Maestría en Derecho Administrativo · 2024
Análisis de las decisiones de vinculación de las Compañías Aseguradoras por parte de la Contraloría General de la República : estudio de la Circular No. 005 del 16 de Marzo De 2020
Record only. The repository marks this work as “De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.”: the PDF is not public, so there is no text to read here. View the record in the repository.
Abstract
Con ocasión del ejercicio de la profesión, se tiene conocimiento de una problemática que se ha venido presentado debido a las decisiones de vinculación proferidas por la Contraloría General de la República y contralorías territoriales a través de las cuales vinculan a las compañías aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsables al proceso de responsabilidad fiscal. Ésta consiste en el impacto que dichas decisiones han tenido en el mercado asegurador y reasegurador debido al desconocimiento de los riesgos asumidos por las compañías aseguradoras en la medida en que la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, al momento de realizar dicha vinculación, no tienen en cuenta las condiciones particulares y generales del contrato de seguro. Para explicar mejor la problemática, se debe tener en cuenta el siguiente contexto: En el marco del control posterior y selectivo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República adelanta procesos de responsabilidad fiscal para lograr el resarcimiento del daño que sufrió una entidad estatal, causado por una acción u omisión de los servidores públicos o particulares que administran recursos públicos. En efecto, la determinación de responsabilidad fiscal sobre estas personas tiene como finalidad lograr la indemnización del daño que sufrió el patrimonio del estado por cuanto el pago de la condena que recae sobre ellos está destinada a reconstruir el patrimonio de la entidad afectada, sea del orden nacional o territorial . A pesar de que las distintas contralorías pueden solicitar el pago de la condena a las personas declaradas responsables fiscalmente, también pueden hacerlo a las compañías aseguradoras que han sido vinculadas al proceso y condenadas en su calidad de tercero civilmente responsable. En efecto, el ordenamiento jurídico permite la vinculación de las compañías aseguradoras en calidad de tercero civilmente responsable en este tipo de procesos, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000. Esto en la medida en que existen algunos contratos de seguros que tienen naturaleza indemnizatoria y que cuyo riesgo está relacionado con los hechos generadores del daño. De esta manera, resultan vinculadas a este tipo de proceso personas que, sin ser gestores fiscales, pero debido al riesgo asumido con ocasión de la celebración de un contrato de seguro, pueden resultar condenadas al pago de la indemnización. No obstante, teniendo en cuenta que la naturaleza de la responsabilidad de las compañías aseguradoras es civil y no fiscal, se requiere un estudio diferente a los elementos que configuran la responsabilidad fiscal, para determinar la procedencia de la vinculación. En efecto, las consideraciones que se deben tener en cuenta son propias del Derecho Privado que responden a las instituciones de Derecho Civil y Comercial, por un lado, y a la aplicación de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro , por otro lado. Precisamente, debido a esto, se han presentado problemas frente a las decisiones de vinculación por cuanto las Contraloría General de la República y las contralorías territoriales no tiene en cuenta el riesgo asumido por parte de las compañías de seguros, desconociendo las normas que están llamadas a regular la responsabilidad de estas. La principal consecuencia se puede evidenciar en el mercado asegurador y reasegurador . En estos se ha logrado evidenciar una pérdida de interés por parte de las compañías aseguradora y reaseguradoras para la asunción de los riesgos relacionados con los hechos generadores de daño que pueden ser ventilados en los procesos de responsabilidad fiscal. Adicionalmente, específicamente en el segundo mercado, se han presentado controversias entre la compañía aseguradora y reaseguradora. Por ejemplo, discusiones sobre el pago de honorarios para la defensa de los intereses de la compañía asegurado en el proceso de responsabilidad fiscal cuando existen distintas vigencias vinculadas y cada una corresponde a un reasegurador diferente. Debido a lo anterior, el Ex-Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, profirió la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2022, por medio de la cual impartió instrucciones a los funcionarios de la Contraloría General de la República, y a las distintas unidades de investigación que adelantan las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, incluyendo la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, con la intención de que el riesgo asumido por las compañías aseguradoras consignado en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro sean respetados en las decisiones de vinculación en su calidad de terceros civilmente responsables. Si bien se espera el cumplimiento de las instrucciones contenidas en dicha circular por parte de los servidores públicos de la Contraloría General de la República, se siguen profiriendo decisiones de vinculación en contravía de las instrucciones consignadas en dicha circular. Por lo anterior, ante la problemática que actualmente se presenta, resulta indispensable conocer el motivo por el cual la Unidad de Investigaciones Especiales Contra Corrupción de la Contraloría General de la República no está aplicando las instrucciones contenidas en la Circular. Desde luego, se pretende evidenciar un problema relevante en el marco del control fiscal, en relación con acatamiento de las instrucciones contenidas en la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2022. Esta situación, que incide directamente en el principio de legalidad y en la seguridad jurídica de los terceros civilmente responsables, constituye un tema de gran trascendencia y actualidad en el ámbito jurídico. Dicho lo anterior, se pretende comenzar el presente trabajo con el estudio de los aspectos básicos del control fiscal, de la responsabilidad fiscal y del proceso de responsabilidad fiscal, para tener el marco conceptual donde se presenta la problemática. Paso seguido, se analizará la regulación y alcance de las circulares para determinar el desarrollo que el ordenamiento jurídico les ha dado. Mencionado lo anterior, se estudiarán las decisiones de vinculación proferidas por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, entre el entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de agosto de 2023, en el marco del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, para determinar si los servidores públicos están aplicando las instrucciones contenidas en la Circular. Posteriormente, se hará un análisis sobre la responsabilidad que puede conllevar el desconocimiento de las instrucciones consignadas en la Circular frente a los servidores públicos que toman la decisión de vinculación y, finalmente, se presentarán las conclusiones frente a la investigación.