Leer · Instituciones Comunitarias Campesinas Y Soberanía Alimentaria En El Conflicto Armado Colombiano. El Caso De La Comunidad De Paz San José De Apartadó 2000-2022

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Instituciones comunitarias campesinas y soberanía alimentaria en el conflicto aromado colombiano. El caso de la Comunidad de Paz San José de Apartadó, 2000-2022

Maria Alejandra Betancur Martínez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Politóloga

Asesor Sebastián Quintero Marín, Magíster (MSc) en Desarrollo Regional

Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ciencia Política Medellín, Antioquia, Colombia

2025

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Cita (Betancur Martínez, 2025) Referencia

Estilo APA 7 (2020) Betancur Martínez, M. A. (2025). Instituciones comunitarias campesinas y soberanía alimentaria en el conflicto armado colombiano. El caso de la Comunidad de Paz San José de Apartadó, 2000-2022 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

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Tabla de contenido

Resumen ........................................................................................................................................... 6 Introducción ..................................................................................................................................... 7 1 Marco teórico y metodológico .................................................................................................... 12 1.1 Instituciones comunitarias .................................................................................................... 12 1.2 Soberanía alimentaria ........................................................................................................... 17 1.3 Marco metodológico ............................................................................................................. 21 1.3.1 Operacionalización de los conceptos ............................................................................. 21 1.3.2 Fuentes ........................................................................................................................... 25 1.3.3 Técnicas de recolección de datos ................................................................................... 25 1.3.4 Técnica de análisis de datos ........................................................................................... 26 2 La Comunidad de Paz de San José de Apartadó como una institución comunitaria .................. 27 2.1 Atributos de la Comunidad .................................................................................................. 27 2.2 Como consecuencia del conflicto y la declaración de neutralidad: reglas en uso y arenas de acción ......................................................................................................................................... 33 3 Resultados de los acuerdos comunitarios en la consolidación de la soberanía alimentaria ........ 39 3.1 Soberanía alimentaria y trabajo comunitario como pilares para la construcción de la paz social ........................................................................................................................................... 40 4 El Proyecto agroecológico como instrumento de organización y soberanía alimentaria: de la resistencia al conflicto a propuesta de paz integral ........................................................................ 42 4.1. Reforma agraria y protección de los recursos naturales como factores determinantes para garantizar el derecho a la alimentación ...................................................................................... 44 4.2 La soberanía alimentaria más allá de garantizar los alimentos construyendo un tejido social para conservar los saberes ancestrales. Universidad campesina ................................................ 46 5 Conclusiones ............................................................................................................................... 49 Referencias ..................................................................................................................................... 51

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Lista de tablas

Tabla 1. Reglas para el diseño de instituciones comunitarias duraderas ....................................... 15 Tabla 2. Operacionalización de la categoría Instituciones comunitarias ...................................... 22 Tabla 3. Operacionalización soberanía alimentaria ...................................................................... 24 Tabla 4. Reglas para el diseño de instituciones informales en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ......................................................................................................................................... 34

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Lista de figuras

Figura 1. Categorías para analizar instituciones comunitarias ...................................................... 14

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Resumen

La erradicación del hambre ha sido uno de los principales desafíos de la humanidad y los intentos para erradicarla han sido diversos en sus estrategias, recursos y arreglos institucionales. Han pasado por la formulación de paquetes de políticas públicas que coordinan toda la cadena agroalimentaria y que suponen solucionar el problema de acceso a los alimentos para poblaciones vulnerables. Estas medidas son pensadas para ser ejecutadas por los Estados nacionales, organizaciones internacionales y agentes del mercado. Sin embargo, ante el fracaso de estas políticas desde la sociedad civil se han propuesto e implementado estrategias que también apuntan a solucionar este problema. El objetivo de esta investigación es analizar el proceso organizativo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en torno al proyecto agroecológico y sustentable, que se propone consolidar la soberanía alimentaria para los y las habitantes del corregimiento desde el año 2000 hasta la actualidad. Para ello, se usó un enfoque de investigación cualitativo a través de una estrategia metodológica de estudio de caso.

Se encuentra que la Comunidad de Paz ha logrado construir acuerdos comunitarios que han logrado asegurar el derecho humano básico a la alimentación de sus habitantes, gracias a la implementación del proyecto agroecológico, mediante la democratización de la toma de decisiones sobre la producción de alimentos y puede llevar a una transformación de las subjetividades económicas que impulsan la producción guiada por el valor de uso de los alimentos y la consolidación de su propia noción de paz.

Palabras clave: instituciones comunitarias, soberanía alimentaria, conflicto, agroecología.

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Introducción

La presente investigación busca indagar por la potencia de las instituciones comunitarias como alternativa para solucionar problemas comunes. Estas hacen referencia al conjunto de reglas que se diseñan y aplican para determinar un marco de acción para un grupo de personas en un contexto institucional, social y territorial concreto.

Estas instituciones las vamos a observar específicamente en proyectos de construcción de soberanía alimentaria, que tienen por objeto solucionar el problema del hambre en pequeñas comunidades. En esta investigación nos vamos a enfocar específicamente en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Es importante precisar que existen múltiples alternativas para solucionar el problema del hambre. Actualmente la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su agenda para el desarrollo 2030, tiene como uno de sus principales objetivos desaparecer el hambre. Esta propuesta ha trazado varias líneas estratégicas que han sido implementadas por los Estados a través de políticas públicas. Actualmente la ONU, cuenta con la agenda global de seguridad alimentaria donde se plantean las estrategias e indicadores que deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos para garantizar el cumplimiento del objetivo “hambre cero”. Estos indicadores son: disponibilidad física de los alimentos, acceso económico y físico a los alimentos, la utilización de los alimentos (buenas prácticas de salud y alimentación) y garantizar la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones mencionadas (FAO, 2021).

La política pública de Seguridad Alimentaria en Colombia (SAN) condensada en el CONPES 113 de 2008, está diseñada bajo los lineamientos de la agenda para el desarrollo propuesta por la ONU. En ella se indica que el fin último de la seguridad alimentaria es proporcionar alimentos de forma oportuna y adecuada a todas las personas. Además, define tres dimensiones que deben ser tenidas en cuenta para consolidar el objetivo de hambre cero. La primera dimensión es la económica, que implica que las personas tengan acceso suficiente y en todo momento a alimentos de calidad, este puede ser garantizado vía mercado o por el autoconsumo; la segunda dimensión es la calidad de vida (bienestar), esta implica los hábitos alimentarios de las personas, los cuales están determinados por la cultura, situación económica, el comercio, tensiones sociopolíticas, etc; y la última dimensión es calidad e inocuidad de los alimentos, esto es que sean aptos para el consumo humano y no representan ningún tipo de riesgo para la salud.

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A pesar de tener líneas estratégicas tan definidas, la ineficacia de la política SAN en el país, se evidencia en la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 2022, realizada por el DANE. En ella se indica que la prevalencia de inseguridad alimentaria en el país es del 30,8%, es decir, en total quince millones quinientas sesenta mil personas sufren esta condición, presentando mayor prevalencia en los hogares ubicados en la ruralidad/ruralidad dispersa. Algunas de las razones a las que se atribuye el fracaso de la política SAN para intervenir el problema, obedece a que Colombia depende de las importaciones agropecuarias debido a la política comercial materializada en los TLC 's. Esto se agrava por la depreciación del peso colombiano que hace que los alimentos importados sean más costosos y presiona al alza los productos de la canasta básica familiar. Por otra parte, el gobierno no fomenta la producción interna de alimentos y promueve una política comercial que subraya la exportación de commodities (Perdomo, 2022). Además de los puntos anteriormente mencionados, el acceso a los alimentos se ve gravemente afectado por las dinámicas e impactos del conflicto armado interno. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en junio de 2002, se concluye que los conflictos armados son uno de los principales enemigos de la seguridad alimentaria, porque interfieren negativamente en la producción de alimentos, debido a la destrucción material y al saqueo de cultivos, ganado, cosechas y reservas alimentarias, lo que impide y desalienta la agricultura. Según Manosalva Contreras (2017) suelen interrumpir las vías de comunicación a través de las cuales se realizan los intercambios de alimentos y se transporta incluso el socorro humanitario. Dado a que estas políticas no han sido eficientes, desde la población civil han surgido estrategias para intervenir el problema del hambre, entre ellas se destaca la soberanía alimentaria. Esta iniciativa nace del movimiento campesino global y se centra en la protección de los pequeños y medianos productores de alimentos y los mercados locales. Se indica que la garantía de la alimentación ya no puede estar cimentada en proveer alimentos a bajo costo (muchas veces a través de grandes corporaciones que monopolizan el mercado de alimentos), sino que hace hincapié en intervenir el problema de manera objetiva. Se proponen estrategias, medios y recursos para el desarrollo y bienestar de las comunidades, diseñadas por ellos mismos (Vía Campesina, 2019). En Colombia, desde el movimiento campesino se han impulsado alternativas para resolver el problema del hambre. Sus propósitos se enfocan en consolidar propuestas de soberanía alimentaria acompañados de procesos que garanticen la autonomía de las comunidades campesinas, la posibilidad de fortalecer las organizaciones políticas y el acceso a tierra.

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Estos objetivos planteados desde el movimiento campesino superan la definición del problema y propuesta de solución planteada por la SAN, porque aquélla no considera como elementos relevantes la autogestión, la tierra como derecho, las nociones de desarrollo local y comunitario, ni la variable política que representa el movimiento campesino. Entre las propuestas concretas de organización que gestionan la soberanía alimentaria están las Zonas de Reserva Campesina, los Distritos Agrarios y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Secretaría de Tierras CNA, 2015), ninguna considerada por la SAN como solución en la política pública. Dentro del espectro de iniciativas campesinas que proponen acciones concretas para gestionar el territorio, se encuentran las comunidades de paz. Estas nacen como una forma de resistencia civil y de movilización social ante el conflicto. Se caracterizan por su carácter de proceso, construcción colectiva, organización en torno de valores constitutivos de la paz y la democracia. Actualmente en Colombia hay 52 organizaciones que responden a este perfil según el censo de la Red de Iniciativas por la Paz (REDEPAZ), ONG especializada e impulsora de este tipo de iniciativas.

Un ejemplo de este tipo de modelo organizativo es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fundada por aproximadamente 630 campesinos el 27 de marzo de 1997. La decisión de configurarse como organización estuvo guiada porque desde comienzos de los noventa, el conflicto armado se agudizó por los continuos combates entre las FARC-EP, EPL y autodefensas en el corregimiento de San José.

Como consecuencia de esto, el número de muertes, desapariciones, atentados y toda clase de vejámenes contra la vida y la dignidad de los campesinos fue una constante en la localidad. Particularmente desde los primeros meses de existencia de la Comunidad de Paz, militares y paramilitares empezaron a instaurar retenes en la única vía de acceso al corregimiento, el objetivo de estos era clausurar todos los puntos existentes de provisión de alimentos y bebidas (CINEP,

2018).

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La soberanía alimentaria en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se consolidó por medio del proyecto agroecológico y autosustentable. Este a grandes rasgos consiste en la siembra y procesamiento de los alimentos más consumidos en la comunidad con prácticas que propenden por la protección del medio ambiente. Estos cultivos están ubicados en tierras de propiedad comunitaria y son trabajadas en colectivo y los frutos y ganancias de estos son usufructuados por todos los miembros de la comunidad.

Bajo estas condiciones, los lazos de solidaridad y reciprocidad fueron fundamentales para la supervivencia de la comunidad. A medida que se fueron organizando como Comunidad de Paz, los habitantes de San José fueron politizando estrategias para crear una forma de organización comunitaria distinta donde se pretende garantizar el bienestar de todos sus miembros. De esta manera, se estableció una forma de economía solidaria por la cual las familias forman grupos de trabajo para cultivar colectivamente y de una forma ecológicamente sostenible. Para ello la comunidad en su conjunto garantiza el acceso a la tierra, las herramientas, las semillas y la alimentación de sus integrantes (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015). Todo esto en un contexto de guerra que, en los 26 años de existencia de la comunidad, se han perpetuado 182 ejecuciones extrajudiciales, 13 desapariciones forzadas, 96 torturas y lesiones, 44 desplazamientos forzados, 149 detenciones ilegales, 348 ocupación militares de espacios privados y 74 casos de privación de alimentos (CINEP, 2019).

De ahí que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó resulta un caso relevante para el análisis en tanto reúne elementos no considerados por la institucionalidad formal con el enfoque de seguridad alimentaria. En el caso, se complejiza la variable conflicto como obstáculo para alcanzar el acceso y consumo de alimentos; implementada en una organización autónoma en clave de soberanía alimentaria, con capacidades organizativas no contempladas en las estrategias de la política SAN. Por tanto, es necesario analizar el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para detallar cómo se ha organizado esta Comunidad en torno al proyecto agroecológico y autosustentable para consolidar la apuesta política de la soberanía alimentaria. El objetivo de esta investigación es analizar el proceso organizativo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en torno al proyecto agroecológico y sustentable, que se propone consolidar la soberanía alimentaria para los y las habitantes del corregimiento desde el año 2000 hasta la actualidad. Para ello, se va a identificar la trayectoria organizativa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó frente al diseño e implementación del proyecto agroecológico desde su

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inicio en el año 2000 hasta la actualidad. También se procederá a caracterizar los saberes y prácticas en torno a la soberanía alimentaria que la organización construye en el marco del mencionado proyecto.

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1 Marco teórico y metodológico

En este apartado se expone el marco teórico y la estrategia metodológica que guían la investigación. En un primer momento, se expone una breve disertación entre la forma en que ha sido abordado el tema de los problemas comunes. Luego se expone el concepto de instituciones comunitarias como vía para solucionar este tipo de problemas y las dimensiones que permiten dar cuenta de ello. Para entender las instituciones comunitarias en torno al problema del hambre, se propone el concepto de soberanía alimentaria, para indagar la forma de organización particular para solucionar este problema. En el último apartado se desarrolla la metodología que toma la investigación con base en el estudio de caso. Desde esta estrategia se diseña la forma en que se van a leer los hallazgos a partir de los conceptos y luego se seleccionan las herramientas conceptuales. Finalmente, se presentan tanto la variedad de fuentes como las técnicas de recolección y análisis empleadas para la interpretación de los resultados.

1.1 Instituciones comunitarias

El estudio sobre las diversas formas en que los seres humanos resuelven sus problemas de acción colectiva ha sido abordado de diversas maneras. En la literatura académica han sido privilegiadas las posturas que parten del supuesto que a los seres humanos los embarga un instinto que los compele a aumentar sus beneficios, persiguiendo su propio interés y no en el interés común. Esto es lo que desarrolla el ecólogo Hardin (2005) con la denominada la tragedia de los comunes. Él explica que problemas como la degradación ambiental son imposibles de solucionar a través de la cooperación porque los recursos naturales al estar siempre disponibles para todos pueden ser explotados sin restricciones, lo que conlleva a un deterioro de estos por sobreexplotación y evidencia un vacío de incentivos para que los individuos gestionen los recursos colectivamente. Si bien, esta teoría surgió para explicar asuntos concernientes a la conservación del medio ambiente no se ha reducido a explicar sólo este tipo de problemas, sino otros de diversa índole como: el crimen urbano, el gasto del presupuesto público, problemas de cooperación internacional o como en este caso particular de investigación sobre el problema del hambre.

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Ante la tragedia de los comunes, se han privilegiado dos vías para solucionar esta disyuntiva. Primero la vía del Estado, Ophuls (1973) indica que éste, es quien debe definir y establecer las reglas de juego, debido a que es el único capaz de discernir los intereses privados para proteger el interés común. Por consiguiente, se requiere la regulación externa de entidades públicas de gobiernos o autoridades internacionales para lograr resultados más eficientes. Así, esta autoridad decidirá los roles de cada actor e impondrá sanciones a quienes se incumplan las reglas. Se indica que es la mejor alternativa porque se parte del supuesto de que el Estado conoce toda la información y cuenta con la capacidad de generar o cambiar incentivos para alcanzar los resultados esperados.

La segunda vía es la privatización. Esta vertiente supone que es el sistema empresarial privado quien está llamado a solucionar los problemas colectivos, creando un sistema de derechos de propiedad privada. Welch (1983) apuntaba que la creación de derechos privados sobre un bien común evitaría la ineficiencia de la sobreexplotación. Esto llevaría entonces a que cada actor estableciera un sistema de normas para el mantenimiento de la pequeña fracción de la que es propietario, invirtiendo en su mantenimiento y en normas que hiciesen respetar su área. Por otra parte, en las prácticas concretas de los seres humanos se evidencia que distintas comunidades de individuos han confiado en instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas de recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos de tiempo.

Ostrom (2011) indica que no existe una única solución para la gran diversidad de problemas colectivos. Por el contrario, esta misma diversidad nos interpela a evaluar alternativas que no dependan de esta dicotomía. Es por ello que se da lugar a una tercera vía en la que los individuos diseñan sus propias reglas de juego en un modelo comunitario. En esta propuesta son los propios individuos guiados por sus propios intereses los que diseñan un “contrato social” que cumplirá la función de supervisarse mutuamente y reportar infracciones observadas para hacer cumplir el contrato. Con estos presupuestos, la autora precisa las instituciones comunitarias como:

Los conjuntos de reglas en uso que se aplican para determinar quién tiene derecho a tomar decisiones en cierto ámbito, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe o no

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facilitarse y qué retribuciones se asignarán a los individuos según sus acciones. (Ostrom, 2011, p. 109)

Esta definición rompe con los supuestos que indican que los individuos son incapaces de organizarse por sí mismos y que siempre requieren de una entidad externa para hacerlo. La razón por la cual a los individuos les resulta atractivo organizarse es porque obtienen la mayor parte de sus ingresos económicos de los RUC. Por tal motivo cuentan con mayores incentivos para intentar resolver los problemas y aumentar la productividad (Ostrom, 2000). El hecho vital clave para los miembros de una organización es que se encuentran atados en un entramado de interdependencia.

A partir de estos supuestos, Ostrom (2011) proporciona herramientas para analizar instituciones formales e informales, mediante el instrumento Intitutional Analysis and Development (IAD), que permite leer en contexto la construcción de las reglas comunitarias, así como las variables que intervienen en esa confección.

Figura 1.

Categorías para analizar instituciones comunitarias

Nota. Adaptado de Ostrom, 2011.

Para estudiar la construcción de instituciones comunitarias en esta investigación se decide tomar las cuatro categorías señaladas en la figura 1. Para entender por qué un grupo de individuos deciden organizarse es necesario recurrir a la categoría atributos de la comunidad, ya que permite dar cuenta de los rasgos principales que activan capacidades de autoorganización. Esta categoría

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contiene los valores de comportamiento compartidos en la comunidad, las decisiones a tomar y las situaciones comunes. Además, el marco común sobre; las preferencias y necesidades, las diferencias existentes entre los individuos y las percepciones sobre la desigualdad en la comunidad. En síntesis, permite describir aspectos culturales propio de cada organización (Ostrom, 2011). Por otra parte, las reglas en uso nos permiten reconocer cómo los entendimientos comunes se traducen en marcos concretos que delimitan unos mínimos para poder estar juntos. Estas reglas contienen las prescripciones que prohíben y permiten a los actores desplegar un grupo determinado de acciones. Además, implican la realización de unas acciones concretas que a su vez conducen a la obtención de resultados. Son usadas para supervisar y hacer cumplir las acciones realizadas por los individuos y para que sean efectivas deben ser de uso y conocimiento común, en consecuencia, son supervisadas y aplicadas por los colaboradores (Ostrom, 2000).

Tabla 1.

Reglas para el diseño de instituciones comunitarias duraderas Delimitación clara de los límites Tanto las personas que tengan derecho a extraer el recurso como el propio recurso, deben estar claramente especificados y delimitados. Coherencia entre las condiciones locales y las reglas de apropiación y de colaboración (provisión) Las reglas de apropiación que limitan el momento, lugar, la tecnología y/o cantidad de recursos que se pueden extraer, deben estar relacionadas con las condiciones locales y las reglas de colaboración que indican el trabajo, el material o el dinero a aportar.

Acuerdo sobre las decisiones colectivas La mayoría de los individuos afectados por las reglas operativas pueden participar en la modificación de dichas reglas.

Control Las personas que controlan el cumplimiento de las condiciones de los recursos de propiedad comunal y del comportamiento en la apropiación de los mismos son responsables ante los miembros o son, ellos mismos, miembros.

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Sanciones proporcionadas Los usuarios que incumplan las reglas serán sancionados de manera proporcional (según la importancia y el contexto del incumplimiento), bien por otros usuarios, bien por los encargados de vigilar la extracción de recursos.

Mecanismos para la resolución de los conflictos Los usuarios y los vigilantes tienen rápido acceso a medios (foros) locales accesibles (baratos) para resolver conflictos que ocurran tanto entre usuarios como entre usuarios vigilantes.

Reconocimiento mínimo del derecho autoorganizarse Los derechos de los usuarios para diseñar sus propias instituciones no están amenazados por autoridades gubernamentales externas (Capacidad institucional).

Actividades anidadas Las actividades de apropiación, provisión, control, obligación, resolución de conflictos y gobierno están organizadas en múltiples niveles de actividades anidadas.

Nota. Adaptado de Ostrom, 2011.

Por su parte, las arenas de acción colectiva, son los escenarios donde se discuten los diseños de las políticas, modificación e instauración de reglas y planes de acción. Los factores que influyen en la estructura de una arena de acción incluyen tres grupos de variables: i) las reglas que emplean los participantes para ordenar sus relaciones; ii) las características del mundo biofísico sobre el que se interviene en estos campos y iii) la estructura de la comunidad de carácter más general en la que se ubica cualquier campo de acción (Ostrom, 2011).

Por último, la categoría de resultados, es el producto de la relación entre: i) factores externos a la comunidad, ii) arenas de acción y iii) la interacción que tienen los actores con el sistema de reglas. Cuando las interacciones generan resultados productivos para los actores que están involucrados en ellas, estos pueden incrementar su compromiso para que se mantenga la dinámica de la institución comunitaria tal como está para continuar recibiendo resultados positivos. Cuando

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los participantes perciben las interacciones como injustas o inapropiadas, pueden modificar sus estrategias, aunque estén recibiendo resultados positivos de la situación (Ostrom, 2011).

1.2 Soberanía alimentaria

Con el fin de evidenciar las diversas vías que se proponen para enfrentarla, abordaremos tres alternativas que se plantean solucionar la problemática del hambre, la seguridad alimentaria, el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) y la soberanía alimentaria. En principio, la seguridad alimentaria surge como concepto en la I Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en 1996. Allí se definió de la siguiente manera:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. (FAO, 1996)

Desde entonces la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la plantea como la principal herramienta de la política agroalimentaria para erradicar el hambre. Su enfoque está dirigido a generar acceso y disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad en todo momento

(FAO, 2021).

Actualmente la ONU, cuenta con la agenda global de seguridad alimentaria donde se erigen las estrategias e indicadores que deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos para garantizar el cumplimiento del objetivo hambre cero. Estos indicadores son: disponibilidad física de los

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alimentos, acceso económico y físico a los alimentos, la utilización de los alimentos (buenas prácticas de salud y alimentación) y garantizar la estabilidad en el tiempo de las cuatro dimensiones mencionadas (FAO, 2021).

La arquitectura institucional para dicha gobernanza ha sido objeto de críticas principalmente por la falta de una institución que fije un mandato adecuado y con suficiente autoridad para hacerlo. Precisamente, esta preocupación por la gobernanza de la seguridad alimentaria fue la que motivó la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial tras la crisis alimentaria de 2008 (Vivero & Porras, 2008). Hasta entonces se tuvo la creencia de que la seguridad alimentaria global podría alcanzarse a través del control de la agricultura solamente por parte del sector privado, pero lo que ha producido es que se ha configurado un modelo que concentra el poder en la producción y el comercio agrícola y, finalmente, al fallo del mercado (Beuchelt & Virchow, 2012).

Por otra parte, está el DDHA. Esta vertiente indica que, la complejidad de las cuestiones alimentarias a nivel global, los múltiples factores que le afectan y su especial impacto en las poblaciones vulnerables requiere de la aplicación de un enfoque de derechos que ofrezca un marco de referencia universal para avanzar hacia una justicia global de la seguridad alimentaria y nutricional (Ayala & Meier, 2017). Alcanzar la seguridad alimentaria implicaría entonces que la solución al problema del hambre no puede pasar por un asunto de beneficencia, sino de derechos sociales (Riches, 1997).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en su Observación General 12, define que el DHAA se realiza “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (CDESC, 1999).

Hasta aquí se puede concluir que este concepto no pone el foco en el derecho a recibir alimentos, sino a generar capacidades para que las personas puedan alimentarse por sí mismas con dignidad. Esto supone un cierto grado de autosuficiencia y significa que las personas son responsables de realizar actividades que les permitan tener acceso a los alimentos (Skonhoft et al.,

2009).

El DHAA, por tanto, no se restringe a una demanda política, sino que es un elemento integral de derecho internacional que permite a las personas exigir la rendición de cuentas a sus gobiernos frente a las obligaciones legales que les impone el Pacto Internacional de Derechos

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Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Haugen, 2009). Se trata de un derecho complejo y multidimensional que depende de diferentes sectores y que, en consecuencia, requiere que se tomen en consideración las diferentes políticas sectoriales por las que pueda verse afectado, de manera que se produzcan respuestas coordinadas de diferentes ministerios (Vivero & Ramírez, 2009). Estas dos vías concentran la atención en soluciones que inevitablemente pasan por unas políticas agroalimentarias globales, son erigidas por una tripartita compuesta por los Estados Nacionales, la comunidad internacional y los empresarios agroalimentarios. No se hace énfasis en los pequeños productores y las consecuencias negativas que hasta ahora le han derivado estas políticas. En contraposición a estas iniciativas en el año 1996, La Vía Campesina formuló la “soberanía alimentaria” como una alternativa ideada desde la sociedad civil. El concepto de soberanía alimentaria ha sido trabajado desde diferentes ángulos. Primero como un repertorio de movilización para los movimientos sociales. Luego, como un marco o conjunto de normas legales para la configuración de las redes agroalimentarias, y finalmente, como una serie de prácticas a pequeña escala que se enfocan en la transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas locales (Edelman, 2016), la cual se retoma en esta investigación. La Vía Campesina como movimiento global campesino que aglutina esta iniciativa, define la soberanía alimentaria de la siguiente manera:

Es el derecho de los pueblos a una alimentación sana y adecuada culturalmente producida mediante métodos ecológicos y sostenibles, además es el derecho a decidir los propios sistemas alimentarios y agrícolas. Situando aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias del mercado. (Vía Campesina, 2007, p. 3)

Se proponen estrategias, medios y recursos para el desarrollo y bienestar de las comunidades, diseñadas por ellos mismos (Vía Campesina, 2019). La propuesta se sustenta en siete principios claves para abordarla o implementar esta iniciativa, i) alimentación como un derecho humano básico, ii) reforma agraria, iii) protección de recursos naturales, iv) reorganización del mercado de alimentos, v) eliminar la globalización del hambre, vi) paz social y vii) control democrático.

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Para este caso de investigación se decidió abordar solo cuatro de los seis principios de la soberanía alimentaria, que son, alimentación como derecho humano básico, la reforma agraria, la protección de los recursos naturales y la paz social. La decisión se toma porque los demás principios apuntan a una reorganización nacional y global de las cadenas globales alimentarias y lo que concierne a esta investigación es a nivel comunitario local.

La primera dimensión a trabajar es derecho humano básico a la alimentación, esta es definida por La Vía Campesina como el derecho que tiene toda persona a asegurar que tenga acceso a alimentos, por eso en el proceso de producción y comercialización de productos agrícolas es necesario privilegiar el valor de uso de los mismos, sobre el valor de cambio. Se debe reorganizar el comercio de alimentos para priorizar la producción para el consumo interno (Vía Campesina, 2019). Esta dimensión permite dar cuenta de qué entienden los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sobre este derecho e identificar cuáles son los mecanismos que utilizan para garantizar que todas las personas en su comunidad tengan acceso a los alimentos, cómo se organiza el comercio y entender cuáles son sus prioridades en términos productivos. Por reforma agraria se entiende el proceso por el cual se le proporciona a las personas sin tierra y a los productores, la propiedad y el control sobre la tierra que trabaja. Este derecho debe estar libre de discriminación de género, religión, raza, clase social o ideología (Vía Campesina, 2019). Esta categoría permite entender cómo la Comunidad de Paz en la organización de su proceso productivo garantiza el acceso de activos productivos a sus miembros, también cuál es la vocación del uso del suelo en su territorio y dilucidar cómo se ha configurado el proceso de planeación territorial diseñado por ellos mismos.

Con protección de los recursos naturales, la Vía Campesina (2019) se refiere a promover la construcción de modelos agroecológicos familiares y comunitarios de producción de alimentos. Impulsando políticas, investigaciones y proyectos desarrollo que puedan ayudar a garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, especialmente de aquellos que son vulnerables al hambre y la desnutrición, por medio de prácticas que sean sostenibles. Ello implica diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conserven los recursos naturales, culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Esta categoría es importante para analizar el caso porque permite ver cómo se configuran los modelos agroecológicos familiares y comunitarios para la producción de alimentos en la práctica.

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Finalmente, la paz social, se entiende como el derecho de todos los seres humanos de estar libres de violencia, además la alimentación no debe ser utilizada como un arma. Los niveles cada vez mayores de pobreza y marginalización en el área rural, conjuntamente con la creciente opresión de las minorías étnicas y poblaciones indígenas, agravan las situaciones de represión y desesperación. El desplazamiento continuo, la urbanización forzada, la represión y el racismo cada vez mayor hacia los productores de pequeña escala no pueden ser tolerados (Vía Campesina, 2019). A partir de esta categoría vamos a ver cómo el proyecto agroecológico enfocado en la soberanía alimentaria garantiza la permanencia en el territorio de los habitantes de la Comunidad y determina el punto angular común entre sus miembros. Es decir, cómo desde su práctica se busca consolidar una paz integral.

1.3 Marco metodológico

Esta investigación parte de un enfoque cualitativo a través de una estrategia metodológica de estudio de caso. Esta elección se justifica debido a que el fenómeno que se aborda es un caso de la vida real, contemporáneo y donde son relevantes las dimensiones contextuales. Particularmente, el diseño se centra en un caso único que “suelen utilizarse, fundamentalmente, para abordar una situación o problema particular poco conocido que resulta relevante en sí mismo o para probar una determinada teoría a través de un caso que resulta crítico” (Neiman & Quaranta, 2006, p. 224). Con este abordaje, se pretende la particularización del fenómeno (Stake, 1999) más que su generalización, y la construcción narrativa se centra en la comprensión del cómo ocurre y se expresa el fenómeno.

El caso es el estudio de soberanía alimentaria consolidado en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entendido a partir del desarrollo de instituciones comunitarias.

1.3.1 Operacionalización de los conceptos

Recapitulando, una categoría central de la investigación es instituciones comunitarias. Para abordar este concepto se eligieron cuatro categorías de análisis las cuales son atributos de la comunidad, reglas en uso, arenas de acción colectiva y resultados (Figura 1). La definición y el modo en el que se observó en el caso está sintetizado en la tabla número uno.

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También, como categoría principal se definió la soberanía alimentaria observada desde cuatro dimensiones de análisis derecho humano a la alimentación, reforma agraria, protección de los recursos naturales y paz social. Estas dimensiones y sus definiciones están sintetizadas en la tabla número dos.

Tabla 2.

Operacionalización de la categoría Instituciones comunitarias

DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN

OBSERVABLES

ATRIBUTOS

LA COMUNIDAD

Son los valores de comportamiento compartidos en la comunidad, también el nivel de entendimiento común entre los participantes sobre la estructura de los campos de acción.

Formas de cohesión (ritos, lazos, etc.).

Campesinado-etnia.

Derechos de propiedad comunitario.

Grado de formalidad de la comunidad.

REGLAS EN USO

Son un conjunto de reglas que contienen: Prescripciones que prohíben y/o permiten el despliegue de acciones a sus actores (derechos y deberes de facto).

Sirven para supervisar el comportamiento y son una herramienta para sancionar el incumplimiento de los acuerdos, por lo que deben ser de conocimiento común.

Reglas para el diseño de instituciones robustas.

Definición clara de los límites.

Equivalencia proporcional entre costos y beneficios.

Acuerdos sobre decisiones colectivas.

Control.

Sanciones proporcionadas.

Mecanismos para la resolución de conflictos.

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Reconocimiento mínimo al derecho de autoorganizarse

Actividades anidadas.

ARENAS

ACCIÓN

Son los escenarios donde se discuten los diseños de las políticas, modifican e instauran reglas y planes de acción.

Los factores que influyen en la estructura de una arena de acción incluyen tres grupos de variables:

i) las reglas que emplean los participantes para

ordenar sus relaciones, ii) las características del mundo biofísico sobre el que se interviene en estos campos, y iii) la estructura de la comunidad de carácter más general en la que se ubica cualquier campo de acción.

Comunitarias.

RESULTADOS

Son la consecuencia de la interacción entre los factores exógenos, las arenas de acción y la interacción entre actores y el sistema de reglas.

Arena de acción dominante.

Grado de involucramiento en el proyecto agroecológico.

Cuáles son las formas efectivas de coordinación, cooperación, colaboración, conflicto endógena y exógena.

Nota. Adaptado de Ostrom, 2011.

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Tabla 3.

Operacionalización soberanía alimentaria

DIMENSIÓN

Definición

OBSERVABLE

ALIMENTACI

ÓN

DDHH

BÁSICO

Se debe asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos, por eso en el proceso de producción y comercialización es necesario privilegiar el valor de uso de los mismos, sobre el valor de cambio. Reorganizar el comercio de alimentos para priorizar la producción para el consumo interno

Concepción sobre la alimentación como DDHH (relato).

Producción comunal y local.

Canales de comercialización.

Planificación de la producción, comercialización y control del proceso.

REFORMA

AGRARIA

Es necesaria una reforma agraria auténtica que proporcione a las personas sin tierra y a los productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el control sobre la tierra que trabajan y devuelva a los pueblos indígenas sus territorios. El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación de género, religión, raza, clase social o ideología. La tierra le pertenece a aquellos que la trabajan.

Acceso a tierra y activos productos.

Decisión sobre el uso de la tierra (si es colectiva o familiar, individual).

Decisión sobre el producto interno

Forma organizativa del proyecto (planeación).

PROTECCIÓN

LOS

RECURSOS

NATURALES

Promover modelos agroecológicos familiares y comunitarios de producción de alimentos, en la práctica y a través de políticas, investigación y desarrollo, a fin de ayudar a garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, especialmente de aquellos que son vulnerables al hambre y la desnutrición, por medio de la gestión sostenible de agroecosistemas locales para la producción de alimentos predominantemente para mercados locales.

Reglas en uso (atribuibles exclusivamente al proyecto agroecológico).

Condiciones biofísicas.

Agroecología.

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Consiste en la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y gestión de agroecosistemas sostenibles. Diseñar y manejar agroecosistemas que son productivos y conservan los recursos naturales y que también son culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables.

PAZ SOCIAL

Todos tenemos el derecho de estar libres de violencia. La alimentación no debe ser utilizada como un arma. Los niveles cada vez mayores de pobreza y marginalización en el área rural, conjuntamente con la creciente opresión de las minorías étnicas y poblaciones indígenas, agravan las situaciones de represión y desesperación. El desplazamiento continuo, la urbanización forzada, la represión y el racismo cada vez mayor hacia los productores de pequeña escala no pueden ser tolerados.

Por qué es una comunidad de paz (factores)

Relaciones de conflicto y acuerdo al interior de la comunidad y con actores externos

Concepción de paz.

Nota. Adaptado de La Vía Campesina, 2019.

1.3.2 Fuentes

La recolección de información se nutre de la diversidad de fuentes propias de información producidas por la comunidad referentes al contexto territorial, entre ellas están i) página web; ii) blog de noticias diarias; iii) entrevistas; iv) documentales y v) medios de comunicación nacionales e internacionales. Por otra parte, se utilizan fuentes secundarias, entre las que se encuentran i) libros; ii) artículos académicos e iv) informes de organizaciones sociales. Esta variedad de fuentes proporciona unas condiciones óptimas para corroborar, complementar información, contrastarla y alcanzar coherencia entre los datos, esto posibilita que los hallazgos que se derivan de la interpretación de estos sean confiables.

1.3.3 Técnicas de recolección de datos

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Revisión documental: se realizó la búsqueda y revisión de las fuentes documentales con el lente de las categorías principales de análisis, las dimensiones que la constituyen y observables (ver tablas 2 y 3). La recolección, se nutrió de la diversidad de fuentes documentales propias de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las referentes al contexto territorial. Entrevistas semiestructuradas: se realizó entrevista a miembro de Corporación de derechos humanos. También se estableció contacto con dos miembros de la comunidad, pero al ser esta una comunidad cerrada, los permisos para ingresar a ella se discuten en Asamblea y este tema aún no ha sido aprobado, sigo a la espera del mismo. En últimas es importante mencionar que los tiempos de la universidad son incompatibles con los tiempos de decisión comunitarios que maneja la Comunidad. La entrevista que se logró tener permitió sostener una conversación abierta con una guía de preguntas que sirvió como carta de navegación, pero no se hizo rígida para no negar los saltos entre la descripción, la explicación o la justificación que realizan los entrevistados (Valles,

1999).

1.3.4 Técnica de análisis de datos

Para organizar de manera coherente el conjunto de datos recogidos se procedió avanzar en un proceso de conceptualización por medio de una matriz construida a partir de las categorías y dimensiones que hacen parte del aparato teórico. La operacionalización se desarrolló con líneas de interpretación guía de las señaladas tablas 2 y 3, donde se vació la información que correspondía al concepto principal y la dimensión respectivas. Finalmente, los resultados obtenidos en el análisis textual (Dittmer, 2010), se interpretaron a partir de las diferentes perspectivas expuestas por los sujetos de investigación y en contraste con el contexto institucional y territorial.

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2 La Comunidad de Paz de San José de Apartadó como una institución comunitaria

En este apartado se va analizar el carácter propio de las instituciones comunitarias que ha construido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En primera instancia se va a mencionar cuáles son los atributos de la comunidad que han determinado el tipo de instituciones que se han construido. En este punto mencionamos factores exógenos como el conflicto armado y la ruptura con el Estado y como factor endógeno la forma en como han tramitado los problemas comunes los habitantes de la Comunidad de Paz. Finalmente, a partir de las reglas en uso y las arenas de acción se va dar cuenta del tipo de organización que ha conformado la Comunidad de Paz.

2.1 Atributos de la Comunidad

El corregimiento de San José de Apartadó, donde está radicada la Comunidad de Paz, se encuentra ubicado a 12 km de la cabecera del municipio de Apartadó (en la región de Urabá, Antioquia). El corregimiento está compuesto por las veredas: Las Playas, La Miranda, El Salto, Arenas Bajas, El Porvenir, La Esperanza, Las Nieves, Mulatos Alto, Mulatos Medio, La Resbalosa, La Hoz, Miramar, La Cristalina, La Linda, Bellavista, Buenos Aires, La Unión, El Cuchillo, La Victoria, Salsipuedes, Arenas Altas, La Balsa, El Tigre, El Guineo, El Osito, Los Mandarinos, El Gas, Guineo Alto, Rodoxalí, Playa Larga, Zabaleta y Las Flores. Las veredas están distribuidas entre la serranía, el piedemonte y el abanico aluvial, aunque no todas hacen parte de la Comunidad de Paz (Gobernación de Antioquia).

La historia del corregimiento ha sido el producto de dos grandes factores i) las dinámicas de conflicto de diversa índole como las luchas de los colonos por la titulación de sus tierras, las disputas sobre el uso de la tierra entre pequeños y grandes productores agrícolas, confrontaciones violentas de grupos armados y violaciones a los derechos humanos a su población. ii) Las respuestas que los habitantes del corregimiento han encontrado para resistir al conflicto con múltiples expresiones acción colectiva, como Juntas de Acción Comunal, formas cooperativas y posteriormente la creación de la Comunidad de Paz.

Para dar cuenta de las determinantes territoriales es importante saber quiénes son los habitantes del corregimiento. Aunque este ya contaba con asentamientos de comunidades indígenas en lo que hoy es conocido como las veredas las la Palma y las Playas, en la segunda mitad del siglo

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XX, comenzó un éxodo de campesinos migrantes del Alto Sinú en Córdoba y de los alrededores del municipio de Dabeiba en Antioquia, que huían de la pobreza o habían sido expulsados de sus tierras por la expansión latifundista. De este éxodo también tomaron parte, colonos desplazados por la violencia bipartidista de los años cincuenta en el centro del país y finalmente otra porción de personas que huían de la persecución ocasionada por su actividad política y revolucionaria en otros rincones de la región (Muñoz, 2008).

El proceso de colonización trajo consigo el primer conflicto en el corregimiento, las disputas por la tierra. Estos se presentaban porque aparecieron presuntos propietarios que reclamaban con títulos dudosa procedencia la propiedad de la tierra. La respuesta de los colonos ante estas demandas, fue la organización como Junta de Acción Comunal. Esta expresión organizativa les permitió crear lazos con la Asociación de Usuarios Campesinos, donde adquirieron el conocimiento necesario para garantizar la propiedad de la tierra que habitaban y llevaban trabajando por un periodo de tiempo (Uribe, 2004).

Esta primera expresión colectiva no se redujo sólo a garantizar la obtención de títulos de propiedad, sino que funcionó como una plataforma para ponerse en contacto con las autoridades locales del municipio de Apartadó. Este vínculo tenía el fin de demandar auxilios oficiales para destinarlos a la construcción de la carretera que une el corregimiento con Apartadó, para para levantar la escuela, la caseta comunal y para comprarle al propietario ausentista el lote para hacer el pueblo (Uribe, 1992).

Luego de la consolidación y reconocimiento formal del corregimiento de San José, en la década de 1970 empezaron a llegar propuestas de proyecto productivos por parte de la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao) y la Caja Agraria. Estas entidades otorgaron préstamos garantizados por las fincas y también legalizaron los títulos de las tierras de los colonos. Estas iniciativas finalmente impulsaron la masificación de los cultivos de cacao y este se convirtió en el principal cultivo comercial de la zona. El proyecto en principio generó una bonanza económica en la región, pero posteriormente, por motivos de plagas, los abusos de los intermediarios con la especulación de los precios y los altos costos de intereses que tuvieron que pagar los campesinos, fracasó la iniciativa y vino un periodo de crisis económica para los campesinos del corregimiento (Burnyeat, 2022).

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De nuevo, la respuesta ante esta crisis fue la acción colectiva. En 1985 con el apoyo político de la Unión Patriótica (UP) y con fondos de un proyecto de cooperación holandesa los habitantes del corregimiento crearon la “Cooperativa Balsamar”. Aquella compraba toda la producción de cacao del corregimiento de San José, con la garantía de esa compra la gente empezó a sembrar más. Además, desde la Cooperativa empezaron a crear lazos directos con los clientes, especialmente con la empresa Luker, cortando los intermediarios de Apartadó, lo que garantizaba precios justos para los productores. Por otra parte, con las ganancias empezaron a comprar sus propios camiones, lo que reducía los costos de transporte. Finalmente, Balsamar funcionaba como una tienda donde la gente podía vender los otros productos que producían como frijol, arroz, maíz, plátano y aguacate. En palabras de Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó “Balsamar acabó con la acumulación de los intermediarios antioqueños que colocó un orden político y económico en la región, con un profundo liderazgo, por parte de los campesinos del corregimiento” (Cuartas, 2015, p. 98). Hasta aquí, se puede señalar que los campesinos nunca tuvieron garantizada su permanencia en el territorio ni sus derechos básico a la propiedad, tampoco contaban con los servicios de educación y salud, mucho menos una vía de acceso a su corregimiento. Para poder garantizar estos mínimos y permanecer de forma digna en el territorio tuvieron que buscar una solución por sus propios medios y la respuesta en este caso fue organizarse como Junta de acción comunal. Las expresiones de acción colectiva también fue la opción para enfrentar la crisis económica. Y sería también la única alternativa para resistir en el territorio ante la agudización del conflicto en la década de los noventas.

Si bien desde finales de los años sesenta la región se convirtió en un territorio bélico, con la presencia de varias agrupaciones armadas, entre ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Las áreas de economía campesina, las zonas de colonización y en los pequeños poblados, como San José de Apartadó, la gente no se sentía amenazada por la presencia de estos grupos armados, debido a que no eran objetivo directo de su accionar militar. Con ellos se consolidaron relaciones más fluidas y menos tensas, pues en estas áreas, los grupos armados mantuvieron una influencia muy significativa porque tuvieron injerencia en los procesos de poblamiento y ocupación del territorio, también la distribución de tierras baldías o invadidas, en la definición de derechos de posesión, extensión y límites de las parcelas campesinas (Uribe, 1992).

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Esta tensa calma se mantuvo hasta los primeros años de la década de los noventa, cuando los grupos paramilitares y de autodefensa comenzaron su estrategia de copamiento territorial de las diversas zonas de Urabá. Cabe mencionar aquí que San José de Apartadó representa un territorio importante, ya que cuenta con un lugar estratégico para las dinámicas de la guerra, pues allí se comunica a Urabá con el occidente de Córdoba, igualmente con la serranía de Abibe que permite la salida al Medio y Bajo Atrato, además de contar con el corredor que une a Urabá con el sur de Bolívar y con el occidente y el nordeste Antioqueño por el nudo de Paramillo. Por tanto, quien controla este territorio posee una ventaja militar para el dominio de la región y buena parte del noroccidente colombiano.

Desde comienzos de los noventa, cuando los grupos paramilitares y de autodefensa comenzaron su estrategia de inserción, expansión y consolidación territorial en la región de Urabá, se agregó un frente de batalla adicional que agudizaría más el accionar bélico. Como resultado del combate entre Las FARC-EP, EPL y autodefensas, el número de muertes, desapariciones, atentados y toda clase de vejámenes contra la vida y la dignidad de los habitantes del corregimiento fueron una constante en aquella localidad (Muñoz, 2008).

Cabe aclarar aquí que hubo mayor ensañamiento con todas las expresiones de liderazgo sobre todo con aquellas que eran simpatizantes o integrantes del partido político Unión Patriótica (UP), porque aparte de la estrategia de copamiento territorial los paramilitares adelantaban un proyecto contrainsurgente (Burnyeat, 2022). En este contexto, el pueblo de San José de Apartadó quedó expuesto al proyecto contrainsurgente por su cercanía a la UP. Balsamar en especial, ya que fue el símbolo representativo del proyecto político y por esta razón la Cooperativa quedó señalada. Vamos a detallar varias acciones violentas de los paramilitares a los habitantes de San José todas efectuadas en el año 1996, esto para poder entender el nivel de acorralamiento al que tenían sometidos a sus habitantes y esta situación les dejó dos alternativas salir del corregimiento como desplazados o apelar a las acciones colectivas como siempre lo habían hecho. Dicho esto, el año 1996 fue en el que más se agudizó la violencia, el 28 de febrero fueron asesinados varios habitantes del poblado de San José en un retén paramilitar instalado en la única vía de entrada al corregimiento, lo que propició un primer éxodo de al menos noventa familias. El 16 de agosto de 1996, Bartolomé Cataño -fundador de San José de Apartadó y concejal por la Unión Patriótica- fue asesinado. El 7 de septiembre de 1996, paramilitares y soldados del Ejército masacraron a cuatro líderes comunitarios en el casco urbano de San José, incluyendo al director de

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la Cooperativa Balsamar, Samuel Arias. Finalmente, el 27 de febrero de 1997: Paramilitares masacran a otros cuatro campesinos de nuevo en el casco urbano de San José, entre los cuales se encontraban casi todos los líderes que aún quedaban con vida, provocando el desplazamiento de la mayor parte de los residentes del pueblo (Courtheyn, 2022).

Ante esta situación, varios habitantes tenían la firme convicción de no irse y en esa disyuntiva, como lo indica Giraldo (2007), solicitaron a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) acompañamiento permanente en el corregimiento, aduciendo que si esta aceptara habría un grupo grande de campesinos que resistiría el desplazamiento, caso contrario ocurriría si no se daba esa asistencia. Así crean la Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997 en el casco urbano de San José de Apartadó. En esta declaración se proclamaron como parte de la Comunidad 28 de las 32 veredas del corregimiento y la centralidad urbana bajo los postulados de autodeterminación y autonomía en su territorio y como actor colectivo. Su fundamento jurídico es el artículo 38 de la Constitución Política que habla de la libre asociación, en concordancia con el artículo 93, y con los diferentes convenios internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, suscritos por Colombia (Cuartas 2015).

Desde los primeros meses de existencia de la Comunidad de Paz los paramilitares empezaron a instalar retenes establecidos por militares y paramilitares en la única vía entre Apartadó y San José (CINEP, 2018) En ellos, se despojaron a los pasajeros de los chiveros de sus precarios mercados de alimentos. A partir del año 2000, la estrategia de los cercos de hambre se intensifica. El 19 de febrero del año 2000, fue militarizado el caserío de San José y los militares sacaron de sus locales comerciales a los cuatro proveedores de alimentos de ese pequeño centro urbano y los asesinaron ante numerosos testigos. No quedó ninguna duda de que el objetivo era clausurar todos los puntos entonces existentes de provisión de alimentos y bebidas (CINEP, 2018) En abril de 2002, la estrategia del hambre adquirió nuevas dimensiones. Entre militares y paramilitares, para detener radicalmente el flujo de alimentos entre Apartadó y San José, suspendieron drásticamente los desplazamientos de vehículos y el método más eficaz que encontraron para ello fue asesinar a varios conductores, así los demás conductores se negarían a hacer ese recorrido por miedo. El 9 de abril de 2002 asesinaron al primer conductor de chivero. Tres días después, el 12 de abril, mataron al segundo conductor en el retén militar de Tierra Amarilla. Otros cuatro días después, el 16 de abril, asesinaron al tercer conductor y el 18 de mayo sería ejecutado el cuarto conductor de chivero (CINEP, 2018).

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Las ejecuciones de tenderos y conductores hicieron sentir progresivamente hambre intensa en la Comunidad. No había manera de conseguir alimentos y las provisiones de las fincas cercanas se fueron agotando. La Comunidad de Paz, desesperada por el hambre, ideó dos estrategias. En primer lugar, seleccionaron los cuatro insumos alimentarios más comunes en la dieta de sus integrantes y comenzaron a sembrar intensamente: arroz, maíz, fríjol y caña de azúcar, de modo que no siguieran dependiendo de los insumos de la ciudad para sobrevivir, ya que la muerte había cerrado los canales de comunicación. En segundo lugar, organizaron salidas en masa a Apartadó, todos tomados de la mano y con acompañamientos internacionales, para sacar a vender pequeñas cosas y comprar insumos alimentarios, imposibles de producir in situ, como sal y aceite. Con esas salidas en masa, en las que se protegían mutuamente formando casi una sola masa humana, lograron sobrevivir meses enteros, en una austeridad extrema (CINEP, 2018). La ruptura con el Estado colombiano responde a dos momentos. En principio con la declaración de la Comunidad de Paz que reclamaba su exclusión y no colaboración de ninguna especie en el conflicto armado partió por excluir de su territorio a todos los actores armados, incluida la fuerza pública. Como lo especifica uno de los integrantes de la comunidad en una entrevista otorgada al periódico El Tiempo (2005) dice: “Nosotros lo que queremos es decirles no a los actores armados. No vamos a vivir con un actor armado porque nuestro reglamento impide la imposición de las armas” (párr. 8). Al preguntársele si la policía es un actor armado responde: “Cómo no van a ser armados, no ve que tienen armas y uno para trabajar no necesita estar junto a un armado; uno trabaja mejor si lo dejan quieto y nadie lo molesta” (párr. 8). Una de las figuras jurídicas que los pobladores vislumbraron ante el ingreso de la policía en su territorio fue una solicitud masiva de asilo político con ayuda de las organizaciones internacionales que hacen presencia en su territorio.

Hasta aquí sólo había una ruptura con la fuerza pública. Pero en el año 2005, luego de la masacre perpetuada en la vereda mulatos perpetuado por paramilitares en connivencia con el ejército, deciden romper con el aparato jurídico e interponer todas sus denuncias ante la Corte interamericana de Derechos humanos Ante la inoperancia del sistema judicial colombiano. Estás y otras acciones llevaron a la Comunidad de Paz a cortar todas las relaciones con el Estado Colombiano y actualmente sólo se vinculan con la corte suprema. Este factor también será determinante en la configuración formal de la organización como será señalado más adelante.

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En este estado de cosas, se configura la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como una estructura organizacional de campesinos, enfocada en tomar decisiones independientemente de los grupos armados (Courtheyn, 2022). El objetivo planteado de la organización es entonces crear una estructura legal que promueva la participación ciudadana y la capacitación de los miembros para la vinculación y participación equitativa en todos los ámbitos de la vida social, que le permita lograr su autogestión, desarrollo y proyección social y la consolidación de la paz (Consejo de Paz San José, 2023).

2.2 Como consecuencia del conflicto y la declaración de neutralidad: reglas en uso y arenas de acción

Las particularidades identitarias propias de la comunidad de paz y las nociones de entendimiento compartido por los participantes de la misma. dieron origen a un marco de acuerdos, principios, estatutos, reglamento interno y elementos simbólicos que contribuyen con su sentido de pertenencia como el escudo de la Comunidad de Paz y el himno campesino (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015).

En este sistema se pueden identificar las reglas operativas que tienen injerencia en los resultados e intervienen en las acciones de la vida cotidiana. Las reglas que corresponden a esta índole en la comunidad son las que indican que el trabajo comunitario es obligatorio, no están detalladas, no definen encargados directamente porque la filigrana del trabajo operativo es determinada por el día a día y las determinantes externas.

También en su reglamento se pueden rastrear la existencia de reglas de elección colectiva que influyen en las actividades operativas y reglas de elección constitucional que indican quienes pueden ser electos como participantes y los procedimientos que habrán de usarse en su elaboración del conjunto de reglas. En el reglamento, los integrantes de la comunidad de paz delimitan el Consejo Interno (CI) y la Asamblea general como los escenarios idóneos para estos dos tipos de intervenciones.

Además, han desarrollado estrategias para la gestión de su desarrollo local, la permanencia en el territorio, la relación con distintos actores, la visibilización de su experiencia y la vida en comunidad; todos desde los postulados de la resistencia civil y las apuestas por la construcción de

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paz, que además han contribuido al afianzamiento de los lazos identitarios de sus integrantes (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015).

En la tabla 4. Se encuentra condensado el reglamento interno de la comunidad de paz contrastado y analizado con los ocho tipos de reglas que propone Ostrom (2011) para el análisis de las reglas en uso.

Tabla 4.

Reglas para el diseño de instituciones informales en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Delimitación clara de los límites Artículo 1. La persona mayor de 12 años que esté interesada en pertenecer a la comunidad de San José de Apartadó debe firmar su aceptación y declaración de compromiso al reglamento de la comunidad por medio de un documento firmado. Artículo 11. No se suministrarán ni venderán artículos de ningún género a los actores armados.

Artículo 6. La Comunidad de Paz acogerá transitoriamente a desplazados, siempre y cuando la comunidad desplazada:

Asuma el proceso de admisión a la Comunidad de Paz.

b. Asuma el reglamento de la Comunidad de Paz. Si no lo cumpliera, la

Comunidad de Paz no se responsabilizará de acoger a dicha comunidad. c.

Esta comunidad desplazada podrá hacer parte de la Comunidad, si lo decide libremente.

Artículo 3. No recibir reparación como víctimas del Estado. Artículo 13. No sembrar ninguna clase de cultivo ilícito. Artículo 14. No a la minería en las inmediaciones de la Comunidad de Paz. Coherencia entre las condiciones locales y las reglas de apropiación y de colaboración (provisión) Artículo 2. Parágrafo 1. Se requiere entrar primero en una etapa de formación por espacio de un mes, en la que se tendrán 4 talleres coordinados y organizados por el equipo de formación. Si después de este mes de prórroga la persona no acepta, no tendría los beneficios de la Comunidad de Paz y no será parte del proceso. Artículo 2. Parágrafo 5. Si algún miembro de la Comunidad de Paz desea abandonar el proceso, lo podrá hacer libremente, luego de notificar al Consejo Interno de su decisión y dejando los signos que se le hubieran entregado. Artículo 7. Se buscarán los medios y los recursos para hacer efectivo el artículo 6 de la declaratoria de la Comunidad de Paz.

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Acuerdos sobre las decisiones colectivas Artículo 2. Las personas empezarán a ser parte de la Comunidad de Paz cuando el Consejo Interno (CI) les haga entrega de las credenciales Conformación de la Asamblea General como máximo órgano de decisión, en el que participarán todos los miembros de la comunidad.

Artículo 8. El Consejo Interno de la Comunidad de Paz, estará compuesto por 8 miembros de la comunidad; Si el Consejo Interno lo desea, contará con la asesoría de un delegado de la Diócesis de Apartadó y un delegado de una ONG. a.

El Consejo Interno se someterá a consulta de la Comunidad de Paz cada seis meses, pero mínimo continuarán dos personas que permitan con ello dar continuidad a los programas que se vienen desarrollando.

b. El Consejo Interno se reunirá cada sábado; para tomar decisiones, podrá

reunirse en cualquier momento siempre y cuando esté la mayoría absoluta, es decir cuatro más uno.

Control Artículo 2. Parágrafo 3. El Consejo hará visitas a cada familia de forma periódica. Artículo 4. El paso transitorio o acceso de cualquier persona que no sea de la Comunidad de Paz, deberá ser dialogado con el Consejo Interno de la Comunidad de Paz.

Artículo 5. Los trabajos comunitarios, para la subsistencia de la Comunidad de Paz, serán de carácter obligatorio para los miembros de la Comunidad de Paz. Dichos trabajos serán programados y supervisados por el Consejo, alguna comisión nombrada desde el Consejo u otro miembro de la Comunidad de Paz nombrado en pleno por la comunidad.

Artículo 9. De acuerdo al parágrafo 1, del artículo 7 de la declaratoria el Consejo Interno deberá:

a. Informar a las instancias que sean necesarias del proceso de la Comunidad de

Paz o cualquier otra comunicación que merezca tal carácter, en especial a la comunidad internacional.

b. Impulsar, asumir y observar los programas comunitarios de la Comunidad de

Paz.

c. Vigilar y administrar cualquier recurso que llegue a la Comunidad de Paz.

d. Regular, representar y exigir los derechos de la Comunidad de Paz ante las

autoridades competentes o ante algún actor armado.

e. Llamar al miembro de la Comunidad de Paz que cometa alguna irregularidad o

atentado contra el proceso; este llamado lo hará con el fin de dar solución al

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problema que se genere. Si la falta se comete por segunda vez, volverá a llamarle y si se repitiera por tercera vez será excluido de la Comunidad de Paz.

f. Controlar el consumo de alcohol que está prohibido en la Comunidad de Paz.

Ante esta falta se llamará tanto al consumidor como al vendedor, aplicándose el numeral desde este artículo.

g. Vigilar el respeto a la declaratoria de la Comunidad de Paz por parte de los

actores armados; en caso de violación a ésta, se hará denuncia pública a nivel nacional e internacional.

Parágrafo 1. Si algún miembro del Consejo Interno incurriera contra la declaratoria o contra el reglamento, recibirá la sanción correspondiente estipulada en el reglamento y además quedará inmediatamente fuera del Consejo. Sanciones proporcionadas Artículo 2. Parágrafo 4. El Consejo hará control interno de los signos de la Comunidad de Paz y de la reglamentación. Por tanto, la pérdida o deterioro de alguno de estos signos o de incumplimientos al reglamento se notificarán al Consejo Interno, encargado de establecer la sanción correspondiente, según la gravedad del caso.

Mecanismos para la resolución de los conflictos Artículo 10. Si alguno de los actores armados atenta contra los derechos o integridad de un miembro de la Comunidad de Paz, toda la Comunidad de Paz irá a reclamar y responderá por dicho miembro.

Artículo 12. La Comunidad de Paz estará atenta para vigilar y observar cualquier atentado contra su proceso tanto en el casco urbano del corregimiento de San José como en las veredas a la que se retorne.

Reconocimiento mínimo del derecho a autoorganizarse Artículo 2. Parágrafo 2. Los miembros de la Comunidad de Paz residirán en el corregimiento de San José y en las veredas que se acojan al proceso. El reglamento será evaluado por toda la Comunidad de Paz cada seis meses; y al frente de dicha evaluación estará el Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Actividades anidadas La Comunidad de Paz participa hace parte de otras organizaciones, como lo es la universidad Campesina y redes nacionales para la protección de los derechos humanos Nota. Fuente: elaboración propia a partir de (Ostrom, 2011)

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Estas reglas en uso concretan las condiciones para construir la vida en común, en ellas podemos ver cómo eligen sus propias autoridades se representan a sí misma en el contexto nacional e internacional. Suponen una regulación básica para garantizar el orden, las condiciones básicas para pertenecer a la comunidad, los mecanismos de participación entre otras. Esta forma de autodeterminación social es la que da sentido a las acciones y estrategias de los pobladores para enfrentar sus factores exógenos y asegurar la continuidad de la misma. La Comunidad no solo se autodetermina, sino que ejerce “resistencia civil” no violenta frente al conflicto, ella misma establece redes con organizaciones no gubernamentales y entes internacionales para la defensa de sus normas, los derechos humanos y el respeto de las normas del derecho internacional humanitario.

Lo que respecta a las arenas de acción, es importante señalar que estas son exclusivamente comunitarias y no están cruzadas por otras instituciones por la decisión de la Comunidad de Paz de cortar todo tipo de relación con el Estado colombiano. El principal órgano de toma de decisiones es la Asamblea general, esta es una reunión en pleno con todos los miembros de la comunidad, en esta arena los integrantes deciden los elementos a modificar en el reglamento interno, los eventos a realizar en las fiestas que se celebran anualmente en la comunidad, entre otras. Luego está el Consejo Interno (CI) que está integrado por ocho personas de la comunidad y cada una tiene responsabilidades diferenciadas y la conformación se da por elección mediante un proceso de votaciones cada tres años (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015). Está configurado por siete delegados de la Comunidad de Paz y un Fiscal. El CI se encuentra cada domingo en San Josecito, el asentamiento central, para analizar la situación, comunicar las necesidades y las salidas que se visualizan para la semana siguiente a los organismos de acompañamiento internacional que trabajan para garantizar la vida y los derechos de los líderes comunitarios desde el origen de la Comunidad de Paz. Este órgano político, además, debe cumplir con funciones administrativas y disciplinarias, es el punto de contacto con el exterior (con las ONG, con el Gobierno, con la red de apoyo) y responsable de la coordinación de asuntos internos y la programación de asambleas.

Lo anterior concierne si se quiere, a un orden central, porque, a nivel veredal, cada asentamiento adherido a la Comunidad de Paz celebra reuniones semanales de seguimiento, de allí salen los insumos que luego serán discutidos en el CI. En estos mismos consejos veredales se trabaja la ‘concientización’ que es un proceso constante para reafirmar colectivamente el

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significado de la Comunidad. En estos se dictan talleres periódicamente a todos los miembros, antiguos y nuevos, sobre el reglamento y los principios. Esos talleres tienen la intención de provocar debates y asegurar que la gente entienda e internalice el reglamento, y ver si se necesita actualizar o cambiar algo. La concientización, es un proceso constante de reafirmar colectivamente el significado de la Comunidad. Luego en orden jerárquico están los comités de trabajo, educación, carpintería, salud y deportes.

Actualmente existen 22 grupos de trabajo (Consejo de Paz San José, 2023) Cada equipo tiene su coordinador, además como lo indica el reglamento interno, cada miembro de la Comunidad debe hacer parte de un grupo de trabajo. En el campo de acción son los coordinadores de trabajo los que gestionan las decisiones acerca de los proyectos comunales (Consejo de Paz San José,

2023)

En este punto es importante indicar que los grupos de trabajo han sido interpretados como el motor fundamental de la estrategia económica, un mecanismo práctico para la reflexión y la toma de decisiones de interés colectivo. Esta dinámica ha permitido poner en práctica el principio de solidaridad y de unión (Courtheyn, 2022) Los miembros de la comunidad participan en un día semanal de trabajo para construir casas, reparar caminos y cosechar cultivos comunales (Courtheyn, 2022). Hay unos cuarenta grupos de trabajo, pero sólo un tercio de ellos tienen que ver con el cacao, otros cultivan yuca, maíz o frijoles, entre otros (Aparicio, 2015).

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3 Resultados de los acuerdos comunitarios en la consolidación de la soberanía alimentaria

Los resultados presentados en este apartado son la interacción entre los factores exógenos, los atributos de la comunidad, las reglas en uso y las arenas de acción. Todo esto en lo que concierne al proyecto agroecológico y autosustentable que busca consolidar la soberanía alimentaria. En principio es importante retomar lo mencionado en el apartado de atributos de la comunidad, los campesinos del corregimiento de San José de Apartadó se organizan como Comunidad de Paz para poder garantizar su permanencia en el territorio, todo esto, en medio de la peor crisis humanitaria presentada en la región como consecuencia de la confrontación violenta entre grupos armados. Además, es pertinente mencionar que el objetivo que está consignado en el acta de creación de la organización es:

Crear una estructura legal que promueva la participación ciudadana y la capacitación de los miembros para la vinculación y participación equitativa en todos los ámbitos de la vida social, que le permita lograr su autogestión, desarrollo y proyección social y la consolidación de la paz. (Consejo de Paz San José, 2023)

Retomando a Ostrom (2011), La razón por la cual resulta atractivo para los individuos organizarse entorno a instituciones comunitarias obedece a que se obtienen la mayor parte de sus ingresos económicos en virtud de la organización, por tal razón cuentan con mayores incentivos para intentar resolver los problemas y aumentar la productividad. El hecho vital clave para los integrantes de una organización comunitaria es que se encuentran atados en un entramado de interdependencia.

En la Comunidad de Paz esto se puede evidenciar en el hecho de que pudieron asegurar su permanencia en el territorio, que sin la organización no hubiera sido posible. Más por los bloqueos a las vías que se intensificaron entre los años 1997 y 2004 y que sólo fue posible intervenir este problema porque empezaron hacer uso de los cultivos de forma colectiva, haciendo intercambio de productos entre ellos que les permitiera tener los suficientes alimentos para sobrevivir. Es decir, uno de los principales beneficios que obtuvieron los integrantes de la Comunidad de Paz fue garantizar su supervivencia y el acceso a los alimentos a través del proyecto agroecológico.

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Esta situación derivó en lo que se puede identificar como un segundo beneficio. Esta forma de enfrentar los repertorios de acción violentos empezó a producir un cambio en la economía de los integrantes de la Comunidad de Paz, esta pasó de la tradicional economía campesina, que tiene como pilar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como las descrita en el estudio clásico de (Gudeman & Rivera, 1990), a una unidad colectivizada. En principio, cuando decidieron quedarse en el territorio y conformar la Comunidad de Paz, todos se congregaron en San Josecito por cuestiones de seguridad. Allí ocuparon las casas que estaban vacías y se propusieron construir huertas y sembrar hortalizas.

En este momento también comprendieron que el trabajo en unidades familiares era peligroso, entonces se empezaron a organizar en grupos grandes de trabajo de entre cincuenta a cien personas para trabajar los cultivos de los alrededores, sin importar en principio de quién fueran. El trabajo comunitario y la propiedad colectiva impactó su economía pues los ingresos económicos ya no eran sólo fruto del trabajo familiar, sino que también cuentan con los ingresos del trabajo colectivo.

El tercer beneficio de los integrantes de la Comunidad de Paz, es que con las cacaoteras comunitarias lograron organizar la producción de forma tal que actualmente exportan a su principal socio comercial en el Reino Unido, Lush Cosmetic, más de 50 toneladas de cacao al año, que no hubiera sido posible si actuaran de forma individual.

El cuarto beneficio es que con el dinero recaudado en forma de fondo comunitario pueden adquirir bienes comunales como herramientas, tierras y animales que sirven para cualificar y generar mayores resultados en términos productivos. Es importante aclarar que la destinación de estos fondos se define de forma democrática en la Asamblea General.

3.1 Soberanía alimentaria y trabajo comunitario como pilares para la construcción de la paz social

En este punto se puede decir que las instituciones comunitarias confluyen con la propuesta de soberanía alimentaria en la Comunidad de Paz porque todo el aparato organizativo tiene como fin último garantizar la permanencia de los campesinos en su territorio, no exclusivamente maximizando sus beneficios sino garantizar una vivencia en paz, como lo indican en sus objetivos.

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La comunidad de Paz de San José de Apartadó tiene como horizonte consolidar la paz en su territorio. Ellos no apelan a nociones vagas como “ausencia de guerra” o “tranquilidad”, ellos definen la paz como un proyecto de vida, en el que activamente se rehúsan a participar en la guerra y construyen comunidad Couthney (2018).

Los integrantes de la Comunidad consolidan esta paz o como ellos lo nombran “proyecto de vida”, a través de prácticas cotidianas como la siembra de alimentos y cultivos comerciales en grupo y en tierra común. También la construyen trabajando para obtener autonomía y soberanía alimentaria por medio de centros agrícolas y granjas autosuficientes, haciendo homenaje a los campesinos asesinados con peregrinaciones de conmemoración. Construyendo mecanismos de DDHH para defenderse a sí mismo y a sus vecinos y participando en redes de solidaridad por los derechos humanos y de campesinos indígenas. En últimas, como lo menciona uno de sus integrantes en el documental Chocolate por la paz, “es tener el poder de no ser parte de la guerra, de no colaborar con ningún grupo armado. Poder decidir no ser parte”. Finalmente es importante decir que la Comunidad de Paz es un ejemplo concreto de cómo la implementación de la soberanía alimentaria, mediante la democratización de la toma de decisiones sobre la producción de comida y la incorporación de técnicas de cultivo que se basan en los ciclos naturales, puede llevar a una transformación de las subjetividades económicas que impulsen la producción guiada por el valor de uso de los alimentos y la consolidación de su propia noción de paz.

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4 El Proyecto agroecológico como instrumento de organización y soberanía alimentaria:

de la resistencia al conflicto a propuesta de paz integral

La emergencia de un proyecto agroecológico y autosustentable en la Comunidad de Paz nace en el momento en que los paramilitares empezaron a implementar los bloqueos económicos al corregimiento de San José. A partir de ese momento empezaron los habitantes del corregimiento a idear estrategias para hacerles frente. Los mismos miembros de la comunidad indican que pudieron resistir y defender su permanencia en el territorio, porque resolvieron su primer desafío, combatir el hambre, construyendo el proyecto de soberanía alimentaria y solidaria (Cuartas, 2015). Es así como tiene lugar el derecho humano básico a la alimentación. En principio la estrategia para intervenir el problema consistió en identificar cuáles eran los productos básicos de su canasta familiar y proceder a cultivarlos para no depender de los mercados externos al corregimiento. Para empezar los cultivos comunitarios recabaron fondos obtenidos por cooperación internacional, con ello adquirieron las primeras máquinas trilladoras de arroz, también un trapiche para moler la caña. Además, decidieron desarrollar y tener reservas de cultivos de arroz, maíz, plátano, yuca y fríjol para todo el año (Cuartas, 2015). Y así comenzaron a sembrar todo lo concerniente al “pan coger”.

Como lo indica la Vía Campesina (2019), garantizar el derecho humano a la alimentación implica reorganizar el comercio de alimentos para priorizar la producción para el consumo interno. El proyecto económico de la Comunidad está cimentado en los grupos de trabajo, los que se dedican a la producción agrícola trabajan en dos líneas, la producción de cacao de exportación y los grupos que producen alimentos básicos para el sustento alimentario a nivel comunitario El enfoque de desarrollo local desde el cuál se orienta todo el proyecto económico, parte de la estrategia de trabajo comunitario y toma forma a través de una propuesta de economía alternativa y contrahegemónica, con producción y aprovechamiento colectivo de la tierra:

Todo lo que se logra cultivar o vender es para el beneficio de todos y no sólo para aquellos que trabajan la tierra, pues como todos participamos en las tareas que tenemos asignadas en la Comunidad de Paz, todos tenemos derecho a esos productos. (Courtheyn, 2022, p. 35)

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Han diseñado una producción planificada, que es implementada por los comités de trabajo, los cuales “tienen un coordinador nombrado por la comunidad, y que en conjunto deciden dónde y cuáles productos van a cosechar, y de qué manera van a repartirse las tareas, de las cuales cada uno debe dar cuenta al colectivo comunitario” (Courtheyn, 2022. p. 35). Además, busca cubrir todos los eslabones de cadena productiva hasta la llegada al usuario final, esto para garantizar un comercio justo con buenos precios.

Es por esto que, con su principal comprador internacional, al que le exportan más de 50 toneladas de cacao por año, Lush Cosmetic, ha tratado de construir unas prácticas de comercio que no calcan las fórmulas tradicionales. Este acuerdo consiste en tener relación directa con los clientes, para cortar la larga lista de intermediarios y así poder garantizar un mejor precio. El proceso empieza en la Cooperativa de la Comunidad de Paz, esta se encarga de recoger todo el cacao de la región, el cultivado por sus socios y también le compran la producción a otros campesinos del corregimiento que no hacen parte de la organización. Allí lo almacenan y lo procesan en la bodega de su propiedad (Burnyeat, 2015). En las transacciones tradicionales es el productor quien contrata el transporte, pero en esta relación comercial no, pues las condiciones de orden público lo imposibilitan, como pasó con varias interceptaciones de los camiones por parte de los paramilitares, que resultaron en robos de mercancía y dinero. Por esta razón, Lush contrató directamente a una empresa para que recogiera el cacao en camiones y a otra para que se encargara de transportar el cacao en barco hasta Europa (Burnyeat, 2015).

Además de esto, Lush apoya a la Comunidad en el proceso y los pagos para la certificación orgánica y de comercio justo, procedimiento que para muchos grupos campesinos es difícil y costoso. Han invertido en el mejoramiento del proceso de producción, financiando, por ejemplo, la construcción de secadoras y la máquina para medir la humedad del cacao. También han invertido en el proyecto de la Comunidad de defensa de los derechos humanos (Burnyeat, 2015). Como dejaría indicado uno de los miembros de la comunidad en el documental Chocopaz:

No es solamente la comercialización del producto, con los compradores de nuestros productos también pretendemos mandar un mensaje de qué es la Comunidad de Paz, en un sentido político. Para nosotros estos dos temas están unidos. Quien recibe nuestros productos también nos está haciendo un aporte político. Nos gustaría tener una red de consumidores con una conciencia política. Que dirían, vamos a consumir los productos

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porque vamos a apoyar a la Comunidad de Paz. El sueño es haya consumidores políticos. (Chocolate de la Paz, 2016)

Hasta aquí podemos ver cómo se ha consolidado el derecho a la alimentación en el corregimiento, por medio de cultivos colectivos que solventan los alimentos básicos de la canasta familiar. Además, en este orden de ideas priorizan el cultivo de productos para el consumo interno y cuentan con otro frente de acción que son las cacaoteras, de donde salen los ingresos para mantener el proyecto comunitario de la organización.

4.1. Reforma agraria y protección de los recursos naturales como factores determinantes

para garantizar el derecho a la alimentación

La reforma agraria es definida por la Vía Campesina (2019) como un determinante fundamental para consolidad la soberanía alimentaria y garantizar el derecho humano a la alimentación. Este consiste en proporcionar a las personas sin tierra y a los productores, la propiedad y el control sobre la tierra que trabajan.

Para garantizar el acceso a tierras, la Comunidad de Paz ha determinado tres tipologías distintas de uso de la tierra. En principio están las tierras que son de uso individual, estas particularmente ya contaban con títulos por parte de sus propietarios, antes de la conformación de la Comunidad de Paz. Por otra parte, las tierras de uso y provecho de grupo, que pueden ser administradas entre dos y cuatro personas o incluso jóvenes con iniciativas propias, que se asocian para cultivar y cuidar un terreno normalmente dedicado al “revuelto”, es decir, a la producción para la alimentación propia. Y, finalmente están aquellas tierras que son de uso comunitario y que se trabajan colectivamente, de las cuales se generan recursos que están dirigidos a la manutención de todos. En palabras de uno de los jóvenes de la comunidad entienden esta división de la propiedad de la siguiente manera, “allí tenemos un grupo de trabajo con el que producimos alimento básicamente, para el sustento nuestro, y a nivel comunitario producimos cacao, producimos arroz, maíz, para el bien común” (Chocolate de Paz, 2001).

Por medio del fondo comunitario la Comunidad de Paz ha consolidado un banco de tierras para garantizar la obtención del objetivo de solventar el problema del hambre. El propósito de este banco es, como lo indica Jesús Emilio, miembro de la Comunidad, “Las tierras que nosotros

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adquirimos es para que la gente que no tenga tierras pueda trabajar siempre y cuando se acojan a las normas de la Comunidad de Paz, simplemente se integra a la Comunidad, no tiene que pagar nada, tiene dónde cultivar sus alimentos y dónde construir su casita, le ayudamos a construir su casita y a sembrar sus cultivos”. Gracias a este proceso de compras comunitarias, cuentan actualmente con mil hectáreas tituladas a nombre de la organización de la Comunidad Paz. Estas son “tierras colectivas, comunitarias”. Allí, “gente que nunca tuvo tierra tiene la posibilidad de trabajar. Esa tierra que es de la Comunidad, el día que alguien se va de la Comunidad, deja de trabajar esa tierra” (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015). Nuestro interés en esta investigación son los cultivos comunitarios, pues en ellos se enfoca principalmente la estrategia de soberanía alimentaria. En estas tierras comunitarias se implementa la agroecología, el enfoque de esto en la comunidad está cimentado en la idea de mezclar los cultivos, Jesús Emilio, miembro de la comunidad hace énfasis en que el cacao es “un cultivo reforestador. El cacao es policultivo o biocultivo. Le gusta la variedad de cultivos en la misma cacaotera, es por esto que donde sembramos cacao, siempre hay otros cultivos” (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2015).

Además, en estas tierras comunitaria tiene el proyecto del centro agrícola, en el que se ha adelantado un trabajo muy importante que es la conservación de la fauna y la flora silvestre. En este centro se siembran plantas, árboles frutales que han contribuido a que vuelvan especies de pájaros nativas. Dentro de este espacio se han venido dictando talleres para capacitar a las personas sobre el cuidado de la fauna silvestre (Cuartas, 2015).

Estos Centros están construidos en caseríos como San Josecito y La Unión (veredas del corregimiento de San José), allí también se han implementado estanques para la cría de peces y un vivero contiguo donde una valla prohíbe explícitamente la explotación minera. En 2010 sembraron caña de azúcar y anexaron el primer trapiche para caña de la Comunidad de paz. Este centro tiene niveles productivos muy altos, actualmente ya se cosecha lulo, penca sábila y trigo amazónico. Además, ha sido un escenario para recolectar y conservar semillas nativas en este momento cuentan con 19 clases de semilla de plátano y banano, diferentes variedades de yuca, cacao y café (Courtheyn, 2022).

En síntesis, se puede indicar que la soberanía alimentaria de la comunidad de Paz de San José de Apartadó es una propuesta que se consolida en virtud del trabajo comunitario y su concepción de desarrollo económico propio, que ha bebido de la historio de cooperativismo que ha

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estado presente en territorio. Y finalmente podemos ver que tienen una noción transversal a todas sus prácticas productivas que van encaminadas a la conservación del medio ambiente.

4.2 La soberanía alimentaria más allá de garantizar los alimentos construyendo un tejido

social para conservar los saberes ancestrales. Universidad campesina

Como parte de la capacidad de anidar actividades y de anidarse en otras instituciones (Ostrom, 2011), los procesos formativos y de intercambio de experiencias con otras organizaciones campesinas e indígenas son un eje central para la Comunidad de Paz. Entre los espacios en los que participan se destaca la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia (RECORRE), debido a que esta organización se creó con el fin de generar lazos de solidaridad entre ellas y denunciar violaciones a los derechos humanos en conjunto, hacen encuentros periódicamente y comparten un portal de noticias sobre los acontecimientos que se dan en cada uno de los territorios (Prensa Rural,

2005).

Por otra parte, la Universidad campesina de la resistencia nace como producto de una de las reuniones de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia llevada a cabo en 2004. Luego de la presentación de cada una de las comunidades que estaban presentes en el encuentro, identificaron la necesidad de que los encuentros versaran más allá de la defensa de los derechos humanos, y que estos encuentros podrían producir conocimiento tangible y productos útiles para atender las necesidades de las personas y generar condiciones de bienestar (Prensa Rural, 2006). Es por esta razón que nace la urgencia de llevar a cabo esta iniciativa en que las comunidades puedan tener un lugar de formación teórico y práctico, en el que se puedan crear un compartir de saberes que se nutren de la experticia de cada una de las comunidades presentes. Esta concepción de una propuesta educativa alternativa no se centra en emitir rótulos que certifiquen competencias en el conocimiento de un área del saber ni títulos académicos, sino que su enfoque está puesto en producir conocimiento desde el saber situado o saber que aporta la experiencia. Habitar esta Universidad implica entonces desarrollar una nueva concepción de la realidad, cimentada en un mundo alternativo que busca generar relaciones sociales, esto implica construir relaciones y organizaciones basadas en la solidaridad (Prensa Rural, 2006). Es por esto que en la práctica la Universidad crea relaciones sociales horizontales, esto es que en vez de profesores hay facilitadores y cada organización en su conjunto asume el liderazgo

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en cada reunión, con el tema específico que quieren tratar. Las mismas comunidades son las que desde sus luchas forman su estructura y construyan redes de solidaridad internacional y nacional de personas, organizaciones y comunidades comprometidas en lo alternativo y su seriedad con la ciencia de un mundo digno serán las que fortalezcan los lazos fraternos para compartir y crear un diálogo de estos saberes en pro de la resistencia (Prensa Rural, 2006). Aborda una variedad de temas cruciales para la resistencia campesina, la agricultura, la soberanía alimentaria, asuntos jurídicos y derechos humanos, plantas curativas medicinales, educación, así como medios de comunicación comunitarios. Las líneas de trabajo investigativo y creativo, fueron definidas de la siguiente manera, el tema agroalimentario, desde allí se busca rescatar las propuestas de acción que les han permitido generar una estabilidad económica y alternativas de producción que les posibiliten garantizar el acceso a los alimentos (Prensa Rural,

2006).

Por otra parte, lo jurídico-filosófico alternativo. implica una apuesta de las comunidades en resistencia, que es la ruptura con el sistema de justicia tradicional y emprenden una búsqueda de una justicia alternativa que apela al sentido de humanidad solidaria, esto implica la necesidad de crear un marco y un accionar alternativo jurídico (Prensa Rural, 2006). También contemplan el tema de la salud, debido a que es un factor muy deficiente en las comunidades debido, como lo nombran ellos mismos al abandono del Estado y este aspecto afecta notablemente la acción de resistencia, por ello indican que es necesario incorporar los saberes de las comunidades en la medicina natural, recogiendo saberes ancestrales. Y por último el tema de la comunicación, otro aspecto esencial ya que buscan revertir las narrativas que han construido los medios de comunicación tradicionales sobre las comunidades. Entonces se proponen crear y generar desde las comunidades una comunicación alternativa, que informe de primera mano los valores éticos de lo alternativo desde la perspectiva de la víctima (Prensa Rural, 2006). Para la Comunidad de Paz, la Universidad campesina ha sido significativa, porque les ha ayudado a consolidar la propuesta de la soberanía alimentaria. Precisamente de estos encuentros nace la propuesta de crear centros agrícolas. Estos funcionan como un laboratorio de aprendizaje donde se imparten talleres dirigidos a niños, jóvenes y mujeres e incluso personas de los otros asentamientos que hacen parte a la Comunidad de Paz, como los asociados de Córdoba. Entre la variedad de temas que tratan está todo lo concerniente a los cultivos de café, plátano, conservación

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y reconocimiento de semillas tradicionales. Además, capacitan a las personas en la cría de animales como patos, gallinas, ganadería a pequeña escala, etc. (Prensa Rural, 2006).

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5 Conclusiones

Para concluir, la Comunidad de Paz ha configurado instituciones comunitarias que han servido para solucionar diversos problemas en su comunidad, especialmente el problema del hambre a través de su proyecto agroecológico comunitario.

Es importante apuntar que la consolidación de esta comunidad en particular se da por la confluencia de tres factores que han sido determinantes en su tipo de organización en específico, el conflicto armado que se agudizó a finales de los noventas en la región, la ruptura con el Estado en razón de su comprobada connivencia con grupos paramilitares y finalmente por la historia de entendimiento común que fueron desarrollando sus habitantes en torno a la gestión de los problemas comunes por medio de la acción colectiva.

Estos tres factores dieron lugar a la construcción de unas reglas en uso (acuerdos comunitarios) condensadas en el reglamento interno. Este reglamento delimita y estipulan restricciones como la no interacción de ninguna índole con ningún grupo armado, no relacionamiento con el Estado colombiano, regulación sobre el acceso y uso de la tierra (comunitaria), el no a la minería en territorio de su propiedad y no sembrar ningún tipo de cultivo ilícito.

Estos arreglos comunitarios también dieron lugar a unas arenas de acción (órganos colectivos de toma de decisión), en los que se discute la pertinencia del reglamento que se da en la instancia de la Asamblea General, también el Consejo Interno quien se encarga de la resolución de conflictos, controla y proporciona sanciones a quienes infringen el cumplimiento del reglamento. Esto ha derivado en la construcción de una democracia campesina en ruptura con los poderes locales y nacionales.

En lo que respecta a la consolidación de la Soberanía Alimentaria, es evidente que la organización comunitaria ha sido fundamental, porque ha proporcionado un marco de acción para la creación del proyecto agroecológico. Primero por la consolidación del trabajo comunitario como eje transversal de la organización, también por la decisión de adquirir tierras comunitarias de las que tanto los frutos como los excedentes de la misma son repartidos en comunidad, por la transversalización de lo comunitario que ha posibilitado el acceso a sus habitantes de bienes y servicios que garantizan su permanencia en el territorio en paz.

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Finalmente, la política pública SAN, tiene como principal enfoque generar disponibilidad de alimentos. Esta disponibilidad no se contempla desarrollar capacidades para los pequeños y medianos productores. Mientras que la consolidación de la soberanía alimentaria a través del proyecto agroecológico de la Comunidad de Paz, tiene como enfoque generar capacidades para sus miembros, entre las que se contempla generar acceso a activos productivos (tierras, maquinaria, capacitación, etc.), cualificar el papel de los campesinos en el diseño de la cadena agroalimentaria, entre otras. Es por esta razón que el proyecto es pertinente y necesario para la garantía de la calidad de vida de sus habitantes.

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