Maestría en Derecho Administrativo · 2020
Implementación del respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas a través de la figura de la extensión de jurisprudencia en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
Record only. The repository marks this work as “De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.”: the PDF is not public, so there is no text to read here. View the record in the repository.
Abstract
El artículo 102 del CPACA se refiere de manera concreta a las sentencias de unificación del Consejo de Estado, lo que implica, en principio, que la solución favorable cuya extensión se pretenda por las autoridades administrativas sólo puede encontrarse en providencias proferidas por este órgano judicial. No obstante, a esta forma de interpretar dicha disposición se refirió la Corte Constitucional con base en su artículo 230 y 241 constitucional, al analizar el alcance de lo allí consagrado, mediante las Sentencias C-634/2011, C-816/2011 y C-588/2012, donde precisó que la exequibilidad de la disposición se condiciona a que, en cumplimiento de la misma, se observe de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional. En ese orden, concluye que no hay una omisión de su parte al analizar el alcance del texto del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que el deber general de las autoridades administrativas y judiciales de observar y acatar las disposiciones contenidas en la Constitución se extiende a las interpretaciones que de ellas realiza la Corte Constitucional a través de su precedente judicial. Como consecuencia de lo anterior, ha ocasionado disyuntivas para los órganos administrativos al evidenciar choques entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre un mismo tema; independientemente de aplicar cualquiera de los dos precedentes creando inseguridad jurídica, al momento de tomar una decisión y generando tutelas y demandas en contra de las entidades públicas al no aplicar el precedente judicial, en el siguiente caso: Sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, sobre el reconocimiento de una pensión vejez con ocasión al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.