Derecho · 2025
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (ley 21.595/2023): viabilidad del trasplante del modelo chileno frente al delito de lavado de activos en Colombia
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y la legitimidad institucional en Colombia, debido a la infiltración de capitales ilícitos en la economía formal y el uso de estructuras societarias para ocultar recursos criminales, aunque el país cuenta con un marco normativo amplio en materia de prevención y sanción del lavado, persiste una debilidad estructural: la ausencia de un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, lo que limita la respuesta estatal frente a la criminalidad empresarial y genera espacios de impunidad. En la investigación se planteó la pregunta sobre la viabilidad jurídica y constitucional de trasplantar a Colombia el modelo chileno de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en la Ley 21.595/2023, con especial atención a los conceptos de defecto de organización y compliance eficaz, como herramientas de imputación y prevención, en armonía con los elementos de la conducta punible: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El estudio tuvo como objetivo general analizar comparativamente dicho modelo para determinar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano y proponer lineamientos normativos y de política criminal que permitan fortalecer la persecución del lavado corporativo, entre sus objetivos específicos se incluyeron el examen dogmático del estándar chileno, la comparación con el sistema colombiano y la elaboración de una propuesta normativa aplicable al contexto nacional. Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico descriptivo y analítico, sustentado en el método de análisis documental y el derecho comparado. Se estudiaron fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales de ambos países, así como estándares internacionales del GAFI y la OCDE. Los resultados evidencian que el modelo chileno constituye una solución moderna y garantista que permite imputar penalmente a las empresas evitando la responsabilidad objetiva, al fundamentarse en el defecto de organización y en la verificación de programas de cumplimiento eficaces. Se concluye que su trasplante a Colombia es viable y necesario, siempre que se adapte al marco constitucional y garantista colombiano, incorporando reglas claras de imputación, estándares probatorios diferenciados y sanciones proporcionales. Como alternativa de solución, la tesis propone una arquitectura normativa para Colombia que incluya: 1. Tipificación expresa de la responsabilidad penal empresarial por lavado de activos. 2. Adopción del defecto de organización como criterio de culpabilidad corporativa. 3. Reconocimiento del compliance como eximente o atenuante. 4. Incorporación de sanciones penales proporcionales (multas, inhabilidades, supervisión judicial, y en casos graves, disolución). 5. Salvaguardas procesales para evitar la responsabilidad objetiva. La propuesta concluye que, mediante un trasplante selectivo y adaptado, Colombia puede cerrar su brecha institucional en materia de criminalidad corporativa, fortalecer su sistema penal económico y cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de activos.