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Pontificia Universidad Javeriana

Ciencia Política · 2020

Reparación víctimas del conflicto armado : caso indemnizaciones de personas en condición de discapacidad residentes en la ciudad de Bogotá 2011-2018

Record only. The repository marks this work as “De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.”: the PDF is not public, so there is no text to read here. View the record in the repository.

Abstract

La ley 1448 de 2011 reconoce la existencia de un conflicto armado y se enfoca en los derechos de las víctimas que este ha causado, en el marco de la justicia transicional. Para garantizar el ejercicio de estos derechos, la norma contiene las siguientes medidas de reparación integral: restitución de tierras, restitución de vivienda, indemnización administrativa, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y medidas de reparación colectiva. (Ley 1448, art. 69) La ley de víctimas, además cuenta con unos criterios de priorización, dentro de la reparación administrativa, que establecen una ruta especial para las poblaciones con mayor riesgo (por edad, enfermedad y situación de discapacidad), sin embargo estos fueron establecidos como respuesta a una serie de demandas que solicitaban un reparo en cuanto a monto y tiempo en que estas indemnizaciones iban ser entregadas; respuesta que no se dio sino hasta Junio de 2018, poco antes de que el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos terminara. (Resolución 1958 del 2018, art.8) Sumado a esto, Bogotá es una de las ciudades que más recibe solicitudes de indemnización y la que más ha podido realizar giros, teniendo en cuenta que existe una mesa distrital de víctimas que lleva a cabo una rendición de cuentas para dar a conocer los procesos y acciones en beneficio de la población víctima del conflicto que reside en la capital, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV, 2019) son interlocutores entre las víctimas y las entidades públicas encargadas de su reparación. Esta mesa fue instaurada en Octubre del 2017 como respuesta a la necesidad de participación de las víctimas en todo el proceso, fue hasta esa fecha que se promovieron espacios con delegados de todos los hechos victimizantes y de los enfoques diferenciales, entre ellos las personas en condición de discapacidad, permitiendo que sus necesidades específicas y prioritarias puedan ser resueltas lo más pronto posible y que no pase lo que venía pasando hasta esa fecha y que dio pie a las acciones de tutela contra la UARIV y su consecuente (Auto 206 del 2017) como respuesta a las solicitudes presentadas por la Unidad, orientadO a superar los retrasos existentes en materia de capacidad de respuesta a las peticiones y a las tutelas, así como al fortalecimiento de la capacidad de la entidad para responder el flujo diario de estos recursos. La problemática de esta investigación, gira en torno al caso de las indemnizaciones administrativas enfocadas en las personas víctimas en condición de discapacidad y que residen en Bogotá, ya que se desea identificar si durante el gobierno de Juan Manuel Santos existieron vacíos de precisión con respecto al carácter prioritario que se les debió dar a estas víctimas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial planteado en la normativa, y en consecuencia con su pertinencia para responder a las necesidades de las mismas. Para lo anterior, se parte de las diferentes sanciones que se le impusieron a la UARIV por las acciones de tutela y las peticiones de la población víctima ante su incapacidad de contestación, como se observa en la siguiente tabla, lo que a su vez generó una solicitud de parte de las directivas de la Unidad dirigida al Estado para que se pudiera llegar a conciliar un plan de trabajo y un fortalecimiento de la capacidad de la entidad para responder al flujo diario de los recursos necesarios. Ante esta solicitud, la corte constitucional responde con el (Auto 206 de 2017) exigiéndole a la Unidad que otorguen unos turnos acompañados de las fechas especificas para la entrega de las indemnizaciones, lo que a su vez se derivó en las medidas instauradas por la UARIV con la (Resolución 1958 de 2018) en la que se establecen las rutas de acceso a la indemnización entre las cuales se encuentra la ruta priorizada para la población vulnerable. Resolución que se puso en marcha a tan solo días de que el periodo de Juan Manuel Santos culminara.

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