Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Trabajo Social Departamento de Estudios Sociales
2022
Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al actual escenario de transición política actual escenario de transición política Vanessa Carreño Barros Universidad de La Salle, Bogotá, vcarreno14@unisalle.edu.co Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social Part of the Social Work Commons Citación recomendada Citación recomendada Carreño Barros, V. (2022). Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al actual escenario de transición política. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/977 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Departamento de Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.
Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al actual escenario de transición política
Vanessa Carreño Barros
Universidad de la Salle Escuela de Humanidades y Estudios Sociales Programa de Trabajo Social
2022
Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al actual escenario de transición política
Vanessa Carreño Barros
Asesor Wilson Herney Mellizo Rojas
Universidad de la Salle Escuela de Humanidades y Estudios Sociales Programa de Trabajo Social Línea investigación e intervención: Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático Julio, 2022
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
5
CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
9
1.
9
Tipos de textos sobre reparación colectiva
10
Ámbito de la publicación
11
Año de publicación
13
Análisis por tipos de grupos o comunidades sujetos de reparación colectiva
17
2.
19
3.
27
Objetivo General
27
Objetivos Específicos
27
CAPÍTULO II: REFERENTES TEÓRICOS
28
1.
28
2.
29
Construcción de paz
33
CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO
35
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE REPARACIÓN COLECTIVA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META
38
1.
38
2.
40
3.
46
4.
46
5.
48
CAPÍTULO V: CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA
50
1.
50
2.
69
CAPÍTULO VI: LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS PROCESOS DE REPARACIÓN
COLECTIVA
75
1.
76
2.
78
3.
78
4.
80
5.
80
6.
CAPÍTULO VII: OBSTÁCULOS PARA LA REPARACIÓN, RETOS HACIA LA PAZ
83
1.
83
2.
84
3.
85
4.
86
5.
88
CONCLUSIONES
90
RECOMENDACIONES
92
REFERENCIAS
INTRODUCCIÓN
Colombia está atravesando por un momento de transición política, pues luego de un complejo conflicto armado experimenta un momento de construcción de paz. En este escenario de transición, en los últimos años se han implementado procesos de reparación colectiva en el país y en las regiones. La investigación aporta a reconocer los procesos de reparación que, frente a los daños colectivos causados a víctimas colectivas, se vienen adelantando en el departamento del Meta, junto con conocer su aporte en la construcción de paz en la región.
Es una investigación cualitativa que se adelanta desde el análisis documental sobre el tema de la reparación colectiva en el departamento del Meta. Incluye una seria revisión de diversos documentos, entre ellos, notas de prensa, informes oficiales de organizaciones de Estado, trabajos de grado (en pregrado y posgrado) y artículos científicos producidos desde la academia sobre estos procesos, junto con informes de organizaciones derechos humanos. Se complementa con la participación en ejercicios de campo en algunos de los municipios sujetos de reparación colectiva en el Meta y de manera específica en los procesos de investigación que sobre reparación colectiva se adelantan en el Semillero Beatriz Sandoval del Programa de Trabajo Social y en Laboratorio de Paz en la Universidad de La Salle. Con esto se pretende contribuir a documentar las características de los sujetos beneficiarios de la política de reparación, y a caracterizar y analizar los alcances de los procesos de reparación colectiva y de su aporte a la construcción de paz en el departamento. Es una investigación que desde Trabajo Social busca sumarse a la comprensión de estos procesos en el país.
En tal sentido, este trabajo se vincula y contribuye a los procesos de investigación, de formación y de trabajo de campo sobre reparación colectiva en el departamento del Meta que desde la línea de derechos humanos y fortalecimiento democrático del Programa de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle se han venido adelantado en los últimos siete años. Estudia, revisa y amplía el acumulado de esta línea de investigación e intervención con relación al trabajo con víctimas colectivas, con reparación colectiva y con los derechos humanos y la construcción de paz. Se nutre y a la vez alimenta el trabajo del Semillero de Investigación Beatriz Sandoval del Programa de Trabajo Social, al cual pertenezco y que me ha permitido acercarme a las distintas problemáticas del conflicto armado, especialmente de las comunidades campesinas en el departamento del Meta. Su constante trabajo en el territorio me permitió conocer las dinámicas sociales, políticas y culturales y por este medio logré ubicar el problema de investigación sobre reparación colectiva, en este caso desde un contexto departamental, pero a la vez logré articular las experiencias para enriquecer mi formación y mi ejercicio investigativo.
Ahora bien ¿qué justifica este trabajo? o ¿por qué es importante adelantar una nueva investigación sobre reparación colectiva desde la línea de investigación y desde el trabajo social?
En primer lugar, porque contribuye a profundizar el estudio sobre reparación colectiva en el ámbito territorial a nivel departamental. La revisión adelantada no encontró estudios a nivel departamental, lo cual consideramos que es importante en la medida que podría aportar a la identificación de daños colectivos a nivel departamental y su atención en los planes territoriales de desarrollo. De igual modo, la investigación es importante para el departamento por que fue territorio de guerra, durante varios siglos, lo que repercutió en el daño y afectación a su tejido social y en este sentido, es un estudio que puede servir a los sujetos beneficiarios de la política en la medida que contribuye a reconocer el derecho a ser reparado como víctima colectiva.
En segundo lugar, el trabajo de investigación puede ser importante para el estado y para la UARIV Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, porque permite
presentar una mirada departamental sobre los diversos procesos de reparación colectiva que se adelantan en un territorio particular, además visibiliza y documenta los procesos, los avances y los retos de estos y la efectividad que ha tenido la reparación colectiva en el departamento. Es decir, la importancia de esta investigación está en el aporte a la UARIV a documentar y analizar su gestión alrededor de los procesos de reparación colectiva en el departamento del Meta, sus alcances y desafíos.
Ahora bien, en tercer lugar, se conecta con el interés personal como investigadora en temas relacionados con la reparación a víctimas, el conflicto armado y la defensa de los derechos humanos porque permite profundizar un campo de intervención e investigación que ha marcado mi trayectoria personal y académica que se inició durante el 2020 y 2021 cuando realicé mis prácticas profesionales con el Colectivo Orlando Fals Borda- COFB, apoyando un proceso de Alfabetización con mujeres adultas mayores víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial vinculadas a la Escuela Celmira López en el departamento del Meta. En cuarto lugar, como disciplina y profesión, es importante investigar este tema desde la línea de derechos humanos del programa, pues el trabajo social tiene un compromiso con los derechos humanos, con la construcción de paz y con los derechos de las víctimas. Además, por que el trabajo con comunidades (campesinas, indígenas y afrocolombianas) está en el centro del quehacer profesional e interesa aportar al estudio de sus dinámicas, problemas y al ejercicio de sus derechos. De manera particular, la línea de derechos humanos y fortalecimiento democrático ha investigado la reparación colectiva, tomando las particularidades de cada caso, el presente estudio alimenta estos procesos de investigación reparación colectiva en el departamento del Meta Con este horizonte, el presente documento se divide en 5 capítulos. En el primero se realiza la delimitación del problema, esto incluye la revisión de antecedentes, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación; y los objetivos; en el segundo
capítulo, se presentan los referentes teóricos que orientan el estudio; en el tercer capítulo se menciona el diseño metodológico mediante el cual se buscó dar respuesta a la pregunta que dio origen a la investigación. Luego de ello, los siguientes capítulos ubican los resultados de la investigación, cada uno responde a un objetivo específico. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas.
Como resultado del estudio, asumimos que el análisis crítico de estos procesos de reparación colectiva y de su incidencia, señala la importancia de seguir investigando sobre este tema. Es por esto, que persiste un compromiso de parte del trabajo social de seguir propiciando, acompañando o visibilizando los escenarios de reparación colectiva, así como la transformación y/o emancipación de las víctimas y sus organizaciones.
CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Este capítulo presenta los antecedentes en el estudio de la reparación colectiva, la delimitación del problema, la pregunta de investigación y finaliza con los objetivos. En cuanto a los antecedentes, se organizaron en diferentes tendencias. Se presentan algunos hallazgos tanto del país, algunos internacionales, pero, sobre todo, aquellos relacionados con el departamento del Meta.
1. Antecedentes de la investigación
El país ha vivido un enorme conflicto armado, social y político en el marco del cual se vienen adelantando diversas políticas de justicia transicional y de reparación, entre ellas, la de reparación colectiva. Sobre el tema se encuentran diversos estudios e investigaciones e incluso la prensa y las organizaciones internacionales producen información que caracteriza los alcances y fundamentos de la reparación. Este es el campo de estudios en el cual se adelanta la presente investigación. Para adelantar la construcción del problema, se realizó un rastreo bibliográfico referente a reparación colectiva. La revisión se hizo en diversos documentos, entre ellos, notas de prensa, informes oficiales de organizaciones de Estado, trabajos de grado (en pregrado y posgrado) y artículos científicos producidos desde la academia sobre estos procesos, junto con informes de organizaciones de derechos humanos. En total se identificaron y analizaron 144 documentos. Como parte de los antecedentes, presentamos a continuación un breve análisis bibliométrico de estos textos. Este análisis nos brinda información sobre las tendencias de los documentos encontrados. Para exponerlas, se elaboraron tablas de apoyo sobre varios ejes bibliométricos que se priorizaron.
Tipos de textos sobre reparación colectiva En un primer momento se presenta el tipo de texto y la cantidad de este mismo. Se encontraron diversos documentos, que se clasificaron en tres grandes tipos, tal como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1: Tipo de texto sobre reparación colectiva Fuente: Elaboración propia
Como se observa en la anterior gráfica, el mayor porcentaje de textos, es decir, el 58% son documentos académicos, el 24% corresponden a información de prensa o de otros medios de comunicación y, por último, el 18% son documentos oficiales de instituciones. La academia tiene un peso importante con la producción de documentos sobre reparación colectiva y lo hace con un peso descriptivo, cualitativo sobre todo analítico. Las Universidades en donde se encontraron más producciones son la Universidad de la Salle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Santo Tomas. Es decir, a través de las tesis de pregrado y posgrado, junto con los artículos, analizan los fundamentos de la política, debaten su relación con la justicia, la paz y el papel de estado, pero también sobre los aciertos y desaciertos de la implementación del a política y el rol que tiene la universidad. Las carreras que tienen más producción académica sobre el tema son de ciencias sociales y humanas,
58%
24%
18%
Tipo de texto sobre reparación colectiva Documentos Academicos Prensa y otros medios de comunicación Documento oficiales de Instituciónes
específicamente trabajo social, sociología y ciencias políticas, aunque también hay un gran número de publicaciones de derecho. En varios casos se documentan comparativamente experiencias de reparación desde abajo.
Los medios de comunicación son quienes se han encargado de documentar las experiencias de diferentes comunidades en torno a los procesos de reparación colectiva. Entre los medios que se han ocupado encontramos los periódicos El Tiempo y El Espectador, pero también medios alternativos o regionales. En estos últimos se presenta un gran número de publicaciones, aquí encontramos el Periódico del Meta, el Periódico Llano Siete Días y el Periódico PAX en Colombia. Llama la atención, que estos medios se centran en informar sobre los avances que tiene el estado en la implementación de los diferentes procesos de reparación colectiva, tal como ocurre frente al caso del departamento del Meta. Nos llama la atención que los textos oficiales son fundamentalmente guías y protocolos que regulan la aplicación de la política. Las instituciones del Estado comprometidas con esta política son donde aparecen más documentos sobre el tema, estas son la (UARIV) Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, La Comisión de la Verdad y El Centro Nacional de Memoria Histórica.
Ámbito de la publicación En segundo momento, se clasificaron los textos según el ámbito de publicación: nacional, internacional y local. Sobre ese indicador se encontró lo siguiente Tabla 1: Ubicación caso Ámbito de publicación N° de textos Local
109
Sin información
19
Nacional
9
Internacional
7
Total
144
Fuente: Elaboración propia
Tal como muestra la tabla anterior, como documentos internacionales, se encontraron 7 documentos de reparación colectiva de carácter internacional, es decir, sobre procesos de reparación colectiva en otros países. Estas experiencias de reparación colectiva se documentaron sobre países como Guatemala, Perú, Nicaragua, Ecuador y Paraguay. Autores como Mato Vicente (2018), Arango Geraldino, F. A. (2017) y Ramírez Zapata, I. A. (2018), retoman experiencias de dichos países. Por otro lado, Ochoa, B. D. (2015) compara y analiza la experiencia en Latino América. Ahora bien, en lo nacional están los autores como Rodríguez, M. A., Albarracín, A. E., Jiménez, L. M. y Vargas, G. N. (2021), Pachón Ortiz, J. F. (2015). Sobre los internacionales, Ochoa (2015) plantea comparativamente sobre tres países latinoamericanos, pues que:
En los tres escenarios se presentan actores similares, matizados claramente por las dinámicas propias de los Estados y quizás influidos por las temporalidades en su aparición. No obstante, es importante resaltar que si bien, en los tres casos, la existencia de grupos subversivos está presente, la radicalidad de cada uno de ellos es diferente, así como sus matices y desarrollos al interior de cada uno de los países analizados. (Ochoa, 2015, pág. 108)
Sobre los nacionales, los estudios revisados coinciden en afirmar que, frente a los casos de reparación colectiva en Colombia, son “las características de cada organización [sujeto de reparación colectiva], junto con el tipo de proyecto de reparación escogido, [las que] crean escenarios de retos y posibilidades cuya resolución muchas veces está lejos de ser clara” (Ramírez, 2018, pág. 18) Finalmente, sobre los textos de ámbito local, autores como Rodríguez, M. A., Albarracín, A. E., Jiménez, L. M. y Vargas, G. N. (2021) afirman que son diversas “las situaciones que han dificultado los procesos de reparación colectiva circunscritas en un aparato estatal permeado por procesos burocráticos, parcializados y por fallas administrativas y estructurales, que no permiten alcanzar las pretensiones de incidencia social esperadas; más
aún, cuando se versa en torno a la construcción de territorios de paz” (Rodríguez, Albarracín, & Jiménez, 2021, pág. 16) Estos análisis y debates de los autores nos permiten concluir que existen diversas condiciones que permean e impactan los procesos de reparación colectiva en los territorios. Sin embargo, desde los casos internacionales hasta los locales tienen semejanzas, respecto a las situaciones, los contextos y las acciones implementadas.
Año de publicación Otro de los criterios de análisis se centró en el año de publicación. La búsqueda de información tuvo como criterio, la producción de información en el periodo comprendido entre 2005 y 2021. A continuación, se presenta la tabla 3 la información desagregada por años de publicación.
Tabla 2: Año de publicación Año de publicación N° Textos
2005
1
2006
2
2008
1
2009
1
2011
2
2012
1
2014
3
2015
10
2016
9
2017
12
2018
19
2019
25
2020
23
2021
26
s. f
3
Total
144
Fuente: Elaboración propia En términos generales, en el año en el que más se publicaron documentos sobre reparación colectiva fue en el 2021, luego el 2019 y el 2020. Además, a partir del 2015 se
incrementan las publicaciones notoriamente, y desde allí, se intensifica la investigación e interés de informar sobre el tema.
Al parecer, diversas situaciones sociales, económicas y políticas han impulsado el interés por investigar acerca de la reparación colectiva. Entre ellas, no solamente porque numerosas comunidades colombianas han estado afectadas por las dinámicas de guerra, sino que también por el auge de las dinámicas de paz que, en el marco de la justicia transicional en la historia reciente del país, se vienen adelantando.
El país atravesó diferentes hechos históricos durante estos años (desde el 2005, hasta la actualidad). Los cuales posiblemente se articulan con el interés de investigar o de publicar en relación con el tema de reparación colectiva. Para realizar el análisis, se decidió agrupar los años de producción de los textos en tres grandes grupos: (entre 2005 al 2010; 2011 al 2016; y, 2016 a la 2022), asociado a las dinámicas del contexto en cada periodo en Colombia, según exponemos a continuación.
En cuanto al primer grupo de estudio, es decir los publicados entre 2005 y 2009. En el
2005 se crea la Ley de Justicia y Paz, la cual según el Ministerio de Justicia buscaba
facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Ministerio de Justicia (2021)
Adicional, desde el 2005 hasta la actualidad “se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas” Ministerio de Justicia (2021). Estas dos situaciones, sumaron la posibilidad de llevar a cabo un plan piloto de reparación colectiva en algunos territorios colombianos. Estos pilotos, permitieron al Estado, a las instituciones, organizaciones y a las comunidades organizar su metodología para
trabajar y darse cuenta de los aciertos y desaciertos que tuvieron para mejorar en los futuros procesos de reparación.
Frente al segundo grupo, los cuales fueron publicados entre 2011 y 2016. Fueron años en los que se aumentaron las publicaciones frente a la reparación colectiva, en este periodo, en el 2011 se promulga la Ley 1448, la cual establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. (Ley 1448, 2011).
Es un periodo en el cual el país asume reconocer y atender a las víctimas, tanto individuales como colectivas y se da inicio a la política de reparación colectiva. A finales de este periodo el gobierno de turno Juan Manuel Santos y las FARC-EP, arrancan los diálogos de paz en La Habana- Cuba que posteriormente llevaron a la firma del acuerdo de paz en noviembre del
2016.
En el año 2011 en se publica el estudio “Caminos hacia las reparaciones colectivas, comunidades indígenas víctimas del conflicto armado colombiano: caso comunidad indígena Wayuu de Bahía Portete- Guajira” cuyos autores concluyen que “no puede existir un único programa de Reparaciones Colectivas, que se ajuste a los sujetos colectivos del conflicto armado colombiano. Lo anterior, reconociendo que cada sujeto colectivo, es único en sus tradiciones, costumbres, valores culturales, percepción de justicia cambia dependiendo el sujeto colectivo”. (Rodríguez & Rojas, 2011, pág. 172). Lo que evidencia, la complejidad de una caracterización única de las víctimas colectivas y si esto se realiza, significa un error para la Reparación Colectiva.
Por último, para el tercer grupo, desde el 2017 hasta la actualidad: en el 2017 se dio el fin de la dejación de armas, de las zonas veredales y del cese al fuego bilateral y definitivo.
La implementación de los acuerdos empieza a hacerse realidad en los territorios, junto con la reincorporación y la reconciliación. Por ejemplo, en este tercer grupo, encontramos el texto de Niltzen Navas quien en el 2017 afirma que “algunos factores externos dificultan la implementación de las medidas del plan de reparación colectiva, principalmente la persistencia del conflicto en la región, la presencia de grupos armados al margen de la ley, la impunidad, la existencia de dinámicas e intereses ilegales en las regiones donde se encuentran las víctimas, y la ausencia de intervención del Estado.” (Navas, 2017, pág. 100). Lo anterior es otro elemento para tener en cuenta pues limita la Reparación Colectiva. Esto es preocupante, entendiendo que las comunidades afectadas y sus territorios deben estar en una transición donde se proyecte una paz estable y duradera. Solo bajo estas condiciones, la Reparación Colectiva será efectiva, y repara el daño causado. Y esto, no es lo que están viviendo las comunidades en los territorios en la actualidad.
Durante este periodo, el texto de Nieto afirma que El Estado colombiano, pese al reconocimiento de las víctimas y el plan de reparación colectiva, ha sido incapaz de restituir los derechos y garantías vulneradas, al no lograr restituir, indemnizar y mucho menos satisfacer. (...) el Estado no ha logrado garantizar un conjunto de derechos mínimos y vitales a las víctimas que reconoce e incumple por omisión las garantías y criterios establecidos en el marco del derecho internacional e incluso los nacionales. (2021, pág. 116)
Esto muestra: primero que el Estado es uno de los principales responsables de garantizar la reparación colectiva, y segundo, que, a pesar de ser el principal responsable, su ejercicio no ha sido el correcto y no ha sido garante de derechos obstaculizando y retrasando la reparación colectiva A partir de lo anterior, se demuestra que, durante varios años, las comunidades víctimas colectivas han sido revictimizadas al no cumplirse lo establecido por el Estado. Ocasionando dificultades en la ejecución de acciones de Reparación Colectiva. Quizás las
condiciones políticas y sociales del país han permeado los procesos de reparación colectiva y los aportes o retos hacia la paz.
Análisis por tipos de grupos o comunidades sujetos de reparación colectiva Los textos encontrados presentan y analizan casos de reparación colectiva de diversos grupos, comunidades y poblaciones, tal como los acoge la política. Encontramos estudios sobre reparación colectiva de campesinos, indígenas, mujeres, organizaciones sociales y comunidad afrocolombianas tal como se describen en la tabla 4 que sigue a continuación:
Tabla 3: Publicaciones según población Población Cuenta de Grupo Poblacional Campesinos
58
No define población
41
Indígenas
26
Mujeres
7
Afrocolombianos
5
Comunidad LGBT
2
Organización Sindical
2
Estudiantes
2
Comunidad Religiosa
1
Total
144
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la tabla anterior, son diversos los grupos poblacionales reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Estas víctimas se han visto afectadas históricamente pues han sido violentados durante muchos años, siendo blanco de múltiples daños algunos colectivos y sistemáticos.
En uno de estos estudios, llama la atención lo que mencionan Carolina Mendoza e Irina Villareal frente a las víctimas, y la similitud de su situación: “Para el caso de víctimas del conflicto armado refiere a afectaciones negativas en el contexto social, político,
económico, comunitario o cultural que, a causa del conflicto armado, sufren las comunidades, grupos u organizaciones y que tienen formas vigentes de sufrimiento o afectación” (Mendoza & Villareal, 2016, pág. 27) De otro lado, la tabla anterior también refleja que los campesinos son el principal grupo afectado por el conflicto armado y reconocido como sujeto de reparación colectiva, o por lo menos que sobre ellos se concentra la mayoría de los estudios encontrados y consultados. Para Juan Federico Giraldo y Javier Lautaro Medina ratifican esto, y mencionan que:
La noción de reparación con vocación transformadora vinculada a la idea de justicia distributiva es necesaria para transformar las condiciones de exclusión y pobreza que se han mantenido de manera sistemática contra la población campesina debido a la indiscutible relación entre violaciones a los derechos humanos del campesinado, el modelo de desarrollo social y político y la disputa por el territorio (Giraldo & Medina, 2015, pág. 25)
En este sentido, se puede afirmar que el principal grupo, organización y/o comunidad afectada por el conflicto y beneficiario de la política de reparación colectiva son el campesinado, pero más aún que es su ejercicio político y de organización en defensa de los derechos quienes reclaman, ejecutan de manera coordinada agendas y acciones que le permitan resistir en sus territorios y su territorialidad.
Ahora bien, encontramos 26 publicaciones sobre reparación colectiva en comunidades indígenas, lo que hace pensar o reconocer a este grupo poblacional y étnico como uno de los más afectados por la violencia colombiana y reconocidos como sujetos de reparación colectiva.
Según Willington Torres un factor que podría dar explicar esto es que a los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno, que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas. En estos escenarios las manifestaciones que se han evidenciado son: El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas; el desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en
territorios indígenas; fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa (2017, pág. 73)
Por consiguiente, su contexto geográfico ha llevado a que los grupos armados se interesen en sus territorios, y de cierta forma afecten la vida de los indígenas, vulnerando sus derechos y siendo víctimas de la guerra.
Por otro lado, los documentos que no definen población abarcan el tema de reparación colectiva en términos amplios, uno de los estudios plantea que La reparación, implica la aplicación de diversos mecanismos y herramientas tanto judiciales como administrativas, para la satisfacción de los derechos a la restitución, indemnización, satisfacción y rehabilitación de las víctimas individuales y colectivas. Este elemento se relaciona con el derecho a la reparación integral. (Ortega & Sayas, 2015, pág. 3)
De la misma forma, otro estudio propone que En Colombia se han implementado estrategias que hacen parte de las medidas de rehabilitación para los sujetos de reparación colectiva, como la estrategia de ENTRELAZANDO, activada en varios sujetos colectivos y que se orienta hacia la recuperación del tejido social, al restablecimiento de las relaciones de confianza y fortalecimiento de la convivencia pacífica en las comunidades víctimas del conflicto armado con la institucionalidad estatal. (Ferrin, 2021, pág. 46)
2. Planteamiento del problema
El conflicto armado colombiano ha sido de larga duración y ha generado enormes y complejos daños en sus territorios, principalmente en las áreas rurales. Como lo sostiene el Centro Nacional de Memoria Histórica “Colombia ha tenido en la mayor parte de su historia, violencia y guerra” (2013). La violencia en Colombia no es algo nuevo, durante siglos desde la época de “la conquista” se han instaurado guerras y prácticas de exterminio que bajo intereses económicos y políticos forjan las injusticias hacia diversos sectores de la población. En Colombia, la violencia ha sido usada como “un fenómeno histórico y socio político, impuesto ´desde arriba´ para defender privilegios e intereses políticos y económicos.” (Lozano, 2006, pág. 38). Ella expresa y reproduce la fractura social, que se
hace cada vez más constante, “los problemas desatendidos por la tenencia de la tierra, la precaria legitimidad económica del Estado, el alimento confrontado de subculturas políticas enfrentadas, o la subordinación de los intelectuales y militares a un poder establecido, va a converger en un escenario de colapso generalizado que iniciara en 1946” (Sierra, 2019, pág.
11)
En este escenario, en Colombia:
El Estado pierde legitimidad e incluso control, por la falta de presencia en muchas regiones del territorio nacional; por ineficacia institucional; por un alto grado de influencia de la comunidad internacional en las decisiones internas; por altos niveles de pobreza, desempleo y exclusión social; por relaciones de poder que han generado corrupción, clientelismo, monopolios y preferencias económicas y (…) por el alto grado de violencia (Tawse, 2008, pág. 4) Hasta el día de hoy, el conflicto armado interno lleva más de 50 años, reconociéndose como “el conflicto de mayor duración en Suramérica” (Cruz & Diaz, 2019). Son tantos años de guerra, que “la situación nacional se podría caracterizar(...) no sólo de inestabilidad política y económica, sino también social y cultural, lo cual intensifica el conflicto armado” (Tawse, 2008, pág. 4) En esta guerra, han participado diversos actores, tales como FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ELN- Ejército de Liberación Nacional, EPL- Ejército Popular de Liberación, M-19- Movimiento 19 de abril, PRT- Partido Revolucionario de los Trabajadores, MAQL- Movimiento Armado Quitin Lame, CRS- Corriente de Renovación Socialista, MIR-Patria Libre, entre otros grupos armados, algunos siendo parte de las guerrillas y otros de los grupos paramilitares. Pero también la fuerza pública ha sido parte de la guerra y la confrontación. Las alianzas y relaciones entre fuerzas del Estado y grupos paramilitares han sido ampliamente documentadas en diversos casos. Pero, además, existe participación de agentes externos al país, los cuales en su relación internacional influyeron al conflicto armado colombiano. “Colombia se inserta en la
economía internacional del narcotráfico (...) la cual ha constituido igualmente un factor destacado en la profundización del conflicto social y armado.” (Fajardo, 2014, pág. 33) Donde estos actores externos empiezan a influenciar las relaciones sociales y las dinámicas de la sociedad.
Colombia recibe atención por su estado geopolítico en “aspectos de política económica y militar, como lo han sido la influencia de las políticas del Banco Mundial, (...) y planes derivados de la doctrina de la seguridad nacional” (Fajardo, 2014, pág. 33). El conflicto armado colombiano y sus lógicas han afectado la dignidad y derechos de personas, grupos, organizaciones y comunidades enteras, a todas ellas “se les ha impedido vivir como quieren, vivir bien y vivir sin humillaciones, tres condiciones que, a juicio de la Corte Constitucional, concretan la vida digna” (CNMH, 2014, página 10). Como parte de las lógicas de guerra, los grupos armados realizan acciones violentas y desgarradoras, como el desplazamiento forzado, la ejecución extrajudicial, entre otros.
En la publicación “262,197 muertos dejaron el conflicto armado”, realizada por Cesar Romero y publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2018, menciona que El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó, en total, 353.531 hechos violentos. En los que se encuentra que: la guerra dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen sin encontrar), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados.
Las cifras corresponden a las diez principales de modalidades de violencia del conflicto armado, muchas de ellas causantes de daños colectivos a la población, entre ellas están, las acciones bélicas, ataques a poblados, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, daños a bienes civiles; reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; minas antipersona y munición sin explotar. Del total de víctimas fatales de esas diez modalidades, 94.754 son atribuidas a los
paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado (2018) Estas acciones han representado daños significativos en las comunidades, agudizando el dolor entre ellos y la desesperanza de un país en paz.
En el informe ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, publicado en el 2013 se caracterizan los daños que ha dejado el conflicto armado interno: agrupándolos en cuatro categorías, daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales. En esta última categoría se ilustran los daños e impactos sobre los pueblos y las comunidades indígenas y afrocolombianas; también se identifican los daños materiales y ambientales, y su particular impacto en los aspectos económicos y socioculturales. Cada una de estas categorías tiene implicaciones individuales, familiares y, desde luego, colectivas (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 259) Cuando se generan daños colectivos, se reconoce a las víctimas como sujetos colectivos, puesto que estos grupos, organizaciones, comunidades “comparten horizontes culturales, sociales, religiosos y políticos comunes. No sólo se ven a sí mismos como individuos sino como colectivo” (Antolínez, 2013, pág. 11).
Agrupar a estos sujetos colectivos permite reconocer su identidad. Por un lado, están los grupos con características similares. Por otro lado, se encuentran las poblaciones y/o comunidades. Finalmente, se encuentran las organizaciones sociales, sindicales, culturales, entre otros. El conflicto afecta en su contexto geográfico, su vida cotidiana, los aspectos culturales, su confianza y relación con las instituciones públicas y privadas, su relación con la tierra, su economía y la calidad de vida. Impactando en el ámbito político, psicosocial, familiar y comunitario.
La reparación colectiva aparece como una alternativa para reparar lo que la guerra dañó, como una posibilidad para avanzar. A partir del 2007 los procesos de reparación colectiva toman importancia en el País. Según el Ministerio del interior la reparación se asume como una política del Estado que está dirigida al reconocimiento y la dignificación de
organizaciones sociales y políticas, grupos y comunidades victimizadas en el contexto de la guerra y sufrieron daños colectivos (2016).
Como se mencionó anteriormente, los más afectados han sido los territorios en donde existe una disputa por las tierras y demás problemáticas colombianas, sin embargo, se han reconocido sujetos de reparación colectiva a múltiples organizaciones, grupos, entre otros.
Para el año 2011, el Congreso de la República, inicia una serie de sesiones en las que se presentan algunas ponencias sobre la situación colombiana, donde se establece que la concentración de tierras en el campo ha sido y sigue siendo el problema generador del conflicto interno. Y es por ello, que:
Se analizó la necesidad de instaurar una nueva ley que fuese realmente restaurativa (...) y que las víctimas que generó el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, se les establezca una reforma rural integral, que conduzca hacia un nuevo campo colombiano; que las tierras arrebatadas, usurpadas les sean restituidas, que se mejore la pobreza rural, se invierta en infraestructura, comunicaciones, salud, educación, recreación, que se diluya esa separación de lo urbano-rural, que se le diera un tratamiento especial al desarrollo de la agricultura campesina familiar y comunitaria. (Ordoñez, Moncada, Restrepo, & Cortes, 2017, pág. 22)
Esto ha generado inconformidad en la población y en las víctimas. Un panorama difícil para generar un diálogo entre los diferentes actores. En otras palabras, varias comunidades han tenido diferencias con el Estado, y sus instituciones. Por ejemplo, en el caso con la Unidad de Víctimas:
Debido a la falta de rigurosidad, [además] se ha visto como un proceso estancado, ya que no se ha cumplido con los tiempos, ni tampoco se ha “avanzado en el establecimiento de medidas efectivas de reparación colectiva, generando una acción con daño o revictimización dado por las formas judiciales, administrativas y de toma de decisiones (Murcia & Rondón, 2018)
Entre otras consecuencias esto ha ocasionado pérdida de confianza en el Estado y en los procesos de implementación de la política de reparación colectiva. Tanto es así que, de modo idéntico, varios autores afirman que los procesos de reparación colectiva:
Parecieran ser una estrategia para silenciar lo ocurrido en medio del conflicto, encubrir las responsabilidades de los hechos de violencia y por lo tanto generar la impunidad sobre las responsabilidades de los hechos del conflicto en el territorio. El acompañamiento por parte de la UARIV no fortalece los procesos de memoria, sino que al contrario invita a seguir adelante y olvidar lo ocurrido. (Camargo & Forero, 2018, pág. 145-146)
De otro lado, pareciera que la institucionalidad estatal representada de diversas formas no ha asumido su papel de forma responsable y consciente. Ello ha llevado a algunos académicos a sugerir a modo de compromiso que “la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas generen documentos y sistematicen las experiencias que den constancia de la implementación de estrategias llevadas a cabo en Meta”. (Ordoñez, Moncada, Restrepo, & Cortés, 2017, pág. 61) con el propósito que las experiencias dadas en los territorios sirvan de insumo y de balance en su cumplimiento y en la incidencia para la efectiva reparación colectiva y su aporte a la construcción de paz. Si bien la reparación no tiene una mirada departamental, poder rastrear las características, los tipos y los alcances de los diversos procesos de reparación que con diferentes grupos, organizaciones y comunidades que se adelantan resultaría como un aporte importante para comprender su aporte a la construcción de memoria sobre lo ocurrido y su aporte a la construcción de paz en el actual escenario de transición que vive el país.
El Departamento del Meta, ubicado al este del país y característico por sus llanos, ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado, allí históricamente se han generado disputas y confrontaciones armadas entre diversos actores. Su territorio “han sido escenarios en donde el conflicto, el miedo y, en ocasiones la resistencia, se han instalado como parte de la historia que los ha constituido y ha marcado diferencias en relación con la particularidad del conflicto.” (Cruz & Diaz, 2019, pág. 7).
Durante el conflicto armado colombiano la apropiación territorial y de los recursos del departamento han sido ejes fundamentales; es decir, la disputa de las tierras está en el centro de la confrontación, según la Comisión de la Verdad:
en la zona prevalecieron por muchos años las grandes extensiones de cultivos de coca, la presencia marcada de las FARC-EP, la ausencia estatal, la victimización y estigmatización de la población por parte de distintos grupos armados, las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y el empobrecimiento de la población frente a la falta de alternativas sociales y económicas para la sustitución de los cultivos de uso ilícito (2018)
Las consecuencias de las dinámicas conflictivas en el territorio son diversas y las soluciones o respuestas han sido insuficientes, no obstante, persiste en sus pobladores, en las organizaciones y en las víctimas, el derecho y la exigencia de transformar el territorio y las relaciones dadas en él.
El Gobierno, ha planeado y ejecutado diversas estrategias para tratar estos problemas, por ejemplo, según la Fundación Ideas para la Paz “se ha logrado la reducción de los cultivos ilícitos y la mejoría en las condiciones de seguridad” (2013) Sin embargo, para el 2012, se agudiza el conflicto y la presencia de las FARC se hace visible en dos regiones del Meta. Por un lado, se encuentra la tradicional región del Ariari, donde se concentró el 91,2% del total de acciones armadas guerrilleras en el departamento, así como el 90% de combates por iniciativa de la Fuerza Pública, especialmente en los municipios de Uribe y Vistahermosa. (Fundación Ideas para la Paz, 2013)
En ese mismo año, según datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV, 2013), las tasas más altas de desplazamiento forzado (desplazamiento por cada 100.000 habitantes) se dieron en las regiones del Ariari y Mapiripán. Son diversos los procesos de reparación colectiva que se han venido adelantando en el departamento del Meta debido a “la incidencia política (…) que caracteriza al municipio” (2018). Murcia y Rondón recomiendan continuar con los procesos y agendas para encaminar la reparación colectiva como un proceso duradero e integral en la región. (2018), lo cual, da
paso a un campo de relaciones de poder. Estas dinámicas facilitan o dificultan la proyección, planeación y ejecución de los procesos de reparación colectiva en el departamento del Meta. Los procesos de reparación colectiva en este departamento tienen dentro de sus particularidades ciertos avances y limitaciones. En cuestión de esto; lo primero por reconocer es la lucha y resistencia social de la comunidad. Dando un reconocimiento de las distintas dinámicas del conflicto que dejaron daños no solamente en el ámbito infraestructural, sino que también “en términos de tejido social, vivencia en comunidad, características psicosociales, desarrollo rural y agropecuario” (Cruz & Diaz, 2019, pág. 21) Además, Cruz & Diaz mencionan que Los avances en términos de reparación colectiva son de difícil visualización especialmente en un proceso que ha sido captado por la rigidez y frialdad de una institución estatal como lo es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De esta forma podríamos decir, que quienes han realizado reparación y reconstrucción (término que la comunidad resalta dentro de este proceso), han sido la misma comunidad y las organizaciones en acompañamiento de otras instituciones no gubernamentales que han realizado acciones reparadoras y sobre todo de reconstrucción en términos de memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica, de características psicosociales, de tejido social y vivencia en comunidad (2019)
Por lo tanto, la reparación colectiva en el Meta ha respondido a las particulares de la región, de las víctimas, de los daños y de los recursos. Por ejemplo, en el caso de la reparación colectiva del municipio del Dorado, Camargo y Forero, afirman que Ha tenido un enfoque desarrollista y de crecimiento económico de la región, impulsando la economía local, y el embellecimiento del municipio, sin embargo, no se muestran procesos fuertes en materia de memoria y verdad, con el fin de reconstruir lo ocurrido en el conflicto, establecer responsables y luchar por la justicia de los daños causados (Camargo & Forero, 2018, pág. 145)
Cabe resaltar, que los procesos de reparación colectiva se siguen ejecutando en el país y en el Meta, de allí surge el interés por conocer estos procesos de reparación colectiva, sus características, a los sujetos grupos y comunidades beneficiarias, así como la comprensión del daño y del aporte y los retos a la construcción de paz en el país.
Es por ello por lo que en esta investigación nos preguntamos: En el actual escenario de transición política ¿Cuáles son las características y retos de los procesos de reparación colectiva que se adelantan en el Meta y su aporte a la construcción de paz en el departamento?
3. OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar los procesos de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta, en el actual escenario de transición política Objetivos Específicos
1. Adelantar una caracterización bibliométrica sobre la producción de conocimiento
alrededor de los procesos reparación colectiva en el departamento del Meta
2. Describir las características de los procesos de reparación colectiva a víctimas del
conflicto armado que se han adelantado en el departamento del Meta
3. Identificar los aportes de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz
en el departamento del Meta
4. Indicar los retos de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz en el
departamento del Meta
CAPÍTULO II: REFERENTES TEÓRICOS
No obstante, para comprender la reparación colectiva, primeramente, se definieron algunos conceptos claves en la investigación.
1. Justicia Transicional
Gracias a la justicia transicional, a partir del 2011 con la Ley 1448 y los decretos ley 4634 y 4635, las comunidades adquieren, según la Unidad de Víctimas un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que posibilitan el goce efectivo de los derechos de estas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición (Ley 1448, 2011)
Implica entonces un diálogo entre actores, desde la institucionalidad y la comunidad. A pesar de los obstáculos, se busca en primer lugar recuperar la confianza, la participación y el interés de aportar a la construcción de una nueva sociedad. Es mediante la integración de diferentes estrategias, que se pretende llegar a las comunidades, y gestar los escenarios que permitan la vinculación de las comunidades vulnerables para la construcción colectiva de un territorio en paz estable y duradera.
En resumen, la justicia transicional “es la variedad de procesos y mecanismos que usan las sociedades para hacer frente a resolver problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala”, dentro de ellas, están las medidas de justicia, el esclarecimiento de la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición. Todas ellas hacen parte de “un esfuerzo por construir una paz sostenible” (Van Zyl, 2005. p. 47). (Greiff, 2011, p. 19) Citado por (León, 2018, pág. 12)
Retomamos entonces a la justicia transicional (y a la reparación), que son esencialmente una forma de justicia conmutativa o correctiva, pues buscan enfrentar, en forma proporcionada, un daño, ya sea restituyendo a la víctima a la situación previa al daño, ya sea compensándola monetariamente en forma equivalente al perjuicio ocasionado. (Diaz, Sánchez, & Uprimmy, 2009, pág. 53)
2. Reparación Colectiva
La reparación colectiva puede verse desde diferentes enfoques. Definiciones desde lo institucional, administrativo, jurídico, social, político y comunitario, entre otros. A continuación, se abordará este concepto visto desde los ámbitos mencionados anteriormente, que establecen definiciones entendidas como proceso, como un programa representado en un plan, como derecho, como herramienta, como posibilidad y como necesidad. En un principio, a partir del artículo 151 de la Ley 1448 de 2011 se le impone a la Unidad de Victimas que implemente un programa que tenga en cuenta “a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales” (Ardila, 2021, pág. 38). Respondiendo a estas exigencias en Colombia existe el plan de reparación colectiva, el cual conceptualmente ha sido comprendido como:
una herramienta que materializa derechos fundamentales, el cual apunta a reconocer y establecer medidas frente a los daños ocasionados por la violación de derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales de grupos, pueblos u organizaciones sociales y políticas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012, p. 38)
Además, en el ámbito legal se tiene el Decreto 1084 de 2015 que define la reparación colectiva en el Artículo 2.2.7.8.1. como:
el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico.
Para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la reparación colectiva es entendida como derecho fundamental del cual son titulares los grupos, pueblos, u organizaciones sociales y políticas que hayan sido afectadas por el daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales.
La reparación colectiva comprende medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico (CNRR, 2011,15).
Adicional a esto, según López es un proceso que garantiza el reconocimiento y la integral reparación de los daños causados a los indígenas con ocasión al conflicto armado interno, en la búsqueda de alcanzar la reconciliación entre el sujeto a reparar y el Estado. Un mecanismo normativo para el desarrollo de medidas de asistencia y protección encaminadas a restaurar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas diferenciadas (López, 2020, pág.
12)
No obstante, el concepto de reparación colectiva va más allá de solo ser un proceso. Mellizo menciona que: “Son medidas que buscan asegurar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición” (Ortega, 2014 y 2015, citado por (Mellizo,2020) La reparación colectiva puede ser entendida como un mundo de posibilidades que brinda herramientas de transformación en la sociedad. Para profundizar más en el concepto, Ardila alude que la reparación colectiva estará dirigida al reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derecho, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de confianza de la sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado, a la recuperación y/o fortalecimiento de la institucionalidad del Estado Social de Derecho para la consecución de la reconciliación nacional y la convivencia pacífica (Ardila, 2021, pág. 38)
Ahora bien, teniendo en cuenta las dinámicas colombianas, donde se tiene un país fragmentado por la Violencia:
la reparación colectiva se presenta como una necesidad de determinados estados por ofrecer respuestas que reparen (…) infracciones al DIH en el marco de contextos de violencia generalizada y sistemática ocasionados por conflictos armados (…) y pretenden satisfacer un marco de justicia que permita la transición hacia la paz y la democracia (Ortega, 2014 y 2015) Citado por (Mellizo,2020)
Así mismo, Catalina Diaz afirma que:
La reparación colectiva constituye una oportunidad para construir lazos de confianza cívica entre las comunidades víctimas y el Estado local. La puesta en marcha de procesos de reparación en las comunidades víctimas es una oportunidad para expresar la transformación de las prácticas represivas, autoritarias, excluyentes y estigmatizantes del estado local hacia las comunidades. La reparación colectiva podrá mostrar los esfuerzos para profundizar, reestablecer o crear de cero la democracia local (Diaz, Sánchez, & Uprimmy, 2009)
Se puede afirmar, que la reparación colectiva lleva un elemento de transformación, y busca reconocer los daños causados para instaurar una justicia social, basándose en el concepto del CODHES, (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 2012), el cual menciona que el fundamento esencial de la reparación colectiva debe basarse en el reconocimiento de las comunidades y su relación con el territorio y la identidad cultural, los daños que se han causado a los procesos organizativos y sus capacidades en lo político y cultural. En este sentido, la reparación debe enfocarse a reconocer este tipo de daños mucho más estructurales, a desarrollar procesos que permitan la reconstrucción de los pueblos y sus organizaciones y, ante todo, a asegurar que se produzca un quiebre histórico en la sociedad colombiana. Por último, la reparación colectiva beneficia a los grupos, organizaciones o comunidades reconocidos como sujetos de reparación colectiva.
Ahora bien, la reparación colectiva parte del reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva. En Colombia, el sujeto colectivo presenta 3 modalidades: comunidades, grupos sociales y políticos, y organizaciones. (UARIV, 2014) Comparten un “proceso
histórico de construcción de identidad común” (p. 25) que permite determinar su preexistencia como sujeto colectivo y evidenciar los daños de la violación de derechos humanos en su dimensión colectiva. (UARIV, 2018) Citado por (León, 2018, pág. 11) Según la OIM, 2012: El reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva “Emerge de “(a) menoscabo de derechos ocasionado por la violación de los derechos colectivos; (b) la violación sistemática de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; o (c) el impacto colectivo de la violación de derechos individuales” (OIM, 2012,
p. 30) Citado por (León, 2018, pág. 11)
De otro lado, según la Ley de víctimas los sujetos de reparación colectiva pueden ser grupos, comunidades u organizaciones. Cada uno de ellos representa un tipo, el cual tiene un perfil definido. Según la política de reparación colectiva (UARIV, 2014), una comunidad es un conjunto de personas que se identifica por prácticas culturales, formas de enseñanza y cosmovisión, lazos de solidaridad, o que comparte un territorio y un interés común por bienes públicos o indivisibles. Las comunidades pueden ser veredas, cabeceras, corregimientos, o comunidades indígenas, o comunidades de afrodescendientes, entre otros. Por otra parte, para la UARIV (2014) las organizaciones sujeto de reparación colectiva son agrupaciones de personas con fines y propósitos comunes que cuentan con una regulación interna de funcionamiento, un mecanismo de solución de disputas y tienen una vida pública, como por ejemplo los sindicatos, las Juntas de Acción Comunal o las agrupaciones, entre otros. Y finalmente, los grupos son conjuntos de personas que se relacionan o se asemejan entre sí. Un grupo puede ser reparado colectivamente cuando haya sido sistemáticamente victimizado por causa de esta característica o condición común (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, pág. 9) La reparación colectiva parte del reconocimiento de los hechos victimizantes y del daño colectivo. Según la Mesa Nacional de participación efectiva de las víctimas (2020), un
hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado colombiano. Se trata de los delitos y situaciones de las cuales las personas fueron víctimas en el marco del conflicto armado.
La UARIV indica que un hecho victimizante corresponde a las violaciones al DIH y DDHH ocurridas dentro del marco del artículo 3 de la Ley 1448. La Mesa Nacional de participación efectiva a las víctimas reconoce 13 tipos de hechos victimizantes en el Registro Único de Víctimas (RUV) que son el abandono y despojo de tierras, amenaza, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, minas antipersonales, secuestro, tortura, reclutamiento forzado, confinamiento, víctimas de actos terroristas y pérdida de bienes o inmuebles. (2020) Construcción de paz La reparación colectiva gira en torno a un objetivo, que es la construcción de paz. Esta se refiere a la creación de un conjunto de actitudes y medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles” (Barbero, 2006) Citado por (Hernández E., 2016, pág. 5). Del mismo modo, es un esfuerzo multifacético y a largo plazo que requiere el compromiso coherente de diversos actores y que integra actividades políticas, humanitarias, de seguridad y de desarrollo” (Cheng-Hopkins, 2009) Citado por (Hernández E., 2016, pág. 5) Así mismo, la construcción de paz en Colombia (…) da cuenta de otras maneras desde las cuales, en los territorios, se está pensando la paz y cómo construirla de forma comunitaria, barrial, entre otras. (Carmona-Toro & Ospina-Alvarado, 2022, pág. 4). Para la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), La paz es el resultado de un largo proceso de construcción colectiva del cambio social (…) y de la creación de las condiciones que garanticen la vigencia plena de los derechos humanos, individuales y colectivos. Para esto, se debe trabajar en el fortalecimiento de sujetos políticos colectivos (comunidades y organizaciones), capaces de construir
consensos y actuar conjuntamente con otros actores sociales e Instituciones locales/regionales, para incidir con sus propuestas y acciones en la implementación del acuerdo de paz y la construcción territorial de la paz. Promueve el intercambio de experiencias y saberes, entre distintos actores nacionales e internacionales, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, así como la construcción de metodologías participativas y transformadoras. (Pensamiento y Accion Social (PAS), 2022)
CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO
Esta es una investigación cualitativa dado que busca estudiar un hecho particular (la reparación colectiva) tal como sucede en una región específica (el departamento del Meta). Lo pretende hacer de manera particular identificando las diversas maneras como los actores le dan sentido a la naturaleza profunda de este hecho de la realidad, a su sistema de relaciones y s su estructura dinámica. Martínez, M. (2006). Lo es también porque como lo sostiene Lamberto Vera se trata de una “investigación… [que] se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o problema” (pág. 1) pero a la vez, busca comprender de una forma más amplia el fenómeno en el contexto en el cual se investigó.
Para ello, se adelantó una revisión documental o también llamada investigación bibliográfica, lo que implico “una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos,” para realizar posteriormente una “presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información. (Tancara, 1993, pág. 4) Para Luis Gómez (2011) la investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración interpretativa. Pues intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención distinta a esta, dentro de la cual se intenta comprenderlos. Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se intenta construir ahora. (Gómez, 2011, pág. 5)
A su vez Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020) mencionan que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, artículos, [entre otros], (…) en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio. Guerrero Dávila (2015) Citado por Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020).
A modo de resumen, este tipo de investigación se caracteriza por la utilización de los datos secundarios como fuente de información. En total se encontraron 144 publicaciones relacionadas con el tema. De ellas, se seleccionaron y priorizaron para este estudio 65 documentos que dieron pie a un análisis bibliométrico de las publicaciones sobre reparación colectiva en el departamento del Meta y al logro del resto de objetivos.
Como criterios de selección y priorización de las publicaciones, se tuvieron en cuenta los siguientes: textos que hablaran directamente de la reparación colectiva en el departamento del Meta; textos provenientes de diversas fuentes (documentos oficiales, notas de prensa, informes y publicaciones de organizaciones del Estado e informes o investigaciones académicas; textos publicados entre el 2005 (año que se expide la Ley de Justicia y Paz en donde aparece la reparación colectiva); y finalmente, textos a los que fuera posible acceder para lectura y análisis.
Como criterios para el ordenamiento, procesamiento, análisis de la información contenida en los documentos se organizaron con el apoyo del programa Atlas. Ti, por objetivos de la siguiente manera:
Objetivo Criterio de ordenamiento
1 adelantar una caracterización
bibliométrica sobre la producción de conocimiento alrededor de los procesos reparación colectiva en el departamento del Meta Fuentes donde se produce o se registra información Tipo de textos Años de publicación Grupos poblacionales sujetos de reparación El tema central objeto de atención de los textos 2.Describir las características de los procesos de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado que se han adelantado en el departamento del Meta 1.Sobre los sujetos Año de reconocimiento de los sujetos Tipo de sujeto Hechos victimizantes según los sujetos Por actores responsables Por daños colectivos y afectaciones 2.Sobre los procesos Fases y medidas
3.Identificar los aportes de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz en el departamento del Meta Reconocimiento como sujetos de derecho Formación Política Reconstrucción de memoria histórica Organización social Ejercicios de resistencia Territorios transformados 4.Indicar los retos de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz en el departamento del Meta
Poco o nulo reconocimiento del daño Desconfianza hacia el Estado Inoperatividad de las instituciones Falta de garantías El silencio y el olvido Tabla 4: Criterios según objetivo Fuente: Elaboración propia
En función del problema que se investigó, se trata de una investigación que se adelanta desde el enfoque crítico social, pues a partir de este enfoque se plantea “promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros” (Alvarado & García, 2008, pág.
190)
Así mismo, este paradigma se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. (…) El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica (Alvarado & García, 2008, pág. 190)
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE REPARACIÓN COLECTIVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Si bien el territorio colombiano ha estado históricamente marcado por la violencia. Sus departamentos y municipios han sido enormemente afectados y se han visto envueltos por las lógicas de guerra, por ello desde el 2005 algunas de sus comunidades, grupos y organizaciones vienen siendo objeto de la reparación colectiva. Algunos territorios como el departamento del Meta en los cuales la guerra se instaló sufrieron enormes daños y en ellos se vienen implementando medidas de reparación y de reparación colectiva que están siendo documentadas por la academia, la prensa e instituciones del Estado. Así es, junto con Bolívar y Antioquia, el Meta forma parte de los departamentos donde se produce mayor información de estos procesos. Presentar un ejercicio de caracterización bibliométrica de las publicaciones que se producen sobre la reparación en el Meta es el objeto de este capítulo, Para ello se encontraron, revisaron y analizaron 65 documentos. Su análisis se realiza en seis variables: i) fuente de publicación, ii) tipo de fuente, iii) año de publicación, iv) tipo de grupo poblacional,
v) tema central objeto de atención y, vi) tipo sujeto de reparación colectiva.
1. Fuentes donde se produce o registra información
Son diversas las fuentes donde se documentan los procesos de reparación colectiva que se adelantan en el departamento del Meta. En la siguiente tabla se identifican cada una de las fuentes que se encontraron junto con el número de documentos producidos.
Tabla 5: Fuente de Publicación del Meta Fuente de publicación No Documentos
UARIV
19
Periódico EL TIEMPO
9
Periódico del Meta
6
Universidad de la Salle
9
Periódico Llano siete días
3
Periódico PAX en Colombia
2
Consejo de redacción
1
Alcaldía municipal de Mesetas
1
Fundación ideas para la Paz
1
COFB
1
Caracol Radio
1
Periódico El Espectador
1
Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento
1
Universidad de los Llanos
1
Universidad Pontificia Javeriana
1
Comisión de la Verdad
1
Oficina de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios
1
Ministerio de justicia
1
Periódico Prensa Libre
1
Blog reporte de los llanos orientales
1
Corte interamericana de Derechos Humanos
1
Revista de la facultad de derecho Universidad Pontificia Bolivariana
1
Periódico Semana Rural
1
Total
65
Fuente: Elaboración propia Tal como se observa en la tabla y al igual que en los antecedentes, los documentos sobre reparación colectiva en el departamento del Meta que se consultaron provienen de diversas fuentes. De los 65 documentos encontrados, 19 de ellos son producidos por la entidad oficial encargada de la política de reparación colectiva, es decir por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas UARIV, de ellos se encontraron cinco cartillas que orientan la implementación, varias noticias de avances de avances de la política en algunos de los sujetos e informes de gestión sobre los procesos. De otro lado, 15 documentos corresponden a los periódicos de El Tiempo y de El Meta en donde se presentan noticias de hechos significativos
que acontecen en la ejecución de los procesos, o en otros casos son noticias que enfatizan en el sentido que los sujetos dan a la política. En tercer lugar, se encuentra la producción de documentos en donde la fuente específica es la Universidad de La Salle, en total se encontraron 9 textos: seis tesis de grado, dos capítulos de libro y un artículo científico. De esta variable, también se encontró que los grandes medios de comunicación son los que más han publicado acerca de la reparación colectiva en este departamento; sin embargo, como muestra la tabla, también se encontraron textos producidos por periódicos departamentales. Finalmente, se encontraron pocas publicaciones académicas de otras universidades (Universidad Externado de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana), de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e incluso de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Tipo de textos
Los documentos ubicados se organizaron en tres tipos: prensa y otros medios de comunicación, documentos oficiales y documentos académicos, tal como se registra en la siguiente tabla Tabla 6: Tipo de textos del Meta Tipo de texto N° de textos Prensa y otros medios de comunicación
34
Documentos o instituciones oficiales
20
Documentos Académicos
11
Total
65
Fuente: Elaboración propia Sobre reparación colectica en el departamento del Meta, se han publicado 34 documentos de prensa o de otros medios de comunicación, 20 textos de instituciones oficiales y 11 documentos académicos.
- Sobre el primer punto, es decir sobre las publicaciones que provienen de la prensa y
otros medios de comunicación, se encontraron 34 publicaciones del orden nacional y regionales. La mayoría de estas noticias fueron publicadas por los periódicos El Tiempo y el del Meta, solo una noticia fue publicada por el Espectador. Dichas publicaciones se realizaron entre el periodo 2018 y el 2021.
En estas publicaciones de los medios de comunicación, el tema de la reparación colectiva aparece relacionado con el tema de la indemnización, en otros casos se relaciona con la reparación individual y finalmente, algunas de ellas, documentan avances y lecturas de la implementación des de los sujetos.
En seis de las publicaciones se menciona que varias instituciones han encontrado preocupantes cifras de corrupción frente a trámites administrativos, judiciales y financieros referentes a la reparación colectiva (El Tiempo, 2021). En la misma publicación se afirma que siendo las instituciones públicas las principales responsables de garantizar la reparación colectiva a las víctimas, estas no han cumplido con lo que se proponen y, por el contrario, han actuado “bajo mentiras y han omitido su responsabilidad. En este mismo periódico se alertó sobre las dificultades de la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos y menciona que para estos pueblos se registra apenas 7 % de avance. Por su parte el Periódico del Meta (2020) registra información sobre las reparaciones colectivas adelantadas en el departamento, como, por ejemplo, habla del Parque de la Llanura de la Memoria Histórica de Villavicencio, el cual fue creado como medida orientada a la reconciliación, reparación y no repetición, a la vez indica que en este parque está ubicado un imponente memorial de cronología de guerra y paz que registra los hechos de guerra de los últimos 71 años en el departamento. Otra noticia del mismo periódico resalta la construcción de un centro de documentación, un área administrativa para las organizaciones de víctimas, un auditorio como una forma de reparación colectiva a los miles de víctimas que dejó el
conflicto armado en el Meta. En la publicación, se menciona que para algunas víctimas este lugar se convertirá en el epicentro del dolor que padecieron por cuenta de la guerra, pero también de la búsqueda de la verdad y la reparación que han buscado por años. Por otro lado, tres de las publicaciones, una realizada por el periódico de El Tiempo (2020) y dos por el Periódico del Meta (2019) y (2020), se refieren al Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. Se afirman que este plan territorial consta de una estrategia para que las víctimas sean reparadas y contar la verdad en el momento oportuno. Sin embargo, en una publicación se menciona que muy poco se tocó el tema sobre las implicaciones que el conflicto armado tuvo en las ciudades como Villavicencio. Los periódicos señalan que estos PDET que se vienen desarrollando bajo pilares, tales como Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud rural, educación y primera infancia rural, vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; reactivación económica y producción agropecuaria, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; y, reconciliación, convivencia y construcción de paz.
- Sobre el segundo punto, es decir sobre las publicaciones oficiales, se encontraron 20
publicaciones, todas ellas publicadas por la UARIV entre el 2018 y el 2022. De ellas, a continuación, retomamos algunas, las cuales brindan información amplia sobre la visión estatal de la reparación colectiva en el departamento. En ellos se encontraron varias cuestiones:
La UARIV afirma que espera que por medio de sus acciones [los sujetos de reparación colectiva] logren superar secuelas que les dejaron los hechos violentos al recuperar prácticas colectivas, fortalecer las formas de relacionamiento del sujeto, fortalecer proyectos productivos, recuperar los referentes de reconocimiento y autorreconocimiento y aportar al restablecimiento del territorio.
La misma UARIV (2021) sostiene que los daños que sufrieron las comunidades en el departamento del Meta impactaron sus actividades grupales y el desarrollo de la vida en comunidad, su autonomía, costumbres propias, desconfianza, además de convertirse en lugar de combates. En otra nota de prensa, la UARIV señala diversos daños a estas comunidades, entre ellas: el debilitamiento de las Juntas de Acción Comunal y la realización de algunas actividades culturales y deportivas; la pérdida de representatividad de la comunidad en los espacios de toma de decisiones; el debilitamiento de las redes de apoyo; desconfianza entre la comunidad; el distanciamiento en las relaciones internas de los habitantes, sumada a la desconfianza de funcionarios y de instituciones públicas (UARIV 2021) En general, en sus documentos publicados, la UARIV insiste que se ha avanzado significativamente en la reparación colectiva en el departamento. Por ejemplo, en una noticia publicada en su página titulada Durante el 2021 Unidad avanzó en la reparación integral de siete departamentos de los Llanos Orientales (2022) afirma que se presenta un balance positivo sobre el cumplimiento de las metas proyectadas para el 2021 y que estas metas incluyeron acciones enfocadas al goce efectivo de los derechos humanos de las víctimas. En los documentos resalta su papel y su liderazgo para adelantar en el departamento una reparación colectiva, material, moral y simbólica, con garantías de no repetición. Así mismo hace alusión a las cifras de inversión económica que se le ha proporcionado a la reparación colectiva.
En todo caso, en sus publicaciones indica que acompañó a las víctimas y a los sujetos de reparación colectiva y que en este acompañamiento implementó estrategias sociales para aportar a la recuperación emocional y fortalecer los lazos de confianza. Dentro de las estrategias menciona algunas como “Proyectándonos”, “CreSer”, “Vivificarte”, “Memorias reparadoras”, “Siembra” y “Másvalía” (UARIV, 2022)
Frente a las medidas de rehabilitación y satisfacción, la UARIV (2018) menciona que también han jugado un papel importante en materia de reparación integral. Por eso afirma que la Dirección Territorial ha garantizado el acceso a la medida de rehabilitación a 3.516 víctimas y en satisfacción a 7.648. En otra publicación, destaca su trabajo en torno a los retornos y reubicaciones de las víctimas, menciona que este trabajo se ha realizado bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad donde se han desarrollado diferentes iniciativas en 36 comunidades y 458 hogares, apoyándoles en el transporte de enseres y apoyo de sostenibilidad en su proceso (UARIV, 2018) Por último, en varios de sus documentos, la UARIV muestra que también ha implementado otras acciones como los proyectos de infraestructura (16 proyectos por 2.438 millones en 12 municipios); agropecuarios (seis proyectos con una inversión de 336 millones); ayuda humanitaria inmediata (956 hogares por valor de 1.212 millones); atención humanitaria (876.127, giros por 44.426 millones) y en el avance en la superación de la situación de vulnerabilidad (139.737 personas por el desplazamiento forzado) (UARIV,2021)
- Sobre el tercer punto, es decir sobre los documentos académicos, se encontraron 11
publicaciones. Estos se centran en analizar causas y consecuencias del conflicto en la región, el papel de los sujetos beneficiarios de la política y analizan la implementación de la reparación en algunos sujetos, especialmente los casos de El Dorado y El Castillo. Entre las publicaciones de la academia, se encontraron 6 publicaciones que analizan específicamente una de las medidas de reparación colectiva: la Estrategia entrelazando. Una estrategia que contempla la reconstrucción del tejido social a partir del fortalecimiento en la convivencia comunitaria. Estos textos como los de Romero Cabrejo, P. A., Vanegas Limas, A. K. (2020) sostienen que la estrategia entrelazando nace como respuesta del Estado para el goce efectivo de derechos. Según Ordoñez, Moncada, & Restrepo (2017) la Estrategia
Entrelazando busca contribuir a la moderación de los daños colectivos generados por el conflicto armado, entre ellos: a) la fragmentación de los liderazgos, de los procesos sociales, culturales, organizativos; b) la imposición del terror y la desconfianza como forma de relación ; c) Aislamiento generado por miedo, fracturas al apoyo y la solidaridad; d) Impone formas de control social y político que conllevan a la militarización de la vida civil; e) Afectación en la identidad cultural y colectiva: se transforman los referentes identitarios de las comunidades, se altera la percepción socialmente construida frente a ¿quiénes somos? Y se fragmenta la construcción social de un “nosotros” que nos identifica; f) Se presenta la resolución de conflictos a través de la violencia, y con la mediación de los grupos armados;
g) Alteración de los procesos de duelo y afrontamientos comunitarios; h) Alteración de los
valores sociales; i) Permanencia de imaginarios sociales de discriminación, exclusión, y estereotipos que permiten o fortalecen las prácticas de violencia. A la vez, en estos textos se señala la importancia de esta Estrategia Entrelazando pues se considera su gran importancia para reivindicar concepciones de paz territorial en los procesos de reparación colectiva y que posibilita la organización, participación sostenible y empoderamiento de las comunidades, así como la pertinencia de la reparación colectiva para la promoción de la reconciliación y cohesión del tejido social. Moncada, & Restrepo (2017) y Rojas, M., Rubio, S., & Solyzko, I. (2020) A pesar de esto, otros estudios mencionan que la Estrategia Entrelazando, fue un proceso que, al parecer, no atendió por completo las necesidades manifestadas por las y los tejedores en el caso de su investigación. Adicionalmente, indican que es fundamental reconocer que algunas de las acciones desarrolladas por los entrelazadores no fueron proporcionales con el daño que pretendían atender, por lo cual es un proceso que según algunas de las víctimas evidencia vacíos que se hacen más visibles con la cooptación de espacios de participación para víctimas en manos de la institucionalidad.
3. Año de publicación
Al analizar el año de las publicaciones sobre reparación colectiva en el departamento del Meta, se observa que las 65 publicaciones ocurrieron entre el 2008 y el 2022, de la siguiente manera:
Tabla 7: Año de publicación Año N° de textos
2022
5
2021
17
2020
11
2019
11
2018
11
2017
5
2015
3
2008
1
s. f
1
Total
65
Fuente: Elaboración propia Del total, la mayoría de los documentos fueron publicados entre el 2018 y el 2021; no obstante, el mayor número de publicaciones de los procesos de reparación colectiva fueron del año 2021, con un total de 17 publicaciones. Durante este año, se da el cierre del proceso de reparación colectiva de El Dorado, y otros reinician el proceso luego de ser truncados por falta de financiación. Por otro lado, según la UARIV (2021) se da el reconocimiento a nuevos sujetos de reparación colectiva como por ejemplo en Villavicencio. Sin embargo, frente a este caso no se tiene más información.
4. Grupo poblacional
Tabla 8: Grupo poblacional del Meta Grupo poblacional N° de textos Campesinos
44
Indígenas
18
Población no definida
Total
65
Fuente: Elaboración propia Del total de documentos, se encontraron 44 donde el sujeto de reparación son las comunidades campesinas; 18 donde son los indígenas el centro de atención y 3 documentos que abordan la reparación colectiva en el departamento del Meta en general pero no lo enfocan en algún sujeto en particular.
Los textos que retoman a las comunidades campesinas tratan sobre el conflicto y como ha reproducido y exacerbado el problema de la tierra y el territorio, con numerosas implicaciones sociales, políticas y económicas para las comunidades campesinas en la región, tal como lo describen ampliamente en su trabajo Alarcón Salamanca, J., Huffington Archbold, D., Mosquera Paniagua, D. C., & Bermúdez Aponte, D. C. (2017). En la misma línea Murcia Caicedo, L. F., Rondón Riaño, L. (2018) plantean que los territorios campesinos ha sido un escenario de disputa y confrontación y que los daños han sido diversos, siendo algunos de ellos de carácter colectivo. Estos autores sostienen que estos daños han afectado al conjunto de estas comunidades campesinas de la región puesto que son producto de historias de dolor, de persecución y exterminio; no obstante, en este mismo estudio, los autores registran una comunidad que resiste, con un fuerte sentido organizativo, político y de lucha, que actúa como un fuerte movimiento social en defensa del territorio (Murcia Caicedo, L. F., Rondón Riaño, L., 2018) Con respecto a las comunidades indígenas y étnicas, la UARIV (2021) menciona que se ha acompañado e impulsado la reparación colectiva en el departamento, y se avanzó significativamente durante el 2021. Muestra como por ejemplo el proceso de la comunidad del pueblo JIW, unas comunidades indígenas presentes en el municipio de Mesetas - Meta
5. El tema central objeto de atención de los textos
En general se observó que los 65 documentos tratan diversos temas relacionados con la fundamentación, el desarrollo y ejecución de la política, de los casos en particular, pero sobre todo de algunas características centrales de la política de reparación. Se encontró que varios autores como Murcia Caicedo, L. F., & Rondón Riaño, L. (2018); Cruz, A. L. & Díaz, O. J. (2019); Mellizo, W., & Cruz, A. (2020), hablan acerca de la importancia de la participación para la reparación colectiva. La participación, es entonces una tendencia al hablar de reparación colectiva. Esta participación, es denominada como participación política y como participación comunitaria. Algunos documentos afirman que la participación de las víctimas ha dado resultados, pues la experiencia de cada caso es diferencial.
El liderazgo es característico del departamento del Meta, y son estas personas quienes buscan una reparación colectiva e incentivan a la comunidad a una organización social. Es por medio del liderazgo como se generan nuevos escenarios, pues los procesos de Reparación colectiva transforman a las comunidades, tal como se menciona en la página de la UARIV (2021), en la nota “Tras un proceso de 8 años se da cierre del sujeto de reparación colectiva en El Dorado, Meta.” donde un líder de la comunidad de El Dorado afirma que el proceso de reparación colectiva transformó en un 90% a la población.
Por otro lado, las formas de organización de las víctimas en los procesos de reparación colectiva son diferenciales e importantes. Por medio de las cuales puedan no solamente puedan opinar sino en general, participar. Por ejemplo, El Comité de Impulso, el cual está pensado para plantear un diálogo que permita que las voces de las víctimas sean visibilizadas políticamente y en ello sus narraciones, sus relatos y, sobre todo, para que se reconstruya con
ellos la memoria de lo sucedido en torno de la búsqueda de la verdad, la reparación y la no repetición Cruz, A. L. & Díaz, O. J. (2019) Mientras tanto, referirse a los avances de la reparación colectiva es difícil para Rojas, M., Rubio, S., & Solyzko, I. (2020). Pues mencionan que son de difícil visualización. Tanto así, que en un documento los autores mencionan que la reparación colectiva realmente ha sido un proceso que ha sido captado por la rigidez y frialdad de una institución estatal como lo es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Varios autores, como por ejemplo Mellizo, W., & Cruz, A. (2020) y Rojas, M., Rubio, S., & Solyzko, I. (2020), Cruz, A. L. & Díaz, O. J. (2019), plantean las falencias y desaciertos que complejizan el cumplimiento de los procesos de reparación colectiva. Estas falencias se ven reflejadas en distintas relaciones, como lo pueden ser institución-victima, Estado-víctima, actores armados-víctimas, sociedad civil-víctima, donde entran en juego elementos legales, institucionales, organizacionales, sentimentales, físicos o de otra índole, que se juntan y mueven la balanza de los procesos de reparación por parte y parte (Estado – victimario – víctima - sociedad civil).
CAPÍTULO V: CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE REPARACIÓN
COLECTIVA
Este capítulo presenta los resultados del segundo objetivo. En tal sentido busca describir las características de los procesos de reparación colectiva que se vienen adelantado en el departamento del Meta a sujetos colectivos, víctimas del conflicto armado. Para ello, estos resultados se presentan en dos grandes ejes: en primer lugar, se describen las características de los sujetos de reparación colectiva, es decir, se responde a ¿quiénes son los sujetos beneficiarios de la política de reparación colectiva en el departamento? Y por ello se describe año de reconocimiento, tipo de sujetos; hechos victimizantes, actores responsables de los hechos victimizantes y daños. En segundo lugar, se describen los procesos de reparación de reparación colectiva, para esto se identifican y analiza el desarrollo de las (siete) fases en los diversos sujetos estudiados.
A continuación, presentamos los hallazgos en cada uno de los dos ejes:
1. Los sujetos de reparación colectiva en el Meta
Para el año 2018, en el departamento del Meta se habían reconocido a 21 sujetos de reparación colectiva (Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, 2018). De este número de sujetos se encontró información de 18 de ellos, de los cuales se presenta la caracterización alrededor de los siguientes aspectos: año de reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva, tipo de sujetos (comunidades, grupos u organizaciones), hechos victimizantes, actores responsables y daños y afectaciones a los sujetos de reparación colectiva.
Año de reconocimiento de los sujetos como beneficiarios de la política de reparación colectiva
El punto inicial en los procesos de reparación colectiva es el reconocimiento como sujeto de reparación por parte del Estado. Dado este paso, se procede a desarrollar las fases y la ruta de reparación. En los casos del departamento del Meta el reconocimiento se dio en los años mencionados en la siguiente tabla.
Tabla 9: Año de reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva Localización (municipio) Sujeto de reparación colectiva Año reconocimiento
El Dorado Municipio El Dorado
2013
Vista Hermosa Corregimiento de Piñalito
Vista Hermosa Vereda Puerto Lucas
2014
Vista Hermosa Vereda Palestina
Vista Hermosa Vereda Albania
Vista Hermosa Vereda Buenos Aires
El Castillo Municipio El castillo
2015
Mapiripan Municipio Mapiripan
Puerto Gaitán Vereda Alto Tillavá
Puerto Gaitán Vereda El Porvenir
Mesetas Resguardo Indígena Ondas del Cafre
Mesetas Resguardo Indígena Villa Lucia
Puerto Concordia Pueblo JIW Sin información
Lejanías Comunidad Indígena Emberá Chami Doquera
Lejanías Municipio Lejanías
San Juan de Arama Sin información
Villavicencio
San Martin
Caso 19
Caso 20
Caso 21
Fuente: Elaboración propia
Tal como lo muestra la Tabla No 9 el reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva en el departamento inicia en el año 2013. Los primeros sujetos fueron la comunidad del municipio de El Dorado y el corregimiento de Piñalito. En el año 2014 se reconocieron otros
cuatro sujetos de reparación en el municipio de Vista Hermosa en las veredas de Puerto Lucas, Palestina, Albania y Buenos Aires. Posteriormente, en el año siguiente, el 2015, se dio el reconocimiento de seis nuevos sujetos de reparación colectiva, lo que muestra un aumento del reconocimiento de sujetos de reparación durante este año: las comunidades reconocidas fueron el municipio de El Castillo, Mapiripán, la vereda Alto Tillavá, El Porvenir, y los resguardos indígenas NASA. En el caso de las comunidades indígenas de Ondas del Cafre y Villa Lucia si bien son reconocidos en el 2015, solo hasta el 2017 se les notificó. En una publicación la UARIV (2018) menciona que, en los municipios de Uribe y San Juan de Arama se adelantan procesos de reparación colectiva, por otro lado, en otros documentos de la misma UARIV se menciona que en Villavicencio también se están desarrollando procesos de reparación colectiva, lamentablemente, salvo esas referencias, no se encuentra más información de estos posibles casos.
En la misma tabla que examinamos pareciese que solo hasta el 2013 se inició el reconocimiento a los sujetos en el departamento, aunque la política de reparación colectiva arrancó unos años antes (2005 con la ley de justicia y paz), encontramos que solamente con la promulgación de la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios se potencia la aplicación de esta política. Por estos años, el departamento del Meta se encontraba en un proceso de transición sobre la manera de enfrentar la guerra y acercarse a la paz, tal como venía ocurriendo en el resto del país, se avizoraba otro panorama político, social, jurídico y cultural en el cual se reconocían a las víctimas, a sus derechos en el marco de otra forma de hacer justicia, la llamada justicia transicional.
En este contexto, la justicia se ha debatido entre, por un lado, los intentos de modernización para enfrentar de una mejor manera los problemas de criminalidad y violaciones a los Derechos Humanos asociados al conflicto y para circunscribir la guerra dentro de unos límites humanitarios y, por el otro lado, el resurgimiento de mecanismos de excepcionalidad jurídica que contrarrestan esta tendencia. Sin embargo, la tarea parece exceder las posibilidades del sistema de justicia, no solo por la masividad de las violaciones, sino por la imbricación entre lo legal con lo ilegal gestada en el marco de la continuidad del conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 226)
Como se menciona en el informe Basta Ya:
durante la última década asistimos a la implementación de un nuevo modelo de justicia orientado a la superación del conflicto: la justicia transicional. Por primera vez se intenta en el país un proceso de desmovilización colectiva bajo los estándares de verdad, justicia y reparación, en el cual el papel del sistema judicial adquiere una relevancia inusitada. Nunca como antes la justicia había tenido un papel tan determinante, no solo en la definición del éxito o fracaso de un proceso de esta naturaleza, sino también en su propia configuración. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 226)
Por último, la misma tabla muestra que después del 2017 no se han reconocido o iniciado nuevos procesos de reparación colectiva en el departamento.
Tipo de sujeto Tal como lo mencionamos en los referentes teóricos, los sujetos de reparación colectiva pueden ser grupos, comunidades u organizaciones. En el caso del Meta se encontraron tres tipos de tipos de sujetos de reparación, que se identifican en la siguiente gráfica: Grafica 2: Tipo de sujeto
Fuente: Elaboración propia
La gráfica muestra que el 100%, de los sujetos de reparación colectiva del departamento del Meta son comunidades. Estas comunidades han sido las más afectadas por el paso de la guerra en su territorio, hablamos de comunidades campesinas (8 casos) catalogadas en los Comunidades campesinas
53%
Comunidades indigenas
27%
Comunidades campesinas e indigenas
20%
Tipo de sujeto de reparación colectiva
procesos de reparación como comunidades no étnicas y comunidades o pueblos indígenas (4 casos). Y por último 3 casos de reparación colectiva que son reconocidos como comunidades campesinas e indígenas, pues en un primer momento fue su municipio el que se reconoció como sujeto de reparación colectiva y posterior a ello, estas comunidades se vieron en la necesidad de salir de él y dirigirse a otros lugares.
Hechos victimizantes según los sujetos de reparación colectiva
Fueron diversos los hechos victimizantes que sufrieron las comunidades campesinas e indígenas del departamento. Además de los hechos que se registran la Mesa Nacional de Víctimas y en la UARVI, en las propias comunidades se encontraron otros hechos victimizantes reconocidos por ellas. Estos hechos no solo fueron diversos sino numerosos y recurrentes y de ellos se adelanta un breve descripción y análisis en dos partes: una mirada general y una mirada por grupos poblaciones:
Respecto al análisis general de los hechos victimizantes encontramos que históricamente el Meta ha sido un departamento en el cual se han presentado dos hechos victimizantes complejos, sistemáticos y de enorme magnitud, mediante los cuales los actores armados han hecho presencia, han controlado el territorio, han destruido el tejido social, han involucrado a la población civil, todo ello como expresión de la degradación de la guerra y de la total vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario: estos son el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos. . Registro Único de Víctimas (RUV). (2019). De igual modo, se encontraron algunas particularidades cuando se revisa y analizan los hechos victimizantes por sujetos de reparación colectivas.
Efectivamente, el desplazamiento forzado ha sido la característica de la violencia generalizada en este territorio. Sus comunidades se han visto en la obligación o necesidad de irse de su territorio y llegar a otros, muchas veces desconocidos, con el fin de escapar de la
guerra. En la mayoría de los casos fue un desplazamiento forzado masivo, el hecho que afectó al mayor número de las comunidades campesinas e indígenas sujetos de reparación colectiva: once casos lo señalan, lo que afectó el tejido social de las comunidades. Según el Periódico del Meta, más de 239 mil víctimas de desplazamiento forzado dejó la violencia en este departamento (2020).
La magnitud del desplazamiento fue tan grande, que pueblos y comunidades enteras se vieron afectados, como tal es el caso de El Castillo, donde el desplazamiento forzado “primero fue silencioso e invisible y luego se convirtió en un fenómeno generalizado y, cuando menos, escandaloso, como lo demuestra la ocurrencia del vaciamiento de por lo menos 19 de sus veredas y cuatro de sus centros poblado” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 18). Este caso ilustra una realidad del Meta, que fracturó en sus comunidades, sus proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales y causó daños irreparables. En el informe del Centro Nacional de Memoria histórica- Pueblos arrasados, se menciona que este “desplazamiento duro” y el vaciamiento de pueblos se expresaron en procesos de desestructuración de sus relaciones sociales, económicas, culturales, familiares, políticas, ambientales, institucionales e identitarias. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 164). Varias de estas comunidades desplazadas se dirigieron a otros lugares, como por ejemplo a Villavicencio lo que generó transformaciones irreparables en las familias y en las comunidades, pues con el desplazamiento forzado de un medio rural a uno urbano, las personas y los grupos familiares perdieron la posibilidad de utilizar las habilidades que tenían en el campo para garantizar su sustento, con lo cual se afectó su autonomía y soberanía alimentaria.(…), en el medio urbano el acceso a los alimentos se encuentra subordinado a la generación de ingresos, lo cual representa un problema en cuanto la posibilidad de conseguir trabajo muchas veces depende del grado de educación formal que normalmente no es compatible con los perfiles de los campesinos (Garay, 2009 citado en Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 172)
De igual forma, los asesinatos selectivos fueron otros de los más dolorosos y persistentes hechos victimizantes que estremecieron a las comunidades del departamento. Muchos de
estos asesinatos se presentaron a líderes y lideresas sociales, convirtiéndose en asesinatos selectivos. Estos hechos ocasionaron un escenario de arrasamiento de veredas, municipio y pueblos, tanto es así que se afirma que fue una “estrategia de los actores armados para instalar el miedo en la población y sustraer al sujeto político de la esfera pública” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 197) Respecto al análisis de los hechos victimizantes por grupo poblacional sujeto de reparación, encontramos que, de manera diferenciada, es decir tipo de sujeto de reparación, comunidades campesinas o comunidades indígena, los hechos se presentaron según se aprecia en la siguiente grafica.
Grafica 3: Hechos victimizantes de las comunidades campesinas
Fuente: Elaboración propia
Hechos victimizantes en comunidades campesinas La descampesinización del Meta, ha sido uno de los objetivos de la violencia, pues sin campesinos, las tierras están disponibles para intereses particulares, el CNMH entiende el
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Cultivos Ilícitos Control del territorio Arrasamiento Despojo de tierras Reclutamiento Forzado Desaparición Forzada Desplazamiento Forzado Masacre Homicidio Hechos victimizantes de las comunidades campesinas
concepto de ‘descampesinización’ como el conjunto de prácticas que tienen como finalidad la marginalización negativa de la vida campesina y que producen un daño significativo. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 32). Por lo tanto, las comunidades campesinas sujetos de reparación colectiva fueron víctimas de asesinatos como uno de los principales horrores de la guerra. El asesinato a integrantes de las comunidades representaba un diario vivir en sus regiones y organizaciones, a tal punto, que se llegó cierta normalización con los horrores de la guerra. En uno de los testimonios se registra “en el caso de Vista Hermosa, tuvimos uno de los primeros alcaldes de la UP electos por voto popular, Julio Cañón López, quien fue asesinado en 1988 cuando regresaba al pueblo después de hacer unas diligencias en Villavicencio”, recordó Martínez de la Pava, un líder social y conocedor de la historia del llano. (PAX en Colombia, 2020, pág. 2).
Otro hecho devastador, fueron las masacres. Efectivamente los daños que causaron estos hechos afectaron las historias de las comunidades campesinas del departamento, o por los menos de aquellas que fueron seleccionadas como sujetos de reparación colectica. Fueron masacradas comunidades enteras, las víctimas, eran los pobladores, las familias, hombres, mujeres, niños y adolescentes, estudiantes e incluso grupos familiares enteros, quienes habitaban hace años sus territorios, sus veredas o cascos urbanos y que se conocían entre sí. Como, por ejemplo, la masacre en Puerto Concordia, donde “la mitad de las víctimas eran menores de edad y siete de ellas pertenecían a una sola familia. Los paramilitares se tomaron la vivienda en la que vivían y luego de retenerlos los asesinaron con tiros de gracia” (Rutas del Conflicto, 2019) Este hecho victimizante, no disgregaba por edad, ni género, ni etnia, ni círculo social, y su objeto era continuar con la guerra. Un caso doloroso, que marco la historia fue la masacre de Caño Sibao:
el 3 de junio de 1992 un grupo de paramilitares atacó un vehículo en el que se transportaban varios dirigentes políticos de la Unión Patriótica, UP, que viajaban de Villavicencio al municipio de El Castillo. A la altura de un lugar conocido como Caño Sibao, en Granada, los ‘paras’ dispararon contra el automóvil y le lanzaron varias
granadas asesinando a cinco de sus ocupantes y dejando a uno más gravemente herido (Rutas del Conflicto, 2019, pág. 1)
Hechos victimizantes en comunidades indígenas Por otro lado, el desplazamiento forzado es el principal hecho victimizante de las comunidades indígenas. Puso a esta comunidad “a la búsqueda de condiciones de protección, permanencia y sostenibilidad socioeconómica, sociopolítica, cultural y ecosistémico” (Maldonado & Cárdenas, 2018, pág. 44). Fractura su cultura ancestral y sus costumbres propias. Obligados a cambiar sus hábitos históricos, tal como lo menciona Manuel, el desplazamiento “los obliga a ser sedentarios, fenómeno que no pidieron y hoy se desplazan entre miseria y pobreza, con niños y adultos aquejados por enfermedades respiratorias y otras diarreicas” (EL TIEMPO, 2015) No obstante, el desplazamiento forzado a estas comunidades estuvo relacionado con el homicidio, el despojo de tierras, la masacre, la desaparición forzada y la pérdida de bienes o inmuebles a las comunidades indígenas. En sus territorios “se presentaron casos en los que se llevaban a los niños y niñas de las comunidades, llegaron las amenazas, las presiones, desplazamiento y finalmente el asesinato de líderes de la comunidad, teníamos miedo y temor por nuestras familias” (UARIV, 2018, pág. 1). Mencionó Bresna Sánchez Becoche, líder de una de las familias más grandes del asentamiento de Villa Lucía. Algunos de los hechos victimizantes se pueden ver en la siguiente gráfica:
Grafica 4: Hechos victimizantes de las comunidades indígenas
Fuente: Elaboración propia
Por actores responsables
En el departamento del Meta hicieron presencia todos los actores armados. Desde los paramilitares, las guerrillas, y la fuerza pública hasta bandas criminales y narcotraficantes. Estos actores se encargaron de arrasar, confinar, desplazar y en general destrozar a las comunidades, y con ellos generar sufrimiento en las mismas y sobre todo daño al proyecto de vida colectivo. En el Meta, la violencia ha sido histórica, pues inicio desde el periodo de la colonización, paso también por la guerra bipartidista y dio paso al conflicto armado. Como es el caso de El Dorado, donde según Mellizo y Cruz La colonización del Ariari, región donde se ubica el municipio El Dorado, fue producto de acciones tanto espontáneas como dirigidas. La colonización avanzó jalonada por empresas internacionales como Shell, Rubber, Union Oil of Nevada; por algunas compañías nacionales como el Incora o la Caja Agraria; también por colonos y
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Cultivos Ilícitos Control del territorio Arrasamiento Reclutamiento Forzado Perdida de bienes o inmuebles Desaparición Forzada Masacre Despojo de tierras Homicidio Desplazamiento Forzado Hechos victimizantes en las comunidades indigenas
terratenientes a través de la figura de la hacienda; así mismo, por la ocupación de las tierras por parte de los campesinos, por los desplazamientos de las Columnas de Marcha liderada por las guerrillas comunistas o por la presencia y la labor de la iglesia, pues el trabajo evangelizador de los padres jesuitas jugó un papel importante. Todos estos grupos y sectores, que progresivamente se instalaron en la región, fueron actores sociales que se transformaron en fuerzas 41 sociales y políticas que hicieron de la colonización una historia enormemente conflictiva. (2020, pág. 14)
Múltiples actores vieron el Meta como un territorio de disputa, e instauraron terror en él. Lo que desató una guerra por el control territorial, tanto en las zonas urbanas como rurales. Ahora bien, la presencia de estos actores armados no fue homogénea, el control de los territorios fue cambiando y se fue reconfigurando. Lo anterior ocurrió en varios municipios del departamento, como por ejemplo en Mapiripán, donde “hubo presencia histórica de las FARC, pero en los años recientes, fueron sitios de control paramilitar” (Gobernación del Meta, 2016, pág. 58) Como lo recuerdan habitantes de Piñalito: “durante la zona de distensión un guerrillero tenía una casa que convirtió en el sitio para llevar y descuartizar personas, cuyas partes desmembradas arrojaba al río Güejar desde el puente colgante, después de la zona de distensión, la casa quedó en manos de las autodefensas, a quienes el Ejército les entregaba las personas que los paramilitares descuartizaban y por partes arrojaban al río” (EL TIEMPO, 2019) Al mismo tiempo, su influencia era cambiante, y sus acciones también. En estos territorios manchados de sangre, se relacionaban actores que tenían un interés común y que ejercieron violencia en las comunidades, “estas formas de ejercer la violencia impactan también en sus decisiones e interacciones con las y los pobladores” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 341) En algunos casos, un actor armado establecía el dominio y control territorial de las comunidades. Como ocurrió en municipios como El Dorado y El Castillo. En otros casos, varios actores armados se encontraban en disputa por el territorio, ocasionando daños a las
comunidades que quedaba en medio de la guerra, como ocurrió en un colegio de Piñalito, donde en medio del fragor de los combates, los guerrilleros corrieron a ocultarse en el colegio y desde las afueras la fuerza pública lanzó granadas, dejando heridos. (EL TIEMPO, 2019) Y, por otro lado, ejercieron presión y actos atroces para intimidar a la comunidad y aterrorizar a sus pobladores, como lo ocurrido con la comunidad JIW, pues durante muchos años su territorio fue campo de dolor. Así como lo menciona un integrante de esta comunidad, el cual: “recalca que los ‘paras’ se ensañaron con campesinos y mestizos (...) y sus comunidades quedaron acorraladas porque no podían acercarse al río Guaviare. Las aguas, fuente de vida, pasaron a ser en esos años de horror depósito de cadáveres” (EL TIEMPO, 2015, pág. 1) En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, las comunidades fueron las víctimas que sufrieron el dolor y perdieron la guerra. Pero una vez más, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas padecieron ante actores diferentes, o en niveles de incidencia distintos.
Para ilustrar los actores inmersos en estas comunidades y su nivel de influencia y afectación, se realizó el siguiente mapa de actores.
Grafica 5: Actores en las comunidades
Fuente: Elaboración propia A partir del mapa, varios elementos llaman la atención de la presencia y la influencia de estos actores en las comunidades y en los sujetos. Como se había mencionado, todos los actores
estaban presentes en los territorios, pero su proceder, sus responsables y sus patrones de violencia eran diferentes Según (Cruz & Diaz, 2019), (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020), El periódico PAX, El Tiempo y del Meta, y más autores y fuentes: El Castillo era identificado con alta influencia de la guerrilla, principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército Popular - FARC-EP, quienes se mantenían en el territorio como el Bloque Oriental con el frente 31 y 26, al mando de Víctor Julio Suárez Rojas alias ‘El Mono Jojoy. También estaban la fuerza pública, con las Fuerzas Armadas Colombianas, quienes transitaban por el territorio con las unidades militares pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido- Fudra y la Fuerza Aérea Colombiana- FAC. Y actores como los narcotraficantes El Mexicano (Gonzalo Rodríguez Gacha), Fidel Castaño, y Víctor Carranza tenían cierto grado de prestigio en el territorio.
Mientras que, en El Dorado, según Mellizo & Cruz (2020), Ordoñez, Moncada, & Restrepo (2017), Alarcón & Huffington (2017) predominaron los paramilitares con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC al mando de Miguel Arroyabe y las Cooperativas de Vigilancia- CONVIVIR. También grupos como los Pájaros y los Chulavitas, financiados por narcotraficantes. Y grupos de autodefensas locales, como la Autodefensa de El Dorado, o los Mano Negra o Serpientes Negras creados por terratenientes de la región. También bandas criminales BACRIM que eran más comunes en las zonas urbanas.
De modo similar, pasaba con las comunidades indígenas, sólo que, en ellas, personajes como Personajes Daniel Rendón, Manuel de Jesús Pirabán, Daniel ‘El loco’ Barrera y Miguel Arroyabe y otros narcotraficantes eran los encargados de sembrar el miedo. También los paramilitares estaban presentes con el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia ERPAC, quienes marcaron la historia del Pueblo JIW. Guerrillas como las Fuerzas
Armadas Revolucionarias-Ejército Popular FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Adicional, afirman que en Puerto Concordia y en Mapiripán, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o más conocidos como El Clan Úsuga o El Clan del Golfo, quienes mantenían contacto con otros grupos armados en la zona, repartiéndose por frentes los lugares fundamentales.
Piñalito por su lado, estaba en un lugar estratégico para los actores armados, lo que ocasionó que todos estos actores mantuvieran presencia en sus comunidades, sin embargo, se destaca la presencia de las Autodefensas Campesinas de Casanare lideradas por Martin Llanos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército Popular- FARC-EP con el frente 27. Esta dinámica, fue compleja y conflictiva pues mientras las Guerrillas estaban asentadas en el pueblo y comercializaban con coca, los narcotraficantes iban hasta la zona por el producto. Es importante agregar, que tanto las comunidades campesinas como las indígenas tienen algo en común, y es que estas comunidades quedaron impactadas por los hechos violentos producto de las incursiones armadas, tienen lesiones en su tejido social, pues los actores armados las usaron como botín de guerra.
Los patrones de violencia, las intensidades y lógicas de los actores armados son diferenciados. Por un lado, según el Centro de memoria histórica (s.f), en su informe Características, dimensiones y modalidades de violencia en el conflicto armado colombiano menciona que:
Los paramilitares casi siempre atentaron contra la integridad de las personas. Prueba de ello es que el 38% de los asesinatos selectivos se les pueden atribuir a estos grupos, así como 59% por ciento de las masacres cometidas en el conflicto. Las masacres fueron el método predilecto de los grupos paramilitares para irrumpir en una zona, y empezar allí a ejercer un control que casi siempre estuvo acompañado de asesinatos selectivos, desapariciones y despojos. (Centro de memoria histórica. (s.f.). Características, dimensiones y modalidades de violencia en el conflicto armado interno)
Como ocurrió en Piñalito, donde el 22 de febrero de 1988, un grupo de hombres armados irrumpió en la gallera del pueblo masacrando a 17 personas, entre ellas mujeres y niños.
En cambio, [la guerrilla], acudió sobre todo a los secuestros, los ataques a los pueblos y la infraestructura, el daño a los bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, el uso de minas antipersona y en general el asedio a la población. En los últimos 25 años se han documentado más de cinco mil ataques o afectaciones a bienes civiles, tanto públicos como privados. Escuelas, centros de salud, carreteras, fincas, transportes, comercios, empresas, han sido destruidas. La responsabilidad en el 84,1% de los casos ha sido de la guerrilla (...) Pero quizá la marca de la guerrilla, por lo que la sociedad se ha levantado contra ella, es el secuestro. (Centro de memoria histórica. (s.f.). Características, dimensiones y modalidades de violencia en el conflicto armado interno) Por ejemplo, en el Dorado, “la guerrilla no logró tomarse el pueblo, pero atemorizó a sus habitantes y se llevó 13.000 cabezas de ganado'', asegura el exalcalde Freddy Diaz. (UARIV, 2021, pág. 1)
Pero la violencia fue arma de todos los actores, el papel de miembros de la fuerza pública en la victimización de civiles es condenable e inquietante, pues se presume su participación en 158 masacres y 2.300 asesinatos selectivos (10% del total). Muchos de estos casos se presentaron como bajas en combate cuando fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales, otros fueron perpetrados como retaliación por una acción guerrillera y unos más por las mentalidades profundamente ideologizadas de los implicados de que sólo se podía derrotar a la guerrilla si se golpeaba a la población civil. (Centro de memoria histórica. (s.f.) en Características, dimensiones y modalidades de violencia en el conflicto armado interno. Pensamiento Colombiano)
Algo similar ocurrió en Piñalito, donde la fuerza pública victimizó y estigmatizó a campesinos de la comunidad, acabó con su vida de por presentar resultados. Sobre este caso, así lo relata una víctima en EL TIEMPO: A los pocos días de su desaparición vi una noticia por televisión que me generó rabia, mucha preocupación y miedo, quería esconderme. La información la entregó un militar cuyo nombre y rango no recuerdo. Lo que sí tengo claro es lo que dijo: “En Villavicencio fue capturado un auxiliar de la guerrilla llamado Jorge Enrique Hurtado Riveros, alias ‘Quique’, de profesión taxista”.
Concluí que el Ejército lo tenía. Fui a la Brigada (...) Allí me atendió un militar con un despotismo horrible. Le mostré la foto de mi esposo y me hizo señas de que no lo conocía. Me dijo siéntese y me indagó como si yo fuera una sospechosa de quién sabe qué. Luego me pidió que le describiera qué hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Cuando terminé el relato bajó la pierna, aplaudió y en un tono irónico me dijo: “excelente la vida de ese hombre, pero no lo he visto, no lo conozco”.
Por daños colectivos y afectaciones a los sujetos de reparación
El conflicto colombiano marcó a las comunidades, hechos victimizantes se encargaron de destrozar los lazos comunitarios, a las familias y a los sujetos. La intención en los siguientes párrafos es indicar los daños y afectaciones que han tenido los sujetos de reparación. El impacto que tuvo y el significado para las comunidades. En la gráfica #5 se pueden ver como las comunidades han sufrido daños diferenciados. Pero estos daños colectivos han ido de la mano con el dolor y el sufrimiento de las comunidades. Los daños presentados a continuación, son resultado del análisis y su sistematicidad responde a lo expre6ado periódicamente en los documentos.
Grafica 5: Daños a los sujetos de reparación colectiva
Fuente: Elaboración propia Frente a los daños morales, Carlos Alberto Ghersi afirma que son definidos como “toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir” (citado por Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 268).
Adicional los daños morales son el resultado del menoscabo de valores significativos para las personas y las comunidades, pues muchos de los actos violentos buscan, en efecto, degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar los valores más íntimos que sustentan la identidad colectiva (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 268)
Como por ejemplo “los estigmas y señalamientos también han sido colectivos, es decir, han afectado a pueblos y comunidades enteras. Sus agresores los han calificado como guerrilleros o colaboradores de los paramilitares o del Ejército.” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 270). Casos que se presentaron en los sujetos de reparación colectiva y que se retomarán más adelante.
Acerca de los daños emocionales y psicológicos. Estos daños o “impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física; las pérdidas
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Daños morales Daños emocionales y psicologicos Daños Politicos Daños socioculturales Daños a los sujetos de reparacion colectiva Comunidades campesinas Comunidades indigenas
económicas generan inestabilidad emocional; los impactos colectivos y el daño a las redes sociales y comunitarias afectan las capacidades y posibilidades individuales” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 260).
Los daños políticos, hacen referencia a la dimensión política como sujetos y como víctimas. La guerra transforma la condición política, impactando en las comunidades. Este cambio no es estático y “es típico de nuestra cultura política, crea cierta demagogia de esperanza y cambio, pero luego la tozuda realidad las desvanece”. (De Zubiria, 2015). Respecto a los daños socioculturales, estos Se refieren a las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales. Las agresiones incluyen la vulneración de las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades. Estos daños, que afectan colectivamente a las comunidades, son consecuencia de la prohibición explícita o del impedimento y las dificultades que experimentaron las personas y las comunidades para mantener sus relaciones, vínculos e intercambios, con los cuales participaban de la construcción de la identidad grupal y colectiva (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 272)
El conjunto de los daños psicosociales afecta significativamente a las comunidades, que causa desestructuración familiar por pérdidas familiares, cambios en las dinámicas y relaciones familiares, aumento, agudización o aparición de expresiones de la violencia en el ámbito familiar, entre otros.
Las afectaciones del conflicto colombiano se evidencian en sus comunidades, tanto campesinas como indígenas. Estas comunidades fueron impactadas desde todos los puntos de vista. Todas sufrieron daños morales, emocionales y psicológicos, políticos y socioculturales. Puesto que, la guerra se encargó de destruir a cada persona y a cada comunidad. Además, hechos de violencia como las masacres, las torturas, la violencia sexual y las desapariciones forzadas son claros ejemplos de experiencias traumáticas, las cuales suelen “destrozar los sistemas normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 267)
En el caso de las comunidades campesinas, el municipio Castillo fue testigo de este horror. Como lo menciona Rojas, Rubio, & Solyzko, en el año 2000 fue arrasado el pueblo con 22 cilindros bomba. Destruyendo el hospital, el banco, el jardín infantil, la escuela, la casa de la cultura y dos manzanas a la redonda de viviendas; fueron parcialmente destruidas cinco cuadras y muchas viviendas averiadas en todo el casco urbano. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 30) Este caso, evidenció la magnitud de la guerra, que, si bien atacó un bien material, este ataque repercutió en la comunidad, destrozando sus lazos. Pero también “han generado la pérdida de tradiciones, como los juegos y las manifestaciones artísticas; ha roto el tejido social y ha fracturado las dinámicas de intercambio en la región”. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 35).
Las atrocidades del conflicto dejaron múltiples daños en esta comunidad, y deben ser vistos más allá del daño material, puesto que involucran también el deterioro de ciclos y dinámicas productivas (...) La destrucción de proyectos comunitarios, agrícolas, de producción y comercialización local [afectan], y es sin duda, uno de los mayores impactos de la guerra, e implica además de un daño económico, un duro golpe moral, pues se afectan labores con las cuales sus pobladores se sienten orgullosos, en los que despliegan sus habilidades y conocimientos y que garantizan el sustento diario. Su destrucción causa sentimientos de impotencia, inestabilidad, escepticismo y desesperanza. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág.
275)
Simultáneamente, en las comunidades indígenas se presentó la pérdida de acceso a sus lugares sagrados, la falta de seguridad alimentaria y de capacidad de autoabastecimiento debido a la implantación de cultivos de uso ilícito, en el caso del Pueblo JIW. Mientras que las comunidades indígenas Nasa vivieron momentos en los que “se llevaban a los niños y niñas de las comunidades, llegaron las amenazas, las presiones, desplazamiento y finalmente el asesinato de líderes de la comunidad, teníamos miedo y temor por nuestras familias”.
Para esta comunidad, los daños se expresaron colectivamente y en el territorio, puesto que “el territorio es la base de su existencia como sujetos colectivos. En él se expresan las relaciones
productivas, espirituales, simbólicas y culturales que constituyen sus maneras particulares de acceder, conocer, ser y existir en el mundo”. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 279). Estas situaciones causaron “profundos impactos emocionales sobre las víctimas y han menoscabado sus recursos psicológicos [morales, políticos y culturales]. En muchas ocasiones no cuentan con las capacidades de respuesta necesarias para afrontar, asumir, explicar y sobrevivir a experiencias marcadas por el horror, la indefensión y la humillación (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 260) Según Alarcón y Huffington:
Entender que los hechos y daños en ocasión al conflicto armado en la región del Alto Ariari es una radiografía de lo que pasa a nivel nacional y como la ausencia del Estado ha permitido que siga reproduciendo los repertorios de la violencia en el país. Los daños colectivos derivados del problema de la tierra y el territorio se relacionan, en primer lugar, con el uso y tenencia de la tierra. De allí, deriva la influencia de la economía extractivista, los cultivos ilícitos y la ganadería extensiva, en tanto, agudizaron las condiciones de pobreza de estos municipios, implantaron un modelo de desarrollo depredador que contribuyó a los procesos de descampesinización de estas comunidades. Pero también, han generado consecuencias medio ambientales muy preocupantes. (Alarcón & Huffington, 2017, pág. 105)
2. Los procesos de reparación colectiva en el Departamento
En esta parte se presentan resultados de los procesos de reparación colectiva adelantados en el Departamento. Como el título lo indica, se describe y analiza la ejecución en sus fases y medidas.
Sabemos que las fases de la reparación colectiva son 6: reconocimiento, alistamiento, diagnóstico del daño, implementación, evaluación y cierre. Es compromiso del Estado es el cumplimento de la implementación de la política en todas sus fases, para que las víctimas puedan avanzar en garantizar el derecho a la reparación colectiva de las comunidades. Presentamos a continuación como se dieron ad de este proceso y la particularidad en cada caso.
Encontramos que, a pesar de las coincidencias, cada proceso de reparación colectiva es diferente, y atiende diferencialmente a las particularidades de cada comunidad, o por lo menos, ello busca; así mismo, impactaron a las comunidades de forma diferencial. En algunos casos los procesos de reparación colectiva han contribuido a la reconciliación, al reconocimiento y al perdón, mientras que, en otros, ha generado revictimización, juzgamiento y silencio.
A continuación, se encuentra la gráfica que agrupa los procesos de reparación colectiva en el Meta y la fase en la que se encuentran según la revisión documental. Grafica 7: Procesos de reparación colectiva y sus fases
Fase: Elaboración propia Del mismo modo, las fases que se han desarrollado en cada caso se van ejecutando de acuerdo con los tiempos y dinámicas de los actores relacionados en si, como, por ejemplo, de los casos retomados para esta investigación el único municipio sujeto de reparación colectiva que ha culminado con su proceso, y que dio el cierre en el año 2019, fue el municipio de El Dorado. Su cierre
se da luego de haberse ejecutado diferentes acciones encaminadas a cumplir el goce efectivo de los derechos de este municipio, que sufrió de manera el conflicto armado, ocasionando hechos victimizantes, la fractura de los lazos de confianza en el Estado y el progreso de esta comunidad (UARIV, 2021)
Cabe aclarar, que esta perspectiva es retomada de la UARIV, la cual, es una de las instituciones encargadas de la reparación colectiva.
A diferencia de El Dorado, la experiencia en el Castillo cambia, pues la comunidad decidió no seguir con el proceso de reparación por situaciones complejas. Si bien se adelantó el proceso de reparación colectiva:
En la fase de alistamiento de plan de reparación e identificación de los daños, la comunidad tuvo diferencias con la UARIV debido a la falta de rigurosidad y se ha visto como un proceso estancado, ya que no se ha cumplido con los tiempos, ni tampoco se ha “avanzado en el establecimiento de medidas efectivas de reparación colectiva, generando una acción con daño o re victimización dado por las formas judiciales, administrativas y de toma de decisiones de la Unidad de Víctimas (contratación de operadores logísticos y manejo de recursos), lo que ha provocado un alto grado de inconformidad, pérdida de confianza en el Estado y desgaste en los diversos sujetos de reparación colectiva. (Mesa de Coordinación de sujetos de acción colectiva, 2018)
Los dos casos anteriores, son el claro ejemplo de cómo la reparación colectiva impacta en las comunidades, pero este puede ser de forma negativa o positiva, puede ser transformadora o, por el contrario, violenta.
Ahora, revisemos la experiencia de las veredas de Puerto Lucas, Palestina, Albania y Buenos Aires, estas comunidades llegaron a la fase del diagnóstico del daño, sin embargo, según la información recogida y analizada estos procesos se encuentran estancados por falta de financiación. Esto representa un problema, puesto que la esperanza de estas veredas está presente. En la actualidad, estas comunidades están esperando la reactivación de la ruta. Ahora bien, esta situación es mencionada nuevamente en el Periódico EL TIEMPO, el 09 de abril 2021, en donde se menciona que se encontraron irregularidades financieras para la atención y reparación a víctimas.
Se puede hablar entonces, de la ley o las leyes desfinanciadas. Además, menciona que, en términos generales, los decretos y leyes étnicos están desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10 por ciento estaba en proceso de implementación y ninguno había terminado el proceso. Pero, además, de acuerdo con el contralor delegado para el posconflicto, se calculó que el valor requerido para la implementación de los planes de reparación colectiva para estos sujetos era de $1,6 billones. (EL TIEMPO,2021). Por otro lado, Semana Rural consultó a la UARIV acerca del proceso y “explicó que se encuentra en reformulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, pues debió ser ajustado para aclarar el alcance real y efectivo de la reparación en el corregimiento” (Semana Rural, 2018). Finalmente, la UARIV lideró reactivación de la ruta de reparación colectiva de estas cuatro veredas.
Pero esta situación es preocupante, pues son comunidades que tienen su proceso de reparación colectiva en espera, son procesos incompletos y que les falta un elemento importante: la financiación. Este elemento económico es fundamental para seguir con la implementación del plan y así desarrollar el proceso.
Por otro lado, el proceso de reparación colectiva del corregimiento de Piñalito se encuentra en reformulación del plan. En su inicio, la UARIV informó que “el plan de Reparación Colectiva formulado por el Comité de Reparación Colectiva ya fue aprobado y que están esperando la apropiación de los recursos para empezar a ejecutarlo, el cual beneficiará no solo a las 350 familias que viven en el caserío sino a las 45 veredas de ese sector de Vista Hermosa”. (El TIEMPO, 2019) Frente a los resguardos indígenas, en el caso de Ondas del Cafre y Villa Lucia se adelantaba el diagnóstico del daño.
Por su parte, la UARIV llevó a cabo durante siete días, dos jornadas de alistamiento comunitario con los resguardos Nasa, de Ondas del Cafre y Villa Lucía (…), luego de aprobado el
documento de caracterización, en el que se identificaron los daños que sufrió cada una de las comunidades y las afectaciones a los planes de vida y planes de etnodesarrollo, quedó en firme que en el resguardo de Ondas del Cafre se desarrollarán proyectos productivos comunitarios, construcción de infraestructuras comunitarias para pueblos y comunidades étnicas, fortalecimiento de gobierno propio y de identidad cultural, lo que tendrá un valor superior a los $446 millones. (UARIV, 2021)
La participación de estas comunidades en todas las fases es de gran importancia, pues son ellos mismos quienes establecen los mínimos de reparación. En estos casos, la financiación vuelve a tomar debate, como factor de apoyo a las comunidades para la apropiación y uso de sus territorios, proyectos comunitarios, planes de etnodesarrollo, entre otros. La pertinencia de estos procesos es que se cumplan para no llegar a la revictimización de las comunidades. Mientras tanto, el director territorial de Meta y Llanos Orientales de la Unidad destacó que la Unidad tiene como meta la protocolización del PIRC para mitad de año 2021 y a finales iniciar la fase de implementación.
Acerca del municipio de Mapiripán, solo hay reporte de la fase de diagnóstico del daño, pese a ello, “aprobaron documento de diagnóstico del daño que se constituye en el insumo para la elaboración en la vigencia 2019 del Plan Integral de Reparación Colectiva” (UARIV, 2018). Las veredas Alto Tillavá y El Porvenir se encontraban en la fase de registro para el 2016. Se desarrollaron reuniones de manera virtual con la comunidad de Alto Tillavá, para avanzar en la conformación del comité de impulso y presentar a los miembros del colectivo (UARIV, 2020). Mientras que la vereda El Porvenir “se encuentra en fase de alistamiento en la cual se planea y conciertan el desarrollo de la consulta previa, asegurando la formación e intercambio de saberes, la formación en derecho propio y la apropiación de los decretos Ley” Además, se realizó la aprobación del concepto de seguridad del municipio, para dar continuidad a la actualización al Plan de Retornos y Reubicaciones. La comunidad de puerto concordia, no reporta año, pero también menciona que estaba la fase de registro. La comunidad JIW, realizó una demanda de la cual se espera que “con esta demanda, la Unidad de Restitución de Tierras, pretende que se finalice el proceso
de ampliación y saneamiento del resguardo; el diseño e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC); el diseño y la puesta en marcha de programas de fortalecimiento del gobierno propio y gobernabilidad indígena” (EL TIEMPO, 2015) Por último, las comunidades de Lejanías no reportan más avances en el proceso de reparación colectiva luego del reconocimiento. Estas inconsistencias responden a falta de información que no fue encontrada en la búsqueda de documentos, lo que muestra la poca visibilización o documentación de los procesos de reparación colectiva o a la dificultad para acceder a esta información.
CAPÍTULO VI: LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS PROCESOS DE
REPARACIÓN COLECTIVA
En este capítulo de resultados del objetivo específico 3, se identifican los aportes de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz en el departamento del Meta. Se parte de reconocer 1) la vocación transformadora de los procesos de reparación colectiva dado que como lo sostienen Díaz, Sánchez, & Uprimmy Las reparaciones con vocación transformadora”: se tratan en esencia de mirar a las reparaciones no sólo como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia. (2009)
2) el potencial de reconocimiento y dignificación de la reparación colectiva de las
organizaciones sociales y políticas, grupos y comunidades que han sufrido un daño colectivo y que se traduce en …la recuperación psicosocial, la inclusión ciudadana, la reconstrucción del tejido social, la devolución de la confianza en el Estado, así como la recuperación y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, pág.9)
En razón a estos dos elementos, se considera que el aporte de la reparación colectiva a la construcción de paz está estrechamente relacionado con varios ejes: la reconstrucción de memoria histórica, la organización social, los ejercicios de resistencia, el reconocimiento como sujetos de derechos, la formación en derechos humanos y la existencia de territorios transformados. Los resultados se organizan y presentan a continuación en estos ejes:
1. Permite reconocer a las comunidades victimizadas como sujetos de derechos
Tal como lo menciona Mellizo, la reparación colectiva, es un proceso y por tanto “aparece como un lugar de agencia orientado a rehacer el tejido y las relaciones rotas, un lugar desde el cual diseñar formas mediante las cuales diversos colectivos humanos (...) usual e históricamente excluidos, perseguidos y discriminados, sean reconocidos y reparados” (2020, pág. 3). Pero este reconocimiento cobra gran importancia en los casos de reparación colectiva del departamento. Un reconocimiento a las comunidades de los 21 casos, o por lo menos, de los que aparece amplia información. El reconocimiento como víctimas, como sujetos colectivos, y sobre todo como sujetos de derechos. Un reconocimiento que de cierto modo es histórico y social luego de tanto daño y estigmatización recibida. Este reconocimiento h ayudado de cierta forma, a fortalecer la capacidad de afrontar y de transformar la realidad de las comunidades campesinas e indígenas víctimas del Meta. Tanto en los documentos de la UARIV como en la prensa, se encontró que los procesos de reparación colectiva en el departamento vienen aportando a este reconocimiento de comunidades victimizadas.
Es un aporte pues viene permitiendo la apropiación con la que estas víctimas entienden su historia, a sí mismas como comunidades y sus luchas. En tal sentid, a reparación también ha permitido a las comunidades ir más allá y comprenden su propio poder de cambio como es el caso de El Castillo. Los documentos académicos muestran como estas comunidades se reconocen, así como “semilla de una nueva historia” (Cruz & Diaz, 2019, pág. 24), una historia que necesita ser cambiada, y los procesos de reparación contribuyen a facilitar que las comunidades construyan y se reconstruyan con base a los esfuerzos de ellas mismas.
Por otro lado, el aporte de la reparación al reconocimiento de las comunidades campesinas permite ampliar su capacidad de transformar su realidad, como por ejemplo en e caso de la comunidad de Vista Hermosa donde la comunidad se reconoce como “constructores de paz y como víctimas resilientes” (Periódico PAX, 2022)
En este camino, los documentos constatan que la reparación colectiva ayuda a que las comunidades trasciendan su lugar de víctimas pasivas, para ello mediante las actividades abren espacios de diálogo entre ellos y otros actores, a su interior, con el Estad, pues ahí, es
donde se reconoce al otro y a si mismo, teniendo en cuenta que la experiencia de la violencia ha sido dolorosa, pero en él, es importante escuchar, narrar y contar la verdad de lo ocurrido.
2. Fortalece la formación Política de las comunidades
Algunos de los sujetos de reparación colectiva del departamento han dejado el miedo atrás y en la actualidad, están convencidos de que son ellos mismos los que tendrán que tomar acciones para que en sus territorios exista paz (El Dorado es uno de esos casos). Una de estas acciones que ha contribuido fueron los espacios de formación política, ellos ayudaron a la exigibilidad de sus derechos. Esta formación política fue desarrollada por la UARIV y las otras organizaciones o instituciones quienes ejecutan las actividades de diagnóstico del daño la implementación de la ruta de reparación integral. La formación en la estrategia entrelazando y en el componente de pedagogía social contribuyó a que las comunidades desarrollaran herramientas para replicar lo aprendido en diferentes lugares. En muchas comunidades aún existe el estigma, sin embargo, la formación les permite politizar sus espacios y avanzar en la construcción de organización, proyectos, de las juntas de acción comunal en sus territorios. La formación política les permite a las comunidades reconocer sus derechos de cara a lo vivido.
3. Posibilita la reconstrucción de memoria histórica
El conflicto ha dejado una huella en las comunidades de Vista Hermosa, Mapiripan, Mesetas o Puerto Gaitán, pero el olvido jamás hará parte de su historia. Ante ello, la medida de transformación de escenarios que forma parte de la reparación colectiva ayuda a recordar qué paso, a reconstruir y conmemorar su pasado para nunca repetirlo. Un ejemplo claro, fueron las acciones que se llevaron a cabo en Piñalito, en donde la comunidad entregó a la Comisión de la Verdad un libro que relata lo sucedido en el territorio en el marco del
conflicto armado o el Día del mercado en el Dorado para reconstruir la confianza entre pobladores que la guerra había dañado.
En estas comunidades campesinas, los ejercicios de memoria fueron constantes en los planes de reparación. En el Castillo, el comité de memoria, aunque al margen de la política de reparación de la cual tiene grandes críticas: “ha venido adelantando acciones de memoria y reconocimiento de las acciones desarrolladas por los diferentes grupos armados que tuvieron presencia a lo largo de estas tres décadas” (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 34). Pero, además, ha construido un calendario de las víctimas, Calendario que a 2017 cuenta cerca de 400 personas asesinadas y desaparecidas” (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 31). Adicional, en el caso de Vista Hermosa, la comunidad retomo un sitio histórico, y lo transformó para conmemorar. El cual “fue el puente colgante sobre el río Güejar, que, adornado con flores, imágenes, textos, herramientas y vehículos de transporte, que llamaron museografía, resumen la historia de barbarie que sufrió Piñalito.” (El TIEMPO, 2019, pág. 5)
Por otro lado, las comunidades indígenas también han realizado jornadas de reconstrucción de memoria. Los indígenas Nasa realizaron una etapa de recordar lo vivido, lo que resultó además como motivo para que la comunidad se “empoderara en la defensa de los derechos” (UARIV, 2018)
Estas acciones conllevan a un “deseo comunitario de recuperar su identidad indígena, su determinación es ser reconocidos como un territorio de paz y reconciliación que además se proyecta productivamente con la apuesta por el café como una forma de relacionamiento y pervivencia” (UARIV, 2018)
4. Potencia los procesos de organización social y comunitaria
El proceso de reparación colectiva permitió que las comunidades se dieran la posibilidad de organizarse. Luego del proceso de reparación colectiva, la comunidad de El Castillo por iniciativa propia conformó de manera independiente un comité de la memoria, integrado especialmente por personas de las veredas altas del municipio y de los casos urbanos de Medellín del Ariari y de Puerto Esperanza.
Adicional, se fortalecieron las Juntas de acción comunal ya existentes, y se crearon las mismas en territorios en los cuales el miedo no les permitía ejercer acciones políticas y organizativas. La organización social les permite una apropiación de su territorio, y realizar actividades que involucren a toda la comunidad. Pues si la comunidad está organizada se pueden trabajar temas en pro de esta y que sea de interés de todas y todos. Desde la experiencia, las comunidades que han empezado a tener una organización social han mejorado sus condiciones y se unen para fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Por último, la organización social les permite relacionarse con otras comunidades que también estén organizadas, y afianzando las relaciones en todo el departamento.
5. Contribuye y se articula a los ejercicios de resistencias de las comunidades
Tanto las comunidades campesinas como indígenas tienen la capacidad de resistir. Sus historias se convierten en resistencias, conmemorando la dignidad de sus comunidades y son ejemplo de resistencia dentro del contexto político actual del país. (Cruz & Diaz, 2019,
pág. 24). Gracias a esta resistencia, las comunidades han sobrepasado barreras en sus contextos, y transformado su realidad. Como el caso de Piñalito, donde una integrante de la comunidad afirma que Piñalito es un paraíso terrenal a pesar del conflicto que vivimos. Acá he estado, he resistido todos los hechos del conflicto y no hay mejor vividero, a pesar de todo. Ahora gozamos de tranquilidad, de una paz, porque no escuchamos las balas ni tenemos esa zozobra de antes. Aún falta una paz verdadera: porque no hay paz con hambre, sin educación, sin salud, sin trabajo, sin oportunidades”, afirma convencida Gloria. (Periódico PAX, 2020, pág. 5)
Pero, además, estas comunidades añoran la paz. Desear la paz es también resistencia ante una guerra presente, dominante e imponente. Los sujetos de reparación colectiva quieren que haya paz.
En términos generales, los ejercicios de resistencia parten por ciertas preguntas reflexivas, como, por ejemplo: ¿Cómo viven las comunidades sujetas de reparación colectiva? o ¿Qué significa ser sujeto de reparación colectiva en un escenario de transición política y construcción de paz? Estas comunidades tienen propuestas para alcanzar la paz en los territorios, y a pesar de la violencia o de la revictimización que se de en los mismos, las comunidades siguen resistiendo a la guerra.
6. Promueve la transformación de escenarios de horror
En los territorios del Meta, el impacto de la guerra dejó marcadas familias, generaciones, tierras completas. Sin embargo, las comunidades han puesto en marcha estrategias de cambio a partir de los procesos de reparación colectiva. Como por ejemplo en Piñalito donde:
Gloria dice que a sus nietos siempre les contará lo bonito que es vivir en Piñalito y sembrarles ese amor que ella siente por esa tierra por la que ha resistido la infamia de la guerra. “Les diría que Piñalito fue un territorio de prosperidad, con momentos de guerra y tensión, pero que de manos de ellos está el cambiar la historia. Son ellos, las próximas generaciones, quienes tienen que cambiar ese pensamiento individualista y unirse, con los otros y ser uno solo, ante el dolor, ante la alegría, ante todo. Solo así seguiremos superando un capítulo oscuro de nuestra historia”. (Periódico PAX, 2020, pág. 6)
O en el Dorado y el Castillo, donde se han recuperado prácticas comunitarias que buscan “la transformación de escenarios locales, la reflexión sobre imaginarios colectivos, posibilitar espacios de duelos colectivos y la construcción de pedagogía social”. (Romero & Vanegas, Reparación colectiva y construcción de paz en comunidades campesinas de Cundinamarca y Meta: los aportes de la Estrategia Entrelazando, 2020, pág. 14) Pero esto va más allá, en estos territorios transformados se evidencia su cambio. Como muestra: El Castillo, municipio el cual Nos podrá mostrar todas las fortalezas, empeño, resistencia, organización y nivel de pertenencia que tiene su población para reconstruirse desde las cenizas como el ave fénix. Hoy la tierra arrasada se levanta, cultiva y da frutos de esperanza. Son muestra de un ejercicio organizativo y autogestionado. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág.
37)
Los territorios de estas comunidades han visto cambios en el mismo, en sus familias, en los integrantes de toda la comunidad. Si bien tienen una tarea clara, la cual es la construcción de paz, lo articulan con su diario vivir para seguir transformando sus contextos, pues saben que desde el reconocimiento pueden ejercer derechos que antes les negaban.
CAPÍTULO VII: OBSTÁCULOS PARA LA REPARACIÓN, RETOS HACIA LA PAZ
En este capítulo, se habla acerca de los resultados del objetivo específico número 3, el cual es indicar los retos de los procesos de reparación colectiva a la construcción de paz en el departamento del Meta.
Si bien los procesos de reparación colectiva son necesarios para pasar la página de violencia, también presentan obstáculos. Estos obstáculos representan un reto para los procesos de reparación, pero una dificultad para la construcción de paz. De cierto modo, si no se asumen con la responsabilidad y el compromiso necesario, representan un retroceso hacia la paz.
1. Poco o nulo reconocimiento del daño colectivo
El reconocimiento del daño es un ejercicio social y político de gran importancia. No obstante, en varias comunidades sujetos de reparación colectiva el reconocimiento del daño fue incompleto y fragmentado. Si no se da un reconocimiento del daño justo y digno, todo el proceso de reparación colectiva será revictimizador y arbitrario. Pues es un paso fundamental para que las comunidades reconozcan su sufrimiento, los hechos que lo causaron y afronten colectivamente estrategias para continuar. Pero este reconocimiento del daño va relacionado con la memoria, el recuerdo que los une como colectivo, y que honra a las víctimas. Los sujetos de reparación colectiva del Meta han pasado por estas situaciones, como por ejemplo en el Dorado, donde el diagnóstico del daño NO da cuenta de algunos de los daños que en sus relatos los miembros de la comunidad exponen, lo cual no posibilita llevar a cabo estos planes de acción y que tengan un verdadero impacto positivo en la comunidad y, sobre todo, en las víctimas, ya que los procesos de acompañamiento, que son planeados, se limitaron únicamente para aquellos daños que lograron ser documentados en este diagnóstico (Cruz & Diaz, 2019, pág. 19)
Este ejercicio de reconocimiento afecta la reparación colectiva e incluye a varios actores que influyen en su reconocimiento. Así, se puede ver como un reconocimiento del daño injusto
permea y opaca a toda una comunidad. Tal como se menciona a continuación Hablar hoy del proceso de reconocimiento como sujetos de reparación colectiva demanda por parte del Estado de un nivel de celeridad, que ha sido ausente, tras cerca de dos años de reconocimiento como víctima colectiva, sin que a la fecha se haya alcanzado un diagnóstico completo del daño causado. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 35)
2. Desconfianza hacia el Estado
La desconfianza estatal existe en todas las comunidades sujetos de reparación colectiva del Meta, pues su experiencia durante años ha sido conocer un estado ausente por acción u omisión de la situación de estas comunidades. Pues existe la persistencia de desconfianza (Romero & Vanegas, Reparación colectiva y construcción de paz en comunidades campesinas de Cundinamarca y Meta: los aportes de la Estrategia Entrelazando, 2020, pág. 110). Esta desconfianza no es en vano, puesto que las comunidades han sido engañadas y defraudadas por parte del Estado en diversas ocasiones y durante años. Adicional La participación de funcionarios y de agentes del Estado en la violación de los Derechos Humanos y su complicidad con actores criminales provocó un gravísimo daño a la institucionalidad y a la democracia. En la mayoría de los lugares (...) las personas manifestaron su profunda desconfianza frente a los miembros de la Fuerza Pública, a funcionarios de organismos de justicia e incluso de control y frente a los gobernantes elegidos por voto popular. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 287)
Tal es el caso del Castillo, donde la comunidad se vio vulnerada, ya que a raíz del proceso de reparación colectiva La administración departamental ha sido usada para gestionar recursos en su nombre, engrosando los rubros de la corrupción departamental. El ejemplo más grave refiere el Parque de la Memoria, aprobado y gestionado por 10 mil millones de pesos en la administración de Alan Jara. Cuatro años después el dinero se ha perdido y la obra de dos manzanas no logra ser entregada ni en la mitad de su construcción. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 35) Estas situaciones, ponen a la reparación colectiva en juicio. Dudando de su incidencia en los territorios y de la agencia de cambio en las comunidades sujetos de reparación. Por el lado de Piñalito, la situación parece no cambiar. La desconfianza existe a pesar de los años y de los
intentos. El descontento permanece en la comunidad hacia el proceso. A pesar de avanzar y realizar diferentes actividades, en Piñalito existe la sensación de que la reparación no avanza. Para ‘Pipo’, por ejemplo: “Todo empezó bien, pero luego decayó porque ellos [la Unidad] empezaron a incumplirnos. Nos citaban y no venían. No volvieron a hacer las reuniones para escuchar los relatos de los hechos victimizantes. (Semana Rural, 2018, pág. 9) Pero esto no es todo, el Estado, además de sus fallas constantes, se ha encargado de usar los espacios a beneficio propio, como en el caso del Castillo, donde Es posible afirmar que el caso de El Castillo es un reflejo del juego de poderes y la burocratización de los procesos que realizan instituciones estatales, ya que, a pesar de ser un territorio con sed de reparación y reconstrucción de dinámicas sociales transgredidas por los horrores del conflicto, siguen siendo olvidados y dejados de lado tras el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva. (Cruz & Diaz, 2019, pág.
24)
La desconfianza cierra las puertas a un diálogo, a un relacionamiento que dé frutos en las comunidades y que establezcan un contacto entre el Estado y los sujetos.
3. Inoperatividad de las Instituciones
Las pocas instituciones que hacen presencia en las comunidades afectadas tienen características ineficientes, pues en vez de ser agentes que facilitan los trámites, o cumplen con sus funciones, se encargan de distorsionar los procesos de reparación y de empeorar la realidad de las comunidades.
En los procesos se “evidencia, por un lado, gran discontinuidad en el seguimiento y actuación pertinente, y, por otro lado, como una de sus principales preocupaciones, la asignación y cumplimiento de acciones superficiales” (Romero & Vanegas, Reparación colectiva y construcción de paz en comunidades campesinas de Cundinamarca y Meta: los aportes de la Estrategia Entrelazando, 2020, pág. 113) En un primer momento, el reconocimiento de la reparación colectiva trajo para los habitantes más injerencia institucional que ha promovido el maltrato, desidia, revictimización
e imposición de las instituciones del orden nacional y departamental, bajo el silencio de la administración municipal. (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág. 36) Luego, en un segundo momento, donde las instituciones plantean estrategias para la intervención, como lo es la estrategia entrelazando, también se evidencia la inoperatividad de las instituciones. Con respecto a esto Rojas, Rubio, & Solyzko afirman que La estrategia entrelazando como medida de rehabilitación del tejido social, se ha logrado avanzar poco, entre las dilaciones institucionales, los tiempos de contrataciones de funcionarios y la falta de planeación y disposición de la institucionalidad para el trabajo en las veredas, (Rojas, Rubio, & Solyzko, 2020, pág.7)
Por otro lado, una de las fallas encontradas en los documentos se ve reflejada en un consejo, donde indican que “es necesario que por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se generen documentos y se sistematicen las experiencias que den constancia de la implementación de estrategias llevadas a cabo en El Dorado- Meta” (Ordoñez, Moncada, & Restrepo, 2017, pág. 61)
4. Falta de Garantías
En los territorios afectados por la guerra, se busca que las comunidades salgan de las situaciones y realidades que los afectaron. Pese a esto, la violencia sigue siendo común, lo que replica escenarios de terror, injusticia y revictimización. El ideal sería que las comunidades tengan las garantías necesarias para ejercer y exigir sus derechos, así como vivir dignamente, dado que “estas nuevas garantías buscan contribuir a la ampliación del alcance de la justicia transicional” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 228) Estas garantías alteran las condiciones de las comunidades y, por ende, los procesos de reparación colectiva, como por ejemplo en la comunidad de El Dorado, donde durante todo el proceso de reparación colectiva existieron barreras que limitaron el alcance del proceso.
Una de las principales limitaciones que se encuentra la población civil es la falta de espacios en la agenda pública, en los cuales se impulse la creación y fortalecimiento de una cultura política que reconozca la importancia de la participación ciudadana, para propiciar dinámicas organizativas de la comunidad en torno a su realidad y sus necesidades. (Cruz & Diaz, 2019, pág. 17) Por su parte, en el Dorado Encontramos una corriente política de derecha, cobijada bajo el control paramilitar en el territorio y que hoy día en los procesos aún se ve, teniendo al lado de la víctima el mismo victimario que juega con la realidad, o solamente cuenta su realidad, con la consecuente burocratización del proceso, con acciones “reparadoras”, únicamente con beneficios económicos de por medio, lo que imposibilita y extingue la organización social y la acción popular por medio de lógicas de dominación e imposición de terror que aún se vive en la zona por la presión social y política que estos grupos ejercen. (Cruz & Diaz, 2019, pág. 22) O en el caso de Piñalito, donde Hace falta que nos volteen a mirar las entidades (...) Donde podamos construir empresas y tener trabajo, desde nuestros saberes y nuestros conocimientos. Tener una forma para enviar a nuestros hijos a estudiar en universidades. Mire que acá en Piñalito, de los 30 muchachos que terminan 11 en el colegio, solo uno tiene la oportunidad de estudiar en una universidad y el resto ahí se quedan” (Periódico PAX, 2020, pág. 5)
Estos casos, representan las complejidades que aún se presentan en los territorios en los cuales aún no se habla abiertamente de lo ocurrido y de los actores implicados en los procesos de violencia, porque no existen garantías reales para las víctimas en escenarios territoriales captados por estructuras político - administrativas herederas del gamonalismo y la violencia política, aún presente, pero con otras formas de operar. (Cruz & Diaz, 2019, pág. 25) Las comunidades donde la guerra se instauró durante años necesitan una transformación. Transformación en la cual como sujetos de reparación colectiva tengan garantías de no repetición., garantías de cambio, de ser sujetos políticos y no se les victimice por ello. Pero esta transformación demanda transiciones. Pues Tantos años de guerra demandan muchos esfuerzos y compromisos para hacer de nuestra historia una fuente de aprendizaje, una lección que nos permita transformar lo que hemos sido y nos comprometa en la tarea de reclamar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas. Solo si la sociedad hace suya las causas de las víctimas y las reclama y las defiende, se hace también constructora y merecedora del apelativo de sociedad democrática que le garantiza su derecho a vivir con dignidad. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 28)
5. El silencio y el olvido
Los procesos de reparación colectiva buscan además de reparar, esclarecer y arrancar del silencio y del olvido la violencia que ejercieron en contra de las comunidades. La memoria y el recuerdo son elementos primordiales para el reconocimiento como víctimas. Aun así, en varias comunidades se ha optado por tomar silencio y olvidar su historia, pues es la única alternativa que la realidad les deja.
Como en el Dorado, donde el comité de impulso aseguro que los procesos de reparación colectiva fueron débiles y asistencialistas, ya que las víctimas no tuvieron la oportunidad de superar los daños emocionales resultantes de las épocas de violencia en su territorio y, por el contrario, desde posturas personales y según lo aconsejado por los profesionales encargados se decidió hacer uso de formas de negación como el olvido y el silencio, y suponer que ya todo había pasado y era mejor dejarlo pasar sin volver a construir y resignificarlo. (Cruz & Díaz, 2019, pág. 20)
Esto ocasionó, además del debilitamiento del proceso de reparación colectiva, y Actitudes de una falsa superación frente a lo ocurrido, al justificarse que el desarrollo económico ha sido su principal modo de superación y resiliencia, pensamiento que ha sido apoyado por los distintos gobernantes regionales, quienes también han buscado impulsar proyectos económicos con el argumento de que tendrán un efecto en la reparación de la comunidad. Se deduce que el Estado les ha puesto precio a las vidas de las personas que han desaparecido y que han sido asesinadas en estas dinámicas de poder y de conflicto y se ha sobrepuesto y sobrevalorado lo económico frente a la memoria. (Cruz & Díaz, 2019, pág. 20)
En esta comunidad, “es fundamental comprender que el silencio y el olvido han tenido un lugar en las estrategias para afrontar los hechos victimizantes, que el olvido ha escondido y guardado el dolor que aún no logra hablarse, narrarse y politizarse”. (Cruz & Diaz, 2019, pág. 24) Pero la situación es más compleja, por el silencio y el olvido, según Cruz & Diaz En estos escenarios de silencio y olvido se dificultan los procesos de memoria en tanto las voces de las víctimas y los procesos de visibilizacion y participación real de estas en procesos de verdad justicia y reparación enfrentan muchas barreras entre las cuales se pueden enunciar la presencia de actores victimarios en el espacio político administrativo que legalmente se establecen como mecanismos de participación, el direccionamiento de grupos de víctimas como el comité de impulso, que no logran tener
una verdadera autonomía por fuera de las reglas y espacios que la Unidad de Victimas les proporcionan, y la mirada instrumentalista de las figuras que contribuyen a la reparación como la de sujetos de reparación, la cual se ve reducida a ser una plataforma política para la financiación de proyectos direccionados por la lógica estatal. (Cruz & Diaz, 2019, pág. 25)
Se puede afirmar, que el silencio y el olvido son factores que no permiten la reparación y la construcción de paz, por el contrario, deterioran los procesos de las víctimas y a las mismas comunidades. Así mismo, el silencio y el olvido son enemigos de la construcción de paz, pues los sujetos de reparación colectiva añoran ser escuchados, respectados y dignificados, escuchar sus historias, sus vivencias, y reconocer el sujeto que hay en ellos. Aseguran que, gracias a la memoria colectiva, pueden mantener vivas a las victimas del conflicto, y recordarles que la lucha por la paz sigue en pie.
CONCLUSIONES
⮚ La búsqueda bibliográfica reconoce diferentes variables de publicación, sin embargo, es notorio que las condiciones sociales y políticas condicionan el interés en investigar, o en documentar los procesos de reparación colectiva en el departamento del Meta. Se reconoce que solo esta investigación recoge las experiencias de los procesos de reparación colectiva en todo el departamento. Respecto al estudio bibliométrico se encontró que las principales publicaciones sobre reparación colectiva en el departamento arrancan en el año 2018 lo que coincide con los procesos de transicional en el país ⮚ Según se encontró en la investigación adelantada, en el departamento del Meta, los procesos de reparación colectiva y los sujetos de reparación colectiva son diversos y heterogéneos, y que las principales comunidades beneficiarias de la política de reparación fueron las comunidades campesinas, y los paramilitares, el ejercito y las guerrillas fueron los principales perpetradores de la violencia ⮚ Se constato que la mayoría de los procesos de reparación colectiva en el departamento se encuentran o estancados por falta de financiación, falta de garantías o se encuentran en las primeras fases de la ruta, esto es preocupante puesto que exacerba la revictimización ⮚ Los documentos muestran el carácter transformador de la reparación colectiva, necesario para la construcción de paz puesto que, a partir de dichos procesos, las comunidades potencian su actuar político, reconstruyen su tejido social y, por ende, defienden sus derechos ⮚ También se encontró que la reparación colectiva contribuye a la reconstrucción de memoria historia, la cual busca un reconocimiento como víctimas, pero además como sujetos de derecho.
⮚ Los principales retos de los procesos de reparación colectiva están relacionados con la inoperatividad de las instituciones encargadas de la política, la cooptación de los procesos y la persistencia de la desconfianza de las comunidades hacia el Estado.
RECOMENDACIONES
⮚ Se recomienda a la UARIV, sistematizar y documentar las experiencias de los procesos de reparación colectiva en el departamento de forma amplia y pública. Pues la poca información que hay al respecto, solo abarca el punto de vista y la experiencia de la institución, deja de lado la opinión y participación de las comunidades sujeto de reparación colectiva. Así mismo, que esta información sea de fácil acceso. Pues para esta investigación se solicitó a la UARIV ciertos datos, de los cuales no se obtuvo respuesta.
⮚ Además, se recomienda a próximas investigaciones, abarcar la reparación colectiva en todo el departamento, pues así se posibilita un análisis amplio. Investigar todos los procesos de reparación colectiva en el Meta permite analizar más allá de cada caso y comprender como se está ejecutando la política de reparación colectiva en el departamento.
⮚ Por otro lado, se recomienda tratar cada caso de forma diferencial, pues las comunidades sujetos de reparación colectiva son particulares y, por ende, sus procesos también responden a sus dinámicas, contextos y singularidades. ⮚ Además, las próximas investigaciones sobre los procesos de reparación colectiva deben potenciar la voz de las comunidades, así como reconocer las exigencias de los sujetos de reparación colectiva ⮚ Frente a la construcción de paz, se recomienda potenciar la participación de los sujetos de reparación colectiva, pues su experiencia, su voz, y sus propuestas van encaminadas al reconocimiento como victimas colectivas y a la construcción de comunidades en paz.
⮚ Por último, es recomendable tomar medidas frente a los obstáculos que se presenta en el último capítulo, pues si estos siguen sucediendo, los procesos de reparación colectiva quedarán incompletos o serán objeto de revictimización. Las instituciones encargadas deben cumplir con su responsabilidad para que los sujetos de reparación colectiva confíen en el Estado y se pueda trabajar en una relación horizontal comunidad- Estado en los procesos de reparación.
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Cita: Carreño Barros, Vanessa (2022), Reparación colectiva en el departamento del Meta: sus aportes al actual escenario de transición política, Universidad de La Salle, p. N. https://hdl.handle.net/20.500.14625/28014