El Bajo Cauca Antioqueño En El Posacuerdo: acciones estatales frente a las economías ilegales y dinámicas del conflicto armado, 2016 - 2021
Verónica Garavito Gallón
Trabajo de grado presentado para optar al título de Politóloga
Asesor:
Luis Carlos Arbeláez Villegas, Magíster (MSc) en Estudios Políticos
Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ciencia Política Medellín, Antioquia, Colombia
2025
Cita (Garavito Gallón, 2025) Referencia
Estilo APA 7 (2020) Garavito Gallón, V. (2025). El Bajo Cauca Antioqueño En El Posacuerdo: acciones estatales frente a las economías ilegales y dinámicas del conflicto armado, 2016 - 2021 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
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Dedicatoria A una mujer que se levanta en la montaña trabajadora y berraca, Mi tía Mari A una mujer que transciende y me acompaña, mi madre A un hombre humilde y que me ama, mi padre A un amor paciente e insistente que me acompaña A un viejo sentado bajo un palo de mango que me cuenta sus hazañas , mi Abuelo QEPD A una viejecita sentada en su silla tocando su parpado mientras me llama, mi abuela QEPD
A María Victoria por ser mi fortaleza, Mateo por acompañarme, Santiago por ser el testimonio de que Dios me ama.
Agradecimientos
A mi asesor quien con su paciencia y empatía me guio creyendo en mis capacidades. A la profesora Sandra por su comprensión y empatía en mi proceso de aprendizaje. A quienes con sus testimonios y percepciones ayudaron a construir esta investigación.
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Tabla de contenido Resumen...................................................................................................................................... 8 Abstract ....................................................................................................................................... 9 Introducción ............................................................................................................................... 10 Metodología .............................................................................................................................. 13
1. Contexto y dinámicas asociadas al Conflicto Armado en la Subregión Del Bajo Cauca
Antioqueño. ............................................................................................................................... 15
2. Caracterización de los repertorios y acciones de las organizaciones delincuenciales que
ejercen control sobre el territorio y la población en el Bajo Cauca antioqueño.................... 32 2.1 Ejército De Liberación Nacional (ELN) ........................................................................ 33 2.2 Las FARC-EP .................................................................................................................. 38 2.3 Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) / Clan Del Golfo ........................................... 42 2.3 Bloque Virgilio Peralta Arena/ Caparrapos .................................................................. 48
3. Implicaciones de las acciones del Estado colombiano en las dinámicas sociales,
económicas y ambientales de la población civil en la subregión del Bajo Cauca antioqueño (2016–2021). ............................................................................................................................. 51 3.1 Las acciones del Estado frente a la explotación de oro ................................................ 56 3.2 Las acciones del Estado frente a los cultivos de coca .................................................. 65
4. Conclusiones .......................................................................................................................... 68
Referencias ............................................................................................................................... 71
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Lista de tablas Tabla 1 Incautaciones y/o destrucciones maquinaria explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca de 2016 a 2021 ...................................................................................................... 63 Tabla 2 Hectáreas de cultivos de coca en el Bajo Cauca de 2016 a 2021 ............................ 66
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Lista de figuras Figura 1 Subregión del Bajo Cauca antioqueño. .................................................................... 15 Figura 2 Control territorial de grupos armados ilegales en el Bajo Cauca. .......................... 26 Figura 3 Asesinatos selectivos Bajo Cauca 2016-2021 ......................................................... 30 Figura 4 Masacres Bajo Cauca 2016-2021. ............................................................................ 31
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Siglas, acrónimos y abreviaturas
ANM
Agencia Nacional de Minería CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica
EGC
Ejercito Gaitanista de Colombia
ELN
Ejercito Liberación Nacional EMC Estado Mayor Central
FARC-EP
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FIP
Fundación Ideas para la Paz FFMM Fuerzas Militares GDIAM Grupo de Dialogo sobre Minería
PDET
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
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Resumen
La presente investigación analiza las acciones del Estado frente a las economías ilegales y el control territorial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño durante los seis años posteriores a la firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Para ello, se empleó una metodología mixta, con el propósito de describir el fenómeno a partir de la percepción de los habitantes de la zona, complementada con datos cuantitativos que respaldan y contextualizan la información obtenida. Los resultados evidencian la persistencia del conflicto armado en la región, sustentada en factores como la reconfiguración de actores armados, la continuidad de economías ilegales y una presencia estatal diferenciada. En este contexto, el Estado recurre a acciones coercitivas para restaurar la soberanía territorial; sin embargo, estas resultan insuficientes con el tiempo. Dichas intervenciones generan escenarios de riesgo y alimentan el rechazo y la desconfianza por parte de la población civil.
Palabras clave: Presencia diferenciada del Estado, Grupos armados, economías ilícitas, Acuerdos de Paz, Control territorial, Bajo Cauca.
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Abstract
This research analyzes the actions of the State in relation to illegal economies and territorial control in the subregion of Bajo Cauca, Antioquia, during the six years following the signing of the Final Peace Agreement between the FARC-EP and the Colombian State. A mixed-methods approach was used to describe the phenomenon based on the perceptions of local residents, complemented by quantitative data that support and contextualize the findings. The results reveal the persistence of armed conflict in the region, driven by factors such as the reconfiguration of armed groups, the continuity of illegal economies, and the uneven presence of the State. In this context, the State has resorted to coercive actions to restore territorial sovereignty; however, these measures have proven insufficient over time. Such interventions have created risk-laden environments and fostered rejection and distrust among the civilian population.
Keywords: Differentiated presence of the State, Armed groups, Illegal economies, Peace Accord, Territorial control, Bajo Cauca.
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Introducción
A pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, la violencia en el Bajo Cauca antioqueño persiste. Tras la desmovilización de esta guerrilla, surgieron nuevas organizaciones armadas ilegales que continúan disputándose el control del territorio, motivadas por el acceso a rentas tanto legales como ilegales, como la minería de oro y los cultivos ilícitos. Estas disputas han dado lugar a una escalada de violencia caracterizada por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, masacres y prácticas de control social sobre la población civil. Frente a esta crisis humanitaria, la respuesta del Estado ha resultado insuficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. Las acciones del Estado para enfrentar este fenómeno pueden clasificarse en dos tipos: medidas institucionales y medidas coercitivas. Entre las medidas institucionales se destacan las políticas de formalización y sustitución de actividades mineras, los procesos participativos y asociativos orientados a la legalización de la minería, así como el desarrollo de mecanismos para el seguimiento, control y regulación de la explotación y comercialización de minerales. Por su parte, las medidas coercitivas incluyen la interdicción de explotaciones ilegales, operaciones policiales y militares contra actores armados, acciones militares dirigidas a desmantelar explotaciones ilegales, y procesos judiciales contra personas implicadas en la financiación de grupos armados mediante actividades mineras (Defensoría del Pueblo, 2017).
Sin embrago, las acciones de este tipo por parte del Estado no han logrado acabar las economías ilegales y desarticular los grupos armados de la zona, quienes cuentan con un control territorial y la legitimidad de la población civil, esto debido a la incapacidad del
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Estado de surtir las demandas de servicios y necesidades que tiene la población del Bajo Cauca.
La incapacidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre el territorio y las economías ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño ha facilitado la consolidación de grupos armados, quienes han establecido un orden propio, regulando la vida de la población civil y generando dinámicas de control, dominio y legitimidad en el territorio, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar una solución negociada al problema de la violencia tras el proceso de paz y el desarme de las FARC-EP. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo comprender las características de las acciones del Estado colombiano frente a la interrelación entre el control territorial, las economías ilegales e informales y la presencia de grupos armados ilegales. Particularmente, se busca analizar cómo estas acciones se manifiestan en la confluencia de lo legal e ilegal dentro de las dinámicas sociales, económicas y ambientales que afectan a la población civil en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021.
Ahora bien, este estudio aporta al campo de las ciencias políticas la comprensión de los límites del poder estatal en contextos de regiones donde la capacidad de gobernanza del Estado no logra ser efectiva, dando un panorama vigente de los fenómenos que incrementan la violencia. Asimismo, abre paso a estudios que se centran en la naturaleza del poder y la autoridad en contexto de conflicto, lo cual es relevante para comprender la legitimidad de los actores no estatales en el conflicto armado del país. De igual forma, esta investigación aporta insumos relevantes para el diseño de futuras estrategias de seguridad y desarrollo territorial en la región. Asimismo, permite visibilizar los impactos del proceso de paz y del
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contexto de posconflicto, contribuyendo a la evaluación de la efectividad de las estrategias estatales y de sus resultados en el Bajo Cauca antioqueño.
La investigación se desarrolla en tres capítulos. En el primero se describe el contexto y las dinámicas asociadas al conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, por medio de una línea de tiempo, centrándose en los momentos más relevantes de los grupos armados que han ocupado el territorio, haciendo énfasis en las dinámicas del conflicto en los seis los posteriores al acuerdo de paz. En el segundo capítulo, se describen las características de los repertorios y acciones de las organizaciones delincuenciales que ejercen control sobre el territorio y la población en el Bajo Cauca antioqueño. En el tercer capítulo se mencionan y analizan las implicaciones de las acciones del Estado colombiano en las dinámicas sociales, económicas y ambientales de la población civil en la subregión del Bajo Cauca antioqueño entre el periodo en el que se centra el estudio. Finalmente, en la última sección se consignan las conclusiones y hallazgos de la investigación.
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Metodología
En cuanto a los aspectos metodológicos, esta investigación adopta un enfoque mixto que integra elementos cualitativos y cuantitativos. Desde lo cualitativo, se consideran las percepciones de los habitantes de los municipios que conforman la subregión frente al fenómeno estudiado. En lo cuantitativo, se utilizan datos que respaldan y contextualizan dichas percepciones, lo que permite alcanzar una comprensión más completa y profunda del tema de investigación.
En términos estrictos, la investigación es un estudio de caso, “el termino estudio de caso se utiliza para referirse a estudios que se centran en el análisis en profundidad de una sola unidad de análisis, pero generalmente desde una perspectiva diacrónica” ( Anduiza et al, 2009, p.67). siendo la unidad de análisis la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde se analizan las acciones del Estado, los repertorios y acciones de los grupos armados no Estatales y el fenómeno de las economías ilegales (explotación de oro y cultivos ilícitos) durante los seis años del posconflicto.
Esto debido a la posibilidad que brinda el tipo de estrategia de investigación, de examinar el objeto que estudia de forma intensiva, donde el investigador tiene la posibilidad de elegir la propiedad del fenómeno. Para el desarrollo del estudio de caso, se utilizaron dos técnicas de investigación: la revisión documental y la entrevista semiestructurada. En un estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996) aunque los resultados dependerán del paradigma en que se ubique la investigación. (González, 2013,p.140)
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La revisión documental, donde se acudió principalmente a la revisión de informes realizados por entidades gubernamentales e investigaciones realizadas por organizaciones sobre en las dinámicas del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca. Esta técnica de investigación combinada con la técnica de la entrevista semiestructurada permite contrastar la información obtenida de las entrevistas. A demás, le ofrece al investigador un análisis del fenómeno de estudio desde fuentes secundarias bien sean cuantitativas o cualitativas, desde diferentes perspectivas y variables.
Las entrevistas semiestructuradas con actores de la subregión. Se realizaron siete entrevistas con actores de diferentes sectores (comerciantes, lideres sociales, mineros, barequeros, empresarios, servidores públicos), los cuales se le protege su identidad por seguridad petición propia. El tema preguntas de la entrevista estuvieron basadas en el repertorio de grupos armados y la percepción sobre la intervención del Estado colombiano en la subregión. Esta técnica de recolección de información permite al entrevistador una vez concluidas las entrevistas, realizar una comparación flexible de las percepciones y respuestas sobre el fenómeno de estudio. Así mismo, se puede obtener información que ayuda a profundizar y al combinar la estructuración y flexibilidad mejora la confiabilidad de la información.
Para el análisis de la información cuantitativa y cualitativa, se emplearon herramientas estadísticas básicas para la tabulación de las cifras, el análisis de contenido la codificación temática para identificar patrones en las entrevistas.
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1. Contexto y dinámicas asociadas al Conflicto Armado en la Subregión Del Bajo
Cauca Antioqueño.
El Bajo Cauca antioqueño es una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia, integrada por los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Ubicada en el extremo nororiental del departamento antioqueño, el Bajo Cauca está rodeado al norte por los municipios cordobeses de Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel; al oriente por San Jacinto del Cauca y Montecristo de Bolívar y por los municipios antioqueños de Ituango, Valdivia, Anorí y Segovia al costado sur.1
Fuente: Corporación Antioquia 11 de Agosto (corpantioquia11agosto.blogspot.com): consultado en línea:http://www.corpantioquia11agosto.blogst.com
1 Gobernación de Antioquia, Departamento Nacional de Planeación. Perfil de la subregión del Bajo Cauca. Medellín, diciembre de 2009.
Figura 1 Subregión del Bajo Cauca antioqueño.
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Los territorios abarcados por los municipios que integran la subregión del del Bajo Cauca suman 8.485 km2 lo que corresponde al 13.5 % del territorio total departamental. Su contorno natural está delimitado por el occidente con la Serranía de Ayapel y al oriente con el piedemonte de la Serranía de San Lucas. Igualmente, los ríos Cauca y Nechí delinean los seis municipios por las tierras bajas hacia la parte nororiental de la región hasta llegar al departamento de Bolívar. De estos accidentes geográficos la región se caracteriza por una abundante humedad y pisos térmicos cálidos y medios.
Además, es importante advertir que la Serranía de Ayapel constituye la estribación oriental de la cordillera Occidental y alcanza los municipios de Tarazá y Caucasia en Antioquia y Puerto Libertador y Ayapel en Córdoba. En el sector más alto, la Serranía alcanza 3.000 metros sobre el nivel del mar y su formación montañosa pierde altura conforme avanza hacia el municipio de Ayapel. A una altura intermedia predominan la ganadería extensiva y la presencia de cultivos ilícitos.
En cuanto a la Serranía de San Lucas, esta abarca los municipios de El Bagre, Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, y los municipios de San Jacinto del Cauca, Montecristo, Santa Rosa del Sur y San Pablo, en Bolívar. Con una altura que no sobrepasa los 2.500 msnm, tiene una importante concentración de recursos naturales reunidos en las zonas de reserva forestal del río Magdalena (El Bagre y Nechí) y el Bajo Cauca-Nechí (Cáceres y Zaragoza). Varios municipios de influencia aledaños han propuesto que se considere esta zona como reserva campesina. Además de la agricultura y la ganadería, la explotación maderera y minera sobresalen como las actividades económicas más importantes en las colinas bajas y valles de esta formación montañosa. Las zonas bajas constituidas por los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí comprenden un importante complejo de ciénagas, caños y humedales, así como los ríos
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Cauca, San Jorge y Nechí que representan las arterias fluviales utilizadas para el transporte entre municipios y departamentos. Esta subdivisión de la región también cuenta con constante actividad minera principalmente en las laderas del río Nechí. Históricamente, la subregión ha estado marcada por una profunda exclusión por parte del Estado, reflejada en la ausencia o debilidad de políticas nacionales y regionales orientadas al desarrollo territorial y al bienestar social. “Tal abandono estructural del Estado con la región es aprovechado coyunturalmente por cada actor armado que ha impuesto a sangre y fuego sus intereses sobre la comunidad y el territorio” (Defensoría del pueblo, 2018 p.7). Estos intereses están relacionados con la ubicación y geografía de la zona, al igual que, con la economía principal basada en la extracción de oro. En esta subregión “persiste una dinámica de reconfiguración violenta del territorio, a partir del despliegue de grupos armados y disputas territoriales por el control de las rentas de las economías ilegales derivadas del oro y la coca.” (Pares, 2022).
Según la Comisión de la Verdad (2020), el Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones de Colombia donde se ha presentado el conflicto armado con mayor intensidad. Esto se debe a la persistencia y transformación del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca a través de los años y a pesar de los procesos de desmovilizaciones que han realizado los grupos armados no estatales que históricamente han estado presentes en el territorio. La presencia latente de la violencia y la guerra en torno al control y disputa por el territorio en el Bajo Cauca es el reflejo de una “subregión estructurada por la guerra” (Vásquez & Vargas, 2011, p. 356), este concepto engloba una serie de características que explican e identifican la forma en que se ha desarrollo de la guerra en algunas regiones de Colombia. Las subregiones estructuradas son territorios periféricos, típicamente zonas de colonización cuya inserción en el mercado y la comunidad política ha sido tardía y precaria.
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Además, son resultado de una constante interacción histórica entre grupos armados y población civil, a veces conflictiva y a veces no. (Vásquez & Vargas, 2011, p. 357) La presencia de grupos armados en la zona surgió a finales de la década de los 70s. Los primeros en ocupar el territorio fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este grupo “comenzó a extorsionar a empresas como Mineros S.A, al punto que, en 1979, obligó a esta compañía a dejar inactivas varias de las dragas que tenía explotando oro en el río Nechí.” (Duque, 2020). El grupo incursionó en la zona con el Frente Camilo Torres, donde su principal objetivo era la regulación de la explotación de oro y distribución de tierras. El ELN capacitó a los líderes sociales con el fin de fortalecer sus organizaciones y de aumentar la efectividad de sus movilizaciones. Así, por ejemplo, esta guerrilla logró que los pobladores adoptaran sus propuestas de reglamentos para regular la explotación de los recursos y para distribuir las tierras de forma democrática y equitativa. (Rebolledo & Villegas, 2018 p.136) La influencia política ejercida por el ELN en la subregión facilitó su aceptación dentro de algunas comunidades, al posicionarse como intermediario en el desarrollo de procesos comunitarios que, en principio, deberían haber sido liderados por el Estado. Estas prácticas le permitieron al grupo armado consolidar el control territorial y regular las dinámicas sociales y económicas, instaurando un nuevo orden en el territorio. Esta consolidación fue respaldada por acciones militares contra el Estado, lo que intensificó la violencia y provocó una mayor presencia de las Fuerzas Militares (FF. MM.) en la zona. Como resultado, se incrementaron los enfrentamientos armados con el objetivo de contener la expansión del ELN, lo que derivó en graves consecuencias para la población civil, entre
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ellas el desplazamiento forzado, el hostigamiento y la imposición de nuevas formas de comportamiento dictadas por la percepción y control del grupo armado. Dado que, para ese entonces también ocupaban la zona barequeros, una población caracterizada por trabajar la explotación de oro de forma indiscriminada hasta llegar a convertirse en nómadas, los cuales recorrían toda la subregión en busca de yacimientos de oro. “La creciente población aprendió a sobrevivir en medio de la informalidad, la ilegalidad y la ausencia del Estado.” (Duque,
2020)
El siguiente grupo armado en hacer presencia en la subregión fue el Ejército de Liberación Nacional (EPL). Según el informe del observatorio del Programa Presidencial, este grupo es reconocido como la primera organización guerrillera en el Bajo Cauca, esto tuvo lugar en los años 80s, además, las acciones de esta guerrilla se centraron en la toma de fincas y en apoyar las luchas campesinas y movilizaciones por la ocupación de tierras, teniendo su frente político en el municipio de Caucasia en el Bajo Cauca. En ese mismo periodo, otro actor armado que hizo presencia en la subregión fue la guerrilla de las FARC-EP, cuya llegada estuvo motivada no solo por su ideología política — que logró influir en el movimiento campesino de varios municipios—, sino también por los vacíos de poder territorial generados tras la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991. Aprovechando esta ausencia de control, las FARC-EP incursionaron en la zona y promovieron la expansión de los cultivos de hoja de coca en todo el territorio del Bajo Cauca. A lo largo del tiempo, la constante disputa por el control del territorio por parte de distintos grupos armados ha evidenciado la limitada intervención del Estado y su incapacidad para garantizar la estabilidad y soberanía en la región.
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Con la llegada de las FARC-EP, la región vivió una nueva bonanza económica a causa de la hoja de coca que terminó por desplazar a la minería, que para esa época había disminuido debido a la caída de los precios internacionales del oro. Este grupo, utilizó la geografía de la zona para movilizarse entre el departamento de Córdoba, Sur de Bolívar, la subregión del Urabá y Nordeste antioqueño. Para ese tiempo, las guerrillas ocupaban y controlaban con éxito el territorio del Bajo Cauca, logrando un control social, militar y político relevante en la zona sin ningún contratiempo.
Sin embargo, “esto empezó a cambiar cuando mineros, ganaderos y narcotraficantes se aliaron para promover, a mediados de los años ochenta, los primeros grupos de autodefensa. Esto se hizo, decían ellos, para enfrentar las extorsiones y los secuestros de la guerrilla.” (Rebolledo & Villegas, 2018 p.137). Este nuevo grupo armado que aparecía en el radar, tenía como tarea crear condiciones de seguridad defendiendo los intereses y propiedades de terratenientes combatiendo las guerrillas hasta el punto de desarticularlas. De este modo, el grupo respaldaba el modelo económico de desarrollo y asumía funciones estatales en el territorio, ante la limitada presencia y capacidad del Estado, “lo que también pasa por la “captura” de funciones estatales locales y la hegemonización de la política local y regional” (Vásquez & Vargas, 2011, p. 356). A su vez, los grupos paramilitares fueron los responsables de la expansión de los cultivos de la hoja de coca, convirtiendo la zona en un importante fortín del narcotráfico, lo cual tuvo como consecuencia la disputa y control territorial de estos tres grupos.
Es posible que la presencia paramilitar en la región a comienzos de la década del 90 obedeciera al control de cultivos y producción de coca, de los cuales la guerrilla cobraba
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impuestos. Sin embargo, este factor sería el detonante de una posterior confrontación por la ampliación de las zonas de cultivo y su control (Ávila, 2010, p.2). El fenómeno del paramilitarismo se ha caracterizado por su reconfiguración a lo largo de la historia y su gran relevancia en la influencia en las dinámicas socioeconómicas y políticas en la zona. “La incursión y consolidación decisiva del paramilitarismo en el Bajo Cauca se dio por parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) a partir de 1996, bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño.” (FIP, 2014, p.24). Las autodefensas en el Bajo Cauca estuvieron integradas por varios grupos alzados en armas. A continuación, se mencionan en orden cronológico de su conformación y presencia en la zona. Bloque Mineros, este grupo nace con alias “Cuco Vanoy” al mando y dos ex guerrilleros alias “Picapiedra” y alias “Caballo” el primero perteneció al EPL y este último, fue miembro de las FARC. Este grupo tuvo su mayor influencia en el municipio de Tarazá, dado que era en este municipio donde realizaba su principal actividad económica, el narcotráfico. Esta localidad fue clave para el transporte de la hoja de coca ya que su ubicación en toda la vía al Mar Atlántico facilitaba transportar la mercancía hasta el golfo de Morrosquillo. Otra de las actividades financieras del grupo fue “la minería en los municipios de El Bagre y Zaragoza”. La presencia de este grupo en la zona aumentó los asesinatos, desapariciones y desplazamientos, a este grupo se le culpa de la desaparición por medio de la exhumación de cadáveres los cuales terminaban en el Río Cauca, este grupo se desmovilizó el 20 de enero de 2006 en la hacienda Ranchería ubicada en Tarazá. Ese día se desmovilizaron 2.798 combatientes, incluido Vanoy e hicieron entrega de 1.432 armas (Indepaz,2014 p. 26)
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Otro grupo paramilitar, que estuvo en la zona fue el Bloque Central Bolívar (BCB), este grupo fue el resultado del dominio de los hermanos Castaño sobre la zona del sur de Bolívar, la cual estaba ocupada por el ELN, esto tiene lugar en el año 2002, al igual que el anterior grupo sus fuentes de financiamiento era el narcotráfico, extorsión y explotación de oro, este grupo tomó el control territorial y de los cultivos de coca en los Municipios de Tarazá, El Bagre, Cáceres, Remedios y Segovia, quien comandaba este grupo era alias “Macaco”, “Julián Bolívar” y “ Ernesto Báez”. Por último, la desmovilización de este grupo tuvo lugar en diciembre de 2005 de forma gradual.
Tras la desmovilización de los grupos paramilitares liderados por los hermanos Castaño, comenzó a gestarse un nuevo fenómeno armado: las bandas criminales, conocidas como "Bacrim". Estas estructuras heredaron gran parte de las dinámicas, repertorios de violencia y redes del narcotráfico que caracterizaron al paramilitarismo. En la subregión del Bajo Cauca, según informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han hecho presencia diversas bandas criminales que han continuado disputándose el control territorial y de las economías ilegales.
“Los paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños, conformados por reductos no desmovilizados y disidentes del proceso de reincorporación a la vida civil del Bloque Minero, Héroes de Zaragoza y Bloque Central Bolívar, así como por jóvenes procedentes de diferentes lugares de Antioquia y grupos armados satélites al servicio del narcotráfico” (Indepaz, 2014. p. 32) A continuación, se describen brevemente las tres bandas criminales con mayor influencia en la zona hasta la actualidad.
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En el caso de los Urabeños, es importante señalar que esta organización ha experimentado una constante reconfiguración a lo largo de los años, en gran parte gracias a los dos comandantes que ha tenido. En varios municipios del Bajo Cauca, esta organización es conocida, en ocasiones, bajo los nombres de Águilas Negras o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), especialmente en los últimos años. En sus inicios este grupo armado estuvo comandado en la zona del Bajo Cauca por alias “Don Mario” este personaje con el fin de expandir el negocio del narcotráfico se desplazó a los territorios vecinos del Urabá, los cuales han sido de suma importancia para los grupos que se han ubicado en el departamento de Antioquia, como lo es el Bajo Cauca, Sur de Bolívar y Córdoba, las actividades criminales de este grupo al mando de “Don Mario” tuvieron fin en el año 2009, cuando este fue capturado.
Posteriormente, surgió un nuevo comandante al frente de este grupo, alias "Otoniel", quien lideró la organización hasta sus últimos años, hasta ser capturado por el Ejército Nacional en la zona de Urabá. Bajo su mando, se fortaleció la presencia de los Urabeños en el Bajo Cauca, principalmente a través de disputas con otras organizaciones armadas. Según el informe de Riesgo N° 002-12A.I. de la Defensoría del Pueblo, emitido en 2012 para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia, la violencia entre Los Urabeños y Los Rastrojos alcanzó su punto máximo a principios de ese año. Sin embargo, hacia principios de 2012, ambas bandas llegaron a un acuerdo en el que Los Urabeños asumieron el control del norte del país, incluido el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, mientras que Los Rastrojos se quedaron con el sur.
Por otra parte, otro grupo que ocupó la zona del Bajo Cauca, fue la llamada “Los Paisas” o los “Sebastianes”, este grupo estaba comandado por el ya mencionado alias
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“Picapiedra” y alias “ Sebastián”, su declive tuvo lugar en el 2010, debido al fuerte golpe ocasionado por la fuerza pública en el municipio de Tarazá, antes de este suceso la banda participaba de manera conjunta con los Urabeños con el objetivo de desmontar y disminuir el dominio a los Rastrojos, además, tuvo apoyo del Frente 18 de las FARC- EP por medio de la comercialización de la base de coca. Su debilitamiento conllevó a que sus integrantes incursionaron en las filas de otras organizaciones, esto debido a la muerte de su comandante “Mono vibes” a manos de la fuerza pública en un enfrentamiento.
En 2010, después de que alias ‘Sebastián’ desertara de Los Paisas y se uniera a Los Rastrojos, comenzó a asumir el liderazgo de varias de sus operaciones. Sin embargo, en julio de 2011, durante una disputa interna, sus escoltas lo asesinaron. Posteriormente, estos se entregaron a las autoridades en el municipio de Cáceres. Tras su sometimiento, estos hombres revelarían que varios policías y miembros del Ejército en Bajo Cauca hacían parte de la nómina del comandante criminal. A eso se sumó que se descubrieron archivos que contenían referencias de esos pagos en una zona rural de Cáceres. (Indepaz, 2014, p.31) Según Indepaz, para el año 2013, el territorio Bajo caucano era ocupado por tres grupos armados las FARC, ELN y los Urabeños. La guerrilla de las FARC-EP estaba asentada principalmente en la zona rural del Bajo Cauca, con su mayor campo de acción en los municipios de El Bagre, Cáceres y Tarazá, a través del frente 36. En los años posteriores, las dinámicas de combate se redujeron debido a la colaboración entre las FARC-EP y los Urabeños, quienes controlan la zona urbana, mientras que las FARC-EP mantienen un fuerte control sobre la zona rural. Ambos actores armados han establecido un control compartido sobre las finanzas derivadas del narcotráfico, la extorsión a mineros, las “vacunas” y las multas impuestas por problemas de convivencia entre la población local.
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Sin embargo, estas dinámicas cambiaron significativamente en el territorio debido a la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP en el año 2016 relacionándose principalmente con la disputa por diferentes rentas legales e ilegales, y por el control territorial que tenía esta guerrilla en la subregión, esta disputa ha conllevado a una crisis humanitaria alimentada por el aumento del desplazamiento forzado, los asesinatos y las prácticas de control social.
Sumado a esto, el territorio para este periodo de posacuerdo de paz enfrenta una reorganización de grupos armados, con el surgimiento de las llamadas “Disidencias de las FARC-EP” y su disputa por recuperar el control territorial. Por otro lado, el ELN sigue teniendo presencia en la zona rural del municipio de El Bagre, que limita con el sur de Bolívar, así como en áreas rurales adyacentes al nordeste. A pesar del declive en su estructura, su influencia sobre la población local y los cultivos de coca en la región continúa siendo significativa.
En la figura 2, evidencia el control territorial de los grupos armados no estatales en el Bajo Cauca, evidenciando la presencia uniforme en las áreas de los seis municipios de la subregión por estos grupos, así mismo se puede observar la expansión significativa que tienen las AGC al punto de estar presente en todos los municipios.
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Figura 2 Control territorial de grupos armados ilegales en el Bajo Cauca. Fuente: Defensoría del pueblo, agosto 2020.
Considerando la información suministrada por el mapa, se puede observar como el ELN ejerce un control territorial parcial en las veredas que limitan con el sur de Bolívar en los municipios de El Bagre y Nechí. Así mismo, se ubica en zona rural del municipio de Zaragoza que limitan con los municipios de Segovia y Anorí, por último, cuenta con una presencia reducida en los municipios de Cáceres y Tarazá, en las veredas que limitan con los municipios de Valdivia, creando un corredor estratégico de movilidad en el sur oriente del Bajo Cauca con la subregión del nordeste y el norte del departamento. Mientras que, el Residual frente 18 de las FARC-EP, cuenta con un foco en el municipio de Tarazá en los límites del corregimiento de Puerto Antioquia con el municipio de Ituango al norte del departamento. Este es el grupo armado no estatal con un mínimo control territorial en el Bajo Cauca.
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Por otra parte, se observa como las AGC, hacen presencia en todos los municipios de la subregión a través de los tres frentes que conforman la estructura delictiva en la subregión. El Frente Francisco Morales Peralta, ejerce el control territorial en los municipios de Zaragoza, El Bagre, Caucasia y Nechí, creando así un corredor de movilidad entre las veredas que se encuentran ubicadas en los límites entre estos municipios, llegando a controlar el casco urbano del municipio de Zaragoza y El Bagre. El Frente Rubén Darío Ávila tiene el control territorial en el casco urbano del municipio de Caucasia extendiendo su control hacia las veredas de los municipios de Cáceres y Tarazá que limitan con el departamento de Córdoba. El Frente denominado Julio Cesar Vargas, este último ejerce un control territorial en las veredas del sur de los municipios de Cáceres y Tarazá, siendo este Frente el de menor control territorial en la subregión.
En cuanto al grupo armado no estatal Los Caparrós, el cual se encuentra en la subregión del Bajo Cauca con el Frente Virgilio Peralta Arenas, este se ubica en el centro de la subregión donde extiende su control territorial en todos los municipios de la subregión, teniendo una mayor presencia en el municipio de Cáceres y pequeñas fracciones en los demás municipios.
Los grupos armados se han reconfigurado en otras organizaciones ilegales que continúan en el territorio detrás del dominio de las rentas legales e ilegales, y la respuesta del Estado no ha sido suficiente ante la crisis humanitaria que vive la subregión, alimentada por el aumento del desplazamiento forzado, las masacres y las prácticas de control social. Según datos de la Unidad de Víctimas, los seis municipios que conforman el Bajo Cauca sumaron 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto hasta octubre de 2020. Para el año 2021, el Clan del Golfo se consolidó como el actor armado con mayor control territorial en los municipios del Bajo Cauca. Por otro lado, el grupo paramilitar Los
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Caparrós fue desarticulado por la Fuerza Pública y el Clan del Golfo, aunque aún persisten pequeños focos de su presencia en la región. En cuanto a los grupos guerrilleros, el ELN mantiene su presencia en la zona rural de El Bagre, Tarazá y Cáceres. Mientras tanto, las disidencias de las FARC-EP se han establecido en el corredor del Nudo del Paramillo y el Nordeste, luchando por recuperar corredores estratégicos.
El comportamiento cíclico del conflicto armado en la subregión a cuenta de los cambios de poder entre grupos armados a través de los años, donde la violencia se intensifica o se reduce. En la primera etapa del conflicto armado la subregión experimentó un control territorial y social a cargo de las guerrillas. Luego en la segunda etapa, las disputas territoriales entre las guerrillas y el paramilitarismo. Por último, el control disputado entre grupos paramilitares en las zonas urbanas de los municipios y combates por corredores y territorios estratégicos en las riberas de los ríos y zona rurales de la subregión dejados por las extintas FARC-EP.
En este contexto, el Estado compite con los grupos armados insurgentes por la regulación territorial y social en la subregión. Ha perdido parcialmente la capacidad de imponer el orden social y económico en la zona, lo que ha generado en la población civil una creciente desconfianza hacia las instituciones estatales y los procesos de reconstrucción del tejido social. Según el informe realizado por Rutas del Conflicto, Bajo Cauca antioqueño: la crisis humanitaria que no da espera; Ni la desmovilización de los paramilitares ni el acuerdo con las FARC-EP han llevado la paz al Bajo Cauca antioqueño, que parece vivir entre ciclos de violencia que no se solucionan. La desconfianza en el Estado, avivada por las falencias históricas en la atención social, la falta de empleo, educación e infraestructura que permita desarrollar
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economías diversas, ha facilitado la presencia de los grupos armados ilegales, su influencia en la cotidianidad de la región y que la paz no logre consolidarse. (Rutas del conflicto, 2022) Estas características del Estado colombiano en la subregión del Bajo Cauca corresponden a un concepto que González (2003) ha denominado como “la presencia diferenciada del Estado”, este tipo de presencia está ligada a las subregiones estructuradas por la guerra, y donde las cuales se enmarcan dentro de esta tipología territorial de acuerdo a la configuración y desarrollo de la violencia.
En esas regiones, no hay un actor claramente hegemónico sino una lucha por el control territorial con predominios cambiantes según la coyuntura, que dejan a la población civil expuesta al cruce de fuegos y a los cambios fluctuantes de “soberanías fluidas” de uno u otro de los actores armados (González, 2003, p. 136) Teniendo en cuenta este panorama, es evidente que la presencia y las acciones de los grupos armados en la subregión del Bajo Cauca han influido de manera directa en las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas de la población civil en la zona. Las acciones que implementan los grupos armados en su reconfiguración estructural afectan directamente a la población civil incurriendo en el desplazamiento y los asesinatos selectivos en la subregión. Las modalidades de agresión más representativas en la subregión del Bajo Cauca contra líderes y lideresas son desplazamientos, homicidios y amenazas. El municipio de Tarazá encabeza la lista con 22 homicidios registrados desde febrero de 2017 hasta el mes de octubre de 2020, seguido de Cáceres con 8 casos y Caucasia con 5. (Rutas del conflicto,
2020)
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Figura 3 Asesinatos selectivos Bajo Cauca 2016-2021 Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Observatorio de Cifras y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica
Según el gráfico que muestra el comportamiento de los asesinatos selectivos en la subregión del Bajo Cauca durante los 6 años posteriores a los acuerdos de paz, se evidencia un incremento significativo durante todo este periodo, siendo el año 2020 donde hubo más víctimas mortales, seguido por el 2017. A pesar de la reducción en casos y víctimas en el año 2019 y 2021 se mantiene el valor de asesinatos por encima de 300 por año. Sobre los asesinatos 1.057 ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de este año, según registros de la Policía Nacional, el SAT destaca que “a pesar de la confrontación abierta entre grupos armados, la mayoría de las muertes violentas en el Bajo Cauca no son consecuencia de enfrentamientos armados, sino de acciones selectivas, en donde el principal móvil utilizado es el asesinato sicarial cometido con arma de fuego”. También indica que contrario a lo esperado, pues los combates entre actores armados se dan en zonas rurales, la mitad de los asesinatos han ocurrido en sectores urbanos. (Verdadabierta,
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Por otra parte, uno de los efectos que tuvo estas acciones fue el aumento del desplazamiento en algunos municipios del Bajo Cauca. Entre el 2017 y el 2020, se presentaron 39 eventos de desplazamiento masivo múltiple que dejaron 13.617 víctimas del Bajo Cauca, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (Rutas del Conflicto, 2020).
Figura 4 Masacres Bajo Cauca 2016-2021.
Fuente: elaboración propia con datos tomados del Observatorio de Cifras y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica
En cuanto a las masacres ocurridas en el territorio entre 2016 y 2021, estas se concentraron principalmente en los años 2017 y 2020. Este último fue el año con más víctimas, a pesar de que el número de casos fue menor en comparación con 2017, cuando solo se registró un caso. Las principales causas de estas masacres están relacionadas con la disputa entre bandas paramilitares, como Los Caparrós y el Clan del Golfo, por el control de las rentas y las rutas de cocaína y oro en la región.
El 3 de octubre de 2020: masacre en Cáceres, con tres personas asesinadas. 17 de octubre de 2020: matan a un líder social en Tarazá. 3 de noviembre de 2020: masacre en
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Nechí, con saldo de cinco personas asesinadas. 16 de noviembre de 2020: Los Caparrós anuncian toque de queda en el Bajo Cauca. 11 de diciembre de 2020: masacre en El Bagre, con cuatro personas asesinadas. 15 de diciembre de 2020: otra masacre en Caucasia con tres víctimas. (Rutas del conflicto, 2020) En definitiva, las dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca están estrechamente ligadas a la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y ejercer un control efectivo del territorio. Esta debilidad es aprovechada por los actores armados, quienes imponen órdenes alternativos y cooptan las estructuras socioeconómicas, permeando a la población civil. Como resultado, la violencia persiste de manera cíclica, a pesar de la desmovilización de las AUC y la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP.
2. Caracterización de los repertorios y acciones de las organizaciones
delincuenciales que ejercen control sobre el territorio y la población en el bajo cauca antioqueño.
Durante los seis años posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en la Habana, en el Bajo Cauca Antioqueño surgió una reconfiguración del poder de los grupos armados que durante años ocupaban el territorio. Las dinámicas del conflicto armado se han centrado en el control territorial, social y en el uso de fuentes económicas de oro y producción de base de coca.
Este capítulo tiene como objetivo describir los repertorios y acciones utilizadas por las estructuras paramilitares “Autodefensa Gaetanitas de Colombia” (AGC), “Caparrós” y grupos guerrilleros como “Ejército de Liberación Nacional”, “Disidencias de la FARC-EP” desde su incursión, expansión y consolidación territorial en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.
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2.1 Ejército De Liberación Nacional (ELN)
La historia de este grupo guerrillero en el Bajo Cauca se ha caracterizado por incursiones fallidas que lo llevaron al declive en varias ocasiones y a la reestructuración por medio de alianzas con otros grupos armados a través de los años. En sus inicios en el Bajo Cauca este grupo guerrillero tuvo un declive significativo causado por las FF.MM. En su intento de expandirse, el ELN decidió incursionar en el Bajo Cauca, donde sufrió uno de los peores reveses militares de su historia. La Operación Anorí, llevada a cabo por el Ejército en septiembre de 1973, prácticamente aniquiló a esta guerrilla y resultó en la muerte de varios de sus fundadores, como Manuel y Antonio Vásquez Castaño. Su incursión en la región se dio por medio del frente noroccidental. Si bien, los “elenos” se expandieron al Bajo Cuaca, esto no paso hasta su incursión en los municipios de Segovia y Remedios a finales de la década de los sesenta. “Su base más importante de financiamiento se deriva de la explotación de oro en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, donde cuenta con los frentes Compañero Tomás y José Antonio Galán.” (Castilla, 2013 p.20).
Luego de la embestida y debilitamiento por parte de las FF.MM, para los años 80 el ELN logro reagruparse con nuevos frentes. Esta nueva estructura sufrió un revés, debido a la inclusión de la hoja de coca en el Bajo Cauca, como lo menciona Castilla (2013), los cultivos de hoja de coca surgieron a la par con la expansión de grupos paramilitares en la zona con ello una serie de hechos violentos. Lo cual, en su momento, llevó al ELN a tomar la decisión de apartarse de la “principal economía de guerra del Bajo Cauca”, como consecuencia el grupo guerrillero perdió la forma de mantenerse y entrar en el escenario de la confrontación.” (pp. 11-12)
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Para los siguientes años, las acciones militares y económicas del ELN en el Bajo Cauca se realizaron de forma conjunta con la guerrilla de las FARC. Según informe de la Fundación Ideas para la Paz (2014) identifico en los municipios de Cáceres y Zaragoza acciones militares y “actividades extorsivas a la minería ilegal y la producción y procesamiento de coca” de forma conjunta entre los frentes 18 y 36 de las FARC-EP”. De igual manera, según la Defensoría del Pueblo, el ELN ha establecido acuerdos tácticos con diferentes grupos paramilitares en diversos momentos coyunturales del conflicto armado en la región. Por otro lado, en los años previos al proceso de paz, según información proporcionada por el medio Verdad Abierta, los frentes del ELN en la subregión se ubicaban en las veredas más alejadas del casco urbano, lo que les permitió conectar con el sur de Bolívar, Córdoba y la zona norte del departamento de Antioquia. La presencia de los frentes Resistencia Guamocó, Compañero Tomás y Capitán Mauricio en zonas como Bejuquillo y San Pablo, del municipio de Tarazá; Campanario, El Tigre y Alto del Tigre, de Cáceres; Saltillo y Machuca, de Zaragoza; Charcón, de Anorí; el municipio de El Bagre. En localidades como Cáceres, El Bagre y Zaragoza. (Verdad Abierta,
20215)
Durante el periodo del posconflicto, en sus dos primeros años en el Bajo Cauca este grupo guerrillero, no entró en confrontaciones directas con los grupos paramilitares, esto debido a los acuerdos tácticos que se mantenían vigente entre estos grupos, y “los acercamientos del Gobierno con el ELN, contribuyeron a un clima de relativa tranquilidad y de mantenimiento de los indicadores de hechos victimizantes en niveles bajos” (Defensoría del Pueblo, 2018 p. 20). Sin embargo, este grupo entró a la confrontación en el 2019, cuando “un grupo de hombres de las AGC incursionaron en el corregimiento de Puerto López y procedieron a asesinar al jefe financiero del ELN en la zona”. Este hecho recrudeció la
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violencia en el Bajo Cauca, ya que los tres grupos armados no estatales que se encontraban en la zona entraron en confrontaciones directas por el control territorial que dejaron las FARC-EP, aumentando así los combates en la zona lo cual provocaron masacres y desplazamiento forzados.
Los “elenos” se han caracterizado por tener un repertorio de acciones terroristas que van desde ataques a la infraestructura específicamente del oleoducto Central de Colombia, que se encuentra ubicado en la zona. En este caso, un hecho significativo en la región fue “la quema de Machuca” llamada así por las comunidades, la cual fue causada por la detonación de explosivos al Oleoducto, causando un incendio que se extendió hasta el caserío del corregimiento de Fraguas en el municipio de Segovia. Fue el 18 de octubre de 1998. La explosión del oleoducto que pasaba por el corregimiento, propiedad del Oleoducto Central de Colombia (Ocensa), dejó 84 víctimas mortales —la mitad de ellas niños— y la certeza de dónde quedaba aquel lugar. La madrugada de ese día, el ELN dinamitó el tubo, lo que ocasionó que el petróleo se derramara sobre el río Pocuné. Luego, al dinamitar un puente, el río ardió. (CNMH, 2023) Otras acciones de su repertorio en la zona es el secuestro, militares, masacres, extorsiones y saqueos o robos a minas de oro. “La extorsión, en particular en regiones productoras de petróleo, continúa siendo una importante fuente de ingresos para el ELN, pero la ‘vacuna’ de minería ilegal cada vez se está posicionando como una importante fuente de ganancias para este grupo (Massé y Camargo,2012).
En cuanto a lo que tiene que ver con cultivos de coca, existen nuevas acciones que han apartado al grupo guerrillero de las rentas que deja la producción de base de coca; “con referente a los cultivos de coca me he quedado sorprendido ya que ellos mismo han venido con otras normativas, porque ya no permiten tumbar más monte para sembrar coca, ya no
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dan los incentivos que daban por sembrar la coca como antes, ya dentro de sus políticas lo prohíben y ahora piden que siembren comida.” (comunicación personal, 26 de mayo de
2024).
Otras acciones relevantes de este grupo guerrillero son los retenes ilegales tanto en las troncales como en las carreteras intermunicipales, los hechos más recurrentes de esta modalidad son los retenes en la vía que comunica Medellín y la Costa Caribe, donde se ubican en los tramos de Valdivia, Puerto Valdivia y Tarazá, realizando saqueos y quemando buses de transporte público, tractomulas y camiones que transportan alimentos. Asimismo, las iniciales con los nombres del grupo armado, que es muy recurrente entre los grupos insurgentes en fachadas de casas, negocios y medios de transporte con las iniciales del nombre del grupo guerrillero. Esta táctica demuestra el control y poder que tiene determinado grupo sobre el territorio, también es utilizada una para advertir al enemigo de su dominio y generar miedo a la población civil. A esto se le suma, la instalación de minas antipersonas en las zonas donde este grupo tiene el control territorial o corredores estratégicos por donde se movilizan y transporta la producción de coca. Según información suministrada por las comunidades, en varias ocasiones el ELN ha realizado secuestros de familiares de ganaderos y mineros con poder adquisitivo de la región; “Donde llegan a las fincas y retienen a la persona o se la llevan, luego llaman pidiendo altas cantidades de plata en algunas ocasiones después de recibir la plata sueltan a la persona, en otras no corren con buena suerte y los matan” (comunicación personal, 14 de octubre de 2024) Sin embargo, existen otro tipo de acciones que resuenan con las comunidades y que aún se mantienen vigentes y están relacionadas con las dinámicas sociales e interpersonales; “en el año 87 el ELN era el que más transitaba por aquí, ellos nos daban charlas políticas
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y nos enseñaban a inyectar y curar enfermos, nos ponían hacer combites y a sembrar cultivos para que tuviéramos para comer. También, hacíamos actividades de juegos y nos enseñaban a tocar instrumentos como flautas” (comunicación personal, 15 de abril de 2024) Estas acciones le permitieron al ELN controlar e influir en las dinámicas sociales de las comunidades, en ocasiones reconocidas de forma legítima por las comunidades, evidencian como la presencia de este grupo armado ha sustituido parcialmente algunas obligaciones de las instituciones del Estado en las dimensiones sociales, ambientales y de soberanía alimentaria; “Nos hacían salir para el pueblo o nos llevaban para otros municipios, nos montaban en unos camiones que parecíamos animales, nos llevaban para que marcháramos y antes de eso nos reunían y decidían quien se quedaba cuidando a esa persona le tocaba cuidar las casas y echarles comida a los animales, mientras los demás nos íbamos, en esas reuniones nos decían lo que teníamos que pedir, gracias a eso, nos hicieron la escuelita y después fue que hicieron el hospital” ( comunicación personal, 15 de abril de 2024).
A su vez, “Cada persona que viviera en ese entonces debía hacer parte de la junta de acción comunal y trabajar en ese entonces eran las juntas no estaba todavía el consejo comunitario. Cuando alguien no cumplía la ley lo sancionaban, no permitían robos, chismes, peleas y era tanto, que no permitía que un hombre tuviera dos mujeres y cuando llegaban a la casa la mujer y el marido de trabajar los dos tenían que ayudar con los oficios de la casa, no permitían que los hombres estuvieran descansando mientras las mujeres lavaban o cocinaban después de llegar de trabajar” (comunicación personal, 15 de abril de 2024).
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La injerencia de las guerrillas en la esfera privada de la población civil y en la vida en comunidad por medio de la coacción es significativa en los territorios donde el accionar del estado es mínimo y se centra en intervenciones militares esporádicas, un rasgo presente del Estado colombiano en el Bajo Cauca. Así mismo, esta regulación del comportamiento, mantenía un dominio territorial y de masas. la relación de las guerrillas con los habitantes del territorio no resultaba particularmente conflictiva y, en muchos casos, contaron con su apoyo y reconocimiento, surgidos del hecho de compartir una suerte común de refugio y hostilidad hacia el orden institucional. (Uribe, 2023, p. 316)
2.2 Las FARC-EP
Según información de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EP fueron el actor armado ilegal con mayor poder y control territorial en el Bajo Cauca. Esta afirmación se evidencia en el hecho de que, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, la región experimentó un escalamiento de la violencia debido a la disputa entre grupos armados no estatales por el control de los territorios dejados por esa guerrilla.
El grupo guerrillero incursionó en la zona en los años setenta, un poco más tarde que el ELN, pero a diferencia de este último, lograron una consolidación firme durante los años que hicieron presencia en la región hasta la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta primera y extensa etapa estuvo marcada por la coexistencia y alianza con el ELN, lo cual le permitió aumentar su capacidad ofensiva en los municipios de El Bagre, Tarazá, Zaragoza, situándose principalmente en la margen izquierda del río Cauca. Esta situación se mantuvo hasta los noventa, debido a la consolidación del paramilitarismo en la región, lo cual disminuyo el accionar de esta guerrilla. Sin embargo, a diferencia del ELN, que fue debilitado, las FARC-EP incrementaron significativamente su accionar en la región. No
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obstante, este fortalecimiento fue aprovechado por las Fuerzas Militares para intensificar sus operaciones ofensivas contra dicha guerrilla.
Similar a lo que paso con el debilitamiento del ELN, las FARC-EP aprovecharon la desmovilización de los paramilitares para incrementar su accionar, recuperando el control territorial y su accionar militar, que les permitió pactar acuerdos con las bandas criminales que surgieron luego de la desmovilización de las AUC. Este grupo guerrillero supo moverse y crear estrategias para mantenerse, estableciendo zonas de refugio, corredores y avanzadas pese a las diferentes escaladas del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca. En esta primera etapa de las FARC-EP en el Bajo Cauca su repertorio de acciones se caracterizó por los frecuentes combates con las FF.MM y los paramilitares. A esto se le suma las fuentes de ingresos como la extorción de minas de oro la producción de base de coca. Los cultivos de coca que se encuentran por aquí y que conectaban con el Rio Porce, de los trozos hasta el por el río Mata, quienes compraban la base de coca era la guerrilla de las Farc, en su momento a inicio de los años dos mil la economía de los campesinos en el Bajo Cauca era la coca, ellos nos daban la semilla y una tumbaba el monte y sembraba, aquí todos teníamos que ver con eso, las mujeres éramos las guisas haciendo comida para los trabajadores, quien no tenía su cultivo, trabajaba como raspachin, garitero o químico. Es más cuando no era tiempo de raspa nos íbamos a barequear para tener la plata que se necesitaba para comprar comida, combustible para sostener el cultivo mientras vendíamos la base de coca. (comunicación personal, 15 de abril del 2024) Al igual que el ELN, otras acciones que establecieron estaban asociadas a la injerencia en las organizaciones comunitarias como una especie de veedores, los cuales vigilaban y amedrentaban los comportamientos y relacionamiento que se daban en las veredas en los que esto tenían control. “Cuando yo estaba embarazada de mi última hija,
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me hizo ir la guerrilla de las Farc hasta la arenosa a rendir cuentas de la plata que entraba y salía de la comunidad porque yo era la tesorera de la junta de acción comunal y si me descuadraba tenía que responder” (comunicación personal, 17 de abril del 2024). “En otras cosas reprenden a las personas cuando no quieren trabajar en colectivo, por ejemplo, a limpiar los caminos, hacer combites, del 2016 hacia acá lo que tiene que ver con el posconflicto las cosas han sido moderadas en cuanto a estos grupos y porque estamos retirados del casco urbano y tampoco aceptan personas robando, peleando y de cierto modo nos sentimos seguros con ellos, ya que ellos son muy contundentes al momento de reaccionar frente a estos casos de personas”(comunicado personal, 15 de abril del 2024). Este tipo de acciones es común en subregiones estructuradas por la guerra. En el caso del Bajo Cauca, esta situación se repite con frecuencia, ya que las guerrillas tienden a posicionarse como mediadoras entre la periferia y el centro, asumiendo roles que, en principio, deberían ser ejercidos por el Estado. “En estas subregiones, las FARC-EP desempeñaron durante mucho tiempo la función de ordenadoras de la vida política regional y de intermediación política armada con el centro”. (Vásquez & Vargas, 2011, p. 357) Si bien, se pensaría que luego de los acuerdos de paz, lo que vendría para los integrantes de las extintas FARC-EP seria las reincorporaciones de todas sus filas y las zonas donde estas hacían presencia serian recuperadas por el Estado colombiano por medio de la fuerza pública y políticas encaminadas al desarrollo del territorio. Contrario a lo esperado, el Bajo Cauca experimentó una confrontación similar a la vivida tras la desmovilización de las AUC, con un aumento de los enfrentamientos violentos entre las organizaciones armadas que permanecen en la zona. Estas disputas se centraron en el control territorial que antes ocupaban las FARC-EP, así como en las actividades ilegales que generaban sus ingresos.
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Las FARC-EP, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz con el Gobierno Nacional, se repliegan hacia las zonas veredales de reincorporación, dejando las zonas de ladera del Bajo Cauca, muchas de ellas productoras de hoja de coca y minería de oro no legalizada, al vaivén del apetito de otros grupos armados que querían controlar el negocio del “gramaje de la coca”. (Defensoría del Pueblo, 2018, pp. 20) A este panorama ya conocido, se le sumaba, la fracción disidente de las ex FARC- EP, la cual se autodominio “Frente 18.” Este implemento las mismas acciones ya mencionadas, como los acuerdos tácticos con el ELN y las AGC con el fin de impedir la expansión de grupos armados como el bloque Virgilio Peralta Arenas, quien vio la oportunidad para mejorar su posición en el Bajo Cauca. En cuanto a las acciones de control social, estos han mantenido las mismas dinámicas como mediadores o impartidores de justicia; “ acá operan diferentes grupos, no hay que desconocer que esto es un corredor donde ellos operan, ahora están la guerrilla de las disidencias de las FARC, el trato de ellos hacia la comunidad es severa en situaciones, pero en otras son moderados, ellos son grupos que de una u otra forma ayudan a la organización de las comunidades, en este caso han ayudado a que las comunidades se organicen como juntas de acción comunal, ellos le explican a las comunidades que son las JAC para que la alcaldía y organizaciones puedan invertir en la zona rural, sobre consejos comunitarios desconocen un poco, pero quienes conocen siempre están insistiendo sobre la importancia de esta forma de organización” (comunicación personal, 15 de abril 2024) En general, las guerrillas en el Bajo Cauca han actuado como proveedoras de seguridad y de servicios básicos, como educación y salud, para la población civil ubicada en
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las zonas rurales. De este modo, han instaurado un orden alterno como respuesta a la incapacidad del Estado para garantizar estos servicios y atender las demandas del territorio conforme a sus particularidades.
2.3 Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) / Clan Del Golfo
Este grupo armado surgió debido a la deserción de cabecillas paramilitares del proceso de desmovilización de las AUC. “Vicente Castaño, Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario" y Hébert Veloza García, alias "H.H." quienes, bajo el mando de Castaño, iniciaron el proceso de reconstrucción de su zona de influencia, que luego se convertiría en el actual Clan del Golfo” (Huertas Díaz et al., 2016).
En el año 2007 después de la baja de Vicente Castaño y más tarde la captura de alias “H.H” el reagrupamiento estuvo comandado por alias “Don Mario” quien fue el responsable de la consolidación y expansión territorial de las AGC en 18 municipios en Antioquia, Chocó y Córdoba, donde también incursionaron en la subregión. Según la investigación realizada por Huertas Díaz et al. (2016) la toma del Bajo Cauca fue el resultado de enfrentamientos y alianzas por el control territorial entre las AGC y las bandas criminales “Bacrim” que ocupaban el territorio como “Los Rastrojos y “Los paisas” a través del “Bloque Elmer Cárdenas de las AUC”.
Los grandes jefes de las estructuras de las AGC y Los Rastrojos realizaron un pacto de repartición de las áreas de influencia del territorio nacional. Uno de los acuerdos fue que los Rastrojos salían completamente del territorio antioqueño y las AGC tendrían que pagar una enorme suma de dinero a cambio de la compensación a los integrantes y por los laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que dejaba a su antiguo enemigo en la región. (Defensoría del Pueblo, 2020 p. 17)
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Dos años más tarde, en el 2009, se produjo la captura de alias “Don Mario” permitieron el ascenso de los hermanos Úsuga al mando. Según un informe realizado por Fundación Ideas para la Paz (2015), el Clan Úsuga, perdió a uno de sus comandantes Juan de Dios Úsuga alias “Giovani” con fuerzas especiales de la policía en el 2012 en medio de un enfrentamiento en Acandí, Chocó.
El hecho anterior dejaría como jefe de la organización a su hermano Dairo Úsuga David, alias “Otoniel". Estos cambios estructurales que ha sufrido esta organización dieron como resultado el fortalecimiento de su política expansionista y consolidación del poder territorial en los territorios colonizados o disputados con otros grupos armados no estatales desde su creación en el 2008. “El Clan del Golfo es el grupo armado, por encima del ELN y el EMC2, que más presencia tiene en todo el territorio colombiano” (Pares, 2024). Esta consolidación y rápida expansión denota la capacidad de estructuración interna a las redes de este grupo armado, que a pesar de las bajas y capturas que ha sufrido desde su composición esto no ha afectado sus operaciones como grupo criminal. El organigrama de las AGC, por un lado, cuenta con una estructura compuesta por una cúpula y unos bloques y frentes de donde se desprenden un conjunto de unidades subordinadas, cada una de ellas con presencia territorial definida. Fuera de su estructura formal se encuentran los que podrían llamarse ‘Bloques Regionales Independientes’ donde cabecillas regionales sirven de enlace entre las AGC y una compleja red criminal que les permite, de manera indirecta, tener injerencia territorial, controlar a la población y regular diversas actividades, tanto ilegales como legales. (Indepaz, 2017, p.27)
2 El Estado Mayor Central autodenominado FARC-EP— es ahora la facción disidente más consolidada, con alcance nacional gracias a un eficiente esquema de coordinación interregional. Además, ha adquirido una significativa capacidad militar y ejerce gobernanza y control sobre diversos territorios, con consecuencias humanitarias significativas. (Indepaz, 2023)
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Esta organización armada conserva una estrategia contrainsurgente que se basa en el señalamiento, las amenazas y la presión contra formas de organización social local por la defensa de derechos y del territorio de comunidades campesinas e indígenas. Estos factores han permitido que el grupo armado ilegal regule de forma violenta las relaciones sociales: “Ellos tienen una persona que la llaman el político que soluciona los problemas de convivencia en las comunidades, es el jefe políticamente de la zona, por ejemplo, aquí en Zaragoza hay uno y en El Bagre hay otro” (comunicación personal, abril 15, 2024) La organización ha instaurado un sistema propio de justicia, estos procesos de enjuiciamiento y conciliación son llevados a cabo por el comandante político de la zona y el comandante general de la zona, donde la comunidad expone el caso, con el fin de obtener una solución, los cuales emiten decisiones e imponen sanciones ya sean económicas o de penas propias que pueden ir desde trabajo social, expulsión del territorio y en los casos más severos la muerte del implicado.
Las AGC también se encargan de resolver problemas de convivencia familiar, infidelidades, peleas, robos, linderos. Además, en las zonas rurales donde hay presencia de juntas de acción comunal y consejos comunitarios estos supervisan las funciones de estas organizaciones y vigilan el cumplimiento de las actividades que se realizan en estas organizaciones como lo son; colectivos, siembras, asistencia a reuniones a su vez, se tiene información de una nueva forma de estos son los encargados de definir los días de bareque en las minas de aluvión de los barequeros de las veredas y los del casco urbano. La minería no solo se ha convertido en la subsistencia de la población civil de la subregión, sino también todos en la de los grupos armados ilegales, como es el caso de las AGC; “En cuanto a la minería que es otra fuente de ingreso del municipio, la gran parte de la minería se encuentra cerca al casco urbano donde hace presencia el Clan del Golfo y
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esta cobra una rentabilidad por máquina y un porcentaje de lo que la mina produzca, por una máquina se cobra un millón de pesos, y arreglan con el dueño de la mina el porcentaje según lo que está dando la mina, esto no lo hace el dueño de la mina porque quiere, sino porque se ve obligado por que al negarse se muere” (comunicación personal, 15 de abril del
2024).
A este tipo de acciones, Massé y Camargo (2012) las clasifica como la participación indirecta de los grupos armados no estales en la obtención de ingresos de esta actividad económica. En esta lógica de las divisiones del modus operandi de los grupos ilegales, las AGC, también participan de forma directa en la extracción de oro, siendo proveedores, socios o dueños de minas, esto puede ser de forma formal o por medio de la coerción. “los que tienen un cargo pesado, como el financiero o el encargado de una zona, sé que tiene un porcentaje o ponen a ganarse un puesto a sus familiares, en algunos casos, si invierten o tienen sus máquinas para trabajar, en otros casos se asocian, y como usted sabe, aquí quien ponga un negocio o vaya a trabajar alguna tierra para sacar oro hay que hablar con esa gente y ellos aprovechan, te dicen cuanto debes pagar por vacuna y meten un puesto para ellos. ¿Y quién dice que no?” (comunicado personal, 10 de enero de 2025) Otro tipo de acciones de este grupo criminal, es su influencia en los procesos electores locales, estas acciones implican mantener un control que permitan operar en la zona sin contratiempos en impunidad “Quizás usted conscientemente no vota por esa persona, pero al ellos llegar a las veredas y hacer reuniones pidiendo que apoyen a dicho candidato, lo hacen en una forma de tener que votar por obligación, en algunas ocasiones uno no tiene que mostrar el papel
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de por quien voto, pero si están pendiente que voten y ya más o menos ellos saben si votamos por el candidato que ellos votaban” (comunicación personal, 10 de enero de 2025). A la luz del documento de Massé y Camargo (2012) quienes señalan que estas acciones están relacionadas con la actividad minera, “la combinación de votos cooptados y de trabajadores vinculados a las empresas gracias a la intervención de actores ilegales, ofrece múltiples ventajas y un escenario ideal para ejercer mayor presión sobre los diferentes actores del sector y captar mayores recursos. (p.32) Otras rentas que obtienen las AGC por medio de la extorsión en la subregión del Bajo Cauca está relacionada con las extorsiones o vacunas para el comercio y algunos productos del comercio, como lo es la distribución y la venta de bebidas embriagantes; “En las veredas la distribución de la cerveza está a cargo de una sola persona, nadie más puede distribuirla. Por cada camión que entre con cerveza al pueblo se debe pagar $300.000 a esa gente (AGC) y solo está permitido que 5 personas la distribuyan a los demás negocios; como bares, cantinas, tiendas ya sea en el pueblo o en las veredas, también regularon el precio al público cuesta $ 4.000, eso debe valer una cerveza en Zaragoza, sino lo hacen pasar a Pato donde el que manda.” (comunicación personal, 2023). Según información suministrada por comerciantes de los municipios del Bajo Cauca, todos los negocios indiscriminadamente deben pagar vacunas; “cada mes llega el financiero o el encargado de recoger el dinero a los negocios, la tarifa varía de acuerdo al tipo de negocio por ejemplo una ferretería puede estar pagando entre $300.000 y 1.000.000 mensual, las tiendas de barrio tienden a tener tarifas más bajas esto dependerá de la negociación a la que se llegue con el financiero para fijar la tarifa mensual. (comunicación personal. 2023)
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Por otro lado, este grupo ha logrado expandir sus rentas de acuerdo a las ofertas y demandas de cada municipio. Como lo es el caso de Zaragoza, donde este grupo armado tiene el monopolio de la venta de cigarrillos, estos deciden quienes lo comercializan y regulan el precio para la venta. Además, de aprovechar los eventuales negocios que se realicen en la zona; “Otra cosa, es que si usted tiene un lote o solar y lo vende debe darle un porcentaje a esa gente. Ellos son los que manejan el mercado del cigarrillo, ellos lo traen y si los que tienen negocio lo quieren vender se los compran a ellos, también manejan lo que tiene que ver con el cemento, hace dos años mataron al que tenía una ferretería en la entrada de juan Pablo porque estaba vendiendo un cemento más económico, lo pasaron a Pato y el man no hizo caso y lo mataron” (comunicación personal, 12 de abril de 2023) La regulación de precios en artículos y productos en la zona es una medida reciente la cual ha implementado este grupo armado no estatal, aumentando su control en las dinámicas de la economía local de estos municipios. A esto se le suma, una transformación dentro de las acciones y nombre de la organización, según información de la comunidad ahora se presentan como Ejercito Gaitanista de Colombia; “Ahora ellos llegan y están pendientes de que la gente vaya a los combites, y en diciembre el 24, llego uno de ellos y repartió regalos para los niños y hasta hizo que le tomaran foto, porque dijo que eso era evidencia y tampoco recibió cerveza porque no puede en las horas que está trabajando. También, mandan a reunir a la junta y vienen a las asambleas y vigilan que se esté participando en las reuniones” (comunicación personal, 12 de abril del 2024).
Estos cambios en la estructura de la organización delincuencial podrían obedecer a una reconfiguración interna que enmarque y recupere las bases ideológicas, ya que este grupo armado pretende ser reconocido con estatus político de cara a una posible negociación
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con el gobierno nacional, a pesar de las acciones bélicas que este ha mantenido durante su reagrupamiento.
2.3 Bloque Virgilio Peralta Arena/ Caparrapos
Los Caparrapos es uno de los tantos grupos criminales que emergieron luego de la desmovilización de las AUC, específicamente este grupo armado no estatal surge del Bloque Mineros del Bajo Cauca debido a la negación a desmovilizarse de sus integrantes. Este grupo paramilitar desde sus inicios ha estado ubicado en la región del Bajo Cauca antioqueño, exactamente en los municipios de El Bagre, Caucasia, Cáceres y Tarazá. Este bloque ha tenido cuatro líderes, cuando surgió como organización independiente estuvo comandado por alias “siete, siete”, después de su captura en 2017, lo reemplazó alias “Caín” quien fue asesinado en el 2020, dejando en el mando a alias “Flechas”, este también fue asesinado, según datos de la defensoría del pueblo, en una incursión realizada por el ejército nacional en el municipio de Cáceres unos meses después de ocupar el cargo. Finalmente, este grupo quedo bajo el mando de Claudio Alonso Maturana Hurtado alias el “Negro Cristian”, quien según información de medios locales del Bajo Cauca estaría el corregimiento de Cuturú en el municipio de Caucasia.
La evolución y permanencia de esta organización paramilitar estuvo marcada por alianzas, en sus inicios con su integración a las AG. “Los Caparros se unieron a la franquicia de las AGC, convirtiéndose en el Frente Virgilio Peralta Arena, pero mantuvieron su autonomía territorial y criminal, incluido el control de la extorsión, la minería ilegal y la producción de cocaína (Defensoría del Pueblo, 2020). Además, de un accionar violento, sembrando el terror en la región del Bajo Cauca durante su apogeo; “Pero los paramilitares
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y más los caparros llegaron más violentos, mataban a cualquiera que sospecharan que tenían alguna relación con el ELN.” (comunicación personal, 15 de abril de 2024) Posterior a la desmovilización de las AUC, el surgimiento de nuevas bandas criminales y grupos paramilitares, recrudeció la violencia en los municipios del Bajo Cauca, esta nueva ola de violencia producto de la disputa entre estos nuevos grupos paramilitares por el control territorial y rentas ilícitas. “Igual que los otros grupos, querían aprovecharse de la minería, pedían vacunas a comerciantes, estos grupos con lo que tiene que ver con la minería y la coca han hecho lo mismo extorsionar y comprar la base de coca.” (Comunicación personal, 28 de noviembre de 2024) Esta unión con las AGC se fracturó luego de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Iniciando una confrontación directa por el control de corredores claves para el narcotráfico y para minimizar el accionar de sus antiguos jefes, el grupo paramilitar aprovechó la oportunidad de extender su control territorial en la zona del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Esta expansión fue gracias a las alianzas estratégicas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) disidentes de las FARC- EP. Durante este tiempo, establecieron tres frentes en la región: Frente Elmer Ordoñez Beltrán, Frente Norberto Olivares y el Frente Carlos Mario Tabares.
Durante este periodo, las acciones bélicas de este grupo conmocionaron la población civil, sembrando el terror en la subregión; “ En ese tiempo, nadie quería ni pasar por Cuturú, pues cada lancha que pasara tenía que arrimar ahí, eso era un retén a muchos bajaron ahí, por Puerto Claver también, a los días en los noticieros de la región o solo circulaban fotos de personas descuartizadas, ponían las cabezas de hombres en estacas en las orillas del río para que todos vieran” ( Comunicación personal, 28 de noviembre de 2024)
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Debido al recrudecimiento de la violencia en el Bajo cauca por los enfrentamientos entre estos dos grupos paramilitares, las FF.MM le dieron duros golpes, limitando la capacidad militar de la organización hasta el punto de asegurar por parte del gobierno nacional su desarticulación por completo. No obstante, “varios sectores de la sociedad civil cuestionaron estas afirmaciones, basándose en el conocimiento de las comunidades sobre cómo los remanentes de este grupo se habían reencauchado bajo otras estructuras” (Escobar,
2021).
A pesar de este fuerte golpe, que mantendría solo por un tiempo a la organización delincuencial fue de la confrontación, “durante 2023 Los Caparros solo se enfrentaron con el Clan del Golfo en dos ocasiones, en agosto y septiembre, en los municipios de El Bagre y Caucasia” (Fundación Paz y Reconciliación,2024). Esta nueva aparición en el escenario de la confrontación por el control territorial pone en vilo a la población civil, quienes manifiestan una disminución de la violencia y una calma al estar un solo grupo en la zona y le temen a una reactivación de los caparros.
A lo largo del capítulo, se pueden encontrar algunas similitudes en los repertorios y acciones que ejecutan los diferentes grupos que están en el Bajo Cauca, las cuales corresponden al control de la explotación de oro y la producción de coca. Según Massé y Camargo (2012) existen dos factores que resultan ser atractivos para estos grupos, el primero es su alto valor en el mercado tanto nacional como internacional y el segundo, corresponde a la facilidad el oro para el lavado de dinero, ya que es un producto legal que no se puede rastrear con facilidad. En lo que respecta a los cultivos de coca, en la subregión aún existen productores de base, en su mayoría campesinos que, durante años, han recurrido a esta actividad como medio de subsistencia. Además, las condiciones geográficas, climáticas y
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los pisos térmicos del Bajo Cauca hacen que el territorio sea especialmente propicio para la siembra de coca.
Otra coincidencia es la influencia de los grupos armados en la vida de la población civil, con restricciones desde la movilidad, mediante toques de queda o la restricción de desplazarse a un lugar a otro en el territorio hasta el punto de reemplazar algunas instituciones o entidades del Estado a nivel local. Estas funciones que se enmarcan dentro de las dinámicas sociales, son reconocidas y aprobadas por las comunidades debido a las respuestas oportuna y contundente que ofrecen estos grupos armados no estatales frente a situaciones o problemas de convivencia o intolerancia.
De esta manera, el comportamiento, los repertorios y las acciones de los grupos armados a lo largo de los años evidencian que la subregión ha sido cooptada y gestionada según los intereses de estos actores ilegales. Esto pone de manifiesto tanto la ineficacia de las políticas estatales implementadas para superar el conflicto como la limitada capacidad institucional para atender las demandas y necesidades de la población civil en el territorio.
3. Implicaciones de las acciones del Estado colombiano en las dinámicas sociales,
económicas y ambientales de la población civil en la subregión del Bajo cauca antioqueño (2016–2021).
Históricamente, la población civil del Bajo Cauca ha tenido que resistir entre el control de grupos armados y una presencia estatal limitada y desigual. En un principio, el abandono por parte del Estado permitió que las guerrillas sometieran a la población y aprovecharan los conflictos derivados de la extracción de oro, monetizando las disputas entre las empresas extractivistas y las comunidades locales.
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Esta conflictividad por la economía de la zona, conllevó a la población a vivir entre un orden paralelo al del Estado, donde predomino el orden social alternativo que instauraron las guerrillas, mientras que el Estado tenía limitaciones para regular la vida social de la población. En los años posteriores a la aparición de los grupos paramilitares, estos lograron instaurar un control territorial que terminó permeando las instituciones del Estado en la subregión, lo que derivó en una pérdida de autonomía estatal. Estas dinámicas se mantuvieron incluso después de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, momento en el que el territorio, las economías locales y el control de la población civil en el Bajo Cauca comenzaron a ser disputados por grupos armados posdesmovilizados, estructuras paramilitares y el propio Estado. Este último ha enfocado sus acciones en la desarticulación de dichos grupos armados y en el combate a las economías ilegales, con el objetivo de recuperar la soberanía sobre el territorio.
Por consiguiente, este capítulo tiene como objetivo identificar las acciones del Estado colombiano en el Bajo Cauca contra las economías legales e ilegales, analizando sus implicaciones en las dinámicas sociales, económicas y ambientales de la población civil durante los seis años posteriores a la firma de los acuerdos de paz. En el periodo posterior al acuerdo de paz en el Bajo Cauca, la intervención del Estado se caracterizó por un enfoque militar, en el que se intensificaron los operativos y la persecución de las economías ilegales. Aunque los acuerdos de paz firmados proponían un enfoque participativo y territorial para su implementación, el cambio de gobierno tras el período de la firma de los acuerdos influyó en el tipo de acciones que se priorizaron para superar la conflictividad en el territorio.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022), desarrolla una serie de estrategias militares derivadas del enfoque de la seguridad nacional y retoma una concepción belicista del Estado
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contra la población, implementando por ejemplo las acciones de fumigación y erradicación forzada y debilitando todo compromiso de acuerdos con actores criminales y prefiriendo la confrontación antes que las salidas negociadas (García, 2024, p.70) Desde el campo estatal que se enmarca en la idea weberiana, estas estrategias implementadas responden al restablecimiento del monopolio del poder sobre el territorio a través de la fuerza legitima del Estado. Sin embargo, para Espinosa (2014) esta concepción del Estado a través del monopolio de la violencia legitima “diluye o vuelve anormales aquellos procesos en los cuales la autoridad es disputada y fragmentada, desvía la mirada y no presta atención a las situaciones en las que se aprecian fuertes conflictos en torno a las formas “dominantes” de autoridad”(p.139). De esta manera, las prácticas del Estado desde este enfoque, ignoran la realidad del territorio del Bajo Cauca, donde las dinámicas de poder y autoridad se encuentran en disputa y en algunas dimensiones son compartidas con grupos armados ilegales, predominando los conflictos sociales, la falta de infraestructura y servicios básicos.
Históricamente los mecanismos de poder que el Estado ha intentado implantar en el Bajo Cauca se han caracterizado por ser principalmente de carácter despótico, es decir, un tipo de intervención unidireccional donde la sociedad civil es tratada como objeto y parte no interviniente de las decisiones sobre el territorio. (García, 2024, p.70) Este tipo de mecanismos han sido cuestionados por la población civil reflejando la pérdida de identidad y desconfianza en las instituciones del Estado debido a las limitaciones del control territorial y ejercicio de poder frente a los grupos ilegales en la zona. “Hay una mala, pésima presencia del Estado en cuanto a seguridad, oportunidades, control del territorio y corrupción, por eso es que la gente ve más eficiente las acciones de los grupos armados frente al control social y territorial
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porque ellos si están siempre presente y solucionan los conflictos entre las personas, ellos en el momento que están en un municipio son la ley y jueces” (comunicado personal, 27 de abril de 2024).
A mismo, estas acciones estatales solo neutralizan a corto plazo los factores de conflictividad persistentes, que en el caso del Bajo Cauca han sido históricos y derivan de conflictos sociales, exclusión y debilidad institucional, permaneciendo la insatisfacción de la prestación de bienes y servicios básicos.
“El Estado entra porque es su obligación, pero no tiene una presencia en sí, que uno diga que ya el Estado está aquí, y ya se acabó esto, porque cuando hay una tropa del ejército en la zona ellos se quedan 15 días, en esos días los grupos armados saben que no pasan ningún cargamento de coca, dinero o armas muchas veces antes de que las tropas lleguen ya los integrantes de estos grupos armados saben dónde van a estar y hasta por quienes vienen” (comunicación personal, 21 de abril de 2024). En cuanto las acciones del gobierno desde su autonomía para implementar los acuerdos de paz estando los seis municipios del Bajo Cauca priorizados en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (en adelante PDET). En el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Según información de la Agencia de Renovación del Territorio, para el 31 de marzo de 2022, de las 1.947 iniciativas, 883 ya se encuentran con ruta de implementación activa y 915 están en los planes de desarrollo regional, y 406 se encuentran en ejecución, con una inversión de $397.096 millones. Sin embargo, para las comunidades esta implementación ha sido tardía y enfrenta retos para la ejecución de los proyectos que ya se habían priorizado.
“Los acuerdos de paz han tenido mucha dificulta más para los años inmediatos a la firma, de esos acuerdos aquí en el Bajo Cauca, apenas a esta fecha
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es que se están viendo que se están dando pasitos para la transformación el territorio por medio de las obras PDET y que pasa ahora, en la implementación por ejemplo estamos en las mesas de trabajo en el mecanismo del MET donde las comunidades indígenas y afro hemos priorizado unos proyectos en las mesas de trabajo, entonces priorizamos nueve, luego cuando llega a la fase de ejecución, tres que usted cree que ya avanzó para la ejecución, entonces dicen que son menos, eso es un desgaste para las comunidades, de evento en evento saliendo del territorio a que le tomen foto, llene un listado y nada de lo que de verdad queremos que son los proyectos, finalmente no se ven las acciones del Estado en cuanto a eso.”( comunicación personal, 5 de marzo de 2025).
Esta situación da cuenta de la debilidad en la implementación de políticas que tiene el Estado colombiano en los procesos de participación, generando una desconexión y poca coordinación entre las entidades, actores estatales y la comunidad, aumentando la desconfianza y tensiones en los procesos. A esto se le suma, la corrupción de la fuerza pública que hace presencia en el territorio, donde se evidencia complicidad y extralimitación de funciones.
“ La policía no puede ver que aquí entre un camión, una máquina, una mula cargada a sea con cemento, chatarra o con alimentos, se le pegan a ese camión y lo paran y le piden la liga, están tan conchudos que van a la ferretería cuando la mula está bajando ladrillos o cemento a pedir la liga, incluso le he tenido que mostrar la documentación de que todo es por lo legal aun así están ahí y ya están como estos otros manes, cada mes pidiendo plata y si usted no se la da y llega a tener un problema, va al comando para que lo solucionen no se lo hacen. A demás, aquí sabemos que la policía sabe quiénes son los de la vuelta, en diciembre estaban esos
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manes en el puerto tomando y paso la policía en una moto y esos manes les mostraron que andaban armados siguieron como si nada y lo que dijeron esos manes es que esos policías no les hacían nada porque estaban dentro de la nómina.” (comunicación persona, 6 de marzo de 2025) Esta situación evidencia lo alejado que esta el Estado y los organismos que lo representan en el territorio del deber ser. De este mismo modo, estas prácticas corruptas refuerzan la percepción de la población civil de desconfianza. “Las prácticas del Estado, por el contrario, nombran el desempeño de las instituciones, organismos, actores y sujetos que dan forma al campo estatal y ellas pueden, por tanto, reforzar, cuestionar o debilitar la imagen que el Estado construye de sí mismo.” (Espinal, 2024, p.142)
3.1 Las acciones del estado frente a la explotación de oro
Según datos del informe Antioquia Cómo Vamos (2021), el Bajo Cauca Antioqueño le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) 3,1% al departamento, siendo la explotación de minas y canteras (33%) su principal actividad económica. Sin embargo, es la tercera subregión con menos aportes al PIB. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, el Bajo Cauca cuenta con 162 títulos mineros, los cuales ocupan 153.484,73 hectáreas de las 811.156,76 hectáreas del territorio, lo cual equivale al 18, 92% del área, de acuerdo con esto, la subregión es la mayor poseedora de títulos mineros a nivel departamental. No obstante, dentro del territorio existen unidades mineras que no se encuentran formalizadas y en algunos casos son financiadas por estructuras criminales, con recursos obtenidos de extorsiones y narcotráfico.
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“La actividad que se ha definido como extracción ilícita de minerales opera generalmente a mediana y gran escala. Se configura como ilícita cuando en su financiamiento, operación o comercialización participan grupos armados criminales” (GDIAM, 2021, p.24) Si bien, “una de las funciones del Estado y razón de su constitución es el control de los recursos que existen en el territorio, la acumulación de capital y el control de la violencia (Tilly,2021; Weber,1991).” (Bonilla, 2023 p.213). Sin embargo, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, la incapacidad institucional del Estado para regular de manera efectiva la explotación de recursos como el oro ha facilitado la cooptación del capital generado por la minería por parte de los grupos armados ilegales. Esto ha ocurrido a pesar del desarrollo de un marco normativo robusto, que incluye medidas tanto institucionales como coercitivas, centradas en promover la formalización de la actividad minera y establecer lineamientos para la regulación de la producción y comercialización del oro. Con respecto a las de tipo institucional es preciso mencionar políticas de formalización y sustitución de actividades mineras, procesos participativos y asociativos para la legalización de actividades mineras, el desarrollo de mecanismos de seguimiento y el control de la explotación y comercialización de minerales. (Defensoría del pueblo, 2018, p.140) En cuanto a las políticas de formalización, estas han sido implementadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en el caso de Antioquia por la gobernación, la cual contaba hace poco con una Secretaria de Minas, la cual logro tramitar y adelantar procesos de formalización de unidades mineras en el territorio.
La minería informal, por su parte, existe en las escalas de subsistencia y pequeña minería. Se considera informal porque, aunque tenga vocación de formalización, puede
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demostrar que no ha logrado regularizarse y formalizarse por factores ajenos a su voluntad y que se explican adelante. Se trata en muchos casos de los llamados “mineros tradicionales”.
(GDIAM, 2021, P.24)
En Antioquia según datos de la Gobernación, hay 4.119 unidades mineras caracterizadas; de estas, 2.538 se ubican en el Bajo Cauca y pueden avanzar en sus procesos de formalización como una forma de lucha contra la minería ilegal que se ha apropiado de gran parte del oro en el Bajo Cauca antioqueño. Así mismo, las multinacionales mineras que están en el territorio habilitan zonas para cederlas a terceros para la explotación de oro formal.
“Para nosotros como empresa es muy compleja la situación porque hemos cedido parte del título minero a terceros de la zona, pero estos no han podido iniciar con la exploración ni a explotar el titulo porque no les dan las licencias ambientales” (comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Sin embargo, estas iniciativas de formalización en muchos casos quedan represadas en los trámites burocráticos y los altos costos legales y técnicos relacionados con permisos ambientales para desarrollar la extracción del oro. Esto debido a que, estas unidades mineras con solicitudes para formalizarse desarrollan la Minería Artesanal a pequeña Escala (MAPE) o de subsistencia y no tienen los recursos suficientes. De este modo el Estado se ha inclinado en regulaciones estrictas que en estos casos son desproporcionadas. Estas se reflejan en las exigencias del sector minero y comunidades para el asesoramiento técnico e incentivos que faciliten el acceso a la formalización por parte del Estado.
Por otra parte, en la región existe otro tipo de minería, la cual tiene un componente histórico y cultural dedicada a la extracción del oro por medio del bareque. Según los registros de la Agencia Nacional de Minería en El Bajo Cauca hay 5.384 barequeros y 24
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chatarreros inscritos, aunque en las bocas de las minas se ven más personas ejerciendo este rol. Esta población se caracteriza por realizar la actividad minera de forma ancestral y artesanal.
La minería ancestral es aquella desarrollada por comunidades étnicas en sus territorios y la minería artesanal es aquella desarrollada tradicionalmente por comunidades rurales. Ambas corresponden a una minería de subsistencia, a pequeña escala, no mecanizada y que utiliza medios artesanales o rudimentarios de extracción. Estos son dos tipos de minería actualmente reconocidos por la ley, que, por su carácter social, cultural y simbólico, son legitimados y amparados social y legalmente. (GDIAM, 2021, p.19) El Estado colombiano ha tratado de regular este tipo de minería “Con el establecimiento del RUCOM a través del Decreto 276 de 2015, se tomaron determinaciones para que los mineros de subsistencia pudiesen comercializar su producto de manera formal.” (Defensoría del Pueblo, 2018 p.139). Sin embargo, las prácticas de los grupos ilegales han logrado permear en la comercialización del oro realizada por los mineros de subsistencia en el Bajo Cauca.
“Como debían legalizar el oro las compras y fundidoras, estas les compraban el Rut a los barequeros, ya que estos tenían cierta capacidad por ley para vender oro y según la actividad del Rut, entonces estas compras debían legalizar ese oro que extraían de minas informales e ilegales, entonces una persona que se hacía en el día un tomin de oro, aparecieron vendiendo 10 gramos, 400 gramos hasta 1 libra de oro, que paso, debido a la necesidad de la gente estos vendieron el Rut por un millón de pesos y que afectación sufrieron estas personas; los sacaron del Sisbén, se les vino problemas con la Dian.”(comunicación personal, 5 de marzo de 2025).
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Otras disposiciones legales que ha implementado el Estado para prevenir la llegada de recursos financiados por los grupos ilegales a través de la cadena de comercialización de oro; Decreto 1023 de 2012 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ordena a la Superintendencia de Sociedades, en el Artículo 7, “instruir a las entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para la prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”; Resolución 363 de 2008 "Por la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)". En su estructura estos grupos tienen una capacidad para estar en todo el proceso del oro, tanto en la extracción, como en la comercialización, por ejemplo en Caucasia los mineros deben venderle el oro a todas las compras de allá, no está permitido que ese oro se venda en otro municipio también hay compras que son del clan del golfo o están asociadas a estos así estén legales y tengan su documentación, que pasa después, una vez usted vende el oro, esas compras tienen una fundidora a la cual por orden de ese grupo se le debe vender todo el oro, muchas quedan en Medellín y estas fundidoras se encargan de proveer todo el dinero a estas compras locales ya que tienen una red constituida por este mismo grupo y se encargan de sacar ese oro del país de forma ilegal o en algunos casos ese oro lo convierten en legal ya que son establecimientos que están constituidos ante la ley pero son parte de esta red criminal” ( comunicado personal, 4 de marzo de 2025) Estas situaciones dan cuenta de las implicaciones de forma directa que tienen los grupos armados ilegales, donde se convierten en intermediarios entre los mineros y los
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destinatarios finales en la etapa de comercialización del oro. De esta manera, estos grupos por medio de terceros aprovechan los mecanismos del sistema legal para cometer fraude, para el lavado de activos, convirtiendo el oro extraído de forma ilegal en legal. Por otro lado, el Estado ha intervenido en la amalgama del oro, por medio de la ley
1658 de 2013 “Esta Ley estableció un plazo de 5 años para la erradicación del uso de
mercurio en la minería y 10 años en la industria,” esto con el fin de salvaguardar la vida humana y proteger el medio ambiente. Sin embargo, según cifras de la Procuraduría General de la Nación para el 2022 La práctica de minería ilegal y el uso de mercurio han ocasionado la deforestación de 10.504 hectáreas en el Bajo Cauca Antioqueño. “Aquí en Zaragoza está prohibida la venta y el uso de mercurio, pero muchas minas extraen el oro de las jaguas es utilizando azogue y los barqueros también, es más aquí solo hay una persona del comercio que vende azogue y trabaja con los primos [Ejercito Gaitanista de Colombia], hace unos años la policía le hizo un allanamiento le quito todo el mercurio y tuvo problemas con la justicia, pero todavía sigue vendiendo” (comunicado personal, 5 de marzo de 2025) Si bien, las acciones del Estado colombiano han tratado de intervenir y regular la actividad minera y sus implicaciones en el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, el fenómeno de la ilegalidad en la minería de oro en el Bajo Cauca a manos de los grupos armados ilegales es el principal desafío para el cumplimiento de la legislación minera. Ahora bien, el Estado también ha respondido frente a este fenómeno interviniendo en la explotación del oro por medio de acciones coercitivas directamente en los lugares donde se encuentran ubicas las minas.
Dentro de las respuestas de tipo coercitivo se encuentran actuaciones como interdicción de las explotaciones, operaciones policiales y militares contra actores armados,
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operaciones militares contra las explotaciones ilegales o actuaciones judiciales en contra de implicados en la financiación de grupos armados a través de la minería (Defensoría del Pueblo, 2017).
De estas medidas las más recurrentes en el Bajo Cauca son la destrucción de maquinaria para la explotación de oro informal e ilegal, estas acciones son realizadas por cuerpos elites de la Policía o por el Ejército Nacional, los cuales son tropas de inteligencia especializadas en la lucha contra la minería ilegal criminal, estas acciones coercitivas por parte del Estado se vienen implementando desde el año 2015. A pesar de que son necesarias, estas acciones son rechazadas por la población civil en general debido a que afectan directamente la economía y la subsistencia de la mayoría de las comunidades en la subregión, incrementando la brecha de desigualdad y la deslegitimidad del Estado por parte de la población.
“Dicen minería ilegal, pero el estado no trae una solución, solo llega quema y se va, entonces de que va a vivir la gente porque de ahí no solo se benefician los grupos armados, pero es en contra de la voluntad de la gente, sino muchas familias directamente y también los barequeros que van a los cortes y esperan a que den bareque y ellos que viven del día a día ¿y que ha hecho el estado por ellos?” (comunicado personal, 27 de abril de 2014).
De igual forma, las acciones coercitivas no han logrado acabar con la ilegalidad minera, ni mejorar la insatisfacción de las comunidades con el Estado. Por lo contrario, han revivido en varias ocasiones estallidos sociales en la zona, donde han recurrido a las vías de hecho para que el gobierno atienda las demandas de la población, como es el caso de los diferentes paros mineros y paros armados, en estos últimos obligan a la población civil a
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desplazarse y los grupos armados ilegales piden contribución económica por parte de los mineros y comerciantes de la zona para apoyar las movilizaciones.
Tabla 1 Incautaciones y/o destrucciones maquinaria explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca de 2016 a 2021.
Año Clase de Bien
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
Buldozer
0
0
1
1
1
3
Clasificadora
2
0
0
7
0
7
16
Retroexcavadora
26
39
76
80
64
65
350
Draga (Minera)
36
45
87
303
294
193
958
Mezcladora (Vehículo)
0
0
0
0
0
1
1
1.328
Fuente: datos de La Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Colombia, consultado en: INCAUTACIONES Y/O DESTRUCCIONES MAQUINARIA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES | Datos Abiertos Colombia
Como muestra la tabla 1, la mayor cantidad de bienes incautados (retroexcavadoras y dragas mientras) en la subregión son utilizados en las minas a cielo abierto a pequeña escala o de subsistencia mediante una extracción tradicional, las cuales afectan directamente a la economía de la población civil. Si bien las cifras reflejan la eficiencia de los operativos, este tipo de acciones no resultan eficaces para erradicar de manera definitiva la extracción de oro ilícito. La razón principal radica en que, en muchas ocasiones, los mineros afectados por estas acciones terminan adquiriendo nuevamente los equipos para continuar con la actividad. Esto se debe a que la presencia del Estado en la zona es temporal, ya que, una vez realizados los operativos y destruida la maquinaria, el territorio queda desatendido, lo que facilita la reactivación de la minería ilegal.
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Estas incautaciones y destrucciones de maquinarias utilizadas para la producción de oro, vienen acompañadas de capturas de personas que se encuentran desarrollando la actividad en las minas. Aunque estas capturas en su mayoría no resultan en procesos judiciales o condenas.
“El Estado nos tiene inmersos en un conflicto y una criminalidad de la cual no hacemos parte y que si estamos con el gobierno tenemos una dificulta porque sabemos que aquí hay grupos amados que son enemigos acérrimos del Estado, entonces estamos en el medio, porque nos persigue el Estado por trabajar la minería como delincuentes y también están estos grupos ilegales que, si nos dejan trabajar, pero si no haces lo que ellos imponen, ponemos en peligro la vida de nosotros de la familia” (comunicación personal, 6 de marzo de 2025) Si bien, la subregión del Bajo Cauca tiene un ordenamiento territorial enclave del mineral aurífero, esto genera que la explotación del oro de forma legal e ilegal, aumenten los conflictos socioambientales en la subregión.
“Estos conflictos, se repiten de manera cíclica, se escalan en espirales de auge por los altos niveles de las violencias, decrecen por momentos, se apaciguan, mas no desaparecen ni se resuelven, con sus repercusiones negativas para el tratamiento positivo y desarrollo de la región.” (Montoya, 2024, p136). Este problema estructural en la región del Bajo Cauca pone en evidencia la vulneración de los derechos y la poca efectividad de las acciones coercitivas implementadas por el Estado, las cuales “contribuye a incrementar escenarios de riesgo para la población civil, cuyos derechos fundamentales siguen siendo vulnerados por todos los actores armados presentes en las zonas de explotación ilegal del mineral aurífero”. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 143).
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3.2 Las acciones del estado frente a los cultivos de coca
A pesar de que el auge del oro tenga en el foco del Estado la extracción del oro como la principal fuente de financiamiento de los grupos armados. Los cultivos de la hoja de coca siguen surtiendo las arcas de los grupos ilegales. Como ya se mencionó, las acciones del Estado para combatir esta actividad ilícita, es la erradicación y la sustitución de cultivos. En el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC-EP se planteó la necesidad de solucionar la problemática de cultivos ilícitos en Colombia, que responde en gran medida al abandono estatal en muchas zonas rurales del país, y la pobreza notoria que se vive en las mismas, situación que lleva a los habitantes de dichas zonas a depender exclusivamente de los ingresos que le producen los cultivos ilícitos. (Cardona, 2019, p.7) En cuanto a la erradicación de cultivos. “Cuando el Estado hace sus operativos, el ejército no llega donde este un campamento de grupos armados, él llega donde el helicóptero detecte un cultivo de coca, por ejemplo, por el rio Porce y el Mata, ellos han llegado y erradican, algunas veces se ponen del lado de la gente, porque son campesinos que viven es de eso, y no erradican todo el tajo, solo una parte todo y toman su evidencia y se van y harán su informe” (comunicación personal, 27 de abril de 2024). De acuerdo a esta información, podemos analizar las acciones del Estado. Primero, este tipo de operaciones son parciales, primando el carácter de muestra de resultados, dejando de lado la efectividad de la operación. Desde el punto de vista de las comunidades, esta acción puede verse como un desconocimiento a la realidad y al contexto que se vive en la zona. Sin embargo, este tipo de acciones en la práctica, evidencian como las políticas para combatir las economías ilegales están más enfocadas en trámites administrativos de control.
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En cuanto a la sustitución de cultivos, se han identificado según la Defensoría del Pueblo en la Alerta 045-20 que los territorios más afectados por desplazamientos forzados en el Bajo Cauca, en las zonas rural que se caracterizan por ser territorios de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), principalmente en los municipios de Tarazá y Cáceres, y también son territorios de expansión de nuevos cultivos de coca. Siendo los líderes y lideresas comunitarios de estas zonas los más vulnerables a homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y desaparición forzada. En los seis años posteriores al acuerdo de paz, la presencia de los cultivos en el Bajo Cauca, siguen incrementando de forma significativa en la mayoría de los municipios:
Tabla 2 Hectáreas de cultivos de coca en el Bajo Cauca de 2016 a 2021.
Municipio
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Cáceres
1,131.3
1,943.6
1,826.2
1,101.5
1,273.9
1,869.6
Caucasia
5.9
0
2.3
0
0
3.3
El Bagre
446.3
595.2
811.0
648.3
1,265.7
1,152.8
Nechí
360.9
551.5
708.0
530.4
551.1
365.5
Tarazá
2,797.3
3,803.7
3,728.4
2,061.7
2,465.7
3,531.3
Zaragoza
160.9
346.9
471.2
346.4
686
807.2
Fuente: datos de La Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Colombia, consultado en: Detección de Cultivos de Coca (hectáreas) | Datos Abiertos Colombia
Como lo muestra la tabla 2 en el 2019 la subregión del Bajo Cauca tenía 4,688 hectáreas de coca sembrada, es decir, el 49.4% de estos cultivos en Antioquia. El municipio con mayor número de hectáreas es Tarazá con 2,061 ha, seguido de Cáceres con 1,101 ha y El Bagre con 646 ha. Caucasia es el único municipio de esta subregión en el que no se registran cultivos de hoja de coca en el año 2018. Según el informe realizado por PARES, este aumento se debe a las amenazas por parte del Clan del Golfo y a los incumplimientos del Gobierno Nacional en la los Programas de sustitución de cultivos ilícitos.
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La intervención del Estado frente a los cultivos ilícitos y las medidas coercitivas para combatir la explotación ilegal de oro están centradas en el ejercicio de la soberanía y la recuperación del control territorial en el Bajo Cauca. Sin embargo, estas intervenciones no resultan eficaces por el desconocimiento de la realidad del territorio, lo que incrementa la de confianza en las instituciones del Estado. A esto se le suma, que este tipo de acciones no contribuyen a la solución de las problemáticas estructurales que causan este tipo de economías ilegales. A demás, este tipo de intervenciones incrementan la violencia y la vulneración en la población civil.
En cuanto a las acciones legislativas, estas presentan grandes vacíos que son aprovechados por los grupos ilegales. Tales vacíos son el resultado de la debilidad y desarticulación de las instituciones estatales, lo que permite que, en territorios como el Bajo Cauca, los grupos ilegales cojan protagonismo y generen estrategias que les favorecen. En definitiva, la intervención del Estado en la región es limitada, ya que se reduce a abordar las problemáticas estructurales principalmente a través de la confrontación armada. Si bien estas acciones son necesarias para combatir las estructuras armadas, en el contexto territorial, histórico y social del Bajo Cauca, solo contribuyen a agudizar los conflictos sociales y ampliar la brecha de desigualdad, dejando de lado las verdaderas demandas de la población civil.
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4. Conclusiones
Una vez concluido el abordaje teórico-descriptivo sobre el problema de investigación. A continuación, se presentan los hallazgos que refuerzan la hipótesis planteada inicialmente. Esta hipótesis sostiene que la incapacidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre el territorio y las economías ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño ha facilitado la consolidación de grupos armados. Estos grupos han establecido un orden propio, regulando la vida de la población civil y generando dinámicas de control, dominio y legitimidad en el territorio. Todo esto ha ocurrido a pesar de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar una solución negociada al problema de la violencia, especialmente después del proceso de paz y el desarme de las FARC-EP. La incapacidad del Estado colombiano en la subregión es el resultado de una subregión estructurada por la guerra, donde la presencia estatal ha sido diferenciada. “se trataría de un Estado que va integrando gradualmente nuevos territorios y poblaciones marginales, donde la presencia de las instituciones estatales no es homogénea sino desigual” (Gonzales, 2015).
Esta desigualdad ha sido aprovechada por los grupos armados, quienes han instaurado ordenes alternos, caracterizado por un sistema propio de justicia, donde controlan las relaciones sociales, las dinámicas económicas y territoriales por medio de repertorios acciones como; la extorción, regulación de precios y ventas de productos, restricciones a la movilidad en el territorio, productor e intermediario en la explotación de oro en la zona. Debido a esta situación, el Estado entra en confrontación para restaurar la soberanía territorial mediante acciones coercitivas, las cuales resultan insuficientes con el paso del tiempo. Estas acciones generan escenarios de riesgo y provocan el rechazo y la desconfianza
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de la población civil, que comienza a ver al Estado como un actor armado más, carente de legitimidad y recurriendo a la fuerza para recuperar su soberanía. En este contexto, las medidas del Estado recaen más sobre la población civil que sobre las estructuras armadas no estatales, lo que genera una percepción de similitud entre el accionar del Estado y las prácticas violentas de los grupos ilegales.
Esto debido a la falta de inversión para solucionar las problemáticas estructurales, reflejadas en la ineficiencia en la prestación de servicios por los actores o instituciones estatales en el territorio. A esto se le suma, la injerencia de los grupos armados a las entidades locales del Estado, las cuales han sido cooptadas y suelen intercambiar o suministrar servicios de ambas partes, aumentando el control territorial y fortaleciendo las dinámicas del conflicto en la zona.
Las dinámicas y factores del conflicto han persistido a pesar de las acciones implementadas por el Estado para la búsqueda de la paz y la transformación el territorio por medio del acuerdo de paz, esta problemática se vuelve compleja y se intensifica debido al fenómeno de las economías ilegales, como la extracción ilegal de oro y la siembra de cultivos ilícitos las cuales son un fortín para los grupos ilegales. Pero a su vez, se han convertido en la fuente económica de la región y una forma de subsistencia para la población civil. En suma, las acciones adoptadas por el Estado ratifican el poder de injerencia que poseen los grupos armados en el territorio del Bajo cauca, esto debido a los resultados que ha obtenido de las diferentes acciones implementadas, las cuales se caracterizan por brindar soluciones parciales.
Por otro lado, estas acciones suelen ser desconectadas de la realidad del territorio empeorando la violencia en el territorio y aumentando las problemáticas sociales y
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ambientales que históricamente han estado presentes en la zona. De modo que, suelen ser contraproducentes A modo de reflexión, es imperativo para el Estado implementar estrategias con enfoques participativos y comunitarios que permitan profundizar y comprender las problemáticas de una región que ha sido intervenida por políticas de seguridad que no tienen en cuenta los factores causales de las cuales se desprenden los fenómenos que intentan acabar. Por otro lado, se vuelve fundamental monitorear aquellas estrategias que se han empezado a implementar luego de la firma de los acuerdos de paz, las cuales están diseñadas con un enfoque territorial que se debe perfeccionar con la participación de la población civil de esta forma combatir la ilegalidad y la desigualdad desde una intervención diferencial que apunte a las particularidades del territorio.
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