun persiste la aplicación de políticas de contención, se trabaja en implementar mecanismos de protección ante la gestión humanitaria para proteger los derechos hu manos de las personas migrantes. Tabla 2 Organizaciones que integran el complejo industrial fronterizo en Tapachula Tipo de organización Organización Objetivo Derechos humanos y justicia

1. Comisión Estatal de

Derechos Humanos

2. Comisión Nacional de

Derechos Humanos

3. Instituto Federal de la

Defensoría Pública (IFDP)

4. Fiscalía especializada

en Delitos cometidos en contra de los migrantes

5. Procuraduría Regional de

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Brindar defensoría y atención a migrantes ante cualquier situación de abuso en contra de su persona, cualquiera que sea su situación de migración Organismos Internacionales

1. Centro de Atención a

Refugiados (CAR) ACNUR

2. Oficina del Programa

Integración (PIL) ACNUR

3. La Agencia de la ONU para

los Refugiados ACNUR

4. Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia, (UNICEF)

5. Organización Internacional

para las Migraciones (OIM) Brindar orientación, trámites, defensoría y atención a migrantes, cualquiera que sea su situación de migración.

Institución pública

1. Comisión Mexicana de

Ayuda a Refugiados

2. Centro de registro

3. Oficina para firmas y seguimiento

Instituciones de gobierno federal y local para

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Tipo de organización Organización Objetivo Institución pública

4. Oficina de Regularización

Migratoria del (INM)

5. Centro de Capacitación

para el Trabajo Industrial Núm. 86 (CECATI 86)

6. Delegación federal de la Secretaría

de Relaciones Exteriores

7. Dirección de Relaciones

Internacionales y Desarrollo Transfronterizo apoyar en la tramitología de los migrantes, ya sea regularización, refugio y condiciones laborales.

Organizaciones no Gubernamentales

1. Una mano amiga en la

lucha contra el Sida

2. Médicos del mundo

3. Comité Internacional

de Rescate (IRC)

4. Save the children

5. Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

6. Iniciativas de Derechos

Humanos Fray Matías

7. Médicos sin Fronteras (MSF)

8. Brigada Callejera

Organizaciones de la sociedad civil que pretenden brindar apoyo a migrantes en situación de vulnerabilidad.

Salud pública

1. Cruz roja mexicana

2. Hospital general de Tapachula

3. Centros ambulatorios de

Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS)

4. Distrito de salud VII Tapachula

5. 8 centros de salud

Brindar servicios de salud a cualquier migrante, sea cual sea su condición.

Fuente: Elaboración propia basada en trabajo de campo en Tapachula y en apoyo de las oficinas de ACNUR Tapachula Contención migratoria ante la gestión humanitaria La contención migratoria en la frontera sur de México ha incre mentado las demandas de diversos sectores económicos municipales, desde cuestiones de salud y empleo, hasta la calidad de vida ofertada para la comunidad receptora. Analizando la situación de los constantes flujos migratorios se puede deducir que la contención en Tapachula ha tenido una fuerte influencia en relación a tres factores: en primer

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lugar, la política exterior con Estados Unidos33 (Calva & Torre, 2020); en segundo lugar, el confinamiento que se vivió en las fronteras de Mé xico debido a la crisis del COVID-19 (Vázquez, 2023) implementando políticas restrictivas que generaron un atrapamiento34 en la población migrante; y por último, las limitaciones institucionales locales, como la falta de una capacitación especializada, falta de recursos federales estatales y locales y de políticas migratorias insuficientes. Durante el trabajo de campo realizado en Tapachula se pudo percibir la voluntad de las ONG para trabajar con el gobierno receptor desarrollando alternativas para brindar mejores condiciones laborales y económicas a los migrantes. Los gobiernos locales buscan participar en la agenda global y estar a la altura de las demandas y necesidades de objetivos internacionales, pero en el ejercicio del cumplimiento, y en materia migratoria, la organización y administración de los recursos públicos es diferente, en especial al presentar cambios en las dinámicas migratorias, destinos y perfiles poblaciones que ha atravesado Tapachula en los últimos años (Espinal, 2025).

La cercanía que tiene Tapachula con la frontera con Guatemala facilita el tránsito de los migrantes, por lo cual, la implementación de políticas migratorias locales es importante, para evitar limitaciones en la distribución del gasto público para atender problemáticas de índole social. La tabla 3 muestra las políticas migratorias de dos periodos municipales, 2018-2021 y 2021-2024. En los dos periodos se muestran la falta de asignación a las dependencias locales para dar seguimiento a las políticas migratorias locales, sin una autoridad que coadyuve al cumplimiento de estas políticas es difícil alcanzar los objetivos. En el periodo 2018-2021 se observa el interés por actualizar y vincular el marco jurídico migratorio a un nivel local y contar con el presupuesto adecuado para dar atención a la población migrante. Para el periodo 2021-2024 se buscaba capacitar al personal para tener las habilidades para atender a esta población.

Acciones del gobierno de Donald Trump contra México como la imposición de aranceles sino frenaba la migración

Refiriéndose a una inmovilidad debido a la contingencia, impidiendo su continuidad en su ruta migrante

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Tabla 3 Políticas migratorias locales de Tapachula de los periodos 2018-2021 y 2024 Política migratoria local Estrategias/ Programas Área responsable Coordinación interinstitucional para la atención de migrantes”

2018-2021

Contar con presupuesto para la atención de migrantes; Contar con un marco normativo municipal para atención a migrantes; Coordinación en materia de prevención y atención a migrantes No asignada en el

PDM 2018-2021

Mejora en el proceso de atención al fenómeno migratorio

2021-2024

Accionar adecuado en la atención a la población migrante; Contar con personal capacitado para mejorar la atención a migrantes; Fomentar la cultura y aceptación del fenómeno migratorio No asignada en el

PDM 2021-2024

Fuente: Elaboración propia, basada en información de los Planes de Desarrollo Municipal de Tapachula periodo 2018-2021 y 2021-2024 Como han mencionado los entrevistados, anteriormente, el acer camiento a organismos internacionales y a organizaciones no guber namentales permitieron que los servidores públicos se abastecieran de herramientas para brindar atención de calidad a las personas en contextos de movilidad.

Conclusiones La crisis humanitaria en Tapachula es el resultado directo del conflicto entre las políticas de contención migratoria y las urgentes necesidades de gestión humanitaria. Esta situación se ve agravada por la influencia de la política exterior estadounidense, las restricciones post-pandemia y, de manera determinante, las limitaciones institu cionales del Estado mexicano a nivel local. La falta de asignación de recursos y autoridad en los Planes de Desarrollo Municipal deja las po

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líticas migratorias sin capacidad real de ejecución, creando una brecha insalvable entre los objetivos declarados y la realidad local. Este antagonismo entre políticas tiene consecuencias devasta doras a nivel local, donde la “industria del cuidado” opera bajo una presión extrema que evidencia una saturación de los servicios públi cos. La sobrecarga poblacional ha rebasado la capacidad de respuesta de infraestructuras diseñadas para una población mucho menor. Este desbordamiento fomenta un ambiente de escasez y tensión que ali menta, directamente, las reacciones xenófobas y la discriminación, demostrando que el fracaso en la gestión migratoria federal se traduce en una crisis local.

Frente a este escenario, ha surgido un “complejo industrial fron terizo” que funciona como una red de gobernanza multinivel, nacida más por necesidad que por diseño. Actores no estatales —como ONG, organismos internacionales y la iniciativa privada— han asumido roles protagónicos, creando una interdependencia para gestionar la crisis. Sin embargo, este mecanismo de respuesta humanitaria opera dentro de una paradoja fundamental: mientras busca proteger los derechos humanos, lo hace en un entorno definido por la contención y milita rización del propio Estado, pudiendo mitigar el sufrimiento, pero sin alterar las causas estructurales de la vulnerabilidad. En México, la falta de una política pública integradora para las personas en movilidad ha puesto en evidencia la falta de atención y seguimiento, la profundización de sensaciones xenofóbicas, de crimi nalización, aumento de detenciones o deportaciones, incluso la muerte (Sandoval & Montoya, 2016). Para llegar a una gobernanza migratoria local, el municipio de Tapachula presenta muchos desafíos, entre los cuales se pueden destacar:

• Un ordenamiento de los entes que brindan servicio a los migrantes, para la identificación, ubicación y tipo de servicio ofertado, con el objetivo de evitar la contaminación de vicios, sobornos y abusos, sobre todo proteger la integridad del migrante ante el crimen organizados • Sin un respaldo federal, prevalece la limitación de capacidades y competencias jurídicas municipales para dar atención a los

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migrantes, es necesario que el gobierno federal enfatice la línea de compromisos en el nivel municipal, es decir, los municipios fronterizos deben de ser atendidos de una manera más integral, donde se considere la opinión de la comunidad receptora, academia, el comercio, las comunidades migrantes y que permitan una participación más abierta, transparente y participativa • La buena relación con las ONG debe de fortalecerse a través de estímulos que beneficien a todos los actores, y que permitan la buena gobernabilidad y gobernanza migratorias en los municipios fronterizos, es necesario desarrollar estrategias que permitan la inserción laboral, educativa y cultural dentro de la comunidad receptora, trabajando en conjunto con la comunidad para disminuir los altos niveles de xenofobia y discriminación que se presentado en los últimos años en esta franja fronteriza del sur de México. Bibliografía Alvarado, G. A. (2004). La ética del cuidado. Revista Aquichan, 4, 30-39. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v4n1/v4n1a05.pdf Arriola, V. L., & Coraza, d. l. (2024). Condición liminal de migrantes en Tapachula, Chiapas, México pre y postpandemia de COVID-19, 2019-2022. Estudios Transfronterizos, 24-31. doi:https://doi. org/10.61303/07190948.v24i.1146 Bobes, V. C. (2017). ONG de migración como actores de un campo de acción solidaria. Migración y desarrollo, 15(28), 125-146. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/pdf/myd/v15n28/1870- 7599-myd-15-28-125.pdf Calva, S. L., & Torre, C. E. (2020). Cambios y continuidades en la política migratoria durante el primer año del gobierno de López Obrador. Norteamérica, 157-181. doi:http://dx.doi.org/10.22201/ cisan.24487228e.2020.2.415 CANACO, T. (27 de Marzo de 2024). Entrevista sobre percepción de los empresarios respecto a las caravanas migrantes. (O. M. Ballinas, Entrevistador) Cepeda, R. F., & Lucho, G. G. (2019). Migrantes, refugiados y derechos humanos Tomo II. Tirant lo blanch.

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Movilidades Movilidades Irregularizadas Irregularizadas y Precarizadas y Precarizadas Movilidades Movilidades Irregularizadas Irregularizadas y Precarizadas y Precarizadas

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México: de la producción México: de la producción del control de migraciones del control de migraciones forzadas en contextos de forzadas en contextos de violencia a la reconfiguración violencia a la reconfiguración de las agencias sociales de de las agencias sociales de poblaciones migrantes poblaciones migrantes México: de la producción México: de la producción del control de migraciones del control de migraciones forzadas en contextos de forzadas en contextos de violencia a la reconfiguración violencia a la reconfiguración de las agencias sociales de de las agencias sociales de poblaciones migrantes poblaciones migrantes Mexico: From the production of Mexico: From the production of forced migration control in contexts of forced migration control in contexts of violence to the reconfiguration of the violence to the reconfiguration of the social agencies of migrant populations social agencies of migrant populations Guillermo Castillo Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

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Resumen México tiene un papel estratégico en el corredor migratorio más importante del mundo y, desde hace años, no solo es un país expulsor de migrantes, sino también el paso obligado de migraciones irregulari zadas que, desde el sur y vía terrestre, quieren llegar a Estados Unidos. En el contexto de inicios de la presente década, este capítulo, con base en la revisión de informes de derechos humanos sobre migrantes y la consulta de fuentes de datos estadísticos oficiales relativos a la política migratoria, argumenta que México se ha configurado como un territorio de tránsito y de fuertes dinámicas de contención estatal migratoria, con énfasis hacia ciertas poblaciones extranjeras y, que, frecuentemente, implican procesos de violencia provocados por diversos actores sociales e instituciones. No obstante, este trabajo también muestra que México (en especial sus fronteras) han fungido como lugares de espera y reticulación de proyectos migratorios de poblaciones extranjeras irregularizadas. Palabras clave: Migración, país de tránsito, territorio, migrantes, violencia.

Abstract Mexico plays a strategic role in the world’s most important mi gration corridor. For years, it has not only been a migrant-expelling

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country, but also an obligatory transit point for irregularized migra tions from the south and overland seeking to reach the United States. In the context of the beginning of this decade, this chapter, based on a review of human rights reports on migrants and official statistical data sources related to migration policy, argues that Mexico has be come a transit territory and has experienced strong dynamics of state migration control, with an emphasis on certain foreign populations. These dynamics frequently involve processes of violence provoked by various social actors and institutions. However, this work also shows that Mexico (especially its borders) has served as waiting and cross-linked places for migration projects involving irregular foreign populations.

Keywords: Migration, transit country, territory, migrants, violence. Introducción:

migraciones forzadas en territorios de tránsito Las migraciones forzadas internacionales, no solo muestran di mensiones sociodemográficas (en términos de las poblaciones que las componen) y espaciales (en relación con los circuitos de origen, tránsito y destino) (Hardwick, 2015), también implican la consideración de los ámbitos económicos y políticos (Hollifield y Wong, 2015) de las causas estructurales que producen los contextos de expulsión (Delgado et al.,

2009).

En el contexto contemporáneo de los flujos globales de las migra ciones irregularizadas y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población del Gobierno de México (CONAPO), los territorios que conectan Centroamérica y Norteamérica -en especial a Estados Unidos (EUA)- conforman el corredor migratorio más importante del mundo y con los mayores registros de migrantes (CONAPO, 2023); pero también y, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el CONAPO, dichos territorios son un conjun to de espacios de articulación de flujos migratorios, principalmente procedentes de Sudamérica y algunos extracontinentales que busca ban llegar a suelo estadounidense (CONAPO, 2024; ACNUR, 2024)). México, desde el siglo pasado y en tanto país de entrada hacia EUA,

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se ha configurado, históricamente, como un territorio de paso obligado para diversas poblaciones extranjeras continentales de migrantes for zados (García y Villafuerte, 2014; Anguiano y Villafuerte, 2015, Zarco, 2022); dichas poblaciones tienen deseos de llegar al norte global, con el propósito de mejorar sus precarias condiciones socio-materiales de existencia (González, 2022).

En el contexto de inicios de la presente década y, en especial, para el periodo del año 2023, este capítulo, con base en la revisión de informes de derechos humanos sobre migrantes y la consulta de fuentes de datos estadísticos oficiales relativos a la política migratoria, tiene por objetivo general argumentar que México se ha configurado como un territorio de tránsito y de fuertes dinámicas de contención estatal migratoria, con énfasis hacia ciertas poblaciones extranjeras y que, frecuentemente, implican procesos de violencia provocados por diversos actores sociales e instituciones. No obstante, este trabajo también mues tra que México (en especial sus fronteras) han fungido como lugares de espera y reticulación de proyectos migratorios de diversas poblaciones extranjeras irregularizadas.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. Después del encuadre del propósito del texto en la sección introductoria, se traza el andamiaje conceptual sobre migraciones forzadas en contextos de violencia y los procesos de agencias migrantes. Luego se describe la estrategia metodológica que se utilizó y se da cuenta de las fuentes consultadas. Con base en lo anterior, se aborda la contención migra toria, principalmente lo relativo a México como territorio de tránsito, control y violencia. En la siguiente sección se muestran algunas expe riencias de reconfiguración del tránsito de los migrantes como sujetos políticos. El texto cierra con algunas conclusiones con relación a los procesos de contención migratoria, pensando México como territorio de tránsito, control y violencia, pero también de reelaboración de pro yectos migratorios.

En este contexto, cabe señalar que el principal aporte del pre sente texto es mostrar que México, no solo es un país de tránsito para poblaciones irregularizadas, sino también un territorio de violencia hacia dichas poblaciones, pero también donde pueden desplegar sus agencias. Además, este trabajo muestra que México (y en especial sus

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fronteras) ha fungido como un conjunto de lugares de espera y reticu lación de proyectos migratorios para diversas poblaciones extranjeras irregularizadas.

Encuadre conceptual, migraciones forzadas en contextos de violencia y agencias migrantes Las migraciones que cruzan México, mayoritariamente, con destino a EUA se distinguen por su carácter forzado y su condición irregularizada, en tanto carecen de los documentos que les exigen los países de tránsito y destino. Estas migraciones son forzadas debido a dos procesos. Por un lado, porque las causas que les producen son de un carácter supraindividual y una dimensión macroestructural y pueden ser, tanto de orden económico -falta de empleo, salarios insuficientes, costo de vida, incremento de la pobreza), como de tipo sociopolítico (contextos violencia, crimen, pandillas- o también medioambiental -el impacto de fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones- (Del gado et al., 2009). Por otra parte, las migraciones también son forzadas por el hecho de que los migrantes no tienen control sobre dichas causas (Gzesh, 2008 y 2011) y está más allá de su voluntad -y capacidades- la posibilidad real de modificarlas de manera sustantiva; además, las po blaciones migrantes están expuestas a diferentes dinámicas de violencia en los países de origen, tránsito y destino.

México, en tanto país de tránsito de migraciones forzadas hacia el norte global, se ha vuelto un territorio donde determinadas poblaciones extranjeras irregularizadas se ven sujetas a diferentes procesos de con tención migratoria estatales, principalmente, detenciones y, en no pocas ocasiones, deportaciones. Además, y relacionado en buena medida con los procesos de criminalización migratoria estatal, promovidos desde el gobierno de EUA, las poblaciones extranjeras irregularizadas sufren di versas dinámicas de exclusión y violencia en varios puntos del territorio de los países de tránsito; los responsables de la violencia son diversas instituciones (gubernamentales), grupos del crimen y organizaciones delictivas (González, 2022; Ibarra, 2022; Iborra, 2022). En estos casos y para el presente texto, la violencia es entendida como el ejercicio de poder entre actores y organizaciones sociales con desiguales recursos

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y capacidades, y cuyo resultado es la agresión y daño infligido sobre algunos de los involucrados (Gregory et al., 2009). No obstante, los migrantes no son sujetos pasivos, tampoco son poblaciones inermes a merced de las circunstancias, y de los adversos contextos que enfrentan en los países de origen, tránsito y destino. Como lo ha señalado Irwin (2022 y 2024), los migrantes no son peones o meras variables en procesos macroeconómicos, dentro de explicaciones mecánicas y lineales de los procesos sociales; los migrantes tampoco son individuos inactivos e indefensos. Por el contrario, las poblaciones migrantes son personas, familias y colectivos con diferentes capacida des de agencias que, con base en diferentes criterios e informaciones, deciden migrar como una forma de mejorar sus condiciones de exis tencia y las de sus familias (Irwin, 2022). Así, y sin negar la dimensión histórica estructural de la producción de los contextos de expulsión en el sur global, las migraciones son estrategias complejas, y obedecen a diversas motivaciones de los sujetos involucrados (Irwin, 2024). Estrategia metodológica y fuentes consultadas La delimitación espacio temporal del trabajo es la siguiente. Por una parte, se tomó México como unidad de análisis espacial, en tanto país de tránsito de determinadas poblaciones migrantes irregularizadas cuyo propósito era llegar a EUA; las poblaciones más numerosas fueron algunos grupos de Centroamérica (hondureños y guatemaltecos), así como los venezolanos, ecuatorianos y haitianos (CONAPO, 2023). En lo concerniente al corte temporal, se abocó a lo acontecido en el año 2023, porque fue el primer año post pandemia y se presentó un claro repunte de poblaciones extranjeras irregularizadas en tránsito por México y con destino a EUA. Además, para dicho periodo se volvió a contar con bases de datos e informes (los años anteriores 2020-2022, hubo diversas dificultades para el levantamiento y construcción de datos derivados de los efectos de la pandemia).

En relación con las fuentes y datos para la elaboración del presente trabajo, la estrategia fue la siguiente. En lo relativo a la contención mi gratoria, se exploró una acción estatal clave: las detenciones. Mediante dichas acciones, el gobierno de México ejerció el control de poblaciones

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extranjeras irregularizadas en su territorio. Y para ello, se consultaron los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM), particularmente, en lo relativo al 2023; aunque, también, se rastreó lo acontecido en términos de detenciones para los años de la pandemia (UPM,2022, 2023 y 2024). Las detenciones aluden a eventos y no a personas. Es decir, un migrante puede ser detenido más de una vez; y, en ese sentido, las detenciones no reflejan con precisión el volumen de las migraciones forzadas irregularizadas y en tránsito por México. No obstante, las detenciones sí pueden ser un indicador indirecto de la gran magnitud de dichas migraciones.

En lo relativo a los procesos de violencia sobre las poblaciones extranjeras en tránsito irregularizado por México, se consultaron los informes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defen soras de Migrantes (REDODEM), particularmente, con relación a lo ocurrido en el primer año post pandemia (2023); pero también, se hizo una revisión de lo acontecido en años previos y durante la emergencia sanitaria (REDODEM, 2020, 2023 y 2024). Desde hace más de una dé cada la REDODEM ha venido elaborando informes anuales sobre las migraciones en tránsito por México. Dichos informes dan cuenta de las características de los migrantes, así como de las condiciones de vulne rabilidad y delitos que experimentan ciertas poblaciones extranjeras en su tránsito por territorio mexicano (REDODEM, 2020, 2023 y 2024). Y, en lo que se refiere a los procesos de reconfiguración de proyec tos migratorios y agencias migrantes, se consultó trabajos académicos y el archivo digital Humanizando la Deportación, con el fin de destacar las experiencias de algunas poblaciones migrantes. Humanizando la Deportación es un proyecto binacional/bilingüe, de carácter socio-comu nitario, cuyo propósito es la producción y almacenamiento de pequeñas narrativas audiovisuales sobre poblaciones en movimiento. Dichas na rrativas son de libre acceso y tienen como eje las acciones, experiencias y decisiones de las personas y grupos migrantes y deportados, en con textos fronterizos y de tránsito migratorio (principalmente entre México y EUA). La apuesta de Humanizando la Deportación es visibilizar las agencias, saberes, vivencias y estrategias migrantes (Irwin, 2022). Además, se hizo una revisión de bibliografía especializada en lo relativo a dos de los procesos claves que estructuran el presente traba

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jo. Por un lado, el abordaje de la relación entre migraciones forzadas, tránsitos irregularizados de poblaciones extranjeras y control migra torio en México (García y Villafuerte, 2014; Anguiano y Villafuerte, 2015; González, 2022; Iborra, 2022). Y, por otra parte, las dinámicas de agencias y estrategias migrantes en contextos de violencia y crimina lización, particularmente en el caso de la frontera norte (Irwin, 2022 y 2024; Bermúdez, 2025).

Contención migratoria:

México como territorio de tránsito, control y violencia Desde finales del siglo pasado México, no solo es un país de expulsión de migrantes (CONAPO, 2023), sino también un espacio de retorno y deportación de miles de mexicanos y, también, se ha con solidado como un Estado-nación de tránsito de diversas poblaciones migrantes con destino al norte global, principalmente, con el objetivo de llegar a EAU (ACNUR, 2024). Para inicios de la presente década, entre otros, en los países de origen más frecuentes estaban los migrantes provenientes del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) (González, 2022), pero, también, había haitianos, venezola nos, ecuatorianos y cubanos (UPM, 20223 y 2024). En este contexto, desde hace varios años y derivado de la presión y la producción de la criminalización migratoria por parte de las administraciones Trump y Biden en EUA (REDODEM, 2020), el gobierno mexicano ha endurecido su política migratoria, y se ha focalizado en la intensificación de pro cesos de contención migratoria, especialmente, de las poblaciones con intención de llegar a territorio estadounidense; incluso con el apoyo de fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional del gobierno mexicano (REDODEM, 2023 y 2024). Dichas estrategias de contención se han valido, principalmente, de las detenciones y deportaciones de estas poblaciones migrantes. Particularmente, en este texto se abordan las detenciones realizadas en México para el 2023 y, con especial énfasis, en las poblaciones de los cinco principales países. Después del primer año de pandemia, en el que hubo un drástico descenso en el acumulado nacional de detenciones con 87,379 registros

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para 2020, se dio un drástico incrementó en las cifras de los siguientes años, con 185,319 para 2021 y con más de 314,000 para 2022 (UPM,

2022 y 2023). Y, para el 2023, y, en el contexto del fin de la pandemia

de Covid19, hubo un registro elevadísimo de detenciones en México, con 563,569 eventos (UPM, 2024); y, de este acumulado nacional, más del 50% de dichos eventos correspondió a las poblaciones migrantes de sólo cinco países: Venezuela con 145,204 detenciones; después Honduras con 94,317; seguido por Guatemala con 61,524; Ecuador con 38,819; y Haití con 33,240 (UPM, 2024). Este proceso, no solo muestra un volumen masivo, sino además una clara selectividad con relación al gran monto que concentraron sólo poblaciones de cinco países; y, que, además, dichas poblaciones fueron de las más abiertamente rechazadas por las administraciones Trump y Biden de EUA.

De facto, México fue un claro territorio, no solo de tránsito y cruce hacia el norte global, sino también un drástico y efectivo dispositivo espacial de control y desarticulación de migraciones forzadas con des tino a territorio estadounidense. En los hechos, entre 2020 y 2023 hubo más de 1,140,000 detenciones de migrantes (UPM, 2021, 2022, 2023 y 2024), la mayoría de los cuales deseaban ingresar a EUA. Y, en un contexto de México como país de control de poblaciones extranjeras marcadas por la criminalización del régimen fronterizo producido desde EUA, las poblaciones migrantes experimentan diversos procesos de exclusión y violencia en su paso por el territorio mexicano. De acuerdo con la REDODEM, en 2023, su red de albergues (en el sur, centro y norte del país) tuvo un registro de 53,453 personas pertene cientes a diversas poblaciones extranjeras; y dichos migrantes fueron, principalmente, hondureños (43%), venezolanos (31%), guatemaltecos (7%), haitianos (4%), colombianos (3%), ecuatorianos (3%), salvadoreños

(3%) (REDODEM, 2024).

Además, los contextos de expulsión por los que las personas se vieron forzadas a migrar fueron principalmente por causas socioeconó micas, salarios bajos, falta de empleo, costo de vida, con más del 70% de los migrantes; seguido después de motivos de violencia, crimen organizado y pandillas (con poco más del 30%); y, posteriormente, la violencia doméstica y motivos socioambientales (REDODEM, 2024). Muy, seguramente, buena parte de estos migrantes tenía como intención

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principal llegar a EUA y México fungió como un territorio de tránsito y un paso obligado para llegar a la frontera sur estadounidense. Estas poblaciones migrantes sufrieron diversos delitos en diversos puntos del territorio (REDODEM, 2024); y una parte importante de estos hechos delictivos aconteció en entidades federativas claves de las rutas migratorias, como Chiapas (con más del 30% de los delitos cometidos), Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca y Coahuila (REDODEM, 2024). Entre los delitos más frecuentes destacaron el robo, asalto y la extorsión, siendo cerca del 70% o más de los crímenes; y, en menor medida, pero incluso mucho más graves, amenazas, lesiones, violencia sexual, e intentos de homicidio (REDODEM, 2024). Y los principales perpetradores de dichos actos fueron fuerzas policiales, autoridades migratorias, delincuencia común, crimen organizado, pandillas y particulares (REDODEM, 2024). Lo descrito por la RE DODEM para el 2023, en términos de los delitos que experimentan los migrantes y el tipo de actores sociales que los agreden es, relativa mente, semejante con lo que dicha red ha mostrado para años previos (REDODEM, 2020 y 2023).

Reconfiguración de tránsitos migratorios:

los migrantes como sujetos políticos No obstante, si bien México ha fungido como un espacio regional de control migratorio, caracterizado por procesos de exclusión y violen cia, también ha sido un territorio donde los migrantes forzados irregula rizados han podido rearticularse como sujetos, y rearmar sus proyectos migratorios y de vida (Irwin, 2024). En este sentido, Humanizando la Deportación (Irwin, 2022) ha mostrado las estrategias y agencia mi grantes, principalmente, en contextos fronterizos y de criminalización migratoria de carácter regional. Ejemplo de esto es el caso de Hernán Darío de Colombia (Darío, 2025a). Hernán ingresó a México a través del aeropuerto de Cancún, entre finales de 2019 y principios de 2020. Después se desplazó a Tijuana y de ahí a Monterrey buscando una opción laboral. En Monterrey intenta cambiar su estancia de turista a un permiso temporal laboral; en dicha ciudad inició gestiones y pagó dinero con relación al trámite migratorio (Darío, 2025a).

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En este contexto, inició la pandemia de Covid19, se detuvieron muchos procedimientos administrativos y el trámite de Hernán se com plicó; él regresó a Tijuana, donde es detenido por un tiempo breve en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) y estuvo en riesgo de deportación (Darío, 2025a). Hernán se dio cuenta que fue estafado respecto a su trámite migratorio en Monterrey. Recurrió a asesoría legal en Tijuana, para evitar ser deportado. Inició su trámite para solicitar refugio en México, pero después de unos meses, le fue negada la solicitud de refugio, con el argumento de que Colombia ya no era un país en conflicto y le indicaron que se volviera a presentar en las oficinas del INM (Darío, 2025a).

Frente a este escenario y sabiendo de los imaginarios estigma tizados sobre los colombianos entre funcionarios del INM, Hernán decidió intentar cruzar hacia San Diego (California) vía terrestre por la rumorosa y sin documentos migratorios. Pero fue detenido en la frontera México-EUA en el contexto del Covid19 y fue enviado a la estación migratoria de Regional Imperial en Calexico, California; en dicha estación estuvo casi dos meses, pero no se le hizo la entrevista de miedo creíble, ni pasó frente a un juez; no lo dejaron solicitar asilo y lo deportaron a Colombia (Darío, 2025a).

Poco tiempo después intentó regresar a México. Tomó un vuelo a Guatemala, para intentar ingresar a México; pero en el aeropuer to guatemalteco es deportado a Colombia. Todo esto representó una fuerte pérdida económica. Tiempo después y vía terrestre, a través de un recorrido de cerca de seis días por la selva del Darién (Panamá) y siguiendo por Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Hondura y Gua temala), regresó finalmente a México (Darío, 2025b). Ya en territorio mexicano, fue estafado por un agente migratorio en Chiapas, pero logró desplazarse vía terrestre hacia el norte del país y regresó a Tijuana, donde tenía redes sociales y gente que lo apoyaba. Finalmente, y con la adversidad de carecer de una situación migratoria regularizada, se estableció en Tijuana (Darío, 2025b), en donde ha trabajado en el sec tor de servicios desde hace años con relativo éxito; además ha logrado tejer una red de vínculos afectivos. La historia de Hernán muestra las agencias y estrategias de los migrantes para mejorar sus condiciones de vida, en marcos muy adversos de violentos tránsitos migratorios y

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de la incertidumbre que generan la irregularización y criminalización en los países de tránsito y destino.

Conclusiones México, entre el control, la espera y la reconfiguración de agencias migrantes Las migraciones forzadas irregularizadas y en tránsito por México han cambiado de manera drástica en muy pocos años. De las carava nas migrantes y el Programa Quédate en México, se pasó de manera vertiginosa a la pandemia del Covid19, con el cierre de fronteras en EUA y el drástico uso político del Título 42 por parte de la primera administración Trump; después, con el gobierno de Biden, se dio la modificación al Título 8 y el uso de la aplicación CBP-1. Y, ahora, es tamos en la etapa Trump 2.0, que ha traído profundos cambios en los procesos migratorios, así como una intensificación de los discursos de odio y las acciones estatales criminalizantes, muy, frecuentemente, fuera del marco de la ley.

Particularmente, para el periodo abordado (2023) y, de acuerdo con lo mostrado en el texto, es posible pensar en México como un complejo y polifacético territorio cargado de dinámicas de tensas, contradicto rias y de mutua determinación entre severas prácticas de contención migratoria estatales, procesos de violencia, provocados por diferentes actores e instituciones y las diferentes formas de agencias migrantes, en la reelaboración de proyectos migratorios de poblaciones extranje ras irregularizadas, como el caso de Hernán. Este texto se encuadra en la literatura que aborda las relaciones entre migraciones forzadas y agencias migrantes en contextos de tránsito, marcados por la violencia. (Anguiano y Villafuerte, 2015; Castillo, 2022; Irwin, 2024). En este escenario, este trabajo muestra que México, en tanto territorio de paso obligado, fue un espacio de tránsito y cruce hacia EUA, pero, también, un eficaz y violento dispositivo territorial de contención y desarticulación de migraciones forzadas con destino a EUA; entre 2020 y 2023 y de acuerdo con datos de la UPM (2021, 2022,

2023 y 2024), en México las autoridades migratorias realizaron más

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de un millón de detenciones. Y, dentro de los migrantes más deteni dos, se encontraban aquellas poblaciones de países con claros deseos de ingresar a EUA, como venezolanos, hondureños, guatemaltecos, haitianos, entre otros.

Además, este texto señala que, en marcos de criminalización re gional migratoria en regímenes fronterizos producidos desde el norte global (EUA) (REDODEM, 2024), los países de tránsito (como México) se comportan en ciertos lugares de su territorio como espacios de vio lencia hacia las poblaciones extranjeras irregularizadas. Pero, también, da cuenta de la forma en que, ciertas poblaciones migrantes, intentan remontar las adversas y violentas condiciones de tránsito, mediante diferentes estrategias.

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Nuevas en México Nuevas en México New “alterities”.

Othering and discrimination against the migrant population in México José Franco Aguilar Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México Rocío Gil Martínez de Escobar Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México

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Resumen Este trabajo analiza la discriminación hacia la población mi grante en México a partir de la alterización, entendida como el proceso sociohistórico que construye a ciertos grupos como otredades. Argu mentamos que en la actualidad presenciamos la emergencia de nuevos mecanismos de alterización que posicionan a las personas migrantes como figuras centrales de la otredad contemporánea. El análisis empírico de este artículo se fundamenta en los micro datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. Su diseño dual permite, por un lado, analizar las percepciones de la población general y, por otro, profundizar en las experiencias vividas por grupos de interés particulares y de manera interseccional. Esta estructura ofrece una oportunidad única para contrastar los efectos de la alterización en la sociedad mexicana con la discriminación materia lizada desde la perspectiva de la población migrante, proveyendo así una visión integral del fenómeno.

Palabras clave: migrantes, alterización, discriminación. Abstract This paper analyzes discrimination against the migrant population in Mexico through the lens of othering, understood as the sociohistorical

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process that constructs certain groups as “others.” We argue that we are currently witnessing the emergence of new mechanisms of othering that position migrants as central figures of contemporary otherness. The empirical analysis of this article is based on microdata from the 2022 National Survey on Discrimination (ENADIS). Its dual design allows, on the one hand, to analyze the perceptions of the general po pulation and, on the other, to delve deeper into the lived experiences of particular interest groups in an intersectional manner. This structure offers a unique opportunity to contrast the effects of othering in Mexi can society with materialized discrimination from the perspective of the migrant population, thus providing a comprehensive view of the phenomenon.

Keywords: migrants, othering, discrimination.

Introducción La movilidad humana global se ha intensificado desde inicios de este siglo, impulsada por una compleja red de factores que incluyen conflictos, crisis económicas, desastres socioambientales, pobreza y violencia (Oakes, et al, 2023). Este fenómeno ha reconfigurado las dinámicas sociales en diversas latitudes, impactando de manera par ticular a los países latinoamericanos y consolidando a México no solo como una región de tránsito y retorno, sino también como un destino para miles de personas (Alonso, 2024). En este contexto de creciente diversidad, emergen tensiones sociales que reconfiguran patrones históricos de desigualdad y violencia, dando lugar a nuevas formas de discriminación.

El presente trabajo analiza la discriminación hacia la población migrante en México a partir del concepto de alterización, entendido como el proceso sociohistórico que construye a ciertos grupos como otredades. Argumentamos que, si bien en la formación nacional mexi cana la otredad se constituyó históricamente en torno a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, hoy presenciamos la emergencia de nuevos mecanismos de alterización que posicionan a las personas mi grantes como figuras centrales de esta alteridad contemporánea. Estos mecanismos se sostienen sobre estereotipos, prejuicios y estigmas que,

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a menudo, se ven exacerbados por políticas de contención migratoria y xenofobia.

Sostenemos que estos procesos no operan, únicamente, en el ámbito de las percepciones, sino que se materializan en dinámicas de discriminación que limitan el acceso a derechos, profundizan las des igualdades e incluso derivan en procesos de deshumanización. Además, proponemos que la discriminación hacia personas migrantes opera de manera interseccional, de forma tal que la experiencia migratoria está atravesada por el género, la edad, la clase y las formas en que los cuerpos son racializados y etnizados.

Para trascender el análisis teórico y documentar empíricamente estos procesos, este estudio se apoya en una metodología cuantitativa. La fuente de datos seleccionada es la Encuesta Nacional sobre Discrimina ción (ENADIS) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022) una fuente de datos amplia y actual para medir las percepciones y experiencias de discriminación en el país. El diseño de la ENADIS resulta particularmente idóneo para los objetivos de esta investigación, pues su estructura permite realizar el análisis dual propuesto: por un lado, examinar las actitudes y prejuicios de la población general que dan forma a la otredad y, por otro, cuantificar la discriminación mate rializada a través de las experiencias directas reportadas por la propia población migrante.

El análisis de la ENADIS, que se detallará más adelante, permite cuantificar las manifestaciones contemporáneas de estos procesos. No obstante, para descifrar el significado profundo de los datos, es decir, para comprender cómo las percepciones se convierten en mecanismos de discriminación, es crucial examinar primero el concepto que articula nuestro argumento: la alterización. En este sentido, la siguiente sección desarrolla el marco teórico que nos permitirá interpretar los resultados estadísticos no como cifras aisladas, sino como la expresión material de dinámicas sociales e históricas de construcción de la diferencia. Alterización: otredad y discriminación Cuando Ginés de Sepúlveda debatió con Bartolomé de las Casas en Valladolid, tomó poco más de nueve meses para que la corona espa

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ñola decidiera, en 1551, que la población racializada35 como india tenía alma y era, aunque feminizada36 y en supuesta necesidad de ayuda para acceder a la civilización, humana. La construcción de personas “indias” como bárbaras debido a factores como costumbres, idioma y religiosidad, legitimó el proceso de evangelización por medio del cual se buscó la administración y asimilación de las “otredades” inapropiadas. La población racializada como negra, por lo contrario, fue bestializada y su deshumanización justificó su explotación como mano de obra es clavizada (Ochoa, 2014). La relevancia de esta controversia radica en que se constituyó como “el primer debate racista en la historia mundial” (Grosfoguel, 2012, p. 90) y da cuenta de “la configuración de los patrones de poder y dominación que, desde entonces –y en adelante–, estructu rarían al sistema-mundo-moderno-colonial” (Ochoa, 2014, p. 14). Si en el continente americano del siglo XVI la otredad fue india y negra y si desde entonces tomaron forma los patrones de poder y domi nación, cabe preguntarse de qué manera ha cambiado la configuración de la otredad en la formación nacional mexicana y qué poblaciones ocupan ese lugar en la actualidad, ya sea por continuidad de opresiones históricas o por la apertura de nuevos espacios para otredades. Para responder a esas preguntas, es necesario enfocarse en la alterización, es decir, los procesos de marcaje que definen la otredad en contraposición con un “nosotros” imaginado y van entramando formaciones de alteridad que resultan de “complejas articulaciones entre sistemas económicos, estructuras sociales, instituciones jurídico-políticas y aparatos ideoló gicos” (Briones, 2005, p. 16), de forma tal que regulan condiciones de existencia desiguales y procesos de discriminación. La alterización se recarga en representaciones colectivas como estereotipos, prejuicios y estigmas que sirven para legitimar relaciones de dominación y explotación, pues clasifica a grupos de personas de acuerdo con la norma y construye a quienes quedan fuera como otre

Nos referimos a “la producción social de los grupos humanos en términos raciales” (Campos García, 2012, p. 186).

Por feminización entendemos el proceso por medio del cual se construye a las personas como necesitadas de perpetua y permanente tutela. A diferencia de la infantilización, que es de carácter transitorio, “la condición de las féminas es permanente, pues aun llegadas [a] la edad adulta permanecen atadas a la “protección”/dependencia del varón/adulto, ahora en su calidad de esposo” (Ochoa, 2014, p. 14).

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dades. La característica principal de los prejuicios es que subsumen los atributos distintivos personales en los de un colectivo (Rodríguez, 2023), con lo que se construyen ideas preconcebidas sobre las personas. La estereotipación implica la reducción, naturalización y fijación de la diferencia, de forma tal que reduce a las personas a ciertas caracterís ticas arbitrarias que son exageradas, simplificadas y se presentan como verdaderas e indelebles (Hall, 2010). Despliega una “estrategia de hen dimiento” que establece límites simbólicos entre lo normal-aceptable y lo anormal-inaceptable y resulta en distanciamientos que se expresan en acciones cotidianas y percepciones sobre la otredad. Como la estereoti pación, la estigmatización es un proceso relacional que hace referencia a atributos desacreditadores que construyen una otredad indeseable y confirman la “normalidad” del “nosotros” (Goffman, 2006). Es importante subrayar la dimensión afectiva y sensorial de los procesos de alterización, ya que los prejuicios, estereotipos y estigmas en gran medida se construyen por medio del miedo, el odio, el asco y el desprecio37, a la vez que los fomentan. Como argumenta Berenice Vargas, retomando a Emma León, el miedo a los Otros es una forma de inquietud metafísica, psicosomática y afectiva que asocia a esos extraños con daños potenciales (León, 2011: 219-220); supuestos daños que pueden atentar contra la vida misma y que generan una angustia compartida socialmente. (Vargas, 2023, p. 135).

La alterización es la base de las conductas de desprecio directo y sistemático que dan lugar a la discriminación: se discrimina a las otredades: “diferentes”, “anormales” que han sido construidas como indeseables y despreciables.

Retomamos la propuesta de Jesús Rodríguez para entender dis criminación como una conducta, culturalmente fundada y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la

Entendido en su sentido etimológico como “restar valor” (Vargas, 2023).

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base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades socialmente relevantes de su contexto social. (Rodríguez, 2023, p. 60).

De acuerdo con Rodríguez, podemos distinguir entre dos formas de la fenomenología de la discriminación, aquella que es directa y es relativa a actos específicos, y la que es indirecta o estructural, que es relativa a la conformación histórica de las normas, pautas e instituciones sociales que mantienen y profundizan las desventajas de determina dos grupos por medio de la naturalización de prejuicios, estereotipos y estigmas. Sin embargo, los ámbitos estructurales de la discriminación se materializan en la experiencia cotidiana y afectiva de las personas, así como esas experiencias íntimas y vividas van permeando las es tructuras sociales.

Para fines de nuestra discusión, proponemos pensar en la dis criminación como efecto de la alterización, la cual se materializa en limitación de derechos, conductas de desprecio y percepciones sobre las otredades que se sostienen en sentimientos y sentidos como el miedo y el asco. La discriminación, como efecto de la alterización, establece una distancia social –la estrategia de hendimiento a la que refiere Stuart Hall (2010)– que se despliega en el espacio, definiendo los lugares que son permisibles y aceptables o no para las poblaciones alterizadas, por ejemplo, la vivienda o los sitios de trabajo, como se verá más adelante a través de las respuestas de la ENADIS.

Alterización y xenofobia en México Si retornamos a la pregunta sobre los procesos históricos de al terización en la formación nacional mexicana es necesario partir de la idea de que la construcción nacional reconfiguró los mecanismos de alterización definidos en procesos como la controversia de Valladolid del siglo XVI, es decir, los patrones de dominación y explotación instau rados en el periodo colonial han continuado moldeando las relaciones de poder (Quijano 2000), aunque no de manera estática. Así, la patria

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mexicana se construyó en el periodo postrevolucionario mediante el proyecto racial del mestizaje que imaginó la mexicanidad a partir de la mezcla de los mejores atributos de la población de origen español y aquella racializada como indígena. Sin embargo, esta última debía asimilarse, es decir, ser despojada de sus formas de vida, por medio de la educación y la transformación de sus bases económicas (Gall, 2021) para llegar a la modernidad. Las poblaciones racializadas como afrodescendientes fueron invisibilizadas en el proyecto mestizo de la nación (Velázquez & Iturralde, 2012) y las poblaciones consideradas como extranjeras atravesaron procesos selectivos de puertas abiertas o cerradas dependiendo de los intereses económicos, políticos y raciales de la nación (Pérez, 2015; Yankelevich & Chenillo, 2009). Así, mientras que el gobierno mexicano invitaba, activamente, a pobladores “indus triosos” que contribuyeran al desarrollo y blanqueamiento de la nación a finales del siglo XIX y principios del XX, restringía el ingreso de población alterizada y clasificada como indeseable y ejercía violencia hacia la que residía en el país, como sucedió en 1911 con la masacre de

303 inmigrantes chinos en Torreón (Gall, 2018), por lo cual el gobierno

mexicano recientemente ha ofrecido una disculpa.

La relación histórica de la formación nacional mexicana con poblaciones migrantes desvela que, si bien la xenofobia remite al miedo y rechazo hacia las personas por procesos de extranjerización, esta no es homogénea y se vincula estrechamente con dinámicas de racializa ción y aporofobia38. Las políticas migratorias prohibieron la entrada de “razas indeseables” (Gall, 2018), pero esas políticas se articularon con imaginarios que las legitimaban, como los mitos en torno a las perso nas gitanas como secuestradoras de infantes y de costumbres bárbaras (Alvarado, 2024), mitos que les siguen distanciando de la modernidad. En el siglo XXI la movilidad humana global se ha intensificado por conflictos, crisis, desastres, pobreza y violencia, impactando a países latinoamericanos y convirtiendo a México en una región de tránsito y destino. Esto ha visibilizado que la composición de la nación se encuen tra en continua transformación y, en la actualidad, mientras algunos sectores de la población dan la bienvenida a las personas nómadas

Entendida como el miedo a las personas empobrecidas.

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digitales originarias del norte global39, enfrentamos hechos y marcajes de extrema violencia como las fosas clandestinas en que se encontra ron 72 cuerpos de personas migrantes en San Fernando Tamaulipas en 2010. Pero la deshumanización selectiva de personas migrantes no, solamente, se ve en la necropolítica40, está presente en las percepcio nes cotidianas que se difunden y retroalimentan en espacios como las redes sociodigitales.

Para el caso de la Caravana Migrante de personas africanas en 2018, por ejemplo, Berenice Vargas (2023) analiza las reacciones en redes sociodigitales que marcan el distanciamiento entre el nosotros deseable y la otredad indeseable. Esta propuesta dialoga, estrechamente, con discusiones a nivel global sobre la “amenaza migrante” que, de acuerdo con Eduardo Torre (2019), entrelaza, por lo menos, cuatro dimensiones:

1) el migrante como amenaza a la economía nacional, 2) el migrante

como amenaza a la cultura y a la identidad nacional, 3) el migrante como amenaza a la seguridad nacional y, 4) el migrante como amenaza a la salud pública. Todas estas dimensiones se hilan con el miedo y la (re) producción del odio. Como ejemplo, podemos tomar el sonado caso de Miriam Celaya, mujer hondureña bautizada en 2018 como #LadyFrijoles por haber hecho un comentario sobre la comida que estaba recibiendo la población migrante. El caso es muestra de las manifestaciones del creciente odio y misoginia hacia las personas migrantes centroameri canas y, en particular, hacia las mujeres, quienes viven una experiencia diferenciada de la migración (Pérez & Aguilar, 2021). Si bien las personas racializadas como indígenas y afrodescen dientes siguen ocupando el lugar de la alteridad mexicana, observamos que las nuevas otredades en la formación nacional mexicana del siglo XXI son aquellas personas migrantes que en el imaginario colectivo disrumpen el orden social (la civilización). Como nos muestra Yerko Castro (2019) para la ciudad de Tijuana, la población opone a perso nas haitianas frente a hondureñas, argumentando que las primeras

Otros sectores rechazan activamente a estas personas, como hemos visto con las manifes taciones en julio de 2025 contra la gentrificación en la Ciudad de México, las cuales han incorporado discursos xenófobos.

La clasificación racial de cuerpos y poblaciones desechables a las que se les hace morir, es decir, la administración de la muerte como forma de dominación (Mbembe, 2003).

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son trabajadoras, se adaptan y no tienen vicios, es decir, son buenas, mientras que las segundas son “sucias”, “delincuentes” y “dejan la comida que les dan” (como #LadyFrijoles), es decir, son malas. Estos discursos dicotómicos ilustran que “Nos transformamos frente a la migración, en lectores o decodificadores de la nación, y construimos desde ahí teorías populares de la diferencia social” (Castro, 2019, p. 33), lo cual indica que ni nación ni xenofobia son categorías estáticas, todo lo contrario, deben ser estudiadas, empíricamente. Sin embar go, lo que es común en estos discursos, que se entrelazan con los discursos del siglo XVI, es la construcción de un nosotros adecuado para la modernidad, es decir, civilizado, en oposición a la otredad con rasgos de barbarie, salvajismo, desorden y anormalidad que debe ser administrada, asimilada y separada para evitar la contaminación de la nación.

Metodología El análisis empírico de este artículo se fundamenta en los micro datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Este instrumento es una fuente de información muy completa y representativa para estudiar las percepciones, actitudes y experiencias de discriminación en el país.

La ENADIS 2022 tiene como objetivo general reconocer la magni tud de la discriminación y sus diversas manifestaciones, profundizando en el conocimiento sobre quiénes discriminan, en qué ámbitos ocurre y los factores socioculturales asociados. Su diseño conceptual se basa en una comprensión de la discriminación como un fenómeno estructu ral que se expresa en tres niveles: los elementos simbólico-culturales (actitudes y prejuicios), las prácticas y experiencias cotidianas, y sus efectos agregados en la desigualdad.

La relevancia metodológica de la ENADIS para este estudio radica en su diseño dual. Permite, por un lado, analizar las percepciones de la población general y, por otro, profundizar en las experiencias vividas por grupos de interés particulares. Esta estructura ofrece una oportuni dad única para contrastar los efectos de la alterización en la sociedad

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mexicana con la discriminación materializada desde la perspectiva de la población migrante, proveyendo así una visión integral del fenómeno. Descripción del análisis cuantitativo Para la construcción de nuestro análisis, se utilizaron dos compo nentes centrales de la ENADIS 2022, la cual tiene cobertura geográfica nacional y fue levantada mediante entrevistas cara a cara entre julio y septiembre de 2022.

• Cuestionario de Opinión y Experiencias. Este módulo se aplicó a una persona elegida de forma aleatoria de 18 años o más en cada hogar. De aquí se extrajeron las variables para medir la distancia social, los prejuicios y las actitudes de la sociedad mexicana hacia la población migrante. Para garantizar la representatividad nacional, todos los cálculos derivados de este cuestionario fueron ponderados utilizando el factor de expansión (FAC_P18), el cual se calculó como el inverso de la probabilidad de selección de cada unidad muestral, ajustado por no respuesta y calibrado a las proyecciones de población.

• Módulo de Migrantes (Cuadernillo de módulos). Este módulo se aplicó a la población de 15 años o más que nació en el extranjero o que cambió su lugar de residencia en los últimos 5 años. Este cuadernillo recaba información detallada sobre sus experiencias directas de discriminación y negación de derechos, capturadas principalmente en el Módulo 9 de la encuesta. Para asegurar que los resultados reflejen a la totalidad de la población migrante en México, los análisis se ponderaron con su factor de expansión correspondiente (FAC_MIG).

Este tratamiento metodológico fundamenta las visualizaciones que se presentan en el apartado de resultados. Para explorar los efectos de la alterización desde la perspectiva de la población general, se construyó un mapa de calor a partir del cuestionario de Opinión y Experiencias, el cual cruza indicadores de rechazo con el estrato sociodemográfico y el nivel educativo de las personas encuestadas.

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Para analizar la discriminación materializada, se procedió en dos fases utilizando los datos del Módulo de Migrantes. Primero, se elaboró un gráfico de barras ordenado para cuantificar y jerarquizar la preva lencia con la que a la población migrante le han sido negados diversos derechos en los últimos cinco años. Segundo, y para profundizar en el contexto de estas experiencias, se construyó una infografía compuesta (Gráfico 3) que sintetiza tres análisis descriptivos clave: 1) los prin cipales problemas que la población migrante percibe, 2) los ámbitos cotidianos donde reportan haber sido discriminadas en el último año, y 3) un análisis de la atribución, que muestra el porcentaje de personas migrantes que sufrieron insultos y, de ellas, qué proporción lo atribuyó directamente a su condición de migrante.

Finalmente, para abordar las experiencias interseccionales de dis criminación, se presenta un gráfico comparativo que muestra cómo la probabilidad de sufrir discriminación atribuida se incrementa si la persona también reporta haber sido discriminada por su tono de piel y según su sexo. Todas las estimaciones fueron ponderadas con sus factores de ex pansión correspondientes para garantizar su representatividad nacional. Efectos de la alterización:

Percepciones sobre personas migrantes Como se estableció en el apartado metodológico, el primer paso de nuestro análisis empírico consiste en explorar las actitudes y prejuicios de la población general que resultan de los procesos de alterización, es decir, en medir las actitudes y prejuicios que sustentan la construcción de la otredad hacia la población migrante en México. Para este fin, se construyó un mapa de calor que resume las respuestas de la población de 18 años y más a cuatro indicadores clave de rechazo y distancia social (Gráfico 1). Este gráfico cruza dichas actitudes con dos variables socio demográficas centrales: el estrato socioeconómico y el nivel educativo. La intensidad del color en cada celda representa el porcentaje de la po blación dentro de cada grupo que manifestó la actitud de rechazo, donde los tonos más oscuros (rojos) indican un mayor nivel de prejuicio. Esta herramienta visual permite, de un solo vistazo, identificar los patrones y “focos de calor” de la alterización en la estructura social mexicana.

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Gráfico 1 Mapa de calor de la alterización hacia migrantes en México Porcentaje de la población con actitudes de rechazo, por grupo sociodemográfico Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS 2022, INEGI. Resultados ponderados. El mapa revela patrones contundentes y socialmente estructu rados. El hallazgo más notable es la existencia de un claro gradiente educativo en todas las formas de rechazo. Las actitudes de desprecio son significativamente más pronunciadas entre la población con edu cación básica, donde un notable 45.8% manifestó que no le rentaría una habitación a una persona migrante, y un 36.3% no la contrataría. Estos porcentajes, los más altos de toda la matriz, disminuyen de manera sistemática a medida que aumenta el nivel educativo, alcan zando sus niveles más bajos en la población con educación superior (27.7% y 13.5%, respectivamente). Este patrón sugiere que el capital educativo es un factor fundamental que modula la aceptación y la distancia social hacia la otredad.

Un comportamiento similar, aunque con matices, se observa en la estratificación socioeconómica. Es en el estrato bajo donde se

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concentran algunos de los porcentajes más elevados de rechazo, particularmente, en los indicadores que evocan una competencia directa por recursos, como la vivienda (36.8%) o el empleo (35.5%) y forman parte de la construcción de las personas migrantes como amenaza a la economía nacional y familiar (Torre, 2019). Si bien la tendencia a la disminución en los estratos más altos no es tan lineal como en el caso de la educación, los datos confirman que las percepciones sobre la población migrante están, profundamente, ancladas en la estructura social.

Finalmente, es revelador el tipo de rechazo que predomina. La resistencia a la interacción en espacios privados e inmediatos (la vivienda y el trabajo) es, considerablemente, más alta que el apoyo a políticas, explícitamente, restrictivas, que presenta los porcentajes más bajos en casi todos los segmentos. Esto sugiere que la alterización se materializa con mayor intensidad en las decisiones cotidianas que definen quién pertenece al nosotros cercano, reflejando las maneras tangibles en que la estrategia de hendimiento se despliega en el espacio, definiendo las esfe ras permisibles y no permisibles en que las personas migrantes pueden desarrollar su vida laboral y personal. Si bien estos hallazgos revelan una correlación estadística mente fuerte entre el capital educativo y económico y una menor expresión de rechazo, es imperativo matizar su interpretación. Sería un error concluir que un mayor nivel educativo o un estrato socioeconómico más alto se traducen, automáticamente, en no discriminación. Debemos recordar que la discriminación direc ta (relativa a actos específicos) se entrelaza con la estructural, por lo que más bien debemos considerar que sus mecanismos se transforman, operando de maneras más sutiles y sofisticadas en distintos segmentos sociales. La discriminación, en lugar de desaparecer, puede, simplemente, cambiar de forma: del rechazo explícito y visceral a un paternalismo civilizatorio o a formas de exclusión legitimadas por discursos de legalidad, orden o mérito. Comprender a fondo la naturaleza de estas diferencias y transformaciones —los discursos, justificaciones y afectos que subyacen a las actitudes de cada grupo— requeriría un estudio

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de corte cualitativo que complemente la panorámica cuantitativa aquí presentada.

Si bien, el análisis de la percepción general demuestra que los prejuicios y la distancia social hacia la población migrante son fenómenos extendidos y socialmente estructurados, es cru cial examinar sus consecuencias tangibles. Para ello, debemos preguntarnos: ¿de qué manera se materializa esta alterización en la vida cotidiana de las personas migrantes? Para responder a esta interrogante, el análisis ahora cambia su foco de la población general a las experiencias directas reportadas por las personas migrantes.

La materialización de la discriminación:

experiencias vividas La evidencia más directa de la discriminación se encuentra en la negación de derechos fundamentales. El Gráfico 2 cuantifi ca y jerarquiza la prevalencia con la que a la población migrante en México le han sido negados diversos derechos en los últimos cinco años, según sus propios reportes en la ENADIS 202241. Este primer vistazo nos permite dimensionar cuáles son las barreras más frecuentes que enfrentan en su esfuerzo por acceder a una vida digna y plena.

El Gráfico 2 ofrece una panorámica contundente de esta ma terialización, jerarquizando las formas más comunes de negación de derechos reportadas por la población migrante en los últimos cinco años.

Cabe precisar que los porcentajes aquí presentados difieren de algunas cifras de divulgación del INEGI (2023). Dicha diferencia es de carácter metodológico y no de cálculo. Mientras que el INEGI, en su comunicado de resultados, reporta la pre valencia de cada tipo de agravio como un porcentaje del subuniverso de migrantes que ya han sufrido alguna negación de derechos (el 25.1% del total de la población migrante), el presente análisis opta por calcular la prevalencia de cada experiencia tomando como denominador al universo total de la población migrante. Se ha ele gido esta última aproximación por considerarla más adecuada para dimensionar la magnitud y el alcance específico de cada forma de discriminación en el conjunto de esta población, en lugar de analizar únicamente el perfil de quienes ya se reportan como personas discriminadas.

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Gráfico 2 Discriminación materializada. Negación de derechos a personas migrantes Porcentaje de la población migrante que reporta haber sufrido la negación de un derecho en los últimos 5 años Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS 2022, INEGI. Módulo de Migrantes. Los resultados no solo cuantifican la vulnerabilidad, sino que también revelan los ejes sobre los cuales se articula la discriminación. De manera notable, la discriminación opera como una barrera directa a la integración socioeconómica: las dos experiencias más frecuentes son la negación de apoyos sociales (9.1%) y de oportunidades para trabajar o conseguir un ascenso (8.5%). A estas se suma la exclusión del sistema financiero, con un 6.8% de la población migrante reportando la nega ción de un crédito o préstamo. Este primer grupo de hallazgos sugiere que la alterización se traduce en una precariedad material inducida, limitando el acceso a los recursos necesarios para la subsistencia y la movilidad social.

Inmediatamente después, aparecen las barreras en la interacción con el aparato estatal, con un 6.1% reportando la negación de atención médica y un 5.7% la de servicios de gobierno. Si bien con menor preva lencia, la discriminación también se manifiesta en ámbitos cruciales

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para el desarrollo de la vida cotidiana y futura, como la dificultad para rentar una vivienda (3.6%) y para estudiar (2.4%). En conjunto, el gráfico demuestra que la discriminación vivida por las personas migrantes se concentra en la obstrucción de oportunidades econó micas y el acceso a servicios fundamentales. Nuevamente podemos relacionar estos resultados con las propuestas de Torre (2019) sobre la idea de la población migrante como amenaza a la economía nacional en el sentido de ideas en torno al “robo” de empleos y “drenaje” de lo poco que queda de Estado de bienestar, que además se entrelaza con la idea de la población migrante como amenaza a la salud pública en el sentido de la percepción del “abuso” de los servicios de salud.

Sin embargo, esta prevalencia, si bien alarmante, no revela el contexto completo en el que operan estas exclusiones. Para pro fundizar en la naturaleza de la experiencia migratoria, es necesario responder a preguntas más específicas: ¿Cuáles son los problemas que la propia población migrante identifica como prioritarios? ¿En qué ámbitos cotidianos se manifiestan con mayor frecuencia estas barreras? Y, de manera crucial, ¿cómo se articula la experiencia de una agresión directa con la conciencia de vivir discriminación por la condición de migrante?

Situaciones y ámbitos de la discriminación Para abordar estas interrogantes, la siguiente infografía (Gráfico 3) condensa tres análisis descriptivos clave. A través de una narrativa visual, la figura desglosa, en primer lugar, los princi pales problemas que las personas migrantes perciben; en segundo lugar, los ámbitos donde reportan haber sido discriminadas con mayor frecuencia durante el último año; y, finalmente, presenta el análisis pilar de este estudio, cuantificando la relación entre haber sufrido una agresión directa –como insultos o burlas– y el acto de atribuir dicha experiencia a su condición migratoria. Esta visualización compuesta nos permite, por tanto, ir más allá de la prevalencia para explorar el contexto, el lugar y la conciencia de la discriminación.

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Gráfico 3 La experiencia de la discriminación migrante en México: problemas, ámbitos y atribución Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS 2022, INEGI. Módulo de Migrantes. Todos los calculos son ponderados.

La infografía condensa los hallazgos clave sobre la experiencia de la población migrante. Su estructura tripartita nos permite transitar desde los problemas más amplios que este grupo percibe, hacia los espacios concretos donde la discriminación se manifiesta, culminando en el análisis de la atribución, que constituye el pilar de este estudio. El primer panel revela que el principal problema percibido por la población migrante es de carácter económico y laboral. Un contun dente 44% identifica la falta de empleo como su principal desafío, una cifra que supera con creces a la percepción de falta de recursos (16.1%) y a la discriminación (13.2%) como problemas aislados. Este hallazgo es fundamental, pues sugiere que la vulnerabilidad de la población migrante es percibida primeramente a través de su exclusión del mercado laboral, un ámbito clave para la integración y la autonomía. Si bien la cifra que reporta falta de respeto a costumbres es menor (6%), es ilustrativa de las ideas en torno a la población migrante como amenaza a la cultura y a la identidad nacional. Asimismo, el 6.2% que reporta abuso de autoridades, sumado con el 3.1% que identifica la policía y fiscalía como ámbito de discriminación nos habla de la idea de la población migrante como amenaza a la seguridad nacional (Torre, 2019).

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El segundo panel aterriza estas percepciones en los ámbitos cotidia nos donde la discriminación fue experimentada en el último año. Resulta notable que los espacios de mayor frecuencia no son, necesariamente, los institucionales, sino los más cercanos e inmediatos: la familia (5.7%) y el trabajo o la escuela (5.7%), seguidos de cerca por la calle o el transporte público (5.3%). Esto indica que, si bien la discriminación estructural opera a través de instituciones, su manifestación más sentida ocurre en las interacciones diarias, en los espacios de socialización primarios y en la vida pública en que se despliegan las estrategias de hendimiento de formas más sutiles, atravesando los sentidos y los afectos. Habría que evaluar etnográficamente sobre la forma en que la discriminación en el ámbito familiar está atravesada por el género, por ejemplo, debido a percibidos incumplimientos del rol masculino como proveedor. Finalmente, el tercer panel presenta el hallazgo más revelador de este análisis. Del total de la población migrante, un 15.6% reportó haber sufrido una agresión verbal directa (insultos o burlas) en los últimos cinco años. De manera crucial, al indagar sobre la causa, un 27.5% de este subgrupo atribuyó, claramente, la agresión a su condición de mi grante. Este dato es la evidencia empírica de cómo las experiencias de discriminación no son eventos ambiguos, sino que son conscientemente decodificadas por quienes las padecen como actos de discriminación, directamente, vinculados a su identidad “otra”, cerrando así el ciclo que va de la alterización a la discriminación materializada. Esta visualización compuesta nos permite, por tanto, ir más allá de la prevalencia para explorar el contexto, el lugar y la conciencia de la discriminación. El análisis demuestra que la experiencia migrato ria está marcada por el desprecio y rechazo en ámbitos clave y que las propias personas migrantes identifican la discriminación como un problema central. Sin embargo, hemos aprendido de los debates femi nistas que las experiencias de discriminación no son homogéneas, más bien la intersección de diversos ejes de opresión genera experiencias situadas de violencia y desigualdad. Para comprender la experiencia migrante desde la interseccionalidad, es necesario aislar los factores que potencian esta vulnerabilidad, por lo que en la siguiente sección nos ocupamos de analizar las experiencias racializadas y generizadas de las personas migrantes.

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Experiencias interseccionales de discriminación Atendiendo a la pregunta sobre las experiencias interseccionales de la discriminación, el Gráfico 4 nos permite examinar el racismo co lorista42 por medio de la discriminación por tono de piel y cómo este se experimenta de manera diferenciada por sexo. Específicamente, compa ra el porcentaje de hombres y mujeres migrantes que sufrieron insultos y los atribuyeron a su condición migratoria, dividiendo a la población entre quienes reportaron y quienes no reportaron haber experimentado discriminación por su tono de piel en el último año. Gráfico 4 Efecto interseccional de género y tono de piel en la discriminación atribuida Porcentaje de migrantes que sufrieron insultos por su condición migratoria, según género y experiencia de discriminación por tono de piel Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS 2022, INEGI. Módulo de Migrantes.

El racismo opera a través de procesos culturales y de deshumanización, por lo que no puede reducirse, únicamente, al color de piel o rasgos fenotípicos, sin embargo, la información de la ENADIS nos obliga a acotar la discusión al colorismo que se enfoca, exclusivamente, en la tonalidad de piel.

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El Gráfico 4 revela con claridad la potencia del enfoque intersec cional. En primer lugar, confirma el contundente efecto del racismo colorista para ambos sexos: la probabilidad de sufrir una agresión verbal y atribuirla a la condición de migrante se dispara cuando la persona ya ha sido discriminada por su tono de piel.

Sin embargo, el hallazgo más significativo reside en la diferencia de este impacto. Entre quienes no reportaron discriminación por su tono de piel, la brecha es mínima: un 3.1% de las mujeres y un 3.9% de los hombres reportaron la discriminación atribuida. En contraste, entre quienes sí han vivido discriminación por su piel, la vulnerabilidad de las mujeres se magnifica de forma desproporcionada: el porcentaje para los hombres aumenta a 18%, mientras que para las mujeres se dispara hasta el 24.2%. Dicho de otra forma, mientras que para los hombres migrantes el riesgo de sufrir esta agresión se multiplica por casi cinco, para las mujeres migrantes se multiplica por casi ocho. Este dato demuestra que la discriminación no es una simple suma de desventajas, sino una multiplicación de vulnerabilidades en la que el género y el racismo se refuerzan mutuamente. Debemos además consi derar que, de acuerdo con los datos referentes a la discriminación en el ámbito laboral y de acceso a servicios, estamos frente a experiencias de marginalización que suman el componente de clase (que se refuerza con el género y el racismo) a la experiencia de la discriminación. La cate goría “migrante” no es una experiencia homogénea; se vive de manera distinta en cuerpos feminizados y racializados negativamente, donde se potencian los estigmas y se materializa la violencia con mayor magnitud, cerrando el ciclo que va del prejuicio social a la discriminación vivida. Al transitar desde las percepciones de la población general hasta las experiencias específicas e interseccionales de la población migrante, el análisis cuantitativo ha provisto un sólido fundamento empírico para los argumentos teóricos de este trabajo. Los datos han demostrado que la construcción de las personas migrantes como otredades es un fenó meno socialmente estructurado que se materializa en una negación de derechos tangible y se intensifica a través del racismo y el género. Con esta evidencia establecida, la sección final de este artículo se dedicará a sintetizar estos hallazgos, discutir sus implicaciones más amplias y ofrecer las conclusiones generales de la investigación.

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Conclusiones Este artículo partió de la premisa de que los procesos históricos de alterización en México, arraigados en la colonialidad del poder (Qui jano, 2000), se han reconfigurado en el siglo XXI para posicionar a la población migrante como las nuevas otredades. A través de un análisis cuantitativo de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, hemos presentado evidencia empírica que no solo valida esta tesis, sino que también revela la complejidad de sus manifestaciones. Los hallazgos demuestran que la construcción de la otredad no es un fenómeno homogéneo. El mapa de calor (Gráfico 1) ilus tra de manera contundente que las actitudes de rechazo están socialmente es tratificadas, pues dism i nuyen a medida que au mentan el nivel educativo y el es trato socioeconó mico. Si bien esto podría sugerir que la expresión más visceral de la alterización se concentra en los sectores con mayor precarie dad, es impera tivo matizar esta interpretación.

Sería un error concluir que un mayor capital

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educativo o económico se traduce automáticamente en la no dis criminación. Es más probable que los mecanismos de alterización se transformen, operando de maneras más sutiles y sofisticadas en distintos segmentos sociales.

Sin embargo, el análisis más revelador surge al cambiar la vi sión de quien lo experimenta, las experiencias vividas por la propia población migrante. Los datos demuestran que la discriminación se materializa de formas concretas, obstruyendo el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, los apoyos sociales y los servicios de salud (Gráfico 2). La discriminación, por tanto, trasciende el plano de las percepciones para convertirse en una barrera tangible que perpetúa la desigualdad.

El argumento central de este trabajo -que la experiencia migra toria es interseccional- encuentra su más sólida evidencia en el último apartado de este trabajo. Como se demostró (Gráfico 4), la probabi lidad de que una agresión sea atribuida a la condición de migrante se multiplica por seis si la persona también ha sido discriminada por su tono de piel. Este dato crucial prueba que la categoría migrante no es monolítica; se intercepta y es magnificada por ejes de opresión históricos como el racismo, que además es atravesado por el género, haciendo que la experiencia de racismo de las mujeres migrantes sea más pronunciada. La discriminación se potencia en los cuerpos que encarnan múltiples formas de otredad, cerrando el ciclo que va del prejuicio social a la herida vivida.

Finalmente, si bien este análisis cuantitativo establece la mag nitud y los patrones del fenómeno, también revela sus propios límites. Los porcentajes y las correlaciones nos muestran qué ocurre, pero no pueden capturar por completo el cómo ni el porqué de las experiencias. Para comprender a fondo los discursos, afectos, miedos y estrategias de resistencia que subyacen a estos datos, sería indispensable complemen tar esta investigación con estudios de corte cualitativo y etnográfico. Un trabajo de campo profundo permitiría explorar las narrativas de quienes discriminan y de quienes experimentan la discriminación, dando un rostro humano a las cifras y desentrañando la complejidad de la diferencia social que se construye día a día frente a la migración en México.

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Vulneración de los derechos actos de corrupción Vulneración de los derechos actos de corrupción Human rights violations of migrants in transit through Mexico resulting from corruption José Guadalupe Altamirano Castro El Colegio de Veracruz Teresita de Jesús Pérez Morales Universidad Veracruzana

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Resumen El presente paper forma parte de los resultados obtenidos de la investigación doctoral realizada en materia de migración forzada e irregular, titulada Políticas públicas y vulnerabilidad de los derechos humanos de los migrantes irregulares durante su tránsito por México. El estudio se centra en documentar la violación de derechos huma nos que sufren los migrantes irregulares en México, a menudo como resultado de la corrupción y la falta de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El propósito de este capítulo es evidenciar la brecha entre las normas internacionales y la realidad que enfrentan los migrantes irregulares en México, así como presentar los actores institucionales y no institucionales que vulneran con regularidad estos derechos. La metodología utilizada se realizó bajo un enfoque cualitativo, se efectuó la revisión de la literatura existente, como el análisis de contenido en cuanto al marco normativo y políticas públicas mexicanas y el procesamiento de testimonios de personas migrantes, así como entrevistas estructuradas y semiestructuradas a los sujetos de la investigación, autoridades migratorias y organismos no gubernamentales que intervienen en los procesos de regularización y retorno de los migrantes.

Palabras clave: Derechos Humanos. migración Irregular. Cor rupción.

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Abstract This paper presents the results of doctoral research on forced and irregular migration, focused on public policies and the vulnerability of human rights of irregular migrants in Mexico. The study documents the human rights violations suffered by these migrants, often due to corruption and non-compliance with international treaties. The purpose is to highlight the gap between norms and reality, as well as to identify the actors that regularly violate these rights. The methodology used was qualitative, with a review of existing literature, content analysis, and processing of testimonies and interviews.

Keywords: Human Rights. Irregular Migration. Corruption. Introducción La migración es un fenómeno complejo que involucra a millones de personas en todo el mundo. En este contexto, la violación de los derechos humanos y la corrupción son problemas graves que afectan a los migrantes, especialmente, a aquellos que se internan de manera irregular, pero con la intención de buscar una vida mejor. Este capítulo explora la intersección entre la migración, derechos humanos y corrupción, analizando cómo estos factores se relacionan e impactan en las personas y las sociedades. Actualmente, se observan caravanas de migrantes provenientes, principalmente, de Centroamé rica que intentan cruzar la frontera sur de México de manera irregular, considerando que nuestro país es destino y tránsito para este grupo de personas. Sin embargo, México ha adoptado una postura de rechazo y reforzamiento de sus fronteras, priorizando la seguridad nacional. Esta política se refleja en la implementación de medidas para vi gilar, detener, castigar y deportar a las personas que ingresan al país de forma irregular. Tanto México como Estados Unidos han asumido un enfoque similar en el combate a la migración internacional forzada e irregular, lo que ha llevado a la securitización y a un endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

La migración internacional forzada e irregular a menudo es re sultado de factores de coacción, como la violencia, la pobreza extrema,

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la persecución de orden político, los desastres naturales, entre otros. Las personas que se ven involucradas buscan la supervivencia, lo que los lleva a enfrentarse a contextos de peligro e inseguridad, utilizando rutas migratorias clandestinas.

A pesar de los riesgos, los migrantes conocen y asumen los peligros a los que se enfrentarán en su tránsito. Sin embargo, las personas en situación de migración irregular enfrentan un contexto de alta vulne rabilidad debido a la discriminación, los riesgos, las inseguridades, la corrupción y la falta de solidaridad internacional. La ineficacia de las políticas públicas y la mala administración de justicia los coloca en un estado de indefensión. Además de esto, la vulnerabilidad se multiplica cuando se trata de personas que pertenecen al grupo de las categorías sospechosas que marca nuestra constitución, como mujeres, niños no acompañados, personas con discapacidad, per sonas indígenas, personas de la tercera edad y miembros de la comuni dad LGBTTI, casos en los que se requiere una atención especializada y protección efectiva para abordar sus necesidades específicas. Metodología La investigación adopta un enfoque cualitativo, considerado el método más adecuado para explorar la complejidad de las políticas públicas del Estado mexicano y la vulnerabilidad de los derechos hu manos de la población migrante irregular en su tránsito por México. Este enfoque permitió profundizar en las experiencias de los migrantes, identificar temas emergentes y analizar las narrativas y discursos que se producen en torno a la migración irregular en México. Se realizaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas a migrantes internacionales irregulares, autoridades migratorias y organismos no gubernamentales que intervienen en los procesos de regularización y retorno de los migrantes, así como el estudio de ca sos múltiples de migrantes internacionales con estatus irregular, lo que permitió obtener una comprensión profunda de la necesidad de implementar una política pública eficaz, que aporte a la solución de problemas de violaciones a los derechos humanos, la criminalidad, la corrupción, entre otros.

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Lo anterior permitió a los migrantes compartir sus experiencias y testimonios de manera directa, humanizando el debate sobre la migra ción irregular, mostrar la realidad, esto incluye los riesgos y peligros que enfrentan los migrantes durante su tránsito, como las experiencias de violencia y abuso, incluyendo la extorsión, el secuestro, la violencia física y sexual, corrupción, la exposición a condiciones climáticas ex tremas, la falta de acceso a alimentos y agua, el riesgo de accidentes, también se hacen visibles los desafíos en las detenciones y deportacio nes, la falta de acceso a asesoramiento legal, la falta de un traductor, o la separación de familias.

A su vez, la metodología empleada destacó las violaciones a los derechos humanos que enfrentan estos individuos durante su tránsito por México, como:

Derecho a la vida: se describen experiencias de migrantes irregu lares que han sido víctimas de la inseguridad, corrupción violencia y asesinatos en México.

Derecho a la libertad: se muestran experiencias de migrantes irregulares que han sido detenidos y deportados en México, in cluyendo la falta de acceso a asesoramiento legal, a un traductor, o la separación de familias.

Derecho a la dignidad: se detallan experiencias de migrantes irregulares que han sido sometidos a condiciones inhumanas en las rutas clandestinas a través de las cuales se movilizan y en centros de detención en México.

Derecho a la no discriminación: se evidencia el problema de la discriminación que sufre esta población en los países de paso o destino, a manos de la sociedad civil y las autoridades. Con lo anterior, el estudio realizado proporciona una comprensión profunda de la migración irregular y las ineficaces políticas públicas migratorias en México, determinadas indirectamente por el país vecino, Estados Unidos. En consecuencia, los hallazgos destacan la necesidad de un enfoque integral que considere las dimensiones económicas, sociales y políticas de la migración, así como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y la solidaridad internacional.

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Migración como fenómeno global La migración es un fenómeno global y actual que involucra el movimiento de personas de un lugar a otro, ya sea de forma interna o a través de fronteras internacionales. Estos procesos suelen ser complejos y multifacéticos, con diversas causas y consecuencias, como persecucio nes de orden político, conflictos, cambio climático, hambruna, la falta de oportunidades y seguridad humana.

Según refieren algunos autores, la migración internacional irre gular hace referencia al movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas. De acuerdo con la experta en globalización y migración Saskia Sassen, las migraciones internacionales forzadas deben analizarse en un contexto de globalización, destacando las cau sas profundas de la migración, como la violencia extrema, pobreza y la degradación ambiental de los países de origen (Sassen, 2013). Por su parte, Sthephen Castles, experto en migración define a la migración irregular como una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en los países de destino y la capacidad de los gobiernos para establecer canales legales de migración (Castles, 2010). La migración se manifiesta de formas diversas: la interna, cuando se trata de un desplazamiento dentro del propio territorio, o internacio nal, cuando el desplazamiento se realiza saliendo del país de origen. Sin embargo, también existen otros tipos, como puede ser la voluntaria o forzada. A su vez, esta también puede ser voluntaria o forzada, dentro de la migración voluntaria se encuentra el turismo, cuestiones de oferta laboral o escolares, entre otras, mientras que la migración forzada se da por otras razones que ponen en riesgo la vida de quien decide migrar, y estos pueden ser motivos económicos, políticos, sociales, cambios en el medio ambiente o desastres naturales.

Según cifras oficiales del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM, en su último informe sobre las migraciones en el mundo 2024, el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 281 millones en todo el mundo desde 2020. De estos, el 48% son mujeres. Los migrantes internacionales representan aproximadamente el 3,5% de la población mundial, lo que supone un aumento con respecto al 2,8% en 2000 y al 2,3% en 1980. Del total de migrantes, 164 millones son

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trabajadores migrantes y 38 millones son niños migrantes. En cuanto a la distribución geográfica, Asia acoge alrededor del 31% de la población migrante internacional, seguida de Europa con un 30%, las Américas con un 26%, África con un 10% y Oceanía con un 3% (Organización de las Naciones Unidas, 2016).

La migración mundial irregular, la no deseada, se ve impulsada por factores como la pobreza, la violencia y la persecución, entre otros. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países ubicados entre los más pobres del hemisferio occidental, se estima que el 44%, 68% y 74% de los niños y niñas viven en la pobreza, respectivamente. Frente a esta situación, las familias deciden solicitar préstamos para financiar su migración irregular a países con mejores oportunidades de desarrollo, como Estados Unidos. Sin embargo, sus problemas se agravan cuando no logran su objetivo y son detenidos y devueltos, ya que quedan sin nada y sin recursos para pagar el préstamo, con una situación financiera aún más precaria que antes de decidir migrar.

Esta presión económica puede tener consecuencias devastadoras para las familias enteras, dejándolos sin hogar o sin acceso a recursos básicos para satisfacer sus necesidades más esenciales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018). Esto puede obstaculizar la reintegración de los niños en la escuela y entorno, así como dificulta que los adultos encuentren un empleo, lo que agrava más su vulnera bilidad. Cuando los migrantes se ven obligados a regresar sin ningún tipo de apoyo, enfrentan una doble dificultad: no solo regresan sin haber alcanzado sus objetivos, sino que también deben lidiar con la estigmatización dentro de su comunidad debido a sus intentos fallidos de migrar (González Becerril, 2020).

América Latina es una región importante de emigración, con un flujo significativo hacia países desarrollados. Aunque Estados Unidos es el principal destino de la emigración latinoamericana, otros países como España y Japón también son destinos relevantes, diversificándose los flujos migratorios (Lozano Ascencio & Jardón Hernández, 2022). La pobreza y desempleo son algunos de los principales motivos de la migración en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, también conocida como la región del Triángulo Norte de Centroamérica. Según la CEPAL, en 2013, el 40.9% de la población en El Salvador vivía en

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pobreza, mientras que, en Guatemala y Honduras, los porcentajes eran del 54.7% y 69%, respectivamente.

Otros factores importantes que impulsan la migración irregular es la violencia y la inseguridad en los países de origen, así como las redes sociales y familiares, ya que muchos migrantes ya tienen familiares o amigos en Estados Unidos que pueden ayudarlos a establecerse y encontrar trabajo.

La globalización, también, es un facilitador de la migración y el desarrollo. En un mundo cada vez más globalizado y conectado, los movimientos migratorios han cambiado significativamente. Aunque muchos migrantes siguen desplazándose con sus familias de manera permanente y unidireccional, hay una creciente proporción de movi mientos migratorios que son de carácter temporal, lo que permite a los migrantes mantener vínculos financieros, culturales e incluso políticos, estrechos con sus países de origen (Organización Internacional para las Migraciones, 2003).

Migración en América Latina Los procesos migratorios se han presentado en todo el mundo, desde que el ser humano existe. Por lo que tiene que ver con América Latina, diversos estudios señalan que la migración se debió a la in tegración del continente a la economía mundial, relacionándose con los procesos de industrialización, urbanización y transformación de la agricultura. Los grupos de campesinos se convirtieron en mano de obra libre y bajo costo, los jóvenes que estaban en busca de mejores oportu nidades se emplearon parcialmente en el sector industrial, así como en los servicios y ocupaciones marginales, ubicándose en las zonas perifé ricas y pobres de las ciudades, lo que llevó a su notable concentración espacial, aumentando los desequilibrios regionales entre la ciudad y el campo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2000). En cuanto al territorio mexicano, en el año 2018 ingresaron un total de 39.828.122 migrantes, en el 2019, un total de 40.561.917, y en el 2020, un total de 16.293.957 personas migrantes, por diversas causas y motivos, provenientes de diversos países, toda vez que México suele ser caracterizado como un país de origen, de tránsito, de destino, así

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como de retorno de la migración internacional (Caballero Martínez, 2021), siguiendo con los reportes de cifras, para el 2022 se registraron 2,38 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos con México (Ruiz Soto, 2022). Para el periodo de enero

2023 a agosto 2024, según las estadísticas migratorias del Unidad de

Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gober nación, las cifras totales sumaron a 1.324.076 migrantes irregulares que ingresaron al territorio mexicano (Caballero Martinez, 2025). En la actualidad, se observan caravanas de migrantes provenientes principalmente de Centroamérica que intentan cruzar la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los migrantes por ingresar de forma irregular, México ha adoptado una postura de rechazo y reforzamiento de sus fronteras, priorizando la seguridad nacional. Esta política se refleja tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, donde predomina una doctrina de seguridad fronteriza (Calveiro, 2014), construyendo enemigos externos, entre los cuales se encuentran los terroristas, nar cotraficantes e inmigrantes.

La securitización de la migración de paso por México hacia Esta dos Unidos ha asumido la más alta prioridad de vigilar, detener, castigar y deportar a las personas, esto a consecuencia de los ataques terroristas de 2001 en Nueva York, ante las internaciones de posibles terroristas que pudieran ocurrir por esos espacios de vecindad, con repercusiones nota bles hacia los migrantes. Estas políticas antiterroristas y antiinmigrantes han sido confundidas y consideradas como la columna vertebral de las políticas migratorias de estos países. Por su parte, los discursos oficiales de los presidentes y encargados de la seguridad en territorio mexicano, en especial en las zonas fronterizas con Estados Unidos, están plagados de estigmatizaciones y son proclives a la violencia, haciendo responsables a las personas migrantes de la delincuencia en la zona de aquélla frontera (Velázquez Flores & Schiavon , 2008).

En este contexto de inseguridad, discriminación, xenofobia, abusos, explotación, corrupción y demás, se desarrollan procesos mi gratorios irregulares masivos, integrados por el género masculino en búsqueda de trabajo y mejores oportunidades, a los que se suman fa

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milias enteras, niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres, algunas embarazadas, personas de la tercera edad, personas discapa citadas, de la comunidad LGBTTI, sectores que integran las categorías sospechosas o criterios que señala la constitución en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución.

Sin embargo, cuando se trata de migrantes irregulares impera una constante y sistemática violación de derechos humanos, para quienes van de paso por México o buscan protección del país. Esta situación muestra la gravedad de los procesos, ya que las violaciones a derechos humanos no solo son frecuentes, sino también planificadas y ejecutadas de manera intencional y que lejos de alcanzar una mejora en la vida de estas personas, estos movimientos migratorios se convierten en un imposible, prolongando los tratos inhumanos y violaciones a derechos. Corrupción y derechos humanos La problemática sobre corrupción en México data de mucho tiem po y aun cuando se diseñó todo un sistema para su combate con una reforma constitucional en 2015, los datos no han disminuido incluso en algunos casos esta ha aumentado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la corrupción es percibida por el 22.5% de la población como un tema de mayor preocupación, por encima de la impunidad, la educación, el narcotráfico y los desastres naturales (INEGI, 2022). Por su parte, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), los resultados mues tran que para el 54.6% de la población de 15 años y más, el principal problema que enfrenta el país es la corrupción (INEGI, 2020). La corrupción es un concepto multifacético que abarca diversas definiciones desde diferentes perspectivas, las hay de orden jurídico, social, antropológico, económico, psicológico, entre otras. Por ejemplo, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sostiene que: “La corrupción estructural genera una fractura entre el ciudadano y el Estado: se percibe que la ley no es igual para todos y que las instituciones están capturadas.” (Casar, 2015, pág. 17). Bajo la perspectiva del presente texto, está en sintonía en una de sus modalidades la siguiente definición propuesta por Del

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Castillo, quien distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y las políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”; y la disfuncional, que obsta culiza y vulnera la gestión de recursos públicos (Del Castillo, 2003). En este contexto, la definición de corrupción burocrática, acorde con Del Castillo, es particularmente, relevante, ya que se ha documentado y demostrado que las autoridades migratorias y las fuerzas de orden en diferentes niveles de gobierno, al desarrollar sus funciones violan sistemáticamente de los derechos humanos de las personas migrantes. La corrupción es un fenómeno que tiene un impacto significativo en los sistemas de gobierno y en la sociedad. Si bien, en casi todos los países la conducta corrupta está prohibida por la norma, existe un vínculo muy fuerte entre gobierno y corrupción, ya que el gobierno es percibido como el principal responsable de la corrupción, donde se producen con mayor frecuencia estos actos. Existen diferentes formas de corrupción que pueden estar presentes en el sistema de gobierno, como la corrup ción política, la corrupción administrativa, la corrupción judicial, etc. Ahora bien, la corrupción tiene graves consecuencias, como el debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones públicas, a su vez, la corrupción puede llevar a la asig nación ineficiente de recursos, ya que los funcionarios públicos pueden priorizar sus intereses personales sobre el bienestar público y realizar desvío de fondos públicos para fines personales o para beneficiar a intereses privados, perjudicando a su vez la prestación de servicios públicos y la implementación de políticas, así como el debilitamiento de la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. Otra de las consecuencias graves de la corrupción la injusticia y la desigualdad que generan, ya que aquellos que tienen más recursos y conexiones pueden influir en las decisiones gubernamentales para beneficio propio (Rodríguez Ortega, 2017).

La corrupción puede convertirse en un factor de amenaza, en el caso de la migración, estos temas se encuentran interconectados, ya que crean un entorno propicio para su desarrollo. Los procesos migratorios irregulares son caldo de cultivo para la corrupción, ya que existe una dependencia por las redes informales y clandestinas, siendo más sus

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ceptibles de ser extorsionados por funcionarios corruptos o delincuentes. Normalmente, los migrantes irregulares, al hallarse sin documentos que les permita una estancia regular, suelen estar dispuestos a pagar sobornos para lograr sus objetivos, en este entorno, la corrupción florece. Como resultado de las políticas de control migratorio, con la securitización de las fronteras, los migrantes quedan vulnerables, frente a las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

El Estado mexicano se ha valido de la intervención de las fuerzas armadas para los controles migratorios, mismo ente encargado del control del narcotráfico y la delincuencia organizada, es decir, se ha vinculado a la migración irregular con el terrorismo, como una amenaza de seguridad, propiciando violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos mi litares (México Human Rights, 2021). A su vez, el Informe de violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos, expone la corrupción por parte de policías estatales hacia los migrantes (Del Ángel, y otros, 2013). Esta es la realidad que enfrentan los migrantes irregulares a través de México, con constantes violaciones a sus derechos humanos, a la par de un clima de crimen organizado, y un gobierno mexicano en apariencia incapaz de detener y controlar la corrupción y delincuencia.

Las rutas clandestinas que unen a Centroamérica y México hacia a Estados Unidos son controladas por los traficantes de drogas, traficantes de personas, la trata y el secuestro de migrantes, por lo que se vuelve habitual que carteles delictivos, delincuentes comunes, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México (Ortega Ramirez & Morales Gámez, 2021), estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados. La situación descrita representa una amenaza latente para la mi gración internacional con estatus irregular en México, que evidencia al Estado como un país que ignora y deja en inobservancia su obligación de proteger a toda persona bajo su jurisdicción y propiciar condiciones dignas que aseguren su integridad personal y familiar, ya que en consecuencia, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, puede ser imputable al Estado, lo que compromete su responsabilidad internacional en los térmi nos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Derecho

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Internacional, ya que genera un ilícito internacional, supuesto bajo el cual no se requiere determinar la culpabilidad, intencionalidad e identificación individual de sus autores, sino es suficiente que exista un quebrantamiento a la obligación de aquél, tal como lo indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 2009). Las violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, extorsiones, sobornos, abusos y las ejecuciones extrajudiciales, son hechos que en la mayoría de los casos quedan impunes, ya que, al momento de huir, en la mayoría de los casos los migrantes inician su trayecto sin tiempo de preparar la ruta de su viaje o de informarse, forzándose a huir de forma inmediata, motivados únicamente por la supervivencia, convirtiéndose fácilmente en víctimas. Un ejemplo de ello es que la mayoría de las mujeres migrantes cuando inician la ruta migratoria, optan por inyectarse anticonceptivos de larga duración, para, al menos, tratar de evitar los embarazos no deseados a consecuencia de violaciones en el camino, dando por hecho que en el tránsito van a ser abusadas sexualmente (RED LAC, 2020).

Con lo anterior, nuestro Estado revela debilidad institucional e incapacidad de imponer la ley a sus propios funcionarios. La corrupción y las relaciones de la clase política con las organizaciones delincuen ciales lo demuestra y, el negar esta relación sería como desconocer la historia mexicana y el funcionamiento de este negocio en nuestro país: el narcotráfico fue parte del régimen posrevolucionario, nace supeditado al poder político, en la figura de los gobernadores y se desarrolla por medio de instituciones y mediaciones estructurales que sirvieron de vínculo entre el narco y el poder político (Maldonado Aranda, 2018). En definitiva, la migración irregular de tránsito por México con destino a Estados Unidos exige de estrategias inteligentes para mitigar los riesgos que representa viajar a través de rutas clandestinas, ya que a medida que los gobiernos de los países aumentan su vigilancia y multiplican los retenes en el camino, obligan a los migrantes a seguir rutas más peligrosas para alcanzar su objetivo, exponiéndose a múltiples peligros causados por la falta de acciones eficaces preventivas para la seguridad pública, la criminalidad y la corrupción de las autoridades mexicanas.

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México y la violación de derechos humanos de migrantes Cierto es que los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales; sin embargo, estas deben ser de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de de rechos humanos, ya que así como el derecho internacional reconoce la soberanía de los Estados, la soberanía de los Estados reconoce de igual forma el derecho internacional, hay reciprocidad, una no se contrapone de la otra, por lo que en la gobernanza de la migración, los Estados poseen el derecho internacional de regular la entrada y permanencia de su territorio; no obstante, esta regulación debe ser en estricto apego a los derechos humanos, ejerciendo su soberanía de conformidad con las obligaciones en virtud del derecho interna cional de los derechos humanos, para el mantenimiento de relaciones pacíficas y del orden mundial (Organización Internacional para las Migraciones, 2016).

En los procesos migratorios internacionales con estatus irregular existen grupos, especialmente, vulnerables, que requieren acciones y políticas que promuevan la protección de sus derechos humanos; estos grupos, comúnmente, se componen de:

• Niños, niñas y adolescentes no acompañados, quienes enfrentan múltiples riesgos y abusos durante su viaje y en el país de destino. Según UNICEF, hay más de 35 millones de niños que han cruzado fronteras internacionales buscando seguridad u oportunidades, muchos de ellos solos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2025).

• Mujeres, víctimas de violencia de género y discriminación en el país de destino.

• Personas con discapacidad, población que enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios básicos y protección. • Personas indígenas, pueden experimentar discriminación y exclusión en el país de destino.

• Personas de la tercera edad, quienes pueden ser más vulnerables a la explotación y abuso.

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• Comunidad LGBTTI, quienes enfrentan discriminación y violencia adicional debido a su orientación sexual o identidad de género. La evidencia recaba en el tema de la migración internacional irre gular de paso por México enfrenta grandes desafíos, como el ejercicio de sus derechos humanos, tales como el derecho a la salud, educación y protección. A su vez, hemos sido testigo de las graves violaciones a lo largo de los años, ejemplos de ello tenemos la frontera norte de Mé xico, la cual en múltiples ocasiones se ha teñido de rojo, con crímenes hacia los migrantes, debido al odio generalizado sobre ellos. Estos actos lesionan no solo la vida de las víctimas y ofendidos, sino de una socie dad entera, gobernada por la impunidad y las constantes violaciones a derechos humanos.

Algunos de los hechos más atroces cometidos por acción u omisión, documentados contra migrantes de la última época fueron, el asesi nato de 72 migrantes en agosto del 2010 (Delgadillo, 2010), las fosas clandestinas de San Fernando de 2011 (Hernández Hernández, 2020), la masacre de Cadereyta de 2012 (Nájar, 2012), la masacre del 2014 (Pérez Salazar, 2014), los 19 migrantes calcinados en Tamaulipas en el 2021 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2021), el accidente que dejó 55 migrantes muertos en Chiapas en el 2021 (González Díaz, 2021), el incendio en una instalación del Gobierno en Ciudad Juárez que dejó 39 muertos y 27 heridos en el 2023 (BBC News Mundo, 2021), los migrantes muertos en un accidente nuevamente en Chiapas en el 2023 (Mariscal, 2023).

Resultados Los hallazgos de esta investigación revelan que los migrantes irregulares en México son objeto de una serie de violaciones sistemáti cas a sus derechos humanos, que incluyen detención arbitraria, tortura, violencia sexual, extorsión, corrupción y falta de acceso a servicios básicos, entre otras. Estas violaciones son perpetradas tanto por actores estatales como no estatales, y se relacionan con la ineficacia de las po líticas públicas para diagnosticar y prevenir estas situaciones. Aunque los derechos humanos de los migrantes irregulares están reconocidos en

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la legislación nacional e internacional, la realidad muestra una brecha significativa entre la norma y la práctica.

Los hallazgos más significativos de la investigación, obtenidos a través de la aplicación de diversas técnicas de investigación, revelan la disparidad entre la normativa existente y la realidad que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. Esto lleva a concluir que el crimen organizado, en complicidad con las autoridades, somete a la población migrante a amenazas y extorsiones para permitirles con tinuar su trayecto. En muchos casos, los migrantes son obligados a unirse a estas organizaciones o son asesinados en su intento por llegar a Estados Unidos. Sin embargo, lo que resulta aún más alarmante es la omisión sistemática de las autoridades mexicanas ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes irregulares. En lugar de cumplir con su función de proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, las autoridades se convierten en actores que los persiguen y hostigan. En múltiples ocasiones, se ha documen tado que las autoridades se han aliado con el crimen organizado para cometer crímenes contra los migrantes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Los resultados obtenidos en esta investigación se alinean con la literatura existe sobre políticas públicas y derechos humanos de los mi grantes con estatus irregular, ya que estudios previos han documentado las violaciones a los derechos humanos de esta población; empero, este análisis suma nueva evidencia sobre la relación existente entre la falta de una política pública eficaz de diagnóstico y prevención y la viola ción a los derechos humanos de los migrantes, por lo que se destaca la importancia de un enfoque integral de los derechos humanos y la necesidad de políticas más efectivas.

Conclusiones El Estado mexicano muestra una falta de implementación efec tiva de políticas de prevención, acompañadas de buenas prácticas y monitoreo riguroso, en relación con los compromisos internacionales adquiridos en materia de migración irregular y derechos humanos. De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, se ha documentado

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que los migrantes con estatus irregular son víctimas tanto del crimen organizado como de abusos por parte de las propias autoridades. Esta situación pone de relieve la necesidad imperiosa de desarrollar e imple mentar una política integral de prevención de riesgos e inseguridades que proteja los derechos humanos de esta población vulnerable. El hecho de pensar en un corte abrupto del flujo migratorio de manera definitiva sería erróneo, ya que ha existido, existe y existirá una necesidad, por una parte, de fuentes de empleo que ayude a mejorar la calidad de vida de las familias de quienes van en busca de una mejor calidad de vida, como del país receptor, quien requiere mano de obra barata, poco calificada, la no deseada, de origen popular, campesinos y proletario. Esto evidencia un tipo de hipocresía de las políticas públicas de securitización de las fronteras. La migración Centroamericana de paso por México ha sido muy notoria y lo continuará siendo, el núme ro de personas y sus necesidades se verán en aumento, y las razones son sencillas: exceso de jóvenes en pobreza extrema en búsqueda de oportunidades, la violencia, las redes sociales y familiares en Estados Unidos que facilitan la migración, así como las oportunidades laborales asimétricas que ofrece Estados Unidos. Los intentos por detener la mi gración que se han hecho a lo largo del siglo XX y XXI, ha provocado que, en lugar de detener el flujo migratorio, que estos vayan en aumento a través de rutas clandestinas, pero no invisibles para el crimen orga nizado y la corrupción.

El intento de los EE. UU por limitar o contener la migración irre gular que intenta llegar a su territorio, con la estrategia de “estados tapones” es como intentar ponerle puertas al campo. Los fenómenos migratorios irregulares son muy difíciles de limitar, son demasiado grandes y complejos y los espacios fronterizos utilizados para este fin se han convertido en el caldo de cultivo propicio para la vulneración de los derechos humanos, la inseguridad y los riesgos, sin embargo, durante mucho tiempo se ha volteado la mirada y se ha ignorado lo que sucede al respecto.

A menudo, los efectos positivos de la migración no se reconocen en los debates públicos, sin embargo, la extensa brecha que existe entre los países desarrollados y subdesarrollados fomenta la migración hacia los países desarrollados, en la búsqueda de una vida más digna, donde el

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migrante ofrece su mano de obra barata, para realizar las labores que los nacionales muchas veces no hacen, produciendo dinamismo económico entre las naciones, por ejemplo, en Estados Unidos, se calcula que una reforma migratoria inclusiva elevaría el PIB per cápita en más de 1,500 dólares y reduciría el déficit federal acumulado por encima de los 2.5 trillones de dólares. Por su parte, la migración coadyuva a la seguridad alimentaria al garantizar suficiencia en la producción de alimentos, ya que históricamente los migrantes se han desplazado a países vecinos en épocas determinadas para trabajar en las cosechas, en Estados Unidos el 78% de los trabajadores del campo son migrantes, y si en ese país la industria láctea perdiera a todos los migrantes que trabajan en ella el precio de la leche se incrementaría 61% (Gómez Bruera, 2017). Si se analizaran y comprendieran los beneficios de la migración, más allá de la perspectiva de seguridad nacional, llegaríamos a la conclusión de que el problema no es la migración irregular en sí, ni los migrantes son los enemigos de la nación; en realidad, el problema radica las acciones u omisiones que perpetúan la discriminación y rechazo hacia las personas migrantes, que lejos de ser una amenaza, puede genera beneficios significativos para los países involucrados (Gómez Bruera, 2017). Por lo tanto, es fundamental repensar las po líticas y actitudes que predominan hacia los migrantes, y adoptar un enfoque más inclusivo y sostenible que aproveche los beneficios de la migración y promueva la integración y el bienestar de los migrantes internacionales irregulares. Dada la problemática, se apunta a lograr un mejor entendimiento del fenómeno migratorio irregular que involucra a México como país de origen, tránsito y destino, donde el discurso y la toma de acciones vinculadas al tema de la seguridad nacional debe ser erradicado, promoviendo el diseño y ejecución de planes de accio nes efectivas en pro de disminuir los efectos adversos de la migración irregular (Rodríguez Moreno, 2016).

En conclusión, este estudio ha demostrado la importancia de abordar la migración internacional irregular de manera integral y sos tenible, considerando las complejidades y desafíos que enfrentan los migrantes con estatus irregular en su tránsito por México. A través del análisis de las políticas públicas, las entrevistas y las narrativas de los migrantes, se ha logrado identificar las oportunidades, retos y desafíos

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para mejorar la protección y atención a esta población. Es vital que los resultados de esta investigación sean considerados en la toma de deci siones políticas, encaminadas a implementar acciones concretas para abordar las necesidades y desafíos de los migrantes internacionales irregulares, garantizando su dignidad y derechos humanos. Solo a través de un enfoque integral, sostenible y humano, podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Bibliografía BBC News Mundo. (29 de Marzo de 2021). BBC Nws Mundo. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65097811 Caballero Martínez, G. (Junio de 2021). Unidad Política Migratoria, registro e identidad de personas en México. Obtenido de http:// www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/ CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf Caballero Martinez, G. (Enero de 2025). Unidad de política migratoria, registro e identidad de personas. Obtenido de http://www. politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/ Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2024/Boletin_2024.pdf Calveiro, P. (12 de Julio de 2014). Obtenido de Revistas Científicas Complutenses: https://revistas.ucm.es/index.php/LTDL/article/ view/75071 Casar, M. A. (2015). México: anatomía de la corrupción. México: Instituto Mexicano para la competitividad A.C. Castles, S. (2010). Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales. Scielo.

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Migrar por el Mundo Digitalizado Migrar por el Mundo Digitalizado

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Narrativas digitales Narrativas digitales y educomunicación, y educomunicación, memorias desde memorias desde la resistencia la resistencia y la agencia y la agencia de migrantes de migrantes latinoamericanos latinoamericanos en tránsito en tránsito Narrativas digitales Narrativas digitales y educomunicación, y educomunicación, memorias desde memorias desde la resistencia la resistencia y la agencia y la agencia de migrantes de migrantes latinoamericanos latinoamericanos en tránsito en tránsito Digital Digital narratives and narratives and educommunication, educommunication, memories from memories from resistance and the resistance and the agency of Latin agency of Latin American migrants American migrants in transit in transit Iván Camilo Henao Morán Fundación Universitaria de Popayán Kelly Giovanna Muñoz Balcázar Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Fundación Universitaria de Popayán Carolina Quiñonez Zúñiga Fundación Universitaria de Popayán

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Resumen El presente capítulo tiene como objetivo analizar el uso de las narrativas digitales como una herramienta de comunicación social crítica en el contexto de las movilidades humanas, con un énfasis particular en los procesos migratorios desde Suramérica hacia Norteamérica. Desde una perspectiva latinoamericana, se busca proponer una ruta metodo lógica de análisis de los relatos migrantes como formas de resistencia simbólica, agencia comunicativa y producción autónoma de sentido frente a las narrativas hegemónicas y los dispositivos de exclusión. Se articula desde la vinculación entre la educomunicación y la apropiación tecnoló gica para comprender la migración como una experiencia comunicativa disputada en múltiples plataformas digitales. Con ello, se aspira a visibi lizar el papel de la comunicación social en la construcción de memorias colectivas, resistencias migrantes y dignidad narrativa a través de las fronteras, contrarrestando y poniendo en debate las representaciones deshumanizantes interpretadas por medios masivos y discursos oficiales. Palabras clave: narrativas digitales, educomunicación, migración transfronteriza, memoria, agencia comunicativa.

Abstract This chapter analyzes the use of digital narratives as a tool for critical social communication in the context of human mobility, par

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ticularly migration from South America to North America. Adopting a Latin American perspective, the chapter proposes a methodologi cal approach to analyzing migrant narratives as forms of symbolic resistance, communicative agency, and autonomous production of meaning in the face of hegemonic narratives and exclusionary practices. The chapter is organized around the intersection of edu communication and technological appropriation, viewing migration as a communicative experience that takes place on various digital platforms. The goal is to emphasize the role of social communication in constructing collective memories, fostering migrant resistance, and promoting narrative dignity across borders. This counters and challenges the dehumanizing representations portrayed by the mass media and official discourses.

Keywords: digital narratives, educommunication, cross-border migration, memory, communicative agency.

Introducción En el contexto actual de América Latina y Norteamérica, las movilidades humanas han alcanzado una complejidad y una escala sin precedentes, generando desafíos sociales, políticos y culturales que interpelan de forma directa a la investigación crítica y a la acción comunicativa transformadora y humanizante. Este aumento de los flujos migratorios ocurre de manera paralela a la expansión de lo que Pérez, McKee Irwin & Guzmán Aguilar (2022) definen como comple jos industriales fronterizos globales: redes transnacionales que no solo refuerzan políticas de control territorial, sino que también actúan en el plano simbólico, reproduciendo dispositivos discursivos de exclusión y subordinación.

En el núcleo de estas dinámicas se configura una construcción simbólica y mediática del sujeto migrante como una amenaza latente, lo cual potencia procesos estructurales de criminalización, estigmati zación y deshumanización. Esta vulnerabilidad estructural es instru mentalizada por redes ilegales, como mafias o coyotes en varios de los países latinoamericanos que se han ido fortaleciendo y actualmente son las redes que más están movilizando ilegalmente a los migrantes

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que buscan llegar al Norte, estas operan ejerciendo formas de control y explotación sobre los cuerpos, trayectorias y decisiones vitales de las personas que transitan por estas rutas.

Frente a este panorama, la comunicación social crítica, nutrida por las epistemologías latinoamericanas, se posiciona como un campo indispensable para la producción de relatos que restituyan la voz, la humanidad y la memoria de las personas migrantes. Esta línea de pensamiento se articula con los principios de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, entendida como una práctica participativa, situada y transformadora, centrada en el diálogo, el reconocimiento del otro y la creación colectiva de sentido (Gumucio Dagron, 2001). En estrecha relación con lo anterior, se incorpora el enfoque de la educomunicación desde la perspectiva de Mario Kaplún (1998), quien la concibe como una práctica pedagógica comunicativa que rompe con los modelos verticales de transmisión y promueve procesos dialógicos, horizontales y emancipadores. Para Kaplún, comunicar es educar, y educar es comunicar: ambas dimensiones se integran en una propuesta que estimula la participación activa, el pensamiento crítico y la produc ción autónoma de sentido. Esta concepción es especialmente pertinente en contextos de movilidad humana, donde la comunicación no puede limitarse al registro de la experiencia migrante, sino que debe habili tar espacios de enunciación, resistencia simbólica y empoderamiento narrativo para quienes han sido históricamente silenciados. Desde esta perspectiva, las narrativas digitales emergen como herramientas relevantes para resignificar la experiencia migrante desde la voz y la mirada de sus propios protagonistas. Al incorporar elementos de afecto, memoria y denuncia, estos relatos breves, personales y mul timodales se configuran como actos testimoniales que desestabilizan los imaginarios hegemónicos y favorecen la construcción de puentes de empatía (Lambert, 2013).

Este capítulo se enmarca en la línea metodológica de la inves tigación-acción participativa (IAP) y propone un análisis crítico de cuatro relatos digitales cocreados con personas migrantes en países de tránsito como Colombia y México. Se adopta la investigación-creación como enfoque metodológico que articula producción de conocimiento, práctica expresiva y agencia simbólica (Castro, 2020). Así, las narra

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tivas digitales no son solo objetos de estudio, sino también estrategias de transformación cultural y política.

El objetivo de este capítulo es analizar cómo estas narrativas digi tales funcionan como formas de resistencia frente a las representaciones deshumanizantes que circulan en los medios masivos y en los discursos oficiales, configurando lo que Martín-Barbero (2002) denomina me diaciones institucionales que moldean el sentido común y legitiman la exclusión. A partir de esta lectura crítica, se propone visibilizar el papel de la comunicación social y educomunicativa en la construcción de memorias colectivas, subjetividades migrantes y dignidad narrativa desde los márgenes.

Metodología El proceso metodológico se llevó a cabo mediante talleres de narrativa digital impulsados por la Universidad de California, Davis, en alianza con el Grupo de Investigación CONVOCA del programa de Comunicación de la Fundación Universitaria de Popayán. La experien cia se apoyó en el modelo de digital storytelling desarrollado por Joe Lambert (2013), centrado en la creación de relatos breves, personales y multimodales, utilizando tecnologías accesibles y metodologías am pliamente reconocidas en la literatura académica sobre participación narrativa.

Desde un enfoque cualitativo, empleamos la investigación-acción participativa (IAP), permitiendo que los participantes asumieran un rol activo durante todo el proceso, desde la definición temática hasta la edición final del relato. Así, las narrativas digitales no se entienden solo como productos comunicativos, sino como actos de enunciación colectiva, procesos de reparación simbólica y dispositivos de visibilidad política en contextos de movilidad y exclusión.

Esta metodología contempló capacitaciones intensivas con es tudiantes en general y con algunos de aquellos pertenecientes, espe cialmente, a los semilleros de investigación Estéticas Audiovisuales y Comunicación y Territorio; igualmente, con docentes-investigadores del Programa de Comunicación Social, quienes acompañaron y facilitaron la producción de las narrativas digitales a lo largo de todo el proceso.

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De manera colaborativa personas migrantes en Colombia, México y Estados Unidos, participaron a través de la cocreación de narrativas digitales desde sus propias experiencias.

La muestra aquí seleccionada, compuesta por cuatro narrativas digitales, representa un conjunto significativo dentro de un corpus más amplio de, aproximadamente, veinte relatos audiovisuales realizados por el grupo. Estas producciones fueron incorporadas como una parte del proyecto internacional Humanizando la Deportación, coordinado por la Universidad de California, Davis, con el cual se han generado más de 500 testimonios digitales de personas migrantes provenientes de diversos contextos (Humanizando la Deportación, 2025). Para el tratamiento del corpus de este capítulo, se aplicó un aná lisis narrativo de enfoque sociocomunicativo que permitió identificar estructuras de sentido, elementos de memoria afectiva, mecanismos de resistencia simbólica y formas de agencia comunicativa presentes en los relatos. Esta perspectiva considera no solo el contenido narrativo, sino también las condiciones de producción, circulación y recepción de las historias, entendidas como prácticas discursivas ancladas en contextos sociales, tecnológicos y emocionales.

Este marco metodológico se alinea con lo propuesto por Kaplún (1998), quien plantea la comunicación como proceso participativo y dialógico, en el que la IAP habilita a los sujetos a narrar y transformar su realidad desde prácticas pedagógicas horizontales. En este estudio, las actividades combinaron la recolección de tes timonios personales, el desarrollo de guiones narrativos colaborativos, ejercicios de desahogo y escritura emocional, la selección de imágenes y la grabación de voz en off del propio narrador y material visual selec cionado o producido por los participantes.

Un aspecto clave del proceso fue el uso de tecnologías accesibles y de bajo costo que facilitaron la expresión auténtica y libre de los migran tes, democratizando el acceso a la producción audiovisual. Se emplearon teléfonos móviles para la grabación de voz e imagen, así como micrófonos pequeños tipo lavalier para mejorar la calidad del audio sin interferir en la espontaneidad del relato. Además, se utilizaron programas gratuitos y de código abierto, lo que permitió trabajar de forma ágil y económica en entornos comunitarios. También, se integraron imágenes persona

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les de los propios participantes, fotografías familiares, documentos y recuerdos visuales, junto con material de archivo de uso libre. Como ya anticipaba Calvelo Ríos (1994), la pedagogía audiovisual debe valerse de “instrumentos de producción simples, transportables, de bajo costo, y utilizables por personal con poca formación técnica” (p. 118), lo cual refuerza la lógica de autonomía técnica y apropiación cultural aplicada en estos procesos comunicativos.

El proceso fue acompañado por facilitadores, quienes desempeña ron un rol de mediación ética y técnica, garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad cuando fue requerida, y el respeto por la integridad y autonomía del relato. La producción de los relatos fue concebida como una práctica colaborativa en la que cada participante pudo elegir qué contar, cómo hacerlo y con qué recursos. La metodología implementada facilitó la producción de mate riales audiovisuales significativos y, además, contribuyó a la apertura de espacios seguros para la escucha, el reconocimiento y la memoria compartida, lo que posicionó las narrativas digitales como herramientas comunicativas, tecnológicas y pedagógicas transformadoras.

1. Contexto de la migración sur-norte

En la última década América Latina ha sido epicentro de migra ciones masivas hacia Norteamérica; es así como, solo en 2024, más de

300.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, un descenso del 42 %

desde el pico de 2023, cuando se registraron más de 520.000 cruces (Reuters, 2025). Además, según el World Migration Report 2024, Nor teamérica acoge a casi 59 millones de migrantes, de los cuales apro ximadamente 26 millones provienen de América Latina y el Caribe

(OIM, 2024).

Las crisis políticas, económicas y la violencia estructural en países latinoamericanos como Ecuador y Perú, pero, en especial, el caso de Venezuela, con más de 7 millones de migrantes desde 2015, han inten sificado las rutas migratorias; para el caso de Colombia están la huida por la guerra y un conflicto armado de más de 60 años. Este escenario ha implicado que durante los últimos diez años se haya podido ver en las diversas redes y medios múltiples discursos positivos y negativos, que

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son representaciones mediáticas de narrativas sentimentales, identita rias, vulnerabilidades y una lucha que configuran discursos públicos, resistencia y posicionamientos políticos.

La migración sur–norte en América Latina no puede entenderse sin integrar comunicación y narrativas o comunicación y migración, como líneas de investigación, pues son el lenguaje en que se construyen las experiencias, resistencias y memorias de los migrantes. Autores como Menjívar (2011), Siles et al. (2024) y Pries (2024), evidencian cómo los discursos, reales o virtuales, influyen en salud, derechos e integración de los mismos. En este marco, el desarrollo de propuestas académicas con estudiantes de primaria, bachillerato o secundaria y la gestión de proyectos sociales, aportan en la formación crítica e intervención profesional para reconfigurar narrativas, empoderar comunidades vulnerables y promover una comunicación que reconozca la dignidad y agencia de los migrantes.

Por una parte, desarrollar una propuesta de proyecto con un en foque investigativo desde la comunicación territorializada, que conecta a Colombia, Ecuador, Centroamérica y México como canales narrativos esenciales en rutas migratorias fue esencial para el aprendizaje en el programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán, y ha sido un reto, pero a la vez una ventana abierta para mirar desde otro enfoque la comunicación social en su quehacer y responsa bilidad social.

1.1. La comunicación en la construcción

de memorias del migrante La experiencia migratoria va más allá del desplazamiento físico de una persona de un territorio a otro, implica también la transformación de las formas en que las personas significan y resignifican su pasado y su sentido de pertenencia. En este proceso, es fundamental el rol de la comunicación en la construcción de memorias que permiten dar sentido a la experiencia del desarraigo y la reconstrucción de vida. Desde el enfoque de Elizabeth Jelin (2002), la memoria no debe entenderse como un simple acto individual de recordar, sino como un proceso social en el que se disputan sentidos sobre el pasado dentro

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del espacio público. Para la autora, lo importante no es el pasado en sí, sino cómo se lo revive, se lo cuenta y se lo resignifica desde el presente (Jelin, 2002, p. 31). En este sentido la propuesta de Paul Ricoeur & Neira (2003), también señala que la memoria está íntimamente ligada al acto de narrar, ya que es a través de la narración como los sujetos articulan fragmentos dispersos del pasado para dar coherencia a su experiencia vital. De acuerdo con el autor, narrar implica una forma de reconstruir el tiempo vivido y de darle sentido a momentos discontinuos y a menudo traumáticos (Ricoeur & Neira, 2003, p. 84). En contextos migratorios, el proceso comunicativo es esencial: las personas migrantes entrelazan el recuerdo del lugar de origen, el tránsito y la adaptación en un nuevo entorno, generando relatos que no solo preservan su identidad, sino que la transforman activamente.

En esta línea, autores como Sturken, (1997); Jelin, (2002) y Ricoeur & Neira, (2003), coinciden en que la comunicación no solo transmite memoria, sino que también la produce y le da forma: al narrar sus vivencias, los migrantes reconstruyen sus historias, las vinculan con otras y participan en la creación de memorias colectivas que disputan narrativas oficiales.

Desde el campo de los estudios culturales, Sturken (1997) sostiene que la memoria no existe en un vacío, sino que se construye dentro de contextos sociales y mediáticos donde se negocian sentidos. Los medios de comunicación, el arte y la cultura popular —incluyendo prácticas como el documental, la fotografía o las redes sociales— operan como espacios donde las comunidades migrantes pueden representar sus experiencias y producir memorias que resisten al olvido o la estigmatización. Estas representaciones no solo preservan recuerdos, sino que permiten generar identidades colectivas, movilizar afectos y demandar reconocimiento. En muchos casos, estas memorias toman forma en las comunida des de acogida y el uso de redes y medios como radios comunitarias, documentales, redes sociales o archivos digitales permite la construc ción de sentidos diversos de las migraciones y también de identidades contrahegemónicas (Retis, 2019; Palma, 2016). Así, la comunicación se convierte en un dispositivo político y simbólico que conecta el pasado con el presente, el individuo con la colectividad y el recuerdo con el reconocimiento.

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2. Migración y desafíos de comunicación en

la era digital: desinformación, tensiones y posibilidades Los discursos mediáticos y digitales vehiculan narrativas estigma tizantes, un estudio sobre medios en América Latina reveló que más del

60 % de las noticias sobre migrantes venezolanos contenía desinforma

ción; en este sentido, Pérez & Muñoz (2024) explican que muchos de los discursos de los medios asocian migrantes con el crimen o las amenazas, lo que alimenta la xenofobia, dificulta la construcción de tejido social y repercute en la percepción que tienen las masas de los migrantes. Las plataformas digitales, especialmente. en TikTok o WhatsApp, operan como amplificadores de desinformación sobre la migración a través del uso de memes y post con narrativas emocionales negativas. Por esta razón, es importante que se promueva desde las faculta des de comunicación, los medios masivos y desde los espacios públicos ciudadanos, la formación crítica frente al manejo de la información desde un análisis de cómo es que se construyen los discursos de la problemática migratoria en los medios, redes sociales e instituciones, fortaleciendo herramientas como el contrafake news para minimizar los discursos de odio.

Es relevante tener en cuenta como mecanismo de difusión la circulación de voces migrantes, no solo como una forma de visibili zación, sino también un ejercicio de agencia y producción de sentido desde quienes han sido, históricamente, silenciados. En este contexto, la comunicación estratégica y el enfoque educomunicativo ofrecen herramientas importantes para amplificar testimonios de las personas en esta situación, especialmente, para que repercutan en sus derechos de acceso a la educación y la salud mediante las políticas públicas. También, desde la producción audiovisual y sonora, ya sea a través de documentales, videominutos, pódcast o contenidos transmedia, que permiten construir relatos situados, cargados de memorias, emociones y saberes locales que desbordan los estereotipos mediáticos tradicionales sobre la migración.

Estos productos, elaborados muchas veces de forma participativa, permiten a las personas migrantes convertirse en narradoras de sus

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propios procesos de vida, desplazamiento, exclusión, resiliencia y lucha por sus derechos. Asimismo, en el ámbito de la educación estas narrati vas pueden ser integradas en procesos formativos, en las clases o desde campañas públicas o materiales pedagógicos, ayudando a transformar imaginarios sociales y generando puentes entre comunidades de origen, tránsito y acogida. De esta manera, comunicar desde las experiencias migrantes no solo informa, sino que forma, sensibiliza e interpela al sistema, convirtiéndose en una estrategia transformadora tanto a nivel personal como estructural.

Desde el campo de los estudios de comunicación, la circulación de voces migrantes constituye un eje fundamental en la reconfigura ción de los discursos públicos sobre movilidad humana. Es así como lo educomunicativo entendido como una práctica que articula saberes pedagógicos con medios de expresión comunitaria es una herramienta de intervención simbólica que no solo documenta trayectorias de vida, sino que incide en la formulación de políticas públicas sensibles a los contextos de exclusión, discriminación y despojo que enfrentan las personas en tránsito.

En este sentido, González y Orozco (2019) han señalado que las narrativas de migrantes en formatos transmedia permiten resignificar el lugar del sujeto migrante, desplazándolo del estigma y acercándolo a una dimensión de ciudadanía comunicativa. Por su parte, Navarro (2021) destaca que los productos educomunicativos construidos desde metodo logías colaborativas no solo informan, sino que configuran repertorios de resistencia frente a regímenes de control fronterizo, contribuyendo a procesos de empoderamiento narrativo y pedagógico. Por su parte, Pérez & Muñoz (2024), indican que las narrativas mediáticas que representan la migración irregular tienen un papel fundamental en visibilizar las experiencias reales y complejas de los migrantes, pero a la vez pueden perpetuar estereotipos negativos y deshumanizar a estas personas si se utiliza un lenguaje inadecuado o sensacionalista. Por eso, es esencial que los medios adopten un en foque más respetuoso, humanizado y contextualizado, que reconozca la diversidad, la dignidad y las causas que motivan la migración, promoviendo una percepción pública más empática y una inclusión social efectiva.

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Este tipo de producción permite visibilizar las múltiples dimensio nes del fenómeno migratorio más allá del dato cuantitativo o la noticia fragmentada al recuperar testimonios con valor político, emocional y social, que expresan las condiciones reales de acceso a la salud, a la educación y a la justicia. Asimismo, en términos estratégicos, la co municación territorializada contribuye a identificar y resignificar los espacios por donde circulan los migrantes, como el Tapón del Darién, los corredores fronterizos andinos, o las ciudades de destino en México y Estados Unidos, transformándolos en escenarios de análisis narrativo, resistencia simbólica y construcción de memoria colectiva. En la actualidad, comprender los retos comunicativos en procesos migratorios implica reconocer el rol de las tecnologías digitales en la vida cotidiana de las personas migrantes, quienes no viajan solas: en su gran mayoría estas personas llevan consigo un teléfono móvil, una conexión intermitente y una necesidad urgente de estar informadas. Es en este sentido, que Dana Diminescu (2008) plantea el concepto de “migrante conectado”, refiriéndose a la forma en que las tecnologías de la información y la comunicación permiten mantener vínculos con los lugares de origen, acceder a información clave para la movilidad y enfrentar nuevas formas de exposición a rumores, noticias falsas y desinformación.

Esta conectividad, si bien constituye una herramienta que facilita la toma de decisiones informadas, también representa una fuente de vulnerabilidad informativa, al amplificar temores o generar expectativas que no siempre se corresponden con la realidad. Borkert, Fisher y Yafi (2018) en su estudio sobre migrantes plantean cómo las personas en situación de tránsito confían en las redes sociales y no siempre conocen ni tienen cómo verificar la información. Si bien diferentes plataformas tecnológicas permiten acceder a datos sobre rutas, trámites o políticas migratorias, también propician la circulación de narrativas distorsio nadas, impulsadas muchas veces por redes informales. Al respecto Zeynep Tufekci (2015) plantea otra variable que afecta la manera en que se percibe el migrante en redes sociales: los algorit mos, plataformas digitales como Facebook o X (antes Twitter) no son neutrales; organizan la información en función de las emociones, no de la verdad. Lo que genera rabia o miedo se mueve más rápido. En estas

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plataformas se corre el gran riesgo de convertir la figura del migrante como amenaza o como problema, moldeando el imaginario en que la sociedad mira y percibe a quienes llegan de fuera. Frente a este panorama, apuestas por narrativas contrahegemóni cas sobre la migración son fundamentales para resignificar y combatir la estigmatización del migrante; iniciativas como la desarrollada por Nick Couldry (2010), de recuperar la voz de las personas migrantes a través de medios comunitarios y plataformas alternativas es un acto político que habilita formas de justicia narrativa. En América Latina, autoras como Liliana Garcés (2012) y Sonia Gil (2021) han documentado experiencias en las que el uso de pódcast, documentales participativos y otros formatos colaborativos permite a los migrantes resignificar sus trayectos, combatir la estigmatización y contribuir a la construcción de políticas públicas más inclusivas.

3. Desafíos, resiliencia y capacidades de agencia

en las narrativas de migrantes El proceso de cocreación de narrativas digitales con personas migrantes exige un rol, profundamente, ético y reflexivo por parte de la comunicación social. Los estudios de caso revelan cómo las narrativas digitales permiten visibilizar experiencias de desarraigo, violencia estructural y lucha cotidiana, reconfigurando la figura del migrante desde la autonomía narrativa. A continuación, presentamos un análisis de cuatro narrativas seleccionadas porque muestran estra tegias de resistencia emocional, reconstrucción identitaria y agencia comunicativa en sujetos que tradicionalmente han sido silenciados o estigmatizados.

3.1. “Rendirse no es opción”, narrativa de un migrante

ecuatoriano Uno de los testimonios analizados en el proyecto Humanizando la Deportación es la narrativa número 481, titulada Rendirse no es opción (Pineda, 2025). En ella, se documenta la travesía de un joven ecuato riano en su intento por migrar hacia los Estados Unidos. Su testimonio

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muestra las múltiples violencias, peligros e injusticias que enfrentan los migrantes a lo largo de la ruta y ofrece una mirada crítica a las di námicas de los llamados “complejos industriales fronterizos globales” (Pérez, McKee Irwin & Guzmán Aguilar, 2022).

En Colombia, el joven describe un ambiente, inicialmente, aco gedor. Sin embargo, su verdadera inmersión en la travesía comienza al abordar una lancha hacia el punto conocido como “Las Banderas”, paso previo al cruce del Tapón del Darién. Esta zona es descrita como una “ciudad escondida”, gobernada por economías criminales y tarifas exorbitantes, donde los migrantes se ven obligados a pagar por cada servicio esencial. La llegada a Bajo Chiquito y el posterior registro como “migrante irregular” por parte de la ONU, revela una lógica de control y clasificación que resuena con las llamadas “economías del control migratorio en las fronteras”.

La narrativa se intensifica al llegar a Honduras, donde el mi grante se enfrenta a discriminación, extorsión y abusos, motivados por la percepción de que, al provenir de un país dolarizado, los migrantes disponen de mayores recursos. En Guatemala, la corrupción y la pre sencia de grupos armados reflejan un entorno de violencia estructural y control coercitivo. México, por su parte, se presenta como un territorio de miedo constante, marcado por la vigilancia, la extorsión sistemática de autoridades (policía, agentes migratorios) y el temor a ser identificado. La necesidad de negar su nacionalidad para evitar represalias muestra la pérdida progresiva de derechos y de identidad. El secuestro, robo y maltrato sufrido por sus compañeros de viaje refuerzan esta vivencia de desprotección extrema.

A pesar de las múltiples detenciones y devoluciones al sur de Mé xico, el joven expresa una firme decisión de continuar su camino hacia los Estados Unidos. Esta determinación puede entenderse como una expresión de la autonomía migrante frente a los dispositivos de control, así como una búsqueda constante de refugio, asilo y santuario que, aun que no se materializan, legalmente, operan como motores simbólicos de su resistencia. El testimonio, articulado desde la primera persona, evidencia cómo la narrativa digital, de acuerdo con el planeamiento de Lambert (2013), posibilita la reapropiación del relato migrante y su resignificación como acto de afirmación y dignidad.

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Desde una perspectiva comunicativa, esta narrativa digital, articulada en primera persona, mediante recursos visuales y un lenguaje directo, documenta múltiples vulneraciones a los derechos humanos a la vez que resignifica la experiencia migrante. Como plantea Lambert (2013), el uso del Digital Storytelling posibilita una reapropiación del relato personal como herramienta ética y política. Este tipo de testimonio genera un espacio expresivo que interpela las representaciones institucionales de la migración, ofreciendo una contranarrativa que afirma la humanidad, la capacidad de decisión y la esperanza de quienes emprenden estos recorridos.

3.2. “El amor de una madre”, narrativa de una

migrante venezolana La segunda narrativa digital analizada corresponde al nú mero 401, titulada El Amor de una Madre, (Bermúdez, 2023), que presenta el testimonio de una mujer venezolana que migró a Co lombia junto a su hijo adolescente. Su decisión de migrar no solo responde a la crisis estructural en Venezuela, sino que se configura como un acto de cuidado y resistencia desde la maternidad. Tal como señala Menjívar (2011), las decisiones migratorias de mu chas mujeres deben comprenderse desde los vínculos afectivos y las obligaciones familiares que motivan estrategias de protección y supervivencia más allá de las condiciones estructurales. En este sentido, la migración se revela también como una respuesta a la violencia estructural del abandono estatal y a la búsqueda de una vida digna para los hijos.

Graciela explica que su partida estuvo motivada por la necesi dad de asegurar una educación digna para su hijo, viniendo de un contexto donde el colapso del sistema educativo y las condiciones económicas limitaban su posibilidad de ejercer su rol como madre viuda. Este relato pone en evidencia que las decisiones migrato rias no solo se explican por factores estructurales, sino, también, por estrategias de cuidado que operan desde el ámbito íntimo y familiar, resignificando el acto de migrar como un proyecto ético y afectivo (Kaplún, 1998; Gumucio Dagron, 2001).

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El tránsito hacia Colombia estuvo marcado por el cierre de fronteras oficiales, lo que la obligó a cruzar por pasos informales o trochas, una situación que refleja las consecuencias de las llama das “políticas de contención” que empujan a los migrantes hacia rutas peligrosas y desprotegidas (Pérez, McKee Irwin & Guzmán Aguilar, 2022). El retraso en su llegada a Popayán, producto de huelgas internas en el país de acogida, visibiliza cómo las trayec torias migratorias están atravesadas por múltiples interrupciones; como plantean Pries, Calderón Morillón y Estrada Cerón (2023), las trayectorias migratorias deben entenderse como procesos frá giles y discontinuos, sujetos a interrupciones, cambios abruptos y decisiones forzadas a lo largo del camino.

Una vez en Colombia, Graciela narra experiencias, predomi nantemente, positivas, destacando el apoyo recibido en entornos laborales y educativos, así como la buena acogida de su hijo en la escuela. No obstante, también reconoce tensiones emocionales como la nostalgia por su país de origen y algunos episodios aislados de discriminación. Su relato concluye con una reflexión sobre su anhelo de permanecer en Venezuela y de contribuir desde allí a un cambio, pero reafirma que la vida y el futuro de su hijo fueron la prioridad.

La narrativa de Graciela, construida mediante un formato participativo y testimonial, se inscribe en lo que Kaplún (1998) denomina una pedagogía de la comunicación, en la que el sujeto no es un receptor pasivo, sino un protagonista que construye sentido a partir de su propia experiencia. Este tipo de relato favorece un proceso de comunicación dialógica, donde contar la propia historia se convierte en un acto de apropiación simbólica y de afirmación identitaria. Desde la perspectiva de Martín-Barbero (1987), este tes timonio representa una mediación cultural que permite desplazar el foco desde los medios hacia las experiencias, haciendo visibles los saberes, emociones y resistencias que emergen desde los már genes. En este sentido, la narrativa de Graciela no solo comunica una vivencia migratoria, sino que reconfigura el relato hegemónico sobre la migración al introducir dimensiones éticas, afectivas y culturales habitualmente excluidas del discurso dominante.

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3.3. La extorsión nos obligó a migrar y separarnos, narrativa de una migrante guatemalteca La tercera narrativa digital analizada corresponde al número 404, titulada La extorsión nos obligó a migrar y separarnos (Tzi, 2023). Se trata del testimonio de una mujer guatemalteca que, junto a su hija, se vio forzada a abandonar su país a causa de la violencia extrema y las amenazas sistemáticas de extorsión perpetradas por grupos de mareros (pandillas). Esta experiencia da cuenta de las múltiples dimensiones del desplazamiento forzado, tanto interno como internacional, y revela las profundas vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en contextos de criminalidad estructural. La narradora, junto con su familia, era propietaria de una pana dería que pronto se convirtió en blanco de extorsión. Las exigencias económicas comenzaron con una cuota de 5000 quetzales, seguidas por una demanda adicional de 2000 quetzales y el establecimiento de pagos semanales de 200 quetzales, todo bajo amenazas de muerte. La imposibilidad de cumplir con estas demandas, agravada por deudas acumuladas, derivó en desplazamientos constantes dentro del país antes de optar, finalmente, por la migración internacional. La principal motivación de su partida fue la búsqueda de una vida digna y segura para sus hijos, especialmente considerando que su esposo se encontraba imposibilitado de trabajar por una lesión en la rodilla y su hija padecía una enfermedad dermatológica que requería tratamientos médicos inaccesibles en Guatemala. La separación fami liar, marcada por la imposibilidad de llevar consigo a su hijo enfermo, introduce una carga emocional aún más profunda y dolorosa en su relato, enmarcando su decisión migratoria como un acto de sacrificio, desesperación y amor.

El tránsito migratorio fue igualmente violento y precarizado, cua tro días en un camión, de pie y sin dormir, evidencian las condiciones inhumanas a las que se ven sometidas muchas personas en movilidad. Su testimonio expresa una mezcla de agotamiento y determinación, especialmente al declarar que “ya no es posible salir adelante en Gua temala” debido al aumento del costo de vida. No obstante, su relato concluye con una esperanza férrea: trabajar y luchar para asegurar

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el bienestar de sus hijos, lo que da cuenta de una agencia resiliente a pesar de la adversidad.

Desde una perspectiva comunicacional crítica, esta narrativa visibiliza el poder de la educomunicación como una práctica que permite a los sujetos excluidos narrarse a sí mismos y reapropiarse de su historia. Como plantea Kaplún (1998), “el mensaje educativo debe estimular la participación y la reflexión, no imponer una verdad” (p. 44). En ese sentido, el relato no solo denuncia la violencia estructural y la omisión estatal, sino que también se convierte en una forma de resistencia comunicativa. Al compartir su experiencia, la narradora activa un proceso de reflexión personal y colectiva que interpela al espectador, a la vez que reconfigura su propia subjetividad como mujer, madre y migrante.

La comunicación participativa, tal como la concibe Kaplún (1998), promueve procesos de diálogo en los que el aprendizaje y la transfor mación social emergen del encuentro horizontal entre saberes. En este sentido, la narrativa analizada, al surgir desde la experiencia vivida, representa un acto de empoderamiento simbólico frente a una realidad que ha vulnerado sistemáticamente sus derechos. Así, el testimonio adquiere un valor pedagógico, político y ético, y permite pensar la edu comunicación como un campo fértil para la construcción de memoria y justicia social a partir de las voces de quienes han sido excluidos de los espacios de representación y decisión.

3.4. “Dos trenes más allá de la discriminación”, narrativa

de un migrante hondureño La cuarta narrativa digital analizada corresponde al número 427, titulada Dos trenes más allá de la discriminación (Anónimo, 2024). En ella se recoge el testimonio de un migrante hondureño cuya decisión de dejar su país fue motivada por la violencia estructural y las múlti ples formas de discriminación sufridas debido a su orientación sexual. Su relato denuncia amenazas de muerte, agresiones sexuales y una total desprotección por parte de las autoridades hondureñas ante sus denuncias, lo que configura un claro caso de desplazamiento forzado tanto interno como internacional.

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Un elemento central del testimonio es la discriminación agra vada por su condición de portador de VIH, incluso dentro del ámbito familiar, donde su padre lo rechaza. Esta narrativa revela con fuerza la interseccionalidad de vulnerabilidades, sexo, salud y clase, que se entrelazan para acentuar su exclusión. Su experiencia migratoria se complejiza al evidenciar cómo múltiples formas de estigmatización se superponen, lo que obliga a repensar la migración como una lucha por el reconocimiento de derechos y por la dignidad.

Durante su paso por México, las dificultades no disminuyen. En Tapachula, el migrante se enfrenta a la indiferencia institucional, el hambre y la falta de albergue. Aunque logra llegar a Veracruz y acceder a un refugio, continúa enfrentando discriminación, incluso dentro del sistema de asistencia humanitaria. Esta persistencia de la xenofobia y los prejuicios revela cómo los sistemas de acogida pueden reproducir las mismas violencias que los migrantes buscan dejar atrás. Una denuncia, especialmente, alarmante es la dificultad para acceder a su tratamiento antirretroviral, lo que pone en riesgo su salud y vulnera de forma directa su derecho fundamental a la vida digna. La falta de atención médica oportuna y la negligencia institucional evidencian lo que Martín-Barbero (2002) denomina la “desconexión entre institucionalidad y experiencia”, donde los marcos legales se presentan como protectores, pero no se traducen en garantías reales para los cuerpos vulnerables. Esta tensión, entre norma y realidad, es precisamente la que las narrativas digitales permiten visibilizar desde la voz de quienes viven esa exclusión.

El testimonio también señala los abusos cometidos por autoridades migratorias, incluidas detenciones en condiciones precarias, lo cual constituye una denuncia directa a las políticas de control migratorio que priorizan la contención sobre la protección. Aun así, el relato concluye con un llamado a una atención diferenciada y sensible, reconociendo la especificidad de su situación. Este gesto refleja no solo su agencia, sino también una demanda de justicia y humanidad. Desde la comunicación crítica, esta narrativa opera como un acto de resistencia simbólica. Al compartir su experiencia, el migrante no solo denuncia violencias estructurales, sino que reclama su derecho a ser escuchado. Como plantea Kaplún (1998), “el mensaje educativo debe

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estimular la participación y la reflexión, no imponer una verdad” (p. 44). Estas narrativas digitales no son meros registros de victimización, sino ejercicios de enunciación que interpelan y transforman. A través de ellas, se deconstruyen estereotipos y se configura una memoria alternativa sobre la migración, que incluye a aquellos cuerpos y voces históricamente marginadas.

Desde el campo de la comunicación, las narrativas digitales analizadas constituyen mucho más que relatos individuales, son ac tos comunicativos que permiten a los sujetos en movilidad ejercer su derecho a narrarse, reconstruir su identidad y disputar los sentidos hegemónicos sobre la migración. Estas experiencias, mediadas por el testimonio audiovisual y el uso de tecnologías accesibles, demuestran que la comunicación puede ser un campo de resistencia, memoria y acción política.

En línea con los aportes de Kaplún (1998), la comunicación no debe entenderse como un canal para transmitir contenidos, sino como un proceso dialógico que estimula la reflexión y la transformación social. Asimismo, siguiendo a Martín-Barbero (2002), estas voces desplazadas tensionan las narrativas oficiales y visibilizan la desconexión entre las instituciones y las experiencias vividas por quienes han sido, histórica mente, excluidos de los espacios de representación. Al recuperar estas historias desde la educomunicación crítica, se promueve una práctica comunicativa comprometida con la justicia social, la inclusión y la dig nidad, aportando al campo no solo herramientas metodológicas, sino una ética del escuchar, del acompañar y del narrar con el otro. En este sentido, las narrativas migrantes no solo comunican, sino que enseñan, interpelan y transforman las realidades.

4. Conclusiones

La educomunicación no es solo una metodología; es una apuesta ética por trabajar con los otros, escuchar sus historias y construir con ellos herramientas para narrarse desde otros lugares. Cuando un mi grante produce su propio relato, con su voz, su imagen, su tiempo, no solo se cuenta: se reconoce, se afirma y transforma la manera en que otros lo ven, sensibilizando y reconfigurando así los imaginarios socia

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les, no solo informando sino formando, convirtiéndose en una estrategia transformadora tanto a nivel personal como estructural. Este capítulo ha puesto de relieve la eficacia de las narrativas digitales como instrumento de comunicación social crítica en el marco de las movilidades humanas, mediante procesos de investigacióncrea ción; con la metodología de digital storytelling se ha evidenciado que la cocreación de relatos con personas migrantes posibilita no solo la re presentación auténtica de sus trayectorias, sino también la construcción colectiva de sentido. Estas experiencias narrativas refuerzan la noción de educomunicación crítica al otorgar agencia a los sujetos en movi lidad, permitiéndoles articular sus propias voces y desafiar discursos hegemónicos que tienden a estigmatizar y deshumanizar. Nos permite además comprender el papel de la construcción de memoria en la migración, reconstruyendo el pasado desde el presente y elaborando sentidos sobre el desarraigo, la pertenencia y la adaptación. En este proceso, los medios comunitarios y las plataformas digitales juegan un papel clave a la hora de visibilizar memorias contrahege mónicas que confrontan los silencios de las narrativas oficiales. Estos relatos como expresiones vivas de identidad colectiva permiten pensar la migración no solo como un drama social, sino también como una fuente de aprendizaje, resistencia y transformación. Es necesario que desde la academia y las diferentes organizacio nes, se promueva la aplicación de enfoques territoriales en proyectos de comunicación sobre migración; esto implica situar las historias, voces y memorias en contextos específicos de cada territorio, facilitando la participación de migrantes y comunidades locales, y construir relatos que contribuyan a la dignidad, integración y reconocimiento de los mi grantes en cada espacio que transitan o habitan. Este enfoque facilita el reconocimiento desde las realidades de los territorios involucrados en las rutas migratorias.

Los resultados de las narrativas presentadas sugieren que las histo rias coproducidas trascienden la dimensión testimonial para convertirse en actos de resistencia simbólica que repercuten en la configuración de imaginarios sociales más inclusivos. Este enfoque metodológico ha demostrado su potencial transformador al abrir escenarios de reflexión, empatía y diálogo intercultural, elementos esenciales para promover

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políticas migratorias más justas y solidarias en cada país de tránsito. De cara al futuro, es imperativo profundizar en estudios interdisciplinarios de seguimiento que evalúen el impacto sostenido de estas narrativas en la integración psicosocial de los migrantes en los países de acogida y en la sensibilización tanto de la ciudadanía como de la opinión pública. Asimismo, la articulación entre investigación participativa, activismo digital y pedagogía crítica en los espacios académicos, se perfila como un eje estratégico para consolidar un paradigma comunicativo basado en la justicia social, el respeto a la diversidad y el reconocimiento efectivo de los derechos humanos.

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Gladys Adriana Espinel Rubio Universidad Francisco de Paula Santander Claudia Elizabeth Toloza Martínez Universidad Francisco de Paula Santander Liany Yetzira Hernández Granados Universidad Francisco de Paula Santander Narratives about Venezuelan migrant children and adolescents in three cybermedia from Colombia and Ecuador Narrativas sobre los niños, Narrativas sobre los niños, niñas y adolescentes niñas y adolescentes migrantes venezolanos migrantes venezolanos en tres cibermedios de en tres cibermedios de Colombia y Ecuador Colombia y Ecuador Narrativas sobre los niños, Narrativas sobre los niños, niñas y adolescentes niñas y adolescentes migrantes venezolanos migrantes venezolanos en tres cibermedios de en tres cibermedios de Colombia y Ecuador Colombia y Ecuador

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Resumen Este capítulo analiza críticamente el discurso periodístico so bre niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en tres medios: El Espectador y Revista Semana (Colombia), y El Comercio (Ecuador), a partir de 99 notas entre 2017 y 2021, periodo de aumento del éxodo venezolano y la pandemia. Se identificaron seis categorías discursivas principales: exclusión, vulneración de derechos, precariedad económica y alimentaria, marginalidad espacial, pérdida de identidad jurídica y riesgo de explotación por redes ilegales. El espacio emerge como un elemento simbólico clave, mostrando a los menores habitando lugares precarios y transitorios que desafían el orden social. A diferencia de la representación de migrantes adultos, los medios trataron a la niñez migrante con respeto y un enfoque ético, evitando la revictimización y cumpliendo con principios internacionales de protección infantil. En conclusión, la prensa visibiliza, no solo la vulnerabilidad de estos meno res, sino también las fallas estructurales en su protección, contribuyendo a la construcción de narrativas que pueden influir en políticas públicas. Palabras clave: Niñez migrante; discurso periodístico; derechos humanos; migración venezolana.

Abstract This chapter critically analyzes the journalistic discourse about Venezuelan migrant children and adolescents in three media outlets:

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El Espectador and Revista Semana (Colombia), and El Comercio (Ecuador), based on 99 articles published between 2017 and 2021, a period marked by the increase of the Venezuelan exodus and the COVID-19 pandemic. Six main discourse categories were identified: exclusion, violation of rights, economic and food insecurity, spatial marginalization, loss of legal identity, and risk of exploitation by illegal networks. Space emerges as a key symbolic element, depicting minors inhabiting precarious and transient places that challenge social order. Unlike adult migrants’ portrayals, the media treated migrant children with respect and an ethical approach, avoiding revictimization and adhering to international child protection standards. In conclusion, the press not only highlights these minors’ vulnerability but also exposes structural failures in their protection, contributing to narratives that can influence public policies.

Keywords: Migrant children; journalistic discourse; human rights; Venezuelan migration.

Introducción Aunque que existe una importante producción bibliográfica sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en España, Estados Unidos y Centroamérica; alrededor de protección internacional y las garantías de acceso a salud y educación, así como sobre los discursos y representaciones que construyen de ellos los medios masivos de co municación, específicamente, en relación con los menores no acompa ñados (MENA) (Gómez-Quintero, Aguerri & Gimeno-Monterde, 2021), los estudios para el caso de la migración venezolana en Latinoamérica son recientes (Niño Vega, 2023; Niño Vega, 2024; Niño Vega, 2025; Flórez de Andrade, Olmos Alcaraz, & Aliaga Sáez, 2025; Aliaga‑Sáez, Olmos‑Alcaraz, De la Rosa‑Solano, Rodríguez Portillo, & Montoya‑Ca rrizosa, 2024), asociados a lo novedoso del fenómeno en cuanto este se agudizó a finales del 2015.

La revisión en bases de datos académicas identificó investigacio nes relacionadas con las apuestas por la inclusión de los NNA migran tes venezolanos acompañados o no acompañados al sistema educativo (Foulds, Rodríguez & Casas, 2022; Sabeerah & Kinkead-Clark, 2022)

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de los países receptores o sobre las imágenes que se difunden de estos en las redes sociodigitales (Fornari & Egry, 2020). Sin embargo, fueron escasas las referencias sobre las narrativas que desarrollan de éstos en los medios de comunicación.

Se analizaron 99 notas publicadas entre el 2017 y 2021 que refi rieron en su titular o en su contenido a los NNA migrantes venezolanos. Las publicaciones dan cuenta de narrativas que transitan entre la dis criminación a la inclusión educativa y entre el éxodo y la reunificación familiar.

Las narrativas cumplen un papel importante en la comunicación y la persuasión, pues permiten a los agentes transmitir ideas complejas de forma accesible y convincente. Además, ofrecen historias que logran la identificación con los personajes (Igartua 2010) y se sienta emocio nalmente atraído por situaciones y contextos que de otro modo serían distantes o abstractos, o que se genere un total rechazo. De esta manera, las narrativas pueden unir y separar a las per sonas, pero también generar sentimientos de afinidad, solidaridad y pertenencia a un grupo. “Estas distinciones pueden dar lugar no sólo a nociones simbólicas de Nosotros y Ellos, sino también a influir y legitimar los límites sociales de inclusión y exclusión, determinando así un acceso diferencial a los derechos civiles, sociales y políticos”, (Boswell et. al., 2021, p. 8).

Las investigaciones adelantadas hasta el momento revelan que los contenidos, discursos, representaciones e imaginarios que recrean los medios masivos de comunicación sobre las personas migrantes en las sociedades receptoras evidencian narrativas construidas desde las nociones del riesgo y la peligrosidad, lo que promueve la discriminación y la xenofobia.

Sin embargo, a medida que se surten los procesos de inclusión e integración social, cultural y económica con algunos grupos poblacio nales, se configuran nuevas prácticas comunicativas tanto en los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y TV), como en las redes sociodigitales que requieren ser identificas, analizadas y definidas de modo que se comprenda la emergencia de las mismas en un contexto migratorio (emigrar, inmigrar y retornar) permanente como al que asistimos actualmente.

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De todas formas, los medios de comunicación resaltan los esfuerzos de las comunidades de acogida y los gobiernos de Colombia y Ecuador, por garantizar los derechos de los niños y niñas haciendo variaciones a su legislación educativa y migratoria, además del cumplimiento de los tratados internacionales; sin embargo, los sistemas de cuidado estable cidos para su supuesta protección son, en muchos casos, inaccesibles o inadecuados para sus circunstancias y para los proyectos migratorios familiares o individuales, Niño Vega (2024).

La situación de los NNA migrantes en Colombia y Ecuador En Colombia, por ejemplo, de 1.729.537 migrantes venezolanos en el 2020, cerca del 38 % de esta población tenía menos de 18 años, constituyéndose en un grupo poblacional etario importante en cifras. Al 2022, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró atención a 96.362 NNA.

Entre 2021 y marzo de 2023, el número de casos relacionados con vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos se duplicó, alcanzando un total de 7.690 procesos, según datos del ICBF. En total, entre 2015 y 2022, el Estado colombiano in tervino en 14.172 situaciones que requirieron medidas de protección para esta población infantil y adolescente, debido a circunstancias como negligencia u omisión de cuidados, ausencia total o temporal de sus cuidadores, abuso sexual, explotación, permanencia prolongada en las calles, condición de menores no acompañados, trabajo infantil, vio lencia física o psicológica, abandono, acoso sexual, explotación sexual comercial y amenazas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, entre otras.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno de Ecuador informó que en 2019 residían en ese país 88.320 niños de nacionalidad venezolana, de los cuales 54.000 no tenían acceso al sistema educativo. Ese mismo año, el Consejo Noruego para Refugiados reportó que alrededor de

400.000 niños venezolanos se encontraban fuera del sistema escolar en

Ecuador, Venezuela y Colombia, en un contexto de desprotección que también afecta a menores de otras nacionalidades.

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Este capítulo es uno de los productos del proyecto de investigación “La migración venezolana, una mirada multidimensional” de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia.

Metodología Este estudio se inscribe en un enfoque cualitativo y de carácter exploratorio, orientado a comprender las representaciones discursivas construidas por los medios de comunicación digitales sobre la migración, con énfasis en la niñez y adolescencia venezolana en movilidad. La investigación se fundamenta en el análisis crítico del discurso (ACD), en la línea propuesta por Teun A. van Dijk (2003, 2008), quien plantea que el discurso no solo refleja, sino que también produce relaciones de poder, ideologías y formas de exclusión social. Desde esta perspectiva, el análisis no se limita al nivel lingüístico, sino que incorpora dimen siones cognitivas, sociales y contextuales del discurso mediático. Corpus y criterios de selección El corpus estuvo compuesto por 100 notas de prensa publicadas entre los años 2017 y 2021 en tres medios digitales de referencia: El Comercio (Ecuador), El Espectador y Revista Semana (Colombia). Estos medios fueron seleccionados por su alcance regional, su influencia en la opinión pública y su cobertura sostenida del fenómeno migratorio, particularmente en el contexto de la crisis venezolana. Se realizó un muestreo intencional, aplicando como criterio exclu yente que los textos periodísticos se refirieran explícitamente a niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. Se consideraron aquellos contenidos que abordaran temas como infancia no acompañada, pro tección de derechos, crisis humanitaria, acceso a educación y salud, vulneraciones, integración social, y políticas públicas de atención. Para la recolección se utilizaron búsquedas por palabras clave en los portales web oficiales de los medios.

El periodo 2017–2021 fue delimitado de manera intencional por su relevancia sociopolítica: 2017 marcó el inicio de una acelerada

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salida de población venezolana debido al agravamiento de la crisis económica, política y humanitaria en ese país; mientras que el 2021 estuvo marcado por el fin del confinamiento obligatorio decretado en varios países de la región a raíz de la pandemia por COVID-19, lo cual impactó de manera significativa en la movilidad humana y las con diciones de vida de las personas migrantes, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Se reconoce, además, que la elección de medios tradicionales con presencia digital deja fuera otras formas de representación presentes en medios alternativos, comunitarios o redes sociales, lo que abre posibles líneas futuras de investigación.

Técnica de análisis La técnica empleada para la investigación inicial fue el análisis crítico del discurso, a partir de las categorías propuestas por Van Dijk (2003), que permiten identificar cómo se construye discursivamente la figura del niño, niña o adolescente migrante en los relatos mediáticos, así como los marcos ideológicos, las estrategias de polarización y las prácticas discursivas de inclusión o exclusión.

El análisis se centró en:

• La macroestructura temática (temas dominantes y jerarquización informativa).

• La estructura local (léxico, adjetivación, metáforas y recursos retóricos).

• La representación de actores (quién habla, quién es citado o silenciado).

• El contexto socio-político y mediático en el que se inscriben las narrativas, reconociendo las tensiones entre discursos de victimización, amenaza o integración.

En este capítulo, únicamente, se relacionan los análisis de la ma croestructura temática y el contexto socio-político y mediático en el que se inscriben las narrativas; puesto que se espera en trabajos posteriores ofrecer resultados en cuanto a la estructura local y la representación

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de actores, lo que requiere un ejercicio metodológico y argumentativo más profundo del cual es imposible dar cuenta en el presente texto dada su brevedad.

Resultados y discusión Del diario Elcomercio.com de Ecuador se seleccionaron para este estudio 30 notas periodísticas presentándose un mayor registro de pu blicaciones en el año 2019, siendo temas centrales la deserción escolar, el bullying, la desaparición, los asesinatos y trabajo infantil entre la población migrante venezolana, de manera especial, los NNA. Por su parte, en ElEspectador.com se identificaron 40 notas; de los 3 medios analizados para este capítulo, es el que más notas tiene publicadas en relación a los NNA migrantes venezolanos. Riesgos du rante la ruta migratoria El medio visibiliza las condiciones extremas que enfrentan ni ños y adolescentes que migran solos, sin acompañamiento adulto. En especial, se resalta el fenómeno de los “Caminantes”, que recorren a pie largas distancias, expuestos a temperaturas extremas en zonas de páramo, lo que ha provocado incluso muertes. Esta temática enfatiza la desprotección durante el tránsito migratorio.

Por otra parte, señala el reclutamiento forzado por actores arma dos ilegales, al denunciar la utilización de niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados, particularmente en regiones fronterizas y selváticas. Estas organizaciones criminales aprovechan su vulnerabilidad para alistarlos en la guerra, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y una amenaza a su integridad física y emocional.

La revista Semana registró 19 notas publicadas en el periodo estudiado. Estas destacan la discriminación a la que se ven sometidos muchos de estos menores, quienes son objeto de maltrato y desconfianza social, generando un sentimiento generalizado de rechazo y un ambiente hostil que agrava su vulnerabilidad. En el caso de los adolescentes, el medio alerta sobre su creciente exposición a entornos delictivos y de consumo de sustancias psicoactivas, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y, los aleja de un proyecto de vida digno.

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Macroestructura temática y contexto socio-político y mediático en el que se inscriben las narrativas En esta sección se analiza cómo la prensa escrita construye intencionalidades discursivas en torno al fenómeno migratorio vene zolano. A través de sus relatos, los medios configuran representacio nes específicas de los sujetos migrantes, particularmente, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Desde estas categorías emergen conceptos y enunciados que reflejan y reproducen prácticas discursivas asociadas al control social, el abuso de poder, la desigualdad y el rechazo hacia las personas migrantes. El masivo desplazamiento de población venezolana ha implicado la movilización de un alto número de niños y niñas, cuya situación se entrecruza con múltiples factores sociales del país receptor. La infancia migrante se encuentra en tensión constante entre el reconocimiento de sus derechos y su negación o despojo, dependiendo del contexto institucional y social, ante el hecho de ocupar un lugar como migrante activa, en la sociedad receptora, se ve permeada por una serie de significados que moldean la forma en que estos niños y niñas son percibidos, tratados e integrados (o no), configurando realidades diferenciadas, tanto favorables como adversas, que con dicionan su existencia cotidiana.

“La escuela un entorno protector y excluyente”43 La vinculación de niños y niñas migrantes al sistema escolar del país receptor constituye un acto fundamental para el restable cimiento del derecho a la educación, entendido como un derecho universal que no debe estar condicionado por la nacionalidad o el estatus migratorio. La institucionalidad educativa se configura, en este sentido, como un espacio clave para promover la inclusión de la infancia migrante dentro del marco de legalidad vigente en el país de acogida.

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No obstante, aunque el Estado habilita y regula este espacio como garante del derecho, en el plano de las relaciones cotidianas de enseñanza, aprendizaje y convivencia escolar emergen tensiones que contradicen dicha garantía. A través de determinadas prácticas discursi vas, expresadas en enunciados, actitudes y representaciones sociales, se manifiestan formas de rechazo, exclusión y agresión simbólica hacia los niños y niñas migrantes. Estas prácticas revelan que la inclusión formal no siempre se traduce en una inclusión real, reproduciendo dinámicas de desigualdad y xenofobia dentro del ámbito escolar. Esto es evidente en el modo como la prensa manifiesta estas dos caras de la moneda; protección y rechazo, el primero se manifiesta en:

“Niños venezolanos, con las puertas abiertas en instituciones educativas del Quindío”. (EE 06/02/2019)

“En Ecuador hay 88.320 niños venezolanos, pero solo 34.320 van a clases”. (EC/4/12/2019)

“Círculo de aprendizaje: el puente hacia las aulas para los niños migrantes Los hijos de la migración venezolana”. (RS/16/11/2019)

“ONU aprobó US$ 27 millones para educación de niños migrantes” (RS/09/12/2020)

“El aula integra a los chicos de otros países (EC 7/08/2019) En estos titulares (1) y (2) la escuela como lugar o territorio reco noce sin obstaculizar el derecho de los migrantes esto se observa en el uso de los conceptos las puertas abiertas, pero a pesar del reconoci miento del derecho 34.320 niños o niñas van a clase por parte de los estados existe un alto porcentaje que no accede a este derecho, con lo cual el estado demuestra por una parte que está ejerciendo un mandato constitucional, pero a su vez señala que existe un porcentaje, a pesar de las puertas abiertas que por X o Y motivo ellos no quieren acceder a este derecho.

En los titulares (3) y (4) las expresiones el puente hacia las aulas y la ONU aprobó 27 millones para la educación facilitan y garantizan como factores externos el derecho a la educación de los migrantes vene zolanos. Ante la dificultad de los migrantes por edad extraescolar o por

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ausencia de documentos que validen el año que se cursó en Venezuela, los migrantes nivelan procesos en la propuesta educativa de círculos de aprendizajes, permitiendo el acceso a la escolaridad. La segunda realidad se manifiesta en los siguientes titulares:

“venezolanos denuncian casos de Bullying en niños y despidos” (Ec 14/09/2017)

“Sin patria, sin casa, sin escuela: el calvario de los niños venezolanos en Colombia”. (EC 10/10/2019)

“venezolano vete de aquí, le dijeron a niño de 6 años, tras golpearlo, en escuela de Quito”. (EC/5/11/2019)

“La travesía de los niños venezolanos con la educación pública”. (EE 16/09/2018)

“No todos los niños venezolanos estudian en Colombia” (EE 07/02/2020) En los titulares (1) y (3), se evidencian expresiones como “bull ying” y “venezolano, vete de aquí”, que ponen de manifiesto cómo el espacio protector de la institucionalidad educativa puede convertirse en un escenario de conflicto y exclusión. Estos actos de violencia verbal y simbólica revelan que, en la relación con los “otros” —los migrantes venezolanos—, el hecho de ser extranjero opera como un factor de di ferenciación negativa, marcando límites sobre quién tiene derecho a ocupar ciertos espacios y quién no.

La agresión, en este caso, es ejercida por otros niños, lo que indica que la xenofobia no solo se reproduce desde discursos institucionales o adultos, sino que también se encarna en las prácticas cotidianas de los propios estudiantes, quienes reproducen las tensiones sociales del contexto en el que habitan. La negación del otro migrante se justifica desde una lógica que naturaliza su exclusión, ignorando que —al igual que quienes agreden— estos niños y niñas también son titulares de derechos fundamentales, como el acceso a la educación y la dignidad en el trato.

En el titular (2), “Sin patria, sin casa, sin escuela”, se condensan las múltiples dimensiones de despojo que experimentan los niños y niñas migrantes venezolanos. La migración forzada aparece como la

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única opción para una población que, en su país de origen, enfrenta condiciones políticas, sociales y económicas profundamente adversas, que deterioran su calidad de vida. Sin embargo, esta salida motivada por la búsqueda de mejores condiciones termina convirtiéndose también en una forma de pérdida o desposesión, al no encontrar, en muchos casos, un territorio que garantice efectivamente sus derechos como personas migrantes.

Aunque los estados receptores disponen de mecanismos insti tucionales que, en teoría, garantizan derechos fundamentales como salud, educación y vivienda, una gran parte de la población migrante infantil sigue enfrentando condiciones similares a las que dejó atrás. El acceso real a estos derechos exige el cumplimiento de una legalidad mínima —trámites, documentación, reconocimiento institucional— que no siempre es viable para quienes huyen en condiciones de urgencia o informalidad.

El ejercicio de derechos por parte de niños y niñas migrantes también implica su inserción simbólica en el estado que los recibe, lo cual abre posibilidades de reconstrucción de su identidad, pertenencia y proyecto de vida. Espacios como la escuela, la casa o el acceso a servicios básicos se convierten entonces en lugares desde donde los niños y sus familias tejen nuevos significados de “patria”. No obstante, el titular también alude a las dificultades estructurales, obstáculos burocráticos y sufrimientos cotidianos que enfrentan para lograr ese reconocimiento. Desde esta perspectiva, el despojo puede entenderse no solo como la carencia de lo que nunca se tuvo, sino también como el arrebato de aquello a lo que se tiene derecho, pero que en la práctica es negado. Sobre esta tensión, las personas migrantes construyen narrativas de aceptación o rechazo, que revelan la complejidad del vínculo entre movilidad humana, legalidad y dignidad.

Los titulares (4) y (5), que emplean expresiones como “calva rio” y “sin escuela”, revelan la complejidad del acceso al derecho a la educación para la población migrante infantil. Aunque en el discurso institucional la escuela se presenta como un espacio protector y garante de derechos, en la práctica su acceso está condicionado por múltiples requisitos legales y administrativos, como la edad, la certificación de grados anteriores o la regularización migratoria. Estas exigencias bu

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rocráticas pueden convertirse en barreras de entrada que excluyen a niños y niñas migrantes del sistema escolar.

A pesar de estas limitaciones, también se evidencia que algunos menores migrantes sí logran ser incluidos en el sistema educativo, lo cual demuestra la coexistencia de procesos de inclusión y exclusión al interior de la misma institución. Sin embargo, el acceso desigual refleja una tensión estructural entre la oferta y la demanda educativa, espe cialmente en contextos donde la capacidad institucional es limitada. La insuficiencia de cupos escolares se convierte así en un problema social que afecta tanto a la población migrante como a los niños y ni ñas del país receptor, generando tensiones en torno a la distribución de recursos públicos y el cumplimiento efectivo del derecho a la educación para todos.

“Vulnerabilidad, riesgo y actos de violencia en la niñez migrante” La búsqueda de mejores posibilidades y condiciones por parte de la población migrante en un país de destino los enfrenta a la garan tía de los derechos por parte de la institucionalidad y el estado. Esta ausencia aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de los migrantes ante los fenómenos de violencia, explotación y abuso. Los migrantes están expuestos por sus condiciones a las propuestas que les oferta el mundo de lo ilícito. Los menores migrantes, en este caso, al ingresar al territorio de destino quedan expuestos a ser vulnerados y convertirse en víctimas de algún delito, (trata, abuso y explotación sexual, reclutamiento, venta y prostitución). La prensa lo expone de la siguiente manera:

“Drogaban a niños venezolanos, los disfrazaban de niñas y los forzaban a prostituirse EN 19/10/2019 “

“Explotación sexual: el drama de niños y jóvenes venezolanos que emigran solos a La Guajira colombiana EN 2/10/2020”

“Alerta por dos niñas venezolanas desaparecidas en Santander RS23102020”

“Menores venezolanas pidieron aventón a camión y luego desaparecieron ET 22/10/2020”

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“Bebés de migrantes venezolanas eran comprados por banda en Cúcuta y vendidos en Europa EN 2/05/2021”

“Mujeres y niñas, las principales víctimas de trata de personas en Latinoamérica EE02/02/2021”

“Las mafias buscan reclutar a los migrantes EC 16/09/2019”

“Arauca: el riesgo del reclutamiento para niños migrantes RS03122019”

“ONG denuncia que niños venezolanos se están muriendo por fallas en servicios sanitarios EE02/11/2018” Los titulares analizados reflejan cómo, en muchos casos, el país receptor no ofrece a la niñez migrante condiciones dignas de vida, sino escenarios similares —e incluso más degradantes— que los que motivaron su salida del país de origen. En los discursos periodísticos, esta población infantil aparece atrapada en una continuidad de vulne raciones que refuerzan su exclusión y profundizan el desarraigo. Asimismo, se observa que la prensa contribuye a la configura ción de imaginarios sociales en los que los niños y niñas migrantes venezolanos son asociados con contextos de violencia, criminalidad e inseguridad. Enunciados como “drogaban, disfrazaban, forzaban” (titular 1), “explotación”, “bebés comprados” (titular 2), “niñas víctimas de trata de blancas” (titular 6), o referencias al reclutamiento por ma fias y grupos delictivos (titulares 7 y 8), construyen una narrativa en la que la infancia migrante no solo no está protegida, sino que además se encuentra expuesta a redes de explotación y violencia sistemática. Otras expresiones, como “desaparecidos” (titulares 4 y 5) o “se están muriendo por fallas en servicios sanitarios” (titular 9), aluden al aban dono institucional y a la precariedad estructural que enfrentan. Estas representaciones permiten visibilizar que existen actores — estatales, criminales o sociales— que convierten a los niños migrantes en objetos de usufructo, trata y manipulación, instrumentalizándolos como mercancía en contextos de ilegalidad. El verdadero peligro, como sugiere el discurso de los medios, no reside en los niños migrantes, sino en el entorno de violencia y negligencia que los rodea y en la incapa cidad del Estado para garantizar una protección efectiva de sus dere chos. Esta situación coloca a la infancia migrante en un estado de alto

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riesgo y desamparo, profundizado por un sistema que no logra asegurar condiciones mínimas de bienestar ni mecanismos reales de inclusión. “Vulnerabilidad alimenticia una afectación a la niñez migrante” Los hogares migrantes viven en condiciones precarias e inesta bles, situación que afecta a la población infantil. Estos bajos niveles de consumo de alimentos, según el WIP programa mundial de alimentos está, estrechamente, relacionado con la vulnerabilidad económica, ante esta realidad los hogares recurren a estrategias de afrontamiento como mendigar o aceptar actividades de riesgo. Los siguientes enun ciados y conceptos evidencian la forma como la prensa sume esta vulnerabilidad:

“No tengo cómo mantenerla”: venezolana que abandonó a bebé en Cúcuta EE01/06/2018”

“El14 % de los migrantes de Venezuela recurrió a la mendicidad, según la ONU EC 19/07/2019 “

La desnutrición, un mal que los menores venezolanos viven diariamente RS03092021

Prevalece la inseguridad alimentaria de niños venezolanos en Perú EN 12/10/2018ET 2/08/2019 Los titulares (1) al (4) evidencian las múltiples formas de precariza ción que enfrentan las familias migrantes venezolanas, particularmente en lo relacionado con la infancia. El titular (1) expone la imposibilidad de acceder a un empleo digno como uno de los principales factores que impiden cubrir las necesidades básicas de los hijos e hijas migrantes. Esta situación genera un ciclo de despojo y empobrecimiento que afecta la dignidad de las personas migrantes, llevándolas en ocasiones a tomar decisiones extremas, como el abandono de los menores. En el titular (2), la mendicidad aparece como la única alternativa para enfrentar la vulnerabilidad económica. El uso del término “re currir” sugiere la ausencia de otras opciones disponibles, y a su vez expone cómo esta forma de subsistencia se convierte en una estrategia

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de inserción marginal dentro de la sociedad receptora. Esta práctica, visibilizada por la prensa, señala de manera directa la falta de acceso de los migrantes a derechos fundamentales, entre ellos la seguridad alimentaria y el trabajo digno.

El titular (3), al referirse a la “desnutrición”, pone en evidencia las consecuencias directas de la exclusión estructural sobre los niños migrantes, quienes sufren carencias alimentarias que el Estado no logra mitigar. Esta vulneración no solo compromete el desarrollo físico y cognitivo de los menores, sino que refleja también la precariedad económica en la que se encuentran sus familias. Finalmente, el térmi no “prevalecer”, utilizado en el titular (4), subraya que la violación del derecho a la alimentación no es un hecho aislado ni momentáneo, sino una condición persistente que se suma a otras formas de inseguridad y desprotección que afectan a la niñez migrante venezolana. “Los niños migrantes huérfanos del éxodo” El éxodo es el desplazamiento, el destierro de un pueblo o comu nidad de personas que abandonan su lugar de origen en busca de un nuevo espacio que los albergue para radicarse. Bajo este contexto el discurso de la prensa cuenta con elementos que influencian el modo de comprender los hechos y los acontecimientos de los niños migrantes. Los siguientes titulares evidencian la forma particular como se manifiesta el éxodo de los niños migrantes.

“Angelina Jolie advierte que 20 000 niños venezolanos pueden convertirse en apátridas” EC8/06/2019.

“Los ‘huérfanos’ del éxodo venezolano” EC/6/09/2019

“Migración con niños, la otra cara del éxodo de venezolanos a Colombia”RS24092018

“Es alarmante que niños migrantes menores de 13 años lleguen solos”: Defensoría RS03072021

“Los bebés sin patria que podría dejar el éxodo venezolano en Colombia” ET/8/10/2018

“Niños no acompañados, la otra cara de la migración venezolana” ET/28/05/2021.

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Los titulares (1) y (5) ponen en evidencia que una de las con secuencias del éxodo de menores venezolanos es la dificultad para obtener un reconocimiento legal por parte de los Estados receptores. Aquellos niños que no logran “legalizarse” en el país de acogida son frecuentemente considerados apátridas, situación que, conforme a la legislación vigente, los excluye del pleno ejercicio de sus derechos fun damentales. Esta exclusión jurídica vulnera principios establecidos en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), que garantiza el derecho a la nacionalidad y a la protección sin discriminación alguna, así como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), que establece medidas para proteger a estas personas. En el ámbito nacional, leyes de protección integral a la infancia y regulaciones migratorias deberían garantizar el acceso pleno a derechos para los niños y niñas migrantes, independientemente de su estatus legal.

Por otra parte, los titulares (2), (3), (4) y (6) emplean términos como “huérfanos”, “la otra cara”, “alarmante”, “solos” y “no acompañados”, que funcionan discursivamente para construir una representación particular de estos menores en condición migratoria. Desde el enfoque del análisis crítico del discurso propuesto por Van Dijk (1993), estas denominaciones contribuyen a la formación de ideologías que refuerzan narrativas de control, abuso de poder y exclusión social. Esta construcción discursiva subraya la situación de desigualdad que atraviesan los niños migrantes y evidencia la urgencia de que el Estado implemente soluciones concretas —en línea con la Convención de Cartagena sobre Refugiados (1984) y la Política Nacional de Atención Integral a Niños, Niñas y Adoles centes Migrantes— que eviten su vinculación con grupos ilegales o situaciones de riesgo social, garantizando su protección y acceso a derechos fundamentales.

El Espacio define a los niños migrantes Para el migrante, encontrar un espacio que lo albergue y le ofrezca hospitalidad tiene un valor fundamental. Desde la perspectiva de la heterotopía de Foucault, cada espacio configura las acciones del mi

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grante y define su particular existencia; así, el espacio puede ser tanto un lugar de aceptación de las normas establecidas como un espacio de divergencia que subvierte el orden social impuesto. Al llegar, el mi grante ocupa un espacio que le posibilita nuevas formas de ser, estar, comportarse y habitar. Los siguientes titulares exponen una diversidad de espacios relacionados con la configuración de la existencia de los migrantes venezolanos:

“chilenos quemaron carpas de migrantes venezolanos y colombianos” EE25/09/2021

“Centro Abrazar: un espacio libre de xenofobia para niños migrantes en Bogotá” EE16/04/2021

“Grupo de venezolanos pernoctan en la vía pública, frente a la terminal de Carcelén, en Quito”. EC31/07/2018

“Isabella es la huésped más pequeña del albergue de venezolanos c c c

“Desalojan adultos y niños venezolanos que Vivian en la Terminal de Transporte de Barranquilla” EE05/01/2021

“Niños y Niñas en la vía pública una forma de estar de los migrantes.” ET 08/10/ 2021 Los titulares (1) y (5), que emplean términos como “quemaron carpas” y “desalojan adultos y niños que vivían en la terminal”, eviden cian un rechazo explícito por parte de los residentes hacia los migran tes venezolanos, incluidos los niños. Este rechazo está estrechamente vinculado al espacio precario que los migrantes han tenido que ocupar: carpas improvisadas y áreas como terminales de transporte, lugares donde la disponibilidad es limitada o inexistente. Frente a esta ausencia de espacios formales, el migrante se ve obligado a organizar su manera de estar y sobrevivir en condiciones adversas.

En contraste, los titulares (2) y (4) mencionan espacios como el Centro Abrazar, albergues y la figura del huésped, que proyectan una imagen de seguridad, protección y acogida. Estos lugares funcionan como espacios heterotópicos que garantizan derechos básicos para la niñez migrante, ofreciendo un ambiente más amigable y estable, así como alternativas para mejorar sus condiciones de vida y bienestar.

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Por último, los titulares (3) y (6), a través de expresiones como “pernoctan” o la referencia a la vía pública, describen una forma par ticular de habitar el espacio. Ante la falta de un lugar fijo donde pasar la noche, los migrantes recurren al espacio público como soporte físico y social para sus actividades cotidianas.

Desde esta perspectiva, el espacio público se convierte en un contralugar, un concepto propuesto por De Certeau (1980), donde los migrantes subvierten el orden establecido y reconfiguran su forma de habitar y vivir. Este fenómeno puede entenderse también desde la teoría de Massey (1994), quien señala que el espacio es producto de relacio nes sociales dinámicas y múltiples, donde la movilidad y las prácticas cotidianas resignifican el lugar y el sentido de pertenencia. En estos espacios, caracterizados por su temporalidad y precariedad, la niñez migrante resignifica la vida y se apropia del entorno común desde una lectura distinta a la dominante.

Conclusiones El análisis del discurso periodístico sobre niños, niñas y adolescen tes migrantes venezolanos en 99 notas de prensa publicadas entre 2017 y 2021 en tres medios —El Espectador y Revista Semana (Colombia), y El Comercio (Ecuador)— permitió identificar patrones discursivos que configuran representaciones complejas, y a veces contradictorias, de esta población vulnerable. Las narrativas analizadas se organizan en torno a categorías que revelan condiciones de exclusión, violación de derechos, precariedad, marginalidad espacial y afectaciones identitarias, donde los menores migrantes aparecen, en muchos casos, como víctimas de estructuras sociales que los invisibilizan o instrumentalizan. Desde los titulares y los términos empleados emergen imágenes de sufrimiento, abandono y peligro. Los medios ponen en evidencia las limitaciones del Estado para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación, y denuncian las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los menores migrantes —trata de per sonas, mendicidad, violencia sexual, reclutamiento por grupos ilegales, entre otras—. También se subraya la falta de reconocimiento jurídico y el peso de los imaginarios sociales que, con frecuencia, vinculan la

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migración con la amenaza y la inseguridad, reforzando estigmas que afectan directamente a la infancia.

Asimismo, el análisis reveló cómo el espacio cobra un papel protagónico en los relatos de prensa. Desde una mirada foucaultiana sobre las heterotopías, los niños migrantes son representados habitando lugares de tránsito, refugio o exclusión —calles, terminales, carpas, albergues—, que configuran formas alternativas de existencia que subvierten el orden social establecido. La migración infantil aparece así ligada a una temporalidad suspendida, a un “habitar” precario que redefine los modos de estar y de ser en los territorios de acogida. Sin embargo, a pesar de esta dureza del contexto y de las realida des representadas, se destaca un aspecto fundamental: los medios de comunicación analizados, en términos generales, actuaron con respeto hacia los derechos de la niñez migrante. Lejos de promover discursos de odio o sensacionalismo, las notas examinadas se alinearon con principios del cubrimiento ético y responsable, evitando la exposición innecesaria de los menores o la revictimización.

En conjunto, este análisis no solo expone cómo se ha narrado la migración infantil desde los medios colombianos y ecuatorianos en el periodo crítico del éxodo venezolano y la pandemia, sino que también invita a seguir profundizando en el papel de la prensa como agente de construcción simbólica, capaz de incidir tanto en las percepciones colectivas como en la agenda pública y política. La niñez migrante, como lo muestran estos discursos, requiere no solo protección jurídica y social, sino también una narrativa ética y humana que dignifique su tránsito y reconozca plenamente su condición de sujetos de derechos. Bibliografía Aliaga‑Sáez, F. A., Olmos‑Alcaraz, A., De la Rosa‑Solano, L., Rodríguez Portillo, C., & Montoya‑Carrizosa, L. (2024). Social integration in Colombia from the voices of Venezuelan migrant students. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 14(1), 39–58. https://doi.org/10.17583/remie.10398 Boswell, C., Geddes, A., & Scholten, P. (2021). Migration and mobility in the European Union (2nd ed., p. 8). Red Globe Press.

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Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ crc.aspx Niño Vega, N. (2023). The exodus of Venezuelan children and youth: geopolitics of care and protection. In R. Rosen, E. Chase, S.

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Craer, V. Glockner, & S. Mitra, Crisis for whom? Critical global perspectives on childhood, care and migration (pp. 52–64). UCL Press.

Niño Vega, N. (2024). Migraciones forzadas de NNA centroamericana, mexicana y venezolana. De violencias y políticas. En S. Borelli et al. (Eds.), Generaciones de América Latina y el Caribe: Persistencias y emergencias de las desigualdades (pp. 179-215). CLACSO; Universidad Nacional Autónoma de México; CINDE; SIJ. Niño Vega, N. C. (2025). Migrant children’s experiences and state‑centered regimes in Colombia. En The Oxford Handbook of Child‑Centered Approaches to Migrant Children (pp. 353–370). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197654750.013.43 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (1954). Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Adoptada en Ginebra el 28 de septiembre de 1954. https://www.unhcr.org/ibelong/resources/convention-relating-tothe-status-of-stateless-persons.html Sabeerah Adbul-Majied & Zoyah Kinkead-Clark (2022) Exploring the early years needs of Venezuelan migrant children in Trinidad and Tobago, International Journal of Early Years Education, 30:2, 216-

234, DOI: 10.1080/09669760.2022.2037075

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología: Una introducción. Ediciones Cátedra.

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CBP One como canal digital CBP One como canal digital en la gobernanza migratoria: en la gobernanza migratoria: evolución, resultados y evolución, resultados y desafíos humanitarios desafíos humanitarios CBP One como canal digital CBP One como canal digital en la gobernanza migratoria: en la gobernanza migratoria: evolución, resultados y evolución, resultados y desafíos humanitarios desafíos humanitarios CBP One as a digital channel in migration governance: evolution, results, and humanitarian challenges Juan Miguel Orta Vélez El Colegio de Chihuahua

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Resumen Este análisis examina, parcialmente, la política migratoria de Estados Unidos en la última década, con especial énfasis en las razones que llevaron a Biden a implementar de forma precipitada la aplicación CBP One como vía oficial para gestionar los flujos migratorios. Lejos de constituir una política pública eficaz, esta decisión convirtió el derecho al asilo en una práctica filtrada por criterios tecnológicos más que por necesidades humanitarias. A partir de una metodología cualitativa, ba sada en análisis documental, revisión de fuentes oficiales y testimonios recabados en Ciudad Juárez, Chihuahua, se identifica una paradoja estructural: CBP One no facilitó el acceso, sino que lo restringió me diante algoritmos que convirtieron la exclusión en “fallas del sistema”. La discusión no gira en torno a la eficiencia, sino a la contención mi gratoria generada por CBP One y su mutación en el segundo periodo de Trump a CBP Home, una plataforma de auto deportación. Palabras clave: política migratoria, CBP One, CBP Home, asilo, frontera digital, exclusión algorítmica Abstract This analysis offers a partial examination of U.S. immigration poli-cy over the past decade, with particular emphasis on the factors that led President Joe Biden to hastily implement the CBP One appli

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cation as the official channel for managing migratory flows. Far from constituting an effective public policy, this decision trans-formed the right to asylum into a practice filtered more by techno-logical criteria than humanitarian needs. Using a qualitative methodology based on document analysis, official source review, and testimonies gathered in Ciudad Juárez, Chihuahua, this study identifies a structural paradox: CBP One did not expand access; it restricted it through algorithms that reframed exclusion as mere “system glitches.” The discussion does not revolve around efficiency, but rather around the logic of migration con tainment embodied by CBP One and its transformation during Trump’s second term into CBP Home, a platform designed to facilitate assisted self-deportation.

Keyword: immigration policy, CBP One, CBP Home, asylum, digital border, algorithmic exclusion Introducción La política migratoria de los Estados Unidos permanece atrapada en un péndulo ideológico que oscila entre la promesa y la persecu ción, entre el relato humanitario demócrata y la retórica de exclusión republicana. A lo largo de la última década, los rostros del poder han cambiado, pero las lógicas de control se han vuelto, progresivamente, más deshumanizantes. Barack Obama apeló al lenguaje de la empatía, pero dejó un legado marcado por cifras históricas de deportación como lo puntualiza González-Barrera & Jens (2014).

Löfflmann (2021) argumenta que Donald Trump convirtió al migrante en un enemigo funcional, útil para movilizar el miedo y con solidar un nacionalismo defensivo. Joe Biden, por su parte, retomó la narrativa de la restauración humanitaria, pero terminó desplegando los dispositivos más sofisticados de vigilancia digital al servicio de la contención. El reciente retorno de Trump a la presidencia confirma que la polarización en torno a la migración ha generado importantes divi dendos políticos para el Partido Republicano. Esta narrativa, descrita por Hubbard, Rosen y Huey-Burns (2024), no solo estigmatiza al migrante, sino que inspira un sector de la sociedad americana movilizado por el miedo y el nacionalismo.

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En ese contexto, la digitalización de la frontera mediante la apli cación CBP One, instaurada durante la administración Biden como vía oficial para solicitar asilo, convirtió un derecho fundamental en una carrera de obstáculos tecnológicos. Diseñada para ordenar el ingreso, terminó excluyendo, sistemáticamente, a quienes más necesitaban pro tección. La validación facial defectuosa, la exigencia de geolocalización precisa, las barreras idiomáticas y la inestabilidad de la plataforma no fueron simples fallos técnicos, o glitches sino síntomas de un modelo que reduce el sufrimiento humano a una cuestión de conectividad. Tal como advierte Kocher (2023), la promesa de eficiencia se convierte en filtro y la tecnología en un umbral de entrada accesible solo para unos cuantos.

En México, la política migratoria es una atribución federal; sin embargo, los desafíos se manifiestan con mayor crudeza en las fronteras sur y norte del país. Los gobiernos subnacionales, aunque legalmente ajenos a las decisiones de política exterior y control migratorio, enfren tan una realidad que no pueden eludir y que les demanda respuestas concretas, operativas y urgentes. Esto se vuelve especialmente evidente en los territorios de acogida, particularmente en la frontera norte, como es el caso del estado de Chihuahua y, de forma destacada, la ciudad de Ciudad Juárez.

En este contexto, el Consejo Estatal de Población (COESPO), en su calidad de organismo descentralizado del gobierno estatal, se consolidó como un punto de articulación entre distintos niveles de gobierno, or ganismos humanitarios internacionales, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones religiosas e instituciones académicas. Esta función articuladora se desdobló en espacios operativos especializados como el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (COESPAM) y el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM). En 2025, con el retorno de Donald Trump a la presidencia, CBP One fue sustituida por CBP Home. Amparada en el eufemismo de la “auto deportación asistida”, esta plataforma da un golpe de timón: de la gestión de una migración ordenada se transitó hacia la administración tecnológica de la expulsión.

En suma, lo que este caso revela con desgarradora claridad es una paradoja moral difícil de soslayar: mientras más se digitaliza la frontera,

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más se desvanece el sufrimiento humano, confundiendo innovación con indiferencia, y orden con exclusión. La herramienta que, en su momento, permitió a miles de personas resguardar temporalmente sus vidas y sostener la esperanza de un futuro distinto, se ha transformado en un dispositivo de auto deportación encubierta.

1. Discurso y acciones presidenciales 2014-2024

Durante el primer mandato de Barack Obama, la administración demócrata apostó por una sofisticación tecnológica del control migra torio. A partir de 2010, se integraron drones, sensores de movimiento y sistemas de videovigilancia, ampliando el espectro de vigilancia sin necesidad de aumentar visiblemente la presencia armada fue más eficiente en la contención y deportación de migrantes. En contraparte Obama emitió una orden ejecutiva, para dar vida al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Dirigido a miles de jóvenes en su gran mayoría formados en escuelas públicas, integrados a sus comunidades, y comprometidos con los valores cívicos de su entorno, jóvenes criados como estadounidenses en todos los sentidos menos en su estatus migratorio. (The White House, 2012).

Su discurso humanitario se fue desdibujando poco a poco, en 2014 casi al término de su segundo periodo, manifestó que una amnistía ma siva seria injusta, pero una deportación masiva sería imposible. Integra categóricamente en su mensaje que los criminales serán deportados (The White House, 2014).

Bolash-Goza (2018), resume la política migratoria de Obama re tomando el calificativo Deporter in Chief, tal y como lo definió Janet Murguía, presidenta de The National Council of La Raza, al denunciar que su administración superó los dos millones de deportaciones. La política de Obama manejaba un doble estándar, tratando al migrante como sujeto vulnerable cuando era menor o estudiante, pero como amenaza si era adulto, esta visión en resumen penalizaba el no tener una formación académica en los Estados Unidos.

Cuando los flujos migratorios comenzaron a intensificarse hacia la frontera sur en 2014, algo más que los sistemas de control fueron puestos a prueba, empezó a incubarse una reacción emocional que no fue del

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todo espontánea, sino cuidadosamente dirigida. Donald Trump, encontró la manera de amplificar una angustia reprimida. Desde las elecciones primarias, construyó una narrativa basada en el temor. Como sugiere Corey (2006) el miedo no es solamente una reacción emocional, es un factor político con un potencial enorme. Trump etiquetó al migrante como sombra invasora, incluyendo en su discurso el nacionalismo y la nostalgia por un orden perdido.

En uno de sus mensajes de campaña, Trump sentenció: (Washin gton Post, 2015) When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not sending you. They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.

No solo estigmatizó al migrante como amenaza, sino que lo con virtió en el antagonista funcional del proyecto de nación que propuso. La promesa de que México financiaría la construcción del muro, una barrera física, un límite que distingue, el “nosotros” civilizado y el “otro” desbordado por el caos. Trump revivió en la sociedad la deshu manización, sustentada en el castigo y la expulsión. Trump implementó la política de Zero tolerance, procesando pe nalmente a todos los adultos que cruzaran ilegalmente la frontera. Para disuadir la migración se encargó de filtrar en medios de comunicación internacionales imágenes de menores encerrados en jaulas (BBC, 2018; Clarín, 2018).

Estableció el programa Migrant Protection Protocols (MPP), conocido como “Quédate en México”, mediante el cual las personas solicitantes de asilo debían esperar en México (Harrington & Smith, 2019). En este marco, la administración Trump desestimó la legiti midad de muchas solicitudes de asilo, aludiendo a que México había ofrecido condiciones adecuadas para su estancia. Como se anunció oficialmente: “The government of Mexico has generously offered asy lum, jobs, education, and medical care for people within the caravan, but many members of the caravan have refused these offers, which

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demonstrate that these migrants are not legitimate asylum-seekers” (The White House, 2018).

Trump endureció los motivos válidos para solicitar asilo. La pan demia ocasionada por COVID sirvió de argumento para el cierre total de sus fronteras. Bajo el sustento del Título 42 expulsó de forma inme diata a los migrantes, sin proceso o audiencia alguna, bajo el argumento de proteger la salud pública (Fabi, Rivas, & Griffin, 2022), el contexto sanitario se convirtió en la justificación idónea. Ante la derrota de Trump en su reelección, Joe Biden construyó una narrativa inversa al rival derrotado, prometiendo un trato humanita rio a las personas en movilidad. De inmediato suspendió el MPP, firmó órdenes ejecutivas orientadas a revisar las políticas de asilo y anunció la intención de construir un sistema migratorio más justo y accesible. Reafirmó el programa DACA (The White House, 2021). Sin embargo, al igual que Obama manejó un doble discurso al mantener vigente el Título 42, bajo el argumento de control sanitario. Externalizó la frontera conteniendo a las personas en movilidad en la frontera sur de México y los países del norte de Centroamérica, bajo la justificación de “gestionar de forma segura, ordenada y regular” los flujos migratorios.

La historia del discurso demócrata se repetía otra vez. Justificando que la única vía para solucionar el tema migratorio era una reforma legislativa integral, y en tanto esto no sucediera debían fortalecerse las medidas de control en la frontera y acelerar los procedimientos de asilo, priorizando la evaluación expedita de casos que acreditan una persecución legítima (The White House, 2023).

Cercano al término del gobierno de Biden se revocó el Título 42 y se instauró el Título 8. Bajo este ordenamiento, los migrantes que cruzan sin autorización pueden enfrentar consecuencias legales más severas, incluyendo la inadmisibilidad por cinco años o más y procedimientos acelerados de deportación.

El mensaje utilizado en 2024 por Trump durante su campaña electoral se basó en la criminalización de las personas migrantes, y el uso de amenazas contundentes, profundizando la polarización social en Estados Unidos. Trump intensificó su retórica migratoria en 2024 al afirmar, sin evidencia, que los migrantes estaban formando “un ejército

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para atacar a los estadounidenses” (Coster & Layne, 2024). En resumen, aplicó la estrategia que otrora le dio el triunfo electoral la del migrante como “enemigo interno”, reactivando sentimientos de miedo y xenofobia en la sociedad norteamericana.

2. De la promesa digital al umbral algorítmico:

CBP One, herramienta digital de contención y respuesta subnacional en la frontera norte El origen de la aplicación digital CBP One se remonta al año 2018, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), inició el diseño de una herramienta móvil destinada a centralizar diversas operaciones administrativas bajo una sola interfaz digital. No obstante, su despliegue oficial fue en 2020, hacia el final de la administración Trump.

De acuerdo con el Department of Homeland Security (DHS, 2021) la aplicación estaba diseñada como un portal único para la obtención del formulario I-94 integrando distintas funcionalidades dirigidas a via jeros, importadores, agentes aduanales, transportistas, organizaciones internacionales y otras entidades, todo bajo un único sistema de inicio de sesión consolidado.

La presión judicial, humanitaria y diplomática derivada del co lapso en las cortes de inmigración y la creciente precarización en los albergues fronterizos, llevaron al gobierno de Biden a realizar una reconfiguración de CBP One.

Este giro funcional de la aplicación CBP One representó un intento gubernamental por responder a la presión social. Si bien ofrecía una alternativa ordenada y estructurada, también generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido al uso de tec nologías de reconocimiento facial y geolocalización. Estas herramientas planteaban riesgos significativos en materia de privacidad y vigilancia. Como advirtió Ashley Gorski, representante del ACLU National Secu rity Project, en una entrevista para Los Angeles Times: “Whenever the government acquires a person’s faceprint, it creates a risk of persistent surveillance, where the government could identify and track people’s movements without their knowledge” (O’Toole, 2021).

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El Título 42 incluía una cláusula de excepción humanitaria que permitía el ingreso discrecional de personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Inicialmente, este proceso fue operado por una red de organizaciones humanitarias con presencia en México. De acuerdo con DHS (2021) estas instituciones seleccionaban casos, rea lizaban pruebas de COVID-19 y remitían a las personas a los puertos de entrada autorizados para ser procesadas por CBP. En enero de 2023, DHS comenzó a exigir que las personas mi grantes solicitaran directamente las excepciones al Título 42 mediante CBP One, en lugar de hacerlo a través de ONGs y adelantan: “Una vez que la orden del Título 42 ya no esté en vigor, se utilizará CBP One para ayudar a garantizar un trámite seguro y ordenado en los puertos de entrada” (DHS, 2023).

Para miles de personas en movilidad, el procedimiento que exigía CBP One de crear una cuenta digital, registrar datos personales, activar la geolocalización y capturar una fotografía, fue más que un trámite, una prueba de acceso restringida a quienes contaban con conectividad estable, habilidades digitales y dispositivos compatibles. De acuerdo con Amnesty International (2023), se violentaban los derechos humanos de los aplicantes y dudaban del uso discriminado del reconocimiento facial. En una frontera digitalizada, la geolocalización se convirtió en un filtro silencioso, territorialmente implacable: si el solicitante se en contraba fuera de las regiones habilitadas, quedaba excluido sin más. Pero el verdadero umbral de controversia emergió en la etapa de valida ción facial. A través de una fotografía tomada con condiciones técnicas mínimas —iluminación deficiente, cámaras de baja resolución— se debía confirmar la “vivacidad” del rostro. Lo que parecía un proceso técnico neutral terminó reproduciendo patrones de exclusión: decenas de personas afrodescendientes fueron sistemáticamente rechazadas por el sistema. Ojos redondos, nariz y labios prominentes, cabello rizado: el algoritmo no reconocía sus rasgos, y, por tanto, no los admitía. Solo quienes superaban estos filtros y encontraban disponibilidad en los puertos de entrada autorizados podían aspirar a agendar una entrevista. Pero incluso en ese momento, el acceso al asilo ya no de pendía de los derechos humanos ni de la urgencia del caso, sino de una combinación precaria entre la calidad del teléfono móvil, la intensidad

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de la señal y la estabilidad de la aplicación. Así, la digitalización no democratizó el acceso: lo condicionó. Quienes no contaban con estas herramientas quedaban fuera del sistema sin explicación y sin posibi lidad de apelar (Hernández, 2023).

Entre enero y mayo de 2023, la aplicación CBP One liberaba un número limitado de citas cada mañana a las nueve en punto. Lo que en otros contextos sería una función de eficiencia, aquí se volvió una lotería diaria. Familias enteras se levantaban de madrugada para in tentar capturar un lugar que, en cuestión de minutos, desaparecía. La lógica digital sustituyó al principio de humanidad. La rapidez del dedo sobre la pantalla valía más que la urgencia del exilio. La necesidad fue reemplazada por la competencia. El sistema premiaba al más hábil, no al más vulnerable (Miroff, 2023).

Para quienes viajaban con menores, personas mayores o fami liares enfermos, la plataforma representaba una carga adicional. No reconocía configuraciones familiares ni condiciones especiales. Bajo el temor de no conseguir cita, muchas familias decidían fragmentarse: enviaban al primero que lograra agendar, mientras el resto esperaba sin certeza. Otro obstáculo evidente fue el idioma. En su fase inicial, la aplicación solo estaba disponible en inglés y español, dejando fuera a personas haitianas, por ejemplo. Aunque más tarde se incorporó el criollo haitiano, persistieron los errores de traducción y los reclamos por su baja calidad (Spagat, 2023).

Desde DHS se minimizaron las fallas. No eran, decían, errores del sistema, sino consecuencias previsibles de una alta demanda. Sin embargo, organizaciones como HIAS México documentaron casos en los que la aplicación enviaba confirmaciones por correo que nunca aparecían al ingresar a la plataforma: errores técnicos que, en la vida real, significaban quedarse fuera (Parness, 2023). En una entrevista realizada el 12 de febrero de 2025, Enrique Serrano, coordinador general del COESPO, explicó que, ante la pre sión migratoria reciente, las capacidades del gobierno estatal debieron adaptarse a marchas forzadas. COESPO, cuyo mandato original esta ba enfocado en la ejecución de programas y proyectos de la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano en materia de Población, en 2016, el Gobierno del Estado creó el COESPAM, como un mecanismo

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dependiente de COESPO con base en la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes (Ley PAME). Este consejo se articuló en comisiones especia lizadas: asistencia humanitaria, salud, contacto con CBP y consulados, mecanismos de protección, seguridad, comunicación social, inclusión productiva, entre otras.

Aunque con atribuciones jurídicas limitadas, este organismo resultó vital en el terreno: articuló comisiones temáticas, coordinó con actores internacionales hasta habilitar un espacio para la atención de mexicanos repatriados, el cual pronto fue desbordado con extranjeros. La siguiente acción estatal fue la consolidación del CAIM que comenzó a operar con recursos mínimos, pero con una sólida red de colaboración institucional: organismos internacionales, organizaciones religiosas, academia y autoridades de los tres niveles de gobierno. El CAIM no fue resultado de un diseño federal, sino la expresión de una respuesta territorial frente al abandono institucional. Cuando la aplicación CBP One se convirtió en el único canal para solicitar asi lo, este centro absorbió la incertidumbre generada por una tecnología profundamente excluyente: aparecieron intermediarios irregulares, se multiplicaron los fraudes, y los casos de angustia ante la imposibilidad de obtener una cita se volvieron cotidianos. En reacción, el gobierno estatal con el respaldo de organizaciones civiles y redes ciudadanas puso en marcha brigadas de orientación, elaboró manuales de uso y ofreció acompañamientos personalizados a las personas en movilidad. Se inten tó devolver algo de certeza a un proceso marcado por la incertidumbre. Durante 2023 y 2024, actores públicos y sociales coincidieron en una evaluación crítica: CBP One fue concebida como una herramienta política, pero resultó operativamente insostenible. Digitalizar el trámite no resolvió el cuello de botella institucional: el personal humano seguía siendo el mismo. La infraestructura no creció al ritmo de la demanda. Las probabilidades de éxito seguían dependiendo de factores ajenos al perfil del solicitante: velocidad de conexión, tipo de teléfono, zona geográfica.

En mayo de 2023, tras la suspensión del Título 42, se liberaron las citas a cualquier hora del día mediante un sistema de asignación aleatoria así lo informó U.S. Customs and Border Protection (CBP, 2023). La incertidumbre se mantuvo, pero ahora era más silenciosa.

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La aplicación CBP One acumuló cientos de miles de descargas, pero también una de las peores calificaciones en Google Play: apenas 2.4 estrellas. Entre las quejas más frecuentes: bloqueos al momento de subir datos, cierres inesperados, desaparición de confirmaciones. Para quienes no tenían otro medio más que su teléfono, estos “fallos” eran barreras absolutas. No era un problema técnico: era exclusión digital disfrazada de eficiencia.

Con el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, la aplicación fue suspendida de inmediato (CBP, 2025). CBP One dejó de ser la vía oficial para agendar citas de asilo, dejando en el limbo a quienes habían logrado avanzar en el proceso.

En su lugar, el gobierno republicano introdujo una nueva pla taforma: CBP Home. A diferencia de su antecesora, esta no buscaba facilitar el ingreso, sino registrar intenciones de salida voluntaria. Bajo el eufemismo de “auto deportación asistida”, la nueva aplicación marcó un viraje discursivo: de la recepción humanitaria a la auto expulsión digitalizada (American Inmigration Council, 2025). El impacto jurídico de esta decisión no es menor: quien se somete al proceso enfrenta res tricciones de reingreso que pueden extenderse hasta diez años (DHS, 2025; Dale, 2025).

Así, lo que empezó como una promesa de modernización terminó configurando una nueva frontera invisible. No basta con llegar al punto de cruce. Hoy, para solicitar asilo en Estados Unidos, primero hay que cruzar una barrera aún más difícil: la frontera algorítmica. Conclusiones A lo largo de la última década, la política migratoria de los Estados Unidos se ha revelado como contradictoria, polarizada, centrada en la contención y progresivamente deshumanizada por la tecnología. Este recorrido deja claro que la movilidad humana se encuentra hoy expuesta a decisiones unilaterales, percepciones sesgadas, estrategias electorales y, en su momento a algoritmos altamente manipulables. Las administraciones han cambiado, y con ellas las palabras, los énfasis, los rostros de quienes anuncian las nuevas políticas. Obama apeló a la empatía, pero deportó en cifras históricas. Trump convirtió al

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migrante en un enemigo simbólico. Y Biden, incluso desde un discurso de derechos, terminó evidenciando un sistema que deja fuera a quienes no logran sortear las brechas tecnológicas.

CBP One, en teoría creada para ordenar y facilitar el acceso, se convirtió en una herramienta que excluyó precisamente a quienes más protección necesitaban. Cada selfie rechazada, cada geolocalización fallida, cada cita perdida por fallas del sistema fue una persona vulne rable revictimizada por una frontera digital.

El regreso de Trump y la transformación de CBP One en CBP Home marcan el paso definitivo de un sistema de gestión fallido a un dispositivo dedicado a administrar la expulsión. El viraje discursivo no es menor: ya no se trata de gestionar el asilo, sino de incidir en la “expulsión voluntaria” so pena de ser procesado como un criminal. Bibliografía American Inmigration Council. (24 de marzo de 2025). CBP One : An Overview American Inmigration Council. Recuperado de https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/cbp-oneoverview?utm Amnesty International. (8 de mayo de 2023). USA: Mandatory use of CBP One mobile application violates right to seek asylum. Amnesty International.Recuperado de https://www.amnesty.org/en/latest/ news/2023/05/usa-mandatory-cbp-one-violates-right-asylum/ BBC. (18 de junio de 2018). Trump migrant separation policy: Children ‘in cages’ in Texas. Recuperado de https://www.bbc.com/news/ world-us-canada-44518942 Bolash-Goza, T. (2018). Obama’s Legacy as “Deporter in Chief”. En D. Brotherton, & P. Kretsedemas (Eds), Immigration Policy in the Age of Punishment (pp. 37-56). Columbia University Press. Clarín. (18 de junio de 2018). Estados Unidos: el drama de los niños separados en la frontera, en imágenes. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/mundo/unidos-drama-ninos-separadosfrontera-imagenes_0_ry1-ySrWQ.html Corey, R. (2006). Fear: The History of a Political Idea. Oxford University Press.

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Sobre los Coordinadores del Libro Sobre los Coordinadores del Libro

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Kelly Giovanna Muñoz Balcázar Doctora en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Iberoame ricana, Ciudad de México) y Posdoctora en Geografía Social (UNAM). Comunicadora Social (Universidad Autónoma de Occidente, Colom bia), Especialista y Maestra en Desarrollo Rural (UAM-Xochimilco). Actualmente es posdoctorante en el Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana y docente-investigadora en el Programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán, así como en la Maestría en Estudios sobre Migración (IBERO, México) y en el Posgrado en Desarrollo Rural (UAM-Xochimilco). Es miembro de diversas redes académicas como CLACSO, Red de Migra ción Colombia de la Asociación Populorum, Latin American Network on Internal Displacement, LANID y la Red de Investigación sobre Violencias (UAM-Xochimilco). Su trayectoria incluye publicaciones y proyectos en Colombia y México en las líneas de violencia, desplaza miento forzado, migración, crimen organizado y comunicación para el cambio social.

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7408-6108 Correo: kelly.munoz@docente.fup.edu.co

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• Sobre los coordinadores del libro •

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Yuliet Bedoya Rangel Socióloga por la Universidad del Valle (Colombia) y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), realizó estancias posdoctorales de investigación en la Uni versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF). Su área de especialización es el estudio de la migración, con investigaciones sobre la migración internacional y el envío de remesas en Colombia, el análisis de las narrativas de de portación desde Estados Unidos, la integración educativa y laboral de personas migrantes retornadas a México y la dinámica de la migración en Nuevo León. Actualmente, es Profesora en la UANL, donde lidera el grupo de investigación “Dinámicas migratorias, gobernanza y de rechos humanos”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SECIHTI); de la Sociedad Mexicana de Demografía; de la Red Académica y Científica de Colombia en México y de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo. Adicionalmente, participa como investigadora externa en la Fundación Universitaria de Popayán y colabora con el Proyecto Humanizando la Deportación de la UC Davis.

Orcid: https://orcid.org/0009-0002-2582-3225 Correo: ybedoyar@uanl.edu.mx

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Robert McKee Irwin Es Profesor de Español y Subdirector del Global Migration Cen ter en la Universidad de California, Davis donde también fue director del Programa de Doctorado en Estudios Culturales (2010-2017). Sus áreas de investigación son la movilidad humana en el corredor Cen troamérica-México-Estados Unidos, las masculinidades y sexualidades masculinas, la cultura mexicana/mexicano-americana, y la narrativa digital comunitaria. Entre sus libros cuentan Mexican Masculinities, El cine mexicano “se impone” (con Maricruz Castro Ricalde), Diccionario de estudios culturales latinoamericanos (coord. con Mónica Szurmuk) y Los 41: novela crítico-social de Eduardo Castrejón (editor). Desde

2016 es el Investigador Principal del proyecto de narrativa digital Hu

manizando la Deportación/el Asilo por el que ha publicado Migrant Feelings, Migrant Knowledge: Building a Community Archive (editor) y Humanizando la deportación: Narrativas digitales desde las calles de Tijuana (coord. con Guillermo Alonso Meneses) en colaboración con sus equipos de investigación.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1904-8840 Correo: rmirwin@ucdavis.edu

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• Sobre los autores del libro •

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Sobre los Autores del Libro Sobre los Autores del Libro

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Enrique Guerra Manzo Doctor en Sociología por El Colegio de México; profesor-investi gador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Miembro del grupo coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su último libro es Te rritorios violentos en México. El caso de Tierra Caliente Michoacán, Terracota/UAM-X, 2022.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1705-6855 Correo: eguerra@correo.xoc.uam.mx Julio César Franco Gutiérrez Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Director del área de ‘Manejo de Conflictos y Construcción de Paz’ de CESUP (Centro de Seguridad Urbana y Prevención SC). Consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán. Ha trabajado como docente del área de humanidades en varias instituciones educativas y participado en proyectos de prevención comunitaria de las violencias en municipios de 11 estados del país. Orcid: https://orcid.org/0009-0005-1161-5136 Correo: franc0gutierr32@gmail.com

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• Sobre los autores del libro •

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Chandler R. Thompson Es un candidato doctoral en Literaturas y Culturas Latinoamericanas con un énfasis designado en derechos humanos en la Universidad de California, Davis. Su disertación analiza el fenómeno del narcotráfico desde la perspectiva de los propios traficantes a través de textos testi moniales que denomina narcotestimonios. Desde 2022, colabora activa mente con el proyecto Humanizando la Deportación, realizando trabajo de campo en Tijuana, Baja California y redactando folletos informativos para el UC Davis Global Migration Center basados en sus investiga ciones. En 2023, participó en un proyecto auspiciado por el National Endowment for the Humanities dedicado a diseñar el currículum para varios cursos dirigidos a estudiantes de español interesados en carreras en derecho migratorio, servicios sociales, u otros campos afines. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-1343-8317 Correo: crmthompson@ucdavis.edu Carolina Moreno Abogada y doctora en Derecho (Ph. D) de la Universidad de los Andes, y magíster en Derecho Público de la Universitat Pompeu Fabra. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). Es directora del Centro de Estudios en Migración (CEM), co-fundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes y coordi nadora del Grupo de investigación Derecho, Migración y Acción Social (DMAS) de la Universidad de los Andes. Es miembro de Latin American Network on Internal Displacement (LANID), la Red de Litigio Estra tégico en Migración (Red-LEM), la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos (RELATEF) y the Women in Refugee Law (WiRL). Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6242-5029 Correo: camoreno@uniandes.edu.co

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Karolina Baquero Puerta Abogada, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana (Colombia), Magíster en Derecho y estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). Profesora de la Universidad El Bosque. Miembro del Grupo de Investigación Estudios Políticos y Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1334-7842 Correo: k.baquero20@uniandes.edu.co Clara Inés Atehortúa-Arredondo Abogada. Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Doctora en derecho por la Universidad del Rosario. Profesora asociada de la Universidad de Antioquia. Investigadora del Grupo de investigación en Estudios Internacionales: Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación se centran en desplazamiento forzado interno, ciudad y participación efectiva y desarrollo territorial. Entre sus publicaciones más recientes está el ca pítulo “Hostigamiento Bélico, Policial Y Punitivo A Las Subjetividades Y Colectivos En Resistencia. La Cruz Y La Honda (Medellín, 2003)”. Tres décadas, otras miradas.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5896-0472 Correo: clara.atehortua@udea.edu.co

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• Sobre los autores del libro •

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Sandra Johanna Torres Gil Doctoranda en Estudios Migratorios en la Universidad Pablo de Olavide (España), con formación en psicopedagogía (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) y psicología (Universidad Pa blo de Olavide, España). Su investigación se centra en el análisis crí tico del discurso, representaciones sociales y desplazamiento forzado. Cuenta con experiencia en intervención social con población migrante refugiada e indocumentada (CEAR, España). Realizó estancia doctoral en el Center on Autobiographical Memory Research (CON AMORE), Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2458-3306 Correo: johanna.torres.gill@gmail.com Lizbeth De La Cruz Santana Doctora en Español por la Universidad de California Davis. Se especializa en procesos migratorios contemporáneos. Su investigación actual se enfoca en personas migrantes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia. Es creadora del proyecto Painting the Humanizing Deportation Archive, con el cual ha liderado la creación de murales sobre experiencias migrantes en la frontera México–EE.UU., Nueva York y California. Su enfoque académico se basa en pedagogías indí genas y feministas, priorizando el conocimiento accesible y recíproco. Desde el otoño de 2023, es profesora asistente de Estudios Chicano/a/x en Baruch College, CUNY.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0665-6070 Correo: lizbeth.delacruzsantana@baruch.cuny.edu

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Lucas Ruppel Es doctorando en Literaturas y Culturas Latinoamericanas con énfasis en Derechos Humanos en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Davis. Entre sus intereses de investigación se encuentran literaturas y culturas latinoamericanas, narrativa digital, prácticas archivísticas, autonomía de la migración, teoría travesti latinoamericana y cuidados. Editó los libros “Aguafuertes silvestres. Arlt desde Sierra de la Ventana” (HD, 2019), cuya reedición en España está prevista para 2025 a cargo de Paripé Books, y “El país de la leyenda bibliotecaria. Germán García por los Estados Unidos” (Biblioteca Rivadavia, 2020). Es miembro investigador, coordinador de voluntarios y webmaster del archivo Humanizando la Deportación. Desde 2024 desarrolla, junto a cuidadores LGBT de migrantes sexodi sidentes en la frontera entre México y Estados Unidos, el archivo Au tobiografía con el cuidado.

Orcid: https://orcid.org/0009-0008-6740-4436 Correo: lruppel@ucdavis.edu César Alejandro Cardona Duque Historiador y Magister en Estudios Políticos por la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Centro de Educación para el Desarrollo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Antioquia Chocó. Ha investigado sobre migraciones y derechos huma nos. Integrante del grupo de investigación Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible RESODES. Investigador principal del proyecto Caracterización de la crisis humanitaria por migración en el corredor Medellín-Urabá (UNIMINUTO, 2024-2025).

Orcid: https://orcid.org/0009-0000-1018-0998 Correo: cesar.cardona.d@uniminuto.edu.co

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• Sobre los autores del libro •

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Mariana Mira Sarmiento Socióloga y Magíster en Educación por la Universidad de Antio quia. Docente y líder de Voluntariado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - sede Bello. Integrante del Grupo de investigación “Re ligión, Cultura y Sociedad” - Universidad de Antioquia. Coinvestigadora del proyecto Caracterización de la crisis humanitaria por migración en el corredor Medellín-Urabá (UNIMINUTO, 2024-2025) Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6215-0026 Correo: mariana.mira.s@uniminuto.edu.co Lehyton Rodrigo Arenas Suaterna Magister en Economía Aplicada, egresado en 2019 de la Uni versidad Católica del Norte (Chile); economista, egresado en 2012 de la Universidad de Antioquia (Colombia). Docente de la Facultad de Educación Virtual y a Distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - sede Bello. Miembro del Grupo de Investigación de Administración en Salud Ocupacional y Contaduría Pública – ASOCOP. Coinvestigador del proyecto Caracterización de la crisis humanitaria por migración en el corredor Medellín-Urabá (UNIMINUTO, 2024-2025) Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7143-5170 Correo: lehyton.arenas.s@uniminuto.edu.co

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Movilidades Humanas en las Américas

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Olga María Ruiz Ballinas Candidata a Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó su maestría en Administración de Políticas Públicas, coordinó programas como Agenda para Desarrollo Municipal y Ciudades Emergentes y Sostenibles en vinculación con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha participado en la elaboración de los planes de desarrollo. Ha sido docente y coordinadora de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde también participa en el grupo de Investigación “Dinámicas migratorias, gobernanza y de rechos humanos”.

Orcid: https://orcid.org/0009-0002-2582-3225 correo: olga.ruiz@unach.mx Nydia Johana Navarrete Suarez Doctora en Estudios de Población y Maestra en Demografía por El Colegio de México, Especialista en Análisis de Políticas Públicas y Politóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora asociada en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambienta les de El Colegio de México en el Proyecto “Complex Migration Flows and Multiple Drivers in Comparative Perspective (MEMO)” y en el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Publicaciones en Journal of Ethnic and Migration Studies; Latin American Research Review; Estudios Demográficos y Urbanos; Population Research and Policy Review; Revista CIFE, y Revista Latinoamericana de Población. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8350-1019 correo: nnavarrete@colmex.mx

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• Sobre los autores del libro •

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Guillermo Castillo Ramírez Investigador Titular Definitivo del Departamento de Geo grafía Social, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es doctor y maestro en Antropología por la UNAM. Ha publicado artículos en revistas de Geografía y Ciencias Sociales de Latinoamérica, Espa ña y Portugal, como la Revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Finisterre, Investigaciones Geográficas, Revista Mexicana de Sociología, Revista Española de Educación Comparada, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Revista Colombiana de Sociología, entre otras. Sus más recientes libros son: (2024) Procesos migratorios y dinámicas de exclusión en la frontera México-Estados Unidos en contextos de pandemia. IGg UNAM; y (2023) Migraciones centroamericanas en México. Procesos socio espaciales y dinámicas de exclusión. IGg UNAM. Sus líneas de investigación son: geografía de la migración internacional, migraciones forzadas irregularizadas en contextos fronterizos y procesos de territorialización. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8188-9929 Correo: gcastillo@geografia.unam.mx José Franco Aguilar Profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Candi dato a Investigador Nacional por el SNI. Doctor en Antropología por la UNAM, su trabajo se ha especializado en el estudio multidisciplinario de la movilidad humana, los derechos humanos y las políticas públicas. Ha realizado estancias de investigación en el extranjero y una posdoc toral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8058-3725 e-mail: jfranco@izt.uam.mx

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Movilidades Humanas en las Américas

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Rocío Gil Martínez de Escobar Profesora-investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Doctora y maestra en Antropología Cultural por The Graduate Center, The City University of New York (CUNY). Licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su investigación ha girado en torno a comunidades transnacionales, racismo, afroindianidad y fronteras.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4631-8463 Correo: rgil@xanum.uam.mx José Guadalupe Altamirano Castro Es Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Con sejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8529-3161 Correo: jgaltamiranoc@colver.edu.mx

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• Sobre los autores del libro •

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Teresita de Jesús Pérez Morales Licenciatura en Derecho, maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, y doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Colaboradora en diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, como la Clínica Jurídica para Ayuda a los Refugia dos de la Universidad Veracruzana, así como en la Organización ALMA Migrante A.C., en Tijuana Baja California. Coautora de diversas obras en materia de en materia de derechos humanos, migración y grupos vulnerables.

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4560-5404 Correo: teresita_perez_morales@hotmail.com Juan Miguel Orta Vélez Es Doctor en Comunicación y Cultura en la Sociedad de la In formación por la Universidad de Sevilla y actualmente se desempeña como director general de El Colegio de Chihuahua, Institución Pública de Investigación y posgrado del Estado de Chihuahua. Su trayectoria combina gestión pública, investigación académica y promoción de po líticas humanistas en temas como comunicación política, migración, gobernanza y desarrollo institucional.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7270-973X Correo: Miguel.orta@colech.edu.mx

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Movilidades Humanas en las Américas

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Gladys Adriana Espinel Rubio Profesora Asociada del Departamento de Pedagogía, Andra gogía, Comunicación y Multimedia de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. Líder del grupo de investigación en Comunicación y Medios, GICOM. Comunicadora Social- Periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Magister en Estudios sobre Problemas Políticos Latinoamericanos de la Universidad del Cauca y doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, (Venezuela). Orcid: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8796-9257 Correo: gladysespinel@ufps.edu.co Claudia Elizabeth Toloza Martínez Profesora Asociada Departamento de Ciencias Sociales, Humanas e Idiomas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. Miembro del grupo de investigación en Trabajo Social GITS. Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en Mé todos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad Industrial de Santander, Magíster y Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental (UPEL), Venezuela.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2367-9787 Correo: claudiatoloza@ufps.edu.co

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• Sobre los autores del libro •

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Liany Yetzira Hernández Granados Profesora asistente del Departamento de Derecho y cien cias jurídicas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia. Miembro del grupo de investigación JHUSDEM. Abogada de la Univer sidad Libre, Especialista en Derecho de Familia de la Universidad Libre, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externado, Magister en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia (España), y Doctoranda en Sostenibilidad y Paz en la Era Postglobal de la de la Universidad de Valencia (España). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2503-1669 Correo: lianyyetzirahg@ufps.edu.co Iván Camilo Henao Morán Realizador audiovisual, fotógrafo profesional y docente universitario. Egresado del programa de Medios Audiovisuales con én fasis en Dirección de Cine del Politécnico Grancolombiano y magíster en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria combina la producción audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo de proyectos de investigación–creación. Ha participado en festivales, exposiciones y publicaciones editoriales en Colombia y México. Actualmente es profesor del Programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán, donde coordina un semillero de investigación y lidera iniciativas académicas, artísticas y culturales. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-2743-0186 Correo electrónico: ivan.henao@docente.fup.edu.co

p. 340

Movilidades Humanas en las Américas

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Carolina Quiñónez Zúñiga Comunicadora Social de la Universidad del Cauca y Ma gíster en Administración de la Universidad del Valle, cuenta con amplia experiencia en la gestión e implementación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Colombia. Ha liderado componentes estratégicos relacionados con la comunicación, la gestión del conoci miento, la sistematización de experiencias de desarrollo local y la apro piación social de la CTeI en proyectos del ámbito regional y nacional. Su trabajo se ha desarrollado de manera articulada con comunidades rurales, campesinas e indígenas, fortaleciendo procesos de participación y desarrollo territorial. En el ámbito académico, se desempeña como docente universitaria adscrita al Programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán, es reconocida por Minciencias como Investigadora Junior.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5649-0289 Correo: Carolina.quinonez@docente.fup.edu.co

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Este libro se terminó de diseñar en la Editorial Bonaventuriana de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

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Diseño: Editorial Bonaventuriana de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá ¿Qué significa migrar hoy en las Américas?

¿Qué fuerzas empujan a millones de personas a dejarlo todo? ¿Qué ocurre en los cuerpos, los territorios y las memorias cuando cruzar una frontera se vuelve una cuestión de vida o muerte? Movilidades humanas en las Américas es un libro que se lee como un mapa vivo del dolor, la resistencia y la esperanza. A través de investigaciones, testimonios y análisis críticos, esta obra recorre las rutas del desplazamiento forzado, las selvas, los muros y los centros de detención donde se juega el destino de quienes migran. Aquí no encontrarás cifras frías, sino historias que laten. Voces que denuncian la violencia, pero también revelan la fuerza de quienes se organizan, cuidan, recuerdan y luchan por existir con dignidad. Este libro muestra cómo, frente a regímenes de expulsión y políticas de contención, emergen redes de solidaridad, pedagogías del cuidado y formas de vida que desafían la exclusión.

Leer este libro es asomarse a los conflictos más urgentes de nuestro tiempo… y también a las posibilidades de transformarlos.

978-628-7508-35-4

Cita: Muñoz Balcázar, Kelly Giovanna, Bedoya Rangel, Yuliet, Mckee Irwin, Robert (2026), Movilidades Humanas en las Américas: entre regímenes de expulsión, políticas de contención e industrias de cuidado, Universidad de San Buenaventura, p. N. https://hdl.handle.net/10819/30693

ISBN: 978-628-7508-35-4

ISBN: 978-628-7508-35-4

PBX: 57 (1) 629 5955

AVISO LEGAL

ISBN: 978-628-7508-35-4

340 páginas: ilustraciones a color, fotografías

ISBN: 978-628-7508-35-4

1. Migración humana — América 2. Movilidad humana —

CDD. 304.8097

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

EDITORIAL

BONAVENTURIANA

2. Autonomía de la Migración ante Complejos

3. Movilidades irregularizadas y precarizadas

4. Migrar por el mundo digitalizado

OSHRA].

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1984. En esencia, esta declaración no vinculante amplió el alcance de

94 países y territorios, encabezados por Afganistán (1.3’), Chad (1.2’) y

55 Estados miembros (Unión Africana, 2024). Los tribunales también

2024 [Senado], aun en trámite, que propone su reconocimiento y linea­

1110 de 2022, expedida por la UNGRD, por la cual se crea y abre el

AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_

AND_ASSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_

1. El reasentamiento involuntario: el primer

2. El rol de los instrumentos internacionales

3. Conclusiones

2015 [Universidad del Rosario]. https://doi.org/10.13140/

BDL/2001/0022

PAPERS ON INTERNAL DISPLACEMENT).

(OACNUDH).

UNED.

469-494). CISE/UNED.

2024 en el archivo que llamo Autobiografía con el cuidado, esto es, una

V. Human Rights Watch. “Russia: Repressive Laws Used to Crush Civic Freedoms.” Human

1. Wayar (2019) ensaya una definición de lo travesti mediante

2. Aunque, de un estudio que aborda de forma interseccional cui­

3. En su historización del activismo travesti en Argentina, Ber­

4. La travestipolítica del cuidado, como forma de trabajo mate­

5. La experiencia de dormir debajo de una escalera en el alber­

1. Introducción y planteamiento del problema

2. Metodología

3. Resultados

3.1. Externalización de fronteras y

12 de junio de 2025)

3.2. Industria del cuidado

12 de junio de 2025)

3.3. Redes de solidaridad migrante

4. Discusión y conclusiones

171. Obtenido de https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/

5. Metodología

CANACO:

1. Comisión Estatal de

2. Comisión Nacional de

3. Instituto Federal de la

4. Fiscalía especializada

5. Procuraduría Regional de

1. Centro de Atención a

2. Oficina del Programa

3. La Agencia de la ONU para

4. Fondo de las Naciones Unidas

5. Organización Internacional

1. Comisión Mexicana de

2. Centro de registro

3. Oficina para firmas y seguimiento

4. Oficina de Regularización

5. Centro de Capacitación

6. Delegación federal de la Secretaría

7. Dirección de Relaciones

1. Una mano amiga en la

2. Médicos del mundo

3. Comité Internacional

4. Save the children

5. Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

6. Iniciativas de Derechos

7. Médicos sin Fronteras (MSF)

2024 [Senado], aun en trámite, que propone su reconocimiento y linea

2. Aunque, de un estudio que aborda de forma interseccional cui

3. En su historización del activismo travesti en Argentina, Ber

4. La travestipolítica del cuidado, como forma de trabajo mate

5. La experiencia de dormir debajo de una escalera en el alber

300.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, un descenso del 42 %

60 % de las noticias sobre migrantes venezolanos contenía desinforma

12 (pp. 30–35). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

2016 es el Investigador Principal del proyecto de narrativa digital Hu