Tejiendo redes. Un informe de la práctica profesional en el instituto colombiano de bienestar familiar centro zonal aburra sur, defensoría de medio familiar

Isabella Zapata Álvarez

Informe de práctica presentado para optar al título de Trabajador Social

Asesora​ Adriana Londono Martínez, Magíster (MSc) en Derecho de familia

​ Universidad de Antioquia​ Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Trabajo Social Medellín, Antioquia, Colombia

2025 ​

Cita (Zapata, Álvarez. 2025) Referencia

Estilo APA 7 (2020) Zapata Álvarez, I. (2025). Tejiendo redes. Un informe de la práctica profesional en el instituto colombiano de bienestar familiar centro zonal aburra sur, defensoría de medio familiar. [Informe de práctica]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

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Dedicatoria

A mi familia, por su amor incondicional, su apoyo constante y por ser la fuente de fortaleza que me impulsa a seguir cada día.

A mis padres, por enseñarme el valor del esfuerzo, la empatía y la sensibilidad hacia los demás. Dedico también este trabajo a todas las familias y a los niños, niñas y adolescentes que conocí durante mi práctica profesional, porque sus historias me recordaron el sentido humano y transformador del Trabajo Social.

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Agradecimientos

A Dios, por acompañarme con sabiduría, fuerza y esperanza a lo largo de este camino. A la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, por ofrecer una formación sólida basada en el compromiso ético y social.

A mi docente tutora Adriana Londoño Martínez, por su orientación, acompañamiento y confianza durante todo el proceso formativo.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en especial a la Defensoría de Medio Familiar del Centro Zonal Aburrá Sur, por abrirme sus puertas y brindarme la oportunidad de aprender desde la práctica profesional.

Agradezco también al defensor Mauricio Herrera, la defensora Ana Catalina Escobar y al equipo interdisciplinario por su disposición, sus enseñanzas y su apoyo constante. Finalmente, a cada familia que tuve la oportunidad de acompañar, porque con su resiliencia, sus retos y sus aprendizajes reafirmé mi vocación de servicio y mi compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

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Tabla de contenido Resumen​

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Abstract​

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1.Antecedentes​

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2.Contextualizacion​

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2.1 Historia y normativa del ICBF​

13

2.2 Misión y Visión.​

15

2.3. Estructura Organizacional.​

17

2.4 Servicios y Programas.​

19

2.4.1 Primera Infancia​

19

2.4.2 Infancia​

21

2.4.3 Adolescencia y Juventud​

22

2.4.4 Nutrición​

24

2.4.5 Familias y Comunidades​

24

2.4.6 Sistema Nacional de Bienestar Familiar​

25

2.5 Recursos y Financiación.​

25

2.6​ Impacto y Resultados.​

26

2.6.1 Logros significativos​

26

2.6.2 Impacto​

27

2.7 Focalización Centro Zonal Aburra Sur.​

27

2.8 Papel del Trabajo social en el Centro Zonal.​

28

3. Diagnostico​

31

3.1. Componentes de la intervención.​

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3.2 Definición de diagnóstico.​

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3.3 Objetivos​

33

3.3.1 Objetivo General​

33

3.3.2 Objetivos Específicos​

33

3.4 Estrategias implementadas.​

34

3.5 Técnicas.​

34

3.5.1 Revisión documental de los lineamientos y normativas del ICBF.​

34

3.5.2 Entrevistas semiestructuradas con trabajadores sociales, psicólogos y familias de NNA con PARD abierto en la defensoría de medio familiar del ICBF.​

36

3.5.3 Caracterización de familias atendidas en el periodo de junio de 2024 a mayo del 2025.​

38

3.5.4 Observación participante en procesos de intervención.​

39

3.6 Identificación de problemáticas.​

40

3.6.1 Negligencia parental por parte de uno o ambos progenitores.​

40

3.6.2 Consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación y en la crianza.​

40

3.6.3 Problemas de salud mental no atendidos​

40

3.6.4 Población migrante venezolana con dificultades de corresponsabilidad familiar​

40

3.6.5 Dificultades en el acceso a servicios básicos como salud, identificación y educación.​41 4.Objeto de intervención​

42

4.1 Fundamentación Teórica​

42

4.2 Teórico-conceptual​

43

4.3 Normatividad relevante​

46

5.Propuesta de intervención​

49

5.1 Justificación​

49

5.2 Objetivos​

50

5.2.1 Objetivo general​

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5.2.2 Objetivos específicos​

50

5.3 Sujetos de intervención​

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5.4 Metodología​

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5.4.1 Encuentro 1: “Mis derechos, tus cuidados”​

51

5.4.2 Encuentro 2: “Fortaleciendo mi familia”​

52

5.4.3 Encuentro 3: “Tejiendo redes para el futuro”​

52

5.5 Plan operativo​

53

6. Seguimiento y evaluación de la propuesta​

57

6.1 Formulación de la evaluación​

57

6.2 Indicadores de cumplimiento​

58

6.3 Análisis de resultados​

58

7. Análisis y reflexión​

60

8.Consideraciones finales​

61

9. Referencias​

63

10. Anexos​

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Lista de tablas Figura 1 plan operativo de la propuesta​

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Figura 2 Indicadores de cumplimiento de la propuesta​

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Siglas, acrónimos y abreviaturas

CDI​

Centro de Desarrollo Infantil FAMI​ Familia, Mujer e Infancia HI​ Hogar Infantil ICBF​ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar NNA​ Niños, Niñas y Adolescentes OEA​ Organización de los Estados Americanos ONG​ Organización No Gubernamental

PAE​

Programa de Alimentación Escolar PARD​ Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos PMA​ Programa Mundial de Alimentos SNBF​ Sistema Nacional de Bienestar Familiar

SPA​

Sustancias Psicoactivas SRPA​ Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

TIC​

Tecnologías de la Información y la Comunicación​

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Resumen

El presente informe recoge la experiencia desarrollada durante la práctica profesional en Trabajo Social, realizada en la Defensoría de Medio Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Sur, en el periodo comprendido entre agosto de 2024 y mayo de 2025.

El trabajo tuvo como propósito analizar las dinámicas familiares presentes en los casos de niños, niñas y adolescentes con procesos de restablecimiento de derechos, identificando problemáticas recurrentes como la negligencia parental, el consumo de sustancias psicoactivas, las dificultades de salud mental y las limitaciones en el acceso a servicios básicos. La metodología combinó enfoques cualitativos y cuantitativos, aplicando técnicas como revisión documental, entrevistas semiestructuradas, caracterización familiar y observación participante. A partir del diagnóstico, se planteó una estrategia de intervención orientada al fortalecimiento de las capacidades parentales y a la consolidación de entornos familiares protectores, desde un enfoque de derechos, género y corresponsabilidad.

El informe evidencia la importancia del trabajo interdisciplinario, la articulación institucional y la reflexión ética como ejes fundamentales del quehacer profesional en contextos de vulneración y protección de la infancia.

Palabras clave: práctica profesional, trabajo social, familia, derechos de la niñez, intervención psicosocial, negligencia parental.

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Abstract

This report presents the experience developed during the professional practice in Social Work, carried out at the Family Welfare Office of the Colombian Institute of Family Welfare, Aburrá Sur Zonal Center, during the period from August 2024 to May 2025.

The purpose of this work was to analyze the family dynamics present in the cases of children and adolescents under rights restoration processes, identifying recurring issues such as parental neglect, the consumption of psychoactive substances, mental health difficulties, and limited access to basic services.

The methodology combined qualitative and quantitative approaches, applying techniques such as documentary review, semi-structured interviews, family characterization, and participant observation.

Based on the diagnosis, an intervention strategy was proposed, aimed at strengthening parental capacities and consolidating protective family environments, from a rights-based, gender, and co-responsibility approach.

The report highlights the importance of interdisciplinary work, institutional coordination, and ethical reflection as fundamental axes of professional practice in contexts of vulnerability and child protection.

Keywords: professional practice, social work, family, child rights, psychosocial intervention, parental neglect

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Introducción

El presente informe correspondió al desarrollo de la práctica profesional en Trabajo Social, realizada en la Defensoría de Medio Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Aburrá Sur, durante el periodo comprendido entre agosto de dos mil veinticuatro y mayo de dos mil veinticinco. Esta experiencia permitió integrar los conocimientos teóricos, metodológicos y éticos adquiridos a lo largo de la formación académica, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales y contribuir de manera significativa a los procesos de protección y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos por la institución.

La práctica se desarrolló en el marco de la política pública de bienestar familiar, centrando su atención en la intervención social con familias en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el Trabajo Social desempeñó un papel esencial en la comprensión de las dinámicas familiares, la identificación de factores de riesgo y protección, y la formulación de estrategias orientadas a la consolidación de entornos protectores que garantizaran el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El proceso de práctica permitió vivenciar el quehacer profesional desde una mirada crítica, reflexiva y comprometida con la transformación social. A través de la observación institucional, la participación en procesos interdisciplinarios y la ejecución de acciones de acompañamiento psicosocial, se generaron aprendizajes que fortalecieron la comprensión del rol del trabajador social dentro del sistema de protección de la infancia y la familia. Este informe tiene como finalidad dar cuenta de la experiencia desarrollada, describiendo el contexto institucional, los procesos de diagnóstico e intervención, las principales problemáticas identificadas y la propuesta de acción elaborada a partir de ellas. De igual manera, busca reflexionar sobre los aportes personales, académicos y profesionales obtenidos durante la práctica, reafirmando el compromiso ético y social del Trabajo Social en la defensa y promoción de los derechos humanos.

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1.Antecedentes

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia. Desde su creación, esta entidad estatal ha estado comprometida con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como con el fortalecimiento de sus familias. A través de un enfoque integral, el ICBF busca garantizar que todos los menores en el país tengan acceso a sus derechos básicos, como la educación, la salud y la protección frente a situaciones de vulneración. En este contexto, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Aburrá Sur se constituye como un escenario clave para la atención de las problemáticas sociales que afectan a las familias y, de manera particular, para la restitución y garantía de derechos de los menores que han sido expuestos a situaciones de riesgo.

El presente documento surge en el marco de mi práctica académica en Trabajo Social y tiene como propósito dar cuenta de una propuesta de intervención diseñada a partir de la observación, el análisis y la comprensión de las dinámicas familiares que se acompañan en este espacio institucional. Se busca, a través de la intervención propuesta, contribuir al fortalecimiento de los procesos de acompañamiento que realiza la Defensoría de Familia, ofreciendo herramientas que favorezcan la construcción de entornos protectores y el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, la propuesta no solo responde a las necesidades identificadas en el Centro Zonal Aburrá Sur, sino que también representa una oportunidad de articulación entre la formación académica y la práctica profesional, aportando tanto al desarrollo institucional como a mi proceso formativo como futura trabajadora social.

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2.Contextualizacion

2.1 Historia y normativa del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de los derechos de la primera infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención. (ICBF, sin pg.)

El ICBF fue fundado en 1968 por iniciativa de Cecilia de la Fuente de Lleras, quien, tras experimentar la pérdida de su núcleo familiar en su infancia, se comprometió a transformar la realidad de la niñez colombiana. Su visión dio origen a una institución destinada a proteger la vida y la integridad de los niños y niñas en el país, ofreciendo apoyo y orientación a las familias en su rol parental.

La creación del ICBF fue formalizada a través de la Ley 75 de 1968, “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar" (Congreso de la República de Colombia, 1968). La cual estableció lineamientos sobre la filiación, reconocimiento de los hijos naturales y definió las funciones del juez de menores, tales como confiar la patria potestad del niño o niña ya sea a su madre o padre, celebrar audiencias para determinar la vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente (NNA) y así establecer la situación del menor de edad. Esta ley marcó un hito en el reconocimiento de los derechos de la infancia y sentó las bases para la intervención estatal en su protección.

Es así como en el Capítulo III de la presente ley, se establece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como una entidad pública, que debe estar dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. (Congreso de la Republica de Colombia, 1968) Con el paso del tiempo, y reconociendo las dinámicas sociales cambiantes, esta ley fue modificada y reorganizada por lo dispuesto en la Ley 7 de 1979, en cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), y se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Congreso de la República de Colombia, 1979)

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Esta ley amplió el enfoque de protección de los NNA al resaltar derechos fundamentales como la educación, la salud, el derecho a un nombre y nacionalidad al igual que la participación en programas estatales. Allí también se establecieron, los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) el cuál, es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, y de sus relaciones existentes, para dar cumplimiento a la protección integral de los NNA y al fortalecimiento familiar en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal. (ICBF, sin pg), que tiene como objetivos promover la integración de la familia, proteger y garantizar los derechos de la niñez y vincular entidades estatales en el manejo de los problemas de la familia con el propósito de elevar los niveles de vida en la sociedad. Seguido, uno de los hitos más importantes en la historia del ICBF fue la promulgación de la Ley 1098 de 2006, que creó el Código de Infancia y Adolescencia (Congreso de la República de Colombia, 2006). Esta ley consolidó la protección integral de los NNA y estableció un marco legal sólido que respalda sus derechos y libertades, así como las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto. Por medio de esta ley se rigen en gran parte las acciones y los objetivos del ICBF, en esta se establecieron las medidas de restablecimiento de derechos y las autoridades competentes para ello, procedimientos administrativos, judiciales y algunas reglas especiales (Congreso de la República de Colombia, 2006).

A lo largo de los años, el ICBF ha adaptado su estructura y funcionamiento mediante la emisión de numerosos decretos y resoluciones, que han permitido la mejora continua en sus procesos de atención y protección. Estos cambios han respondido a las necesidades emergentes de la sociedad, ampliando su enfoque para incluir no sólo la protección, sino también la reconciliación y la inclusión social.

Normativa Entre las normativas más relevantes se encuentran:

●​ Decreto No. 334 de 1980, por el cual se aprueban los estatutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (presidente de la República de Colombia, 1980) ●​ Decreto No. 1137 de 1999, por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, se reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones (presidente de la República de Colombia, 1999)

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●​ Decreto No. 4156 de 2011, por el cual se determina la adscripción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones (presidente de la República de Colombia, 2011) ●​ Decreto No. 987 de 2012, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus dependencias (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,2012). ●​ Resolución No. 1616 de 2006, “Por la cual se modifica la Resolución No. 2622 del 2003, que fija la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el nivel Regional y Municipal y se establecen las funciones de las diferentes dependencias” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2006) ●​ Resolución No. 2859 de 2013, “Por la cual se modifica la Resolución No. 1616 de 2006 y se reglamenta la estructura del ICBF en el Nivel Regional y Zonal" (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013).

●​ Resolución No. 2699 de 2016, “Por la cual se modifica la Resolución No. 60 de 2013, se le adiciona un artículo y se dictan otras disposiciones"(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016).

●​ Resolución No. 4888 de 2016, “Por la cual se modifica la Resolución No. 060 de 2013 se adiciona un artículo y se dictan otras disposiciones"(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016).

Estas normativas han permitido que el ICBF adopte un enfoque integral en la protección y promoción de los derechos de la niñez y la familia en Colombia, adaptándose a los cambios sociales y fortaleciendo su capacidad de intervención.

2.2 Misión y Visión.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad cuyo rol es crucial dentro de la política social del país, ya que busca asegurar que todos los niños, niñas y

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adolescentes puedan crecer en ambientes seguros, saludables y propicios para su desarrollo integral.

El propósito fundamental del ICBF es garantizar el bienestar de los menores de edad y el fortalecimiento de las familias como el núcleo primario de la sociedad. Esto implica no sólo la protección de los derechos básicos, como el derecho a la salud, la educación y la alimentación, sino también la promoción de un entorno que les permita desarrollar todas sus capacidades y potencialidades en un marco de dignidad y respeto.

El ICBF, además, tiene la responsabilidad de intervenir en situaciones de vulnerabilidad, riesgo o amenaza a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, proporcionando medidas de protección especiales cuando es necesario. Estas intervenciones abarcan desde acciones preventivas, programas de atención a la primera infancia, y servicios de restitución de derechos para aquellos que han sido víctimas de maltrato, abuso, abandono o cualquier otra forma de violencia.

La misión del ICBF es ser una entidad comprometida con la protección integral de la niñez, adolescencia y familia colombiana, con especial enfoque en los más vulnerables. Para lograr este objetivo, el ICBF desarrolla e implementa políticas, programas y servicios que están diseñados para proteger y restituir los derechos fundamentales de estas poblaciones. En cuanto a la atención directa, el ICBF también cuenta con una red de servicios que proporciona apoyo alimentario, atención psicosocial y jurídica a niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, así como programas de adopción para aquellos menores que han sido abandonados o cuyos derechos han sido vulnerados en el núcleo familiar. Por consiguiente, la visión del ICBF se orienta hacia la consolidación de una sociedad en la que los derechos de los NAA y las familias sean plenamente garantizados y respetados. La entidad aspira a ser reconocida no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, como una institución líder en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como en el fortalecimiento de las familias como pilares fundamentales de la sociedad. En esta visión de futuro, el ICBF trabaja para que cada niño y niña en Colombia pueda crecer en un entorno seguro, protegido y propicio para su desarrollo integral. Esto implica no solo responder a situaciones de emergencia o riesgo, sino también trabajar de manera proactiva en la construcción de una cultura que valore y proteja a la infancia y a la familia.

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A su vez, la institución también tiene como meta crear una sociedad más equitativa e inclusiva, donde los derechos de los NNA sean una prioridad en la agenda pública y donde las familias puedan acceder a los recursos y el apoyo necesarios para desempeñar su rol de manera adecuada. La institución busca, además, fomentar la participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad en la protección y promoción de los derechos de los niños.

Por otra parte, los valores que guían el accionar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reflejan su compromiso con la protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, así como la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en sus actuaciones. Estos valores son los pilares fundamentales que orientan su trabajo diario en la atención de los más vulnerables. Los principales valores que rigen el ICBF son, el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la responsabilidad, la transparencia en todas sus actuaciones, lo que significa que sus procesos, decisiones y políticas son claros, abiertos y accesibles para la ciudadanía. Y, por último, la eficiencia en cada uno de los procesos.

2.3. Estructura Organizacional.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con una estructura organizacional diseñada para garantizar una gestión eficiente y la correcta implementación de sus programas a nivel nacional. Esta estructura incluye una serie de niveles jerárquicos y departamentos especializados que permiten coordinar sus actividades en todo el territorio colombiano, y facilita la cooperación con otras entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, incluyendo organizaciones internacionales y ONG.

2.3.1. Dirección General

La máxima autoridad del ICBF es la Dirección General, que está a cargo de la dirección, coordinación y supervisión de todas las políticas y programas de la institución. El director general es nombrado por el presidente de la República y se encarga de dirigir el cumplimiento de la misión del ICBF a nivel nacional.

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2.3.2. Subdirecciones Técnicas

●​ El ICBF cuenta con varias subdirecciones técnicas, cada una encargada de áreas específicas de intervención. Estas incluyen:

●​ Subdirección para la Primera Infancia: responsable de los programas dirigidos a los niños de 0 a 5 años.

●​ Subdirección de Protección: Encargada de los programas para niños, niñas y adolescentes en riesgo o cuyos derechos han sido vulnerados.

●​ Subdirección de Nutrición: Supervisa los programas de seguridad alimentaria y nutrición. ●​ Subdirección de Familia y Comunidades: Trabaja en la prevención de riesgos y fortalecimiento familiar.

2.3.3 Direcciones Regionales

El ICBF está organizado territorialmente con Direcciones Regionales en cada departamento de Colombia, con una existencia actualmente de 33 direcciones. Estas direcciones son responsables de la implementación y supervisión de los programas en sus respectivas regiones, adaptando las políticas nacionales a las realidades locales.

2.3.4 Centros Zonales

A nivel local, existen Centros Zonales, que son la unidad operativa del ICBF. Desde estos centros, se gestionan casos individuales y se coordinan los servicios directos que la institución ofrece a los niños, adolescentes y familias. Actualmente existen 216 centro zonales en el país. Del mismo modo, el ICBF trabaja en conjunto con diversas entidades tanto del sector gubernamental como del no gubernamental, incluyendo organizaciones internacionales y ONG. Estas relaciones son fundamentales para complementar los esfuerzos de la institución y garantizar un mayor alcance y efectividad en sus programas. En primer lugar, el ICBF colabora estrechamente con diferentes entidades del Estado colombiano, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y otras instancias relacionadas con la infancia y

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adolescencia. Este trabajo conjunto es clave para la implementación de políticas integrales que promuevan el bienestar de la niñez y adolescencia en áreas como la salud, la educación, la justicia y la protección social. Además, el ICBF es parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), una red de entidades públicas y privadas que trabajan de manera articulada para asegurar la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en todo el país. En segundo lugar, en relación con ONG y Organizaciones No Gubernamentales, el ICBF también establece alianzas que tienen como misión la protección de los derechos de los menores y el apoyo a las familias. Estas ONG aportan en áreas como la atención humanitaria, la implementación de programas de desarrollo comunitario, la prevención de la violencia y el maltrato infantil, y la promoción de los derechos de la infancia. Por último, el ICBF mantiene relaciones con organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros. Estas organizaciones proporcionan apoyo técnico y financiero, además de ofrecer un marco internacional para la protección de los derechos de los niños.

Así pues, las relaciones con organismos internacionales permiten al ICBF acceder a buenas prácticas y experiencias exitosas en otros países, así como a recursos adicionales que fortalecen los programas en áreas clave como la nutrición, la primera infancia, y la atención en emergencias.

2.4 Servicios y Programas.

El ICBF ofrece diferentes programas para garantizar el bienestar, desarrollo y protección de los NNA y sus familias, con un enfoque integral que abarca todas las etapas del ciclo de vida, y brindando atención en educación, salud, nutrición y protección, a través de iniciativas como el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y programas de fortalecimiento familiar y comunitario, el ICBF busca crear entornos seguros y propicios para el crecimiento y bienestar de los más jóvenes en Colombia.

De esta manera, según lo expuesto por ICBF (s.f) a través de un enfoque integral y colaborativo, la institución trabaja para garantizar que cada NNA en Colombia tenga acceso a sus

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derechos y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y garantizar los derechos fundamentales de los menores.

2.4.1 Primera Infancia

El programa de Primera Infancia está diseñado para atender a niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años, brindando servicios esenciales que abarcan la educación inicial, el cuidado, la salud, la nutrición, la protección y la participación, todos articulados bajo la política nacional "De Cero a Siempre" (Ley 1804 de 2016), este programa se basa en un enfoque de atención integral que tiene como objetivo principal asegurar el desarrollo pleno de los niños, garantizando sus derechos desde los primeros años de vida y preparando las bases para su bienestar futuro.

La atención a la primera infancia se ofrece en diversas modalidades, comenzando con los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que son instalaciones diseñadas para atender a los niños desde los seis meses hasta los cinco años en jornadas de ocho horas diarias, durante 220 días al año, los CDI proporcionan un ambiente seguro y estructurado donde los niños reciben una atención integral que incluye alimentación balanceada que cubre el 70% de sus requerimientos nutricionales, y una serie de actividades pedagógicas dirigidas a estimular su desarrollo cognitivo, emocional y social, además, estos centros ofrecen apoyo y formación a las familias para fortalecer su rol en el desarrollo de los niños.

Otra modalidad de atención son los Hogares Infantiles (HI), que funcionan en instalaciones del ICBF o de entidades locales y atienden a niños en situaciones de vulnerabilidad, estos hogares ofrecen atención integral a los niños, asegurando que reciban cuidados adecuados durante el día mientras sus padres trabajan, los Hogares Infantiles funcionan durante 210 días al año, con jornadas diarias de ocho horas, y proporcionan alimentación adecuada para cubrir el 70% de los requerimientos nutricionales de los niños.

Los Hogares Empresariales y Múltiples son otra opción de atención para la primera infancia, dirigidos principalmente a los hijos de empleados de empresas que ganan bajos ingresos, los Hogares Empresariales funcionan dentro de las instalaciones de las empresas, y ofrecen atención a los niños en jornadas de ocho horas durante 200 días al año, en este caso, las empresas cofinancian el servicio, proporcionando las instalaciones y cubriendo parte de los costos operativos, mientras que el ICBF aporta los recursos necesarios para asegurar la calidad de

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la atención; los Hogares Múltiples, por su parte, agrupan varios Hogares Comunitarios en una sola instalación, ofreciendo una atención centralizada que permite atender a un mayor número de niños en comunidades vulnerables, estos hogares también cuentan con el apoyo de las autoridades locales para garantizar su funcionamiento.

Los Jardines Sociales son una modalidad de atención dirigida a niños en situación de alta vulnerabilidad, estos jardines agrupan hasta 32 Hogares Comunitarios Familiares en una instalación especialmente construida para tal fin y cofinanciada por las cajas de compensación familiar y otras entidades, los niños que asisten a los Jardines Sociales reciben atención durante

200 días al año en jornadas de ocho horas, sin costo para las familias, además de recibir

alimentación que cubre el 70% de sus necesidades nutricionales, los niños participan en actividades pedagógicas diseñadas para estimular su desarrollo integral y fomentar su bienestar emocional y social.

Cuéntame también es un sistema de información implementado por el ICBF para apoyar la gestión y recolección de datos de los servicios que brindan las direcciones misionales de Primera Infancia, Familias y Comunidades, Niñez y Adolescencia, y Nutrición, el sistema es fundamental para el proceso de atención a la población, ya que permite identificar de manera oportuna a los beneficiarios que, debido a su vulnerabilidad, necesitan acceder de manera prioritaria a los servicios del ICBF; el sistema garantiza que la atención en cada entidad territorial se ajuste a las características y necesidades específicas de los niños, respetando su diversidad y las particularidades de sus familias y comunidades.

2.4.2 Infancia

El programa para niños de entre 6 y 13 años está diseñado para garantizar su desarrollo integral y la protección de sus derechos en entornos seguros y protectores, este programa busca promover la participación activa de los niños en su entorno familiar y comunitario, asegurando que crezcan en un ambiente que les permita desarrollar su potencial y enfrentar los desafíos propios de esta etapa de la vida.

Una de las principales modalidades de atención es el programa De Tú a Tú, que está orientado a niños con discapacidad, este programa busca garantizar que los niños con discapacidad sean reconocidos como sujetos de derechos y puedan participar activamente en la

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sociedad, superando las barreras físicas, sociales y culturales que limitan su inclusión, se trabaja directamente con las familias para fortalecer su capacidad de cuidar a sus hijos y crear entornos inclusivos y protectores, asegurando que los niños puedan acceder a servicios de educación, salud y participación social adecuados a sus necesidades.

Otro componente clave del programa es el enfoque diferencial, que adapta los servicios ofrecidos a las necesidades particulares de cada niño, considerando su pertenencia étnica, su género, su situación de vulnerabilidad, o su discapacidad, este enfoque busca garantizar que todos los niños, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a los servicios que necesitan para garantizar su desarrollo integral y la protección de sus derechos. Ahora bien, las líneas de prevención de violencias contra la infancia se enfocan en mitigar riesgos y proteger a niños, niñas y adolescentes de diversas formas de violencia y explotación, la prevención de las violencias sexuales busca minimizar el riesgo de abuso, explotación sexual y trata de personas con fines sexuales, se desarrollan acciones preventivas y educativas para concienciar sobre estos delitos, la prevención de riesgos digitales se enfoca en otorgar a los niños y sus cuidadores de herramientas para el uso seguro de las TIC, fortaleciendo el rol mediador de padres y cuidadores.

La prevención del trabajo infantil y la permanencia en calle aborda las condiciones territoriales que afectan a los niños en riesgo de explotación laboral, y se diseñan estrategias para protegerlos; la prevención del reclutamiento por grupos armados busca evitar que los niños sean utilizados por grupos armados o delictivos mediante el fortalecimiento de sus derechos y capacidades individuales; además, se trabaja en la prevención de la violencia intrafamiliar, brindando herramientas pedagógicas para padres, cuidadores y docentes con el fin de crear entornos familiares no violentos, finalmente, la prevención de la trata de personas incluye acciones formativas y de sensibilización para que los niños comprendan la gravedad de este delito y puedan prevenir situaciones de riesgo.

2.4.3 Adolescencia y Juventud

Este programa está dirigido a adolescentes de entre 14 y 17 años, con el objetivo de promover sus derechos, prevenir situaciones de vulnerabilidad y crear oportunidades para que puedan desarrollar proyectos de vida sólidos y convertirse en ciudadanos activos y responsables,

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uno de los pilares de este programa es la promoción de la participación juvenil, que busca empoderar a los adolescentes para que participen activamente en la vida social, política y comunitaria, contribuyendo al desarrollo de su entorno y a la construcción de una cultura de paz e inclusión social.

El ICBF también ha implementado una estrategia de prevención de riesgos específicos para adolescentes, que se centra en evitar situaciones de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, explotación sexual y reclutamiento por grupos armados, estos programas ofrecen acompañamiento psicosocial a los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, ayudándoles a desarrollar resiliencia y a superar los desafíos que enfrentan en su entorno, además, se promueven actividades recreativas, culturales y deportivas que fomentan el desarrollo integral de los jóvenes y les ofrecen alternativas saludables para su tiempo libre.

En el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), se ofrece un proceso penal pedagógico para adolescentes que han incurrido en conductas delictivas, con el objetivo de promover su reintegración social y evitar la reincidencia, este sistema se basa en los principios de la justicia restaurativa, y busca reparar el daño causado a las víctimas, al mismo tiempo que se trabaja en la educación y rehabilitación de los adolescentes infractores, facilitando su acceso a programas de educación formal y formación para el empleo.

2.4.4 Protección

El ICBF también ofrece servicios de protección y restablecimiento de derechos para niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o han sido víctimas de violaciones de derechos, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) es el principal mecanismo utilizado para restaurar los derechos de estos menores, ya sea mediante su reubicación en hogares sustitutos, casas hogar o internados, o a través de otras medidas transitorias que aseguren su protección, el propósito principal es restablecer sus derechos para que puedan superar las afectaciones físicas, emocionales, sociales y psicológicas, permitiéndoles desarrollar sus proyectos de vida y crecer en entornos protectores. La Coordinación de Autoridades Administrativas es un grupo de trabajo que brinda apoyo técnico-jurídico a las autoridades encargadas del restablecimiento de derechos, tales como defensores de familia, comisarios de familia, e inspectores de policía, de esta manera, el PARD se

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inicia cuando la autoridad administrativa identifica, tras la verificación de garantías, una amenaza o vulneración de derechos, y expide un auto de apertura, contra el cual no se admiten recursos. El ICBF ofrece diferentes modalidades para prestar servicios de protección integral a través del PARD, adaptadas a las necesidades específicas de los menores, la ubicación inicial permite que los niños sean colocados provisionalmente en centros de emergencia o hogares de paso mientras se determina la medida más adecuada para restablecer sus derechos, las modalidades de apoyo y fortalecimiento familiar prioriza la permanencia del menor en su entorno familiar o red de apoyo, a través de intervenciones como el apoyo psicosocial, externados de media jornada y jornada completa, y servicios psicológicos especializados. En los casos donde no es posible garantizar los derechos del menor dentro de su familia, se implementan modalidades de acogimiento, que incluyen acogimiento familiar (hogares sustitutos) o residencial (casas hogar, internados y casas de protección), los hogares sustitutos son familias voluntarias que acogen temporalmente a los menores hasta que se restablezcan sus derechos o se determine una medida definitiva, ahora bien, entre las modalidades de externado, la media jornada ofrece acompañamiento psicosocial en el entorno familiar durante cuatro horas diarias, mientras que la jornada completa brinda atención durante ocho horas, priorizando la permanencia escolar, estas modalidades buscan fortalecer las competencias familiares y promover un ambiente de sana convivencia.

Finalmente, la modalidad de intervención de apoyo psicosocial ofrece seis sesiones mensuales de atención interdisciplinaria para el menor y su familia, centradas en su desarrollo integral y el fortalecimiento de su entorno protector, esta intervención puede realizarse en el contexto del menor o en las instalaciones del operador, según las necesidades particulares del caso.

En el ámbito de adopciones, se promueve la adopción de niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales mediante estrategias de acogimiento, estas estrategias incluyen acogimiento en el extranjero, en Colombia, o en modalidad campamento, el acogimiento permite a los niños y sus posibles familias conocer mejor el entorno de cada uno antes de la adopción final, el proceso está orientado a aquellos menores con mayores dificultades para encontrar una familia adoptiva, como aquellos con discapacidad, enfermedades crónicas, o que son parte de grupos de hermanos.

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El trámite de Búsqueda de Orígenes permite a los adoptados y a sus familias biológicas acceder a información relevante sobre el proceso de adopción y realizar búsquedas activas para conectar con familiares biológicos, este servicio está dirigido tanto a adoptados mayores de edad como a sus padres adoptantes, y se realiza de manera confidencial y sin costo, el proceso incluye la solicitud de copias del expediente de adopción y la búsqueda de familiares biológicos, con acompañamiento psicosocial durante el proceso.

De esta manera, el PARD está diseñado para asegurar que cada niño, niña o adolescente reciba la atención necesaria para superar las vulneraciones sufridas, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en un entorno seguro y protector

2.4.4 Nutrición

El ICBF implementa programas de nutrición enfocados en la primera infancia, mujeres gestantes y lactantes, mediante la distribución de alimentos de alto valor nutricional, la Bienestarina Más, producida desde 1976, es un complemento alimenticio pre-cocido a base de cereales, leguminosas y leche, fortificado con vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, esta fórmula está diseñada para mejorar la absorción de nutrientes en la población vulnerable; la Bienestarina Líquida, creada en 2009, es una versión lista para consumo, ideal para situaciones donde no hay acceso a agua potable, es ultra pasteurizada y tiene una larga vida útil sin necesidad de refrigeración, se produce en varias plantas a través de acuerdos con empresas lácteas.

2.4.5 Familias y Comunidades

La Dirección de Familias y Comunidades del ICBF lidera la implementación de políticas, planes, programas y proyectos para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, promoviendo la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familias desde una perspectiva inclusiva e intercultural, el programa Somos Familia, Somos Comunidad se enfoca en acompañar a las familias de manera directa en sus hogares y espacios comunitarios, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para enfrentar desafíos, prevenir la vulneración de derechos, y promover la corresponsabilidad y autonomía para la transformación social, las

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familias construyen planes de acompañamiento ajustados a sus necesidades y participan en acciones tanto en el ámbito del hogar como en el comunitario y regional. Los programas de Familias y Comunidades están diseñados para fortalecer el rol de las familias y las comunidades en la protección y desarrollo de los niños, promoviendo prácticas de crianza saludables y la creación de entornos protectores, uno de los programas más destacados es el FAMI (Familia Mujer e Infancia), que está dirigido a familias con niños menores de dos años, y mujeres gestantes y lactantes, este programa ofrece apoyo y formación a las familias, promoviendo la lactancia materna y la nutrición adecuada, así como el desarrollo temprano de los niños mediante la estimulación adecuada y el acompañamiento psicosocial.

2.4.6 Sistema Nacional de Bienestar Familiar

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en Colombia es una red de agentes y entidades responsables de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento familiar en diversos niveles de gobierno, su objetivo principal es asegurar una respuesta coordinada y oportuna del Estado, en colaboración con la familia y la sociedad, para promover y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. La población objetivo del SNBF abarca desde la gestación hasta los 17 años y se enfoca en proporcionar protección en los diferentes entornos donde los niños y adolescentes viven, incluyendo el hogar, las instituciones y el espacio público, el sistema reconoce la importancia de la perspectiva de género y de los derechos de los grupos étnicos. El SNBF se rige por una serie de normas y leyes que establecen su funcionamiento y objetivos. La Constitución Política de Colombia de 1991 (Congreso de la República de Colombia, 1991) destaca la protección integral de la familia y los derechos de los niños, la Ley

75 de 1968 (Congreso de la Republica de Colombia, 1968) crea el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar (ICBF), y la Ley 7 de 1979 (Congreso de la Republica de Colombia, 1979) establece el SNBF y reorganiza el ICBF. La Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, define las políticas públicas para la infancia y la adolescencia, mientras que otras leyes abordan aspectos específicos como la prevención de la violencia sexual y el fortalecimiento familiar (Congreso de la República de Colombia, 2006).

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2.5 Recursos y Financiación.

Las fuentes de financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son predominantemente públicas, aunque en algunos casos también pueden incluir recursos privados. La mayor parte de la financiación del ICBF proviene del presupuesto nacional, el cual es asignado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además, el ICBF cuenta con recursos propios que genera a partir de la prestación de ciertos servicios, como pruebas de ADN, servicios de fotocopias y reproducción de documentos, así como ingresos parafiscales, entre otros.

Asimismo, el ICBF puede recibir donaciones de empresas privadas y organizaciones internacionales, destinadas a la financiación de proyectos y programas específicos. Seguido a la descripción de los recursos financieros con los que cuenta la institución, el ICBF también dispone de recursos humanos y materiales esenciales para su operación. Entre los recursos humanos se incluyen profesionales en áreas como psicología, nutrición, trabajo social, desarrollo familiar y derecho. Además, cuenta con personal en áreas administrativas, como contabilidad, recursos humanos, logística y gestión de proyectos. El ICBF mantiene convenios con diversas instituciones para la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo hogares sustitutos. En el marco de estos convenios, se asignan los profesionales necesarios para la adecuada atención de los beneficiarios. En cuanto a recursos materiales, la institución dispone de infraestructura adecuada para la atención al usuario y la ubicación del personal profesional. También cuenta con equipos tecnológicos, oficinas para el personal, así como materiales educativos y recreativos, como juguetes y carteleras didácticas, que apoyan el desarrollo integral de los NNA.

2.6​Impacto y Resultados.

2.6.1​ Logros significativos

A lo largo de los años, el ICBF ha alcanzado diversos logros significativos en la protección infantil y el apoyo a las familias. Entre sus principales contribuciones se encuentran la

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reducción de la desnutrición infantil a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otros programas de nutrición, el desarrollo de campañas y programas para prevenir el abuso infantil, promoviendo la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) y fomentando la conciencia social sobre las violencias infantiles y familiares. Además, el ICBF ha trabajado en fortalecer la estructura familiar mediante programas de orientación y capacitación, ofreciendo apoyo a los padres y cuidadores para mejorar el bienestar y desarrollo de los NNA. La creación de hogares sustitutos es otra área destacada, proporcionando un espacio seguro y de protección para los NNA que han sufrido amenazas o vulneración de derechos. Asimismo, la institución ha desarrollado programas inclusivos para personas con discapacidad, asegurando la atención y el apoyo necesarios para los NNA y adultos cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados. A nivel institucional, el ICBF ha luchado contra la violencia infantil y ha promovido un entorno familiar y social libre de violencia, contribuyendo a objetivos que buscan proteger y garantizar los derechos de todos los NNA. Estos logros reflejan el compromiso continuo del ICBF con la protección, el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

2.6.2​ Impacto

El impacto de la institución es amplio y significativo, ya que cuenta con los diversos proyectos y programas vistos anteriormente, los cuales han contribuido de manera efectiva a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos esfuerzos buscan crear entornos seguros para su desarrollo, mejorar las condiciones de vida, el bienestar físico, y asegurar el acceso a alimentación adecuada, servicios de salud y educación, con la finalidad de reducir las brechas existentes.

Además, el ICBF promueve el desarrollo de habilidades fundamentales para el futuro de la población intervenida, garantizando el derecho de los NNA a pertenecer a una familia, ya sea su familia biológica o una familia adoptiva.

Para finalizar, el impacto de los programas del ICBF refleja el compromiso de la institución, que va más allá de atender necesidades inmediatas. Se orienta hacia un cambio estructural en la forma en que se protege y apoya a las familias, contribuyendo así a un desarrollo integral y equitativo de la infancia en Colombia.

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2.7​Focalización Centro Zonal Aburra Sur.

El Centro Zonal Aburrá Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una instalación que brinda servicios de atención y protección a la infancia, la adolescencia y la familia en la región de Aburrá Sur, Antioquia. En su horario de atención el centro está disponible para el público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El objetivo principal del centro zonal, al igual que el del ICBF en general es garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y sus familias en los municipios del sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, en el centro zonal se reciben denuncias y casos relacionados con la vulneración de los derechos de los menores. Estos pueden incluir maltrato, abandono, abuso sexual, explotación laboral, entre otros. A partir de estas denuncias, se activan rutas de protección para restablecer los derechos de los niños y adolescentes afectados, se ofrece atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, con el fin de fortalecer sus capacidades y prevenir la separación familiar. Además, el centro zonal gestiona procesos de adopción y coordina la ubicación de menores en hogares sustitutos o instituciones cuando es necesario, mientras se define su situación familiar, pero también se brinda apoyo psicológico y asesoría legal a menores y familias que lo requieran. Esto es esencial en casos de violencia intrafamiliar o cuando los niños y adolescentes se encuentran en procesos judiciales. En la actualidad, el Centro Zonal Aburra Sur se encuentra bajo la coordinación de Jorge Iván Montoya Vélez y cuenta con 9 defensorías, entre las cuales se encuentran defensoría de verificación, de emergencia, de violencia sexual en contexto intrafamiliar, de violencia sexual extrafamiliar, 2 defensorías de hogares sustitutos de discapacidad, defensoría de internado de discapacidad, extraprocesal y defensoría de medio familiar.

Por consiguiente, esta última se ocupa de proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estos han sido vulnerados. Desempeña un papel fundamental en la protección de la infancia, ya que tiene la autoridad para tomar decisiones sobre los casos que involucran a menores de edad en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. El Defensor de Familia inscrito tiene la responsabilidad de dirigir los procesos para restablecer los derechos de los menores de edad cuando han sido vulnerados, esto incluye tomar medidas inmediatas para proteger al niño o adolescente, como ubicarlo en hogares sustitutos o en instituciones

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especializadas, si se reportan casos de maltrato, abuso, abandono o negligencia por parte de los padres o cuidadores, la defensora investiga el caso, escucha a todas las partes y adopta las medidas necesarias para proteger al menor. Esto puede incluir la separación temporal del menor de su entorno familiar, la representación legal por parte del Defensor de Familia hacia el NNA en procesos judiciales relacionados con la protección de sus derechos, asegurando que sus intereses sean defendidos en situaciones de riesgo o conflicto. En los casos en los que no sea posible la reunificación familiar, el Defensor de Familia es responsable de llevar adelante los procesos de adopción, garantizando que el niño o adolescente sea adoptado por una familia que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

2.8​Papel del Trabajo social en el Centro Zonal.

El trabajador social en el Centro Zonal Aburrá Sur juega un rol central en la protección y promoción de los derechos de los NNA, así como en el fortalecimiento de las familias en situación de vulnerabilidad. Su trabajo comienza con la identificación y evaluación de las condiciones socioeconómicas y familiares, con el fin de detectar posibles situaciones de riesgo, como maltrato, abuso, negligencia, abandono o explotación infantil. A través de visitas domiciliarias, entrevistas y estudios sociales, el trabajador social reúne información clave para realizar diagnósticos que orienten la intervención institucional.

Así pues, una de las funciones más importantes de este profesional es la intervención en crisis, actuando de manera oportuna en casos donde los derechos de los menores están siendo vulnerados. Esta intervención puede implicar la adopción de medidas de protección inmediatas, como la separación temporal del entorno familiar cuando el bienestar del menor está en peligro. Asimismo, el trabajador social gestiona el acceso a servicios de atención psicosocial, jurídica y médica, en coordinación con otros profesionales del ICBF y entidades externas, para brindar una respuesta integral a las problemáticas detectadas.

Además de la atención en situaciones críticas, el trabajador social realiza un acompañamiento continuo a las familias, promoviendo su fortalecimiento a través de estrategias que fomentan la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos y la toma de decisiones responsables, este acompañamiento incluye la orientación en temas relacionados con

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la crianza positiva, el acceso a servicios sociales y la inclusión en programas de apoyo económico y educativo que mejoren las condiciones de vida de los usuarios.

Por otra parte, el trabajo del profesional de Trabajo Social en el medio familiar, adicional de las labores ya mencionadas, también está orientado a la prevención, a través de actividades de promoción de derechos y educación en las comunidades, participa activa en la sensibilización sobre temas como la prevención del maltrato infantil, la equidad de género, y la importancia de la salud mental en los menores y sus familias, mediante talleres, charlas y actividades comunitarias, el trabajador social ayuda a generar conciencia sobre la importancia de construir entornos seguros y protectores para la niñez.

Finalmente, el trabajador social tiene un rol clave en la gestión interinstitucional, coordinando esfuerzos con otras entidades del Estado, como las comisarías de familia, las defensorías de derechos y las instituciones educativas, para garantizar una respuesta integral a las problemáticas sociales. Además, la labor del T.S también incluye la elaboración de informes técnicos que orientan las decisiones sobre la protección de los NNA y su posible reintegración al entorno familiar, siempre con el interés superior del niño como eje central de su labor. Haciendo énfasis en la defensoría del medio familiar del Centro Zonal Aburra Sur, la Trabajadora Social hace parte de un grupo interdisciplinario junto a nutrición y psicología, en el cual se comparten labores en beneficio de los NNA y sus familias. La colaboración y comunicación entre las partes es una característica fundamental de esta defensoría en cabeza del defensor Mauricio Herrera. Esta intervención interdisciplinaria permite una atención integral de las problemáticas que enfrentan las familias y los menores. Estas situaciones suelen ser complejas y abarcan diversas dimensiones, como el ámbito psicológico, social, educativo, jurídico y médico, un equipo interdisciplinario como el compuesto en la defensoría asegura una comprensión más completa de las necesidades y circunstancias de los usuarios, lo que permite diseñar planes de intervención más ajustados a la realidad de las familias y los NNA, ofreciendo soluciones más efectivas.

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3. Diagnostico

3.1. Componentes de la intervención.

La Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) centra su intervención en la protección integral y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad. Su objeto de intervención abarca aquellas situaciones en las que se han vulnerado derechos fundamentales, como la educación, la salud, la protección contra el maltrato y la exclusión social, y que se evidencian en contextos familiares conflictivos, pobreza estructural, violencia intrafamiliar y ausencia de redes de apoyo. En este sentido, la Defensoría actúa en procesos que buscan revertir estas condiciones y garantizar el interés superior del niño.

La fundamentación de su accionar se basa en el enfoque de derechos, reconociendo a los NNA como sujetos de derechos plenos que requieren una protección especial por parte del Estado. Esta labor se sustenta en normativas nacionales como el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Colombia, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Además, se incorpora un enfoque interdisciplinario que integra saberes del trabajo social, la psicología y el derecho, así como la aplicación de perspectivas de género y de diversidad, esenciales para abordar de manera integral las problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia (Congreso de la República de Colombia, 2006).

La metodología de intervención implementada se articula en tres niveles de acción: prevención, protección y restablecimiento de derechos. En el nivel preventivo se impulsan estrategias de fortalecimiento familiar y sensibilización comunitaria con el fin de crear entornos protectores que disminuyan los factores de riesgo. En el nivel de protección, se activan medidas psicosociales y jurídicas que garantizan el acompañamiento y seguimiento de casos identificados, aunque la efectividad de estas medidas se ve limitada por la sobrecarga institucional y la insuficiencia de recursos. Finalmente, en el nivel de restablecimiento de derechos se llevan a cabo procesos que pueden incluir la separación temporal del entorno familiar, la ubicación en hogares de paso o sustitutos, e incluso la adopción, siendo estos procesos frecuentemente objeto de críticas por su burocracia y prolongación en el tiempo.

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La apuesta ético-política que sustenta la intervención de la Defensoría de Familia se orienta a promover un modelo de justicia social y equidad, en el que se reconozca y garantice a los NNA el pleno ejercicio de sus derechos. No obstante, desde una perspectiva crítica se cuestiona si este modelo verdaderamente transforma las condiciones estructurales que generan la vulneración de derechos, o si opera bajo un esquema asistencialista y reactivo, centrado en casos individuales sin abordar sus causas subyacentes. Para que la apuesta ético-política sea plenamente efectiva, es imperativo fortalecer las estrategias preventivas, optimizar la articulación interinstitucional y asegurar la continuidad de un acompañamiento integral que permita cambios estructurales en la realidad de la infancia y la adolescencia.

Teniendo en cuenta los anteriores componentes mencionados, es pertinente proceder a realizar el diagnóstico social que dará paso a la focalización del objeto de intervención de mi interés para abordar en el presente y próximo periodo académico y de prácticas.

3.2 Definición de diagnóstico.

El diagnóstico social busca identificar, describir y analizar una problemática específica, considerando su impacto en la población atendida y los factores estructurales que la determinan. Se enfoca en comprender el contexto, las necesidades y los recursos disponibles para proponer estrategias de intervención.

También es un proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información que permite identificar y comprender las condiciones, necesidades y problemáticas de una población o grupo social determinado. “Este proceso es clave en la planificación e intervención de programas sociales, ya que proporciona una base objetiva para la toma de decisiones y la formulación de estrategias de acción” (Escalada et al., 2014, p. 15). Desde una perspectiva práctica, “el diagnóstico social implica la identificación de los recursos disponibles, las limitaciones estructurales y las dinámicas que afectan a una comunidad o población específica. Esto se realiza a través de diversas metodologías, que pueden incluir el análisis documental, entrevistas, encuestas y observación directa” (Fernández & Pérez, 2018, p.

14).

Del mismo modo, centrándonos en el ámbito institucional específicamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “el diagnóstico social permite evaluar las

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condiciones de la infancia, la adolescencia y las familias en situación de vulnerabilidad, proporcionando insumos fundamentales para mejorar las políticas públicas y estrategias de intervención social” (ICBF, 2021).

Aunque la definición de diagnóstico puede tener diferencias según el campo y la necesidad en el que se utilice, siempre hará referencia a un estudio previo para determinar condiciones de diferentes tipos, con el fin de llegar a un objeto, población, problemática y/o enfoque. Es el punto de partida para el diseño de cualquier proceso de investigación y requiere de rigurosidad y técnicas que permitan su ejecución.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Explorar las situaciones actuales de la población atendida por la Defensoría de Familia del medio familiar adscrita al Centro Zonal Aburrá Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el periodo comprendido de agosto de 2024 a mayo de 2025, en relación con sus condiciones sociales, familiares y de bienestar, con el fin de identificar posibles problemáticas y áreas de mejora dentro de la defensoría de medio familiar.

3.3.2 Objetivos Específicos

●​ Caracterizar la población atendida de agosto de 2024 a mayo de 2025 en la defensoría de medio familiar del centro zonal Aburrá Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en términos de sus dinámicas familiares, económicas, educativas y sociales. ●​ Identificar dificultades en cuanto a acceso a servicios básicos para la garantía de derechos fundamentales y necesidades recurrentes en la población beneficiaria y en los procesos de atención de la defensoría de medio familiar del centro zonal Aburrá Sur del ICBF. ●​ Analizar la percepción de los beneficiarios y profesionales de la defensoría de medio familiar en el centro zonal Aburrá Sur del ICBF sobre los servicios prestados y su impacto en el bienestar de la población en el periodo de junio del 2024 a marzo del 2025.

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●​ Sistematizar la información recopilada para obtener un panorama general que permita definir una problemática recurrente como objeto de intervención para diseñar e implementar una propuesta de intervención que posteriormente será desarrollada desde la defensoría del medio familiar del centro zonal Aburrá Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3.4 Estrategias implementadas.

El enfoque del proyecto fue una combinación entre cualitativo y cuantitativo, lo que permitió una comprensión profunda de la realidad social mediante el análisis de discursos, experiencias y percepciones de los actores involucrados. Para ello, se emplearon técnicas como entrevistas, grupos focales y observación, con el fin de obtener información detallada y contextualizada sobre la problemática en estudio.

La recolección de información se llevó a cabo a través de diversas estrategias. En primer lugar, se realizó una revisión documental que incluyó normativas, informes del ICBF e investigaciones previas relacionadas con la población atendida. Esto permitió establecer un marco teórico y normativo que contextualiza la futura propuesta de intervención. Además, se aplicaron entrevistas a 3 profesionales de la defensoría de medio familiar del centro zonal Aburrá Sur del ICBF y a población beneficiaria, con el propósito de conocer sus percepciones, experiencias y opiniones sobre la situación analizada.

Asimismo, se recurrió a la observación en campo para registrar dinámicas y prácticas dentro del contexto de intervención. Esta técnica facilitó la identificación de elementos no explícitos en los discursos y complementa la información obtenida mediante las entrevistas. Finalmente, el análisis de la información se realizó a través de la triangulación de datos, lo que permitió contrastar distintas fuentes y generar conclusiones fundamentadas. Este proceso garantizo una interpretación rigurosa y amplia de la problemática, contribuyendo a la formulación de estrategias de intervención basadas en evidencia.

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3.5 Técnicas.

Las principales técnicas utilizadas para la formulación del presente informe diagnóstico fueron:

3.5.1 Revisión documental de los lineamientos y normativas del ICBF.

Según Dustin Gómez, Yeimy Carranza y Camilo Ramos, estudiantes de la Universidad San Buenaventura de Colombia:

La revisión documental, como herramienta ayuda en la construcción del conocimiento, amplía los constructos hipotéticos de los estudiantes y cómo enriquece su vocabulario para interpretar su realidad desde su disciplina, constituye elemento motivador para la realización de procesos investigativos de los estudiantes, posibilita presentar la producción de los estudiantes a la comunidad académica nacional como internacional, así como su fundamentación en la indagación y utilización de fuentes fidedignas en bases de datos reconocidas. (2017, p.12).

Durante el análisis de los lineamientos técnicos y normativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (VER ANEXO 1) comprendí la importancia de contar con una base normativa y metodológica sólida para el ejercicio profesional desde Trabajo Social en la Defensoría del medio familiar. Esta revisión me permitió fortalecer mis conocimientos sobre el abordaje integral de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), así como afianzar herramientas para la elaboración del presente diagnóstico y la identificación de las problemáticas más recurrentes en la defensoría. Al estudiar el Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos, aprendí la importancia de seguir una ruta clara de intervención, que permitiera identificar de manera oportuna los riesgos, actores y recursos del entorno familiar. Este documento me sirvió para entender cómo estructurar un diagnóstico desde un enfoque de derechos, con criterios que orientaran mi intervención profesional hacia la protección y el bienestar del NNA.

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El Lineamiento Técnico para la Implementación del Modelo de Atención me permitió comprender los componentes que integran la atención en las modalidades de restablecimiento de derechos. Gracias a este documento, fortalezco mi comprensión del enfoque diferencial, de género y territorial, elementos que enriquecieron mi mirada al momento de analizar las situaciones de vida de los NNA y sus familias. Me sirvió para tener presente que el diagnóstico no debe quedarse en la descripción del problema, sino que debe explicar las causas y plantear posibles alternativas de intervención.

Por su parte, el Manual Operativo de Modalidades y Servicios me ayudó a entender cómo se operacionaliza la atención desde las diferentes modalidades del ICBF. Aprendí a identificar los criterios de ingreso, los tipos de servicios y las responsabilidades del equipo interdisciplinario. Este manual me fue útil para conocer los procedimientos y protocolos que deben seguirse, lo cual me brindó mayor claridad sobre mi rol como trabajadora social dentro del proceso de restablecimiento.

Por último, con los Lineamientos Técnicos para la Inclusión y Atención de Familias, aprendí a observar la familia como sujeto de intervención, y no solo como contexto del NNA. Me ayudó a identificar factores de protección, capacidades de cuidado, relaciones vinculares y disposición al cambio. Este lineamiento me sirvió para enriquecer el diagnóstico familiar y diseñar estrategias de intervención que consideran a la familia como parte activa en el proceso de restablecimiento de derechos.

En conclusión, el análisis de estos lineamientos fue fundamental para comprender la articulación entre el marco normativo y el ejercicio práctico del Trabajo Social. Cada uno de los documentos me brindó herramientas valiosas para realizar diagnósticos más completos, sensibles y ajustados a las realidades de los NNA y sus familias, reafirmando mi compromiso ético con la garantía y restitución de sus derechos.

3.5.2 Entrevistas semiestructuradas con trabajadores sociales, psicólogos y familias de NNA con PARD abierto en la defensoría de medio familiar del ICBF.

Según Laura Diaz Bravo, investigadora de la Universidad Nacional de México, la entrevista es:

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Una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto".

Las entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (DÍAZ, 2013).

Mediante el análisis de la entrevista realizada a la psicóloga y a la trabajadora social del ICBF (VER ANEXO 2) me permitió comprender con mayor profundidad las problemáticas que se presentan en el contexto institucional al abordar los casos de niños, niñas y adolescentes. Ambas profesionales coinciden en que las situaciones que atienden están marcadas por una alta complejidad, caracterizadas por la vulneración de derechos en múltiples dimensiones, como el maltrato, el abandono, el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y la negligencia parental. Desde su rol, la psicóloga enfatiza en las afectaciones emocionales y psicológicas que estos hechos generan en los menores, tales como la desconfianza, la inseguridad, la ansiedad, el bajo autoestima y, en muchos casos, la dificultad para establecer vínculos sanos. Por su parte, la trabajadora social señala cómo estas problemáticas se entrelazan con dinámicas familiares disfuncionales, pobreza extrema y una débil red de apoyo comunitaria, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad.

Un punto clave que ambas destacan es la importancia del trabajo interdisciplinario, pues consideran que ningún profesional puede abordar de manera aislada las múltiples aristas de cada caso. Sin embargo, también se evidencian dificultades estructurales dentro del ICBF, como la alta carga laboral, la burocracia institucional y los vacíos en la articulación con otras entidades del sistema de protección. Estas falencias limitan la efectividad de las intervenciones y generan frustración entre los profesionales, quienes a pesar de sus esfuerzos sienten que no siempre logran un impacto duradero en la vida de los niños y adolescentes.

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La psicóloga resalta que muchas veces los procesos no alcanzan una reparación emocional completa, pues los tiempos institucionales no se ajustan a los tiempos subjetivos de los usuarios. Además, la trabajadora social menciona la revictimización que puede generarse cuando los niños deben contar su historia una y otra vez en diferentes espacios, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer protocolos y rutas de atención que pongan en el centro el bienestar del menor. Desde este ejercicio de análisis, se puede reflexionar sobre la importancia de humanizar la intervención social, entendiendo que detrás de cada caso hay una historia de dolor, pero también de resistencia. Asimismo, se hace evidente que el trabajo con población vulnerable requiere no solo formación técnica, sino también sensibilidad, empatía y compromiso ético. Aprender de la experiencia de estas profesionales invita a cuestionar la mirada meramente asistencialista y a pensar en transformaciones estructurales que garanticen una atención integral, articulada y sostenida en el tiempo.

A modo de síntesis, realizar esta entrevista conlleva a señalar que trabajar en el ICBF implica enfrentarse a realidades profundamente dolorosas, pero también ofrece la oportunidad de ser parte de procesos de transformación.

Escuchar a las profesionales permite reconocer la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, promover el autocuidado del equipo humano y diseñar estrategias que realmente respondan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Además, este ejercicio me permitió valorar el papel del trabajo interdisciplinario y reflexionar sobre mi propia responsabilidad ética frente al acompañamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

3.5.3 Caracterización de familias atendidas en el periodo de junio de 2024 a mayo del 2025.

La caracterización (ANEXO 3) consistió en recopilar y analizar información relevante sobre las condiciones familiares de los usuarios atendidos, con el fin de identificar patrones comunes, dinámicas relacionales, problemáticas frecuentes y factores de riesgo y protección presentes en los hogares. Entendí que caracterizar no se trataba sólo de describir variables demográficas como el número de integrantes o el nivel socioeconómico, sino de comprender cómo esas familias funcionaban, cómo se relacionaban entre sí y qué tipo de apoyo o necesidades específicas presentaban.

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Durante este proceso, me enfoqué en aspectos como la composición familiar (nuclear, extensa, monoparental, entre otras), la situación económica, la presencia o ausencia de figuras cuidadoras, el tipo de vínculos afectivos, las dinámicas de comunicación, la existencia de antecedentes de violencia, el consumo de sustancias y la negligencia, así como la red de apoyo externa disponible (familia ampliada, vecinos, instituciones). La entrevista me permitió acceder a esta información de manera más profunda, ya que los relatos de los profesionales revelaban elementos que muchas veces no quedaban consignados en los registros institucionales. A través de la caracterización, identifiqué que muchas de las familias atendidas enfrentaban múltiples vulnerabilidades simultáneas, como desempleo, precariedad en la vivienda, rupturas familiares, o historia de institucionalización. También observé que, en muchos casos, existía una ruptura en los vínculos protectores y un bajo acceso a oportunidades educativas o de salud. No obstante, también surgieron casos de familias con capacidad resiliente y disposición al cambio, lo que mostró la importancia de no generalizar ni estigmatizar. En conclusión, este ejercicio me permitió comprender que la caracterización familiar es una herramienta fundamental para diseñar intervenciones más pertinentes y contextualizadas. Me enseñó a mirar a las familias desde una perspectiva integral, más allá del déficit, reconociendo también sus recursos y potencialidades. Aprendí que escuchar a quienes trabajan directamente con las familias, como lo hice mediante las entrevistas, aporta una visión más realista y humana del contexto en el que se desarrolla la intervención social.

3.5.4 Observación participante en procesos de intervención.

Según un informe adelantado por Marcela Gutiérrez Quevedo (2018), estudiante de la Universidad Externado de Colombia:

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (en este caso el ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos; consiste en la medida y registro de los hechos observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser realizadas profesionalmente, en la medida de lo posible, sin la influencia de opiniones preconcebidas.

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La observación participante fue una herramienta que, aunque no se aplicó de forma aislada o formal, estuvo presente de manera constante y natural durante el desarrollo de las entrevistas y el proceso de caracterización de las familias. Al estar involucrada directamente en el contexto institucional del ICBF, pude ser parte activa de las dinámicas cotidianas, acompañar a los profesionales en algunas de sus intervenciones, asistir a reuniones de caso y presenciar espacios de interacción entre los funcionarios, los usuarios y sus familias. Esto me permitió no solo recoger información, sino también vivirla y comprenderla desde una dimensión más cercana y sensible.

Durante la realización de las entrevistas, la observación participante me permitió captar elementos no verbales, gestos, actitudes y emociones que complementan y profundizan el sentido de las respuestas. Por ejemplo, noté la preocupación genuina de los profesionales por el bienestar de los niños y adolescentes, así como las tensiones que emergen al hablar de las limitaciones institucionales. Estos detalles no siempre quedan registrados en las palabras, pero son fundamentales para entender el contexto desde una mirada más integral. Asimismo, en el proceso de caracterización de las familias, la observación participante me brindó la oportunidad de reconocer patrones que iban más allá de los datos objetivos. Al participar en actividades, revisar expedientes y presenciar interacciones, logré identificar comportamientos, reacciones emocionales y dinámicas relacionales que enriquecieron el análisis. Fue allí donde entendí que muchas veces lo que no se dice explícitamente también comunica, y que la realidad de las familias solo puede comprenderse a fondo cuando se está presente en su cotidianidad, aunque sea desde el ámbito institucional.

En conclusión, la observación participante no fue un método aparte, sino un componente transversal que fortaleció los otros instrumentos aplicados. Me permitió habitar el contexto, vincularse empáticamente con los procesos y construir una mirada más reflexiva, crítica y humana sobre las problemáticas sociales que se abordan en el ICBF.

3.6 Identificación de problemáticas.

En base a la triangulación de la información recolectada a partir de la implementación de las primeras 3 técnicas y relacionándolo con la observación participante y mi postura crítica como trabajadora social en formación, en la siguiente lista relaciono las problemáticas más

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recurrentes en la defensoría de medio familiar del Centro zonal Aburrá Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

3.6.1 Negligencia parental por parte de uno o ambos progenitores.

La negligencia parental se configura como una de las causas más frecuentes en los procesos de restablecimiento de derechos en favor de NNA. Esta se manifiesta en la omisión de cuidados básicos, afectivos, médicos o educativos, lo que coloca a los NNA en condiciones de riesgo o abandono. La falta de vínculos afectivos seguros y la ausencia de límites y orientación genera un impacto profundo en el desarrollo emocional y social de los menores, y muchas veces está mediada por condiciones estructurales como la pobreza, el desempleo o la violencia intrafamiliar.

3.6.2 Consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación y en la crianza.

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) por parte de las progenitoras durante el embarazo, y por parte de ambos padres en presencia de los NNA, representa un grave riesgo para la salud física y psicológica de los niños. El consumo gestacional puede derivar en síndromes de abstinencia neonatal, retraso en el desarrollo cognitivo, y mayor propensión a padecer enfermedades crónicas. Además, la crianza en contextos donde hay consumo habitual de SPA suele estar marcada por negligencia, violencia y ausencia de entornos seguros y protectores.

3.6.3 Problemas de salud mental no atendidos

Se evidencia una preocupante presencia de situaciones de salud mental no diagnosticadas ni tratadas, tanto en los NNA como en sus cuidadores. Estas problemáticas, que incluyen trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, inciden directamente en las capacidades parentales y en la posibilidad de ofrecer un entorno protector. La falta de acceso a servicios de salud mental, especialmente en sectores vulnerables, perpetúa ciclos de violencia y exclusión.

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3.6.4 Población migrante venezolana con dificultades de corresponsabilidad familiar

La situación migratoria ha expuesto a muchas familias venezolanas a condiciones de alta vulnerabilidad. Las dificultades para acceder a servicios básicos, la informalidad laboral y la falta de redes de apoyo generan contextos de sobrecarga para los cuidadores principales. Además, se identifica una alta rotación en las figuras de cuidado, lo que impide la consolidación de referentes estables para los NNA, afectando su desarrollo emocional. Las barreras institucionales, como la falta de documentación, también dificultan la activación de rutas de atención.

3.6.5 Dificultades en el acceso a servicios básicos como salud, identificación y educación.

Las familias de los NNA en procesos de restablecimiento de derechos enfrentan constantes obstáculos para acceder a servicios esenciales. La falta de afiliación al sistema de salud, la ausencia de registros civiles o tarjetas de identidad y las barreras para ingresar y permanecer en el sistema educativo profundizan la exclusión social. Estas dificultades no solo vulneran derechos fundamentales, sino que limitan las oportunidades de inclusión y desarrollo integral de los menores.

A partir de la identificación de las principales problemáticas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes con procesos de restablecimiento de derechos en el Centro Zonal Aburrá Sur del ICBF, se evidencia un panorama complejo y profundamente atravesado por factores estructurales y sociales. Las situaciones de negligencia parental, el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo o en presencia de los menores, los problemas de salud mental no atendidos, las dificultades propias de la población migrante venezolana y las barreras de acceso a servicios esenciales como salud, educación e identificación configuran escenarios de alta vulnerabilidad. Estas problemáticas, lejos de ser hechos aislados, responden a contextos de exclusión, pobreza, falta de oportunidades y debilidad en las redes familiares y comunitarias, lo que demanda respuestas integrales y sostenidas por parte del Estado y la sociedad. Como futura trabajadora social, reconozco la importancia de asumir una postura crítica y comprometida frente a estas realidades, comprendiendo que cada situación requiere un abordaje sensible, informado y ético. Desde este rol profesional, resulta fundamental promover procesos

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de acompañamiento psicosocial que permitan fortalecer las capacidades familiares, incentivar la construcción de vínculos afectivos protectores y facilitar el acceso a servicios básicos. Igualmente, es necesario activar y articular redes interinstitucionales que garanticen respuestas oportunas en salud mental, prevención del consumo de sustancias y protección de los derechos fundamentales de los NNA. También se vuelve urgente implementar acciones de sensibilización y formación para cuidadores y comunidades, orientadas a transformar imaginarios y prácticas que perpetúan la violencia, el abandono y la exclusión.

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4.Objeto de intervención

Teniendo en cuenta lo relacionado en el apartado anterior, el objeto de intervención que compuso la estrategia de intervención desde Trabajo Social en la defensoría de Medio familiar del Centro Zonal Aburra Sur, son las dinámicas familiares que configuran o permiten la negligencia parental, particularmente aquellas que afectan el ejercicio adecuado de los roles de cuidado, protección y formación de niñas, niños y adolescentes, y para aquellas familias que deben continuar en seguimiento a la medida, es decir, se planeó una estrategia que sea complementaria al informe de seguimiento que se realiza en la defensoría, para evitar nuevos futuros reingresos. Así pues, se centra en comprender y transformar los factores individuales, relacionales, sociales y estructurales que inciden en la incapacidad de los cuidadores para garantizar condiciones básicas de bienestar, seguridad y afecto. Esto implica intervenir sobre las prácticas de crianza, vínculos afectivos, redes de apoyo, capacidades parentales y condiciones contextuales (como la pobreza, el acceso limitado a servicios, la salud mental o el aislamiento), con el fin de fortalecer a las familias como entornos protectores que garanticen el desarrollo integral de los NNA, y prevenir la reincidencia de vulneraciones de derechos. Desde un enfoque crítico, ético y de derechos, el Trabajo Social actúa para restablecer el tejido social deteriorado por la negligencia, promover la corresponsabilidad entre familia, Estado y comunidad, y acompañar procesos de cambio que dignifiquen la experiencia familiar en contextos de alta vulnerabilidad.

4.1 Fundamentación Teórica

El objeto de intervención planteado en el ítem anterior, se sustenta en un enfoque humanista y de derechos, que reconoce a las familias no como objeto de control o sanción, sino como sujetos sociales con potencial transformador.

La familia como realidad y entidad superior a la simple suma de intereses de sus miembros, ostenta un rol social constitutivo en virtud del cual debe ser apoyada con interés público, sobre todo porque en su seno se satisface buena parte de los derechos individuales de desarrollo integral de sus miembros, debiéndose destacar que son, al

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mismo tiempo, integrantes del grupo familiar y también ciudadanos dentro de la sociedad. Por consiguiente, las políticas públicas deben tener en cuenta que al proteger la familia se está garantizando un bien humano, y no un simple instrumento con cierta cuota de interés social. No debe olvidarse que la familia constituye una realidad originaria, de la que se eleva una dimensión propia de lo que es específicamente humano (Rodríguez, S. 2021. p.4).

Esta intervención se desarrolla dentro del paradigma crítico emancipador, el cual privilegia una comprensión estructural de las problemáticas sociales, reconociendo que muchas de las condiciones que afectan el ejercicio pleno de la parentalidad (como la pobreza, la violencia, la exclusión o la falta de redes) están profundamente arraigadas en relaciones desiguales de poder, acceso a recursos y falta de oportunidades. Desde este paradigma, el enfoque metodológico adoptado es el enfoque psicosocial, entendido como una modalidad de intervención que articula lo individual, lo familiar y lo comunitario, permitiendo comprender las prácticas negligentes no solo como actos individuales, sino como fenómenos interconectados con los contextos sociales, culturales y económicos en los que se insertan. Así mismo, el enfoque psicosocial propone el trabajo interdisciplinario, el fortalecimiento de vínculos y el acompañamiento sostenido, lo cual resulta clave en procesos de seguimiento como los que se dan en el marco del PARD.

La modalidad de intervención es preventiva y restaurativa, ya que busca no solo contener la vulneración ya ocurrida, sino prevenir su repetición, promoviendo el fortalecimiento de competencias parentales, el reconocimiento del daño causado y la transformación de las dinámicas familiares desde una perspectiva de protección y corresponsabilidad. Además, incorpora elementos de intervención grupal, dado que los círculos de crianza permiten la construcción colectiva de saberes y el reconocimiento entre pares.

4.2 Teórico-conceptual

Desde el punto de vista teórico-conceptual, la estrategia se apoya en los aportes del enfoque de protección integral de la niñez y adolescencia, el cual establece que todas las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ser protegidos de forma activa por parte del

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Estado, la familia y la sociedad. También toma elementos de la teoría del apego y el desarrollo emocional infantil, que evidencia la importancia de los vínculos afectivos estables y seguros en las etapas tempranas de la vida, y cómo la negligencia impacta negativamente en el desarrollo físico, emocional y cognitivo.

La necesidad de proporcionar a niños, niñas y adolescentes una protección especial en relación con el resguardo de sus derechos, fue señalada en primera instancia en 1924 en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (sociedad de las Naciones, 1924) y luego en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959).

También se incluye este reconocimiento especial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Naciones Unidas, 1948), así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1966 (Naciones Unidas, 1966).Si bien niños, niñas y adolescentes, como seres humanos, están incluidos en todos los tratados internacionales de derechos humanos, se consideró necesaria la creación de un cuerpo normativo específico para el resguardo de los derechos humanos durante la etapa de la vida previa a los 18 años.

De este modo, la comunidad internacional quiso garantizar que ellos y ellas fueran considerados sujetos de derechos y que además se especificaran algunos derechos particulares en consideración de las características propias de esa etapa evolutiva. De esta forma, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) incluye, por tanto, un conjunto de derechos que deben realizarse para que todo niño, niña y adolescentes se desarrollen plenamente en la mayor medida de su potencialidad (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989).

Este tratado de derechos humanos, especialmente orientado a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pretende hacerse cargo de las características particulares de esta etapa de la vida de las personas y evitar interpretaciones que pongan en duda su titularidad​ de derechos (Unicef, 2022. p.16).

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Igualmente, se consideran los planteamientos de la teoría ecológica del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner, que permite comprender cómo diferentes sistemas (microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema) influyen en la crianza y en las posibilidades reales de cuidado. Esta visión es útil para trabajar con familias inmersas en contextos vulnerables, donde la negligencia no siempre obedece a la ausencia de amor, sino a la imposibilidad material o emocional de responder a las necesidades de los niños y niñas.

En lo que respecta a los conceptos claves del presente objeto de intervención desde el trabajo social, se destacan los siguientes:

●​ Negligencia parental: es una forma de maltrato infantil caracterizada por la omisión o incumplimiento de los deberes básicos de cuidado, protección, atención emocional, salud, alimentación, educación y vigilancia por parte de los cuidadores principales hacia niñas, niños y adolescentes. A diferencia de otras formas de violencia, la negligencia implica la ausencia persistente de respuestas adecuadas a las necesidades físicas o emocionales del menor, afectando su desarrollo integral. En muchos casos, está asociada a contextos de exclusión, pobreza, consumo de sustancias psicoactivas, deterioro en la salud mental o falta de redes de apoyo.

●​ Parentalidad: se entiende como el conjunto de prácticas, actitudes y funciones que ejercen los adultos responsables del cuidado de NNA, con el fin de garantizar su desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Incluye dimensiones afectivas, normativas, comunicativas y de protección. La parentalidad positiva promueve el bienestar infantil desde vínculos seguros, límites adecuados y presencia activa.

●​ Crianza: proceso continuo de interacción y formación mediante el cual las personas adultas guían el desarrollo de NNA. La crianza no es solo biológica, sino también cultural y social, y puede verse influenciada por patrones transgeneracionales, violencias normalizadas o precariedad económica. En este sentido, la intervención profesional busca transformar prácticas inadecuadas hacia modelos de crianza respetuosos, protectores y amorosos. ●​ Protección integral: es el enfoque que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y establece que su cuidado es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. La protección integral implica garantizar condiciones que promuevan

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su desarrollo en todos los ámbitos de la vida, y exige respuestas intersectoriales y sostenidas frente a las vulneraciones. (Según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y la Adolescencia—, la protección integral comprende el reconocimiento, restablecimiento y garantía de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes).

●​ Restablecimiento de derechos: es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado, a través de las entidades dispuestas por el ordenamiento jurídico Colombiano, como el ICBF, cuando se ha identificado una amenaza o vulneración de derechos en un NNA. Estas medidas pueden ser de carácter administrativo, jurídico, psicosocial o pedagógico, y buscan reparar el daño, prevenir su repetición y fortalecer el entorno protector del menor. El seguimiento dentro del PARD forma parte de este proceso como lo menciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el Lineamiento técnico del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (PARD), 2023.

4.3 Normatividad relevante

La intervención con familias en procesos de restablecimiento de derechos, especialmente aquellas que ingresan al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por negligencia parental, se sustenta en un marco normativo robusto que garantiza el interés superior de la niñez y la corresponsabilidad en su protección. Esta base legal orienta la acción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las y los profesionales del Trabajo Social que actúan desde la Defensoría de Medio Familiar.

●​ Constitución Política de Colombia (1991). La Constitución es el marco supremo que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. En su artículo 44 se establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral. Esta disposición constituye la piedra angular para toda intervención orientada al restablecimiento de derechos. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la

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alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella…” (Constitución Política de Colombia, art. 44, 1991).

●​ Código de Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006). Este código regula la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y establece los lineamientos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En su artículo 18 se define la protección integral como el reconocimiento pleno de los niños como sujetos de derechos, y en los artículos 52 y 53 se regula el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, estableciendo medidas como el acompañamiento psicosocial, el fortalecimiento familiar y, de ser necesario, la ubicación en medida de protección. “Se entiende por protección integral el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos…” (Ley 1098 de 2006, art. 18).

●​ Asimismo, el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, establece que toda acción institucional debe garantizar el enfoque diferencial y de derechos, lo que exige una intervención situada y adaptada a las realidades de cada familia (Congreso de la República, 2006) ●​ Ley 1361 de 2009 – Ley de Protección Integral a la Familia (Congreso de la República de Colombia, 2009). Esta norma reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y promueve acciones para su protección y fortalecimiento. Resalta la necesidad de implementar políticas públicas que atiendan los factores de riesgo familiar y propone estrategias de acompañamiento psicosocial como parte de la prevención de vulneraciones de derechos. “El Estado, la sociedad y la familia deben concurrir de manera armónica, solidaria y corresponsable a la realización de los derechos de los miembros de la familia y su fortalecimiento.” (Ley 1361 de 2009, art. 1).

●​ Directiva 003 de 2017 del ICBF. Esta directiva orienta a las Defensorías de Familia en la aplicación del enfoque restaurativo y diferencial, especialmente en el desarrollo de planes de intervención en contextos de negligencia o violencia intrafamiliar. Promueve el trabajo interdisciplinar y los procesos de seguimiento con enfoque de fortalecimiento familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017) ●​ Lineamientos técnicos del ICBF para el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, s.f). Estos lineamientos operativos guían el quehacer institucional frente a situaciones de amenaza o vulneración de

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derechos. Establecen que, durante el seguimiento a familias en medidas de fortalecimiento, debe desarrollarse un acompañamiento psicosocial integral, orientado a la transformación de las prácticas de cuidado negligentes o inadecuadas ●​ Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) Como tratado internacional ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1991 (Congreso de la República de Colombia, 1991) establece principios como el interés superior del niño (art. 3), el derecho a vivir en familia (art. 9), y la protección frente al abandono, descuido o trato negligente (art. 19). Esta Convención es de obligatorio cumplimiento y refuerza el deber estatal de prevenir y reparar cualquier forma de vulneración.

El marco normativo anteriormente expuesto no solo ofrece una base jurídica para las acciones del ICBF y del Trabajo Social en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD), sino que también configura una ética de la intervención centrada en la dignidad humana, la corresponsabilidad y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Este conjunto de leyes, tratados y lineamientos ratifica que la negligencia parental no puede entenderse ni abordarse únicamente como una falla individual de los cuidadores, sino como una manifestación compleja de factores estructurales, familiares y psicosociales que deben ser analizados desde una perspectiva integral. La Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen claramente que es deber del Estado garantizar entornos protectores, seguros y afectivos para el desarrollo de los NNA, y que las intervenciones deben orientarse a restaurar sus derechos sin romper los vínculos familiares de manera automática, a menos que su protección así lo exija. Esto implica que el Trabajo Social, desde la Defensoría, no solo tiene el rol de documentar o evidenciar situaciones de vulneración, sino de liderar procesos transformadores y restaurativos con las familias, generando oportunidades reales de cambio. Asimismo, la Ley 1361 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009) y los lineamientos técnicos del ICBF resaltan la importancia del fortalecimiento familiar como una estrategia preventiva y reparadora, que busca reconstruir capacidades, fomentar vínculos protectores y resignificar prácticas de crianza. El Trabajo Social, en este sentido, se posiciona como un actor clave en la consolidación de intervenciones que no sean meramente administrativas, sino profundamente humanas, éticas y contextualizadas.

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5.Propuesta de intervención

5.1 Justificación

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), regulado por la Ley 1098 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006), establece que el cierre de un caso sólo procede cuando se ha logrado garantizar de manera efectiva y sostenible el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Para ello, los equipos interdisciplinarios de la Defensoría de Medio Familiar realizan un seguimiento continuo, evidenciado en informes técnicos que dan cuenta de la evolución de la familia y del cumplimiento de las medidas adoptadas.

No obstante, en la práctica institucional se ha identificado una dificultad: los criterios para determinar el cierre de un proceso no siempre son homogéneos, lo que puede derivar en cierres prematuros o en la prolongación innecesaria de medidas. Esta falta de estandarización genera riesgos de reingreso de familias al sistema de protección, además de un uso ineficiente de los recursos institucionales.

En este contexto, se plantea la creación de una herramienta de verificación estandarizada como un complemento técnico al informe de seguimiento que ya realizan los profesionales de Trabajo Social y Psicología. Mientras el informe recoge la evolución cualitativa del proceso, esta herramienta actúa como un mecanismo adicional de control, ofreciendo indicadores concretos y verificables que respaldan las decisiones del equipo interdisciplinario. La herramienta se justifica por varias razones:

1.​ Aporta objetividad: permite que las decisiones de cierre se fundamenten en criterios medibles, reduciendo la subjetividad propia de los informes narrativos.

2.​ Previene reingresos: al exigir la verificación integral de derechos, disminuye la probabilidad de que las familias vuelvan a ser vinculadas a un PARD por fallas en la consolidación de los cambios.

3.​ Fortalece la transparencia institucional: genera trazabilidad en los procesos, ya que cada decisión de cierre queda respaldada por un instrumento técnico que puede ser consultado.

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4.​ Optimiza el trabajo interdisciplinario: promueve que las distintas disciplinas involucradas (Trabajo Social, Psicología, Derecho) articulen su valoración en torno a indicadores comunes. 5.​ Se articula con las prácticas institucionales vigentes: no reemplaza el informe de seguimiento, sino que lo complementa, brindando un soporte adicional en la toma de decisiones.​

De esta manera, la herramienta propuesta responde a las necesidades detectadas en la práctica profesional y aporta al fortalecimiento metodológico del ICBF, asegurando que cada decisión de cierre sea coherente con el principio del interés superior del niño y con los lineamientos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).

5.2 Objetivos

5.2.1 Objetivo general

Implementar una herramienta de verificación complementaria al informe de seguimiento institucional, que permita a la Defensoría de Medio Familiar del Centro Zonal Aburrá Sur establecer con criterios claros, técnicos y verificables, si un proceso de restablecimiento de derechos está en condiciones de cierre.

5.2.2​ Objetivos específicos

●​ Analizar las capacidades parentales y la consolidación de vínculos protectores en las familias responsables del cuidado.

●​ Determinar la existencia y activación de redes de apoyo familiares, comunitarias e institucionales que favorezcan la sostenibilidad de los logros alcanzados. ●​ Corroborar el cumplimiento de compromisos establecidos en el plan de acción del PARD y su impacto en la dinámica familiar.

●​ Respaldar técnica y documentalmente las decisiones de cierre mediante un instrumento estandarizado, que complemente los informes de seguimiento realizados por los profesionales adscritos al equipo interdisciplinario de la defensoría de medio familiar (psicóloga, nutricionista, trabajador social y defensora).

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5.3 Sujetos de intervención

●​ Sujetos directos: 4 niños, niñas y adolescentes cuyos procesos de restablecimiento de derechos se encuentran en etapa de cierre o ya cerrados pero que sean reincidentes. ●​ Sujetos indirectos: 4 familias y cuidadores, quienes deben demostrar condiciones adecuadas de cuidado, protección y ejercicio de la parentalidad.

●​ Sujetos institucionales: defensores/as de familia y profesionales del equipo interdisciplinario (trabajo social, psicología, nutrición y derecho), quienes aplicarán la herramienta y tomarán decisiones sustentadas en sus resultados.

5.3​ Metodología

La aplicación de la herramienta de verificación no se limitará al diligenciamiento del formato por parte del equipo interdisciplinario, sino que se desarrollará mediante tres encuentros participativos y didácticos con las familias, con el fin de garantizar que la verificación del cumplimiento de criterios también se convierta en una oportunidad de fortalecimiento, sensibilización y apropiación de responsabilidades parentales. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con estrategias lúdico–pedagógicas, buscando un espacio dinámico y cercano que facilite la reflexión y el aprendizaje significativo.

5.4.1 Encuentro 1: “Mis derechos, tus cuidados”

●​ Objetivo: Promover la comprensión de los derechos fundamentales de los NNA y su relación directa con las responsabilidades de los cuidadores.

●​ Actividades didácticas:

1)​ Dinámica rompehielos con tarjetas de colores donde cada participante asocia un derecho del niño con una acción de cuidado en la familia.

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2)​ Juego de roles: “El abogado del niño”, donde cada familia debe defender cómo garantizaría un derecho (salud, educación, identidad, protección) en una situación hipotética. 3)​ Construcción de un mural grupal de derechos, que luego se vincula a la primera dimensión de la herramienta (garantía de derechos).

5.4.2 Encuentro 2: “Fortaleciendo mi familia”

●​ Objetivo: Evaluar y reforzar las capacidades parentales, los estilos de crianza y los vínculos afectivos protectores.

●​ Actividades didácticas:

1)​ Juego “El árbol de mi familia”: los participantes dibujan un árbol en cartulina; las raíces simbolizan valores, el tronco fortalezas y las ramas retos de la crianza. 2)​ Escena dramatizada en grupos: situaciones cotidianas de crianza (ej. límites, comunicación, afecto) y debate guiado sobre alternativas positivas.

3)​ Ronda de compromisos familiares, donde cada cuidador escribe en una tarjeta una acción concreta que fortalecerá en el hogar.

5.4.3 Encuentro 3: “Tejiendo redes para el futuro”

●​ Objetivo: Identificar y consolidar redes de apoyo familiares, comunitarias e institucionales que aseguren la sostenibilidad de los logros alcanzados.

●​ Actividades didácticas:

1)​ Dinámica “La telaraña del apoyo”: con un ovillo de lana, cada participante identifica personas o instituciones que conforman su red de apoyo, visualizando cómo se construye una red colectiva.

2)​ Mapa comunitario en cartulina, donde las familias ubican instituciones cercanas que pueden apoyar el bienestar del NNA.

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3)​ Cierre con la actividad “El contrato protector”: cada familia firma un compromiso simbólico de mantener activas sus redes y cumplir los acuerdos establecidos en el PARD.

En cada encuentro, se aplicaron secciones de la herramienta de verificación con el propósito de valorar los avances de las familias frente a los objetivos propuestos en el PARD. Este proceso permitió contrastar la información registrada en los informes de seguimiento con la observación directa y el diálogo reflexivo con los participantes, fortaleciendo la validez de los hallazgos. Asimismo, se promovieron espacios de retroalimentación con las familias, en los cuales se reconocieron los logros alcanzados y los aspectos que requerían fortalecimiento. Al finalizar el proceso, se llevó a cabo una reunión de comité interdisciplinario en la que se analizaron de manera integral los resultados obtenidos, considerando los factores de protección y de riesgo identificados durante el acompañamiento. A partir de dicho análisis, se tomó la decisión sobre el cierre o la continuidad de los casos, procurando garantizar la restitución efectiva de derechos y la sostenibilidad de las acciones implementadas por parte de las familias y las instituciones acompañantes.

5.4​ Plan operativo

Figura 1​ plan operativo de la propuesta Fase / Actividad Descripción Fecha Responsables ¿Qué se busca?

(relación con objetivos)

1. Preparación

documental Rastrear antecedentes, revisión normativa y búsquedas bibliográficas Febrero – mayo 2025 Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Fortalecer el marco conceptual y normativo para fundamentar la herramienta y

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sobre cierres de PARD e intervención familiar.

garantizar coherencia con el interés superior del niño.

2. Diseño de la

propuesta Construcción metodológica de la herramienta de verificación y estructuración de los encuentros didácticos.

4 – 29 de

agosto 2025 Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Diseñar un instrumento práctico alineado con los objetivos de verificar derechos, capacidades parentales y redes de apoyo.

3. Alistamiento

de campo Contacto con familias en procesos de cierre y preparación logística de materiales para los encuentros.

1 – 5 de

septiembre

2025

Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Garantizar la participación de las familias y preparar condiciones logísticas para el desarrollo de los encuentros.

4. Encuentro 1:

“Mis derechos, tus cuidados” Introducción a la herramienta y primera actividad didáctica sobre derechos de Martes 9 de septiembre

2025

Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Relacionar los derechos fundamentales de los NNA con las responsabilida

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NNA y responsabilida des parentales.

des parentales, cumpliendo el objetivo de verificación de derechos.

5. Encuentro 2:

“Fortaleciendo mi familia” Actividades 2 y 3:

fortalecimiento de capacidades parentales, vínculos afectivos y redes de apoyo.

Martes 16 de septiembre

2025

Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Apuntar al objetivo de evaluar capacidades parentales y fortalecer vínculos familiares, esenciales para el cierre del

PARD.

6. Cierre y

verificación final Aplicación de la herramienta completa, análisis de compromisos y cierre participativo con familias.

16 de

septiembre

2025 (final del

segundo encuentro) Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Consolidar la verificación de todas las dimensiones y fomentar la corresponsabili dad de las familias en el cumplimiento de compromisos.

7. Comité

interdisciplinar io final Revisión y análisis de los instrumentos

01 – 02 de

octubre 2025 Defensor/a de Familia – Equipo Tomar una decisión colegiada,

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diligenciados para definir decisión de cierre o continuidad.

interdisciplinar io (Trabajo Social, Psicología, Derecho, Nutrición) objetiva y sustentada en la herramienta e informes de seguimiento, cumpliendo el objetivo de prevenir reingresos.

8.

Sistematizació n y entrega de resultados Elaboración del informe final de intervención y sistematización de aprendizajes.

03 – 23 de

octubre 2025 Isabella Zapata Álvarez – Practicante de Trabajo Social Reflexionar sobre la experiencia, documentar resultados y cumplir con el objetivo de aportar al fortalecimiento institucional del ICBF.

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6. Seguimiento y evaluación de la propuesta

El proceso de seguimiento y evaluación se desarrolló con el propósito de valorar el cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta de intervención, los resultados obtenidos en la aplicación de la herramienta metodológica y el impacto que generó en las familias y en el equipo institucional del ICBF. La evaluación se orientó desde un enfoque cualitativo y participativo, privilegiando la observación directa, el análisis reflexivo y la retroalimentación de los actores implicados. Este enfoque permitió comprender no solo los resultados cuantificables, sino también los cambios actitudinales, relacionales y de comprensión sobre el proceso de restablecimiento de derechos.

6.1 Formulación de la evaluación

La evaluación se estructuró con base en los objetivos de la propuesta de intervención, buscando determinar su grado de cumplimiento y pertinencia, así como su aceptación institucional y familiar.

1)​ Diseñar e implementar una herramienta metodológica complementaria al informe de seguimiento institucional.

2)​ Evaluación: El objetivo se cumplió en su totalidad. La herramienta fue aplicada en tres procesos familiares y valorada positivamente por la Defensoría de Familia. Los profesionales resaltaron su utilidad práctica, claridad y pertinencia técnica, reconociéndola como un insumo valioso para la toma de decisiones.

3)​ Fortalecer la participación de las familias en los procesos de cierre mediante actividades lúdico-reflexivas.

4)​ Evaluación: Se alcanzó un cumplimiento del 80 %. 4 de las 5 familias convocadas, participaron activamente en los encuentros, mostrando disposición, entusiasmo y apertura al diálogo. Los cuidadores expresaron satisfacción por comprender mejor el sentido del proceso en bienestar y valoraron el espacio como formativo y cercano.

5)​ Favorecer la toma de decisiones institucionales basadas en criterios objetivos y observables.

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6)​ Evaluación: El objetivo se cumplió satisfactoriamente. La herramienta permitió establecer con claridad qué procesos podrían cerrarse y cuáles requerían continuidad. Su aplicación fue socializada en comité interdisciplinario, recibiendo comentarios favorables y recomendación para su futura utilización institucional.

6.2 Indicadores de cumplimiento

Figura 2​ Indicadores de cumplimiento de la propuesta Objetivo Indicador de cumplimiento Resultado obtenido Diseñar e implementar una herramienta metodológica complementaria.

Aplicación en casos reales y validación institucional.

Cumplimiento del 100 %.

Herramienta validada y aplicada con resultados positivos.

Promover la participación activa de las familias en el proceso de cierre.

Nivel de asistencia, interacción y compromiso durante los encuentros.

Cumplimiento del 80%.

Participación constante, reflexiones significativas y alto grado de satisfacción familiar.

Fortalecer los criterios de cierre mediante la sistematización de la información.

Revisión técnica de los resultados en comité interdisciplinario.

Cumplimiento del 100 %.

Herramienta útil para orientar decisiones técnicas de cierre.

6.3 Análisis de resultados

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El proceso de evaluación evidenció resultados altamente positivos tanto en el cumplimiento de los objetivos como en la percepción institucional y familiar frente a la herramienta desarrollada. Desde el ámbito institucional, la Defensoría de Familia manifestó satisfacción con la propuesta, reconociendo que la herramienta contribuye a estandarizar criterios de valoración, reducir la subjetividad en las decisiones y optimizar el tiempo en los procesos de seguimiento.

Por parte de las familias, la evaluación mostró un impacto favorable. Los cuidadores expresaron que comprendieron mejor la dinámica del ICBF y el propósito de los seguimientos, valorando el espacio como un proceso de aprendizaje que fortaleció el vínculo con sus hijos. Las dinámicas lúdicas fueron percibidas como estrategias efectivas para reflexionar sobre la crianza, la comunicación y los derechos de los NNA.

En conclusión, la evaluación permitió comprobar que los tres objetivos de la propuesta fueron cumplidos en un gran porcentaje, teniendo en cuenta que 1 de las familias no se presentó. La herramienta metodológica se consolidó como un aporte técnico y humano al ejercicio del Trabajo Social dentro del sistema de protección, al tiempo que generó satisfacción y reconocimiento tanto institucional como familiar.

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7. Análisis y reflexión

La práctica profesional en el ICBF constituyó una experiencia de aprendizaje integral que trascendió el cumplimiento de objetivos académicos. Supuso un acercamiento real al ejercicio del Trabajo Social en escenarios institucionales donde la protección de los derechos de la niñez y la familia es el eje central de la acción. El proceso permitió vivenciar de forma directa los desafíos y responsabilidades que conlleva el acompañamiento a familias en contextos de vulnerabilidad, comprendiendo que cada caso exige sensibilidad, ética y un abordaje interdisciplinario. El rol del Trabajo Social se reafirmó como fundamental en la orientación, acompañamiento y fortalecimiento de las familias. La intervención no se limita a la elaboración de informes o visitas domiciliarias, sino que implica un ejercicio ético-político de mediación, reconocimiento de la dignidad humana y promoción de vínculos protectores. Desde esta perspectiva, cada encuentro con las familias fue una oportunidad para poner en práctica los principios de la profesión: el respeto, la equidad, la justicia social y la corresponsabilidad. La dimensión ético-política estuvo presente en cada momento del proceso, orientando las decisiones y recordando la importancia de actuar siempre desde la protección integral de los NNA. La intervención permitió mantener una postura crítica frente a las dinámicas de control institucional, promoviendo una mirada centrada en la autonomía familiar, la educación y el fortalecimiento de capacidades. Asimismo, se consolidó la comprensión de que el trabajo social es, ante todo, un ejercicio de acompañamiento humano que busca empoderar a las personas para que transformen su propia realidad.

Asimismo, esta práctica evidenció el valor del trabajo interdisciplinario como componente esencial del abordaje integral. El diálogo con psicología, derecho y nutrición posibilitó construir miradas más amplias y soluciones contextualizadas, reafirmando que el bienestar de los NNA no depende de una sola disciplina, sino del esfuerzo conjunto y articulado de varios saberes profesionales.

En lo personal, la práctica representó una oportunidad de crecimiento y reafirmación vocacional. Enfrentar la conducción de grupos familiares, liderar actividades y aplicar herramientas técnicas sin acompañamiento directo fue un desafío que exigió autoconfianza, planeación y sensibilidad social. Este proceso me permitió reconocer mis potencialidades y áreas de mejora, fortaleciendo mi identidad profesional y mi compromiso ético con el Trabajo Social.

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8.Consideraciones finales

El desarrollo de esta práctica profesional constituyó una experiencia profundamente significativa, tanto en el plano académico como en el personal. A través de la planeación, ejecución y evaluación de la propuesta de intervención, fue posible articular la teoría con la realidad social, evidenciando que el conocimiento técnico cobra sentido cuando se pone al servicio de las personas y comunidades.

El principal aporte de esta experiencia radica en la construcción y validación de una herramienta metodológica complementaria que contribuye a fortalecer los procesos de cierre en los casos de restablecimiento de derechos. Este instrumento no solo facilita la evaluación técnica de los casos, sino que también fomenta la reflexión de las familias sobre su propio proceso, su capacidad de cambio y su responsabilidad en la protección de los NNA. La práctica también permitió constatar que la intervención social efectiva requiere sensibilidad, empatía y compromiso ético. Cada encuentro con las familias fue un espacio de aprendizaje mutuo, donde la escucha y la confianza se convirtieron en herramientas fundamentales para el diálogo y la transformación.

A nivel personal, esta experiencia marcó un antes y un después en mi formación como futura Trabajadora Social. Asumir el reto de liderar los encuentros con las familias, gestionar los espacios, elaborar materiales y enfrentar imprevistos sin acompañamiento directo fue un ejercicio de autonomía, responsabilidad y madurez profesional. Comprendí que el Trabajo Social implica más que ejecutar tareas: es acompañar procesos de vida, reconocer subjetividades y promover dignidad y bienestar.

El apoyo de la docente Adriana Londoño fue esencial para la consecución de recursos y espacios, demostrando la importancia del acompañamiento académico y la articulación entre la universidad y la institución. Asimismo, la disposición y compromiso de las familias fortalecieron el sentido humano de la intervención, evidenciando que el cambio es posible cuando se trabaja desde la confianza, la educación y la corresponsabilidad.

En términos globales, la práctica permitió reafirmar la convicción de que el Trabajo Social es una profesión de encuentro y de construcción colectiva. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a tejer redes de apoyo, fortalecer capacidades y proteger los derechos de los más

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vulnerables. Este proceso consolidó no solo una propuesta metodológica útil para el ICBF, sino también una base sólida para mi ejercicio profesional futuro, orientado siempre por la ética, la sensibilidad y el compromiso social.

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Referencias

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10. Anexos

Anexo 1.

Herramienta Metodológica de Verificación para Cierre de PARD Esta herramienta metodológica tiene como objetivo verificar, mediante criterios claros y puntuables, si un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) se encuentra en condiciones de cierre. Su aplicación es complementaria al informe de seguimiento realizado por los profesionales de la Defensoría de Medio Familiar. Escala de valoración

- 2 puntos = Cumplido (criterio plenamente garantizado)​

- 1 punto = En proceso (existen avances, pero con aspectos pendientes)​

- 0 puntos = No cumplido (criterio no garantizado)

Dimensión Indicador Puntaje (0-2) Observaciones Garantía de derechos NNA cuenta con registro civil y documentos de identidad.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Garantía de derechos NNA está afiliado y con acceso efectivo a servicios de salud.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Garantía de derechos NNA se encuentra vinculado y en permanencia en el sistema educativo.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Garantía de derechos Se garantiza un entorno libre de violencia y protección frente a riesgos.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

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Condiciones familiares Cuidadores demuestran competencias parentales adecuadas.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Condiciones familiares Se identifican vínculos afectivos protectores con el

NNA.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Redes de apoyo La familia cuenta con red de apoyo familiar y comunitaria activa.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Redes de apoyo Existen instituciones articuladas que apoyan de forma sostenida.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Cumplimiento del

PARD

La familia cumplió los compromisos y acuerdos establecidos.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Cumplimiento del

PARD

Los seguimientos técnicos confirman mejoría estable y sostenida.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

​ Puntaje máximo posible: 20 puntos Interpretación de resultados

- 16 – 20 puntos: Proceso en condiciones de cierre.​

- 11 – 15 puntos: Cierre no recomendado, continuar con seguimiento.​

- 0 – 10 puntos: Alto riesgo de vulneración requiere prolongar medida y acciones intensivas.

Procedimiento de aplicación

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1. El equipo interdisciplinario diligencia la herramienta con base en los informes de seguimiento,

visitas familiares y encuentros.​

2. Cada indicador debe sustentarse con evidencias documentales (certificados de estudio,

constancias de salud, entrevistas, compromisos cumplidos).​

3. El puntaje total se registra en el acta del comité interdisciplinario.​

4. El defensor de familia emite la decisión final (cierre o continuidad), sustentada en el informe

de seguimiento y los resultados de esta herramienta.