La paz de Colombia, una primavera inconclusa
Ricardo Alonso Toro Patiño
Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Asesor Juan Pablo Acosta Navas, Magíster (MSc) en Derecho
Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Medellín, Antioquia, Colombia
2025
Cita (Toro Patiño, 2025) Referencia
Estilo APA 7 (2020) Toro, R. (2025). La paz de Colombia, una primavera inconclusa [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Cohorte XIV.
Biblioteca Carlos Gaviria Díaz
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“La paz es una rosa en la que caben todas las primaveras” Antonio Gala Presentación
En Colombia la paz ha sido una palabra llena de adjetivos, pero a la vez menospreciada y ultrajada en la acción: Se le ha llamado la anhelada paz, la paz integral, la paz negociada, la paz con legalidad , la paz esquiva, la paz de los sepulcros, paz sostenible, paz territorial; paz total y muchas paces más, podría decirse que hay casi un consenso en la necesidad , la conveniencia y la inevitabilidad de la paz-, persisten entonces diálogos de paz, marchas por la paz; sin embargo resultan inexplicables acciones que impiden la materialización de la paz, así por ejemplo dentro y fuera del país resulta difícil entender cómo es posible que en las urnas haya ganado un plebiscito
que vote NO a la paz o; como se hace posible que se obtengan votos y réditos políticos con la
sola promesa de “ hacer trizas la paz”.
En la comprensión de que la paz resulta ser un cumulo de asuntos más complejos que las antes mencionados y que es necesario profundizar respecto a los intereses de mayor dimensión como por ejemplo “una disputa por el sistema político, el tipo de desarrollo y la tenencia de la tierra y, la ¿disputa por las rentas?” (Gil, 2025).
El curso “Construcción de Paz en Colombia: Escenarios y desafíos” surge en momentos en los que los procesos de negociación, tanto pasados como presentes, multiplicaron sus escenarios, en especial, el número y la naturaleza de actores implicados en la búsqueda de la paz, denominados como la Paz Total y ponen de presente desafíos de enormes dimensiones. Todo esto justamente cuando parece cada vez más difícil encontrar quien no sucumba ante la desesperanza y la incertidumbre, al punto de olvidar, minimizar o, peor aún; desconocer y negar los logros y avances
en materia de paz que, permiten afirmar que lo hecho hasta ahora -siempre perfectible- ha valido mucho la pena, por cuanto ha significado en vidas salvadas, producto del desescalamiento de la conflictividad o el posicionamiento colectivo de lo absurdo e inútil de la guerra o; que decir del valiosos aporte del Sistema Integral para la Paz en relación con la justicia transicional y sus tres
órganos: Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Justicia Especial para la Paz (JEP)
y; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Es por ello por lo que este escrito pretende aproximarse a algunos de los debates y disertaciones realizados en el curso, desde las presentaciones orales y escritas y desde las fuentes bibliográficas propuestas por los docentes, hilando los mismos alrededor de tres temas fundamentales, paz, derechos humanos y víctimas.
Pensar y entender y entender para superar
Desde sus inicios el curso formula unas perspectivas de la política, de la filosofía del conflicto y de la guerra, que propicia la construcción de paz. Así, propone entender la política desde la acción colectiva de los de abajo, de los olvidados, de las minorías o de las víctimas, una suerte de “impugnación de los que no eran iguales, para ser tratados como si lo fueran; una búsqueda de justicia” —Diké— (Martínez, 2025), de tal manera que es a través de la política que adquieren o disputan su voz en el lugar de lo colectivo los que no la tienen.
Desde este concepto una paz sólida, que vaya más allá de la terminación de la violencia armada; debe contemplar la superación de la marginalización haciendo de la inclusión la convicción de la política estatal y la acción de la sociedad, pues es la guerra la negación de la igualdad que se traduce en la negación del otro, en palabras de Martínez (2025) “sin la igualdad
como valor, perseguir a los que no contaban se ha hecho legítimo, ya no ni siquiera contarlos; sino perseguirlos, negarles todo tipo de solidaridad” En este sentido el reto para el logro de la paz es construir conjuntamente las respuestas a las preguntas: “¿cómo incluir a los que no son de modo que sean siempre?, ¿cómo hacer que dejen de ser los que sobran”? (Martínez, 2025) toda respuesta a estas preguntas exige comprender que “La política es la movilización de los que no cuentan” (Martínez, 2025) Dicho lo anterior, se puede observar que existe una línea de continuidad entre la igualdad y la dignidad humana, y entre la dignidad humana y la paz, es decir, igualdad es presupuesto de la dignidad, entendida esta como la garantía de poder vivir con bienestar, libre de amenazas a la vida y a la integridad; vivir sin discriminación y poder vivir en libertad, y en la que, sin el reconocimiento de la dignidad, que es en última instancia el reconocimiento del otro, no hay paz. Considerando que en la sociedad moderna la dignidad va vinculada también al desarrollo de los derechos económicos sociales y culturales, hacer posible la paz pasa por garantizar el acceso pleno de la población a estos y los demás derechos. Pese a que los desarrollos económicos, científicos y técnicos en otrora se visualizaron como una promesa de acceso a condiciones de vida digna, el modelo de desarrollo imperante, soportado en el individuo y su libertad económica, se ha constituido como el gran obstáculo para hacer posible la dignidad humana. En este sentido resulta imperativo subvertir la lógica dominante en el modelo de desarrollo capitalista para armonizar el cumplimiento de los derechos sociales o colectivos equiparando su importancia con la de los derechos civiles y políticos que han gozado no solo de un mayor nivel de garantía en abstracto, sino también de una trascendencia superior en términos jurídicos, morales, filosóficos y políticos (Acosta-Navas, 2020, pág. 277).
Este llamado se hace más urgente si se consideraran los notorios retrocesos que desde el último cuarto del siglo XX se evidencian a nivel global en términos de garantía de derechos, que se han traducido, entre otros aspectos, en el aumento de brechas sociales, la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo, la reducción de la movilidad social y la exacerbación de la discriminación social.
Para dar lugar al otro, en el sentido que acá se explicita, es necesaria una reinterpretación de los Derechos Humanos, un cambio de paradigma en el que se reinventen, como lo señala Lesmes Espinel en su conferencia de la Universidad Nacional, denominada “Introducción al Enfoque Diferencial”:
[…] desde un ideal progresista y emancipador, que recupera los valores de la solidaridad, la igualdad, la justicia, la autonomía y el respeto a la diversidad. Es un ideal que tiene en cuenta las voces histórica y culturalmente silenciadas: las de las mujeres, las de las minorías étnicas y sexuales, las de los empobrecidos y la de la naturaleza, entre otras, y establece como principio normativo el respeto por la diversidad antropológica del mundo (Lesmes Espinel, 2017) Para ello, es necesario comprender que el discurso de los derechos humanos, incluyendo su formulación en el derecho internacional, es producto de la construcción epistemológica occidental y colonial que, desde el racismo epistémico, excluye los conceptos de dignidad humana no-occidentales, y que, por lo mismo, no ha servido de manera efectiva como instrumento para la protección de los pueblos o grupos sociales que no se insertan en la lógica hombre blanco occidental y que están ubicados generalmente en el sur global (Grosfoguel, 2009). La urgencia de incluir en la conversación sobre derechos humanos la diversidad de epistemologías no occidentales
se hace mayor si se considera la proliferación de conflictos que desde el 2001 se producen en las fronteras de occidente (Irán, Yemen, Afganistán, Gaza, Siria, entre otros), o la persistencia del conflicto interno en zonas de frontera, donde el sistema de protección nacional e internacional de derechos humanos ha sido por decirlo menos, insuficiente, entendiendo como frontera la condición geográfica, social, política, económica o epistémica de marginación donde se encuentra saberes y miradas del mundo no occidentales, que han sido relegadas o perseguidas por el orden moderno colonial (Valiente Bertello, 2019) Este cambio de paradigma también debe contemplar el lugar de cada uno de los actores implicados en la garantía de los derechos, así, aunque, desde diversos ámbitos se ha considerado que la exigibilidad de los Derechos Humanos le es atribuible de manera fundamental a los Estados, también es cierto que el avance en una compresión de las democracias participativas , ciudadanías
más activas reclama a la vez la construcción de estos a través la acción política colectiva y
exigiendo a los funcionarios estatales interrogarse sobre su papel trasformación hacia una cultura
pública que les permite pensarse y asumirse donde su accionar cotidiano (Enfoque transeúnte),
como agentes encargados de promover el continuo dinamismo y retroalimentación de este círculo virtuoso entre democracia, enfoque diferencial y política pública o acción institucional (Lesmes Espinel, 2017) eso es importante considerando la posibilidad real de incidencia en la formulación y desarrollo en las políticas públicas, como en la efectiva disposición de los recursos estatales de distintas naturaleza.
Un tema nodal en todo el curso está relacionado con los derechos de las víctimas del conflicto armado y las medidas de reparación, entre ellas las medidas de satisfacción, con énfasis
en la construcción y la pluralidad de memorias. Al respecto, Sánchez (2025), en su presentación al curso retoma lo propuesto por Sarlo y Jaramillo, afirmando que:
En la construcción de memoria se presenta un giro encaminado a reconocer el sentido cultural y político del recuerdo- gana terrero la voz de los individuos (especialmente las víctimas) —la primera persona como una forma privilegiada para la reconstrucción del pasado— (Sarlo, 2005) o para —recuperar el sentido de aquellos pasados silenciados y ocultos— (Jaramillo, 2011) Las víctimas y sus derechos son el lugar a donde debe ser puesta la mirada y la acción política y social, aunque el Estado actual parece ser incapaz de cumplir no solo con los compromisos adquiridos como con ellas, sino también con el compromiso de Estado a nivel internacional con relación a los excombatientes y firmantes de paz. En Colombia, organizaciones históricas de víctimas del conflicto político armado y social, tales como: Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADES), los Familiares y Sobrevivientes Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, Asociación Nacional de Desplazados (ANDAS),entre otras, de tiempo atrás y en una lucha incesante, han denunciado mediante la acción colectiva el drama de cientos de mujeres y hombres; así, en las calles mediante
la movilización se recrea y se entremezcla el dolor y la esperanza, que en medio de la negación o
las mentiras a medias, lucha por no desfallecer y sobre todo por no olvidar. Estas organizaciones de víctimas han sido el inicio de un movimiento que en medio del ‘fragor de la lucha’’ para parafrasear a Jesús María Valle Jaramillo, -Defensor de Derechos
Humanos, asesinado por el Paramilitarismo-, afrontaron el miedo, las amenazas y asesinatos y
contribuyeron para que en la actualidad pueda hablarse de un movimiento de víctimas en constante
fortalecimiento pese también; a frecuentes acciones de los medios de comunicación o funcionarios que aprovechan su poder para en nombre de las víctimas hacer oposición política o construir
matrices de opinión con el objetivo de fortalecer ocultas agendas políticas invisibilizadas tras el
ropaje de altruismo o solidaridad con víctimas que en tiempos de negación del conflicto nunca fueron tenidas en cuenta.
Las victimas una perspectiva jurídica, política y ética El progresivo posicionamiento de las víctimas y de sus derechos, intereses y demandas en el espectro púbico, son en realidad el resultado de un movimiento de víctimas que se consolida en medio de múltiples situaciones adversas. La fuerza que han tomado las víctimas como sujetos de Derechos tienen un alcance tal que puede afirmarse que han logrado transformar las perspectivas jurídica, política y ética en torno a ellas.
Las victimas marcan una perspectiva jurídica en el sentido que la Ley 1448 de 2011, pese a las múltiples deficiencias desde el punto de vista de su comparación con los estándares y algunos desarrollos normativos y jurisprudenciales en ámbitos internacionales, la aun insuficiencia de los recursos económicos para su desarrollo, la cada vez más compleja estructura administrativa del Estado para atender esta población, los gigantescos desafíos para su materialización en temas como indemnización y la restitución de tierras, entre otros asuntos; hacen que esta Ley pese a no ser la Ley perfecta como bien lo expresan diversos sectores que legítimamente esbozan razonadas críticas a la misma, constituye no solo un punto de partida para la búsqueda de una reparación integral, sino también, un punto de quiebre respecto al posicionamiento que en el país se acentuó en la figura y el papel casi heroico de los victimarios, producto de varios años de gobiernos que negaron la existencia del conflicto armado y por ende la de las víctimas y de sus derechos.
Desde la perspectiva política se evidencia que la incidencia de las victimas ha sido cada vez mayor, por ejemplo, en la actualidad tienen 16 escaños especiales en la Cámara de Representantes potencializando su participación política; lo que conlleva a que cada vez será más difícil para los gobernantes adelantar sus agendas a espaldas de las víctimas y sus derechos. Esta incidencia política también es palpable en materia judicial, uno de los más grandes desafíos que enfrenta la de justicia transicional es el papel protagónico que está desempañando las víctimas, pues este “plantea un conflicto triangular conformado por las demandas en procura de compensación aflictiva del mal causado a la víctima y la tradicional relación penal jurídico-publica, entre el Estado y el infractor” (Parra González, 2010, pág. 108). Esto compele a la sociedad a redimensionar el ejercicio de derechos que realizan las víctimas, no es posible concebirlas como receptores pasivos de la acción del Estado, se debe reconocer su condición de ciudadanos con Derechos, garantizando que las medidas de transición no afecten su acceso a la verdad, la justicia y la reparación (Suárez Lopéz, 2025), y la perspectiva ética pasa por:
Predicar (y creer) que no hay posibilidad de construir un régimen justo y democrático sin resolver el conflicto moral y social que significa la existencia de miles de desaparecidos, es colocar a la sociedad en una situación de engaño que daña aún más profundamente su identidad (Molina Theissen, 1996, pág. 123) Dado lo anterior, la construcción de los diversos espacios de memoria y de verdad son, no solo una garantía de no repetición de las graves violaciones de Derechos Humanos, sino también un imperativo ético que refleja los valores alrededor de los que se pretende cimentar la paz. Las medidas de reparación concretamente las medidas de satisfacción hacen de la memoria “la posibilidad de evocar recuerdos dándoles sentido dentro de la historia individual o colectiva”
(Sánchez, 2025), por lo tanto, el avance en la construcción de memoria debe caminar hacia la pluralización de las memorias en la búsqueda de la dignidad de las victimas que ha sido robada y para encontrar en la experiencia colectiva ¿Cómo aplicaré los aprendizajes del curso en mi ejercicio profesional? La aplicación de los aprendizajes obtenidos durante el curso en mi labor como instructor de jóvenes aprendices en el ejercicio de derechos parte de la comprensión de existencia de una brecha entre la teoría de los Derechos Humanos y su aplicación práctica, debido a la mirada reduccionista y normativista Estatal que ignora las luchas cotidianas por estos derechos (Sánchez Rubio, 2017). Por lo anterior se reconoce la necesidad de un enfoque relacional y cotidiano el cual reclama una metodología de carácter participativo, vivencial, experiencial reflexivo y critico encaminado a que los aprendices conozcan y apropien la importancia del ejercicio de los Derechos Humanos pero que sobre todo, tal como lo refiere Sánchez Rubio (2017) se enfatiza la importancia de las acciones individuales y colectivas en la construcción y defensa de estos derechos, así la formación en Derechos Humanos habrá de basarse en profundas convicciones éticas, tales como: Compromiso con la vida humana- denuncia de hechos victimizantes ,apuesta por la justicia social- recuperación de historias de luchas sociales y perspectivas marginadas y que tiene temas transversales como Democracia, paz y no violencia, solidaridad, diversidad intercultural, género y sexualidad, medio ambiente y desarrollo sostenible.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos?
En primer orden reconocer los logros en materia de paz, conservar la autocrítica respeto a los desafíos y. resaltar la profunda convicción en la importancia de mantener en las nuevas generación
una firme convicción en la esperanza, del histórico significado emancipador para la sociedad y el
individuo, de la paz y los Derechos Humanos; la importancia de constituirse en agente
trasformador, desde los respectivos roles de: trabajadores, migrantes, comunidades afro,
sexualidades contrahegemónicas, mujeres y juventudes entre otros; dada la progresiva deslegitimación de las agencias del Sistema Universal de los Derechos Humanos; es imperativo crear e impulsar un pensamiento colectivo incluso ya no para obtener, sino para evitar el retroceso de los derechos conquistado que se ven seriamente amenazados con la avanzada de agendas antiderechos . En el caso colombiano el mayor desafío consiste en lograr que se materialice la promesa del Estado Social de Derecho o de lo contrario este se convertirá en una quimera entretejida de imposibles y la paz¸ seguirá siendo como hasta ahora una primavera inconclusa. Referencias Acosta-Navas, J. P. (2020). Los derechos humanos y la paz en disputa: una lectura crítica en clave relacional. El Agora USB, 20(2), 272-282.
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https://youtu.be/elNHBmjjXQI Martínez, W. (11 de marzo de 2025). Sesión de clase, curso en Construcción de Paz. Medellin, Colombia: Instituto de Estudios Politicos- Univerdidad de Antioquia. Maya, N. (8 de abril de 2025). Comunicación personal. Ejes transversales en los procesos de paz:
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Molina Theissen, A. L. (1996). La Desaparición forzada de personas en América Latina. En IIDH, Estudios básicos de derechos humanos | Tomo 7 (págs. 63-130). San Jose de Costa Rica:
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Morales Hernández, J. (2007). Noche y neblina: los vuelos de la muerte. Plaza Editores. Parra González, A. V. (2010). MIEDO Y CONTROL SOCIAL. En F. Nievas, Arquitectura política del miedo (págs. 97-122). Buenos Aires:: Elaleph.com,.
Sánchez Rubio, D. (2017). Co-Educar y Co-Enseñar derechos humanos algunas propuestas. ABYA- YALA: Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas, 1(2), págs. 57-89. Sánchez, E. (19 de marzo de 2025). Sesión de clase, curso en Construcción de Paz. Medellín. Suárez Lopéz, B. E. (2025). 1-2 Aspectos Jurídicos. En A. Alba, Experiencias internacionales de paz: Lecciones aprendidas para Colombia (pág. 440). Bogotá: Universidad Bogoá Jorge Tadeo Lozano.
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Cita: Toro Patiño, Ricardo Alonso (2025), La paz en Colombia, una primavera inconclusa, Universidad de Antioquia, p. N. https://hdl.handle.net/10495/47616