Maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social · 2026
El diálogo social en Colombia : ¿mecanismo de protección laboral o estrategia de coacción institucional?
Record only. The repository marks this work as “De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.”: the PDF is not public, so there is no text to read here. View the record in the repository.
Abstract
Este artículo critica el uso del diálogo social en Colombia como mecanismo de resolución de conflictos laborales, preguntándose específicamente si con su aplicación se protege los derechos de los trabajadores o si es utilizado como estrategia de coacción institucional. A través de un enfoque cualitativo-exploratorio de verificación de base documental, con el propósito de medir el grado de exigibilidad jurídica de los acuerdos analizados, a través de la aplicación del Índice de Densidad Obligacional (IDO) herramienta usada y desarrollada como técnica de análisis de información, donde se verifican dieciocho consensos suscritos bajo la mediación del Ministerio del Trabajo en el período comprendido de 2022 a 2024. De esta verificación se tiene que el IDO promedio general es de 3,89/5, con un déficit estructural en el criterio de verificación (C5), que solo alcanza el 44,4% de cumplimiento. El caso paradigma es el acuerdo tripartito Rappi–UNIDAPP-Ministerio del Trabajo (con una calificación IDO 2/5), único acuerdo de los analizados que no reconoce el vínculo laboral de los trabajadores a los que pretende proteger. Los hallazgos se contrastan con tres líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y la Ley 2466 de 2025 como marco normativo superviniente. Concluyendo que el déficit vinculante es estructural, no aleatorio, siguiendo los contornos del poder relativo de los intervinientes, formando el patrón que este artículo denomina coacción institucional.