Administración en Salud · 2025

Implementación de acciones establecidas en el plan de política de participación social en salud de la oficina sistema de atención al ciudadano (SAC) de la Secretaría de Salud de San Antero, Córdoba

Las políticas de participación social en salud son fundamentales para garantizar el derecho a la salud, al permitir la inclusión activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, el control social y la gestión de los servicios sanitarios. En Colombia, la Resolución 2063 de 2017 estableció lineamientos para fortalecer la participación de la comunidad, a través de mecanismos como los Comités de Participación Comunitaria (COPACOS), veedurías ciudadanas y los Sistemas de Atención al Ciudadano (SAC). En este contexto, el presente trabajo se centró en la implementación de acciones del Plan de Políticas de Participación Social en Salud desde la oficina SAC de la Secretaría de Salud del municipio de San Antero, Córdoba. El objetivo general fue promover la participación social en salud mediante estrategias que fortalezcan los espacios de interacción entre la comunidad y la institucionalidad. Para ello, se aplicó una metodología de tipo intervención, utilizando como herramienta principal una lista de chequeo y el análisis DOFA. Estas herramientas permitieron identificar debilidades en la implementación de la política y diseñar un plan de acción con actividades educativas, visitas a entidades prestadoras de servicios y difusión de material informativo. Los resultados mostraron un aumento en el conocimiento de los usuarios sobre los mecanismos de participación, así como una mayor interacción entre los ciudadanos y la administración municipal. Se evidenció también el fortalecimiento de las veedurías y la apropiación de espacios como los COPACOS por parte de líderes comunitarios. Se concluye que la implementación de políticas de participación social en salud mejora la gestión pública al hacerla más transparente, inclusiva y efectiva. El empoderamiento comunitario, promovido a través de estas acciones, permite una vigilancia activa del sistema de salud y contribuye a construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones sanitarias.