Paramilitarismo, concentración de la propiedad y conflictos entre el uso y vocación de la tierra en el Urabá antioqueño
Mónica Yurley Ramírez Moreno
Trabajo de grado presentado para optar al título de socióloga
Asesor Bladimir Ramírez Valencia, Magíster (MSc) en Derecho
Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Departamento de Sociología Medellín
2023
Cita (Ramírez Moreno, 2023) Referencia
Estilo APA 7 (2020) Ramírez Moreno, M. Y. (2023). Paramilitarismo, Concentración de la Propiedad y Conflictos Entre el Uso y Vocación de la Tierra en el Urabá Antioqueño [Trabajo de grado profesional] Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)
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PARAMILITARISMO, CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y CONFLICTOS ENTRE EL USO
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Dedicatoria
A los y las estudiantes de sociología, la segunda carrera con más profesionales inconformes del país, por su obcecado empeño de ver la sociedad colombiana con otros ojos, criticar lo ya construido y llenar las aulas y pasillos del Alma de discusiones “innecesarias”.
Agradecimientos
A mi familia, la pequeña y la extensa, junto con los amigos y compañeros sin los que mi paso por el mundo académico habría sido imposible.
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Tabla de contenido Resumen ........................................................................................................................................... 8 Abstract ............................................................................................................................................ 9 Introducción ................................................................................................................................... 10 1.1 Concentración de tierras y conflictos por su uso y vocación en Antioquia ......................... 11
2. Antecedentes .............................................................................................................................. 17
2.1. Concentración de la propiedad y conflictos por el uso y vocación del suelo en el Urabá .. 17
3. Paramilitarismo en el Urabá ....................................................................................................... 19
4. Justificación ................................................................................................................................ 26
5. Marco Teórico ............................................................................................................................ 27
5.1. La teoría estructuralista de los usos del suelo ..................................................................... 27 5.2. Territorialización y relación sociedad-naturaleza ............................................................... 29
6. Metodología ............................................................................................................................... 32
7. Resultados .................................................................................................................................. 33
7.1. Lecturas del Paramilitarismo en el Urabá ........................................................................... 33 7.2. La presunta Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado [CRCE] .............................. 33 7.3. La Presencia Diferenciada del Estado ................................................................................. 37 7.4. El poder infraestructural del Estado .................................................................................... 39
8. Conclusiones .............................................................................................................................. 41
9. Referencias ................................................................................................................................. 42
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Lista de tablas
Tabla 1 Usos de la tierra en el departamento de Antioquia, 2004. ............................................... 13
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Lista de figuras
Figura 1 Evolución del desplazamiento forzado en Antioquía entre 1983 -2018 ......................... 12
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Siglas, acrónimos y abreviaturas
ACCU
Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá
AGC
Autodefensas Gaitanistas de Colombia Asocomún
Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba
AUC
Autodefensas Unidas de Colombia
BEC
Bloque Elmer Cárdenas
CRCE
Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado
CCEEU
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
DANE
Departamento Nacional de Estadística de Colombia EA
Estructura Agraria
EPL
Ejército Popular de Liberación
FARC-EP
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FOAD
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados
ICA
Instituto Colombiano Agropecuario
IDEAM
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
ONG
Organización No Gubernamental
PASO
Proyecto de Alternatividad Social
UPA
Unidad de Producción Agrícola
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Resumen
En la presente investigación se indaga alrededor de la influencia del paramilitarismo en el agravamiento de la concentración de la propiedad de la tierra y los conflictos de uso y vocación del suelo en la región del Urabá antioqueño, intentando abordar estos últimos desde una perspectiva sociológica que supere la explicación economicista, que se limita a afirmar que el aumento en la concentración de la tenencia de tierra provoca un uso ineficiente de esta, buscando comprender las realidades propias del espacio y el tiempo que favorecieron la evolución de la dominación territorial paramilitar desde los años 80 hasta la actualidad, tomando distancia de las explicaciones enfocadas en la presunta ausencia y debilidad del Estado.
Palabras clave: Urabá, paramilitarismo, concentración de la tierra, conflictos por el uso y vocación de la tierra, territorio, Estado.
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Abstract
This research investigates the influence of paramilitarism in the aggravation of the concentration of land ownership and land use and vocation conflicts in the Urabá region of Antioquia, trying to approach the latter from a sociological perspective that goes beyond the economistic explanation that simply states that the increase in the concentration of land tenure causes an inefficient use of land and that allows us to understand the realities of space and time that allowed the evolution of paramilitary territorial domination from the 1980s to the present, distancing ourselves from explanations focused on the alleged absence of the State.
Keywords: Urabá, paramilitarism, land concentration, land use and vocation conflicts, territory, State.
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Introducción
Los conflictos por el uso y vocación de la tierra han sido tradicionalmente vistos desde una perspectiva económica y relegados incluso en los estudios más críticos de la cuestión agraria colombiana como consecuencias residuales de la excesiva concentración de la tierra en el país; sin embargo, regiones como el Urabá antioqueño vienen viéndose afectadas por el predominio de la ganadería, el incremento de los monocultivos y la deforestación, las razones detrás de estas problemáticas tienen una importante explicación sociológica relacionada con la interacción entre el Estado y estructuras armadas.
Por lo que esta investigación busca comprender la manera en que la presencia paramilitar pudo exacerbar los conflictos por el uso y vocación del suelo junto con la concentración de la propiedad de la tierra en el Urabá, logrando un proceso efectivo de apropiación territorial que ha puesto en duda la soberanía y legitimidad del Estado en el territorio; pero que también ha permitido la implementación de una visión hegemónica de desarrollo de la región, en la que su capacidad productiva y su ubicación estratégica incentiva el despliegue de proyectos civiles, agroindustriales y portuarios de gran envergadura, materializando la voluntad del Estado de conectar al país con las cadenas globales de valor desde una posición subordinada de proveedor de materias primas. Para ello se llevó a cabo un análisis documental de fuentes secundarias. A través del que se reconstruyó históricamente el accionar paramilitar desde sus inicios en el Urabá, alrededor de los años 80, dando relevancia a las formas diferenciadas de dominio que se implementaron en el territorio y teniendo en cuenta momentos determinantes como el proceso de desmovilización entre 2002-2006 y la creación de nuevas formas de articulación legal con las que se transformó la estrategia de dominación en el territorio, manteniendo los intereses alrededor de privilegiar ciertos usos del suelo.
Se encontró que alrededor de la problemática predomina una lectura que fundamenta la presunta captura y cooptación reconfigurada del Estado como explicación de la influencia paramilitar en la región y otras partes del país, que parte de una concepción idealizada del Estado que no permite reconocer las verdaderas implicaciones del accionar paramilitar y estatal en la alineación de territorialidades favorables a la economía de mercado.
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1. Planteamiento del problema
1.1 Concentración de tierras y conflictos por su uso y vocación en Antioquia
El estudio de la Estructura Agraria [EA] y de los problemas de concentración de la propiedad es ciertamente prolífero en Colombia, sin embargo, la asociación de concentración de propiedad y los conflictos entre el uso y la vocación de la tierra se ha tomado como un tema residual dentro de las investigaciones; aun cuando estas problemáticas ponen en vilo la seguridad alimentaria, influyen negativamente en la productividad del sector agrícola, disminuyen las posibilidades de protección y conservación de la biodiversidad natural del país, entre otros. En Colombia, la concentración de la propiedad de la tierra ha alcanzado cifras alarmantes, en el último Censo Nacional Agropecuario se encontró que el índice Gini para Unidades de Producción Agrícola [UPA] es de 0.902 (DANE, 2014), lo que indica una elevadísima concentración en la propiedad del suelo destinado a actividades agropecuarias. Lo anterior no es de ningún modo un fenómeno reciente, al contrario, en el país los procesos de acumulación de la propiedad de la tierra se han intensificado durante los últimos siglos gracias a los vacíos del aparataje jurídico del Estado (Le Grand, 1984,1988; Machado, 1998, 2009), el narcotráfico y la violencia con sus múltiples actores e instrumentos. La concentración de la tierra se ha convertido en una constante histórica que ha prolongado las condiciones de inequidad y subdesarrollo del sector rural y, por ende, el atraso económico y social de varias regiones de Colombia, como se reconoce en el primer punto del Acuerdo Final de Paz (2016) Reforma Rural Integral, firmado por el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC-EP].
En el caso particular de Antioquia existen muy pocos estudios que indaguen por problemas de concentración, aun cuando el Departamento no es para nada ajeno a esta problemática, ya que en sus municipios el índice Gini rural se encuentra entre 0.75 y 0.91. Además, Gaviria y Muñoz (2007) sugieren que los incrementos en la concentración de la propiedad de la tierra están fuertemente relacionados con el conflicto armado, especialmente con el desplazamiento forzado. En las últimas décadas, Antioquia ha sido el principal expulsor de población desplazada del país y un gran porcentaje de esta han sido campesinos directamente vinculados con la tierra, se afirma que entre 1997 y 2007, 311214 personas fueron desplazadas de manera violenta en el
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Departamento, donde el 33.26% de estos manifestó haber abandonado sus tierras por la incidencia de grupos paramilitares o de autodefensas (Reyes, 2009). En su estudio Gaviria y Muñoz (2007) exponen como el 0.4% de los propietarios con predios superiores a 500 hectáreas pasó de poseer el 44% de la superficie en el año 1996 al 61% de esta en el 2001.
Durante este mismo período también se observa un fuerte aumento en el número de desplazamientos forzados en Antioquia, los cuales solo comienzan a decaer con el inicio de las negociaciones para el Proceso de Paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] en el 2002, lo mismo sucedió con las víctimas de homicidios en el Departamento (Sanchéz, 2019).
Figura 1 Evolución del desplazamiento forzado en Antioquía entre 1983 -2018
Nota. Fuente: Sánchez (2019).
Sumado a lo anterior, en Antioquia existen serios conflictos asociados al uso del suelo, según Mora y Muñoz (2008), el 11.3% de las hectáreas pueden ser destinadas a la agricultura; pero solo se usan en estas actividades el 9.4%, del 57.8% que debería usarse en bosques solo se usa el 32.8%, en cambio, aunque solo el 17.9% del área total del Departamento es apta para pastos, según datos de la Gobernación de Antioquia, para el 2004 el 53.2% del suelo del departamento se usaba
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para esta actividad, lo que alerta sobre una posible tendencia hacia la deforestación y la ganadería extensiva.
De acuerdo con información de la Federación Nacional de Ganaderos (2020) desde el 2003 Antioquia es el departamento con más cabezas de ganado de Colombia y actualmente posee el 11,2% del inventario bovino nacional (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2022). La principal problemática de esta actividad es que profundiza los conflictos por uso y vocación del suelo, ya que en promedio solo hay 1.2 bovinos por hectárea dedicada a la ganadería en Colombia (Censo Nacional Agropecuario, 2014).
De hecho, Gonzales y Vásquez (2017) sugieren que se demostró que el aumento de la ganadería entre 1980 y el 2000 habría contribuido a la perdida de la cobertura boscosa en Antioquia, problemática que se agravó en los últimos años ya que entre 1990 y el 2015 se redujo en un 55% la cobertura asociada a Bosque Seco y en un 14% la cobertura asociada a Bosque Andino, ambos ecosistemas importantísimos para la preservación de la biodiversidad y para la protección de las fuentes hídricas que abastecen a las comunidades del Departamento1, siendo Urabá la región más afectada.
Tabla 1 Usos de la tierra en el departamento de Antioquia, 2004.
Usos generales del suelo Uso potencial (hectáreas)
%
Uso actual (hectáreas)
%
Bosques
3092303
57.8 2092303
33
Pastos
1153524
17.9 3394782
53
Agricultura:
cultivos permanentes, transitorios, barbechos, descanso y misceláneos.
725367
11.3 601834
9.4
Malezas y rastrojos
104471
1.6
Urbano y semiurbano
10395
0.2
10395
0.2
Aguas y otros usos
821602
12.8 174348
1.2
Nota. Fuente: Mora & Muñoz, (2008).
1 En promedio se deforestan 19000 hectáreas de bosque al año en Antioquia, si esa tasa se mantiene constante en 33 años los bosques del departamento dejarán de existir (Gonzáles y Vásquez, 2017).
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Gaviria y Muñoz (2007) también describen cómo en Antioquia el desplazamiento ha sido un catalizador de estos procesos de concentración de la propiedad, donde la actividad productiva de los latifundios se ha reorientado hacia la ganadería mientras que la producción agrícola es sostenida por los minifundios.
Además, Antioquia encabeza la lista de departamentos que tienen alertas por grandes proyectos mineros, de hidrocarburos, energéticos y viales que se cruzan con áreas prioritarias de conservación, con un total de 497 alertas de acuerdo el portal geoestratégico de la organización Ambiente y Sociedad. Y se ha sugerido la influencia que puede tener en la elevada concentración de la propiedad del Departamento la sustitución de los cultivos de carácter transitorio por cultivos perennes destinados en mayor medida a la exportación (Suescún Barón, 2013), como es el caso del banano, la palma de aceite africana, la madera de teca, entre otros. El Departamento es afectado entonces por la concentración de la propiedad de la tierra y los conflictos asociados al uso del suelo, además, estas problemáticas parecen haberse exacerbado por la presencia de diferentes estructuras armadas en los territorios; pero estos factores adquieren connotaciones diferentes dependiendo de la región y del actor armado, ya sea el caso de grupos paramilitares o guerrilleros. Al respecto, Reyes (2009) afirma que mientras las guerrillas privilegiaron en su accionar el control de la población rural y el uso estratégico y táctico de los territorios, para los paramilitares
La apropiación de territorios de desplazados se enmarca en los objetivos de seguridad militar y de creación de santuarios para el negocio de las drogas, y en algunos casos para el desarrollo de plantaciones agrícolas de largo plazo o ganadería extensiva, cuando se busca invertir ganancias. (p.138).
En contraste, Gutiérrez y Jennifer Vargas (2017) sostienen que a pesar de que se cree que el acaparamiento de tierras paramilitar fue motivado principalmente por el narcotráfico y otras actividades ilegales, la evidencia empírica demostraría que el despojo coactivo de propiedades por parte de estos grupos estuvo ligado a una ofensiva metódica y consiente promovida por miembros de algunas élites rurales legales, que tuvieron los incentivos y la oportunidad para efectuar el despojo, apoyados en el conocimiento previo e histórico del acaparamiento coercitivo de tierras,
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su influencia en los organismos encargados de regular las políticas rurales, el contacto con notarios y otros actores del sistema político, entre otros.
Aunque el conflicto con las guerrillas generó una demanda de seguridad privada por parte de empresarios y ganaderos, los autores afirman que las interacciones entre estas élites y los paramilitares fueron cultivadas institucionalmente, siendo mucho más que el producto de un mecanismo de mercado, involucrando la participación de ganaderos dentro de la cúpula paramilitar y el consentimiento del Estado para la formación de grupos de autodefensa por medio de mecanismos como las Convivir2, que tuvieron desarrollos considerables en algunas regiones del país.
De este modo el consentimiento del Estado al accionar paramilitar se convierte en otro factor determinante de su capacidad de acumular tierras y hacerse al dominio de los territorios y el control coercitivo sobre las comunidades, lo que también marca una línea divisoria entre lo que sucedió con las guerrillas y sus posibilidades de dominio en algunas zonas del país, incluso, el líder paramilitar Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo afirmó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que “sin la acción directa u omisión deliberada del Estado no hubiéramos podido crecer como lo hicimos” (sentencia del 31 de octubre de 2014, p.143. Citado por: (Vargas & Uribe, 2017)).
Por lo anterior y en aras de una mejor comprensión de la situación que se ha descrito inicialmente, esta investigación se centrará particularmente en el caso de la región del Urabá, indagando alrededor de las acciones y motivaciones detrás del aumento de la concentración de la propiedad y los conflictos de uso y vocación de la tierra por influencia paramilitar. Para esto será necesario adoptar una perspectiva sociológica de los conflictos por el uso y vocación del suelo que sobrepase la visión economicista que los toma como un simple efecto colateral de la concentración de la propiedad de la tierra, indagando sobre las motivaciones de los actores armados, en este caso de los paramilitares, a la hora de establecer las condiciones para que
2 “Tanto el Bloque Bananero como el Elmer Cárdenas integraron estructuras organizativas pre-existentes, además de varios miembros de los comandos populares,18 acogieron a los participantes de las trece Convivir que se habían creado en el Urabá entre 1995 y 1998. Posteriormente las Convivir se organizaron en una sola denominada Papagayo, desde la cual Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito creó la estrategia de financiamiento de los paramilitares a través de los aportes de tres centavos de dólar por cada caja exportada de la fruta de las empresas asentadas en la zona. La sede de Papagayo quedaba detrás de la Brigada XVII del Ejército en Carepa y tuvo aproximadamente 1.065 integrantes” (Gutiérrez-Sanín & Vargas, 2016).
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en la región fueran favorecidos ciertos usos del suelo en desmedro de la economía campesina y la conservación del medio ambiente.
Para entender la capacidad y el poder que lograron ejercer los paramilitares al legitimarse en los territorios a través de la conformación de un dominio militar, económico, ideológico y político que profundizó las relaciones de exclusión amparando una élite particular, fomentando la acumulación de la tierra y los conflictos por el uso y vocación del suelo, será necesario desentrañar la relación de estos grupos y su orden impuesto con el Estado, es decir, la manera en la que los intereses de la élite paramilitar del Urabá pueden haberse dispuesto a favor o en contra de los intereses de la élite que se encontraba a cargo del poder legítimo en Colombia.
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2. Antecedentes
2.1. Concentración de la propiedad y conflictos por el uso y vocación del suelo en el Urabá
La región del Urabá antioqueño que es ampliamente reconocida como una de las más fértiles y productivas de Antioquia ostenta altas tasas de deforestación3 (Gonzales y Vásquez, 2017), también es un caso importante de concentración e informalidad de la propiedad de la tierra (Sánchez, 2019) y de dificultades asociadas al conflicto armado y la intervención de grupos paramilitares.
Frente a la concentración de la propiedad de la tierra, de acuerdo con Mora y Muñoz (2008), en el 2004 el 86% de la zona rural del Urabá pertenecía al 34,6% de los medianos y grandes propietarios y aunque entre 1995 y el 2004 el área usada por la pequeña propiedad aumentó4 también lo hicieron el número de propietarios, es decir, hubo una fragmentación del minifundio. Además, con base en datos de la Secretaría de Agricultura, los autores señalan que para el 2003 el 43% y el 25,2% de los predios de la región tenían niveles de conflicto por uso del suelo de carácter alto y medio, respectivamente.
Lastimosamente, aún no hay investigaciones que indaguen sobre el estado actual de estos indicadores; pero los trabajos de Gaviria y Muñoz (2007) y Mora y Muñoz (2008) capturan lo que sucede entre 1995-2005, un período determinante de la historia del Urabá ya que coincide con los años de mayor presión por parte de los grupos paramilitares a las comunidades de la región, el momento denominado como de agravamiento del conflicto armado en el país de acuerdo con la periodización establecida por el informe ¡Basta Ya¡ (2013).
Siguiendo el trabajo de Gaviria y Muñoz (2007), entre 1996 y el 2004, período en el que se observa el mayor número de desplazamientos forzados en el Departamento, el Urabá se convirtió en la segunda región de Antioquia con mayor porcentaje de expulsados (20,3%) y en la primera en
3 De acuerdo con el IDEAM, en el Urabá, los municipios de Mutatá y Turbo detentan el cuarto y quinto puesto en deforestación a nivel departamental, allí las causas de la pérdida de bosques están relacionadas principalmente con el “crecimiento de las áreas de pastizales con fines de acaparamiento de tierras o expansión de la ganadería” (Betancur,
2019).
4 De acuerdo con Mora y Muñoz (2008), el área dedicada a la pequeña propiedad en el Urabá antioqueño paso de 7,8% en 1995 a 10,5% en el 2004; pero al mismo tiempo se incrementaron los pequeños propietarios y disminuyeron las fincas de rangos medios pasando de 68% en 1995 a 54,6% en el 2004, a la vez decreció el número de medianos propietarios, en esos años índice Gini de la región fue superior a 0,73.
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cuanto a abandono de tierras; allí fueron desocupadas alrededor de 3336 hectáreas que corresponderían a cerca del 15.2% del área departamental, siendo los municipios de Apartadó, Mutatá y Turbo los más afectados por estas problemáticas.
En el caso particular de la ganadería extensiva, la concentración de predios a su favor no es un fenómeno reciente, Posada (2011) expone cómo para los años 50 alrededor del 70% de la zona norte de la región fue destinada a la producción de pastos para ganado de ceba, luego de un proceso de expulsión de pequeños productores por parte de empresarios cordobeses. Después de los años 90 esta misma zona vería recrudecerse el problema de la concentración de la tierra y la ganadería extensiva debido al contubernio entre empresarios, comisionistas de tierra y paramilitares.
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3. Paramilitarismo en el Urabá
Respecto a la presencia de paramilitares en la región de Urabá, está puede ser rastreada desde finales de los años 80, cuando empezaron a surgir “escuadrones de la muerte”, grupos armados financiados por terratenientes, empresarios y narcotraficantes, planteados para enfrentar al enemigo común que representaban las guerrillas (FARC-EP y Ejército Popular de Liberación [EPL]), trabajadores bananeros y ligas políticas de izquierda (Negrete,2020). Algunos de estos grupos estaban liderados por Fidel Castaño5 y fueron llamados “los tangueros” o “los mocha cabezas”, se ubicaron primero en la subregión norte y desde allí efectuaron varias masacres, años antes de constituirse en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá [ACCU] y en los bloques Elmer Cárdenas [BEC], Héroes de Tolova y Bananeros, que fueron los de mayor presencia en la región.
Durante 1991 y en el marco de la desmovilización de gran parte de los combatientes del EPL, Fidel Castaño afirmó que también acabaría con su grupo armado; sin embargo, la violencia contra la población civil y los desmovilizados se intensificó de la mano de las FARC-EP y de las disidencias del EPL, lo que motivó la conformación de los autodenominados Comandos Populares, un grupo de antiguos guerrilleros del EPL y campesinos reclutados que formó cinco facciones en los municipios de Apartadó, Turbo y Carepa, los cuales se integrarían con relativa resistencia a las ACCU en 1995 (Verdadabierta, 2011).
En 1997 las ACCU y otros grupos paramilitares se unificaron en un proyecto infructuoso de nacionalización que tuvo una importante presencia en el Urabá, aunque, como afirma Barbosa (2015), su accionar dentro del territorio se dio de manera diferenciada, dando lugar a tres tipos de configuración paramilitar: el dominio sin resistencia en el norte; el dominio con resistencia en el Eje Bananero y la invasión con resistencia en el sur de la región. Estas formas de configuración paramilitar fueron condicionadas por las estructuras previas en el territorio y por los intereses particulares de apropiación. El autor señala cómo en la zona norte de la región, caracterizada desde antes del paramilitarismo por la ganadería extensiva y el
5 María Teresa Ronderos (2014) describe así la entrada de Fidel Castaño en la región “la expansión hacía el Urabá Antioqueño se volvió inevitable. Allá había buenísima tierra desperdiciada por ganaderos ausentes, temerosos de la guerrilla. Era una oportunidad de oro” (p. 165).
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latifundio, no se presentó oposición ya que no había allí una organización social que opusiera resistencia.
Al respecto, Ronderos (2014) relata como Fidel Castaño empieza por enviar hombres a comprar tierras en San Pedro de Urabá, donde muchos terratenientes habían abandonado sus fincas por miedo al secuestro y la extorsión por parte de la guerrilla, los testimonios recolectados por la autora dan cuenta de que los predios se pagaban a un bajo precio, “por las buenas o por las malas” con una oferta adicional de protección gratuita y obligatoria que iba acompañada de homicidios, desplazamientos y desapariciones para demostrar poderío, entre los habitantes y otras estructuras armadas6 presentes en la región.
Así, las autodefensas comandadas por Castaño desplazaron a gran parte de los habitantes de San Pedro del Urabá, se quedaron con una parte de las tierras despojadas y el resto las repartieron entre personas de otras zonas del país que ellos consideraban leales, de acuerdo con Ronderos (2014), esta era una técnica reciclada de la guerrilla, “desplazar a los dueños históricos, romper el tejido social o los lazos de solidaridad que espontáneamente creaban resistencia, y repoblar los territorios con gente leal a ellos” (p.166).
Entonces, la estrategia de los paramilitares en la zona norte fue la compra de tierras y el desalojo de todo aquel que pudiera suponerles resistencia, con el apoyo de los latifundistas, además, se generaron procesos de identificación que permitieron el reclutamiento de combatientes dentro de los mismos habitantes de la subregión. Barbosa (2015) afirma que este factor fue fundamental en la configuración de dominio de la subregión norte en contraste con las otras subregiones. En el Eje Bananero en particular, existía una fuerte organización social alimentada por varios años de lucha por la tierra y derechos laborales frente a la industria bananera ampliamente establecida en la subregión, además de que el potencial económico permitía una mayor presencia Estatal, en contraste con las zonas norte y sur; al mismo tiempo había una fuerte influencia de ligas políticas de izquierda y guerrillas.
6 Ronderos (2014) también describe cómo las autodefensas de Fidel Castaño consiguieron que un hombre apodado “Salvador” se les subordinara junto con su estructura armada, este sujeto y sus hombres se habría instalado en San Pedro del Urabá alrededor de los años 90 ofreciéndole protección a los finqueros de la región a cambio de una compensación monetaria, “los Castaño le sonsacaron a “Salvador” el respaldo de los ganaderos, y este se tuvo que someter a su poder”(p.166).
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Esto propició que se opusiera una resistencia sostenida al proceso de apropiación territorial de los paramilitares, entonces estos dirigieron su accionar en pro de la desarticulación de la organización social y política, según el autor, en el Eje Bananero la apropiación paramilitar
Buscó, romper confianzas, eliminar liderazgos y fortalecer otros, afines a su proyecto. Esa fuerte organización social le ofrecía al dominio paramilitar resistencia. Tras una violencia que tuvo como principal víctima a la población desarmada, el paramilitarismo logró tener el dominio de la región. Sin embargo, este dominio fue y sigue siendo resistido. (Barbosa,
2015. p.51)
Mientras que, en el Sur del Urabá antioqueño y chocoano, donde existía una economía campesina de subsistencia, el interés del paramilitarismo se centró en la apropiación violenta de la tierra y el desplazamiento forzado se combinó con la ganaderización de los suelos y la deforestación de la selva. La principal intensión detrás de este proceso de contrarreforma agraria fue el desarrollo de un proyecto económico asociado a los monocultivos de palma africana, caucho y maderas tropicales.
Así, dentro de la estrategia económica del paramilitarismo en la región ha predominado el fortalecimiento de la ganadería extensiva y los cultivos agroindustriales de banano, palma de aceite y maderas tropicales, además de la producción y procesamiento de coca, a expensas de la violencia contra la población civil más que contra otros actores armados y sobre todo contra los campesinos poseedores de tierra (Barbosa, 2015).
Acosta (2019) también afirma que, para los paramilitares
El destino de la consumación de su repertorio de acción fue siempre la población civil. Por una parte, con el propósito de acabar con las bases sociales que podrían servir como soporte de la insurgencia. Pero principalmente, la razón de convertir a la población civil de los territorios como objetivo, tiene que ver con un propósito que va más allá de un proyecto contrainsurgente, se trata del exterminio de lo que representa un inconveniente para el mantenimiento del orden social establecido, es decir, la concentración de la riqueza y el poder en manos de sectores de población terrateniente. (p.327)
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Algo que no terminó con la “desaparición” de las AUC después del Acuerdo de Paz implementado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Entre 2002 y 2006 el Estado Colombiano y varios bloques de las AUC emprendieron negociaciones para la dejación de armas y desmovilización pacífica de los paramilitares, el Bloque Bananeros se desmovilizó en el 2004, mientras que el BEC lo hizo en el 2006. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la desmovilización fue escalonada en el Urabá y esto respondió a dos factores: “las disputas de poder entre los comandantes del llamado Estado Mayor de las AUC y la reconfiguración de las estructuras armadas, lo que implicó una redistribución de territorios estratégicos” (2022).
Reyes (2009) afirma que después de la desmovilización paramilitar quedaron en pie dos procesos tendientes a generar nuevas organizaciones armadas: el primero es el equipamiento y organización de bandas asociadas al narcotráfico y el segundo, es el rearme y organización de grupos conformados por los mandos medios de las AUC que no participaron del proceso de paz y que buscan mantener el dominio sobre los territorios, el autor apunta que “estas bandas pueden estar vinculadas al narcotráfico, pero exceden el ámbito de la economía ilegal para extender su influencia a la política y las administraciones locales” (p.121). Por otra parte, algunos de los desmovilizados siguieron manteniendo su poderío sobre las tierras y desplegaron diferentes estrategias de dominación que influyeron en el acrecentamiento de los conflictos por uso de la tierra y en el mantenimiento de la elevada concentración de la propiedad. Al respecto, Posada (2011) expone como Freddy Rendón, alias “El Alemán” y comandante del BEC de las AUC, se retiró de la mesa de diálogos en el 2002 y propició una nueva negociación en el 2005 en la cual presentó varias exigencias, entre ellas, el apoyo gubernamental al Proyecto de Alternatividad Social [PASO] que era conformado por un conjunto de programas agrarios de carácter asociativo.
Para Posada, los programas PASO fueron fundamentales para “llevar el poder militar a un nuevo estadio”, ya que le permitían a los desmovilizados el desarrollo de proyectos agroindustriales, desde la legalidad, con el apoyo de recursos del Estado y de cooperación internacional e incentivaban nuevas formas de asociatividad en el campo de la mano de cooperativas de trabajo que se sumaban al poder político y social que seguían manteniendo en la región su hermandad con otras bandas criminales.
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La autora también muestra cómo desde el 2001 “los paramilitares habían formalizado su estrategia social, económica y política en la subregión con una ONG denominada Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba [Asocomún]”(p.110), fundada por John Jairo Rendón alias “Germán Monsalve” y Daniel Rendón, llamado “Don Mario”, fundador de los Urabeños y primer comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC], ambos hermanos del “El Alemán”.
La Asocomún tenía mayor presencia en la zona norte del Urabá, misma donde los paramilitares habían logrado un dominio sin resistencia, además también estuvo ubicada en la subregión de occidente, un corredor estratégico para sus intereses en el desarrollo de cultivos de palma africana en el territorio conocido como el Urabá chocoano, una zona de atención especial para los programas del PASO. Los principales objetivos de la organización eran promover la capacitación técnica, cultural, empresarial y religiosa de las comunidades, incentivar el desarrollo regional a través de proyectos que lograran canalizar recursos públicos y privados y buscar que sus líderes tuvieran incidencia política en la toma de decisiones locales. Para lograr esto establecieron alianzas con alcaldías, instituciones como la Gobernación de Antioquia, la Consejería de la Presidencia de la República, el Sena, Corpourabá, la Organización Internacional para las Migraciones, entre otros. Su legitimación en el territorio fue tal que “Asocomún fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar por parte de la Cámara de Representantes, en “reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades””. (Posada, 2011, p. 114).
Asimismo, algunos excombatientes establecieron Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados (FOAD), como es el caso de Adesur, creada en el 2005 por Ever Veloza alias “HH” y Construpaz creada en Necoclí por “El Alemán”. Las FOAD se concentraron en la búsqueda de recursos ofrecidos por programas gubernamentales y de cooperación internacional, logrando formar una red de inversiones junto con cooperativas de trabajo asociado para desarrollar proyectos agroindustriales, “sobre tierras que previamente fueron objeto de despojo violento por parte de los grupos paramilitares” (Posada, 2011, p. 116).
De esta manera, el orden social establecido por el paramilitarismo en el Urabá no ha sido subvertido incluso después de su desaparición como grupo armado, en el territorio se han impuesto otros actores relacionados con las AUC y la estrategia de dominación se ha transformado, pero los intereses de las élites sobre la región permanecen.
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De acuerdo con el Informe presentado a la Comisión de la Verdad por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros e Instituto Popular de Capacitación (2019), entre el 2006 y el 2016 el plan de acumulación en el Urabá se reconfiguró a través de otras estructuras armadas como las AGC, “grupo armado posparamilitar que controla hasta la actualidad la región de Urabá, impidiendo mediante la fuerza la restitución de tierras y asegurando un modelo de desarrollo cimentado sobre la muerte de líderes campesinos y de comunidades étnicas, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras y territorios”(p. 54).
En el Informe a la Comisión de la Verdad también se resalta que la violencia de las AGC sigue vinculada al desarrollo de proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura, a través de estructuras heredadas del paramilitarismo y con el respaldo de las fuerzas militares, buscando proteger “la propiedad y el uso de las tierras despojadas, hoy en manos de grandes empresas, las cuales han sido aseguradas por grupos armados al servicio del sector privado” (2019, p. 57), algo que se manifiesta en los asesinatos de líderes de procesos de Restitución de Tierras y el mantenimiento de las estrategias de penetración en escenarios de participación, de gobierno y comunidades de la región.
Un estudio de la CCEEU (2017) señala cómo los grupos paramilitares que surgieron a partir del acogimiento de las AUC a la Ley de Justicia y Paz han presentado un proceso de reingeniería sin acumulación de poder en el que se han sofisticado las formas de control social y sometimiento. Los problemas de la acumulación de la propiedad y los conflictos por el uso de la tierra no han sido resueltos y los nuevos actores, al igual que el paramilitarismo entre finales de los 80 y el 2006, remarca los intereses de las élites económicas sobre la tierra, mientras que
El Estado colombiano insiste que estas estructuras son Bandas Criminales, Grupos Armados Ilegales o Grupos Organizados Delincuenciales, argumentando que su principal fin es el económico ignorando la relación entre estas estructuras y la imposición del modelo económico extractivista, la preservación de los poderes políticos locales, regionales y nacional, el control de la vida civil y las agresiones contra defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. (CCEEU,2017, p.3)
Acosta (2019), siguiendo la conceptualización de guerras recicladas hecha por María Teresa Ronderos, afirma que las bacrim o los Grupos Armados Organizados (GAO), como se les
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conoce a estructuras armadas como los Urabeños, los Rastrojos, las Águilas Negras, los Paisas, entre otros, que son posteriores a las AUC, tienen comportamientos y repertorios de acción que devienen de aprendizajes previos de algunos integrantes en las organizaciones paramilitares o guerrilleras de las que fueron miembros.
Para la autora, la existencia de estas nuevas estructuras armadas frente a los desmovilizados paramilitares “no se trata ni del mismo fenómeno ni de uno nuevo. Son más bien agrupaciones que han experimentado cambios dado que responden a un nuevo contexto político, económico y social, pero no por ello han hecho tabula rasa de los aprendizajes, de los intereses y orientaciones que los llevaron a la guerra y que los mantienen en ella” (Acosta, 2019, p. 337). También establece que el accionar de las nuevas estructuras armadas que heredaron los conocimientos previos de los paramilitares surge a partir de la interrelación entre un contexto determinado que le proporciona a estos grupos una oportunidad de acción y cita a Charles Tilly (1998) para argumentar que las bacrim se definen de acuerdo con los cambios en el plano macroestructural de las sociedades y las instituciones que las conforman.
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4. Justificación
Esta investigación parte de que comprender la influencia paramilitar en los procesos de acumulación de tierras y en los conflictos por el uso y vocación del suelo en la región del Urabá, permitirá una mejor orientación alrededor de las motivaciones presentes detrás de repertorios de violencia ampliamente usados por estos grupos en la región como las masacres, el desplazamiento forzado, el despojo, entre otros.
Lo que también facilitaría el entendimiento de los conflictos actuales de la región asociados a altas tasas de deforestación, grandes proyectos viales y portuarios, además del creciente interés de grupos económicos nacionales e internacionales en la explotación de las potencialidades del Urabá, a pesar y acosta de la exclusión histórica de comunidades campesinas, antiguamente víctimas de la violencia paramilitar y hoy acosadas por la presión de bandas criminales no reconocidas por el gobierno.
Alejándose de la lectura que se ha impuesto sobre la problemática, en la que se refiere una presunta captura y configuración cooptada del Estado, que impide relacionar el desarrollo del proceso paramilitar de apropiación territorial en la región con las estrategias y proyectos de vinculación económica desplegados en los territorios más afectados por el conflicto por parte de poderes estatales que no estuvieron ausentes, sino que se han desenvuelto de manera diferenciada en el tiempo y el espacio que propone González (2019,2020).
Además, la preocupación por los conflictos del uso y vocación del suelo a partir de una mirada sociológica que desborde los conceptos técnico económicos, también pretende propiciar nuevas reflexiones alrededor del enfoque estructuralista de la cuestión agraria Colombiana y ojalá nuevos estudios cualitativos y cuantitativos alrededor de estos fenómenos en el país y en el Departamento de Antioquia.
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5. Marco Teórico
5.1. La teoría estructuralista de los usos del suelo
Gran parte de los estudios sociológicos alrededor de la concentración de la propiedad en Colombia parten del concepto de EA que también se usa para el análisis de las problemáticas relacionadas con las formas de vida, producción y reproducción en los territorios rurales, lo que también es denominado la cuestión agraria.
Una estructura es un sistema de diferentes elementos que tienen un sustento en la pertenencia a un todo, tiene dos características fundamentales: la existencia de un núcleo sobre el que se ordena la estructura y la finalidad interna que corresponde a la invariabilidad en los fundamentos de los elementos y sus relaciones (Machado, 2002).
Dentro del enfoque estructuralista la tenencia de la tierra ha tenido un papel determinante en el entendimiento de la cuestión agraria, Antonio García (1973) sostenía que las relaciones sociales que se constituyen alrededor de los derechos de propiedad sobre la tierra son el núcleo que subyace a la EA en los países latinoamericanos, sin embargo, en la mayoría de los estudios se ha relegado el análisis de los conflictos por el uso y vocación del suelo; aunque se admite su existencia y gravedad no se indaga alrededor de su relación con otros elementos de la EA. Antonio García sostenía que las EA en los países latinoamericanos se expresaban a través de una relación bimodal entre el latifundio y el minifundio y autores como Machado (2002, 2009) retomaron esto para establecer una tipología de la EA diferenciándola en tres clases: bimodal, unimodal y multimodal.
De esta manera la EA más problemática y presente en Latinoamérica, la bimodal, se caracterizaría por una alta concentración en la tenencia de la tierra; conflictos por la propiedad; bajo potencial de crecimiento; poco ahorro e inversión; un escaso grado de vinculación a la industria; un exiguo desarrollo democrático; dificultades para generar sistemas de cooperación; un pobre desarrollo de los derechos de propiedad, la institucionalidad y los sistemas de tributación; además de un uso ineficiente del suelo donde la tierra es un bien especulativo más que productivo, entre otros factores (Suescún, 2012).
De esta forma existe una teoría estructuralista del uso del suelo y de los conflictos que lo afectan que determina que estos surgen a raíz de la tenencia de la tierra y de la forma en la que esta
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conforma la EA, en otras palabras, las asimetrías en el poder sobre la tierra terminarían manifestándose en la productividad de la actividad agrícola, una visión muy economicista del problema.
Aunque la teorización alrededor de la EA se ha fortalecido gracias a la integración de nuevos elementos en el estudio de la cuestión agraria, como la importancia que han tomado las innovaciones tecnológicas, las grandes empresas agroindustriales y los sistemas financieros, en lo que Machado (2000) denomina el Sistema Agroindustrial, no existe una conceptualización alrededor de los conflictos por vocación y uso de la tierra que exceda las implicaciones económicas. No obstante, algunos estudios si han planteado la necesidad de apoyar el abordaje de la EA desde una percepción holística, incorporando las dimensiones temporales y el enfoque regional al entendimiento de la construcción del espacio. Tal es el caso de las conceptualizaciones establecidas por Bustamante (2010) quien delimita tres clasificaciones para los elementos conformantes de la EA:
• Elementos Fundiarios: parten de que “la forma y características que adquieren las relaciones
de apropiación social de la tierra constituyen el núcleo de la EA, en torno al cual se articulan las restantes relaciones y componentes que la conforman” (p.7).
• Elementos Técnico-Económicos: corresponden a factores del proceso productivo como el
uso del suelo, las tecnologías empleadas, las relaciones de comercialización, entre otros.
• Elementos Sociales: “implican la complejidad de la dinámica social, conformada por los
distintos grupos sociales actuantes en el agro y el tramado de relaciones existentes entre ellos” (p.7) junto con el sistema de normas que delimitan y dirigen la apropiación y producción de la tierra.
Bustamante (2010) expone cómo dentro de la red conformada por estos elementos ganan importancia especial las relaciones existentes entre estos y no tanto su comportamiento individual; para la autora, la EA es
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Pluridimensional, abierta y permeable, establece interrelaciones con las restantes estructuras que conforman la realidad, a la vez que es influida por procesos históricospreponderantemente por la marcha de la economía mundial y por el accionar del Estado- y obviamente, por su contexto espacial, razón por la cual se requiere un abordaje desde sucesivas escalas espaciales. (p.8)
Entonces, el tratamiento aislado de los conflictos de uso y vocación del suelo se debe al no reconocimiento y estudio de las relaciones que se crean entre los diferentes elementos de la EA, más allá de la importancia individual que pueda tener la tenencia de tierra y las relaciones sociales de apropiación de esta como sus elementos fundiarios.
5.2. Territorialización y relación sociedad-naturaleza
Por otra parte, el determinismo económico se debe también a que los análisis se han centrado en explicar a los sistemas sociales como constructores de los territorios, sosteniendo el anacrónico postulado antropocentrista de que la humanidad ejerce un dominio sobre la naturaleza; olvidando, como argumentan Arreola y Moreno (2017), que la sociedad no interactúa solo con objetos físicos congelados en su forma primigenia, sino que “la relación sociedad-naturaleza es un proceso que internaliza a la naturaleza en el sistema social, lo que produce que ambas se readecuen, readapten y modifiquen constantemente” ( p. 225).
Lo anterior permite la configuración de los territorios en un proceso no exento de conflicto, al contrario, continuamente transformado por las relaciones de exclusión-inclusión que se establecen entre los distintos actores que interactúan sobre un mismo espacio, en el que, como afirman Arreola y Moreno (2017), se genera una estructura de relaciones jerárquica destinada a favorecer al grupo social mejor posicionado o hegemónico, que ha logrado llevar a cabo un proyecto exitoso de apropiación territorial en tres dimensiones: subjetiva, concreta y abstracta. Los autores establecen que la dimensión subjetiva corresponde a las representaciones que configuran la identidad y pertenencia de los actores respecto al territorio; la dimensión concreta es aquella en la que los usos que se dan del espacio configuran prácticas sociales de producción, división del trabajo y distribución de recursos; y, por último, la dimensión abstracta contiene las
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normas que la comunidad establece para acceder a los recursos del territorio a través de un sistema de propiedad.
Para entender la manera en la que las relaciones de apropiación de los territorios determinan los usos del suelo, las formas de producción, la exclusión a ciertos grupos, la acumulación de poderes políticos e ideológicos, entre otros, se debe atender a la concepción que establece Michael Mann (1986) de sociedad, definiéndola como “múltiples redes de poder, superpuestas e intersectantes” (p.15), en las que el poder de un grupo o actor depende de su capacidad de organización socioespacial, por medio de la movilización de las fuentes del poder social: las relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas.
Mann (1986) afirma que la satisfacción de las necesidades obliga a los humanos a establecer relaciones de intervención sobre la naturaleza y relaciones de cooperación social; para él, “resulta difícil imaginar que ninguna de nuestras aspiraciones o nuestras satisfacciones ocurra sin ambas cosas. Así, las características de la naturaleza y las de las relaciones sociales son pertinentes para las motivaciones y de hecho es posible que las estructuren” (p.19). Esto último sugiere una interdependencia entre las motivaciones humanas y la respuesta que reciben a partir de la intervención de la naturaleza y del resultado de la cooperación, el autor ejemplifica esto con el surgimiento de civilizaciones en lugares donde era posible una agricultura aluvial, señala que
Podemos dar por establecido el impulso de motivación de los seres humanos de tratar de aumentar sus medios de subsistencia. Esa es una constante. Lo que explica, más bien, el origen de la civilización es la oportunidad que brindaron a algunos seres humanos las inundaciones, que les aportaron suelos aluviales ya fertilizados. (p.19)
Entonces, en cierto sentido Mann también reconoce la internalización de la naturaleza en las relaciones sociales. Las fuentes del poder social (las relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas) y las dimensiones de apropiación territorial (objetivas, subjetivas y abstractas) no son equivalentes; pero si se intersecan y relacionan en múltiples formas creando realidades complejas, estructuradas y jerarquizadas.
Mann también establece la manera en la que una minoría puede hacerse al poder por medio de la institucionalización de leyes y normas dentro del grupo social, algo necesario para alcanzar
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los objetivos colectivos y establecer determinada estratificación social; para el autor, las masas obedecen a las élites porque “carecen de organización colectiva para hacer lo contrario, porque están incrustadas en organizaciones de poder colectivo y distribuido controladas por otros” (1986,
p. 22).
De esta última afirmación se desprende también el factor que determina la capacidad de autonomía y legitimación de los Estados; de esta forma, para Mann el Estado no tiene fuentes de poder distintas a las relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas que pueden ser usadas por otros grupos dentro de la sociedad civil; pero su autonomía, por encima de otras fuerzas, está determinada por la necesidad de un Estado en las sociedades relativamente complejas, la multiplicidad de sus funciones y su centralización socioespacial y organizativa (Mann, 2006).
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6. Metodología
Esta investigación parte del análisis documental de fuentes secundarias y de la reconstrucción histórica del actuar de las AUC en la región del Urabá, como se pudo observar en la primera parte de este documento; para esto fue necesaria la lectura profunda de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con la región y el Departamento.
Para Peña y Pirela (2007), “el valor del análisis documental se consolida cada vez con mayor fuerza debido a la avalancha informativa a la que se asiste en el presente tiempo” (p.57), empero, esta metodología va mucho más allá de la recopilación y depuración de fuentes, sobre todo cuando las investigaciones se agrupan alrededor de un mismo enfoque teórico, entonces el estudio se centra en encontrar vacíos y captar las singularidades que pueden responder la pregunta de investigación.
La búsqueda en bibliotecas, revistas virtuales y bases de datos es fundamental y se realizó en distintos momentos del proceso investigativo atendiendo a las necesidades de profundización sobre los hechos que se iban desvelando, también se indagó en prensa y en fuentes videográficas, una vez que se recolectaron los documentos relacionados con el problema de investigación, el análisis documental entró en una fase algo técnica o mecánica en el que se procesó y clasificó la información.
La realización de fichas bibliográficas y fichas de contenido es la forma más rudimentaria de realizar esto ante la amplia gama de softwares disponibles como Mendeley, Atlas Ti, N-Vivo, entre otros; pero todas estas herramientas tienen la misma esencia y objetivo, la búsqueda de órdenes, relaciones, interacciones y jerarquías que den claridad sobre el problema de investigación y su relacionamiento con conceptos y abstracciones que permitan comprender heurísticamente la realidad encubierta o ignorada.
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7. Resultados
7.1. Lecturas del Paramilitarismo en el Urabá
Para comprender la forma en la que los paramilitares de las AUC lograron incidir en la estructura de tenencia de tierra y en los conflictos por uso y vocación del suelo en el Urabá, es necesario desentrañar cómo adquirieron la capacidad de legitimarse en los territorios estableciendo un orden de apropiación política, económica, social y militar, que en una sociedad moderna y democrática debería haber sido establecido por el Estado.
En el rastreo documental se encontró que la mayoría de las lecturas de esta problemática parten de la hipótesis de la Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado (CRCE) por parte de los paramilitares, sumada a otras perspectivas como la existencia de un empresariado criminal y una triple alianza criminalidad-empresa-Estado.
7.2. La presunta Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado [CRCE]
Inicialmente la CRCE habría sido vista como una acción ejercida principalmente por empresas y grupos económicos que buscaban cambiar los marcos normativos a su favor a través de sobornos monetarios, diferenciándose esto de la corrupción administrativa que se efectúa a posteriori del establecimiento de las leyes y no a priori como en el caso de la CRCE; pero Garay complejizó el concepto afirmando que la CRCE también puede tener un carácter político o de intimidación y puede ser efectuada por actores cuyo ámbito e intenciones sobrepasan lo económico. La capacidad de acomodar los marcos normativos en favor de un grupo determinado también es vista como subsidiaria de cierta inmadurez de los Estados que no han logrado consolidarse como un Estado de Derecho, como sería el caso de Colombia, donde los grupos paramilitares se abrían aprovechado especialmente de la ausencia del Estado en determinados territorios para capturar el poder político, económico y social y reconfigurarlo. En un escenario más teórico que práctico, la reconfiguración cooptada del Estado parte del debilitamiento de la institucionalidad capturada para suplantar o redefinir los intereses del Estado. Garay describe el proceso como la manera en que organizaciones legales o ilegales buscan modificar desde adentro el régimen político para “lograr que sus intereses sean validados política
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y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar social” (2008, p. 80).
En el plano nacional Reyes y Duica (2008) hablan de la captura de los Estados regionales por parte de los paramilitares, algo que habría rotó profundamente el régimen de propiedad territorial; para los autores la expropiación de tierras fue simultánea a la usurpación de las funciones estatales y sería un problema vigente puesto que “la cooptación de las autoridades por los victimarios del despojo impide a las víctimas acceder a la restitución de sus derechos” (p.4). Cadavid (2019) también es uno de los defensores de esta lectura en el caso de Urabá, el autor sostiene que la debilidad del Estado colombiano, producida por la imposición de reformas que pretendían modernizarlo7, habría facilitado su captura por parte de grupos paramilitares, junto con un proceso posterior de reconfiguración de los intereses del Estado que se habría movido en el plano militar a través de un proceso de “pacificación”; en el económico por medio de la “Paraeconomía” y en el ámbito político a partir de la “Parapolitica”. Para el autor, el plan de pacificación consistió en el uso de diversas formas de acción militar contra los grupos guerrilleros de la zona y otros focos de resistencia. Además, habría existido una simbiosis entre paramilitares y las fuerzas militares legitimas del país, al respecto, Cadavid (2019) expone declaraciones del paramilitar Raúl Hasbun, en las que afirma que la información era compartida y procesada entre ambos grupos y la mayoría de las operaciones se habrían realizado de manera conjunta.
En el plano económico al establecimiento de la “Paraeconomía” partió del despojo de tierras y del desplazamiento forzado sumados a la cooptación de recursos para la implementación de proyectos agroindustriales de palma de cera, caucho, maderas tropicales, ganadería y banano, logrando al mismo tiempo el “blanqueamiento” de los predios y dineros obtenidos ilegítimamente. Por último, la “Parapolitica” habría consistido primero en la penetración de juntas de acción comunal, concejos y alcaldías municipales a través de candidatos afines a las Convivir y al BEC, los políticos vinculados con los paramilitares incluso llegaron a aspirar la obtención de curules dentro de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, por medio de estrategias programáticas como “Urabá, grande y en paz”.
7 El autor se refiere a los paquetes de recomendaciones presentados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en los que se incluían medidas como la flexibilización económica, la reducción del gasto público, el aumento de la eficiencia administrativa, etc.
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Posada (2011) también parte en su análisis de la CRCE, pero le da singular importancia a la actuación del “empresarismo criminal” en el Urabá como una situación en la que se ve neutralizado el Estado, logrando una alineación entre los intereses de este y del grupo paramilitar, se apoya en las conceptualizaciones de Boaventura de Sousa Santos para explicar cómo los grupos contrainsurgentes han buscado reestablecer el orden soberano y a la vez proteger sus intereses en el narcotráfico, replanteando el “contrato social”.
Por otro lado, sin distanciarse de la perspectiva de la CRCE, Zuluaga e Insuasty (2020) proponen el trinomio Criminalidad- Empresa-Estado para entender el modelo de desarrollo hegemónico que implementaron los paramilitares, ya que este “define la planeación real de los territorios, su prospectiva, inversión trazada según las necesidades de élites económicas locales, nacionales e internacionales, quienes han instrumentalizado la política a su favor” (p. 260). Asimismo, Reyes (2009) afirma que la expansión y dominio paramilitar coincidió con la debilidad estatal y a la vez reconoce la complicidad de las fuerzas armadas legales con estos grupos durante los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002). Hay tres puntos importantes a rescatar en los análisis que se han descrito, el primero corresponde a la búsqueda de poder por parte de los grupos paramilitares a través del dominio militar, político y económico que expone Cadavid (2019); el segundo esw3 la idea de que las acciones ejercidas por estos grupos armados tienen una prospectiva y se estructuran a un proyecto de desarrollo hegemónico, tal como lo describen Zuluaga e Insuasty (2020) y por último, la concepción de que las estructuras armadas cambiaron a lo largo del tiempo reciclando aprendizajes previos de anteriores confrontaciones y adaptándose también a las transformaciones de un espacio y contexto como lo reconoce Acosta (2019).
En primer lugar, la comprensión de que las acciones de territorialización de las AUC en el Urabá no se circunscriben únicamente al plano militar, sino que también involucran la búsqueda del poder político y económico, muestra que más allá de la oposición a guerrillas, las AUC buscaban componer o recomponer un proyecto de dominación, a través de un proceso exitoso de apropiación territorial en los planos subjetivo, objetivo y abstracto. Para esto tuvieron que implementar formas diferenciadas de dominación de acuerdo con las características sociales, económicas, políticas y naturales de los territorios, como las que se describieron a través de Barbosa (2015) en las primeras páginas de esta investigación: el dominio
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sin resistencia en el norte; el dominio con resistencia en el Eje Bananero y la invasión con resistencia en el sur de la región.
En segundo lugar, el reconocimiento de que el proyecto de dominio territorial de las AUC se orientó alrededor de una meta, motivación o proyecto de desarrollo que es excluyente de las masas que son desposeídas para que este pueda ser instaurado, permite conectar la situaciones que se han observado en el Urabá desde finales de los años 80 con el avance en los proyectos de integración económica de la región a los mercados nacionales e internacionales, a través de proyectos viales, portuarios, empresariales que terminaron desarrollándose en los municipios más afectados por el conflicto armado.
Es notorio el número de proyectos y la movilización de recursos públicos y privados para obras civiles que conectan al Urabá con el país y al país con el mundo, como lo son los planes que se están trazando frente a los puertos Antioquia y Pisisí, en el municipio de Turbo; el puerto Darién en Necoclí y el proyecto Sol de Oriente, que todavía no está en ejecución pero que involucraría la construcción de infraestructura urbana, un aeropuerto y un puerto marítimo para consolidar la Zona Franca del Urabá, en un plan conjunto entre inversores privados, nacionales e internacionales. Zuluaga e Insuasty (2020) lo reconocen cuando afirman que “estas proyecciones del desarrollo, ancladas a dinámicas geoeconómicas globales que se asumen por élites empresariales, políticas, militares y criminales en Colombia, han generado una reorganización de las diversas estrategias de control de los territorios” (p.249). Sin embargo, el error en su argumentación y en la teoría de la CRCE es que el Estado no aparece, no existe, está ausente, a pesar de que es evidente que los intereses y la visión de desarrollo que guía a las élites en el Urabá es equivalente a los que se presenta en las esferas nacionales.
En tercer lugar, el reconocimiento de que las nuevas estructuras armadas como la AGD, los Paisas, los Rastrojos y otros han reciclado los repertorios de violencia y las motivaciones de las AUC al mismo tiempo que se han cambiado de acuerdo al contexto y las transformaciones de las instituciones, permite comprender la presencia que han tenido estas estructuras armadas en la región después del 2007 y hasta la actualidad diferenciándose en el espacio y tiempo pero manteniendo un interés conductor, el beneficio de ciertas élites y el sometimiento de la población civil.
No obstante, estos tres puntos que se rescatan de las investigaciones mencionadas están en contradicción con la CRCE, el trabajo de Acosta (2019) es un buen ejemplo de esta incongruencia
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en la argumentación, la autora afirma que para los paramilitares se convierte en objetivo criminal toda persona que disienta del orden establecido, que cuestione la agenda del Estado, reafirmando la capacidad del Estado de movilizar actores armados en pro de sus intereses; empero, en su análisis también sostiene que las bacrim establecen alianzas institucionales en pro de la captura del Estado. Siguiendo esta argumentación hay dos posibilidades: la existencia al mismo tiempo de dos formas de Estado, una débil y tendiente a la captura y otra con capacidad de movilizar estrategias diversas para hacerse al control de territorios donde no está institucionalmente presente manteniendo su agenda nacional de desarrollo o su total ausencia del contexto social que se quiere comprender.
Por otra parte, la supuesta ausencia del Estado, algo que parece una verdad de Perogrullo tanto para la academia como para la sociedad civil, sí se ha convertido en la mejor excusa para el despliegue militar y económico de las instituciones estatales en los territorios “retomados del conflicto”, a través de la implementación diferentes programas que revindican ciertos usos del suelo, por ejemplo, la producción de monocultivos para la exportación en territorios donde siguen existiendo conflictos por la propiedad de la tierra y conviven víctimas y algunos de sus victimarios. Señalando un caso particular, Vargas y Uribe (2017) exponen cómo a partir del 2005 la política rural del Estado comenzó a promocionar el cultivo de palma africana para la producción de biocombustibles, misma que los paramilitares sembraron en diferentes zonas del Urabá, afirman que “entre 2007 y 2014, el 86% de todos los fondos del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se asignaron a proyectos de palma aceitera y sólo el 14% a otros productos básicos” (pá.756). Lo que muestra la confluencia de intereses entre los paramilitares y el Estado, para las autoras el Estado colombiano eligió a los ganadores de la acumulación de tierras a través de mecanismos como las políticas de desarrollo agrario, los subsidios créditos promovieron la concentración de tierras a veces de una forma abiertamente ilegal.
7.3. La Presencia Diferenciada del Estado
La razón por la que el Estado está ausente el planteamiento de la CRCE es porque es visto como una realidad homogénea, monolítica, con pleno poder del monopolio de la fuerza; cuando “en la historia la mayor parte de los Estados no han poseído un monopolio de la fuerza militar y muchos ni siquiera lo han reivindicado” (Mann, 1986, p. 27).
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El tipo de Estado que sustenta la teoría de la CRCE es capturado porque es equivocadamente tenido por un ente neutral e inerme ante el actuar de grupos armados ilegales, es esta una visión idealizada que no tiene en cuenta la histórica dinámica heterogénea de las regiones del país y “la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas” (González, 2009, p. 199).
Fernán González insiste en que en debe reconsiderarse la presunta debilidad histórica del Estado, ya que
El hecho de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima no aparece como anomalía e irregularidad sino como parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de construcción de Nación. (2009, p. 193)
La lectura de la presencia diferenciada del Estado en el tiempo y el espacio permite comprender la relación de otros actores armados como paramilitares y guerrillas en áreas periféricas del país con el Estado, para González este último nunca perdió el monopolio de la coerción legitima y de la administración de la justicia porque nunca lo ha tenido plenamente8. Las instituciones estatales del país son hibridas y el Estado hace un dominio indirecto de la sociedad a través de las élites regionales, aunado a esto existen sitios donde existen “soberanías en vilo” y a la vez hay tensiones económicas y sociales que se regulan comunitariamente, lo que explica la escalada de la violencia contra los líderes sociales durante los últimos años (González, 2020). Por otra parte, aunque González reconoce que “el fenómeno de la llamada parapolítica, que muestra los profundos nexos entre paramilitares y políticos regionales, hace evidente que las instituciones del Estado siguen moviéndose en su estilo tradicional de presencia diferenciada” (2009, p. 205), también admite que el modelo se encuentra en crisis por las crecientes contradicciones entre la élite estatal que busca modernizar el Estado y la oposición redes clientelistas de poder regional y local.
8 La construcción del Estado colombiano ha partido de la relación clientelista entre las élites estatales y los gamonales regionales y locales, que tiene rasgos heredados del colonialismo pero que se articula en el biparidismo, debido a que los partidos se convierten en la respuesta política a la fragmentación geográfica y social de Colombia al configurarse como “confederaciones laxas, opuestas pero complementarias, de redes regionales y locales de poder” (5 noviembre de 2020), no exentas de sus propios conflictos y contradicciones.
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También afirma que la violencia actual y previa en el país y los procesos de “desarrollo económico desigual de las regiones y de la construcción del Estado nacional tienen que ver con la manera como los espacios regionales se han venido poblando y articulando entre sí para configurar el espacio de la nación” (González, 2009, p. 187).
Entonces para comprender la relación entre los grupos paramilitares y el Estado en el Urabá y la manera en que incidieron en la acumulación de la tierra y los conflictos por uso y vocación del suelo en la región, es necesario atender a las realidades regionales heterogéneas del país y a la configuración diferenciada de Estado en el tiempo y espacio que propone Fernán González, remarcando que este existió, no estuvo ausente; pero su actuar estuvo marcado por un despliegue de su poder estructural y no tanto de su poder despótico.9
7.4. El poder infraestructural del Estado
En los últimos años regiones como el Urabá antioqueño han atendido a un fortalecimiento de lo que Michael Mann define como el poder infraestructural del Estado, la capacidad que tiene este para “penetrar la sociedad civil y poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas por todo el país” (Mann, 2006, p. 58) ya sea con la oposición o ayuda de las élites regionales. Mann no desmiente la existencia de tensiones entre el Estado y otras agrupaciones de poder dentro de la sociedad civil como: movimientos ideológicos, grupos económicos y élites militares, debido a que estos últimos pueden hacer uso de las mismas técnicas de poder que el Estado, ya que el Estado no es autónomo en este sentido y por lo tanto tampoco puede ser capturado, al menos en lo que se refiere a medios y formas de alcanzar poder que no le son exclusivas sino que son propias de todas las relaciones sociales.
Para Mann la autonomía y poder del Estado están pre-condicionados por tres factores: su necesidad para la existencia de sociedades complejas que se benefician de los marcos normativos que este impone; la multiplicidad de sus funciones que van mucho más allá de la dominación coactiva involucrando labores internas e internacionales y pudiendo ser económicas, militares y sociales, y por último, su capacidad de convertirse en el único poder centralizado.
9 Michael Mann (2006) establece dos tipos de poder estatal, el despótico y el infraestructural, el poder despótico correspondería al “abanico de acciones que la élite tiene facultad de emprender din negociación rutinaria, institucional , con grupos de la sociedad civil”(p.58).
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Frente a esta última precondición del poder autónomo del Estado, Mann afirma que “a diferencia de los grupos económicos, ideológicos y militares en la sociedad civil, los recursos de las élites estatales se difunden autoritariamente hacia fuera desde un centro, pero se detienen ante barreras territoriales definidas. El Estado es, de hecho, un lugar: tanto un lugar central como un alcance territorial unificado” (2006, p. 86), lo que podría convertirse en una de las razones detrás de la imposibilidad que tuvieron los grupos paramilitares de unificarse en un proyecto de alcance nacional.
Mann (2006) parte de la hipótesis de que, “el poder infraestructural del Estado deriva de la utilidad social en cualquier tiempo y lugar de las formas de centralización territorial que no pueden suministrar las fuerzas mismas de la sociedad civil” (p. 68), por lo que aunque el poder autónomo de los Estados puede ser limitado se ve fortalecido por la “cooperación compulsiva” de la sociedad civil en un movimiento dialectico en el que “una gama de técnicas infraestructurales son iniciadas por los Estados despóticos, y después apropiadas por la sociedad civil (o viceversa); después aparecen otras oportunidades de coordinación centralizada, y el proceso comienza de nuevo” (p.71).
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8. Conclusiones
En las últimas décadas se ha impuesto de manera violenta en el Urabá y en otras regiones del país una representación neoliberal del territorio, que centra su atención en zonas que son consideradas como estratégicas por su alto potencial económico para desplegar proyectos agroindustriales de gran envergadura que conecten al país con los mercados internacionales a partir de una posición subordinada como productor de materias primas, para la que el Estado colombiano se ha encargado se circunscribir acuerdos comerciales con países extranjeros, atraer capitales y adecuar la normatividad nacional.
A la vez que se presentó en el Urabá la desterritorialización paramilitar de las comunidades pertenecientes a la región a través de las amenazas, asesinatos, el desplazamiento forzado y el despojo para imponer un modelo de apropiación territorial en el que se ha exacerbado la acumulación de propiedad y se han favorecido ciertos usos del suelo, en desmedro de la economía campesina y de la conservación ambiental de ecosistemas importantísimos para la preservación presente y futura de la vida.
La apropiación paramilitar del Urabá se pudo efectuar en una dimensión subjetivada través de la coerción violenta y la coacción simbólica de las comunidades, rompiendo las relaciones de cooperación y los liderazgos; mientras que en el plano objetivo incidió en las formas de producción, la división del trabajo y los empleos del suelo incentivando usos contrarios a la vocación de la tierra y orientados hacia estrategias regionales y nacionales de desarrollo y de relacionamiento con mercados extranjeros; por último, en el plano abstracto penetró la política local y regional; pero no desde una captura y cooptación del Estado, sino desde una histórica presencia diferenciada de este en los territorios.
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Cita: Ramírez Moreno, Mónica Yurley (2023), Paramilitarismo, concentración de la propiedad y conflictos entre el uso y vocación de la tierra en el Urabá Antioqueño, Universidad de Antioquia, p. N. https://hdl.handle.net/10495/34662