Árbol de Tinta, septiembre de 2016

1

Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo

8

12

20

Especial Paz y desarrollo regional Juventud, desarrollo y paz Tolima profundo La política económica en el posacuerdo Septiembre de 2016

Centro de Educación Permanente Comprometidos con el desarrollo regional Mayores informes:

cep@unibague.edu.co www.unibague.edu.co 270-9450, 270-9400 ext.: 239, 363, 362 y 254, whatsapp 310-283-5088 Portafolio de capacitación Septiembre - octubre de 2016 Duración: 24 horas Fecha de inicio: viernes 23 de septiembre Valor de inversión:

Asociado: $855.000+IVA No asociado: $1.680.750 Estudiantes de pregrado: $915.000+IVA Certificación en Auditorías integradas en seguridad, salud, ambiente y calidad - HSEQ: Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007 Certificación internacional convenio London School of Business & Finance diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo Duración: 120 horas Fecha de inicio: viernes 7 de octubre Valor de inversión: $2.950.000 Taller Herramientas básicas en sexología positiva Duración: 16 horas Fecha de inicio: lunes 10 de octubre Valor de inversión: $270.000 Seminario taller Productividad con Google Apps Duración: 40 horas Fecha de inicio: viernes 7 de octubre Valor de inversión: $370.000 Seminario taller Vitrinismo: el arte de exhibir y vender Duración: 20 horas Fecha de inicio: viernes 14 de octubre Valor de inversión: $350.000 Seminario La gestión humana al interior de las organizaciones Duración: 32 horas Fecha de inicio: viernes 16 de septiembre Valor de inversión: $450.000

Árbol de Tinta, septiembre de 2016 Apuntes sobre desarrollo y posacuerdo Instituciones y corrupción, asunto por resolver Pluriculturales y mutiétnicos

9

Sumario Las mujeres de Gaitania y su anhelo de paz

22

Tenencia y legitimidad de la propiedad rural Iniciativa regional de construcción de paz Ruralidad y violencia en el campo colombiano

8

16

Revista Árbol de tinta Año XXIX. N° 218.

Septiembre de 2016

ISSN 1900-592X.

Distribución gratuita Presidente alterno Luis Enrique Orozco Silva Rectora Carmen Inés Cruz Betancourt Comité editorial Amparo Celis Triana Nidia Chaparro Cuervo Franciny Espinosa Osorio Martha Myriam Páez Morales Jaime Eduardo Reyes Martínez Fadhia Sánchez Marroquín Directora Fadhia Sánchez Marroquín Coordinadora Franciny Espinosa Osorio Portada Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo Corrección de textos Gloria Molano Devia Diagramadora Diana Forero Meneses Publicidad Amparo Celis Triana Impresión León Gráficas Contacto Carrera 22 calle 67 barrio Ambalá Teléfono 270-9432 ext.: 419 www.unibague.edu.co

Editorial ¿ Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Esta es la pregunta del plebiscito que se votará el 2 de octubre. La mayoría de los lectores de este número de Árbol de Tinta nacieron en medio del conflicto armado interno, afortunadamente no vivieron lo peor o estaban muy pequeños para acordarse de las tomas guerrilleras, las pescas milagrosas, los secuestros y un sinnúmero de atrocidades cometidas por las farc.

Inclusive, los lectores mayores tampoco vivieron el origen del conflicto, la lucha partidista, ni el terror vivido por miles de campesinos. Por más de cincuenta años Colombia aprendió a vivir en medio de la guerra y solo se percató de ella cuando el terror tocó la puerta de las ciudades. Aún muchas personas en el mundo se preguntan cómo logró la indiferencia hacer de Colombia el país con el conflicto más largo del mundo. La historia contará cómo los colombianos fuimos capaces de vivir alejados de la paz por más de cinco décadas.

El país logró establecer un modelo de desarrollo, en donde se controló la incidencia de la confrontación armada en la economía y el progreso; el crecimiento del producto interno bruto se mantuvo en términos normales, los problemas sociales fueron desconocidos, la desigualdad y la inequidad fue explicada por muchos factores, en donde el conflicto era solo uno más. Hasta ahora, Colombia no ha vivido en paz, muchas generaciones de colombianos convivieron con la guerra; las regiones aprendieron a sufrir en silencio, esperaron que algún día llegará la posibilidad de alcanzar una paz estable y duradera.

Este número de la revista, con el apoyo de expertos y conocedores del conflicto armado interno y la región, realiza un esbozo del desarrollo regional y su relación con el conflicto. Se publica justo cuando el país necesita de una mayor ilustración sobre el contexto regional y la incidencia del conflicto armado interno en el desarrollo de las regiones, en particular las más apartadas y olvidadas.

***** Para ilustrar este especial de la revista Árbol de tinta sobre Paz y desarrollo regional contamos con la valiosa colaboración del arquitecto Gustavo Pedraza Camargo, acuarelas que evocan su mirada artística de diversos lugares del Departamento.

Construcción de paz y región

Los asesinatos selectivos de civiles han sido la forma más letal al haber cobrado el mayor número de víctimas fatales en el territorio colombiano.

Árbol de Tinta, septiembre de 2016 Por: Óscar A. Alfonso R* E l ensañamiento de los agentes armados del conflicto interno armado, legales e ile­ gales, con el campo colom­biano y con pequeñas poblaciones dispersas en el territorio nacio­nal ha sido la pauta de una estrategia reiterada en el marco de una “gue­ rra de guerrillas” que, debido a la amplitud del campo colom­biano, no puede tener un vencedor ni un adversario aniquilado. Otros objetivos estratégicos también han hecho parte de la guerra sin fin. En este artículo se analizan las posibilidades de desarrollo rural a partir de cuatro escenarios construidos con base en la asociación de un Índice Geográfico de Ruralidad (Alfonso, 2016) y un índice de intensidad de la violencia en el campo colombiano.

Formas e intensidad del ejercicio de la violencia en el campo Hasta el 2012, en 102 municipios del país –el 9,1%– no se tuvo noticia de que haya ocurrido alguna de las cinco formas de ejercicio de la violencia1 en el campo bajo el marco del conflicto interno armado, la mayor parte de ellos localizados en el altiplano cundiboyacense, algunos de Santander, Nariño y Chocó y otros de la región selvática –ver figura 1–. Los asesinatos selectivos de civiles han sido la forma más letal al haber cobrado el mayor número de víctimas fatales en el territorio colombiano, siendo particularmente intenso este accionar en Turbo y Apartadó (Antioquia), Barrancabermeja (Santander), Ciénaga (Magdalena) y Tibú (Norte de Santander). Además, la desprotección del Estado se replica en el caso de los secuestros, segunda forma que ha cobrado el mayor número de víctimas y que se ha manifestado con particular intensidad en Valledupar y Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Bucaramanga (Santander), pero también en las zonas rurales que acogen formas de ocupación residencial suburbana, evidencia inédita que refuerza la tesis de Sánchez (2009) acerca de que la violencia política es el manto que recoge a las demás formas de violencia.

Ruralidades y violencia en el campo colombiano

3

Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

También, las masacres y las minas son dos formas de violencia que han cobrado un número similar de víctimas. Las masacres han sido particularmente intensas en Turbo y San Carlos (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Cimitarra (Santander) y Ciénaga (Magdalena). Las minas llamadas “quiebrapatas” o minas terrestres antipersona han cobrado el mayor número de víctimas en Tame (Arauca), seguido de Vistahermosa (Meta), San Vicente del Caguán y La Montañita (Caquetá) e Ituango (Antioquia).

Por último, el ataque a poblaciones se ha recrudecido en Tierralta (Córdoba) que ha sido acosada en

36 ocasiones, seguida de San Pablo

(Bolívar), Tarazá (Antioquia), Pensilvania (Caldas), Valledupar (Cesar) y Gigante y Garzón (Huila). Por ello, para su mejor comprensión, en la figura 1 se presenta la síntesis de estas cinco maneras de ejercer la violencia en el campo colombiano a través del Índice de intensidad de la violencia en el cam­ po colombiano, fenómeno que guarda una asociación negativa con el desarrollo y, por tanto, entre menor sea su valor mayor es la intensidad del conflicto.

De hecho, al ponderar los resultados individuales por modalidad, se obtiene un índice sintético que ubica a Valledupar (Cesar), Turbo (Antioquia), Tierralta (Córdoba), Tibú (Norte de Santander) y Tame (Arauca) como los municipios en cuyas zonas rurales se ha ejercido con mayor intensidad la violencia armada. A escala regional, es evidente el contraste entre la considerable intensidad de la violencia en Antioquia y Córdoba, con la baja intensidad en el altiplano cundiboyacense, la región selvática y algunos reductos pacíficos de Santander y Nariño.

Si en el 90,9% de los municipios colombianos estas formas de violencia han afectado a la población residente en las zonas rurales es evidente que sus diferencias de intensidad ameritan acciones diferenciadas encaminadas a alcanzar la paz territorial; esto es a eliminar los factores que detonaron el ejercicio y el escalamiento de tales formas de ejercicio de la violencia armada.

Ruralidades e intensidad de la violencia en el campo De la asociación de la intensidad de la violencia en las zonas rurales con las ruralidades2 es posible construir cuatro escenarios posibles de lo que ha ocurrido y tiende a ocurrir en el campo colombiano. En el primer escenario (I) un bajo índice de ruralidad se asocia positivamente con una elevada intensidad del conflicto armado, siendo su par dialéctico el tercer escenario (III) en el que una elevada ruralidad es consistente con la menor intensidad de la violencia. El segundo escenario (II) es el menos probable debido a que esos mayores niveles de ruralidad compaginarían con elevadas intensidades de la violencia, escenario que tiene su par dialéctico en el primer escenario (I) en el que bajos niveles de ruralidad se asocian con intensidades de la violencia relativamente bajas. El ideal tipo del desarrollo rural es el tercer escenario (III), pero la inmensa mayoría de los municipios colombianos se encuentran en el primero y, además, se detectan puntos de fuga hacia los dos escenarios restantes. Valledupar, Turbo, Tierralta, Tibú y Tame han sido los municipios cuyas zonas rurales han experimentado la mayor incidencia de la violencia.

De hecho, las diferencias de intensidad de la violencia son relativamente similares, pero el desarrollo rural es muy disímil. Valledupar que goza de la mejor ruralidad del país es igualmente el municipio cuya zona rural ha sido estremecida con más frecuencia por la violencia ¿por qué ha ocurrido esto?; o, planteado de otra manera, ¿por qué razones los otros cuatro municipios mencionados no han sido tan prósperos?, y, por extensión, ¿por qué razones no ha ocurrido otro tanto en el resto del país? El único municipio que escapa a Fuente: Elaborado con base en estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica / cinep Figura 1 Índice de intensidad de la violencia en el campo colombiano, 1970-2012 Índice de Violencia en el campo

0,978 - 1,000

0,938 - 0,977

0, 876 - 0,937

0,731 - 0,875

0,507 - 0,730

Árbol de Tinta, septiembre de 2016

5

estas cuestiones es Montería que se ha fugado junto con Valledupar del hiperdenso tercer escenario hacia el cuarto, pero con la característica de haber experimentado intensidad de violencia mucho menores. Por su parte, Cartagena, Valle de San Juan, Tumaco y Paz de Ariporo son puntos de fuga hacia el escenario deseable pues, aun estando en el cuarto cuadrante, se distinguen de buena parte del resto de zonas rurales del país por gozar de mayores índices de ruralidad y bajas intensidades de violencia.

Reflexiones finales De este sucinto análisis se desprenden tres líneas de acción en materia de política territorial, orientadas a promover el tránsito de las zonas rurales hacia el escenario ideal.

La primera es la activación del crecimiento de la demanda en los mercados regionales que se alcanzaría con políticas activas de poblamiento de centros urbanos lo que, además, traería resultados benéficos para las metrópolis colombianas como, por ejemplo, la moderación del crecimiento de la primacía poblacional de Bogotá que no ha encontrado hasta ahora gobierno alguno con capacidad para gestionarla. La segunda es la aludida diversificación de los usos del campo. Finalmente, la paz territorial no se alcanzará sin la modernización del Estado desde los territorios, lo que implica abordar una auténtica estrategia de descentralización en la que las verdaderas autonomías revitalicen los fiscos y las políticas locales, superando con ello el escenario asistencialista que las ha reducido a ejecutoras de programas de política del nivel central de gobierno.

*Profesor ordinario e investigador de la Universidad Externado de Colom­ bia. Coordinador del grupo de investi­ gación Construcción de Estado, Terri­ torio y Paz.

oscar.alfonso@uexternado.edu.co. Este artículo hace parte del proyecto La Utopía Metropolitana II: Fragmen­ tación territorial y regiones metropoli­ tanas en Colombia o la necesidad de un nuevo modelo territorial de Estado. Bibliografía Alfonso R., Ó. 2016. Observatorio Metro- Mun: Ruralidades, Aportes para la cons­ trucción de una visión comprehensiva del campo colombiano. En Documentos de Trabajo 53. Bogotá, Facultad de Economía

– Universidad Externado de Colombia.

Revéiz, E. 2013. El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial. Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

Sánchez, G. 2009. Colombia: violencia y democracia. Bogotá, Comisión de estudios sobre la violencia – La Carreta Política. Referencias:

1 La estadística elaborada por el cinep

divulgada por el Centro Nacional de Memoria Histórica contiene los registros de masacres desde 1980, los de secuestros desde 1970, los de víctimas de minas desde 1982, las víctimas selectivas desde

1981 y el ataque a poblaciones desde

1988. La mayor parte de estos registros se

encuentra disponible hasta el 2012.

2 La construcción del Índice Geográfico

de Ruralidad (Alfonso, 2016) tuvo en cuenta siete tipo de usos o presencia de actividades en el campo colombiano: la producción de alimentos prioritarios según la canasta de la Comisión Intergubernamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la agroindustria, el resto de la actividad agrícola, la ganadería, la minería formal, los usos residenciales y el cultivo del planta de coca.

La paz territorial no se alcanzará sin la modernización del Estado desde los territorios. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Por: David Chamat* L os actuales acuerdos que se están llevando a cabo en La Habana entre el Gobierno nacional y las farc de cara a la resolución del conflicto y a la cons­trucción de escenarios de paz, surgen como una oportunidad para identificar los retos que tiene el departamento del Tolima en cuanto a su adopción e implementación. En este sentido, y ante la firma de estos acuerdos, es evidente que para lograr una paz duradera, esta debe incorporarse como herramienta para el desarrollo y debe consolidarse desde la base.

Justamente, los jóvenes hacen parte de esa base encargada de consolidar la paz y de construir el nuevo escenario del posconflicto. En el caso del Tolima, la juventud, que comprende a personas entre los 14 y los 28 años, representa más del 26% de la población, por lo cual vale la pena ahondar en los impactos que directa o indirectamente el conflicto armado ha traído sobre este grupo poblacional y los desafíos territoriales para la gestión del desarrollo en el posconflicto. El conflicto y sus impactos en la juventud El conflicto armado en Colombia y sus regiones ha generado serios problemas sociales, culturales, económicos y políticos que han repercutido directa e indirectamente en el estado de desarrollo. De acuerdo con el Informe del Banco Mundial denominado Conflicto, Seguridad y Desarrollo, el obstáculo principal al desarrollo económico no es una “Trampa de pobreza”, sino una “Trampa de violencia”, con lo cual se afirma que el conflicto y la violencia son considerados obstáculos al desarrollo a nivel mundial. Es decir, países en paz están logrando escapar de la pobreza y con esto contribuyendo a alcanzar las metas de desarrollo. La relevancia histórica que el conflicto armado ha tenido sobre el Tolima ha generado impactos directos sobre la población joven del Departamento. Según los registros de la Unidad de Víctimas, en el año 2014 un total de 1.929 jóvenes del Tolima fueron víctimas del conflicto armado; es decir, el 17,77% de las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas. Del total de jóvenes registrados como víctimas en el año 2014, un 97,05% fueron víctimas de desplazamiento forzado.

En cuanto al reclutamiento forzado de menores en el Tolima, de acuerdo con Informe de Riesgo Nº

017 de la Defensoría del Pueblo, se

plantea que el principal sector en exposición del Departamento son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 20 años. El Tolima ha sido uno de los departamentos que presenta un mayor número de casos, concentrados principalmente en la zona sur. De igual forma, el conflicto armado en el Tolima y sus secuelas sobre los jóvenes ha impactado en algunos de los determinantes del desarrollo, tales como la cobertura en educación media, el acceso a la educación superior, el empleo juvenil y las migraciones del campo a la ciudad, limitando con esto la posibilidad de cumplir las metas de desarrollo.

En pertinencia, según los registros del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2014 el departamento del Tolima alcanzó una Tasa de Cobertura en Educación Media del 70,74%, inferior en cerca de siete puntos porcentuales de la media nacional (77,31%) y en más de 22 puntos porcentuales de la meta de desarrollo definida en los odm (93%).

De hecho, fenómenos como el reclutamiento forzado y el desplazamiento, contribuyen a que los estudiantes de educación secundaria y media abandonen sus estudios, imposibilitando el acceso a la educación superior (técnica, tecnológica y profesional). Adicionalmente, teniendo en cuenta que la mayoría de los impactos del conflicto armado en el Tolima se han concentrado en el sector rural, el desplazamiento forzado de jóvenes genera altos índices de migración del campo a la ciudad, contribuyendo con esto a que se perpetúe la brecha urbano-rural y aumentando de forma indirecta los cordones de miseria en las ciudades, la informalidad laboral, el desempleo juvenil, la vinculación a grupos armados y limitando la satisfacción de las necesidades básicas de este grupo poblacional.

Desafíos para la paz Ante el nuevo escenario de paz que se aproxima para el Departamento, los jóvenes del Tolima tienen por delante un enorme desafío: ser conductores de un proceso de desarrollo económico y social que permita, a la vez, reducir la pobreza y las altas brechas que atentan contra la estabilidad y la convivencia; promover un crecimiento económico basado en fundamentos sostenibles a largo plazo y competitivos en el contexto nacional. Juventud, desarrollo y paz: una mirada al futuro

Árbol de Tinta, septiembre de 2016

7

Realmente, el papel de los jóvenes en la paz y la seguridad hasta ahora se limitaba a ser considerados como grupo al que defender (el joven como víctima) o del que había que defenderse (joven como perpetrador de violencia). Con el posconflicto, se debe promover una nueva visión de los jóvenes del Tolima, en la cual sean protagonistas y actores que jueguen un rol central en la construcción de la paz y en la gestión del desarrollo. Por ello, para contribuir a este propósito, el 9 de diciembre de

2015 el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas expidió la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad, en la cual se reconoce el papel de los jóvenes en los procesos de paz y, por primera vez, promueve una visión del joven como protagonista en la construcción de la paz, a partir de la articulación de cinco pilares fundamentales:

• La participación de los jóvenes en

los procesos de decisión durante las etapas de negociación e implementación de acuerdos de paz.

• La protección específica a los jó-

venes en contextos de posconflicto.

• La prevención de los jóvenes a

través del favorecimiento de las condiciones de empleabilidad y el apoyo a emprendimientos juveniles.

• La generación de alianzas técni-

cas, políticas y financieras para el empoderamiento de los jóvenes como gestores de paz.

• La promoción de estrategias y

programas para desvincular y rein­tegrar a los jóvenes involucrados en conflictos armados. De ahí que la gestión del desarrollo en un escenario de posconflicto sea una responsabilidad compartida; por lo tanto, el Tolima debe orientar a los ciudadanos y gobernantes a alcanzar y dar sostenibilidad a la paz, lo cual supone el reconocimiento del derecho y libertades de todos los habitantes, bajo principios de igualdad y eliminando toda forma de discriminación.

*Asesor del pnud davidchamat@hotmail.com Teniendo en cuenta que la mayoría de los impactos del conflicto armado en el Tolima se han concentrado en el sector rural, el desplazamiento forzado de jóvenes genera altos índices de migración del campo a la ciudad. Los jóvenes hacen parte de la base encargada de consolidar la paz y de construir el nuevo escenario del posconflicto. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Por: Nubia Russi* C omo en los tiempos de Esparta, cuando el imperio persa atacaba sus reinos pidiendo ofrendas de “tierra y agua“, nuestros jornaleros y campe­ sinos, se enfrentan al reto de la tenencia y legitimidad de la propiedad rural.

Ellos han descubierto que muchas empresas privadas se han adueñado de los ríos, páramos, reservas de bosques y que el agua que antes llegaba a sus huertos, ganado y casa, no les pertenece: ha sido concesionada a grupos empresariales para ser direccionada a las grandes hidroeléctricas, negocios privados que usurpan a su paso derechos fundamentales al mínimo vital, al uso y usufructo de los recursos naturales y al derecho legítimo de tener la prioridad en la necesidad. En el camino, luego de 15 o 20 años de estar labrando la tierra, descubrieron que son simples tenedores de buena fe, que no poseen más que un título otorgado por el antiguo incora y que el incoder ha heredado el problema sin solucionar nada, sin vida crediticia, sin capacidad de endeudamiento, sin nada más que sus manos. Pasan los años con la “casa en el aire”, son dueños de las llamadas “mejoras”, casas, cercos, enramadas que se han construido con el fruto de muchos sacrificios, limitaciones y escasez, el anhelo diario de heredar la tierra a sus hijos, la misma que produce el alimento que hoy llega a nuestra mesa.

La legitimidad de la tierra y el derecho al usufructo del agua son los problemas más graves que enfrentan nuestros campesinos. Legalizarles un título agrícola o parcela, es oneroso, costoso, lento e implacablemente burocrático, gestiones que los enfrenta rebotando de oficina en oficina, generando desesperanza en una generación que ha sobrevivido a la guerra y que espera justicia, no caridad.

Creemos que pueden construirse mejores escenarios de justicia social cuando dediquemos nuestro esfuerzo a legalizar la tierra, habilitarla para inversiones, competitividad, desarrollo sostenible y justicia social. De hecho, son ellos, los campesinos, el soporte de nuestra Nación, los sobrevivientes del conflicto armado, los llamados a cuidar el soporte vital de nuestra sociedad que es la soberanía alimentaria.

Por ello, la tarea que nos espera no es minúscula, pues nos enfrentamos al megamonstruo de la ley zidres, mediante la cual se permitirá la adjudicación o extranjerización de la tierra a los inversionistas y multinacionales, en contra de los intereses de nuestros jornaleros y campesinos.

Por tanto, ha de medirse el desarrollo y la sostenibilidad del proceso de paz, en términos de soluciones reales a los propietarios rurales, tenedores, poseedores, segundos propietarios y, especialmente, a las viudas de este implacable conflicto armado, hoy mujeres rurales, aisladas, olvidadas y pendientes todas, de una solución que les permita reconstruir sus vidas y el tejido social que mancilló 52 años de violencia y olvido. ¡Ese es el reto, contribuir!

* Asesora de Paz Alcaldía de Roncesvalles

nubiarussi@hotmail.com Tenencia y legitimidad de la propiedad rural Pueden construirse mejores escenarios de justicia social cuando dediquemos nuestro esfuerzo a legalizar la tierra, habilitarla para inversiones, competitividad, desarrollo sostenible y justicia social.

Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

9

Por: Jaime Eduardo Reyes Martinez* L a Universidad de Ibagué acompañó el conversatorio Mujeres de Gaitania por la paz, realizado en ese corregimiento, con la asistencia de más de doscientas mujeres de las veredas que conforman a Gaitania.

Gaitania es un corregimiento del sur del Tolima profundo, a unos cuarenta minutos del casco urbano de Planadas, en donde el Estado aún tiene muchas tareas pendientes. Allí quedará una zona veredal transitoria de normalización para las farc.

Las posiciones de las mujeres de Gaitania son claras: ellas quieren la paz, la anhelan para sus hijos, no quieren “seguir pariendo hijos para la guerra”. Sueñan con mejorar su vida, las jóvenes quieren estudiar en la universidad, en el Sena, las estudiantes de los colegios no quieren ser reclutadas para la guerra. Tuve la fortuna de escucharlas, de ver sus ojos de esperanza, y certifico que la guerra no tiene futuro en estas comunidades, no tienen apoyo social, que por el contrario la paz es el sueño de todas.

No hay duda de que los retos son enormes, lograr las transformaciones que se anuncian para el territorio demanda una inversión aún mayor a la que hasta ahora se ha realizado, e inclusive reconociendo el importantísimo avance en términos de capital humano y social, todavía se requiere mucho más. *Director del Instituto de Desa­rrollo Regional de la Universidad de Ibagué. jaime.reyes@unibague.edu.co El anhelo de paz de las mujeres de Gaitania Las mujeres de Gaitania no quieren seguir pariendo hijos para la guerra. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Por: Jaime Eduardo Reyes* E l Tolima profundo es una denominación que se ha venido acuñando para referirse a aquellos lugares de la geografía del departamento del Tolima caracterizados por estar alejados de los cascos urbanos de los municipios, en donde la ruralidad se expresa en su mayor dimensión, y en donde la presencia del Estado es casi nula. Ir a este, es recorrer vías terciarias, enfangadas y con poco o nulo mantenimiento, es ver hogares ina­ decuados y con altas necesidades básicas insatisfechas, es comprender la economía campesina y la poca oferta gubernamental en servicios de educación y salud. Pero, así como se observan los grandes problemas de la ruralidad colombiana, también se encuentra, a borbotones, el espíritu luchador y combativo de hombres y mujeres que logran salir adelante en contra de la adversidad con su trabajo diario en pequeñas fincas o comerciando de una forma muy básica. Una de las características es que las veredas y centros poblados se ubican en zona de cordillera, tanto en la central como en la oriental, zonas campesinas en donde el café ha sido la actividad económica predominante desde hace muchos años. Allí, los excedentes son pocos, con una alta presión sobre los recursos naturales y la expansión agrícola es una actividad diaria.

Hoy por hoy, el Tolima profundo se caracteriza por sus habitantes de edades avanzadas y en su mayoría analfabetas, con poco o casi nulo acceso a medios de comunicación e internet, y la energía y el gas, en las veredas, es remplazado por la leña. Su gran riqueza es la biodiversidad y el agua.

Intervenciones Desde hace aproximadamente una década y, en particular, durante los últimos años debido a las políticas de seguridad democrática y al proceso de paz en el Departamento, el Tolima profundo ha sido objeto de apoyos gubernamentales, especialmente en el sur y en particular en los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral. Es importante dejar algo claro, esta categoría del territorio no es exclusiva del sur del Tolima, pues en la mayoría de los municipios de este Departamento se encuentran muchos sitios que cumplen con las características que los describen. Las zonas más representativas en el Departamento son:

• En el sur, el corredor de Ata-

co-Planadas-Rioblanco-Chaparral.

• En el norte, Anzoátegui-Santa Isa-

bel-Murillo.

• En el centro, Rovira-Roncesva-

lles-Cajamarca

• En el oriente, Icononzo-Villarri-

ca-Cunday.

• Y en el suroriente, Prado-Dolo-

res-Alpujarra.

20 años de un

acuerdo de paz El Tolima es un departamento que ha vivido el conflicto desde sus orígenes. El Tolima profundo ha sido testigo de eso, decenas de centros poblados y centenares de veredas han sufrido la guerra, el desplazamiento forzado, el despojo, el desarraigo, el reclutamiento forzado, entre muchos otros males producidos por la violencia. Un antecedente de paz en el Tolima fue el realizado hace 20 años en la región de Planadas. El 26 de julio 1996, en el Tolima profundo, el pueblo Nasa Wes’x y las farc acordaron un pacto de paz de nueve puntos, en donde el respeto a las normas autóctonas, la prohibición al porte de armas y el reclutamiento forzado fueron los puntos centrales. Hoy el pueblo Nasa Wes’x está apoyando el actual proceso de paz. Este acuerdo es de no agresión y convivencia pacífica.

El resguardo se encuentra asentado en el corregimiento de Gaitania y lidera desde hace décadas la protección de la autonomía indígena para salvaguardar la autonomía indígena, sus tradiciones y costumbres.

Zonas veredales transitorias de normalización La decisión tomada en La Habana de que en Planadas y Villarrica se ubiquen dos zonas veredales transitorias de normalización da cuenta de lo que allí se ha vivido. El objetivo de estas zonas es garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivas, la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la rein­corporación a la vida civil de las estructuras de las farc-ep en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada una contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno.

Tolima profundo

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

11

La salida de combatientes de las farc-ep de los campamentos se hará sin armas y de civil. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.

El Gobierno nacional y las farcep se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.

Adicionalmente, en desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las farc-ep, en coordinación con el Gobierno nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las farc-ep en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las farc-ep.

Los protocolos de funcionamiento para estas zonas se pondrán en práctica con las autoridades locales en la estrategia de nominada Paz Territorial.

* Director del Instituto de Desarrollo

Regional de la Universidad de Ibagué jaime.reyes@unibague.edu.co En el Tolima profundo la ruralidad se expresa en su mayor dimensión, y la presencia del Estado es casi nula. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Por: Fernando Osorio Cuenca* P ensar en desarrollo en zonas de conflicto armado como el Tolima requiere de grandes y mancomunados esfuerzos, con estrategias para reactivar los sectores más afectados y vulnerables, con proyectos productivos para generación de ingresos, desarrollo comunitario, procesos agroindustriales, sostenibilidad ambiental y propuestas educativas para la convivencia y la solución civilizada de los conflictos.

En realidad, cualquier acción que se adelante en el Tolima sobre desarrollo y posconflicto pasa por dos situaciones: una, el enorme e histórico potencial agropecuario y, otra, la pobreza y miseria especialmente en el Sur, región donde el conflicto armado ha sido devastador y persistente. Los municipios que la integran tienen en su sector rural un nbi superior al 50%, los más altos del Departamento, lo que equivale a decir que se trata de la región más excluida. Sin su redención es imposible impulsar desarrollo en el Tolima a los niveles deseados. Según el dane, para el periodo 2000-2012, la participación del sector primario de la economía tolimense fue destacada por su contribución del 21,2% al pib departamental, mientras a nivel nacional el sector lo hizo con el 12,2%. Además, de acuerdo con Fedesarrollo, en el estudio contratado por la andi, La economía del departamento del Toli­ ma: diagnóstico y perspectivas de me­ diano plazo, se evidencia que la actividad agropecuaria registra en los últimos años la tasa de crecimiento más baja del Departamento, con el 1,5% en promedio anual, mientras la actividad nacional presenta un crecimiento del 2,5%.

Al respecto, una de las causas de tal decrecimiento se atribuye al conflicto armado y, otra, a las respuestas tardías por parte del Estado. Es el caso del Triángulo del Sur, proyecto tan viejo como el propio conflicto. En pertinencia, para el 2012, la conclusión del estudio Ca­ racterización socio-demográfica del área de desarrollo rural del Sur del Tolima, adelantado por el incoder, es contundente:

Una población con niveles de pobreza principalmente en el sector rural de los municipios del Área de Desarrollo Rural de la Sur del Tolima, merece dentro de los lineamientos de un Programa de Desarrollo Rural, el aseguramiento de bienes públicos, como saneamiento básico, educación pertinente, acceso a programas de salud y facilidades de transporte, porque difícilmente una sociedad pobre, de­sintegrada social y territorialmente, puede generar las condiciones estructurales para establecer una economía eficiente, productiva y competitiva, que permita mejorar las condiciones económicas y sociales de la población del Área de Desarrollo Rural del Sur del Tolima. De aplicarse a cabalidad el Acuer­ do sobre Reforma Rural Integrado, suscrito en La Habana, indudablemente, el Tolima será protagonista. Si bien hemos aplazado por varias décadas la transformación, el desarrollo y el aprovechamiento de potencialidades a causa del conflicto, nos corresponde aprovechar la oportunidad de la paz pues como dice el texto del Acuerdo: (…) a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio (…) a Apuntes sobre desarrollo y posconflicto juicio de las farc-ep dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales (…) Con el territorio en paz y con la garantía de seguridad que brinde el Estado, el Tolima tiene que aprovechar su ubicación estratégica y retomar los espacios perdidos. De hecho, actualmente, solo atendemos el 3% de la demanda de alimentos de Bogotá, pese a que nuestros enclaves de producción son más cercanos que otros lugares de Boyacá y Meta.

Esperamos que el Tolima sea el departamento predilecto en el posconflicto, con un propósito común: la recuperación del desarrollo económico local para la justicia social y la sana convivencia.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

13

Sin duda, el Tolima como iniciador de la denominada “revolución verde”, de los distritos de riego y de los cultivos semestrales, cumplió en parte los deseos del Alejandro López. Su hijo Alfonso López y el estadista Darío Echandía quisieron dar solución al problema de tenencia de la tierra, la violencia política y el conflicto armado, hechos político-sociales que truncaron muchos de los sueños de progreso y bienestar, aprovechando las ventajas comparativas del territorio. Hoy esperamos que el Tolima sea el departamento predilecto en el posconflicto, con un propósito común: la recuperación del desarrollo económico local para la justicia social y la sana convivencia; lo que implica el desafío de convertir los escenarios históricos del conflicto armado en territorios de paz a partir del desarrollo económico local. Para lograrlo, creemos que los esfuerzos de todos los sectores tienen que apuntar hacia la recuperación de tiempos y espacios perdidos, teniendo en cuenta que las víctimas no pueden quedar en el olvido, ni su sacrificio en vano. La lección está aprendida y toca estarla repasando.

En efecto, llegó el momento de ponerle la cara a los retos que se avecinan, con un liderazgo pluripartidista que le apueste a un verdadero y necesario pacto social para el desarrollo incluyente. No olvidemos que el país requiere de esa voluntad para la salida política. *Exgobernador del Tolima. Actual­ mente, presidente de la junta directiva de Tolimenses por la Paz. fernando.osorio.cuenca@hotmail.com Recordamos que hace más de ochenta años, pasada la depresión de inicios de la década del 30, el ingeniero Alejandro López, al establecer las líneas de un programa administrativo dentro del Idearium Liberal, propuso como una de sus líneas, la 36, así:

El departamento predilecto de la próxima administración debe ser el del Tolima, que puede tomarse como un centro de acción en varias direcciones: reforma agraria, agrícola y de regadío (…) sería conveniente convertir ese Departamento —en donde las cuestiones sociales asumen formas agudas y delicadas— en centro principal de demostraciones y, valga la verdad, de experimentaciones, que pueden extenderse poco a poco y radicalmente a otros territorios centrales del País.

Con el territorio en paz y con la garantía de seguridad que brinde el Estado, el Tolima tiene que aprovechar su ubicación estratégica y retomar los espacios perdidos. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Desarrollo y posacuerdo en el sur del Tolima Por: Juan Pablo García Poveda* E l primer problema al que se enfrentan los estudios sobre el desarrollo es la defi­ nición de su propio objeto de estudio. Por ello, como inicio de la presenta­ción de los problemas del desarro­llo corresponde responder a la pregunta: ¿qué es el desarro­ llo? En el camino de aproximación a una respuesta es posible afirmar que el término «desarrollo» es utilizado para definir el proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana (Bertoni, y otros, 2011). Para el artículo he tomado esta frase inicial para evidenciar la complejidad del concepto de desarrollo, pues si bien el propósito de este documento no es un debate ideológico sobre ello, lo que intento es justificar la existencia de muchos adjetivos que se utilizan para poder abordar la multidimensionalidad inherente a su objeto de estudio. Por esta razón, es común escuchar, desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social, desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, desarrollo humano, entre otros. Ahora bien, entendido esto surge un interrogante, ¿El desarrollo sostenible con enfoque territorial, podría erigirse en la estrategia de posconflicto para el sur del Tolima? La extensión geográfica de los nueve municipios que conforman la región sur comprende casi la mitad del tamaño del Departamento, con una población de 228.911 habitantes que corresponde al 16% del total departamental. Desde el punto de vista ambiental, es una región estratégica debido a su riqueza hídrica, ya que se encuentran las La pobreza, la injusticia, la desi­gualdad y la corrupción se consideran como los principales motores detrás de los conflictos. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

15

cuencas de los ríos Saldaña, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Mendarco, Anchique, Cambrín y Hereje, además de los ecosistemas estratégicos de humedales, páramos y zonas secas. Por tanto, es el soporte ecosistémi-

co para importantes proyectos no

solo de orden regional sino nacional, tal es el caso del Triángulo del Tolima (Coyaima, Natagaima, Purificación), Hidroeléctrica Cucua-

na  (Roncesvalles),  Hidroeléctri-

ca Amoyá-isagen (Chaparral), sin contar con las diferentes explotaciones mineras y material de arrastre que están presentes en la zona. Por otro lado, su posición geográfica lo privilegia como un corredor para comunicar el centro y oriente del país con el Pacífico. Sin embargo, frente a las mencionadas potencialidades del sur del departamento del Tolima, también es un territorio con marcados niveles de pobreza, deficiente educación y salud, baja calidad y cobertura en conectividad vial, electrificación, acceso a internet, saneamiento básico y vivienda; todo esto, sin contar con el conflicto armado presente en la zona. Además de las problemáticas mencionadas existen otros elementos que provocan descontento social, como lo señala Arévalo, J (2013):

La pobreza, la injusticia, la desi­ gualdad y la corrupción se consideran como los principales motores detrás de los conflictos. El desempleo y la falta de ocupación se consideran como el factor más importante en la decisión de pertenecer a grupos rebeldes o a pandillas. La seguridad y la creencia en la ideología pasan a un puesto secundario.

Este panorama evidencia un colapso de las instituciones estatales, una crisis de gobernabilidad y una escasa participación y organización ciudadana; es decir, existe una ruptura entre el Estado y la sociedad civil.

Pues bien, todas estas problemáticas se pueden abordar mediante una estrategia de Desarrollo Sostenible con Enfoque Territorial (dset), puesto que plantea un imaginario en el que en el centro de la discusión se encuentra el ser humano, donde:

El fortalecimiento de sujetos, grupos y organizaciones permite reconocer su diversidad cultural para, de esta manera, constituirse en actores sociales Se utilicen y combinen los factores de producción para generar los bienes y riquezas necesarios para el presente y el futuro de sus habitantes, distribuyéndose de forma equitativa los beneficios.

Existan posibilidades de dialogar, concertar y acceder a las diferentes formas del poder político, regional y local.

Así, la estrategia dset para el sur del Tolima debe estar enmarcada en cuatro ejes que son: la equidad, la sostenibilidad, la competitividad y la gobernabilidad. Por lo tanto hacer alusión a sostenible no solo implica temas de exclusividad ambiental, sino también hacer referencia a las interacciones con lo económico, social, cultural, llegando hasta lo político–institucional. Para ello, es necesario la generación de relaciones de cooperación y no de coordinación.

Recordemos que la cooperación permite la construcción de confianza, de un entendimiento mutuo entre el Estado y los ciudadanos, sin actuaciones oportunistas, a través de relaciones horizontales, con mínimos valores compartidos, y con el consenso como forma referida para tomar las decisiones. Mientras que la coordinación tiene una estructura jerárquica, un rol predominante de un superior que determina las responsabilidades, capacidades y acciones, en donde existe una diversidad de intereses y capacidades, con actores dispares que actúan de acuerdo con mecanismos impuestos y definidos por un superior.

Actuar desde la cooperación y no desde la coordinación permite lograr un fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación ciudadana, que redunda en un alto impacto en las acciones desarrolladas. En este sentido, en el posconflicto antes de desplegar actividades encaminadas a la ejecución de proyectos sociales y económicos, se requiere fundamentalmente del fortalecimiento de las instituciones presentes en la zona, así como la promoción de una sociedad civil organizada y autónoma, el primer paso es generar estabilidad social, como lo plantea Arévalo J. (2013): Esto no es simplemente un asunto político. La estabilidad social necesaria para el crecimiento productivo se alimenta de condiciones en las que la gente puede expresar su voluntad. Para esto son esenciales las instituciones locales de participación. Promover estas instituciones significa promover el empoderamiento de los sectores desorganizados, los más pobres y los marginados...

Finalmente, la paz se construye entre todos, es el engranaje de deseos y esfuerzos mancomunados que surgen desde la propia región. No debemos olvidar que la guerra siempre ha sido la imposición del más fuerte sobre el más débil. *Asesor de planeación de Cortolima jpgarcia4@hotmail.com En el posconflicto antes de desplegar actividades encaminadas a la ejecución de proyectos sociales y económicos, se requiere fundamentalmente del fortalecimiento de las instituciones presentes en la zona, así como la promoción de una sociedad civil organizada y autónoma.

Por: Gustavo Pedraza Camargo* (…)Pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que requieren la intervención activa de los habitantes. Los nuevos procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura(…)1 E stas palabras del Papa Francisco son el foco de las conversaciones en un grupo de instituciones locales que se preparan para la promoción y articulación de la construcción de la paz en el Tolima.

La conversación entre estos actores sociales relevantes representativos del gobierno, la academia, la empresa y la comunidad tolimense no es de ahora, ni obedece a la coyuntura de los diálogos en La Habana. Desde el 2003 ya hablaban con monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué, a la cabeza de recorrer estos largos caminos juntos, la Gobernación del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima, el Comité de Cafe-

teros, la Fundación Social y Corto-

lima, entre otros.

Tolipaz ha sido referente entre los Programas de Desarrollo y Paz (pdp) por la membresía que posee, pues, en ningún otro pdp se han hermanado tantas y tan representativas instituciones de la región; por ello, y por su modelo de intervención basado en el Desarrollo Integral territorial, es reconocida por la Unión Europea, los Fondos de Cooperación, la usaid y la banca multilateral.

Así, de tiempo atrás, este pacto de voluntades institucionales denominado Corporación Desarrollo y Paz del Tolima, Tolipaz se integró a la Red Prodepaz logrando una presencia activa en muchos municipios del Tolima, y un reconocido liderazgo en la promoción de la convivencia, reconciliación y la paz por los proyectos ejecutados. En la Red aprendieron que (…) si bien la paz significa el fin de la violencia armada, no significa el fin de los conflictos, sino más bien, la generación de condiciones para su transformación no-violenta. Y entendieron que además del fin de la confrontación armada, la paz requiere abordar los conflictos Iniciativa regional de paz Si bien la paz significa el fin de la violencia armada, no significa el fin de los conflictos, sino más bien, la generación de condiciones para su transformación no violenta.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

17

que aún están irresueltos: “porque el conflicto sigue ahí”. En este sentido emerge en el seno de este grupo otra comprensión: la paz es un “proceso” de largo plazo, a través del cual los conflictos se pueden transformar por vías pacíficas; esta comprensión de la paz implica necesariamente que una vez termine la guerra, se hace necesario generar condiciones democráticas que permitan abordar los conflictos pendientes que dieron origen a diversas formas de violencia (…)2 En desarrollo de este proceso de aprendizaje colectivo sobre su propia filosofía y sobre los factores que determinan su desempeño, la Corporación Desarrollo y Paz del Tolima, Tolipaz, reexamina y afirma, hoy, su decisión principal así: ¿Qué es Tolipaz? Es una unión de voluntades institucionales locales.

¿Qué hace? Promueve el desarrollo de capacidades en los pobladores, las organizaciones sociales y en las instituciones, y potencia las existentes.

¿Para qué lo hace? Para que los pobladores, en particular los más vulnerables, asuman su propio desarrollo, cuiden esta nuestra “casa común” en que todos vivimos, y alcancen el nivel de vida que corresponde a la dignidad humana (la construcción de la paz).

¿Dónde? En el Tolima.

¿Con quién? Con las poblaciones más vulnerables.

¿Cómo? Mediante el desarrollo de una estrategia centrada en: Fortalecer capacidades en los ciudadanos y organizaciones sociales para participar e incidir en la construcción de política pública, lo que implica tanto el fortalecimiento de la institucionalidad pública y del trabajo colaborativo, como la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de tales políticas.

Contribuir a consolidar una identidad regional, que significa también promover procesos para la construcción de agendas de desarrollo territoriales y en particular apoyar los fines, principios y valores de la Visión Tolima 2025. Fomentar la construcción de capital social y de convivencia ciudadana y en este marco, la promoción y defensa de los derechos humanos, la cultura de los deberes ciudadanos y el desarrollo de procesos formativos.

Finalmente, promover y aplicar modelos de desarrollo humano integral sostenible, sustentable y de vida digna para los tolimenses, es decir, contribuir a la generación de ingresos por proyectos productivos sostenibles y a la promoción de la organización y movilización social en torno a la defensa de los recursos naturales.

Todo ello obliga a que Tolipaz siga fortaleciendo su capacidad organizativa como entidad promotora y articuladora del programa de desarrollo y paz del Tolima, para lo cual deberá gestionar apoyos públicos, privados, comunitarios y de cooperación nacional o internacional para el desarrollo de sus proyectos misionales.

Tolipaz es, sin duda, una conversación significativa con una decisión productiva para la construcción de la paz que queremos todos. *Exdirector de Planeación de la Uni­ versidad de Ibagué. Consultor en Pros­pectiva y Planeación Estratégica. gpedrazacamargo@yahoo.com Referencias

1 Carta encíclica Laudato Si, sobre el cuida-

do de la casa común, publicado el 24 de mayo de 2015 por el papa Francisco.

2 La construcción de paz desde los territo-

rios: síntesis de los encuentros regionales para la paz desarrollados en doce regiones de Colombia por parte de la Red Prodepaz en alianza con la Ruta pacífica de las mujeres, la Red de iniciativas y comunidades de paz desde la base y la Corporación pensamiento y acción social. Documento presentado a la Oficina del alto comisionado para la paz, a propósito del proceso de paz.

Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Por: Ismael Antonio Molina Giraldo* U na de las razones que con mayor asiduidad se esgrime para justificar el largo conflicto armado que ha sufrido Colombia es la desigualdad económica y social que padecemos, al punto que hacemos parte de los países con mayor desigualdad en el mundo y, en América Latina, ocupamos la poca honrosa tercera posición, superados solo por Brasil y Guatemala.

Tal condición es la expresión de un modelo de desarrollo que ha sido excluyente en lo político y social y concentrador en lo económico, que se ha potenciado por medio de políticas económicas que las reproducen y, en nombre de los necesarios equilibrios macroeconómicos sobre la inflación y el crecimiento, no solo no superan las históricas desigualdades, sino que en algunos casos los han profundizado.

Teniendo presente esta premisa, es apenas obvio considerar que es en el plano económico donde se ha de confrontar la decisión de las clases dominantes de superar el conflicto armado y de la disposición de ceder privilegios para construir una nación donde todos quepamos. Esa no es una tarea fácil, pues implica la renuncia a formas tradicionales de acumulación de riqueza, en favor de otras lógicas con valores éticos y políticos de mayor inclusión. En este orden de ideas, los Acuerdos de La Habana han tenido cuatro puntos que se espera encuentren salidas consensuadas:

• El reconocimiento y resarcimien-

to de las víctimas como rol aglutinador del proceso.

• El establecimiento de un sistema

de justicia que dé plenas garantías para que no haya impunidad y se garantice la no repetición.

• La posibilidad para que las farc,

que son producto de una propuesta política, puedan ejercerla, sin que los integrantes de ese grupo armado se vean sometidos al exterminio, como sucedió en el pasado con la Unión Patriótica.

• La posibilidad de promover una

propuesta económica que rompa con las llamadas condiciones estructurales generadoras de la guerra, que no son otra cosa que los procesos por medio de los cuales se ha realizado el proceso de acumulación de capital en Colombia y ello es más difícil, cuando estos procesos se han potenciado en el pasado reciente por medio de decisiones de política económica que como la seguridad inversionista mejoraron la eficacia de los procesos de acumulación tradicional de la riqueza.

Los tres primeros puntos, resarcimiento de víctimas, justicia y participación política, se resuelven en el corto y mediano plazo, pero las decisiones económicas tienen la particularidad que sus efectos solo se aprecian en el mediano y largo plazo, por medio de indicadores de pobreza y atraso o de inclusión y desarrollo, dependiendo de la decisión que se tome.

El modelo tradicional de acumulación se caracteriza, entre otros, por los siguientes elementos:

• Capital financiero hegemónico.

• Prioridades del equilibrio macro-

económico: control de la inflación y manejo cambiario.

• Internacionalización  y globaliza­

ción económica.

• Apropiación

y reproducción de los excedentes económicos de las economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, corrupción y contrabando).

• Economía extractivista (sobre-ex-

plotación de los recursos naturales, economía de base minero-energéticos y producción de materias primas por medio del latifundio).

• Reprimarización del aparato pro-

ductivo como exportador de materias primas sin valor agregado.

• Privatizaciones de empresas es-

tatales, del orden nacional, departamental y local.

• Sistema impositivo neutro.

• Asistencialismo social por medio

de subsidios a compradores con capacidad insuficiente de compra (v. gr. vivienda y servicios públicos) o de asistencia social para mitigar la pobreza (v. gr. Red Unidos).

Los resultados de este modelo ha permitido tener tasas de crecimiento anual de 4% en promedio, en el período que ha estado vigente, que aunque son importantes, son menores a los obtenidos con el modelo industrializante del pasado; igualmente ha reducido la pobreza y la indigencia a más de la mitad y la inflación se ha mantenido a raya. Así mismo, la capacidad exportadora nacional ha disminuido, concentrándonos en las exportaciones de petróleo, minerales (legales e ilegales) y café, al tiempo que la riqueza muestra los más altos índices de concentración en la historia del país, particularmente alrededor de la especulación financiera y el sistema impositivo ha dejado de ser progresivo y su dinámica se concentra en los impuestos indirectos, particularmente en iva y en tributos a las rentas de trabajo, altamente regresivos.

Frente a este modelo tradicional de acumulación de capital, que ha La política económica en el posacuerdo

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

19

producido resultados tan contradictorios en los últimos 25 años, en los que ha estado vigente, en los Acuerdos de La Habana se está delineando una propuesta alternativa que, partiendo del respeto a la propiedad privada y a la iniciativa privada, se parece más a las políticas keynesianas y cepalinas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, que a los modelos del socialismo real implantada en la Cuba Socialista o en el populismo de izquierda del chavismo venezolano. Los elementos que se pueden señalar del modelo de acumulación implícito en los Acuerdo de La Habana son:

• Promoción del capital industrial y

agroalimentario.

• Democratización del crédito y la

propiedad, en particular en el sector rural.

• Promoción de procesos de endo-

geneidad económica como base del desarrollo económico nacio­ nal y regional.

• Prioridades del equilibrio macro-

económico: Empleo y crecimiento económico.

• Superación de las economías

criminales (narcotráfico, minería ilegal, corrupción y contrabando), por ser fuentes de poderes fácticos con alta capacidad desestabilizadora.

• Presencia activa del Estado en la

economía, no solo como facilitador, regulador y controlador de procesos económicos, sino como actor y generador de bienes y servicios de tipo “estratégico” para la economía.

• Sistema impositivo progresivo.

• Fortalecimiento de las economías

regionales y locales.

• Profundización del asistencialis-

mo económico, promoviéndolo a política de Estado.

Como se aprecia, las propuestas del Acuerdo de La Habana, aunque implica que muchos de los inamovibles que han planteado los empresarios e inversionistas del país se han mantenido, también es cierto que las estructuras de inequidad auto-perpetuadoras que estos han establecido en el país, van a ser objeto de revisión y los “derechos” y “seguridades” que frecuentemente invocan van hacer puestos en discusión, bien en la arena política del parlamento o en la confrontación de un nuevo pacto político, para que el garantismo de la actual constitución política no se convierta en el cascarón utilizado por el gran capital para la defensa y consolidación de la exclusión y la concentración de riqueza como sucede en la actualidad *Asesor de Planeación Municipal imolina_giraldo@hotmail.com Hacemos parte de los países con mayor desigualdad en el mundo y, en América Latina, ocupamos la poca honrosa tercera posición, Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Instituciones y corrupción: el otro asunto por resolver Por: César Picón* T erminar la guerra se ha convertido en un imperativo para el actual Gobierno y en un anhelo para muchos colombianos. Además de haber costado la vida de cientos de miles de ciudadanos e impresionantes gastos del presupuesto público, ha gene­ rado toda suerte de obstáculos para el normal desarrollo económico, social y ambiental del país. La firma del acuerdo definitivo entre el Gobierno y la guerrilla de las farc supone un impacto positivo en términos de calidad de vida. Sin embargo, vale la pena cuestionar si solo con la terminación del conflicto el país podrá avanzar con suficiencia hacia un mayor nivel de prosperidad para sus ciudadanos. Los dividendos de la paz Según estudios del Departamento Nacional de Planeación, el cese del conflicto armado mejoraría la confianza inversionista, lo que tendría repercusiones positivas en términos de desempeño económico. El pib tendría un crecimiento adicional de entre 1.1 y 1.9 puntos porcentuales y la tasa de ahorro de la economía aumentaría en cerca de 2.4 puntos del pib.

También se esperaría un aumento considerable de la inversión extranjera directa, una mayor dinamización del comercio internacional y un fortalecimiento de la agricultura y la industria. La tasa de desempleo podría disminuir en más de un punto y la inflación posiblemente respondería a la baja (dnp, 2016).

La Colombia rural tendría un especial favorecimiento gracias a la implementación de la Política de Desarrollo Agrario Integral, que se La inequidad económica da origen a sociedades desiguales y con serios problemas para avanzar en los procesos de desarrollo. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

21

propone erradicar la pobreza extrema, implementar un fondo de tierras, un plan masivo de formalización de la propiedad e inversiones para proveer vías terciarias, distritos de riego, electrificación, etc., (oacp, 2016).

Instituciones y corrupción, ¿El palo en la rueda para el desarrollo en el posconflicto? No obstante, los importantes beneficios que pueda reportar la terminación del conflicto armado, todavía quedan asuntos que pueden limitar los procesos de desarrollo, entre los más relevantes esta la corrupción y su impacto sobre las instituciones. Para Acemoglu & Robinson (2012), la prosperidad de los países está determinada por el conjunto de instituciones económicas y políticas establecidas, las cuales crean las reglas e incentivos para las empresas e individuos, que terminan por forjar el éxito o el fracaso del desarrollo. La diferencia está en si rige una “institucionalidad inclusiva”, que puede conducir hacia la prosperidad, o una “institucionalidad extractiva”, controlada por élites que arreglan el sistema para enriquecerse y aumentar su poder a expensas de la sociedad. Haciendo un breve análisis del contexto colombiano, es claro que aún no se logra un buen nivel de prosperidad para la población: persiste la alta desigualdad en el ingreso, altos niveles de pobreza y pobreza extrema, bajo nivel de desarrollo humano, deficiencias en la prestación de servicios públicos y amplias brechas entre lo urbano y rural.

¿Tienen algo que ver las instituciones?

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la productividad de una economía, que a su vez establece el nivel de prosperidad del país”. De los doce pilares que componen el Índice Global de Competitividad es justamente el de instituciones el que presenta el más bajo desempeño.

Ese resultado obedece a varios factores: baja confianza en los políticos, dudas sobre la independencia judicial, desviación y despilfarro de los fondos públicos e indebido favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos. La corrupción y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales aparecen respectivamente como segundo y cuarto factor problemático para hacer negocios en Colombia (World Economic Forum, 2015).

Lo anterior se refuerza en el último informe de Transparency International (2016), que le asigna a Colombia un Índice de Percepción de Corrupción de 37 sobre

100 (entre más bajo, más corrup-

to), además de un rezagado indicador de Control de la Corrupción, que evidencia la baja capacidad del Estado para controlar que el poder público sea ejercido para el beneficio privado.

En la práctica esto se ve reflejado a todo nivel: continuos fraudes a los presupuestos públicos, inequidades en la tributación de la tierra, acaparamiento y ocupación de baldíos de la Nación, favorecimiento de élites, entre otros.

En efecto, la cartelización de la economía ha sido fuertemente impulsada por este tipo de instituciones:

La gente rica en Colombia ha hecho su dinero a partir del dominio de monopolios protegidos por el Gobierno: Carlos Ardila Lulle ha monopolizado el sector de los refrescos, Luis Carlos Sarmiento el sector bancario, y Julio Mario Santo Domingo el sector cervecero (Robinson, 2013).

Así mismo, otros sectores productivos han logrado crear carteles y durar años enriqueciéndose mientras burlan (o compran) las instituciones colombianas. Volviendo a lo expuesto por Acemoglu & Robinson (2012), esas estructuras de inequidad económica que dan origen a sociedades desi­ guales y con serios problemas para avanzar en los procesos de desarrollo, parten del control excesivo de instituciones políticas que, como ya se dijo, hacen los arreglos necesarios para asegurar sus objetivos particulares.

En consonancia, de acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, la persistencia política de las cuatro últimas elecciones de alcaldes municipales fue tal que, en el 92,4% de los municipios incluidos en el análisis, se evidenció algún nivel de relación entre los sectores políticos que gobernaban y los que ganaron las elecciones; más sorprendente aún es que en el 21,7% de los municipios “no hubo rotación o renovación de las élites políticas en el poder” (pnud, 2011). Eso sin mencionar la permanencia en las cumbres del poder de familias herederas de la política colombiana —López, Lleras, Santos, Gaviria y demás—.

Terminación del conflicto: necesario pero no suficiente Si bien es cierto que en la Colombia del posconflicto habrá lugar a una serie de beneficios sociales derivados del crecimiento económico, no lo es menos el hecho de que el país ha forjado históricamente una “institucionalidad extractiva”, que tiende a concentrar el poder en manos de unas pocas élites con el fin de extraer recursos de muchos para una minoría selecta. Esa institucionalidad seguirá siendo perjudicial para que Colombia avance a buen ritmo en términos de desarrollo, incluso en un país en paz. Por tanto, habrá que trabajar por construir acuerdos sociales que permitan desconcentrar el monopolio del poder político y económico, reestructurar las formas de gobernanza en muchos sectores y dotar la ciudadanía de herramientas de control que le permitan actuar en forma contundente frente a acciones autoritarias que vulneren sus derechos o libertades. *Asesor de Planeación Municipal cesarpicon_63@hotmail.com

que era necesario definir los derroteros de la identidad nacional con bases firmes, ligadas a la religión católica, la herencia colonial de los españoles más plausible que ha perdurado de manera arraigada hasta nuestros días.

De alguna manera, la Constitución de 1886 fue el cemento con el cual se construyó el statu quo en el país durante todo el siglo xx. Las ideas tradicionales sobre la religión, la familia, las buenas costumbres y la moral fueron regidas con el lente de la iglesia católica, fundamental en la vida social, política, cultural y económica de la nación durante toda la vigencia de la Carta del 86. La violencia de mediados del siglo xx es un claro ejemplo de la polarización entre dos bandos radicalizados alrededor de la percepción sobre la religión y las buenas costumbres que fueron capaces de enfrentarse a muerte para imponer sus puntos de vista. Esa violencia se fue cuajando desde principios de siglo, cuando la guerra de los mil días culminó con el triunfo de los conservadores y se dio por sentado que la Constitución era incontrovertible y absoluta. Como la Biblia.

Sin embargo, el siglo xx creció y envejeció igual que sus dogmas. Las luchas por las reivindicaciones sociales de las minorías en todo el mundo fueron debilitando los argumentos referidos al orden natural constituido por el Dios católico que es esencialmente machista y excluyente, de acuerdo con la interpretación de la Biblia. Las mujeres encontraron una identidad revolucionaria ligada al feminismo en todo el mundo occidental, los negros lucharon contra la supremacía blanca dejando en el camino muchos mártires de la causa principalmente en los Estados Unidos de América y poco a poco se fueron alzando voces históricamente acalladas de pobres, marginados y discriminados que desempolvaron con furia la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Así pues, el ocaso del siglo xx llegó a Colombia con una nueva Constitución que plasmó de manera Pluriculturales y multiétnicos Por: Andrés Felipe Giraldo López*

1

991 fue un año histórico para

Colombia. Después de 105 años, la Constitución de 1886 fue derogada en su totalidad y se expidió una nueva Constitución Nacional. Es importante recordar este hecho, porque parece que muchos colom­ bianos no se han enterado. La Constitución de 1886 era una Carta claramente confesional, proclamaba la religión católica como la oficial de la Nación e incluso, consagraba al país al Sagrado Corazón de Jesús. En el contexto en el cual se redactó dicha Constitución era previsible la contundencia del mandato del partido Conservador, dado que se habían presentado varios conflictos violentos con los radicales liberales del siglo xix y Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro consideraron -Opinión- Colombia es un país donde todos debemos caber, más aún, cuando hablamos de paz. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Árbol de Tinta, septiembre de 2016

23

taxativa una nueva forma de ver al país y al mundo y que por supuesto está contribuyendo a la construcción de una nueva identidad. Esta nueva Constitución cambió de fondo el confesionalismo al que nos sometió la Constitución del 86 y proclamó a Colombia como un Estado laico, en donde se respeta la libertad de cultos y se protege a las minorías. El efecto de estos cambios, que no son menores, se están notando con intensidad ahora, como los efectos de la Constitución de 1886 se resintieron en 1946, en el momento en que empezó la etapa más cruenta de la época de la violencia cuando el conservatismo, con Mariano Ospina Pérez, recobró el poder después de 16 años de hegemonía liberal. Y como suele suceder con los cambios, la resistencia ha sido feroz, radical, mística y beligerante. Esta situación ha polarizado a la sociedad entre quienes consideran que la Constitución es norma de normas y que por lo tanto desde el punto de vista legal y práctico es el único referente de acción de una sociedad y aquellos para quiénes la Biblia sigue estando por encima de cualquier mandato humano, porque, por supuesto, Dios sigue siendo fuente suprema de toda autoridad.

La situación es compleja porque la religión católica ha perdido su principal pilar de acción política que era la Constitución del 86. Pero para los católicos esto no significa la pérdida de su supremacía moral, dado que la Biblia es imperativa, incontrovertible y además, es la palabra de Dios. Sin embargo, en la vida real, más allá de los presupuestos católicos, las minorías, las poblaciones vulnerables, los intelectuales y los laicos han encontrado en la Constitución de 1991 una herramienta de acción para hacer valer sus derechos, resaltando que Colombia es, ante todo, un país pluricultural y multiétnico. Por lo tanto, a pesar de trazos de evocación a Dios que aún persisten en esta Constitución, la sustancia está lejos, muy lejos de los mandatos biblícos que obligaban a toda la sociedad a la cosmogonía religiosa y ubica el eje de comprensión social en las libertades individuales, los derechos fundamentales consagrados desde el respeto por esas libertades y sobre todo, desde la secularización total del Estado de la Iglesia. Esta situación ha obligado a esa gran porción de la sociedad que sigue a la Biblia por encima de cualquier norma, a argumentar sus puntos de vista con más sustancia que decir simplemente que sus presupuestos son válidos porque son mandato Divino o están en las sagradas escrituras. Desde la perspectiva legal, estos ya no son argumentos válidos y mucho menos incontrovertibles. Es así que presupuestos que antes eran obvios, ya no lo son.

Por ejemplo, la noción de familia, algo tan natural y obvio para los católicos durante más de diez siglos, como papá, mamá e hijos, ha encontrado un nuevo nicho de interpretación legal y práctica en las nuevas corrientes intelectuales de la libertad y la secularización que han encontrado como argumento fundamental para la conformación de la familia al amor y no al orden natural divino impuesto por Dios. Estos debates han descubierto un espacio de deliberación en la Corte Constitucional, en donde priman más los argumentos científicos, sociológicos y antropológicos que hacen cojear a los argumentos impuestos e irreflexivos de la religión. Como la Constitución del 91 establece en su artículo 13 que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica…” ya no serán los tribunales de la Santa Inquisición y la censura moral del catolicismo las que diriman estas disputas. Los católicos y cristianos deberán elevar el nivel de sus argumentos. Sin embargo, pueden tener la tranquilidad de que sus derechos y creencias también serán respetados porque también están protegidos por la Constitución como los derechos de todos los demás. La única novedad es que ahora no pueden imponer sus creencias por la vía de la fuerza, no las pueden convertir en Ley y no pueden someter a los demás a su forma de ver el mundo, porque ahora es permitido disentir y vivir de acuerdo con otra moral, con otros principios y otros valores que también son moral, principios y valores. Colombia es un país en el que todos debemos caber, más aún, cuando se habla de paz. Ya es claro y constitucional que somos pluriculturales y multiétnicos. Ahora el reto es ser además respetuosos y tolerantes.

* Escritor y docente

andrefelgiraldo@gmail.com Poco a poco se fueron alzando voces históricamente acalladas de pobres, marginados y discriminados que desempolvaron con furia la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de

1789.

Por: Jaime Eduardo Reyes E ntrevista a Carlos Reyes, exmilitante del epl, reinsertado y diputado del Tolima ¿En qué piensa usted cuando le hablan de la guerra?

Colombia es un país que, desde su creación hasta nuestros días, ha padecido múltiples luchas armadas, entre las que podemos destacar la Guerra de los Mil Días (1899–1902), la violencia generada por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y la guerra irregular que ha sostenido nuestro país con las diferentes guerrillas a lo largo de nuestra historia, hechos que nos hacen recordar atrocidades como el corte de franela, los empalados, los decapitados, a los guerrilleros y bandoleros legendarios como Chispas, Tarzán, Sangre Negra, El Sargento Matacho, Tiro Fijo, entre muchos otros. ¿Y cuando le mencionan procesos de paz?

Los acuerdos y amnistías firmados por Guadalupe Salcedo y las -Entrevistaguerrillas del Llano, los acuerdos de

1985 firmados con las farc y otros

movimientos guerrilleros, que dieron origen a la Unión Patriótica (up) y la ya conocida exterminación de este movimiento político legal, y los acuerdos de 1989 con el epl, Quintín Lame, la corriente de renovación socialista (disidencia del eln), el M19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores prt, que trajo como resultado la promulgación de la Constitución Nacional y muchos exguerrilleros, alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios y ministros. ¿Y qué ha quedado de la guerra?

Después de este corto periplo por la violencia colombiana, no nos queda más que contabilizar las muertes, las masacres, las violaciones, los desaparecidos, las tomas de los pueblos, las bombas, las torturas, los magnicidios, las víctimas y los falsos positivos, además, calcular cuánto se han gastado para sostener la guerra, el Estado, los particulares, las farc, entre otros. ¿Cuál es el resultado de la guerra?

Cuántas vidas, cuántas inteligencias, cuántas regiones y zonas de nuestro país se han marginado de la vida y el desarrollo; muchas muertes de personas y de sueños. ¿Y hoy?

Solo después de mirar esto es que podemos decir que queremos una paz imperfecta y no una guerra perfecta, pues nos ahorraríamos todo esto y nos dedicaríamos a hacer una nación más grande y más desarrollada, por eso, hablar de un acuerdo para poner fin a una guerra (paz) es hablar del proceso de evolución, de cambio y crecimiento de una sociedad (desarrollo), es hablar del futuro de Colombia para nuestros hijos.

*Director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué jaime.reyes@unibague.edu.co Lo que queda de la guerra Carlos Reyes, diputado del Tolima. foto: ww.asamblea-tolima.gov.co

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

25

Por: Claudia Carrero Montealegre* E l programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué cumple 10 años de existencia. En el marco de esta celebración, vale la pena revisar las experiencias y procesos llevados a cabo durante este tiempo, con el ánimo de continuar la reflexión por lo que hacemos y visibilizar nuestra incidencia en el contexto local. Durante esta década, profesores y estudiantes hemos superado los espacios de la clase tradicional, para participar en entornos de aprendizaje constructivista y desde allí poner en práctica el principio de “aprender haciendo”, en la construcción de un conocimiento teórico y práctico.

Desde tal perspectiva, han surgido dos medios de comunicación en el Programa: La revista Entre NosO­ tros y el portal web El Anzuelo Me­ dios que articulan el trabajo realizado desde las asignaturas de periodismo escrito, radial y televisivo, y se consolidan como importantes plataformas de comunicación y periodismo. El periodismo universitario hace énfasis en mirar hacia otros lugares, historias y personajes que habitan la ciudad. Desde el aula de clase, como laboratorio, proponemos explorar esta estrategia pedagógica con el interés de ampliar la lectura y comprensión de la realidad, a partir de la apuesta por agendas temáticas y periodísticas propias para la formación de ciudadanos autónomos y críticos.

Es así, como la revista y el portal de periodismo universitario surgen a manera de espacios de presentación de las historias, los relatos, la vida cotidiana de la gente y el acontecer en el ámbito local. Los dos medios buscan vincular la academia con la sociedad, la universidad con la ciudad y la institución con la región. Sin embargo, no están atravesados completamente por las lógicas de producción mediática masiva teniendo en cuenta que se configuran como espacios de formación periodística para los futuros profesionales.

La primera revista Entre NosO­ tros se publicó en 2012 y hasta la fecha han circulado siete ediciones con diversidad de temas y géneros. Los productos periodísticos circulan semestralmente a través de este medio impreso. El comité editorial está integrado por docentes y estudiantes del programa.

El Anzuelo Medios se empezó a gestar a mediados del año 2013, inicialmente, como la propuesta de una emisora digital para la universidad de Ibagué. Sin embargo, la apertura al mundo virtual y las posibilidades que este brinda incidió en la decisión de construir un portal multimedia en una apuesta más amplia desde distintos ejes de trabajo. El lanzamiento oficial del portal se realizó en abril de 2015 y para el 2016 se presentó el nuevo diseño de la página con una propuesta gráfica dirigida a nuevos públicos.

La revista Entre NosOtros y El Anzuelo medios se nutren de las reflexiones sobre el periodismo pero también del trabajo colaborativo y organizativo que sustenta el proceso desde el cual se realizan estos dos medios.

Asimismo, los contenidos de estos medios universitarios parten de la agenda temática planteada desde el programa académico. Actualmente, nos interesa abordar cuatro grandes temas localizados en lo regional, que son:

• El diálogo para el cambio social.

• Las buenas prácticas para la paz.

• La cultura popular en el marco de

los movimientos sociales.

• El patrimonio material e inma-

terial.

Desde allí se indaga por las ciudadanías diferenciadas, que se narran a partir de crónicas, reportajes, entrevistas, perfiles, entre otros géneros.

Adicionalmente, la revista y el portal web proponen a quienes se están formando para ser periodistas dejar el escritorio y superar los muros de la universidad para trabajar en otras versiones informativas distintas a las ya construidas desde los grandes medios de comunicación.

Muchos de los periodistas que hoy están en las salas de redacción de los medios más importantes del país comenzaron a hacer periodismo desde la universidad. Desde el programa de Comunicación Social y Periodismo creemos que muchos de los ciudadanos comprometidos con el cambio social del país empiezan a formarse en nuestras aulas-salas de redacción.

*Docente Programa de Comunicación Social claudia.carrero@unibague.edu.co Periodismo universitario Foto suministrada Actividad realizada por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo.

Por: Jenny Manjarrés* S i usted va a comprar una camisa y en un almacén le brindan dos confecciones, una de excelente calidad y diseño y la segunda, de baja calidad, pero ambas de igual precio, ¿usted cuál compraría? Muy seguramente, la escogencia del producto para el consumidor final es aquella que reúna los conceptos de óptima calidad, diseño y precio. Situación similar puede ocurrir en el corto o mediano plazo con los productos agrícolas si, por ejemplo, estuviéramos en un supermercado comprando mango fresco o derivados procesados y tuviéramos diferentes opciones de escogencia en productos de óptima, y mediana calidad, con precios similares.

¡Necesitamos ponernos de acuerdo!

Según Agronet, para 2013, en cuanto a producción de frutas, el Tolima ocupa los primeros lugares, con limón y aguacate en el puesto uno y el mango en el puesto dos. Este último cuenta con una participación del 29% a nivel nacional, razón por la cual lo tomamos como referente para esta reflexión. De igual forma se pronuncian, para el año 2015, el Consejo Nacional de Competitividad y el Programa de Transformación Productiva y, para marzo de 2016, el Ministerio de Industria y Comercio, entidades que consideran el Tolima es una región con grandes potencialidades para producir y comercializar frutas como las cítricas y el mango. Esta información se conjuga con las oportunidades que el mercado mundial nos ofrece para que en el Tolima nos pongamos de acuerdo y desarrollemos toda una dinámica productiva en razón a que el sector frutícola del Departamento, logre ser competitivo. En este momento es importante revisar el tema de la competitividad, por ello invocamos la teoría de Porter, cuando enuncia: La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios, políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica nacional. El ponernos de acuerdo implica ser conscientes que durante más de una década (2000-2012) hemos obtenido, en cuanto a los factores de competitividad, una calificación medio bajo (4)1 y cuya evolución según la cepal, nos permite decir que el Departamento presenta rezagos fortaleza de la economía, ciencia y tecnología (nivel colero (6)), al tiempo que debe seguir consolidando las mejoras obtenidas en las áreas de infraestructura, finanzas públicas y seguridad. ¡Debemos tener políticas de región!

De acuerdo con Porter y los elementos fundamentales para la competitividad, consideramos que el Departamento necesita de un ambiente competitivo: políticas públicas estables enfocadas en la vocación productiva de la región y de sus potencialidades municipales; al igual, pensamos, es necesario fortalecer a los agroempresarios y la estructura productiva de nuestra ruralidad con innovación, investigación, ciencia, y tecnología y desarrollo de nuevos conocimientos a fin que en el mediano y largo plazo, nuestras fincas se conviertan en verdaderas fábricas de alimentos. Agroindustria y competitividad en el Tolima

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

27

El Tolima es una tierra de oportunidades El empresario de mango con espíritu exportador Alejandro Buendía nos ayuda a entender el panorama actual cuando afirma:

No estamos listos para competir, la competencia en el mercado doméstico es por el precio, y, adicionalmente, los especuladores aprovechan para acaparar la producción y ganar el mayor margen de ganancia. En el Tolima no existe agroindustria desde los cultivadores de mango. Existen grandes oportunidades desde la industria.

De hecho, estamos ciertos de que para aumentar la productividad del mango, instalados en la visión empresarial es indispensable:

• Cualificar la capacidad técnica en

el manejo del cultivo.

• A partir de la tecnología aplica-

da, promover el valor agregado al producto, con el manejo asertivo de cosechas, para evitar la especulación en el precio.

• Generar la trazabilidad adecuada

del producto.

También necesitamos que los actores (agroempresarios, gobiernos local y regional, universidades, centros de desarrollo tecnológico, entidades de investigación, entre muchos otros) confluyan en fortalecer al Tolima para ser competitivos, en tanto está todo por hacer, en la implementación de estrategias como:

• La adopción de políticas públicas

estables y ajustadas a la vocación productiva.

• La formación del capital humano.

• La adecuación de la infraestruc-

tura productiva, en términos de productividad y calidad, acorde con las necesidades del mercado.

• La apertura de nuevos canales de

distribución y comercialización con productos de alto valor agregado e innovación.

En efecto, los tolimenses debemos realizar un esfuerzo colectivo institucional, para reinventarnos y asumir grandes retos en la búsqueda de un ambiente competitivo que nos permita satisfacer el mercado doméstico y conquistar los mercados internacionales. Finalmente, si respondemos como consumidor final a la pregunta que enmarca esta reflexión, efectivamente queremos en el corto y mediano plazo ir al supermercado y comprar un fruto fresco como el mango y, por qué no, un derivado del mango procesado de excelente calidad con marca de origen Tolima.

*Asesora en temas de administración jennymilena.manjarrez@gmail.com Referencias

1 La calificación de los factores de compe­

titividad según la cepal son: extra líder (1+), líder (1), alto (2), medio alto (3), medio bajo (4), bajo (5), colero (6) y colero inferior (6-).

Foto tomada de Google imágenes

Por: Paola Andrea Rodríguez* L o rural debe ser entendido hoy desde una perspectiva ambiental, en la que se identifiquen las relaciones entre lo agropecuario como actividad económica y organización social y los contextos sociales inmediatos (la sociedad rural contingente) y unos más amplios (la Sociedad general, el Estado y el Mercado), en el marco de las relaciones ecosistémicas de la producción con el entorno natural (Méndez Polo, 2012), este enfoque cobra vigencia por los múltiples problemas que soporta el agro colombiano en estos tiempos (sequías, fenómeno del Niño, cambio climático). Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario pasar de los análisis meramente económicos y políticos a conside­ rar la preocupación, cada vez más generalizada, por la situación de sustentabilidad de la producción agropecuaria en Colombia. Al respecto, existe una tendencia marcada por los autores colombianos desde la Sociología Rural, acerca de la racionalidad ecológica de los campesinos en el país, consistente en que son sus prácticas agropecuarias las mayores res­ponsables de buena parte de la pérdida de biodiversidad, debido al manejo de agroquímicos, la mecanización inadecuada, entre otras, pero esto debe ser contextualizado desde procesos sociales y económicos más amplios asociados a la globalización del mercado (Corrales,

2002).

Por ello, el abordaje del pro­ blema ambiental en el ámbito rural, exige nuevas metodologías de investigación, plantea la colaboración entre disciplinas ciencias humanas y ciencias naturales, asociando nuevos conceptos y el cuestionamiento de los paradigmas de la ciencia positivista. En este marco referencial aparece el pensamiento complejo1 como una alternativa Planeación de cuencas en la investigación social El agotamiento de los recursos está motivado por la presión de mercado, que ha llegado a causar la degradación de las tierras por malas prácticas productivas. Acuarela de Gustavo Pedraza Camargo.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

29

contemporánea para explicar y comprender el mundo, aunando esfuerzos y evidencias desde los dos bloques de ciencias.

Desde este enfoque se debe plantear el análisis sobre la cuenca del río Combeima (Ibagué -Tolima), la que hace parte de la Cuenca mayor del río Coello, y posee una extensión de 27.421 ha, tiene su nacimiento en el nevado del Tolima, y abastece de agua aproximadamente al 80% de la población del municipio de Ibagué (aproximadamente 420.000 personas a nivel urbano y rural).

Según lo anterior, es necesario analizar la pérdida de la cobertura arbórea por la expansión de la frontera agrícola en la cuenca alta del río Combeima, como un problema socio-ambiental; es decir, el agotamiento de los recursos está motivado por la presión de mercado, que ha llegado a causar la degradación de las tierras por malas prácticas productivas, lo que deriva en altas tasas de escorrentía y erosión afectando la cantidad y calidad de agua de la cuenca (Casey y Paolisso, 1996).

Asimismo, el manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas (mgich) considera el establecimiento de plataformas para la elaboración e implementación de planes y estrategias elaboradas con la participación de diversos actores sociales, los cuales encaminan sus esfuerzos alrededor del manejo sostenible de los recursos hídricos. Cabe resaltar el hecho de que la reducción de muchos de los problemas relacionados con los conflictos hídricos dependen del rol que juegan las personas en la toma de decisiones respecto al manejo sostenible de sus recursos y de las estructuras sociales existentes en un territorio determinado (Botelho, 2008), de esta manera se establece la participación comunitaria como un elemento de gestión ambiental, contenida en el proceso para la conformación del Consejo de Cuenca (Resolución 509 de 2013 del mads - Consejos de Cuencas). Aparece entonces el concepto de Gobernabilidad como la capacidad de diseño de políticas públicas que sean socialmente aceptadas y orientadas al desarrollo sostenible del recurso hídrico (Dourojeanni & Jouravlev, 2001), lo que se asocia directamente con la capacidad de generar las políticas pero con el interés de llevarlas a la práctica (Peña & Solanes, 2003), y para que esto se haga de forma efectiva, se debe verificar la cantidad y calidad de la información que esté disponible, tanto a nivel de tomadores de decisión como por parte de los habitantes de la cuenca, para que la gestión ambiental sea ejercida de forma participativa e incluyente, en los diferentes sectores de la población afectada.

En conclusión, se puede comprender que la cultura como totalidad que se construye a través del esfuerzo social que modifica el espacio exterior y de las modificaciones del medio que alteran las pautas culturales (Maya, 2013). Esta relación indisoluble determina una aproximación concreta con el territorio rural como el contexto donde se dirime cuestiones ambientales y sociales a partir de la compresión de fenómenos políticos y económicos que involucran a la población en general; en el caso concreto de este artículo, los afectados o beneficiarios no solo son los habitantes de la cuenca media y alta del río Combeima, sino toda la población de la meseta de Ibagué en torno de la disponibilidad de agua a nivel domiciliario y productivo.

* Profesora Facultad de Humani­

dades, Artes y Ciencias Sociales paola.rodriguez@unibague.edu.co

1 La noción de pensamiento complejo fue

acuñada por el filósofo francés Edgar Mo­ rin y refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Referencias Botelho, C. (2008). El protagonismo social de las comunidades rurales como fundamento para la cogestión adaptativa incluyente de los recursos naturales en un territorio. Tesis Mag. Sc. Turrialba, cr, catie. 145 p Casey, L y Paolisso, M (1996). Household Response to Soil Degradation: A Case Study of Gender and Demographic Dynamics in Honduras Corrales Roa, E. (2002). Sostenibilidad agropecuaria y sistema de producción [75] campesinos. Cuadernos Tierra y Justicia. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. ilsa. Dourojeanni, A; Jouravlev, A; Chávez, G.

2002. Gestión del agua a nivel de cuencas:

teoría y práctica. Santiago, cl, cepal. Serie Recursos Naturales e Infraestructura no.

47. 83 p.

Maya, A. (2013). La fragilidad ambiental de la cultura. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. http:// doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004 Mendez Polo, O. L. (2012). Perspectiva analítica de la alianza sociología rural y cuestiones ambientales. Revista Colom­ biana de Sociología; Vol. 34, Num. 2 (2011): Sociología Latinoamericana; 55 -

76 2256-5485 0120-159X. Retrieved from

http://revistas.unal.edu.co/index.php/ recs/article/view/27817 Peña, H., & Solanes, M. (2003). La gober­ nabilidad efectiva del agua en las américas, un tema crítico. III foro mundial del agua, 42.

Es necesario analizar la pérdida de la cobertura arbórea por la expansión de la frontera agrícola en la cuenca alta del río Combeima, como un problema socioambiental.

Por: Clara Milena Quimbayo Cardona* P or quinto año consecutivo, la Universidad de Ibagué rea­ lizará la Feria de Graduados, con el fin de dar a conocer las empresas, de los gradua­dos de la Ins­ titución y reconocer su emprendimiento en la región.

La feria se llevará a cabo durante los días 16 y 17 de septiembre de 2016, en el campus de la Institución y contará con la participación de setenta expositores, quienes ofrecen diferentes productos y servicios.

Este año por primera vez, participará Más fábrica total, una empresa ibaguereña que a través de materiales reciclados y orgánicos crea obras y piezas de arte convencionales.

Esta es una iniciativa de emprendimiento creada por Lina María Guzmán Morales, graduada en

2006 del Programa de Arquitectura

de la Unibagué. Durante diez años, Lina trabajó en planificación urbana, arquitectura comercial y de interiores.

“En la Universidad aprendí arquitectura; sin embargo, siempre tuve habilidad para las artes y las manualidades, y cuando entré a estudiar fue para aprender la técnica del diseño y transformarla. Paralelo a esto, he adelantado trabajos en diseño gráfico, porque es un espacio en el que he podido manifestar el diseño de diferentes maneras. Es muy universal y me baso en Zaha Hadid, arquitecta iraquí que para mí es un modelo para seguir”. La curiosidad por el diseño llevó a Lina a trabajar en diseño industrial, y descubrió una habilidad innata. “Regresé a Ibagué después de vivir varios años en Bogotá y conocí a mi compañero de vida, Pedro Escobar. Él es tecnólogo en construcción, y con sus conocimientos y los míos comenzamos a darle fuerza a Más fábrica total”, afirma Lina. “Creemos que los estilos del arte y el diseño como la energía, no desa­parecen sino que se transforman, por lo que le damos una oportunidad a las estéticas y a los conceptos, hallando materiales en los Lina Guzmán, poeta del espacio Foto suministrada -Graduada- Lina María Guzmán en su taller de Más fábrica total.

Árbol de Tinta, Septiembre de 2016

31

desechos de los procesos industriales, de las viviendas y las microempresas; estos se encuentran prestos a ser transformados por nuestro ojo e ingenio, lo cual les eleva el valor estético”.

Desde esta perspectiva emprendedora e innovadora, la idea de Lina ha sido en pensar, de qué manera su empresa puede contribuir a detener el rápido deterioro del Planeta, de una forma diferente y con estilo.

“Actualmente diseñamos muebles a bajo costo y de diferentes productos como lámparas, vasos, jarrones, bolsos, entre otros”. Para Lina, el emprendimiento es una virtud que todos tenemos pero que solo se puede lograr con pasión, convicción y disciplina. Más fábrica total ha contado con el apoyo de la Opción en Emprendimiento de la Unibagué, la cual, le brinda estudiantes y graduados un acompañamiento para que potencialicen sus competencias emprendedoras.

La Opción en Emprendimiento gira en torno a cuatro principios claves, una idea innovadora con o sin base tecnológica; un trabajo colaborativo, el cual pretende que se trabaje en un grupo interdisciplinario que integre actores de diferentes áreas del conocimiento, con el fin de potencializar los proyectos y generar un valor agregado en cada uno de ellos; pertinencia en la resolución de problemas, bien sea locales, regionales o globales, y responsables con el medio en el que se desarrolle. “Me he dado cuenta que últimamente la Universidad ha estado más pendiente del estudiante y del graduado, es una cultura muy interesante y nosotros como graduados también deberíamos continuar en contacto con la Institución. Para nosotros la vinculación con la opció­n ha sido muy pertinente, pues ellos nos comparten convocatorias para emprendedores a escala local y nacional, y muchas veces uno por falta de tiempo no está pendiente de estas iniciativas y se pierden oportunidades. Y ahora con la Feria de Graduados estamos entusiasmados porque sabemos que es una vitrina interesante para nuestro negocio”.

Como graduada de la Universidad de Ibagué, Lina afirma que es la profesional que es, gracias a la Institución. “Un arquitecto tiene mística, somos poetas del espacio y articuladores de proyectos, y eso lo aprendí en la Universidad, más allá de tener facilidad para el diseño y la arquitectura, la Universidad me dio herramientas y eso lo agradezco”.

“Lloré y sufrí durante la carrera unas cuantas veces por la exigencia de los docentes, pero eso me ayudó a formar mi carácter, a sobresalir como profesional y ahora a ser emprendedora. Recuerdo mucho a docentes como César Pérez, de él aprendí historia del arte; Juan Fandiño, Gustavo Pedraza y Álvaro Narváez”.

“Más fábrica total tiene que ver con abundancia, es una ecuación sobre el objeto encontrado, una técnica impresionista, donde uno se encuentra con varios elementos y objetos y estos adquieren un nuevo significado y este proyecto es lo que actualmente también le da mucho significado a mi profesión, así que esperamos que nuestro emprendimiento continué creciendo día a día”, enfatiza Guzmán. *Periodista oficina de Comunicación Institucional, Universidad de Ibagué clara.quimbayo@unibague.edu.co