Derecho · 2025
Efectos de la introducción de jurados en Colombia frente a la celeridad en el procedimiento penal abreviado ley 1826 de 2017
La figura del jurado ha representado históricamente un símbolo De la intervención ciudadana en la administración de justicia en Colombia, desde su introducción en la Nueva Granada hasta su eliminación definitiva mediante el Decreto 1861 de 1989 esta institución reflejó la aspiración de equilibrar el poder punitivo del Estado con la visión moral del pueblo. Sin embargo, su supresión, justificada por razones de celeridad procesal y seguridad jurídica, marcó el tránsito hacia un sistema penal técnico y profesionalizado. La Constitución de 1991 no retomó esta figura, pero el Acto Legislativo 03 de 2002 volvió a abrir la posibilidad de que los particulares pudieran ejercer funciones jurisdiccionales como jurados en causas criminales, sin que hasta hoy exista un desarrollo legal que materialice ese mandato. El análisis normativo de la Constitución Política de 1991, la Ley 906 de 2004 y la Ley 1826 de 2017 revela una carencia frente a la reglamentación del jurado popular. A pesar de que la ley reconoce su existencia formal, la falta de regulación práctica impide su aplicación dentro del proceso penal abreviado. La persistencia de esta omisión genera interrogantes sobre la coherencia del modelo acusatorio colombiano, que, aunque inspirado en sistemas de tradición anglosajona, ha excluido un componente esencial de estos: la participación ciudadana directa en los juicios penales. Desde una perspectiva comparada, la Ley Orgánica 5 de 1995 del Tribunal del Jurado en España ofrece un referente útil para reflexionar sobre la viabilidad de adaptar este mecanismo al contexto colombiano. Dicho modelo demuestra que es posible compatibilizar la participación popular con la técnica jurídica mediante reglas claras de selección, capacitación y deliberación, preservando las garantías procesales. El análisis comparado permite identificar buenas prácticas susceptibles de replicarse en Colombia, especialmente en delitos de mediana gravedad donde el juicio oral conserva un alto valor pedagógico y democrático esta investigación propone una serie de lineamientos normativos y operativos para la eventual implementación de jurados populares en el procedimiento penal abreviado colombiano. Dichas propuestas se orientan a fortalecer la transparencia, la confianza en la justicia y la legitimidad de las decisiones judiciales, sin sacrificar la celeridad ni la eficacia procesal. El estudio concluye que la participación ciudadana en la justicia penal no debe entenderse como una figura del pasado, sino como un reto contemporáneo que exige rediseñar mecanismos de equilibrio entre técnica jurídica, democracia y confianza institucional.