Viviendo al margen: Reflexiones a partir de la práctica académica realizada en la Corporación Everyday Homeless.
Lenny Mariana Benítez Restrepo
Informe de práctica presentado para optar al título de Socióloga
Asesora Heidy Cristina Gómez Ramírez,Magíster (MSc) en Ciencias Sociales
Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Sociología Medellín, Antioquia, Colombia
2025
Cita (Benítez Restrepo, 2025) Referencia
Estilo APA 7 (2020) Benítez Restrepo, L. M. (2025). Viviendo al margen: Reflexiones a partir de la práctica académica realizada en la Corporación Everyday Homeless, [Informe de práctica]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)
Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co
Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co
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Tabla de contenido Resumen ........................................................................................................................................... 5 Abstract ............................................................................................................................................ 6 Introducción ..................................................................................................................................... 7
1.
¿Qué significa ser habitante de calle? ..................................................................................... 13 1.1 Aproximaciones conceptuales .............................................................................................. 13 1.2 Abordajes normativos .......................................................................................................... 15 1.3 Del estigma a la deshumanización ....................................................................................... 18
2. Determinantes espaciales y sociales de la concentración de personas en situación de calle. .... 21
2.1. Contexto histórico y socioespacial ...................................................................................... 21 2.2 Casas de vicio y economías delincuenciales ........................................................................ 24
2.3 Consolidación de lugares de permanencia de las personas en situación de calle y su
relación con la configuración del espacio público. .................................................................... 25 2.4 Apropiación del espacio público y economía informal: el Bazar de Los Puentes ............... 27 2.5 Representación espacial y análisis de la Comuna 10. .......................................................... 28
3. La violencia en la vida cotidiana de las personas en situación de calle. .................................... 32
3.1 ¿Por qué hablar sobre violencia en personas en situación de calle? .................................... 32 3.2 Información cuantitativa: violencia homicida contra personas en situación de calle .......... 33 3.3 Violencia contra las personas en situación de calle: de las normas a la experiencia. .......... 35 3.4 Violencias de género hacia las personas habitantes de calle. ............................................... 38 3.5 La vigencia contemporánea de la limpieza social ................................................................ 40
4.
Reflexiones finales sobre el papel de la sociología. ............................................................... 46
5.
Conclusiones ........................................................................................................................... 47 Referencias ..................................................................................................................................... 49
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Lista de figuras
Figura 1 Representación histórica de la Comuna 10 de Medellín en 1675. .................................. 22 Figura 2 Título de la cartografía .................................................................................................... 28 Figura 3 Croquis de la Comuna 10 de Medellín, intervenido con convenciones. ........................ 29 Figura 4 Convenciones empleadas en el croquis .......................................................................... 29 Figura 5 Homicidios de personas en situación de calle en Medellín (2015–2024) ...................... 33
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Resumen
El presente informe presenta los hallazgos y reflexiones derivados de las prácticas académicas realizadas en la Corporación Everyday Homeless durante el año 2024. La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo orientado a comprender las vivencias de las personas en situación de calle. Más que limitarse a la recolección de datos, el propósito fue interpretar los significados que estas personas atribuyen a su cotidianidad, en particular frente a las múltiples formas de violencia que atraviesan sus vidas.
Para ello, se emplearon distintas técnicas: observación participante en actividades de la corporación (como Cines a la Calle, Café tertulias, ferias de salud y espacios de acompañamiento), registrados mediante diarios de campo y audios; entrevistas semiestructuradas con hombres y mujeres de la Comuna 10 de Medellín en situación de calle, enfocadas en relatos de violencia e historias de vida; y revisión documental en bases académicas, complementada con solicitudes formales de información a entidades estatales.
El principal hallazgo consiste en visibilizar las diversas manifestaciones de violencia que enfrentan las personas en situación de calle en su cotidianidad, así como la constatación de que las prácticas de limpieza social aún se encuentran vigentes.
Palabras clave: Personas en situación de calle, habitantes de calle, espacio público, limpieza social y violencia.
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Abstract
This report presents the findings and reflections resulting from the academic practices conducted at the Everyday Homeless Corporation in 2024. The study was framed within a qualitative approach aimed at understanding the lived experiences of homeless individuals. Beyond mere data collection, the purpose was to interpret the meanings that these individuals assign to their daily lives, particularly regarding the multiple forms of violence they endure. To this end, various methods were employed: participant observation in the corporation’s activities (such as Cines a la Calle, Café tertulias, health fairs, and support sessions), documented through field journals and audio recordings; semi-structured interviews with homeless men and women in Comuna 10 of Medellín, focusing on narratives of violence and life histories; and documentary review of academic databases, complemented by formal information requests to government entities.
The main finding highlights the diverse manifestations of violence that homeless individuals face in their daily lives, as well as the continued presence of limpieza social practices.
Keywords: Homeless, public space, limpieza social, violence.
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Introducción
Vivir en la calle no es vivir. Uno sobrevive como puede. Nos comemos un bolis y un pan. Si uno consigue mil pesos, no los gasta en comida, los guarda pa consumir algo.
No tenemos fuerzas, ni cuerpo, ni mente. Somos como marionetas.
No razonamos, no sabemos qué día es. A mí me pasaron diez años sin darme cuenta. Pensaba que tenía 17, y ya tenía 24.
(Omaira Montoya, comunicación personal, 2024)
El presente informe recoge la experiencia de prácticas realizada en la Corporación Everyday Homeless entre febrero y noviembre de 2024. Su propósito es documentar y reflexionar sobre el rol desempeñado como estudiante de sociología en una organización dedicada a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, así como dar cuenta de los aprendizajes adquiridos durante el trabajo de campo.
A lo largo de las prácticas, se abordaron dos escenarios complementarios: el primero, centrado en la intervención y apoyo directo a la organización; y el segundo, con un componente investigativo, orientado a la elaboración de un informe sobre el aumento de la violencia homicida hacia los habitantes de calle, proceso que no pudo concluir por diversos motivos. Este documento busca, evidenciar la relevancia de integrar el aprendizaje teórico y práctico en el ejercicio de la sociología, a partir de la experiencia directa con la realidad de las personas en situación de calle en Medellín. Asimismo, responde a inquietudes personales surgidas durante la práctica, cuestionando imaginarios sociales sobre esta población y reflexionando sobre cómo la violencia, la marginalización y la precariedad son resultado del engranaje de la ciudad y del sistema social, más que de decisiones individuales. De esta manera, el informe combina la descripción de la experiencia práctica con reflexiones críticas que permiten reconocer la complejidad de la realidad urbana y la importancia de la acción sociológica comprometida. En el marco del informe se desarrolló un análisis integral sobre las personas en situación de calle, desde lo conceptual hasta lo normativo, el papel que cumple el estigma con el cual se les asocia. Además, se abordan aspectos clave como los determinantes espaciales y sociales de su concentración en determinados sectores urbanos, el contexto histórico y socioespacial en el que emergen, así como la incidencia de economías informales y otras actividades en las que se vinculan. De igual forma, se reconoció la dinámica de reubicación y apropiación del espacio público, la
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representación espacial de la Comuna 10 para una mayor compresión, y las diversas formas de violencia que enfrentan esta población, complementadas con información cuantitativa que refuerza el enfoque cualitativo del estudio. Asimismo, se exploró la vigencia de prácticas de limpieza social y se reflexionó críticamente sobre el papel de la sociología en la comprensión de estas problemáticas, concluyendo con algunas reflexiones.
Memoria metodológica
A diferencia de otros ejercicios de práctica académica, está práctica incorporó y facilitó el desarrollo de un campo de investigación desde el enfoque cualitativo, guiado por los postulados de Howard S. Becker (2011). Esto implicó asumir la perspectiva de los actores, reconocer la existencia de múltiples mundos sociales con sus propias lógicas y escribir para visibilizar las experiencias y significados que se construyen en la vida cotidiana. Así se buscó comprender el sentido que las personas atribuyen a sus experiencias y comportamientos, centrándose en cómo perciben y estructuran su realidad social. No se trató simplemente de recolectar datos, sino de interpretar y dar significado a estos datos dentro del contexto de las experiencias vividas. Además, permitió un acercamiento oportuno a las personas que se encuentran en situación de calle, ajustado constantemente a las necesidades específicas de la investigación, logrando adaptar las herramientas de recolección de información a las características particulares del entorno. Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de observación participante en los distintos escenarios gestionados por la corporación, tales como Cines a la Calle, ferias de salud, café tertulias y los espacios ofrecidos en el Centro Día. Toda la información recolectada fue sistematizada a través de diarios de campo y registros de audio, los cuales fueron posteriormente revisados, analizados y categorizados como una oportunidad para observar y sumergirse en el contexto natural. Según Eumelia Galeano (2012), la observación participante tiene dos dimensiones: una como técnica para la recolección de información y otra como estrategia de investigación. Esto permitió recopilar información a través de una inmersión directa en el entorno de estudio, exigiendo mirar más allá de lo obvio y examinar todos los detalles que transcurren de forma deliberada y que, por lo general, pasan desapercibidos, pero son esenciales para interpretar y contextualizar. Esta técnica fue acompañada por un diario de campo que permitió sistematizar lo observado mediante
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descripciones y categorizaciones como violencia estructural, estigmatización, marginalidad, entre otros.
Así mismo, se empleó la entrevista semiestructurada, entendida como un proceso comunicativo en el cual se obtuvo información de una persona contenida en su biografía (Alonso, 1999, pp. 225-226). En particular, estas entrevistas incluyeron preguntas tanto cerradas como abiertas. Se realizaron varias entrevistas a habitantes de calle, con el propósito de recopilar información detallada sobre sus experiencias relacionadas con la violencia y los homicidios. Es decir, si habían sido víctimas de algún tipo de violencia debido a su situación de calle o al entorno en el que vivían, buscando obtener relatos sobre cómo su condición podría haber influido en las agresiones o abusos que vivieron.
El perfil de los entrevistados fue de hombres o mujeres de cualquier edad que hubieran residido o residieran en las calles de la comuna 10 de Medellín y que se reconocieran como habitantes de calle. Los participantes fueron contactados a través de actividades ofrecidas por la corporación, ya que, pues estos eventos proporcionaron espacios de acompañamiento, diálogo y escucha, fomentando vínculos que facilitaron la realización de entrevistas grabadas en audio y transcritas posteriormente.
Otra técnica que se aplicó fue la revisión documental, que consistió en un conjunto de procesos específicos para buscar documentos, seleccionarlos, organizarlos y analizarlos (Bermeo- Yaffar et al., 2016) en torno a un tema específico. Esta búsqueda se realizó en bases de datos como Scielo, Redalyc, Science Direct, Scopus, Doaj, Dialnet y repositorios institucionales de algunas universidades públicas, empleando ecuaciones de búsqueda centradas en conceptos como "violencia" y "habitantes de calle" en Colombia, sin considerar un rango de tiempo específico. La intención fue sintetizar lo encontrado en una matriz que, en un primer momento, contextualizara los estudios e investigaciones previas sobre la habitancia en la calle y sirviera para evidenciar cuáles de las producciones teóricas se enfocaron en la violencia.
Con el propósito de fundamentar y contrastar la información recolectada, se acudió a mecanismos institucionales que permitieran obtener datos oficiales y complementarios. En primera instancia, se presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL). Este recurso posibilitó el acceso a información suministrada por las entidades competentes y, de manera paralela, proporcionó una experiencia práctica sobre el funcionamiento y los alcances de dicho instrumento legal.
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Posteriormente, en el presente año, se radicó una PQR ante la Unidad de Programas Sociales Especiales (UPSE), adscrita a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, con el propósito de indagar por los programas y estrategias orientados a la atención de la población de y en calle. La incorporación de esta información otorgó mayor rigurosidad y respaldó los hallazgos, permitiendo consolidar la investigación a partir de la articulación entre la observación directa, los datos cualitativos y la información verificable proveniente de instancias institucionales, sin llegar a configurarse como una investigación de enfoque mixto.
En este sentido, las prácticas académicas y los instrumentos de recolección de información implementados se desarrollaron en un espacio liderado por jóvenes que cuestiona abiertamente los enfoques centrados en la caridad y la ayuda puntual con perspectiva paternalista, aquellos que reducen a las personas en situación de calle a la categoría de “pobrecitxs, qué pesar”, enmarcados en una falsa empatía. Frente a ello, se acciono desde el reconocimiento de su capacidad de agencia y desde la necesidad de construir relaciones horizontales que disputaran las lógicas de subordinación, aportando a la transformación de los imaginarios sociales y de las estructuras que sostienen la exclusión.
Sobre la Corporación Everyday Homeless
Nace en 2019, germinando como un proyecto fotográfico ideado por Jorge Calle y Nataly Cartagena, que, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una iniciativa social enfocada en la prevención de la habitancia en calle, utilizando la educación como herramienta clave para orientar a niños y niñas del barrio Estación Villa sobre los riesgos del consumo de sustancias y la habitancia de calle.
Además, ofrece apoyo a sus familias para asegurar una crianza adecuada en medio de las adversidades y ofrecen asistencia a aquellos que han residido o aún residen en la calle. De esta manera, con el propósito de abordar estas complejas realidades implementan una variedad de estrategias basadas en el arte, la política, la investigación, la educación y la intervención psicosocial.
Esta corporación ha evolucionado de una colectividad informal a una entidad sin ánimo de lucro, con una estructura organizativa que la identifica claramente. En Everyday Homeless se
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reconoce la habitancia de calle como el resultado de un problema estructural, agravado por la falta de apoyo para quienes se encuentran en esta situación.
Su plan estratégico (2021-2025) está basado en el reconocimiento del entorno en el que opera, abarcan cinco grupos poblacionales, organizados en dos subgrupos: Subgrupo 1: Población que se encuentra en pobreza extrema y en riesgo de residir en la calle debido a las condiciones territoriales, económicas y sociales que viven donde no cuentan con garantías para su desarrollo social, además de que su vínculo familiar no cuenta con las herramientas suficientes que les permitan agenciar su sostenibilidad y los recursos económicos para suplir necesidades.
Las personas que se acompañan son en especial los y las menores de edad que no cuentan con una red de apoyo fortalecida que les permita construir su proyecto de vida. Los niños, niñas y jóvenes en su mayoría sufren de abandono y violencia intrafamiliar o no cuentan con acompañamiento oportuno, lo cual produce hábitos negativos como mal manejo de emociones, deserción escolar, falta de una comunicación asertiva, consumo de sustancias psicoactivas y, en última instancia, el riesgo de vivir en la calle.
Los grupos que se acompañan son:
1. Movimiento infantil callejeritos
2. Movimiento juvenil de la calle
3. Movimiento familiar de la Calle
4. Movimiento de la calle conformado por habitantes y exhabitantes de calle.
Subgrupo 2: Está conformado en gran parte con personas exentas del territorio quienes con contribuyen como líderes y voluntarios que apoyan y aportan en la participación de las actividades de la corporación Everyday Homeless. Los líderes y voluntarios son formados a través de procesos de sensibilización y liderazgo en la Escuela de Líderes.
Es importante mencionar que la Corporación Everyday Homeless se encuentra ubicada estratégicamente en la comuna 10, La Candelaria. Esta comuna, forma parte de las 16 Comunas de Medellín, la capital del Departamento de Antioquia. Está situada en la zona centro-oriental de la ciudad. Limita al norte con la Comuna n.º 4, Aranjuez; al este con las comunas n.º 8, Villa Hermosa, y n.º 9, Buenos Aires; al sur con la Comuna n.º 14, El Poblado; y al oeste con las comunas n.º 7,
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Robledo, n.º 11, Laureles – Estadio, y n.º 16, Belén. (Alcaldía de Medellín & Institución Universitaria Esumer, 2019) La estructura del informe se organiza en cinco apartados que permiten un tránsito desde la reflexión conceptual hasta el análisis crítico, las experiencias de los y las participantes, como la elaboración de las conclusiones. El primer capítulo se centra en responder la pregunta sobre qué significa ser habitante de calle, a partir de aproximaciones conceptuales y abordajes normativos que buscan construir un marco de referencia para comprender la complejidad de esta realidad. El segundo capítulo examina los determinantes espaciales y sociales que explican la concentración de personas en situación de calle, integrando diversas dimensiones: el contexto histórico y socioespacial, las casas de vicio y economías delincuenciales, la consolidación de lugares de permanencia, la apropiación del espacio público y, finalmente, la representación espacial en la Comuna 10; este recorrido evidencia cómo el territorio y las dinámicas urbanas inciden en la habitancia de calle. El tercer capítulo aborda la violencia en la vida cotidiana de las personas en situación de calle, desglosando esta problemática en varios niveles: la necesidad de hablar sobre violencia, el soporte de información cuantitativa, el contraste entre normas y experiencias, la violencia de género y la persistencia de la limpieza social como práctica contemporánea; este apartado constituye el núcleo más denso del informe, al poner en primer plano las formas de violencia que configuran la existencia de esta población. Posteriormente, el cuarto capítulo presenta unas reflexiones finales sobre el papel de la sociología, destacando la relevancia de esta disciplina en el análisis y comprensión de estas problemáticas. Finalmente, el quinto capítulo reúne las conclusiones, donde se sintetizan los principales hallazgos y se señala la necesidad de cuestionar de manera más crítica y tomar acciones contra a la violencia hacia la población en calle.
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1.
¿Qué significa ser habitante de calle?
1.1 Aproximaciones conceptuales
Al hacer un breve análisis de los textos y políticas públicas en Colombia que tratan sobre la población habitante de calle, aparece el concepto “habitar" como un factor condicionante al expresarse y hablar de las personas en/de calle como habitantes. Hipotéticamente, esto podría ser justificado como una asociación con el concepto de "habitar", tal como ha sido comprendido socialmente en el idioma español, que en Latinoamérica es producto de la colonización. Esta asociación se basa en la atribución de significados a las palabras, un proceso que ha sido influenciado por las normativas lingüísticas establecidas por la Real Academia Española. Donde se define habitar como “Vivir, residir, morar, ocupar, poblar, anidar, asentarse, afincarse, arraigarse, establecerse, domiciliarse, alojarse, aposentarse, convivir, cohabitar, estar.” (Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014, párr. 1) El término habitante de calle ha tenido un amplio uso en investigaciones académicas (Correa-Arango & Zapata-Posada, 2007; Díaz Ducuara, Palacios Rozo & Ortiz Quevedo, 2015; Ita Juárez, García Villagrán, Meneses Galván & Nuño de la Parra, 2018; Raffaelli, 2010; Bacares Camacho, 2012), informes oficiales, noticias y reportajes periodísticos. Sin embargo, más que describir de manera diversa una realidad, esta denominación ha sido configurada desde la institucionalidad1 y reproducida socialmente, lo que ha dado lugar a la construcción de una categoría cargada de significados normativos y valorativos. De este modo, no solo se alude a la situación de vivienda, sino que también se le han atribuido características displicentes que marcan a las personas bajo esta etiqueta. En consecuencia, el término opera como un molde normativo: para que alguien sea reconocido como habitante de calle y, por tanto, pueda acceder a determinados programas o derechos debe encajar en una figura previamente definida por las instituciones, reforzada por los imaginarios sociales.
Desde la filosofía y las ciencias sociales, el concepto de habitar ha sido abordado de diversas maneras. Para Martin Heidegger (1951), habitar no se limita a ocupar un espacio físico, sino que implica una relación profunda con el entorno: estar arraigado en un lugar, comprender su
1 Es decir, el concepto habitante de calle deriva o se emplea de la misma forma que usar personas en situación de la calle, quienes son las personas habitan el espacio público de manera permanente o transitoria, desarrollando allí todas las dimensiones de su vida (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010).
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significado y su importancia. En una línea cercana, Gaston Bachelard (1957) examina cómo los lugares influyen en la imaginación y la memoria, mostrando la interconexión entre espacio y experiencia humana.
Henri Lefebvre (1974) ofrece otra perspectiva al analizar el espacio como un constructo social vinculado a las estructuras de poder y a las relaciones de producción. Para él, el habitar es una práctica social y cultural que refleja y reproduce las dinámicas sociales. En sus palabras: “Habitar, para el individuo o para el grupo, es apropiarse de algo. Apropiarse no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello propio” (Lefebvre, 1971, p. 210) En este sentido, habitar es un fenómeno complejo que trasciende la ocupación física e involucra procesos sociales, culturales y económicos.
Michel de Certeau (2008) complementa esta visión al señalar que habitar implica prácticas cotidianas mediante las cuales los individuos interactúan con el entorno urbano, le otorgan significado y ejercen su agencia dentro de un contexto social determinado. Desde otra perspectiva, las teorías de Maurice Merleau-Ponty y Tim Ingold resaltan la importancia de la corporeidad: nuestras experiencias sensoriales y prácticas corporales influyen en cómo damos sentido y transformamos los espacios que habitamos.
Incluso desde la filosofía del lenguaje y la arquitectura, Ludwig Wittgenstein planteó que los espacios construidos son una forma de lenguaje que moldea nuestras experiencias, pensamientos y acciones. Así, la manera en que habitamos un entorno está condicionada por los elementos materiales y simbólicos que lo constituyen.
Ahora bien, aunque existen fundamentos teóricos que buscan justificar el uso del término habitante de calle al reconocer que esta población desarrolla dinámicas sociales, económicas y de agencia, es igualmente relevante considerar cómo este concepto se ha transformado históricamente. La evolución semántica refleja los ideales, concepciones, prácticas económicas y sociales, así como los pensamientos dominantes en distintos contextos del país. En este proceso, la población ha sido designada con múltiples denominaciones, tales como mendigos, vagabundos, locos, chinos, gamines, indigentes, ñeros o desechables (Garzón et al., 2015) Cabe señalar que, en su uso más extendido, el término habitante de calle no solo designa a quienes residen en entornos urbanos sin un hogar, sino que además tiende a reducir su existencia a esa condición habitacional. Esta mirada con frecuencia invisibiliza otros aspectos fundamentales de sus trayectorias, identidades y formas de agencia. En consecuencia, contribuye a la reproducción
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de dinámicas de estigmatización y deshumanización, al concebir a estas personas como una consecuencia del desarrollo urbano y como una población relegada.
Bajo esta lógica, se diluye la individualidad y se las percibe como un grupo homogéneo, lo que favorece estereotipos y prejuicios, impidiendo reconocer la diversidad de experiencias y realidades que caracterizan a esta población.
En el plano internacional, la discusión adquiere otros matices. Se emplea la palabra “homeless” para referirse a las personas que carecen de un lugar de residencia fijo, adecuado y seguro. Esta definición incluye tanto a quienes viven en la calle, como a quienes habitan en refugios temporales o en espacios no destinados a la habitación humana (Cambridge University Press, 2020). En español, el equivalente más cercano sería “personas sin hogar”. Por su parte, la Red Calle Latinoamérica define a las personas en situación de calle como aquellas que hacen de la calle su lugar de residencia, ya sea de manera permanente, transitoria o intermitente. Además, incluye a quienes viven en viviendas inadecuadas o inseguras, agrupando todas estas formas de habitancia bajo la denominación “personas en situación de calle”. Con ello, se busca reconocer tanto la dimensión individual como colectiva de esta condición, y superar lecturas simplistas que reducen la complejidad de la experiencia de habitar en calle.
1.2 Abordajes normativos
En términos jurídicos, la noción de habitante de la calle, inicialmente equiparada al concepto de indigente, fue introducida por primera vez por la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de tutela en 1992. Esta sentencia estableció las condiciones bajo las cuales un indigente podría recibir asistencia inmediata por parte del Estado, debido a su manifiesta situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, fue solo en 2013 que se definió formalmente al habitante de la calle a través de la Ley 1641, como "una persona, sin distinción de sexo, raza o edad, que utiliza la calle como lugar de residencia, ya sea de manera permanente o transitoria, y que ha perdido los lazos con su entorno familiar" (Colombia. Congreso de la República, 2013, p. 1). Posteriormente, la Corte Constitucional estableció una distinción conceptual entre habitante de la calle e indigente, aclarando que, aunque todo habitante de la calle es indigente, no todos los indigentes viven en la calle. (Ureta, 2013)
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Aunque suelen usarse como sinónimos, las nociones de indigente y habitante de calle no significan lo mismo. El término indigente se relaciona principalmente con la dimensión socioeconómica, pues hace referencia a la pobreza extrema y a la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. En cambio, habitante de calle incorpora también una dimensión geográfica, ya que designa a quienes residen de manera permanente en el espacio público urbano. Así, mientras toda persona habitante de calle se encuentra en condición de indigencia, no toda persona indigente habita necesariamente en la calle (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-385 de 2014; Mundo Jurídico, 2022).
Para el Ministerio de Salud y Protección Social, la situación de las personas que se encuentran en la calle puede ser definida según las dinámicas que experimenten en dicho entorno. Aquellos que utilizan la calle como medio de supervivencia, pero disponen de un espacio privado distinto para residir, serán categorizados como “personas en calle” según Correa (2007) como se citó en Ministerio de Salud y Protección Social (S.f). En contraste con aquellos individuos que carecen de ese espacio privado y utilizan tanto la calle como los espacios públicos para todas las facetas de su vida serán denominados como "personas de calle" afirmado según la ley 1641 de
2013.
Es decir que, las personas en situación de calle agrupan a las personas EN calle y DE la calle, de acuerdo con el Marco Global para entender las situaciones de calle y personas sin hogar propuesto por el Institute of Global Homelesness [IGH] y la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar-FEANTSA (Roofless, houseless y algunas tipologías de insecure housing.y algunas formas de vivienda insegura) Según lo citado por el Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.).
En cuanto a los proyectos y programas para atender este grupo poblacional en Medellín, la Unidad de Programas Sociales Especiales [UPSE], adscrita a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, coordina los programas y estrategias dirigidos a la atención de la población de y en calle, en articulación con otras dependencias del Distrito y en cumplimiento de la “Política Pública Social para los Habitantes de la Calle del Municipio de Medellín” (Colombia. Congreso de la República, 2017, p. 1; Decreto 0718 de 2017), que establece la corresponsabilidad en su implementación. Asimismo, el Plan de Desarrollo Distrital “Medellín Te Quiere 2024–2027” incorpora el Programa “Habitantes de y en calle con atención e inclusión social”, del cual se deriva el proyecto 240042 de fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle; Este proyecto implementa un
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Sistema de Atención integral, orientado a garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de la población en situación de calle, reducir los impactos físicos y cognitivos asociados a la vida en calle y promover procesos de resocialización e inclusión social. El Sistema de Atención se estructura en distintos componentes. El de atención básica comprende la intervención en calle, acercando la oferta institucional a los asentamientos de la población objetivo, y la atención básica propiamente dicha, que responde a necesidades inmediatas mediante servicios de autocuidado, higiene, alimentación, salud, acompañamiento psicosocial, sueño reparador, talleres formativos y remisión a otros servicios según las necesidades del usuario. La atención se presta en diferentes sedes: Centro de Atención Básica 24 horas (Comuna 10, La Candelaria), Centro de Diagnóstico y Derivación (Sagrado Corazón), Feria de Servicios (Plataforma A) y Transitorio San Juan.
Dentro de la resignificación del proyecto de vida, se contempla la preparación para la resocialización mediante un preproceso de hasta 27 días que favorece la desvinculación de factores de riesgo, el fortalecimiento de redes familiares y sociolaborales, el desarrollo de habilidades y la atención a recaídas de usuarios que han egresado de procesos previos. Adicionalmente, se contempla la atención integral a personas con discapacidad psicosocial de alta dependencia o discapacidad leve o moderada, con enfoque en diagnóstico, manejo individualizado, acompañamiento psicosocial, alimentación y actividades educativas y ocupacionales. El componente de resocialización busca reconstruir el proyecto de vida de los usuarios mediante la adquisición de habilidades psicosociales, atención en salud, nutrición, fortalecimiento de vínculos familiares y oportunidades de inclusión laboral o de autogestión, implementándose a través de un proceso estructurado y vivencial de cinco etapas. Posteriormente, el seguimiento al egresado ofrece apoyo psicosocial, acompañamiento en trámites y actividades de integración, y orientación para la inclusión ocupacional.
El componente de reducción de riesgos y daños se orienta a minimizar los efectos negativos del estilo de vida en calle, especialmente para personas mayores de 55 años, mediante fortalecimiento de factores protectores, cuidado, alimentación, higiene y actividades recreativas. Finalmente, el albergue temporal proporciona atención física, social y psicosocial a quienes presentan necesidades prioritarias, supliendo la ausencia de redes familiares mientras se estabiliza su condición y se facilita su inclusión social.
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En conjunto, este sistema de atención integral evidencia un enfoque articulado y continuo, centrado en la protección de derechos, la inclusión social, la resocialización y la generación de oportunidades para la población de y en calle, buscando responder a sus necesidades específicas y promover procesos sostenibles de reintegración social, en teoría y texto.
1.3 Del estigma a la deshumanización
El simple hecho de mencionar la expresión “habitantes de calle” ya activa un estigma que está arraigado en el imaginario social. Su sola presencia en los espacios públicos tiende a intensificar ese estigma, incluso en aquellos que se consideran libres de prejuicios. Solo hay que observar las reacciones que se generan cuando una persona en situación de calle que no encaja con los estereotipos esperados o "aceptables" accede a un sistema de transporte público: de inmediato surgen miradas, juicios y comportamientos que revelan mecanismos de exclusión. De acuerdo con Goffman (2006), el estigma se manifiesta en el marco de las interacciones sociales, particularmente cuando la identidad social de una persona, es decir, los atributos que se le reconocen no cumplen con las expectativas socialmente establecidas. Con el fin de explicar sus distintas expresiones, el autor distingue tres categorías principales: primero, las abominaciones del cuerpo, que hacen referencia a deformaciones o alteraciones físicas; segundo, los estigmas tribales, vinculados a la etnia, la religión o la nacionalidad; y finalmente, aquellos relacionados con fallas del carácter individual, como adicciones, trastornos mentales o comportamientos considerados desviados por la norma social.
En otras palabras, cuando un atributo específico de una persona se convierte en el punto de partida para deslegitimarla o desacreditarla, dicho rasgo pasa a ser un marcador social que la sitúa en una posición de diferencia frente a los demás. Esta diferencia no se entiende como diversidad, sino como una señal de desviación o anormalidad, que permite leer al individuo como alguien débil, peligroso o moralmente cuestionable. En ese proceso, la persona deja de ser reconocida en su totalidad, con múltiples dimensiones y cualidades, para ser reducida a una sola característica que lo convierte en un ser menospreciado (Goffman, 2006).
El autor diferencia entre la identidad social virtual, que corresponde a las expectativas y juicios que los otros proyectan sobre alguien a partir de ciertos rasgos visibles, y la identidad social real, que remite a las características efectivas del individuo. Cuando existe una discrepancia entre
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ambas, surge la posibilidad de estigmatización, pues esa brecha puede reducir a la persona a un solo atributo que la aleja de lo considerado “normal” y la coloca en una posición de inferioridad o desprestigio (Goffman, 2006). De esta manera, la identidad social no se concibe como una esencia interna o fija, sino como una construcción dinámica que surge de la interacción y que refleja las jerarquías, prejuicios y relaciones de poder que atraviesan el entramado social. Las personas que viven en la calle no solo enfrentan pobreza o falta de vivienda, sino también un estigma. Con frecuencia, se les atribuyen etiquetas como “perezosos”, “vagos”, “adictos” o “peligrosos”, responsabilizándolos individualmente de su condición bajo la idea de que son los “culpables” de su propia precariedad. Este tipo de narrativas omite los factores estructurales y particulares que explican en gran medida el tránsito hacia la calle. Si bien algunas de estas características pueden estar presentes en ciertos casos, reducir a toda la población en situación de calle a tales rasgos supone una generalización que borra la diversidad de experiencias y trayectorias.
En este escenario, la falta de acceso a condiciones mínimas de higiene, alimentación o vestimenta refuerzan la discriminación, pues el incumplimiento de los estándares sociales de presentación personal se convierte en un argumento adicional para negarles reconocimiento y dignidad. Aquí es pertinente cuestionarse: ¿no es acaso la sociedad, a través de sus estructuras desiguales y sus prejuicios, la que reproduce y perpetúa las condiciones de exclusión que dice condenar? Desde esta perspectiva, el estigma no es simplemente una percepción individual, sino un mecanismo y construcción social que legitima la indiferencia y la marginación hacia quienes viven en la calle.
Tal como advierte Goffman (2006):
Es probable que intentemos continuar como si en realidad ese individuo correspondiera por entero a una de las clases de personas que no son naturalmente accesibles en la situación, ya sea que eso signifique tratarlo como a alguien mejor de lo que creemos que es o como alguien peor de lo que pensamos que es. Si ninguna de estas conductas es posible, entonces podemos tratar de actuar como si fuera una ‘no persona’ y no existiera como individuo digno de una atención ritual (p. 30).
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La representación de las personas en situación de calle como sujetos desechables constituye una manifestación de estigmatización y deshumanización socialmente construida. En una entrevista realizada a Carlos Ordóñez, de 77 años, quien ha pasado más de la mitad de su vida en la calle, se evidencia esta percepción: afirma que uno de los aspectos más dolorosos de su experiencia es no ser considerado como un ser humano, sino como alguien prescindible, a quien se le niega una mirada o un saludo, y frente al cual se acelera el paso para evitar cualquier interacción. Este testimonio, lejos de ser un caso aislado, ilustra cómo el estigma se materializa en prácticas cotidianas de exclusión que niegan la dignidad de las personas. En sintonía con ello, Bauman (2005) sostiene que el capitalismo contemporáneo produce poblaciones concebidas como “residuos humanos”: grupos que, al no encajar en la lógica productiva ni en la dinámica del consumo, son clasificados como restos o sobrantes.
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2. Determinantes espaciales y sociales de la concentración de personas en situación de calle.
Este capítulo analiza la concentración de personas en situación de calle en Medellín, considerando factores históricos, socioespaciales y económicos. Se examina el contexto histórico y socioespacial, donde la Comuna #10, es decir, La Candelaria, se transformó por el crecimiento urbano y la migración, generando espacios de exclusión. Luego se abordan las casas de vicio y economías delincuenciales, que estructuran dinámicas territoriales e informales. La sección de reubicación y configuración del espacio público muestra cómo los desalojos han resignificado calles y andenes como zonas de permanencia. Finalmente, la apropiación del espacio público y economía informal, ejemplificada en el Bazar de Los Puentes, evidencia cómo la venta informal y el rebusque sostienen la subsistencia de estas personas.
2.1. Contexto histórico y socioespacial
Las primeras apariciones y asentamientos de este grupo poblacional se encuentran en La Candelaria, comuna que es considerada el corazón de la ciudad, no solo por su ubicación estratégica, sino también por su trascendental rol en el desarrollo urbano. En sus orígenes, esta comuna destacaba por su marcado carácter colonial, pero con el paso del tiempo, fue transformándose, dejando atrás sus viviendas familiares para dar paso a un floreciente centro de comercio, cultura y ocio. (Osorio, 2000).
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Figura 1 Representación histórica de la Comuna 10 de Medellín en 1675.
Nota. Fotografía del plan de desarrollo de Medellín para 1675
El acelerado crecimiento poblacional ha sido un desafío significativo para Medellín desde la segunda mitad del siglo XX, pues afectó profundamente el paisaje urbano, tanto en las zonas periféricas como en el centro de la ciudad. Este aumento demográfico estuvo impulsado por el auge industrial que vivió Medellín desde la década de 1940, especialmente con el desarrollo de la industria textil, que atrajo a numerosos migrantes campesinos en busca de empleo. En adición a esto, la poca planificación urbana y unas precarias garantías laborales produjo la construcción de barrios periféricos en las laderas de la ciudad en condiciones de pobreza que también se darían en el centro de la ciudad. El crecimiento de la población urbana recibió escasa atención por parte de la administración municipal, pues no se implementaron políticas públicas efectivas para facilitar la inserción laboral ni la formación técnica de los migrantes. Como consecuencia, no se promovió la creación de una mano de obra calificada, lo que derivó en una alta tasa de desempleo formal y obligó a muchas personas a subsistir mediante las ventas informales. (Toro, 2021, p. 231).
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La pobreza impactó y sigue impactando significativamente en el paisaje urbano del centro de la ciudad, en la medida que la precariedad y la informalidad ocuparon buena parte del espacio público, viéndose afectadas zonas tradicionales como el sector Estación Villa, San Benito y el antiguo Guayaquil. (ibid.., p. 233)
De este modo, tanto el espacio público como las comunas han sido escenarios de transformaciones continuas, moldeadas por los modelos económicos predominantes en cada periodo histórico. En este contexto, la presencia de personas en situación de calle no puede entenderse como un fenómeno aleatorio ni como una mera consecuencia individual. Por el contrario, responde a un conjunto de condiciones estructurales, históricas y territoriales que han configurado entornos urbanos propensos a la exclusión social. Estas personas no solo habitan el espacio urbano marginado, sino que también lo transforman con su presencia, resignifican su uso y le otorgan nuevas lógicas de apropiación.
Inicialmente las primeras apariciones documentadas de este grupo poblacional se narran en el barrio Niquitao. Históricamente, este barrio fue un epicentro de residencia y comercio debido a su proximidad a la antigua plaza de mercado y la estación del ferrocarril Cisneros. Este entorno favoreció la creación de espacios residenciales y de ocio, ya que, la cercanía a puntos neurálgicos del comercio y el transporte generaba oportunidades para quienes, por diversas razones, se desplazaban al centro de la ciudad o vivían allí en casonas (Osorio, 2000). Aunque en su origen Niquitao fue conocido como el centro artístico y bohemio de Medellín (Osorio, 2000), por su cercanía a la primera sede de la Universidad de Antioquia, la plaza de Cisneros, la plazoleta El Guanábano y algunos bares (Spitaletta,2017). La rápida y drástica transformación urbana impulsada por el progreso y el desarrollo de la ciudad modificó abismalmente su identidad. Este cambio se debió a varios factores, entre los cuales se destaca la expansión del comercio, el cambio en la infraestructura, las emergentes vías y el aumento de la urbanización, que desplazaron las dinámicas culturales y sociales que caracterizaban al barrio.
La llegada masiva de campesinos a la ciudad sin una capacitación o especialización que les permitiera acceder a empleos estables contribuyó al alto índice de desempleo y pobreza. Como resultado, muchas de las grandes viviendas con arquitectura colonial fueron transformadas en residencias, inquilinatos, hoteles por hora y chatarrerías (centros de compra y recolección de materia prima). Este proceso permitió que quienes vivían en la zona pudieran mantenerse cerca de
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los centros de trabajo y de las fuentes de ingresos, aunque en condiciones más deficientes y adaptadas a las nuevas dinámicas urbanas.
Según Osorio (2000) progresivamente el barrio se convirtió en un refugio para trabajadores informales. A causa de la poca cohesión social se generaron problemáticas de inseguridad, venta de drogas y mendicidad. Además, el traslado de la mayoría del comercio alrededor del edificio Coltejer y posteriormente el cierre del cementerio San Lorenzo en 1994 (El Tiempo, 2016) facilitó que personas en situación de calle ocuparan estos espacios, estableciendo tugurios o áreas donde dormir. No obstante, esta población se ha desplazado por toda la comuna en búsqueda de reproducir sus dinámicas de rebusque como reciclador, limpiavidrios en los semáforos, pregoneros, vendedores en buses, los cuidadores de carros, vendedores ambulantes, distribuidores de sustancias psicoactivas (Velásquez, 2017), entre otras formas de adquirir dinero.
2.2 Casas de vicio y economías delincuenciales
Otro de los factores que han contribuido al asentamiento de personas en situación de calle en zonas específicas de la ciudad, más allá de la violencia estructural que atraviesa sus vidas, son las llamadas casas de vicio, entendidas como espacios donde se comercializan y consumen drogas ilícitas, y donde además se prestan otros servicios informales vinculados al mercado ilegal o el trabajo sexual. Estos lugares, como señala Calle (2011), han logrado insertarse en el paisaje urbano hasta confundirse con la cotidianidad visual y funcional de ciertos sectores. Al menos desde el 2008, muchos de estos espacios han operado y algunos aún lo hacen como casas de consumo de sustancias psicoactivas en barrios estratégicos de Medellín, tales como Niquitao, Aranjuez, Barrio Triste, Lovaina, Guayaquil y Barrio Antioquia (Prensa IPC, 2009). Esta persistencia evidencia no solo la permanencia de estas economías ilegales, sino también su progresiva naturalización dentro del entramado urbano de la ciudad, donde han llegado a formar parte del paisaje cotidiano y a ocupar un lugar funcional en ciertas dinámicas territoriales.
En muchos de estos contextos, la venta y el consumo de drogas se convierten en el eje económico que sostiene a los combos y bandas delincuenciales locales. Como lo advierte García (2008) “donde hay una plaza, hay un combo, por los recursos que genera” (citado en Agencia de Prensa IPC, 2009, párr. 10) lo que señala con claridad el vínculo directo entre el control territorial del microtráfico y las dinámicas delictivas urbanas.
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Estas zonas no solo son puntos de distribución local, sino que además funcionan como centros de operación para estructuras criminales de mayor escala. Debido a la ubicación estratégica que tiene Medellín por su conexión con el Bajo Cauca antioqueño, una de las principales regiones productoras de hoja de coca en el departamento, así como con los golfos de Urabá y Morrosquillo, que son corredores clave para el envío de cargamentos de cocaína hacia el exterior. (Prensa IPC,
2009)
Según datos reportados en 2013, la comuna 10 albergaba 88 sitios dedicados al consumo de sustancias psicoactivas, además de 25 puntos de acopio donde la droga llegaba en kilos y se distribuía en dosis a varias plazas (El Colombiano, 2013). En ese mismo año, se realizó el desmonte de 46 ollas de vicio en el centro de la ciudad (Castro, 2015). En consecuencia, los diversos allanamientos llevados a cabo entre 2008 y 2014, junto con el cierre de varios inmuebles que funcionaban como casas de vicio, representaron un punto de inflexión en las dinámicas del consumo de sustancias psicoactivas en Medellín. Estas acciones no solo pretendían desarticular redes de distribución y comercialización de estupefacientes, sino también eliminar los espacios que funcionaban como lugares para consumidores. En dichos espacios, el consumo ocurría fuera de la mirada pública, lo que contribuía a su relativa invisibilidad dentro del paisaje urbano. Sin embargo, la eliminación de estos lugares no resolvió el problema de fondo, sino que provocó un desplazamiento del consumo hacia el espacio público. Al verse privados de estos refugios, numerosas personas, especialmente aquellas en situación de calle, personas transitorias y quienes también participan en las economías informales vinculadas al microtráfico comenzaron a ocupar plazas, calles y andenes como nuevos escenarios de consumo. De esta manera, el consumo dejó de estar contenido en lo privado o lo clandestino, y se volvió más visible y persistente en la vida cotidiana de la ciudad.
2.3 Consolidación de lugares de permanencia de las personas en situación de calle y su
relación con la configuración del espacio público.
El desplazamiento constante en las personas en situación de calle reconfigura el espacio público como una heterotopía, en el sentido planteado por Foucault (1984) un “espacio otro” dentro del tejido urbano, que existe físicamente pero que opera bajo una lógica distinta a la de los espacios normativos. Las calles, antes pensadas como zonas de tránsito o convivencia, se transforman en
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lugares de permanencia, refugio, consumo. Así, el fenómeno del consumo en el espacio público no solo evidencia la precarización de ciertos sectores, sino también cómo el orden urbano produce y gestiona sus propios márgenes, normalizando la marginalidad dentro de su geografía visible. Esta dinámica se evidenció con mayor fuerza tras los desmontes, cuando tanto las personas en situación de calle como quienes consumían o comercializaban sustancias (aunque no vivieran permanentemente en la calle) fueron desplazados de esos espacios. De forma paulatina, comenzaron a reubicarse en nuevos puntos de concentración, especialmente en la intersección entre Cúcuta y La Paz, sobre la Avenida León de Greiff, así como en las inmediaciones del río Medellín y el barrio Estación Villa. Estos territorios se convirtieron en nuevos escenarios de circulación y permanencia, lo que demuestra cómo el desmonte físico de ciertos espacios no elimina las dinámicas consumo, sino que las desplaza hacia otros sectores.
A nosotros nos sacaron, el ESMAD, la policía, el espacio público, nos sacó de la León de Greiff y todo el mundo se empezó a venir para acá, en la hora de la mañana, nos mandaban de aquí pal rio, ya del rio en la noche nos veníamos para acá y hasta que un día nos quedamos acá, ya vamos a cumplir siete años desde eso… el estado no quiere que dañemos más la sociedad. (Zuleima, comunicación personal, 2024)
En estas zonas, en distintos períodos, se han llevado a cabo operativos institucionales orientados al desalojo y dispersión de los asentamientos informales de personas en situación de calle, bajo la justificación oficial de que allí operan “ollas” o puntos de expendio y consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, pese a la recurrencia de estos operativos, la concentración de personas en situación de calle en estas áreas ha sido constante.
Los habitantes de calle que se encontraban en las laderas del río Medellín a la altura del puente Horacio Toro fueron expulsados hace 15 días por las autoridades que instalaron allí un puesto de Policía. A pocos metros, en la Avenida de Greiff se instalaron las personas que fueron desalojadas (Castro Villada, 2015, párr. 1)
En síntesis, estos desplazamientos y reubicaciones muestran que el espacio público en Medellín no es solo un escenario físico, sino un territorio socialmente producido y resignificado
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por las prácticas de quienes habitan la calle. A pesar de los desalojos y operativos institucionales, las personas en situación de calle continúan encontrando y creando puntos de permanencia, lo que evidencia que las dinámicas de ocupación y uso del espacio urbano se transforman y adaptan constantemente.
2.4 Apropiación del espacio público y economía informal: el Bazar de Los Puentes
Un factor determinante en el asentamiento de personas en situación de calle en zonas específicas de la ciudad es la actividad económica propia que se desarrolla en dichos lugares. Un caso representativo es el bazar Los Puentes, ubicado bajo el viaducto del metro de Medellín. Este espacio se ha consolidado como un centro de intercambio y comercio popular, donde circulan diversos bienes y servicios. Su dinámica constante de compraventa y reciclaje lo convierte en un lugar estratégico para quienes viven en la calle, ya que ofrece medios de subsistencia y oportunidades de participación en redes económicas no reguladas por las instituciones formales. Es decir, la venta ambulante e informal estuvo acompañada de la ocupación del espacio público como forma de subsistir. Por esta razón, durante la administración del alcalde Juan Gómez Martínez se impulsó el proyecto “Bazares Populares” como parte del Programa de Reubicación de Ventas Callejeras del Centro de Medellín (Vergara, 2009). En el marco de esta iniciativa, se construyeron los bazares de Juanambú, San Antonio, Los Puentes, Bolívar Prado y Téjelo; además, se habilitaron los centros comerciales Quincallas 1 y 2, El Pescado, La Cosecha y el boulevard de Artesanos. Estas acciones permitieron la consolidación de un total de 14 bazares populares entre los años 1998 y 2000.
Para llevar a cabo este proceso, se convocó a cerca de tres mil vendedores ambulantes, a quienes se les ofreció la adjudicación de locales con la promesa de que, en el futuro, podrían convertirse en propietarios de estos. Esta condición estaba sujeta a su participación en el plan de recuperación del centro, ya fuera mediante acuerdos concertados o, en su defecto, por medio de desalojos forzados. (Vergara, 2008) La construcción del Centro Comercial Bazar de los Puentes, justo frente a la estación Prado del metro de Medellín, concebido para reubicar a los vendedores ambulantes en 130 locales, no logró cumplir con sus objetivos. Su cierre, consecuencia de una deficiente planeación que ignoró aspectos clave como la vocación comercial del sector, la accesibilidad y las condiciones
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ambientales adversas derivadas de su ubicación sobre un túnel vial con alta circulación vehicular, tuvo efectos contraproducentes.
En el 2014, la administración municipal desalojó a los comerciantes y demolió gran parte del centro comercial, dejando únicamente una pequeña sección junto a la estación Prado del Metro. Esta medida fue tomada bajo la excusa de la venta de drogas y objetos robados, así como por problemas de seguridad para comerciantes y transeúntes (Exclusivo Colombia, 4 de junio de 2024). Tras el desalojo, la administración municipal no proporcionó garantías ni opciones a los comerciantes, ni les ofreció reubicación. Como resultado, los vendedores decidieron ocupar los espacios ubicados debajo del viaducto del Metro de Medellín, entre la estación Prado Centro y el límite con la Avenida De Greiff. Un ejemplo de cómo el espacio público se configura a partir de las prácticas que los agentes sociales ejercen sobre él y del significado que ellos mismos le atribuyen.
Este componente resulta fundamental dentro del informe, ya que permite comprender cómo la venta informal se integra de manera orgánica en la cotidianidad de las personas en situación de calle. En el contexto del llamado Bazar de los Puentes, muchas de ellas y ellos recurren al rebusque diario mediante la comercialización de objetos como cachivaches, ropa, calzado de segunda mano, materiales reciclables, entre otros artículos. También algunos se articulan al microtráfico, o desempeñan otras actividades ilegales en este espacio. (Diario de campo, 2024). Como se evidencia en estos datos sociohistóricos la presencia de personas en situación de calle en barrios o calles de la comuna 10 no solo está vinculada al contexto económico de la zona, sino también al devenir histórico que ha configurado estos lugares, así como a las intervenciones municipales que han provocado algunos de sus desplazamientos. La siguiente ilustración evidencia de forma somera cómo ha sido ese desplazamiento, así como un parámetro estimado de las áreas donde suelen asentarse.
2.5 Representación espacial y análisis de la Comuna 10.
Figura 2 Título de la cartografía
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Figura 3 Croquis de la Comuna 10 de Medellín, intervenido con convenciones.
Figura 4 Convenciones empleadas en el croquis
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La cartografía elaborada a partir de la práctica académica permite obtener un asentamiento visual y espacial de la información recopilada sobre la ocupación del espacio público por parte de las persones en situación de calle. Mediante un croquis de la Comuna 10, se evidencia un reconocimiento concreto del territorio, destacando los lugares mencionados a lo largo del informe y facilitando la articulación entre la observación directa y su representación visual. Una de las convenciones más representativas en el croquis es la figura de una “persona en movimiento”, que sintetiza de manera generalizada el desplazamiento de las personas en situación de calle por distintos sectores de la comuna. Esta representación permite visualizar patrones de circulación y refleja la naturaleza dinámica y cambiante de su presencia territorial. Además, se incluyen zonas sombreadas con puntos rojos que, aunque no fueron detalladas explícitamente en el texto, indican la existencia presencia recurrente y movilidad de estas personas. El Barrio Estación Villa se identifica como el lugar con mayor concentración de personas en situación de calle en Medellín, con una alta incidencia de problemáticas sociales complejas y dinámicas delictivas interrelacionadas. En este territorio convergen fenómenos como la presencia de bandas criminales, microtráfico, explotación laboral y sexual, así como condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad extrema. Estas circunstancias configuran un entorno urbano marcado por la precariedad y la violencia.
Según cifras oficiales, para el año 2024, el número de personas en situación de calle en Medellín alcanzaba alrededor de 8.000, frente a poco más de 3.000 en 2019, lo que representa un aumento del 150 % en cinco años (El Colombiano, 2024). En este barrio se manifiestan de manera evidente las dinámicas propias de los enclaves de pobreza. Tal como lo señala Wacquant (2013), la historia de estos espacios urbanos no es lineal ni estática, sino que está marcada por procesos estructurales como el desempleo masivo, la precariedad habitacional y la estigmatización, que contribuyen a consolidar territorios con exclusión social y actividades informales, incluyendo consumo problemático de sustancias y falta de acceso a servicios básicos. Asimismo, Estación Villa se caracteriza por una alta actividad comercial, impulsada por ventas informales y formales, talleres de mecánica y centros de reciclaje. La proliferación de viviendas compartidas, inquilinatos y otras formas precarias de residencia facilita la concentración de población flotante y de paso, reproduciendo condiciones de hacinamiento y fragilidad habitacional. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE],
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(2021), esta comuna presenta una de las tasas más altas de pobreza extrema, superando ampliamente el promedio nacional.
El análisis de este espacio permite comprender cómo la ocupación del territorio está vinculada al contexto económico, histórico y urbano de la comuna. Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia [SISC], citadas por Mercado (2023), muestran que La Candelaria ha liderado por años las estadísticas de criminalidad en Medellín, concentrando delitos como homicidios, hurtos y extorsiones. En 2022 se registraron 75 homicidios en esta comuna de un total de 389 en la ciudad, mientras que en 2021 se reportaron 80 de 405. Esta violencia afecta de manera particular a las personas en situación de calle, quienes, al habitar los márgenes del espacio urbano y carecer de redes de protección, se convierten en víctimas frecuentes de agresiones físicas, desplazamientos forzados, extorsiones y reclutamiento por parte de actores criminales. Su presencia en zonas altamente conflictivas como La Candelaria los expone tanto a la violencia institucional como a la ejercida por estructuras ilegales, profundizando su exclusión y precariedad, y condicionando sus estrategias de sobrevivencia y circulación en el territorio.
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3. La violencia en la vida cotidiana de las personas en situación de calle.
3.1 ¿Por qué hablar sobre violencia en personas en situación de calle?
El abordaje de la violencia hacia las personas en situación de calle constituye una necesidad académica, social y política, en tanto se trata de un fenómeno poco explorado en la producción existente. La mayoría de los estudios sobre esta población se han centrado en la caracterización sociodemográfica y en las causas que los llevan a habitar la calle (Correa Arango & Zapata Posada, 2007; Ruiz Restrepo & Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín, 2010), dejando en un segundo plano el análisis de las múltiples violencias que enfrentan cotidianamente. En los últimos años ha emergido un debate creciente en torno a las políticas públicas dirigidas a la población en situación de calle en Colombia y en diversas ciudades de América Latina. En este debate, dicha población ha sido catalogada como ‘flotante’ donde requiere soluciones rápidas, pero que, al mismo tiempo, se enfrenta a profundas tensiones entre los discursos de inclusión y las prácticas de exclusión y estigmatización. En este contexto, varios autores han evidenciado la necesidad de repensar las estrategias institucionales de reintegración social y restitución de derechos, cuestionando la eficacia y alcance real de las políticas públicas implementadas (Moreno Baptista et al., 2017; Contreras, 2009; Ovalle, 2018). Sin embargo, a pesar de los avances normativos y de los esfuerzos institucionales, persiste una realidad marcada por la discriminación, la vulneración de derechos y diversas expresiones de violencia, tanto desde la sociedad civil como desde el mismo Estado (Zamudio, 2018; Grisales, 2020). Este panorama evidencia una contradicción entre el reconocimiento jurídico de los habitantes de calle como sujetos de especial protección y la experiencia real de marginación y violencia que viven en los espacios urbanos.
En este sentido, resulta urgente centrar la atención en cómo las personas que habitan en la calle perciben, experimentan y resisten la violencia en su vida cotidiana. La revisión de la bibliografía muestra que aún no se han explorado en profundidad los repertorios de violencia que los afectan, ni se han visibilizado de manera suficiente los homicidios y agresiones que padecen. Este vacío de conocimiento no solo limita la comprensión del fenómeno, sino que también contribuye a la naturalización de dichas violencias como parte inherente de su existencia.
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3.2 Información cuantitativa: violencia homicida contra personas en situación de calle
Para la elaboración de este subcapítulo, se tomó como base la información proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), a través del Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal, en respuesta a un derecho de petición previamente radicado.
Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2024, se registraron 319 muertes violentas de personas en situación de calle en la ciudad de Medellín, según datos proporcionados por la Policía Nacional (DIJIN - SIJINMEVAL), extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO). No obstante, estos datos están sujetos a variación, pues se encuentran en proceso de consolidación con información de la Fiscalía General de la Nación.
El siguiente es el número de muertes violentas en habitantes de calle registradas por año:
Figura 5 Homicidios de personas en situación de calle en Medellín (2015–2024)
Es importante resaltar que la clasificación de las víctimas como "habitantes de calle" se basa en lo reportado por el servidor responsable de la inspección técnica del cadáver, a partir de las
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condiciones observadas en el lugar de los hechos y datos preliminares. El sistema SIEDCO no incluye información cualitativa ni investigativa que permita confirmar plenamente esta condición social.
En este lapso de años, se reporta que un total de 95 personas clasificadas como habitantes de calle fueron halladas sin vida y aún permanecen como “no identificadas”. Esta cifra, desglosada por año, evidencia una preocupante dificultad en los procesos de identificación: en 2015 se registraron 12 casos, en 2016 fueron 8, en 2017 solo 1, en 2018 se reportaron 3, en 2019 fueron 7, en 2020 y 2021 la cifra aumentó a 13 en cada año, en 2022 se contabilizaron 8 casos, en 2023 otros 12, y hasta agosto de 2024 ya se reportan 18 personas no identificadas. Esta situación pone en evidencia una problemática adicional relacionada con la falta de documentación, la ausencia de contacto con familiares o las condiciones físicas del cuerpo al momento del hallazgo, lo que dificulta el proceso de reconocimiento e identificación. En particular, los años 2020, 2021 y 2024 destacan por concentrar los niveles más altos de personas no identificadas. El análisis de los registros de muertes violentas de personas en situación de calle en Medellín entre 2015 y el 31 de agosto de 2024 revela una marcada diversidad en cuanto a las causas y modalidades de los homicidios. Entre las causas más frecuentes se encuentran los ajustes de cuentas ilegales, los problemas personales, la intolerancia social, y en menor medida, la venganza, los problemas pasionales y los casos relacionados con el hurto. Estas causas reflejan no solo condiciones estructurales de exclusión social, sino también la exposición constante de esta población a contextos de violencia interpersonal, criminalidad organizada y ausencia de redes de protección.
En cuanto a las modalidades, predomina el uso de armas blancas o cortopunzantes, seguido por el arma de fuego, elementos contundentes, e incluso casos de quemaduras provocadas con combustibles. La modalidad más recurrente fue la riña, presente tanto en situaciones personales como en hechos de intolerancia social, lo que sugiere altos niveles de conflicto cotidiano y agresión directa. También se identifican modalidades como el sicariato, especialmente en muertes asociadas a venganzas o ajustes de cuentas, así como algunos casos en los que la modalidad aún está "por establecer".
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3.3 Violencia contra las personas en situación de calle: de las normas a la experiencia.2
En Colombia, la Constitución Política (1991) establece que la dignidad humana es el principio fundante del Estado social de derecho (artículo 1) y reconoce que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley (artículo 13). En este marco, el Estado tiene la obligación de brindar una protección especial a quienes, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Las personas en situación de calle, dadas sus condiciones de extrema vulnerabilidad, son consideradas como parte de esta población que requiere especial atención.
Los actos de violencia contra estas personas constituyen una grave violación de sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida (art. 11), la integridad personal (art. 12), la igualdad (art. 13), el mínimo vital y la dignidad humana (arts. 1 y 5). Desde el Código Penal Colombiano (2000), la violencia no se encuentra definida como un único delito, sino que se manifiesta a través de diversas conductas tipificadas que constituyen diferentes formas de violencia. Por ejemplo, la violencia física se expresa en delitos como las lesiones personales (artículos 111 a 122), el homicidio (art. 103) o la violencia intrafamiliar (art. 229), que incluso puede aplicarse en contextos de convivencia o dependencia informal. En cuanto a la violencia psicológica o emocional, esta se refleja en conductas como las amenazas (art. 347), la injuria (art. 220) y la calumnia (art. 221), las cuales afectan directamente la estabilidad emocional y mental de la persona, generando temor o daño psicológico.
También se reconoce la existencia de violencia institucional, cuando agentes del Estado incurren en abuso de autoridad (art. 416) o en omisión de socorro (art. 131), especialmente cuando se ignora o menosprecia la situación de personas en condición de calle. A esto se suma la violencia simbólica y estructural, que, aunque no siempre es penalizada directamente, puede evidenciarse en actos de discriminación (art. 134A) y en prácticas institucionales o sociales que perpetúan la exclusión, el estigma y la marginalización. Por su parte, la violencia económica o social se manifiesta en acciones como el despojo, la negación del acceso a servicios básicos o el desplazamiento forzado por parte de particulares o autoridades, lo cual representa una forma de violencia indirecta pero igualmente lesiva.
2 Nota: Muchos de los relatos citados provienen de entrevistas en las que los participantes solicitaron no revelar su apellido, respetando así su anonimato.
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Complementariamente, otras normas jurídicas han ampliado el entendimiento sobre la violencia. Por ejemplo, la Ley 1257 aunque centrada en la violencia contra la mujer, reconoce también formas de violencia psicológica, económica, sexual y simbólica (Colombia. Congreso de la República, 2008), que pueden aplicarse por analogía a otras poblaciones vulnerables. De igual manera, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y la Ley 1618 de 2013 (orientada a garantizar los derechos de las personas con discapacidad) reconocen que el maltrato, el abandono y la exclusión también constituyen formas de violencia que deben ser prevenidas y sancionadas por el Estado (Colombia. Congreso de la República, 2006, 2013).
En cuanto al sistema de respuesta institucional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son los principales organismos encargados de la investigación, atención y sanción de los actos de violencia contra esta población. Estas entidades tienen el deber de actuar de manera articulada y con enfoque diferencial, para garantizar una respuesta efectiva que no revictimice y que promueva la restitución de derechos.
Desde un enfoque constitucional, la preservación de la integridad de cada ser humano es una obligación del Estado, y su incumplimiento frente a las personas en situación de calle refleja no solo una omisión legal, sino también un desconocimiento del proyecto democrático y humanista que sustenta la Constitución de 1991.
Entonces, al hablar de los escenarios de violencia que enfrentan las personas en situación y condición de calle requiere, ante todo, reconocer que su llegada a la calle está profundamente vinculada con formas de violencia estructural, es decir, con procesos sociales, económicos e institucionales que reproducen desigualdades, excluyen sistemáticamente a ciertos grupos y limitan el acceso a derechos fundamentales. Esta violencia, menos visible pero persistente, configura trayectorias de vida marcadas.
Según Sanmartín (2007), la violencia puede entenderse como cualquier conducta intencional que causa o puede causar un daño. Esta se manifiesta en múltiples formas y puede clasificarse según el tipo de agresión y la condición del sujeto que la sufre. En el caso de las personas en situación de calle, resulta fundamental centrarse en tres formas de violencia que afectan profundamente sus vidas: la violencia estructural, la violencia física, presente en agresiones cotidianas, persecuciones y maltratos; y la violencia letal, asociada a la alta vulnerabilidad frente a la muerte por homicidio.
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A estas formas se suma la violencia simbólica (Bourdieu, 1999), que se manifiesta a través de la indiferencia social, el desprecio cotidiano y la naturalización de su exclusión. Esta violencia, ejercida sin necesidad de fuerza física, opera a través de los gestos, silencios y omisiones que niegan a estas personas su dignidad y su condición de sujetos de derechos. Ignorarlas en el espacio público o tratarlas como parte del “paisaje urbano” no solo refleja una actitud de desapego, sino que constituye una forma efectiva de dominación y exclusión profundamente arraigada en el tejido social.
Como se ha mencionado anteriormente, habitar la calle no es simplemente el resultado de una decisión individual, sino el desenlace de un conjunto complejo de factores estructurales. Desde la perspectiva de Wacquant (2007), la situación de calle puede entenderse como una expresión extrema de la violencia estructural, entendida como el producto de políticas neoliberales, la precarización del trabajo, la desinversión estatal y la segregación territorial, que van erosionando progresivamente los vínculos sociales y las redes de protección.
Muchas personas en situación de calle han sido desplazadas por el conflicto armado de sus pueblos, por conflictos urbanos o intrabarriales, otras llegan buscando cómo pagar una noche en una habitación compartida, tras haber perdido su empleo o su entorno de apoyo. Algunos y algunas huyen solos, sin una red familiar o comunitaria que las sostenga, mientras que otras, una vez en la calle, terminan atrapadas en ciclos de consumo como forma de gestionar el dolor emocional, la ansiedad o el trauma, o ya estaban en conductas de consumo ansiosas (Recopilado de trabajo de campo, 2024). Esta acumulación de exclusiones no es fortuita: es el reflejo de un modelo de ciudad que margina y luego invisibiliza, concentrando la pobreza y la desesperanza en espacios cada vez más reducidos y estigmatizados.
En este sentido, la calle no es solo un lugar físico, sino una categoría que encarna la ruptura de los lazos sociales, la ausencia de políticas integrales de cuidado y el fracaso de las instituciones para garantizar condiciones mínimas de dignidad.
Si hablamos de la violencia física entre personas en situación de calle puede originarse por conflictos internos, como riñas espontáneas, disputas no resueltas o incluso robos entre ellos mismos. En contextos marcados por la precariedad extrema, donde escasean los recursos más básicos, la tensión permanente por la supervivencia genera dinámicas de desconfianza y enfrentamiento.
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Entre los principales actores que ejercen violencia física contra las personas en situación de calle se encuentran también las bandas de microtráfico que operan en zonas donde han logrado establecer un control territorial consolidado. En estos espacios, estas organizaciones no solo manejan el negocio de las drogas, sino que también imponen su autoridad a través de repertorios de violencia, es decir, formas sistemáticas de castigo y coerción que incluyen desde amenazas y golpizas hasta el asesinato. Estas bandas no solo violentan, sino que integran a las personas en situación de calle en su estructura operativa, bajo amenazas, intercambios o como forma de saldar deudas impuestas, muchas veces se les obliga a distribuir estupefacientes, vigilar puntos de venta o realizar encargos.
Omaira Estela Montoya relata:
Quienes sacan la macheta no son los habitantes de calle, sino los jíbaros o quienes portean. Un habitante de calle no tiene fuerzas para atracar ni para agredir sexualmente, porque vivimos con miedo a toda hora. Nos patean, nos dicen ‘váyase de aquí, huele muy maluco’, y nos tratan mal. Sabemos que olemos mal y nos vemos mal, pero ¿cómo le voy a robar a alguien en el Camino Real si estoy sucio? Solo ahora, al hablar, salen corriendo porque huelo maluco. (Comunicación personal, 2023)
Otro de los actores que emerge con fuerza en las entrevistas realizadas durante la práctica académica es el estado, particularmente aquellos que representan al Estado, como la Policía o el ESMAD. Los relatos recopilados evidencian cómo, en múltiples ocasiones, estas autoridades ejercen violencia contra las personas en situación de calle, muchas veces de forma arbitraria o negligente. El abuso de poder, lejos de ofrecer protección o garantizar derechos, se traduce en maltratos físicos, desalojos forzados y hostigamiento.
3.4 Violencias de género hacia las personas habitantes de calle.
Durante la práctica academia, a través de las entrevistas y de los espacios compartidos con distintas personas, se hizo evidente y doloroso que la calle no es igual para todos. La violencia física que enfrentan las personas en situación de calle se agudiza de manera significativa cuando se trata de mujeres, personas trans, disidencias sexuales y de género, así como de niños y niñas. En
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estos casos, la violencia no solo resulta más cruda y frecuente, sino que está atravesada por factores de género, identidad y edad que incrementan la vulnerabilidad. Donde hacen parte de escenarios donde denunciar es casi imposible, el acceso a la justicia se vuelve remoto y las redes de protección son prácticamente inexistentes.
Para las mujeres en situación de calle, la violencia adquiere una mayor crudeza, pues en las entrevistas realizadas evidencian que la violencia de género en este contexto no solo es frecuente, sino sistemática, y puede provenir de prácticamente cualquier actor: otros habitantes de calle, miembros de bandas criminales, transeúntes, clientes ocasionales, comerciantes e incluso agentes institucionales como la policía.
El hecho de ser mujer y estar en condición de calle convierte el cuerpo femenino en un territorio constantemente expuesto al abuso, al control y a la agresión. No existen lugares seguros.
que lo cojan a uno por ahí y lo atraquen y lo roben o que lo cojan a uno y lo violen a uno por ahí dormida, cualquier loco de esos bien trabado, todos ganosos, porque ay mija, yo un día me desperté, porque yo un día me acosté a dormir por ahí por los lados de la Perú por Palace, yendo para Bolívar cuando un hijueputa mudo dizque mientras yo dormía a levantarme la cobija pa abejorriame y me desperté y le pegué una patada en la cara y yo profunda, y yo hágame el favor y a mí me respeta. (Daniela, comunicación personal, 12 de abril de 2024)
En el caso de las disidencias sexuales y de género, el primer acercamiento a la vida en la calle suele estar marcado por la huida del hogar y la ruptura con la familia. La falta de aceptación y validación de su identidad les empuja a buscar en la calle un refugio, un lugar donde puedan existir con mayor libertad y permitirse ser. Sin embargo, esta aparente posibilidad de afirmación personal está atravesada por condiciones profundamente precarias: algunes encuentran en el trabajo sexual la única vía de subsistencia y, a la vez, el único escenario que les permite asumirse y nombrarse según su identidad auto percibida. Esta situación, lejos de garantizar reconocimiento, les expone a múltiples formas de violencia física y simbólica, perpetradas por distintos actores. Así, la calle aparece como un espacio contradictorio: al mismo tiempo que brinda un margen de libertad frente al rechazo, se convierte en un territorio de riesgo permanente y de violencia.
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Siguiendo a Butler (2004, 2009), las personas LGBTIQ+ que habitan la calle constituyen un claro ejemplo de lo que ella denomina “vidas precarias” y “no llorables”: cuerpos que, al ser rechazados por sus familias y expulsados del orden normativo de género, encuentran en la calle un refugio, pero también un espacio atravesado por la violencia y la desprotección. Su identidad, en lugar de ser reconocida, se convierte en un motivo adicional de estigmatización y agresión, lo que evidencia la desigual distribución de la vulnerabilidad y del reconocimiento social. El patriarcado, al sostener jerarquías morales que colocan a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ en un orden social inferior, profundiza las violencias que enfrentan quienes habitan la calle. En estos contextos, la violencia de género adquiere expresiones particulares: las mujeres se ven expuestas a agresiones sexuales, explotación y a estigmas vinculados con la “indecencia” o la culpabilización social, bajo discursos que justifican la violencia con frases como “le pasó porque estaba allí” o “ella se lo buscó” o “ese no es lugar para una mujer”, los cuales trasladan la responsabilidad de la agresión a la víctima, mientras que las diversidades sexuales y de género sufren ataques motivados por prejuicios, homofobia y transfobia, que también se soportan en diversas narrativas como “eso le paso por marica” o “Por andar creyendo que puede ser mujer”. Tal como plantea Lagarde (2005), estas violencias no son hechos aislados ni excepcionales, sino parte de un continuum de violencias que atraviesa la vida cotidiana, donde lo simbólico, lo sexual, lo económico y lo institucional se entrelazan en la producción y reproducción de la desigualdad. Desde esta mirada, las personas en situación de calle encarnan de manera cruda las consecuencias de un sistema que, al ser patriarcal y heteronormativo, legitima la exclusión, estigmatiza la diferencia y naturaliza la subordinación.
3.5 La vigencia contemporánea de la limpieza social
La limpieza social es entendida como una forma de violencia sistemática que se manifiesta a través de prácticas como amenazas, desplazamientos forzados, tortura y homicidios selectivos. Esta violencia no es continua, sino episódica y focalizada, lo que refuerza su capacidad de infundir terror en sectores específicos de la población. Su expresión varía según el territorio, pero conserva un patrón claro: eliminar a quienes rompen con los ideales hegemónicos de ciudadanía, moralidad y productividad, esto según Camacho y Guzmán (1990). Algunas de las principales víctimas históricas de estas prácticas han sido las personas en situación de calle, campesinos, las identidades
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sexuales y de género no normativas, las mujeres que ejercen el trabajo sexual y aquellas personas señaladas por su presunta vinculación con el delito. En otras palabras, toda persona que se desvía del modelo de “ciudadano ejemplar” es potencialmente considerada desechable. Siendo estas minorías los principales objetivos, Juan Cajas (2012) señala que los grupos paramilitares han operado históricamente como escuadrones de la muerte, con una agenda de limpieza social que inicialmente se centraba en eliminar a delincuentes, pero que luego amplió su accionar hacia grupos estigmatizados por razones morales, culturales o de clase. En consonancia con esto, Sarria (2002) señala que en Colombia la limpieza social adopta diversas formas según el tipo de estigmatización y exclusión. Incluye la limpieza política, dirigida a líderes sociales y opositores; la limpieza sexual, enfocada en personas LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales, justificada con discursos morales y religiosos; la limpieza contra delincuentes reales o percibidos, que involucra a policías, milicias y vecinos; y la limpieza de personas en extrema vulnerabilidad, como habitantes de calle, recicladores o personas con enfermedades mentales, quienes son deshumanizadas y tratadas como “basura social”, reflejando la intolerancia estructural hacia la pobreza y la marginalidad urbana.
La atribución de la categoría de limpieza social en personas en situación de calle no es un fenómeno reciente; de hecho, ha sido documentada con anterioridad, por ejemplo, en el boletín informativo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, publicado en el volumen 5, número 3, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 1992, la base de datos Noche y Niebla reportó que, solo en el mes de julio de ese año, se registraron seis homicidios de personas en situación de calle, todos con claros indicios de haber sido motivados por acciones de limpieza social, en distintas partes del país, sumado a estos, un caso especialmente representativo de esta práctica es el documentado por Mateus (1995), quien relata una red de tráfico de cuerpos que operaba mediante el engaño y asesinato de personas en situación de calle, cuyos cadáveres eran luego utilizados en los laboratorios de la Universidad Libre de Barranquilla. Según la Unidad para las Victimas en 2023, los habitantes de calle fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado, luego de que en los casos 03 y 04 del cementerio de Dabeiba se identificaran 75 hallazgos forenses correspondientes a 49 personas, de las cuales se presume que 17 eran habitantes de calle.
La elección de estas personas como víctimas no fue fortuita ni aleatoria. Por el contrario, obedece a una lógica perversa basada en su condición de vulnerabilidad. Las personas en situación
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de calle eran percibidas como "desechables" y deshumanizaban su existencia, al considerarlas prescindibles o sin dolientes, pues su marginación social dificultaba el rastreo de su paradero y la denuncia oportuna de su desaparición, al haber perdido o tener debilitados sus vínculos familiares y comunitarios, era improbable que alguien reportara su ausencia o exigiera respuestas ante las autoridades. Este patrón de victimización sistemática se enmarca en prácticas de “limpieza social” y, de manera más específica, en la estrategia conocida como “falsos positivos”, en la que civiles eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate para inflar resultados operacionales. Se presume que estas prácticas se replicaron en varios lugares de Colombia, evidenciando un patrón de violencia estructural dirigido a los sectores más vulnerables de la población. Omaira Montoya, también habitante de calle en ese momento, fue testigo de cómo se llevaron a siete de sus compañeros. Ninguno de ellos volvió. Años después, fue ella quien los representó simbólicamente en la audiencia pública realizada en Dabeiba, convirtiéndose en una voz clave para entender este capítulo oculto del conflicto.
Este es el testimonio de Omaira Montoya (2024):
A mí en la calle me decían Guerrera. Yo siempre fui correcta, no era como otros que no respetaban. Sabía dónde hacer mis cosas, cómo moverme. Nunca fui una mujer cochina, no. Por eso me gané el apodo.
Un día, uno de los muchachos me dijo todo emocionado: “Guerrera, vea, estoy contento. Vino un señor, me dio plata, y me dijo que mañana volvía. Que buscara más amigos y amigas porque nos iba a llevar a trabajar a una finca. Solo eran tres días y nos iban a pagar buena plata. Eso sí, que no consumiera hoy, que estuviera bien.” Y yo le dije: “¿Y cuántos van?” Y él me respondió: “Muchos.”
Entonces yo le dije: “Bueno, listo.”
Esa noche todos estábamos ilusionados. Teníamos planes. Uno decía que se iba pa la casa de la mamá, que le llevaba mercado y ella lo recibía con los brazos abiertos. Otro le prometía a la mujer que iban a alquilar una pieza y a empezar de nuevo. Yo solo pensaba en llevar plata pa la casa, y sí, darme mi fiesta, consumir. Pero lo bonito era que todos queríamos algo mejor. Todos queríamos cambiar.
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Esa noche nos fuimos para el patio 2, allá sí podíamos dormir. En el patio 1 solo comíamos. Estábamos contentos. Al otro día, tempranito, dijeron que nos recogían allá, en el 1. Yo me alisté, desayuné, todo. Pero cuando salí... ya no estaban.
Pregunté: “¿Y los muchachos?” Y me dijeron: “Van adelante.”
Entonces salí a buscarlos. Me acuerdo que miré la jaula del camión y se veía nueva, las tablas frescas, recién puestas. Me pareció raro. En eso, un pelado sin camisa me gritó: “¡Guerrera! ¿Cuántos faltan?” Y yo: “Unos dos o tres.”
“¡Llámalos!” Y yo: “¡Espere pues! No me vaya a dejar.”
Pero en lo que volteé a mirar hacia el patio, el carro arrancó a toda. Ese pelado casi se cae del impulso. Y se fueron. Yo me quedé ahí, mirando, pensando que ya los alcanzaría o que regresaban. Pero no... no volvieron.
Al principio pensé que se habían ido a trabajar y luego a sus casas o que se habían quedado trabajando, como hacían muchos. Allá donde se coge café o coca, allá mismo les venden la droga y se quedan. Uno hasta cree que están bien. Pero pasaron los días, los meses... y nada. Nadie volvió. Ni uno solo. Fueron como 45 personas.
Nosotros en ese tiempo no sabíamos nada de noticias. No subíamos al Camino Real ni al Coltejer, nos daba vergüenza. Vivíamos en nuestro mundo, sin saber de militares, ni de paracos, ni nada de eso. Ahora es que uno se entera.
Hace como un año me llamaron de la JEP (Jurisprudencia Especial para la Paz). Me preguntaron si yo sabía algo de eso. Y sí, me acordé. Me contaron que fueron falsos positivos, que se los habían llevado y los vistieron de guerrilleros. Que los mataron para hacerlos pasar como bajas en combate.
Y yo me acuerdo tanto de sus caras, de lo felices que estaban. De los planes que tenían. De cómo creyeron en esa promesa. ¡Querían cambiar! Querían salir de la calle. Y los mataron... así no más. Como si no valieran nada.
Eso no se hace. Los usaron, los engañaron, les jugaron con la ilusión. Solo para mostrarlos como trofeos. Como cifras.
Yo siempre me pregunto: “¿Dónde están?”
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¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están esos que me decían ‘Guerrera, vamos a llevarle plata a la familia, ¿vamos a ser juiciosos’?” Nadie nos dice nada. Nadie nos muestra dónde están sus cuerpos. Queremos que las familias al menos puedan enterrarlos. Que sepan qué pasó.
Vivir en la calle no es vivir. Uno sobrevive como puede. Nos comemos un bolis y un pan. Si uno consigue mil pesos, no los gasta en comida, los guarda pa consumir algo. No tenemos fuerzas, ni cuerpo, ni mente. Somos como marionetas. No razonamos, no sabemos qué día es. A mí me pasaron diez años sin darme cuenta. Pensaba que tenía 17, y ya tenía 24. Por eso yo digo: ¿cómo es posible que digan que un habitante de la calle andaba con machete, que era guerrillero? Nosotros no podíamos ni con una cobija. ¿Cómo íbamos a pelear una guerra?
Eso fue un crimen. Fue algo que hicieron los de arriba, los del poder, los que manejan todo. Y todavía no responden. Nosotros solo pedimos verdad.
Aunque han pasado años desde este crimen marcado por el silencio y la impunidad, aún persisten narrativas y patrones de estigmatización que siguen justificando, de manera implícita, la idea de que las vidas de las personas en situación de calle son prescindibles. Esta lógica de exclusión se expresa en una indiferencia social generalizada frente a las múltiples formas de violencia que estas personas siguen enfrentando: asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, desalojos forzados, golpizas, torturas y maltratos que provienen tanto de actores armados como de civiles e incluso de funcionarios del Estado.
Estas agresiones, en la mayoría de los casos, no son investigadas ni denunciadas, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y desprotección. Aunque los mecanismos de limpieza social ya no son tan evidentes como en el pasado, cuando incluso se registraban intentos de incineración de personas vivas, hoy adoptan formas más silenciosas, pero igualmente violentas. No se habla tanto de asesinatos masivos, pero sí de zonas y barrios donde las personas en situación de calle no pueden entrar ni permanecer, porque saben que serán golpeadas, amenazadas o expulsadas. Los abusos policiales, que van desde el maltrato verbal y físico hasta detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, se suman a la idea omnipresente en la opinión pública y el discurso cotidiano de que las personas en situación de calle deben ser “erradicadas” para preservar la “limpieza” y el orden de la ciudad.
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Además, en este contexto, el reconocimiento de la JEP3a los habitantes de calle como víctimas del conflicto armado representa un hito fundamental: por primera vez, estos sujetos son reconocidos no como culpables, sino como víctimas, lo que evidencia que estas prácticas de violencia pudieron haberse replicado en distintas regiones de Colombia.
3 Jurisprudencia Especial para la Paz.
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4. Reflexiones finales sobre el papel de la sociología.
La situación de las personas que viven en la calle no puede entenderse únicamente a partir de causas superficiales, como un censo. Es esencial también abordar y revelar las violencias estructurales y las condiciones territoriales subyacentes que contribuyen a esta realidad. En el ámbito de la corporación, el o la practicante de sociología desempeña un papel investigativo esencial. No solo contribuye al diagnóstico de la corporación, sino que también facilita espacios y talleres de reflexión, es decir, promueve un diálogo crítico y constructivo que enriquece el análisis de la problemática en cuestión.
Además, en su quehacer el o la practicante de sociología guía las investigaciones y debates sobre todo lo que implica residir en las calles. Esto envuelve no solo la recolección de datos, sino también la interpretación sociológica de los mismos, considerando factores como la estructura social, las relaciones de poder y las dinámicas culturales que influyen en la vida de las personas en situación de calle. Aun así, esta práctica académica evidenció que, en la actualidad, todo trabajo investigativo exige un alto nivel de compromiso, así como la conformación de un grupo consolidado que trabaje de manera articulada. Es fundamental dedicar el tiempo necesario al proceso, ya que la calidad de la investigación depende en gran medida de ello. Asimismo, se hizo evidente que las metodologías de recolección de información deben ser cuidadosamente pensadas desde el territorio, considerando formas pertinentes de acercamiento y formulación de preguntas. Esto permite no solo recoger datos de manera oportuna, sino también reconocer tanto los alcances como las limitaciones de cada proyecto. Además, también se constató que muchas veces se recoge una gran cantidad de información que no llega a ser procesada ni analizada en profundidad, lo que hace que se pierda contenido valioso para la comprensión de la realidad estudiada. Así, este entorno se presenta como un escenario óptimo para realizar las prácticas académicas, ya que, permite el involucramiento en grupos poblacionales poco estudiados y altamente estigmatizados. Es una oportunidad invaluable para aprender, participar y contribuir de manera significativa al abordaje de problemáticas sociales desde una perspectiva holística. En cierto sentido, la Corporación ofrece un contacto directo y la experiencia necesaria para prepararse para el mundo laboral. Al mismo tiempo, permite el ejercicio autónomo desde la elección del tema de investigación y brinda oportunidades en el despliegue de proyectos.
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5. Conclusiones
• Frente a esta realidad, la participación activa de los jóvenes en la corporación Everyday
Homeless, tanto en la gestión como en las intervenciones con la población en situación de calle, permite consolidar un enfoque alternativo que se distancia de las perspectivas tradicionales marcadas por la revictimización o el paternalismo. Este modelo reconoce a las personas en situación de calle no solo como receptoras de ayuda, sino como sujetos activos con capacidad de agencia y decisión sobre sus propias vidas. Desde esta mirada, se abren nuevas posibilidades para la investigación y la acción sociológica, enmarcadas en la horizontalidad, el respeto y la valoración de las experiencias de vida. Así, se impulsa una sociología con sentido, que no solo visibiliza, sino que también interpela nuestras narrativas sociales, evitando caer en la lógica de la pornomiseria4 y apostando por un compromiso ético y transformador.
• Es fundamental cuestionar la forma en que nos referimos a las personas en situación de
calle y reflexionar sobre los imaginarios que la sociedad construye sobre ellas y ellos. No se trata únicamente de individuos que permanecen en las calles por gusto o porque consumen sustancias psicoactivas; las personas en situación de calle incluyen familias, personas que repentinamente perdieron su empleo, quienes fueron desplazados de sus territorios o quienes se encuentran allí debido a condiciones de salud mental. Su realidad es incierta: hay días en los que tienen un lugar donde dormir y otros en los que no. No todas las personas en situación de calle recurren al robo ni están allí por elección propia. Su presencia en la calle no es un fracaso individual, sino el resultado del engranaje de una ciudad y de estructuras sociales, económicas y urbanas que los excluyen y los arrojan a la precariedad. Culparlos por su situación es ignorar las responsabilidades colectivas y las políticas de desarrollo que perpetúan la desigualdad.
• La situación de las personas en situación de calle constituye un reflejo extremo de las
desigualdades sociales y urbanas. Lejos de ser un fenómeno aislado, la vida en la calle es producto de múltiples factores estructurales que incluyen la pobreza, la falta de acceso a
4 El concepto de “pornomiseria”, usado en el ámbito cinematográfico, se refiere a la acción de reflejar la pobreza como espectáculo, convirtiendo la denuncia social en entretenimiento lucrativo y despojando de voz y dignidad a las personas representadas.
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vivienda digna, la exclusión del sistema educativo y laboral, así como la violencia tanto simbólica como física que atraviesa sus entornos. Estas condiciones evidencian que la vulnerabilidad de quienes habitan en la calle no puede abordarse únicamente desde la asistencia inmediata, sino que requiere un enfoque integral que considere las causas estructurales, históricas, económicas y sociales de su exclusión.
• El espacio urbano, en este contexto, se transforma en un escenario de conflicto y
supervivencia. Las personas en situación de calle resignifican los espacios públicos, adaptándolos como lugares de refugio, encuentro y construcción de redes de apoyo. Esta ocupación no solo refleja la carencia de políticas urbanísticas inclusivas, sino también la capacidad de los y las personas en situación de calle de crear micro comunidades y estrategias de resiliencia frente a un entorno hostil. La calle, entonces, se convierte en un lugar donde la vulnerabilidad convive con la agencia, mostrando tanto los riesgos como la fortaleza de quienes la habitan.
• La violencia es un componente cotidiano de la vida en la calle, manifestándose de manera
física, psicológica y estructural. Las personas en situación de calle se enfrentan a agresiones, discriminación y desprotección constante, un fenómeno que es reforzado por los estigmas sociales y prejuicios. Esta combinación perpetúa un ciclo de vulnerabilidad, limitando su acceso a derechos básicos y profundizando la exclusión social. Además, el aislamiento y la estigmatización refuerzan la percepción negativa de la sociedad hacia estas personas, dificultando su reintegración y su acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud. La violencia que enfrentan no solo se manifiesta de manera directa, sino que también refleja un sistema estructural que los margina, los expone y, muchas veces, los condena a una vida de precariedad extrema.
• Es necesario que en los escenarios académicos se aborden de manera crítica las múltiples
violencias y actos de crueldad que viven las personas en situación de calle, evitando que estigmas y prejuicios limiten la comprensión. Reducir el análisis únicamente a factores sociodemográficos o causales invisibiliza la dimensión cotidiana de las agresiones físicas, simbólicas y estructurales que atraviesan. Hacer visibles estas violencias no solo amplía la mirada investigativa, sino que constituye un paso esencial para construir respuestas sociales y políticas más integrales, sensibles y comprometidas con la dignidad de esta población.
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