La reconfiguración territorial de la Comuna 13 a partir del accionar de los grupos armados del 2000-2003

Mariana Elorza Chávez

Artículo de investigación presentado para optar al título de Socióloga

Asesor Luis Bladimir Ramírez Valencia, Magíster (MSc) en Derecho

Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Sociología Medellín, Antioquia, Colombia

2026

Cita (Elorza Chávez, 2026) Referencia

Estilo APA 7 (2020) Elorza Chávez (2026). La reconfiguración territorial de la Comuna 13 a partir del accionar de los grupos armados del 2000-2003 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

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Dedicatoria

A quienes trabajan por la construcción de paz, quienes no pierden la esperanza en este mundo hostil.

A la JEP por enseñarme que vale la pena escribir sobre paz, no sobre guerra. A mi madre, quien con su trabajo duro me ha dado el poder y las alas para seguir todos mis sueños.

A Valen y Karen, por sostenerme en la vida.

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Resumen

El trabajo de grado tiene como objetivo principal analizar cómo los actores armados, el Estado y la comunidad interactuaron y transformaron el territorio y las dinámicas sociales en la Comuna 13 de Medellín entre 2000 y 2003. El ensayo aborda la urbanización del conflicto armado, que se refiere al traslado de dinámicas de guerra de orden nacional al plano local. El trabajo explora la presencia de diversos actores en este período, incluyendo a las milicias, las guerrillas (ELN y FARC-EP) y los grupos paramilitares (AUC, ACCU, ACMM), que se disputaban el control del territorio y buscaban expandir sus agendas a través de estrategias de cooptación. Además, se centra en la incursión del Estado, particularmente el proceso de militarización que culminó en la Operación Orión de 2002, con el objetivo de expulsar a los grupos insurgentes y socavar la resistencia comunitaria. Para ello, se utilizan categorías conceptuales como la tríada geográfica de espacio, territorio y territorialidad, y se abordará la territorialidad en disputa para entender las relaciones de poder y las transformaciones del tejido social.

Palabras clave: Reconfiguración territorial, Urbanización de la guerra, Reconfiguración armada, Comuna 13, Modelo paraestatal

Abstract

This scientific article aims to analyze how armed actors, the State, and the local community interacted and transformed the territory and social dynamics of Comuna 13 in Medellín between 2000 and 2003. The essay examines the urbanization of the armed conflict, understood as the shift of nationally driven war dynamics into the local sphere.

The study explores the presence of multiple actors during this period, including militias, guerrilla groups (ELN and FARC-EP), and paramilitary organizations (AUC, ACCU, ACMM), which disputed territorial control and sought to expand their agendas through strategies of co-optation. It also focuses on the State’s incursion, particularly the militarization process that culminated in Operation Orion in 2002, aimed at expelling insurgent groups and undermining community resistance. To do so, it employs conceptual categories such as the geographic triad of space,

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territory, and territoriality, and addresses contested territoriality to understand power relations and the transformation of the social fabric.

Keywords: Territorial reconfiguration, Urbanization of war, Armed reconfiguration, Comuna 13, Parastatal model.

Introducción

La Comuna 13 de Medellín se constituyó, entre 2000 y 2003, en un referente ineludible de la guerra en las ciudades y de la urbanización del conflicto armado colombiano. Este fenómeno implicó el traslado de actores e intereses de orden nacional al plano local, transformando drásticamente la dinámica socio-territorial de la zona. El periodo se caracterizó por una intensificación de la confrontación entre guerrillas, paramilitares y la fuerza pública, la cual se materializó en múltiples operaciones militares. Este caso de estudio, por su intensidad y por la alianza entre la fuerza pública y paramilitares, permite comprender las lógicas de la guerra urbana en el país.

La centralidad de esta investigación radica en el análisis de la reconfiguración territorial de la Comuna 13, entendida como el proceso mediante el cual las interacciones violentas y estratégicas de los diversos actores armados (guerrillas, paramilitares, y bandas) moldearon el espacio, la vida social y las correlaciones de poder. Conceptos clave como conflicto armado y alianza paramilitarfuerza pública son esenciales para entender cómo se disputó el control territorial en la zona. Esta disputa no solo generó un clima de terror e incertidumbre, sino que también elevó el desplazamiento forzado intraurbano —entre otros repertorios de violencia—, configurándose como una de las expresiones más relevantes de la guerra en contextos citadinos. El presente trabajo se justifica en la necesidad imperante de ofrecer una versión alternativa y rigurosa a la narrativa oficial sobre la intervención estatal en la Comuna 13. El objetivo de esta tesis, por tanto, es analizar críticamente las dinámicas de interacción entre actores armados, el Estado y la sociedad civil durante 2000-2003 para desentrañar la lógica de la reconfiguración territorial impuesta. Se busca contribuir a la sociología política desde el análisis de la reconfiguración territorial, observando cómo la guerra urbana se instrumentaliza para imponer un modelo socio-territorial.

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1 Planteamiento del problema

En el imaginario colectivo la Comuna 13 de Medellín es conocida por ser el lugar de despliegue de múltiples operaciones militares a principios del milenio, las cuales terminaron en la conocida Operación Orión (2002); por su gran despliegue en fuerza y consecuencia es clasificada como una operación sin precedentes en un área urbana. Esta se desplegó bajo el argumento de recuperar la soberanía estatal en dicho territorio, tras múltiples intentos: en el año 2002 se desarrollaron 11 operaciones militares allí. 1 Lo ocurrido en el año 2002 fue el resultado de lo que se denomina como la urbanización del conflicto armado, lo cual según el informe Comuna 13: memorias de un territorio en resistencia (2021), es el traslado de actores e intereses de orden nacional al plano local. Para analizar cómo el conflicto nacional se instauró en dicha zona, se debe tener en cuenta la configuración del territorio y sus dinámicas locales, para entender la emergencia de conflictividades que se expresaron allí; como lo fueron el arribo de los actores insurgentes ligados a organizaciones guerrilleras del orden nacional y la evolución de su presencia. Y con estos, también la aparición de otros actores como bandas, milicias y paramilitares.

Según dicho informe, la urbanización del conflicto data desde 1996, en ese año se puede establecer la existencia de grupos de milicias con capacidad de control social y territorial sobre amplias zonas de la comuna, con estructuras de mando definidas y en confrontación con el Estado y grupos paramilitares, es decir, desde dicho año se empieza consolidar la confrontación armada, la disputa de territorios y la victimización a los habitantes.

Si bien, la Comuna 13 ya contaba con una fuerte expresión de milicias desde su construcción en los ochentas, los procesos de desmovilización llevados a cabo entre 1990 y 1994, dejaron algunos sujetos que no se acogieron a este, por tanto, decidieron crear otra organización armada e independiente de la guerrilla, los Comandos Armados del Pueblo (CAP) 25 de febrero, los cuales pretendían continuar con el trabajo de las primeras milicias

1 En febrero del 2002 la Operación Otoño I y la Operación Contrafuego. En marzo la Operación Otoño II y Operación Marfil. En abril la Operación Águila. En mayo la Operación Horizonte II y la Operación Mariscal. En junio la Operación Potestad. En agosto la Operación Antorcha. En septiembre la Operación Saturno. Por último, en octubre, la Operación Orión.

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una combinación de la limpieza social y la beneficencia, mediante acciones con las que pretendían favorecer a la gente más pobre de la Comuna, como la entrega de lotes de invasión, la distribución de alimentos y bienes, la prohibición del pago de servicios públicos y la promoción de festividades y de celebraciones acordes con su ideario político. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2011. p. 61).

En la misma época, después de VI Conferencia, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas —máximas autoridades del movimiento guerrillero FARC-EP—, anunciaban una estrategia de expansión para hacer presencia en las ciudades, aprovechándose de zonas que, por condiciones de vulnerabilidad ya tenían familiaridad con grupos armados como las milicias y discursos anti estatales, ya que estos podrían ofrecer una base social. Esta se trataba de la inserción de:

frentes guerrilleros con mayor capacidad militar para poder emprender acciones de guerra de mayor envergadura, la obtención de recursos económicos y el reclutamiento de efectivos para brindar apoyo a los frentes del ELN y de las FARC que venían operando en el oriente antioqueño. (CNMH, 2011. p. 66).

Las FARC EP llegaron entre 1997 y 1998, a la parte alta del barrio Nuevos Conquistadores, donde instalaron su centro de operaciones. Su arribo irrumpió en las dinámicas del territorio; al llegar sostuvieron confrontaciones con los CAP y el ELN, dejando varios muertos de lado y lado. Según el informe Comuna 13: memorias de un territorio en resistencia (2021) su entrada tuvo connotaciones militares fuertes, con presencia de personas armadas y control territorial más violento. Así, la Comuna 13 finaliza los noventa con presencia del ELN, los CAP y las FARC EP en una lógica de coexistencia, aunque con diferencias de intereses. Ahora bien, con la llegada de estos actores insurgentes, al finalizar los 90 también hubo una proliferación de grupos paramilitares que pretendían llevar su violencia antisubversiva a las ciudades, propuesta auspiciada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su primera cumbre de comandantes en 1997. La llegada de dichas estructuras adscritas principalmente a las Autodefensas Unidas por Colombia (AUC) inauguró un nuevo estallido de violencia en la ciudad, especialmente el ataque deliberado hacia procesos sociales y políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, universitarios y diversas expresiones sociales y comunitarias.

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Estas estructuras crecieron rápidamente, en primer lugar, porque se acogían al Decreto 356 de 1994 “que legalizó la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). Una modalidad de vinculación de civiles al conflicto impulsada por la Gobernación de Antioquia” (Centro de Fe y Culturas et al., 2021. p. 66). Además, el hecho de que bandas ligadas a la criminalidad se unieran al proyecto contrainsurgente, terminaron siendo estas la base social de las estructuras paramilitares en la ciudad.

Ahora bien, en este panorama se desarrolló la incursión del Estado y los grupos paramilitares en el proceso de toma territorial de la Comuna y la búsqueda del destierro total de grupos insurgentes. La estrategia paramilitar consistió en atacar desde zonas colindantes de la comuna como en los corregimientos AltaVista, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, dando inicio al cerco que limitó el control y movilidad de los insurgentes en la comuna. Además, el Estado en 2001 dio inicio a un proceso de militarización que se extendería hasta 2003 y su pico se reflejaría en 2002. Según el informe Comuna 13: memorias de un territorio en resistencia (2021) en esa temporada se desplegaron al menos 25 operaciones militares, 15 de ellas en 2002. Convirtiendo así al territorio en un escenario privilegiado de una guerra, cuyos protagonistas eran las milicias, guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Esta militarización, fue parte de la estrategia contra los insurgentes de la época, impulsada por la política de Seguridad Democrática. Según el referido informe, en la 13 la táctica se enfocó en expulsar por la fuerza a los grupos insurgentes, pero, sobre todo, socavar las propuestas de acción colectiva y resistencia social y comunitaria. Además, esta estrategia se intensificó con el inicio del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (agosto 2002) ya que, “El copamiento militar de los territorios se reforzó con la declaratoria del estado de conmoción interior, bajo cuyo amparo se decretó una normatividad para respaldar la estrategia contrainsurgente desplegada en la ciudad y otras zonas del país.” (Centro de Fe y Culturas et al., 2021. p. 78) En este panorama, la comuna 13 empieza los 2000 siendo un territorio donde guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales se disputan la consolidación de sus agendas dentro del territorio. Cada uno de estos actores, con intereses y estrategias específicas, se enfocaba en expandir su control territorial mediante tácticas de cooptación. Su accionar no solo contribuyó a la destrucción y posterior reconstrucción del territorio, sino que también dejó huella en un contexto marcado por las consecuencias de la guerra que recorría sus calles. Es por esto, que la pregunta que pretende

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resolver mi investigación es: ¿Cómo se re- configuró territorialmente la Comuna 13 a partir del accionar de los grupos armados del 2000-2003?

1.1 Antecedentes

Para dar cuenta de los antecedentes bibliográficos del tema a tratar, hice un rastreo en repositorios de estudios de ciencias sociales y humanas como Scielo y Realdyc, también revisé el repositorio de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. La búsqueda la hice en dos direcciones: por un lado, la configuración territorial, y por el otro, el conflicto armado urbano. A partir de estas, vi la necesidad de ampliar la búsqueda a categorías como disputas territoriales, conflicto armado y la tríada: espacio, territorio y territorialidad. Cabe resaltar el hecho, que las investigaciones encontradas respecto a la configuración territorial en zonas urbanas, fueron nulas, así que hice un recuento de esta categoría según las experiencias en zonas rurales. Ahora bien, evidencié diversas formas conceptuales en las cuales se aborda el tema de la configuración territorial, una de estas es a partir de las categorías geográficas consideradas como tríada espacio, territorio y territorialidad, Claudia Devia (2015) las retoma para analizar las dinámicas territoriales respecto a la cuestión agraria de la Orinoquia colombiana. En su investigación, menciona a Lefebvre para construir el concepto de espacio, el cual lo entiende como una totalidad creadas por las relaciones sociales el cual tiene un sentido dialéctico y recíproco: la sociedad transforma y construye el espacio y este a su vez permite la supervivencia y la transformación de la sociedad. Entiende que el territorio se construye bajo esta premisa, es un espacio ocupado, apropiado y controlado. Y finalmente la territorialidad, donde se desarrolla la intencionalidad del poder, explica que todos los fenómenos que comprometen el territorio y la territorialidad relacionan una o más escalas en tanto niveles de poder, y también la interacción de actores, instituciones y demás.

Esta explicación también es tomada por Jonathan Caro (2016) en su investigación, la cual pretende trazar una ruta para comprender las disputas territoriales en los Montes de María. Esta también parte de la necesidad de comprender el espacio y el territorio como elemento que constituyen la complejidad social, y para esto, recurre a los conceptos de espacio, territorio y territorialidad, de manera similar a Devia (2015), haciendo énfasis en la categoría de territorio, ahí

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encuentra una de las causas y consecuencia de las constantes confrontaciones armadas en el país, por su distribución y control.

A este argumento se une Devia (2015) quien se basa en dos tipos de territorialidad privada, por un lado, territorialidad del dominio, la cual según ella hace referencia directa al conflicto armado colombiano, en el cual diversos actores armados buscan ejercer control sobre áreas estratégicas. Esta no se trata únicamente de poseer las tierras en el sentido de propiedad tradicional, sino de controlarlas para obtener beneficios económicos y estratégicos en el marco del conflicto armado. Expone que todos los actores armados, buscan el control territorial, con fines diversos como dominar corredores claves y áreas de intereses económicos. Por otro lado, la territorialidad de la posesión de tierra está es sobre la acumulación de grandes extensiones de predios, objetivo de narcotraficantes, esmeralderos y elites económicas, actores que ven a la tierra como una forma de lucro, poder y distinción social. Para finalizar, resalta que el análisis territorial requiere entender la superposición conflictiva de diferentes territoriales, es por esto que concluye diciendo que la superposición de dichas territorialidades genera una tercera, una territorialidad móvil, la cual representa las condiciones del capital, que se impone ante las otras; en estas territorialidades es donde se despliega el conflicto armado colombiano.

Ahora bien, otra perspectiva con la cual se aborda la problemática es la territorialidad en disputa. Jairo Baquero, Emmanuel Quiroga y Germán Pachón (2022) presentan en un análisis comparativo de dos subregiones del Sur del Tolima, diversos procesos que han afectado a la construcción territorial, en especial la presencia de actores armados y procesos relacionados a estos. Los autores entienden a las territorialidades en disputa, como un concepto que se propone para abordar los procesos de construcción espacial a través de los cuales se tramitan, negocian o disputan diversos proyectos sociopolíticos que buscan configurar diversas agendas dentro de un territorio determinado, donde existen diversas relaciones de poder (Raffestin, 2012). Son territorialidades en disputa, donde existen tensiones entre la territorialidad estatal y de actores que reclaman autonomía territorial.

Para desarrollar sus argumentos, también emplea el concepto de territorialización, el cual describe cómo las distintas formas en que los actores ejercen un control socio-político del espacio impactan el territorio y la territorialidad, en línea con la conceptualización propuesta por Devia (2015) y Caro (2016).

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Si bien este trabajo se centra en indagar el papel de los procesos productivos agrarios y agroindustriales en las transformaciones de territorios, también pretende explicar las territorialidades de los actores armados y las afectaciones de estos. Principalmente concluye que la disputa entre actores armados ha generado el rompimiento del tejido social en la región, generando que estos ocuparan las funciones que corresponden al Estado, por tanto, dividiendo a la población entre quienes apoyan a un grupo armado en específico y quiénes a otro. Una propuesta similar de investigación presenta Teófilo Vásquez (2013) sobre El Caguán, esta es una investigación comparativa de dos subregiones de El Caguán, enfocada en un análisis agrario. El autor propone un análisis del conflicto de manera heterogénea en el espacio y el tiempo con variables como las dinámicas del poblamiento y la configuración social y política del territorio. Para cumplir con este objetivo, combina evidencia cualitativa y cuantitativa, recolectando información en campo, con entrevistas y talleres con pobladores, líderes políticas y sociales de la región, y, además, con la consulta del archivo de prensa del CINEP y estadísticas demográficas del conflicto armado.

Para el análisis de datos estadísticos, el autor presenta una matriz de variables que posibilitan dar cuenta del accionar de los diferentes actores y sus movimientos dentro de los territorios. Con datos del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC se basa en dos indicadores: en primer lugar, las acciones de los actores armados contra la población civil que expresan el grado de interacción entre el conflicto armado, la sociedad y las dinámicas políticas y económicas, es decir, las disputas por el control de la población civil y sus territorialidades. Y, en segundo lugar, las acciones bélicas o acciones armadas entre combatientes que expresaría más claramente los momentos en que predomina una lógica militar y territorial acerca de la reproducción de la violencia en las guerras civiles y señalar las principales transformaciones en las decisiones estratégicas y militares, los cambios en las lógicas y en los repertorios de violencia de los grupos armados.

Ahora bien, el artículo de Luis Salas (2016) también destaca métodos geo estadísticos para dar cuenta de las afectaciones del conflicto a través de mapas y variables de repertorios de violencia. Este tiene como propósito, desde una perspectiva geográfica, ofrecer elementos relacionados con el conflicto armado que han intervenido en la configuración de los territorios en Colombia. Con este fin, muestra cómo la actividad armada se distribuye geográficamente durante los años y cómo el conflicto se desplaza a nuevas áreas en función de los intereses sobre los

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territorios. Las variables que usa para dar cuenta de su objetivo son: las afectaciones territoriales, la intensidad del conflicto y la persistencia de este.

Su análisis le permite concluir, que el impacto en la configuración de territorios por parte del conflicto, se manifiesta principalmente en la creación de estructuras de micro poderes como formas de poder que operan a pequeña escala, en el control de grupos armados, ejercer presión sobre comunidades, y control de corredores estratégicos. Estas les permiten consolidar una estrategia de territorialidad que incluye el ejercicio de la violencia para mantener la hegemonía de cada grupo.

Ahora bien, las investigaciones de Vásquez (2013) y Salas (2016) las encuentro de especial importancia porque plantean formas metodológicas efectivas de rastrear a los actores dentro del territorio, y con esto, pensarse las consecuencias de estos allí.

Si bien, cada una de las investigaciones muestra diversas formas de analizar el fenómeno de la configuración territorial por el conflicto armado, metodológicamente estas tienen similitudes marcadas, como lo es presentar antecedentes del conflicto en la zona como recuento histórico, destacar su importancia geo estratégica y presentar a los actores. Esto con el fin de dar las bases suficientes para el análisis. Por otro lado, conceptualmente, todas las investigaciones van hacia un mismo enfoque, destacan los conceptos de territorio, territorialidad y territorialización. Y para aquellos que usan métodos geo estadísticos —casi todos—, lo hacen con el fin de dar cuenta de rastrear el movimiento de los actores sobre el territorio, esto con índices de repertorios de violencia.

2 Justificación

Si bien el conflicto armado en la Comuna 13 ha sido un tema bastante investigado desde diferentes lentes metodológicos, en mi búsqueda no encontré ningún documento que investigué la reconfiguración de este territorio a partir del accionar de grupos armados. Este es importante para entender cómo el conflicto armado modificó el espacio urbano, debido a que estas disputas dejaron huellas profundas en el tejido social y territorial.

Ahora bien, el periodo 2000-2003 fue significativo en este lugar debido a la heterogeneidad de los actores que se disputaban allí, especialmente las fuerzas armadas y el paramilitarismo, quienes eran protagonistas en el proyecto contrainsurgente de la época. Estos eventos

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transformaron las dinámicas de control y apropiación del territorio, generando una reconfiguración geográfica y social.

El estudio del accionar de estos grupos armados en la Comuna 13 permitirá comprender mejor cómo se configuraron nuevas territorialidades en un espacio en disputa, influenciado tanto por la violencia como por las estrategias de control militar y paramilitar. Además, esta investigación contribuirá a llenar un vacío en los estudios sobre conflicto armado urbano, dado a que la mayoría de los análisis se han enfocado en zonas rurales. Pretende develar cómo el conflicto armado impacta la configuración del espacio en ciudades como Medellín, mostrando la importancia del territorio como eje de poder y control en medio de la guerra.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar la reconfiguración territorial de la Comuna 13 de Medellín entre los años 2000 y 2003, a partir del accionar de los grupos armados (guerrillas, paramilitares, milicias) y la intervención estatal.

3.2 Objetivos específicos

● Identificar los principales actores armados presentes en la Comuna 13 durante el período

2000-2003 y sus estrategias de control territorial.

● Explicar las dinámicas de control territorial desplegadas por los actores armados como

estrategia de cooptación del espacio.

● Comprender las transformaciones en las relaciones de poder en la Comuna 13 como

resultado de las disputas por el control territorial.

4 Metodología

El presente trabajo de grado se inscribe en el marco de la investigación cualitativa con un enfoque de análisis documental de corte socio-territorial. Esta elección metodológica obedece al

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objeto de estudio, la reconfiguración territorial de la Comuna 13 entre 2000 y 2003, un período marcado por el conflicto armado urbano de alta intensidad. La aproximación documental permite trascender la inmediatez del relato para confrontar y articular diversas narrativas sobre un mismo hecho, constituyéndose como un pilar fundamental para la comprensión de las complejas dinámicas de interacción entre actores armados, Estado y población civil.

Para la construcción del análisis se emplearon tres técnicas de recolección y sistematización: la revisión documental exhaustiva, el registro de prensa y el fichaje de información. La revisión se centró en la compilación y examen de documentos oficiales producidos por entidades de control y derechos humanos (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, informes del CNMH), mientras que el registro de prensa se enfocó en el cubrimiento mediático de las operaciones militares. El fichaje fue una herramienta clave para organizar y categorizar grandes volúmenes de datos dispersos, incluyendo la información contenida en informes de contexto, documentos de planeación estatal y la cartografía social que permitió el uso de fichas y mapas para delimitar y visualizar la disputa territorial en la comuna. Un aspecto diferenciador de esta investigación es el acceso privilegiado a fuentes primarias que robustecen significativamente el análisis. El rigor del trabajo se sustenta en mi práctica de pregrado realizada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta vinculación institucional me permitió acceder, de primera mano y bajo los protocolos de seguridad, a expedientes judiciales y a la información de contexto producida por las unidades de investigación, como la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC). Este material incluye testimonios, pruebas procesales y autos judiciales, que resultan fundamentales para la contrastación de la versión oficial con las memorias de las víctimas, dotando a la tesis de una perspectiva empírica sólida. Finalmente, el desarrollo de esta metodología enfrentó dificultades inherentes a la investigación del conflicto armado urbano. La principal de ellas fue la dispersión y parcialidad de las fuentes, es decir, la complejidad de encontrar información estatal desclasificada completa. Adicionalmente, la distancia temporal del estudio (2000-2003) impuso el desafío de la recuperación de la memoria a largo plazo, obligando a un ejercicio constante de triangulación y validación de los datos. Además, al tratarse de una categoría compleja con diferentes matices como lo es la reconfiguración territorial, algunas conceptualizaciones son flexibles y entendidas de diversas maneras por diversos autores, lo cual significó un problema para la construcción de un

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marco teórico único y sólido, por tanto, durante el trabajo se retoman varias teorías que reflexionan al respecto.

5 Contexto nacional: Doctrina de Seguridad Nacional

Según Leal (2006) la Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad. Esta se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región. Su génesis tiene origen en Estados Unidos, por tanto, se desarrolló en circunstancias ideológicas y políticas externas y a las instituciones castrenses mismas.

Después de la Segunda Guerra mundial en Estados Unidos se desarrolló la doctrina de seguridad democrática, la cual se construyó en la ideología anticomunista, típica de la guerra fría, donde se identifica las posibles amenazas al Estado proveniente del exterior, y se les anticipa un trato militar. Por lo cual se basa principalmente en la defensa militar y la seguridad interna frente a las amenazas de revolución, inestabilidad del capitalismo y capacidad estructural de los armamentos nucleares. Ahora bien, el triunfo de la Revolución Cubana, convirtió a Latinoamérica como el campo para enfrentar la subversión considerada como parte de la Guerra fría; esto fue lo que impulsó el desarrollo de la Doctrina de Seguridad en América Latina. A la región llegó como una variante: La Doctrina de Seguridad Nacional, la cual, si bien mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad, también ubicó como principal enemigo el comunismo internacional, y el deber de los países latinoamericanos de enfrentar al enemigo interno materializado en agentes locales de la izquierda y el comunismo: las guerrillas. Además de estas, el enemigo interno podría ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos.

Si bien, desde 1947 existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en el cual se había establecido una división de trabajo de seguridad entre Estados Unidos y América Latina —donde el primero se preocuparía por los problemas globales y el segundo, de resolver los problemas internos de sus países— esto solo tuvo sentido cuando emergieron guerrillas en varios países de la región; para los militares la guerra revolucionaria se concretó como la estrategia del comunismo y el enemigo interno se constituyó en la amenaza principal. Sin embargo, a raíz de la derrota norteamericana en Vietnam, la concepción del estado de seguridad nacional y su táctica

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contrainsurgente fueron relegados a segundo plano. Por lo cual en los años ochenta se hizo obsoleta la guerra como medio de resolución de conflicto entre las potencias, y esta idea se trasladó interna como externamente en los países subdesarrollados. Este proceso facilitó el proceso de desmilitarización del gobierno, surgió así en la región el llamado proceso de redemocratización, con lo que salieron a la luz los desmanes de los militares respecto a las violaciones de derechos humanos.

En los ochenta mundialmente había una desvalorización del modelo tradicional de seguridad nacional y el declive de la Doctrina, no obstante, en Colombia estos efectos han sido contrarrestados por la presencia crónica de las guerrillas comunistas. En nuestro país la doctrina se enfocó en la ideología anticomunista que le da validez al enemigo interno, “como objetivo militar en un país caracterizado por una gran diversidad social, induce posiciones polarizadas y convierte a los antagonistas en enemigos irreconciliables” (Leal, 2006. p. 52). Esta se enfocó en estigmatizar y diferenciarlo de todo lo demás, pero sobre todo le proporcionó razón de ser institucional al calificativo de enemigo para cualquier persona o grupo sospechoso de ser comunista. Durante el gobierno de Gaviria (1990-1994) el comunismo había dejado de ser una preocupación para Estados Unidos por la finalización de la guerra fría, y en su lugar, la mirada se empezó a centrar en la creciente problemática del narcotráfico, la cual se había instaurado en países latinos, específicamente en Colombia. Esto, junto al creciente uso de medios “bandoleros” por parte de las guerrillas, permitieron el sostenimiento de la doctrina en la mentalidad y prácticas militares, lo cual facilitó que la guerra en la segunda mitad del gobierno de Gaviria, los grupos insurgentes fueran tratados como criminales narcotraficantes y no como delincuentes políticos. Ahora bien, Gaviria pretendió emplear una táctica de guerra integral, pero su fracaso se hizo evidente con la fuerte ofensiva que la guerrilla tuvo al final de su mandato. Por tanto, Samper (1994-1998) en su periodo presidencial propuso una estrategia completamente contraria, en su gobierno tenía el afán de cumplir con la presión externa, el narcotráfico se convirtió en el factor preponderante de la seguridad nacional de su gobierno; y la influencia de Estados Unidos fue bastante alta mediada por dicho problema. Lo cual no permitió que se prestara la atención necesaria al conflicto de la guerrilla y los paramilitares, facilitando la expansión de estos durante ese periodo. Por esto, finalizando el año 98 Colombia atravesaba uno de los picos más altos y complejos de violencia, principalmente por los enfrentamientos entre los grupos armados que querían tomar el control de puntos estratégicos.

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Además, las tropas de la fuerza pública mantenían una organización tradicional y convencional, lo que resultaba insuficiente frente a las estrategias del enemigo. Según Leal (2006), "la guerra irregular generó una organización híbrida e inestable, cuyos cambios eran, en gran medida, reacciones a las variaciones estratégicas y tácticas del enemigo. Esta situación limitó la eficacia militar y encareció el enfrentamiento con la subversión" (p. 163). Esta ineficacia militar tuvo como consecuencia la adopción de recursos criminales, como el paramilitarismo, para combatir a las guerrillas. Dicho fenómeno se expandió a nivel nacional tras los repetidos fracasos de la ofensiva militar al final de este gobierno.

A causa del alto costo económico y social del conflicto armado, el recrudecimiento de las confrontaciones y el incremento de muertes y secuestros, Andrés Pastrana (1998-2002) abre su periodo presidencial con la decisión de generar diálogos para un proceso de paz. Durante este, la FARC demostró una actitud arrogante e intransigente, muy poca disposición y voluntad para un diálogo real. Aprovechando su ventaja, esta decidió emplear conductas de saboteo en infraestructuras nacionales —típicas del ELN— como volar oleoductos, puentes, ferrocarriles y torres de energía. Según Leal (2006), estas acciones hicieron que la guerrilla se alejara cada vez más de la ideología con que nacieron, al contrario, terminarán compitiendo con los paramilitares en la perpetración de atrocidades propias de la guerra sucia. Como resultado, estas perdieron todo reconocimiento político.

Sin embargo, el gobierno tenía afán por una pronta paz, lo que hizo que aceptara muchas de las exigencias de la guerrilla, además de la situación de ventaja que tenían los dos gobiernos anteriores. Es decir, el Estado estaba actuando de forma pasiva, siguiendo las iniciativas de la FARC. Después de múltiples incumplimientos al cese al fuego, y una ola de atentados, la ruptura de los diálogos de paz se da el 20 de febrero de 2002, luego de que la guerrilla secuestró un avión. La actitud intransigente de las FARC, sumada a las consecuencias en materia de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, provocó un cambio drástico en la política internacional oficial. Se inició una fuerte ofensiva contra las FARC, sustentada en su declaración como grupo terrorista y en la aplicación de los instrumentos de la Ley de Defensa y Seguridad 682 de 2001. Estados Unidos lideró el esfuerzo por formalizar la conexión entre el narcotráfico y la inseguridad, ampliando el uso de los recursos destinados al Plan Colombia y otorgando a los militares colombianos certificaciones en el cumplimiento de los derechos humanos.

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Además, debido a la presión externa, la Unión Europea también clasificó a las FARC como un grupo terrorista.

En este periodo, también se impulsó la transformación de la estructura militar, buscando corregir errores, motivar y reorganizar internamente esta. Para lograr esto se incluyeron medidas como la disolución de las cooperativas de seguridad Convivir y la emisión de bonos de paz para invertir en las zonas más afectadas por la violencia. Sumado a que, se anunció un incremento significativo del pie de fuerza: se planeaba aumentar en 20.000 soldados y 10.000 agentes contraguerrilla al final del gobierno. No obstante, la herencia de una imagen deteriorada y la ineficiencia operativa llevaron al gobierno a buscar apoyo externo para mejorar la percepción y la funcionalidad de las fuerzas públicas (Leal, 2006. p. 206).

La ayuda internacional fue clave en este proceso de reorganización. En 1999, el ministro de Defensa colombiano solicitó a Estados Unidos 500 millones de dólares para el ejército y 10 millones para la policía, destinados principalmente a la lucha contra el narcotráfico (Leal, 2006. p. 215). Este apoyo se sumó a los 294 millones ya aprobados para ese año. Se implementaron el Batallón N° 1 Contra el Narcotráfico y la Central de Inteligencia Antinarcóticos, ambos financiados por Estados Unidos (Leal, 2006. p. 215). Esta colaboración marcó un cambio significativo en los objetivos de seguridad nacional, consolidándose con la intervención oficial estadounidense en la reestructuración militar del país. Así, el Plan Colombia, concebido por el presidente Pastrana, adquirió una dimensión central en la política antidrogas y de seguridad, reforzando la alianza estratégica entre ambos países.

El Plan Colombia fue formalmente introducido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Pastrana mediante la Ley 508 de 1998. Este programa se estructuró en torno a cuatro estrategias clave: recuperación económica y social, fortalecimiento de la seguridad y la justicia, democratización y desarrollo social, y el avance del proceso de paz (Leal, 2006). En la lucha contra el narcotráfico, se plantearon medidas como la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, la modernización de las fuerzas armadas, el fomento del diálogo en la zona de distensión, el desarrollo de regiones y municipios, y reformas políticas e institucionales. No obstante, la falta de una política que diferenciara y abordará las distintas fuentes de inseguridad –subversión, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común– debilitó la legitimidad de la fuerza pública, permitiendo las guerrillas y paramilitares consolidaran su propia legitimidad ante sectores de la población (Leal,

2006. p. 225)

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El vacío de tener políticas integrales permitió la dependencia creciente de la influencia externa, especialmente de Estados Unidos, cuyo enfoque se limitó a tratar el problema del narcotráfico desde una perspectiva coercitiva. La expansión del gasto militar, financiada mayoritariamente por recursos estadounidenses, se tornó insostenible sin ayuda externa debido a la falta de cambios estructurales en el sistema tributario y económico del país. Esta dependencia aumentó la enajenación de la capacidad política de Colombia, mientras sectores dirigentes aceptaban sin cuestionamientos la certificación plena de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, otorgada por Estados Unidos en los años 1999, 2000 y 2001. Este respaldo permitió continuar con políticas tuteladas, sin un análisis crítico de sus implicaciones a largo plazo. Al finalizar el gobierno Pastrana, el tema de la seguridad seguía siendo la principal preocupación civil e institucional, lo cual marcó la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Este candidato se enfocó en la necesidad de restablecer el orden con autoridad. A esto sumó fuertes críticas a la corrupción, la politiquería y las prácticas clientelistas, las cuales, según él, debilitaban al Estado frente a las amenazas internas. Su discurso le permitió permear a una población con múltiples problemas de seguridad.

Ya en el poder, Uribe tomó medidas contundentes para implementar su política de seguridad democrática. Entre las acciones iniciales destacó el nombramiento de Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa, marcando un hito al ser la primera mujer en ocupar ese cargo. También decretó el estado de conmoción interior para enfrentar la emergencia de seguridad y promovió un impuesto destinado a financiar las operaciones militares. Complementando estas decisiones, se inició el reclutamiento de soldados campesinos, la conformación de redes de informantes y la oferta de recompensas por información que permitiera combatir eficazmente a los grupos armados. Además, se incentivó la deserción de combatientes ilegales y se crearon zonas de rehabilitación en áreas de influencia guerrillera.

Ahora bien, la operación Orión, ejecutada en octubre de 2002, fue no sólo resultado de múltiples operaciones militares que entraron a la Comuna 13 en dicho año, por su gran capacidad ofensiva fue uno de los primeros y más visibles actos de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe. La toma militar de la Comuna, hasta entonces dominada por la guerrilla, fue presentada como un éxito estratégico del gobierno y reforzó la percepción pública de una voluntad política decidida frente a la subversión. Sin embargo, la operación también generó críticas debido a violaciones de derechos humanos y al posterior control paramilitar en la zona. Sus ataques

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evidenciaron el fenómeno de la urbanización de la guerra, en el que los enfrentamientos armados, tradicionalmente ligados a áreas rurales, se trasladaron a los centros urbanos, afectando directamente a la población civil y transformando la dinámica del conflicto en las ciudades. En los últimos tres meses del 2002 que Uribe estuvo en mandato, se evidencio su estrategia para combatir el conflicto armado, encaminada rotundamente a la aplicación de política de seguridad democrática, la cual demostró diferentes líneas de acción, como: una política de paz y complicidad con los grupos paramilitares. Si bien desde el gobierno Pastrana se abrió la posibilidad de negociación con estos, fue en septiembre de 2002 cuando Carlos Castaño planteó su interés en el deslinde con el narcotráfico y su disposición de negociación. Además, para esta época, ya el gobierno norteamericano estaba pidiendo la extradición de jefes paramilitares por nexos con el narcotráfico, a pesar de esto, la buena relación con el gobierno Uribe permitieron que el desmonte de las AUC se adelantará sin problema. A mediados del 2003, se firmó con las AUC el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que este conjunto de grupos armados se comprometía a no atentar contra la población civil. (Leal, 2006) Por otro lado, después de las múltiples operaciones militares de la segunda mitad del 2002, las guerrillas especialmente la FARC EP, no habían mostrado contundencia para responder, dando un aire de optimismo en la opinión pública. Sin duda, la gran inversión en la recuperación operativa de la fuerza pública había disminuido la capacidad ofensiva de la subversión. Como el gran aporte económico en estrategias puntuales como el aumento de pie de fuerza del ejército nacional, creando nuevos batallones y unidades especiales contraguerrilla, incrementando a 80.000 el número de soldados profesionales, 15.000 nuevos carabineros y 22.000 soldados campesinos —entre 2002 y 2004— (Angarita, 2011). Además, la fuerte consolidación de redes de informantes, y los incentivos para desmovilizados.

A nivel internacional, se siguió apostando por la estrategia que planteaba el Plan Colombia I, el cual, si bien en un principio fue pactado para seis años, se extendió hasta el segundo mandato de Álvaro Uribe. Los resultados del Plan Colombia I, que terminó en 2003, fueron desfavorables, no solo por no cumplir con su principal objetivo que era la erradicación de las drogas ilícitas, sino también por los múltiplos efectos nocivos para el país, como la destrucción de ecosistemas producidos por la política de fumigación, el crecimiento notable de los índices de violación de derechos humanos y el fortalecimiento del proyecto paramilitar.

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A pesar de los resultados negativos, en el gobierno Uribe se volvió a replicar este modelo, pero ahora con una propuesta que incluía componente de fortalecimiento de la justicia y los derechos humanos, además de una apuesta al desarrollo integral, esto, por la crítica que se le hizo al primer plan por no tener en cuenta la necesidad de aumentar la inversión social para dar respuesta a los factores estructurales del conflicto armado. Todo esto, aumentó potencialmente los costos del conflicto, según Angarita (2011) en la administración de pastrana se destinaron 46.9 billones de pesos para política de seguridad, en el gobierno Uribe se destinó 48,6 billones de pesos, es decir, un alza de 1,7 billones de pesos. Siendo así, el mandato que más incrementó el gasto en seguridad y defensa.

En conclusión, el año 2002 fue un abre bocas del repertorio de violación de derechos humanos e inversión económica que supuso la estrategia contra el conflicto armado de Álvaro Uribe. La implementación de la política de seguridad democrática no solo significó un aumento en el gasto en defensa y el fortalecimiento de las fuerzas militares, sino también el auge del paramilitarismo. Asimismo, operaciones como Orión evidenciaron la urbanización del conflicto, trasladando la violencia a los centros urbanos y afectando gravemente a la población civil. Dándole apertura a una de las épocas más violentas en Colombia.

6 Urbanización de la guerra

La urbanización de la guerra en la comuna trece de Medellín consistió en un proceso en el que los principales actores armados del conflicto nacional —guerrillas, paramilitares y fuerza pública— se disputaron el control territorial de este lugar. Si bien, fue un proceso que se gestó progresivamente desde los años ochenta, su pico fue empezando el siglo XXI. Durante estos años, la ciudad pasó de ser un escenario de retaguardia, importante sobre todo para el aprovisionamiento de recursos militares, económicos y de base social, a convertirse en un espacio geoestratégico para la movilidad y el despliegue de la disputa, así como para el control de recursos y territorios. Este cambio, es a lo que se ha llamado la urbanización de la guerra.

Según la Comisión Internacional de Esclarecimiento (2012), si bien la comuna trece se ajusta tardíamente en el ciclo bélico, esta se convierte en un caso representativo para la historia del país. La comuna 13 fue un espacio óptimo para que esto sucediera, ya que desde la década de los ochenta ya hacía presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, sumado

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al agravante de que en la ciudad había una base social disponible de bandas, combos y comandantes retirados de todos los viejos bandos que se reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia, y se pusieron al servicio de organizaciones militares. Es decir, el territorio ya tenía un antecedente donde los dos bandos se enfrentaban dentro de la misma ciudad por medio de milicias y bandas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017) Por su lado, las expresiones guerrilleras y milicianas han tenido presencia en Medellín desde finales de los setenta; en los ochenta adquirieron mayor importancia en el ámbito político y militar, por su protagonismo e importancia en la organización de los asentamientos humanos que iban creciendo rápidamente en las laderas de la ciudad a causa de la multitud de desplazados por la violencia que llegaban allí. En ese momento, su principal objetivo no fue impulsar una revolución, sino justificar su presencia reclamando legitimidad como agentes de orden y seguridad, lo cual implicaba eliminar a otros actores que representaran una amenaza o alternativa a su control. Esta orientación cambió a principios de los noventa, por un lado, la resolución de los conflictos entre el gobierno y cinco organizaciones guerrilleras, cuatro de ellas con importante incidencia en la ciudad (M-19, EPL, PRT y CRS), además con el Cartel de Medellín y algunas milicias populares (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Sin embargo, no todas las milicias se desmovilizaron, algunas de ellas continuaron y al mismo tiempo aparecieron nuevas que tomaron un lugar importante, como los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Sumado a esto, las FARC EP reaparecieron en los noventa, debido a los planes que dictaba su jefatura nacional orientados a dar el salto hacia una guerra de posiciones, donde la ciudad adquirió una mayor importancia como escenario de confrontación. En el proyecto expansivo de las FARC, algunos bloques crearon frentes urbanos en las ciudades más importantes del país: el Frente Oriental creó el frente Antonio Nariño para Bogotá, el occidental creó el Frente Manuel Cepeda para Cali y al Bloque José María Córdova se le encargó de llevar las FARC EP a Medellín. Simultáneamente, la ofensiva contrainsurgente crecía fuertemente, quienes en consonancia con lo anterior se plantearon responder a las incursiones citadinas de la guerrilla. Según Olaya (2021) en la primera cumbre de jefes paramilitares efectuada a finales del año 1994, evento de coordinación y centralización nacional de los grupos paramilitares, se aprobó por consenso seguir considerando como blancos militares a los cuadros políticos y sindicales de extrema izquierda. Resaltando el hecho que los procesos de paz adelantados en el país en la década del ochenta y principios de los noventa, fueron aprovechados por las guerrillas para fortalecerse.

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Estos grupos se propusieron instalarse de manera definitiva en el Valle de Aburrá, con el objetivo de tomar el control total del narcotráfico, anteriormente dominado por el cartel de Medellín, desmantelado tras la muerte de Pablo Escobar. Además, buscaban controlar las bandas delincuenciales para utilizarlas en la disputa territorial contra los grupos de milicias, que también tenían presencia en los sectores populares.

En este contexto, la aparición del grupo de defensa privada COLSINGUE (Colombia Sin Guerrilla) se remonta a 1994, con el asesinato de Óscar Alonso Rodríguez, presidente del sindicato de trabajadores de Itagüí. Paralelamente, surgió otro grupo autodenominado MAJACA (Muerte a los Jaladores de Carros), el cual se atribuyó ataques con explosivos contra varios establecimientos comerciales en la ciudad, donde al parecer se vendían repuestos robados, así como el asesinato de personas señaladas de tener vínculos con el hurto de vehículos. Estos ataques no fueron más, que el abre bocas al panorama de los siguientes años; desde ese momento, grupos paramilitares intensificaron el asesinato y secuestro de líderes sociales y dirigentes de izquierda. Según Olaya (2021) las acciones de COLSINGUE y MAJACA se pueden ubicar entonces como antecesoras de la irrupción de los grupos paramilitares en el Valle de Aburrá y las diferentes zonas del departamento de Antioquia.

Entre 1994 y 1999 se constituyó la instalación definitiva de los grupos paramilitares en las diferentes subregiones del departamento, lideradas por Los doce Apóstoles en el norte, La Escopeta en el sur, COLSINGUE y MAJACA en la ciudad. Durante estos años sindicalistas y líderes de izquierda fueron víctimas sistemáticas de desapariciones forzadas y asesinatos con torturas. Según Olaya (2021) en 1999 las acciones de las bandas al servicio de los grupos paramilitares contra dirigentes barriales se recrudecieron, después del secuestro en las oficinas del Instituto Popular de Capacitaciones (IPC) donde comandos armados paramilitares entraron a dichas oficinas y se llevaron en dos camionetas a cuatro funcionarios de esta entidad.

Según la Escuela Nacional Sindical en 1999, a nivel nacional 69 trabajadores sindicalizados fueron asesinados (19 eran dirigentes sindicales), 676 sindicalistas fueron víctimas de amenazas de muerte, 29 fueron detenidos ilegalmente, 22 fueron secuestrados y 13 sufrieron atentados contra su vida. Además, registran que el lugar donde se presentaron más asesinatos a líderes sindicales fue Antioquia con 26 casos. También se ubicó a Antioquia como el segundo departamento con más casos de violencia a sindicalistas.

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Figura 1 Asesinatos a trabajadores sindicales por departamento (1999).

Nota. Datos tomados de Escuela Nacional Sindical, 2000

Figura 2 Violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas por departamento (1999).

Nota: Datos tomados de Escuela Nacional Sindical, 2000.

Por su parte las AUC le encargaron al Bloque Metro bajo la comandancia del exoficial del ejército Carlos Mauricio García Fernández (alias “Doble Cero”), liderar el proceso de urbanización. Estos montaron sus primeras estructuras en municipios del oriente y nordeste, con el fin de operar

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desde las zonas rurales cercanas e infiltrarse en algunos barrios de la ciudad. Sin embargo, su incursión al área metropolitana no fue exitosa, ya que, si bien logró vincularse con diversas bandas dentro de la ciudad, no se logró un acercamiento significativo a ellas, principalmente por disputas que se tenían internamente respecto al consumo y distribución de drogas. Este fracaso dio pie para que alias “Don Berna”, con apoyo de las AUC y las fuerzas estatales —la Cuarta Brigada del Ejército— creará el Bloque Cacique Nutibara, tenía alianzas más cercanas con bandas locales y estructuras criminales urbanas, lo cual le permitió captar el territorio de manera ágil y eficaz, enfrentando incluso al Bloque Metro. Ya en 2000 el grupo de Don Berna —sin presentarse aún como Bloque Cacique Nutibara— había logrado, mediante el aniquilamiento o la cooptación de grupos armados preexistentes en la ciudad, establecer un monopolio de la coerción en numerosos barrios.

En la gráfica 3 presentada por la Fiscalía General de la Nación (2014), se evidencia cómo después de 1997, la presencia de grupos paramilitares aumentó en un 200%, con un incremento particularmente notable en el departamento de Antioquia, donde el número de municipios bajo influencia paramilitar superó al dominio guerrillero. Según la Fiscalía (2014), este fenómeno ayuda a explicar por qué entre los años 2000 y 2001 se registró el mayor número de desplazamientos forzados y secuestros en el país (Gráfica 2). La disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial —especialmente en zonas estratégicas como el Valle de Aburrá y municipios del occidente antioqueño— derivó en una intensificación del conflicto, con consecuencias directas para la población civil.

Figura 3 Número de municipios con determinada presencia en Antioquia (1997-2007).

Nota: Datos tomados de Fiscalía General de la Nación, 2014.

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Figura 4 Desplazados/secuestrados en Antioquia (1997-2007).

Nota: Datos tomados de Fiscalía General de la Nación, 2014.

Si bien todos los actores del conflicto armado en la ciudad apelan a diversos repertorios de violencia, lo hicieron en diferentes magnitudes y con diferentes objetivos, en la medida en que cada uno de ellos tenía una idea de orden y formas estratégicas de ejercer control sobre territorios, poblaciones y recursos. La entrada del paramilitarismo trajo consigo formas de violencia que responden a una técnica en la que el ejercicio del terror y el miedo fue central. Las modalidades de victimización más usadas por este grupo armado fueron los asesinatos selectivos —especialmente a líderes—, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las masacres, el reclutamiento de menores, los desplazamientos forzados y las torturas. Su forma de ejercer la violencia buscaba ser visible, tenía como finalidad mostrar su llegada al territorio. En el período 1995-2005, el secuestro, el reclutamiento de menores y los asesinatos ejemplarizantes aumentaron considerablemente, repertorios de violencia que dan cuenta no solo de la disputa que existía en ese momento, sino también la necesidad de ampliar sus filas con menores de edad.

Para contrarrestar la delincuencia paramilitar, el Secretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa en 1996, anunció la decisión de integrar los esfuerzos de los batallones de la política militar N4 y 44, adscritos de la Cuarta Brigada del ejército, con el propósito de unificar y hacer “más eficaces y eficientes” las labores de inteligencia y combate. Desde allí inició el despliegue sistemático de ataque a la población civil, en alianza con grupos paramilitares. Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se afirma que grupos paramilitares

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recibían apoyo logístico y consentimiento para sus acciones por parte de miembros de la Policía Nacional y del DAS. Estos hechos no eran desapercibidos por Defensores de Derechos humanos y población civil, quienes denunciaban que la posición de la fuerza armada frente al accionar de los grupos paramilitares, era de “indiferencia, de permitir y tolerar dichos actos” Don Berna declaró que las fuerzas de autodefensas llegaron a la comuna trece como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía. Además de las múltiples —veintiuno— operaciones de gran envergadura, también recurrieron a otras medidas ilegales como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y masacres. Durante la urbanización del conflicto armado las actividades de estos actores se concentraron en las acciones bélicas y en los asesinatos selectivos. Dejando ver, una violencia que buscaba hacer un teatro del horror para intimidar al proyecto insurgente.

7 Proceso de reconfiguración

7.1 Intereses sobre el territorio

Según Doreen Massey (1984) el espacio es un entramado de relaciones que afectan de manera diferenciada a los lugares, en tanto, estas están condicionada por una multiplicidad de relaciones de poder. En Colombia, la disputa por el poder ha estado profundamente marcada por décadas de conflicto armado, donde el territorio se ha constituido como un espacio de disputa violenta y cambios políticos. En Medellín según Vilma Franco (2004) el conflicto armado es producto del conflicto nacional colombiano, el cual es “una disputa entre facciones armadas por la soberanía y que constituyen una fractura del cuerpo político” Franco, 2004. En este contexto, en las ciudades se construiría un escenario más, donde desplegar la hostilidad de la guerra, fruto de la inclusión de nuevos actores al conflicto urbano.

La guerra que se desplegó en la comuna trece a partir de los 2000, se retorna a modalidades de violencia selectivas en términos territoriales. Se trató del despliegue masivo de repertorios de violencia que tenían por objetivo disputar el control territorial a los otros competidores armados, ya que, este garantiza el control de la población, los barrios y los recursos. Por esta razón, los desplazamientos intraurbanos, los asesinatos selectivos a líderes barriales, las masacres, la

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violencia sexual, las amenazas, la tortura y el despojo de propiedades, eran los repertorios más comunes.

La expedición a la reconfiguración del territorio no se puede comprender sin un balance de lo que este representa para los grupos armados. Cada uno de los actores que allí yacen tienen sus propias convicciones, posibilidades y esquemas políticos para actuar sobre este. Por esto, sobre el territorio recaen intereses sobre su lugar estratégico y el control de sus corredores, sobre el control local y social, y también un lugar donde se podía consolidar reproducción exponencial de recursos económicos La comuna trece es un corredor estratégico para el monopolio del narcotráfico y de armas. Principalmente el túnel de occidente que conecta con Santa Fe de Antioquia y a la región de Urabá, lugar donde se configura un corredor importante: barrios como Independencias 1, 2 y 3, Juan XXÍÍI, la Agonía, El Salado, Altos de la Virgen y la Loma, estos se consideran como punto privilegiado en la ruta entre Medellín y Urabá. Esta fue una de las grandes motivaciones para la arremetida paramilitar, especialmente en la acción del Bloque Cacique Nutibara con apoyos de la fuerza pública y sectores económicos afines a este proyecto.

Además, el paisaje urbanístico, construido por la misma población, generó espacios para el ocultamiento de actividades ilícitas y facilitó rutas clandestinas para el tráfico de todo tipo de mercancías. Lo que permite, una corriente eficiente de entrada y salida de armas y narcotráfico, desde la ciudad al puerto del Urabá antioqueño. El control de dicho corredor, representaba una ganancia económica al grupo que lo controlara.

Todo ese tema de los puertos en Urabá y que va a conectar por el otro lado el Suroeste, eso va a generar un flujo de dinero y materiales y eso va a pasar por acá y eso va a tener un costo (entrevista 8, 2020, como se citó en Centro de Fe y Culturas et al., 2020, p. 46).

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Figura 5 Mapa de importancia geopolítica de la comuna trece.

Nota: Datos tomados de Defensoría del Pueblo, 2020.

La naturaleza del territorio y la población que habita el mismo, permite que grupos armados mantengan el control ilegal sobre economías legales, como el acceso a rentas y recursos de la extorsión al transporte público, a las obras públicas y privadas, y al sector comercial formal e informal, como vendedores de loterías y chances, tenderos, dueños de vehículos particulares, entre

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otros. Estas actividades son las que fortalecen rápidamente las estructuras armadas, ya que representan recursos a corto plazo, y de manera rápida. Por esta razón, tanto bandas y combos invierten gran parte de su capacidad territorial en este propósito. Además, estas actividades también estimulan a los actores armados a consolidar economías legales, como estrategia de lavado y de reproducción de los recursos provenientes de actividades ilegales. En este sentido, la disputa por el control de las actividades económicas corresponde también a la búsqueda de acceso a las dinámicas de la economía formal. Según el informe Memorias de un territorio en guerra (2021), en la comuna trece las estructuras criminales llegan a un punto de avance en sus intereses y empiezan a cooptar partes del mundo de la economía formal. Ya no se quedan solo en la coerción extorsiva, sino que incursionan en los sectores de alimentos y empresas de transportes, entre otros.

Sin duda, el interés más grande es de pretensión económica, sin embargo, hay también motivaciones relacionadas al control y regulación social. La población es objeto de disputa porque representa una fuente de legitimidad. Con este fin, los grupos armados utilizan herramientas como ser benefactores de familias o personas, cumplen una función de mediadores en conflicto vecinales e imponen reglas de relacionamiento social y consumo.

Ahora bien, la incidencia por parte de la fuerza armada revela que existe un interés estatal sobre el territorio. Si bien, la comuna trece no hace parte de importantes proyectos como el aeropuerto internacional, la zona franca empresarial o el asentamiento industrial; si existen megaproyectos que pasan cerca a esta, como la Circunvalar Metropolitana Occidental (comunica con la vía al mar) y la vía que comunica con el Túnel de Occidente, el cual comunica a Antioquia con el Océano Pacifico y Panamá. Según la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía (2014) la población de la comuna trece era considerada como un obstáculo para la implantación de las políticas de globalización económica de Medellín. Por tanto, había una necesidad de contralar el territorio y la población del mismo, para que ningún megaproyecto fuera retrasado por el conflicto dentro de este.

Estos intereses responden directamente al plan de intervención, el cual consistió en múltiples ataques militares entre 2000 y 2002, enfocadas en una victoria militar y no en políticas públicas de bienestar social efectivas. Además de las políticas antiguerrilla que se consolidaron fuertemente por el gobierno de turno.

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7.2 Correlación de fuerzas

El territorio es en sí mismo un actor dinámico, un espacio en constante reconfiguración, que es moldeado por las tensiones, alianzas y confrontaciones de los diversos actores que lo habitan y los disputan (Massey, 1984). En el contexto del conflicto armado en Colombia, la noción de configuración tiene una relevancia crítica. No puede entenderse sin un análisis de los escenarios en disputa y la correlación de fuerzas de los actores allí presentes. Para Gramsci —entendido por Nieto— la coyuntura es la correlación de fuerzas, producto de actores sociales que se oponen o se articulan entre sí, teniendo distintos grados de organización y fuerza. Según su metodología, la relación de fuerzas debe ser interpretada en la medida en que esta indica el grado de disputa, de conflicto o de consenso entre los actores en tensión.

Según Nieto, la disputa es inherente a la coyuntura porque es donde los actores sociales se enfrentan, estableciendo relaciones de confrontación para defender sus intereses. Cada actor posee distintos grados de organización y coherencia —según Gramsci económico-corporativo y económico—, que se traducen en el poder efectivo para imponer unas condiciones sobre otros, lo que implica el establecimiento de relaciones de subordinación, es decir, la manifestación de la asimetría política. Ahora bien, la relación de fuerzas no solo mide el conflicto, sino también el grado de consenso existente entre los actores. Esto se evidencia en la posibilidad de que los actores se articulen entre sí y establezcan relaciones de apoyo o de cooperación, más allá de la confrontación preexistente.

Los argumentos de Gramsci —leído por Nieto— se pueden ver claramente en la disputa de la Comuna 13, dado que la interacción entre milicias, guerrillas, bandas criminales, paramilitares y fuerzas estatales fue una red de alianzas, oposiciones, negociaciones y confrontaciones violentas. Los actores armados operan en las dinámicas sociales preexistentes, buscando el control de rutas, economías y, sobre todo, el control social sobre la población. En este territorio ya yacían las milicias que habían ejercido control social y militar durante años, y mantenían una relación neutral con la comunidad; se presentaban como protectores de la población frente a la violencia estatal y la delincuencia común, o ejercían un control basado en la amenaza y la coerción. Estas eran la expresión urbana de las FARC y el ELN. La relación con estos grupos se basaba en una alianza orgánica, donde las milicias cumplían un papel fundamental en la logística, la inteligencia y la

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imposición de normas sociales, lo que les otorgaba a los grupos una base de apoyo social y una legitimidad.

Ahora bien, en el año 2001 entre los grupos insurgentes y los paramilitares se desarrolló una confrontación directa por el control del territorio, motivada principalmente por el valor económico y de base social que representaba la Comuna 13. El objetivo principal del Bloque Metro era desplazar a las milicias y desarticular su base social, para lo cual contaron con una estrategia de terror sistemática. La Corporación Jurídica Libertad ha documentado cómo esta confrontación incluyó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y masacres que buscaban sembrar el miedo y destruir el tejido social en el que se movían las milicias.

Con este fin, los grupos paramilitares hicieron múltiples alianzas, una de ellas fue con los grupos criminales de la zona —bandas—, desatando nuevas dinámicas de tensión y discrepancia. Antes de la llegada de los paramilitares, la relación entre insurgencia y grupos criminales no era de oposición directa, porque los segundos buscaban un monopolio de la criminalidad y el control de rutas de narcotráfico, y las milicias se desvanecieron en dicha estructura preexistentes. Sin embargo, con la llegada paramilitar se plantearon acuerdos clandestinos y una criminalidad funcional, donde los paramilitares cooperaron o eliminaron a las bandas criminales locales para consolidar su hegemonía, absorbiendo así su capacidad de accionar. Para el lado contrainsurgente, el territorio no solo era de disputa ideológica, sino también un mercado por conquistar. La llegada de los paramilitares no solo supuso una confrontación directa y sangrienta con los grupos insurgentes, sino que también destruyó los pactos informales que la comunidad había construido para sobrevivir en medio de la violencia, dejando así la mayor carga hacía los civiles. La confrontación entre expresiones guerrilleras y paramilitares fue parte de una estrategia más amplia del bloque de poder dominante para ejercer control territorial y social a través de la delegación de la violencia. La alianza entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, según la Corporación Jurídica Libertad (2016) permitió al Estado delegar la violencia más brutal a un actor no estatal, con el fin de derrotar a su enemigo. Este fenómeno Osorio (1993) lo nombra como la pérdida de legitimidad del mando político, consecuencia de que el Estado es incapaz de ejercer su monopolio de la fuerza de manera reconocida y legítima, así que opta por una alianza que desdibuja la línea entre lo legal y lo ilegal. Esta alianza representa un cambio en la forma del gobierno y en el sistema de dominación.

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Bajo esta lógica, una reconfiguración del sistema de dominación a través de la violencia paraestatal como estrategia contrainsurgente, el Estado perpetuó crímenes que fueron presentados como resultado operaciones —falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales— (Corporación Jurídica Libertad, 2020) y las instituciones encargadas de la justicia y los derechos humanos, como la Fiscalía y la Procuraduría, fallaron en su propósito al tolerar esta impunidad, lo que evidencia una fractura entre los poderes del Estado. Además, también permitió la persecución de líderes sociales y la judicialización masiva, recurriendo a la militarización y la criminalización de las organizaciones sociales.

También, según el informe de la Fiscalía General de la Nación (2014) la Operación Orión, fue el punto culminante de la estrategia contrainsurgente que permitió a los paramilitares consolidar su poder. Esta se manifestó en acciones conjuntas, coordinación de inteligencia y la tolerancia activa de la Fuerza Pública, frente al accionar de los paramilitares. Sin duda, la correlación de fuerzas estuvo a favor de la alianza entre el Estado y los grupos contrainsurgentes, lo cual dio como resultado el establecimiento de una nueva correlación, la consolidación de un actor como el paramilitarismo, situación está que se constituyó como elemento clave en la reconfiguración territorial. Estos dos actores que conformaron un bloque de poder dominante, se fortalecieron en el marco Seguridad Democrática, la cual permitió la violencia desmesurada contra las otras partes —milicias y población civil—. Esa asimetría de poder se hizo tangible en la capacidad de movilización de recursos militares y en la impunidad con la que actuaron. Frente a este bloque de poder dominante se enfrentaba la clase dominada, que fue la población civil que habitaba la comuna trece. La cual, a pesar de su vulnerabilidad, su agencia y potencia en medio de la correlación de fuerzas no era nula. Esta manifestó su resistencia en organización social, la denuncia de crímenes y la expresión cultural. La población representa una fuerza social que se disputa en el territorio simbólico.

El establecimiento de esta nueva correlación de fuerzas y la reconfiguración del sistema dominantes son la condición de posibilidad para entender las transformaciones que experimentó el territorio y los actores que lo habitan. En este contexto, la violencia es el principal agente de reconfiguración espacial y social.

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7.3 Reconfiguración territorial

Los estudios territoriales en Colombia han privilegiado una perspectiva económica, concibiendo al territorio de manera estática, fijándose principalmente por los niveles de acumulación agraria (García, 2009). Sin embargo, la intensidad de las manifestaciones del conflicto armado que tuvieron relevancia académica a partir de los años ochenta, le dieron un giro metodológico al preguntarse por cómo el conflicto incide en la configuración misma de los territorios como unidad socio-espacial. En este sentido, la Comuna 13 se aborda en esta tesis como un resultado contingente, sujeto a transformaciones permanentes, cuya fisonomía socio-espacial se ha configurado por la confrontación.

Según García (2009) el análisis de la reconfiguración territorial debe preguntar por el proceso de configuración de los territorios, cómo se ha llegado al resultado y asumir al mismo como sujeto a transformaciones permanentes; las preguntas deben estar dirigidas a sobre cuáles procesos hicieron posibles determinados resultados. En este sentido, no se trata de explicar los variados condicionantes del conflicto, sino que la atención se debe poner en explicar la región, su configuración como unidad socio espacial, dónde se generan efectos en la producción del territorio, en la construcción de actores sociales, en la definición de las identidades sociales y políticas, y en la formación de lazos entre estos con el Estado. Es decir, poner las preguntas en la construcción social del espacio, cómo inciden los conflictos de carácter violento en la configuración de los territorios y en sentido inverso, preguntarse por las características regionales y su incidencia en el conflicto (García, 2009) Según Blair (2001) el análisis de la guerra en los territorios requiere estudiar la compleja combinación de elementos como el Estado, el conflicto, el territorio, los actores armados y las poblaciones. Cada uno de estos factores interviene de manera distinta en el análisis que produce una serie inmensa de combinaciones. Es un complejo entramado que se da cuando uno de los componentes altera significativamente en sus propios cambios la naturaleza de los otros. Por ejemplo, la incursión paramilitar en la Comuna 13 en el 2001, modificó las expresiones del conflicto en el territorio, de una relación de relativa coexistencia pacífica entre guerrillas y población, se transformó a la confrontación directa entre actores armados y además modificó las relaciones con la población. Se trata así, de dos actores militarmente enfrentados, donde la

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población se convierte en un objetivo militar y blanco del ejercicio de la violencia. Generando los mayores efectos de la guerra sobre la población.

Según García (1993) en su investigación sobre el Bajo Cauca Antioqueño, argumenta que la configuración territorial y su relación con el conflicto social sólo adquiere sentido y comienza a realmente configurar la región a partir del momento en que los actores irrumpen en la escena, confrontando sus fuerzas por intereses específicos e imprimiendo con ellos significado y contornos más precisos al espacio sobre el cual viven, se relacionan y luchan.

En la Comuna 13, tal proceso se desata a partir del año 2001 cuando el Bloque Cacique Nutibara (BCN) se asienta en la zona y adquiere identidades a través de la lucha por su dominio, buscando el desalojo de las milicias guerrilleras preexistentes. Además, con la entrada del Estado a través de su Fuerza Pública se plantea una estrategia de control operativo total sobre este mismo territorio, siendo abierto respecto a la coordinación y alianza con el BCN. En este sentido la posición geoestratégica de la Comuna 13, al consolidarse por los actores como un corredor urbano y plataforma logística de la guerra, impulsó la intensificación del conflicto y creó las condiciones para el estallido de una ofensiva contrainsurgente. Este proceso definió los nuevos contornos urbanos, delimitando un espacio de violencia sistemática y estableciendo, tras la derrota de la insurgencia, los referentes espaciales, sociales y políticos del control paraestatal. (CNMH, 2013;

CJL, 2022).

García (1993) también afirma que la relación que se presenta entre los conflictos armados y el proceso de configuración territorial hace referencia a la articulación de estas realidades socioespaciales con el conjunto social global, la nación. Es decir, cómo los lazos nacionales se articulan regionalmente. Según la autora no existe un territorio sin referencia nacional, los procesos de configuración de los territorios están vinculados directamente a las realidades del conjunto social global que llamamos nación.

El conflicto que se configura en los territorios por el control de los recursos al interior de un espacio no solo es la disputa de unos para imponerse sobre los demás, sino también se juega el poder que a partir del dominio sobre un territorio determinado se puede obtener dentro de un conjunto social más amplio. El dominio sobre determinado territorio adquiere sentido en la medida en que este sirve de base para posicionarse dentro de poderes al interior y en la nación. Por esto, el poder del territorio tiene sentido dentro de una realidad social y política superior que las englobe.

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Basado en la tesis de García el análisis del conflicto en la Comuna 13 requiere trascender la esfera local barrial para situar en el marco de la nación. La urbanización de la guerra fue el mecanismo violento que articuló forzosamente este territorio a la nación, bajo la premisa de recuperar la soberanía estatal, por la presencia de milicias y guerrillas en esta zona urbana era percibida por el Estado y la élite contrainsurgente como una fractura intolerable del dominio político nacional.

Así, las estrategias del Estado, desde las operaciones militares de gran envergadura hasta la vinculación ilegal con grupos paramilitares, fueron acciones políticas violentas, cuyo fin era imponer las coordenadas socio-espaciales que el Estado consideraba legítimas (CJL, 2016). Dichas estrategias, fue el momento en que el conflicto nacional se ancla en el territorio local para definir quién tiene derecho a imponer el orden y, por tanto, a definir la región dentro de la nación. Además, la naturaleza geográfica de la Comuna 13 la convierte como una bisagra política. Su ubicación, situada estratégicamente en el costado occidental de Medellín, la convierte en un nudo de conexión para el conflicto, sirviendo como vía entre el área metropolitana y los corredores que comunican con el Occidente antioqueño, rutas históricamente esenciales para la logística, el aprovisionamiento y la movilidad de actores armados de orden rural (UNAC, 2014). Por tanto, el control de dicho territorio se convirtió en un objetivo de control de seguridad nacional, es decir, la lucha por este territorio dejó de ser un asunto local, a causa de los múltiples intereses que había sobre él.

Una de las implicaciones territoriales más graves fue el desplazamiento forzado intraurbano masivo, el cual alcanzó niveles inusitados entre 2001 y 2003 (CNMH,2013). Este desplazamiento fue una estrategia contrainsurgente de control territorial para fracturar el tejido social, desalojar la población percibida como base social de la guerrilla y así reconfigurar la demografía a su favor. El vaciamiento estratégico de las áreas consideradas como la base social de la insurgencia, hizo que las amenazas de desplazamiento se dirigieran a líderes comunitarios, jóvenes y familias percibidas como colaboradoras de milicias. Consolidando una estrategia de limpieza social territorial, donde el espacio es desocupado del enemigo interno o de cualquier resistencia potencial. Ahora bien, al dejar viviendas y bienes desocupados, estos espacios fueron utilizados por los actores dominantes —principalmente estructuras paramilitares— para establecer nuevos puntos de control y micro poderes locales, transformando la geografía y el funcionamiento de los barrios.

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El 16% de las víctimas de desplazamiento intraurbano en la Comuna 13 hicieron un trayecto intracomuna (CNMH, 2011), es decir, las personas se van del barrio hacia otros barrios de la misma comuna. Los principales barrios expulsores hacia la misma Comuna son el 20 de Julio (340 casos que representan el 59% del total intracomuna) de los cuales la mayoría se asentaron en El Salado (294 casos), principal receptor de desplazamiento interno. Otros de los receptores principales fueron Belencito, 20 de Julio y San Javier 2, que suman el 79% del total y los barrios restantes recibieron el 21%.

Sin embargo, dada a la naturaleza del conflicto colombiano, en algunos casos a pesar de migrar hacia otra zona de la Comuna, los panfletos de amenazas contra las víctimas seguían llegando. Y a partir de esta segunda instancia de amenazas obliga a las familias a emprender un nuevo desplazamiento, esta vez con mayor incertidumbre que la primera.

Figura 6 Los cinco principales barrios expulsores de población desplazada desde la Comuna 13, 1980-

2010.

Nota: Datos tomados de La huella invisible de la guerra – CNMH, 2011.

Por un lado, optar por quedarse en la Comuna demuestra la imposibilidad de contar con recursos económicos que permitan encontrar otro lugar en la ciudad. Por ejemplo, en el caso del desplazamiento masivo del Salado en el año 2002, después de algún tiempo algunas personas volvieron al barrio Cuatro Esquina después de haber recibido un subsidio de vivienda por parte del

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Gobierno, el dinero dado era poco y solo les alcanzaba para comprar en dicho punto, ya que, en otros lugares era el doble o el triple del costo Por otro lado, según el Informe Lo invisible de la guerra - CNMH (2011), también tiene que ver con la necesidad de mantenerse en un lugar conocido, donde se pueda acudir al apoyo y recursos de redes familiares. Es decir, la decisión de quedarse en el territorio tiene que ver con el temor a lo desconocido. En este sentido, las personas víctimas tienen dos consecuencias a las cuales enfrentarse, mantenerse cerca a su lugar de origen o, por otro lado, tener una ruptura. Esta ruptura física del vínculo entre la comunidad y su espacio es la clave de la reconfiguración, para las víctimas sufren de desterritorialización, perdiendo sus referencias espaciales y redes de apoyo, destruyendo totalmente el tejido social. Al destruir esto, el territorio es más susceptible al control vertical y al silencio impuesto por la violencia. Creando así, un nuevo orden espacial donde el miedo y la movilidad forzada se convierte en la normalidad. La huida masiva es la manifestación del terror, lo que permite a los actores armados a consolidar un orden de violencia sin enfrentar la resistencia colectiva en el espacio público (CNMH, 2013) Ahora bien, los barrios 20 de julio, El Salado, Belencito, Blanquizal y Las Independencias, fue donde se presentaron más casos de desplazamiento forzado intraurbano, esto no solo coincide con los mapas que demuestra la presencia paramilitar de las AUC a través de los Bloques Cacique Nutibara y Metro en la comuna del 2001 al 2003 (figuras 7 y 8), sino también coincide con el mapa de la maniobra de la Operación Orión (Figura 9)

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Figura 7 Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- Bloque Cacique Nutibara 2001-2003.

Nota: Datos tomados de Informe Policial Judicial, 2015.

Figura 8 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- Bloque Metro.

Nota: Datos tomados de Informe Policial Judicial (2015)

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Figura 9 Croquis maniobra operación Orión.

Nota: Datos tomados de Informe Policial Judicial (2015)

La convergencia geográfica y temporal entre los barrios con mayor expulsión de población desplazada intraurbana (20 de Julio, El Salado y Las Independencias), la presencia sistemática del Bloque Cacique Nutibara y el trazado de la maniobra de la Operación Orión (figura 9), demuestra que el desplazamiento no fue una externalidad del conflicto, sino un mecanismo estratégico clave para la reconfiguración territorial de la Comuna 13.

La manifestación de la urbanización de la guerra en la Comuna 13, se articula directamente al conflicto nacional. La intensa lucha por el control del territorio evidenció que el dominio de dicho territorio urbano era esencial para posicionarse en las estructuras de poder nacional. La alianza entre paramilitares y agentes estatales seguía la necesidad de imponer un orden político espacial legítimo desde la perspectiva estatal.

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8 Conclusiones

El análisis del periodo 2000 - 2003 en la Comuna 13 de Medellín confirma que el territorio operó como el escenario ejemplar de la urbanización de la guerra en Colombia. Los hallazgos de esta investigación demuestran que la confrontación en esta periferia urbana superó las dinámicas localizadas para convertirse en un proyecto geoestratégico donde convergieron intereses de orden nacional, ligados a la agenda de la Doctrina de Seguridad Nacional y a los intereses de las estructuras paramilitares de consolidar un control sociopolítico. Este proyecto buscaba la expulsión y aniquilamiento de la presencia insurgente y la reordenación del espacio para el desarrollo urbano futuro. Por su carácter estratégico, la Comuna 13 de Medellín —por su condición de corredor— se constituyó en un objetivo militar primario, lo que determinó la naturaleza de las operaciones militares sin precedentes en un área metropolitana.

El análisis de la correlación de fuerzas revela el quiebre violento de un equilibrio inestable preexistente, caracterizado por la existencia de múltiples actores armados, en donde la Operación Orión de octubre de 2002 fue el evento que definió una asimetría de poder total. Este fue un factor determinante, ya que culminó con la consolidación de la alianza entre la Cuarta Brigada del Ejército y el Bloque Cacique Nutibara, tal como lo documentan diversas fuentes, como los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Jurídica Libertad. Esta articulación paraestatal, que dio tratamiento militar a la población civil y derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad, se impuso de manera hegemónica, neutralizando la capacidad de control de la insurgencia y condenando a los habitantes del territorio a violencia de la guerra. La consecuencia directa de esta asimetría de poder fue una profunda y violenta reconfiguración territorial. Esta se dio a través de la violencia, el desplazamiento forzado intraurbano masivo y la desaparición forzada. Se impuso una territorialidad del miedo que convirtió a la comuna en un espacio de control, vigilancia y silencio forzado. Sin duda, estudiar a la Comuna 13 en los años de la urbanización de la guerra se erige como un caso de estudio fundamental para comprender las lógicas de la reconfiguración territorial. Cada uno de los actores armados que irrumpieron en el territorio contribuyeron al quiebre profundo del tejido social y a una reconfiguración basada en el terror. No obstante, la resistencia comunitaria de los habitantes, también lograron disputar el significado del espacio, creando nuevas

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territorialidades de la memoria y la dignidad, desafiando el silencio y luchando durante décadas por la verdad y la justicia.

Por otro lado, el trabajo nos permite ver como la aplicación de un enfoque investigador socio-territorial en la ciudad es pertinente y necesario para entender el conflicto armado en el país. La perspectiva que concibe la reconfiguración territorial como el resultado de la violenta imposición de relaciones de poder sobre el espacio físico y simbólico, abre un panorama amplio de nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, en que otros lugares de Colombia se ha usado el terror en el urbanismo, a favor de la implementación de proyecto gubernamentales. Además, también se abren preguntas respecto al modelo paraestatal, quienes heredaron las redes de poder criminal y social que el paramilitarismo consolidó a principios de los dos miles. Y, por último, se podría investigar sobre la gran capacidad de incidencia política de las territorialidades de memoria y su capacidad para transformar la impunidad.

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