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Análisis espacial de la presencia estatal en Colombia

Óscar Javier Suárez Benavides Código: 11792526542

Universidad Antonio Nariño Especialización en sistemas de información geográfica Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil Bogotá D.C., Colombia

2026

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Análisis espacial de la presencia estatal en Colombia

Óscar Javier Suárez Benavides

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de: Especialista en sistemas de información geográfica

Director (a):

Raúl Echeverry, Ingeniero Ambiental, Msc. Ingeniería

Línea de Investigación:

Geología y sociedad

Grupo de Investigación:

Grupo GRESIA

Universidad Antonio Nariño Especialización en sistemas de información geográfica Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil Bogotá D.C., Colombia

2026

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Boletín GRESIA Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil

© The authors; licensee Universidad Antonio Nariño.

Boletín Gresia XX (xx), pp. x-x. Junio, 20XX. Bogotá. ISSN XXXXXX Análisis espacial de la presencia estatal en Colombia Oscar Javier Suárez Benavides a

a Politólogo, especialista en sistemas de información geográfica y Magister en desarrollo territorial y urbano. osuarez095@uan.edu.co, ojsuarezbe@gmail.com

Resumen

Este articulo plantea un marco analítico geoespacial orientado a evaluar y cuantificar la presencia del Estado en los municipios de Colombia, a través de dos variables estructurales: la capacidad institucional y la provisión de bienes públicos. La metodología, utiliza datos oficiales a escala municipal y somete variables críticas a un escrutinio geoestadístico para identificar patrones de asociación y dependencia en el territorio. Al normalizar e integrar equitativamente estos indicadores, se genera el índice de presencia estatal cuya cartografía revela la geografía de la presencia del Estado en Colombia, evidenciando clústeres de alta y baja incidencia. En última instancia, este enfoque redefine la presencia del Estado como una dinámica multifactorial y espacial, ofreciendo una herramienta de precisión para la gobernanza técnica y la optimización de la política pública en territorios críticos.

Palabras clave: análisis espacial, autocorrelación espacial, índice de presencia estatal, institucionalidad, Colombia

Abstract This article proposes a geospatial analytical framework designed to assess and quantify the presence of the state in Colombia’s municipalities through two structural variables: institutional capacity and the provision of public goods.

The methodology uses official data at the municipal level and subjects critical variables to geostatistical analysis to identify patterns of association and dependency across the territory. By normalizing and equitably integrating these indicators, a state presence index is generated; its mapping reveals the geography of the state’s presence in Colombia, highlighting clusters of high and low incidence. Ultimately, this approach redefines the state’s presence as a multifactorial

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and spatial dynamic, offering a precise tool for technical governance and the optimization of public policy in critical territories.

Keywords: spatial analysis, spatial autocorrelation, state presence index, institutional framework, Colombia

1. Introducción

En las últimas tres décadas, Colombia experimentó etapas de crecimiento económico a la par que redujo los niveles de pobreza en todo el territorio nacional. Todo esto aconteció en el marco del conflicto armado con diversos actores armados de carácter ilegal como las FARC-EP, el ELN y otras guerrillas y, también el fenómeno paramilitar que ha incentivado economías de carácter ilegal (cultivos ilícitos, minería ilegal, y otros) principalmente en las regiones apartadas de la centralidad, donde el Estado ha tenido a lo largo de su historia republicana una presencia diferenciada como lo señala (Gonzalez, 2003). La presencia diferenciada se puede entender como una manifestación directa de las limitaciones y formas particulares que ha adquirido el poder infraestructural del Estado colombiano1.

La presencia diferenciada del Estado en espacio y tiempo ha propiciado que las regiones periféricas se encuentren dominadas por instituciones políticas y económicas extractivas, mientras que el centro ha gozado de instituciones relativamente más incluyentes (Robinson, 2015). Al ser insuficiente la capacidad burocrática y fiscal, el Estado en la periferia es incapaz de proveer bienes públicos básicos como vías, educación, seguridad y tribunales de justicia. Como reflejo de esto, en las zonas donde el Estado es más débil existe una altísima informalidad en los derechos de propiedad, mayor pobreza y altos niveles de desplazamiento forzado (Robinson, 2015). Por este motivo, la institucionalidad se manifiesta altamente dispar a nivel municipal debido al heterogéneo desarrollo del Estado.

Por lo anterior, se puede concluir que el Estado colombiano no es uniforme en todas sus regiones. Varía dependiendo de su localización, forma de organización de las comunidades, los recursos disponibles y la herencia social e institucional. En diversos municipios hay alcaldías,

1 Michael Mann interpreta el poder infraestructural como la capacidad del Estado para penetrar en todo el territorio y la sociedad (Mann, 2002), manifestándose a través de la efectividad para implementar decisiones, recolectar impuestos, proveer servicios públicos y hacer cumplir la ley de manera uniforme por parte del Estado.

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juzgados, concejos municipales y personerías, pero eso no implica que cada una de estas entidades realice las funciones que la ley les asigna (Revelo Rebolledo & García Villegas, 2018). Es común observar que detrás de la estructura institucional no hay mucho, o incluso nada; solo se encuentra un andamiaje institucional, que se manifiesta en sus formas y rutinas: se emiten decretos, se generan sentencias, se llevan a cabo diligencias, se presentan reportes, e incluso se arresta a presuntos criminales. Sin embargo, tras esas rutinas, no hay un Estado que haga valer la ley y que implemente deberes legales constitucionales en la práctica. En otras palabras, existe una discrepancia significativa entre las instituciones y las prácticas sociales en muchas regiones y municipios.

1.1. Las Instituciones en Colombia: problemáticas y limites

Peter Evans (2007) sostiene que las instituciones son fundamentales para el desarrollo, ya que, incentivan el funcionamiento de una sociedad y su capacidad de progresar. Adicional, pueden ser consideradas como las “reglas de juego” definidas históricamente y construidas socialmente, que se reflejan en las normas y prácticas compartidas informalmente por las personas y que se confirman mediante las rutinas de interacción entre ellas (Evans, 2007). Por esto el Estado provee instituciones, las cuales son organizaciones administrativas, políticas y jurídicas que conforman la maquinaria pública legítimamente autorizada para formular políticas, regular la economía, mediar conflictos y hacer realidad las aspiraciones colectivas de una sociedad (Evans, 2007).

Rodríguez-Posé (2013) interpreta que, las instituciones promovidas desde el Estado utilizan mecanismos de promoción del desarrollo y crecimiento para reducir riesgos sociales, disminuir la inestabilidad social y política y mitigar el conflicto, aportando a la disminución de costos de información, lo que facilita la transferencia de conocimiento e innovación dentro y entre regiones creando condiciones adecuadas para la inversión, la interacción económica y el comercio (Rodríguez-Pose, 2013).

Lo anterior sirve para establecer que, la presencia de las instituciones ha marcado el éxito, el fracaso y el funcionamiento de las regiones. Sin embargo, Peter Evans interpreta que el desarrollo institucional ha presentado una tendencia histórica de imposición de patrones de forma uniforme a regiones que no se encuentran en condiciones de albergar instituciones impuestas por parte del Estado centralista, como por ejemplo, la descentralización, a regiones más azotadas por la pobreza y la violencia, siendo esto un “monocultivo institucional” (Evans, 2007).

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Esta imposición del contexto institucional en las regiones periféricas, se vuelve contraproducente ya que, en muchas ocasiones ignoran el contexto local, la cultura, la historia y desconocen las estructuras de poder local existentes, presentando en ocasiones una pobre implementación de políticas públicas a nivel municipal, falta de provisión de bienes públicos y resultados individuales de las elites locales por sobre los resultados distributivos, entre otros. Para el contexto colombiano, las instituciones se han visto condicionadas por el contexto local preexistente de fenómenos como el clientelismo, la corrupción, el patrimonialismo y el desarrollo desigual, y esto a su vez, ha debilitado la autoridad del Estado. James Robinson en su trabajo titulado la miseria en Colombia (2015), manifiesta que, si bien Colombia formalmente es una democracia, en la práctica sus instituciones políticas tienen fuertes rasgos extractivos, lo que significa que concentran el poder en pocas manos e impiden la participación real y los incentivos para la mayoría de la población (Robinson, 2015). En su búsqueda por la modernización a través del proceso de reformas constitucionales iniciado en la década de los noventa, Colombia intentó vía descentralización política y administrativa, transferir funciones y recursos a los municipios.

El proceso anterior choco de frente con la precaria capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales como muestra el informe de la misión de descentralización2, facilitando una "reconfiguración cooptada del Estado", la cual fue un fenómeno en el que actores con poder económico, político o armado capturan las instituciones locales para desviar los presupuestos públicos hacia sus intereses privados3.

Lo descrito anteriormente, ha conducido a la presencia de altas disparidades entre las regiones urbanas (centrales) y las regiones rurales (periféricas). Por ejemplo, hay una diferencia entre la incidencia de pobreza multidimensional de hogares en centros poblados y rural disperso4,

2 El informe manifiesta que la primera ola de la descentralización tuvo un sesgo más urbano que rural, más centroandino que de atención a las fronteras del desarrollo, más de descentralización de la política social que de las oportunidades de desarrollo económico y una participación más ritualista, dosificada y atomizada, que incidente y estratégica en la construcción del Estado abierto. Ver Informe final de la misión de descentralización, (Departamento Nacional de Planeación, 2024) 3 Proyectos financiados por mecanismos como el Sistema General de Regalías (SGR) frecuentemente fracasan, se retrasan o son despojados mediante alianzas corruptas entre funcionarios públicos y contratistas politizados (Robinson,

2015).

4 Rural: Corresponde a los municipios que tienen cabeceras de menor tamaño (menos de 25.000 habitantes) y presentan densidades poblacionales intermedias (entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2) y Rural disperso: son aquellos municipios y áreas no municipalizadas (ANM) que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 hab/km2 ). Misión para la transformación del campo, Definición de categorías de ruralidad. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Disponible en:

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que corresponde a más del 70% del territorio total nacional y las cabeceras urbanas del 16.8% para el año 2023 (DANE, 2024). Según Galvis & Roca (2020), históricamente se han presentado desigualdades espaciales entre los departamentos más prósperos en regiones centrales (región andina principalmente y municipios de categoría especial, de primera y segunda categoría5) y los departamentos y municipios ubicados en las periferias del país (suroccidente, partes de la región caribe, región pacífica, llanos orientales y Amazonía). Los municipios periféricos han sido los más afectados por los altos niveles de pobreza, pues el 70% de estos están ubicados en regiones que al 2020 estaban en una trampa de pobreza (Galvis & Roca, 2020). En otras palabras, las mejoras en el crecimiento y desarrollo económico y la tendencia de reducción de la pobreza en Colombia en las últimas décadas, se ha concentrado en zonas urbanas y zonas que podrían considerarse como polos de desarrollo del país, especialmente en Bogotá y la región andina y algunos municipios y ciudades del caribe.

Por todo lo anterior, para analizar geográficamente la presencia del Estado a través de sus instituciones en los municipios de Colombia, se desarrolla un análisis espacial buscando medir y categorizar por medio de variables como cobertura y eficacia del sistema de justicia, prestación de los servicios públicos, manejo eficiente de recursos fiscales y provisión de servidores y servidoras públicas a nivel municipal, entre otros.

El propósito de esta investigación es determinar la presencia del Estado a través de la institucionalidad a nivel municipal conjugando variables condicionantes, con miras a establecer un índice a nivel municipal con mayor o menor presencia del Estado bajo la hipótesis que, la institucionalidad presenta distribuciones, comportamientos y patrones espaciales de concentración definidos, evidenciando desigualdades a nivel municipal y regional que establecen como el Estado logra penetrar, organizar e intervenir el espacio nacional, formando una profunda

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Definicion%20Categor%C3%AD as%20de%20Ruralidad.pdf

5 Según la Ley 617 de 2000 (Ley que categoriza las entidades territoriales), Ley 136 de 1994 y el decreto 2106 del

22 de noviembre de 2019. El 16.5% de los municipios en Colombia pertenecen a categorías especiales, primera, segunda, tercera y cuarta categoría. En estos municipios se ubica el 65% de la población en Colombia (más de 33 millones de personas).

El 83.5% restante corresponde a municipios de quinta y sexta categoría en donde se ubican el 35% de la población (más de 18 millones de personas). Los municipios en estas categorías son los que menos recursos reciben a través del Sistema General de Participación (SGP) para educación, salud, agua potable y saneamiento Básico y propósitos generales.

Disponible en: https://www.contaduria.gov.co/categorizacion-de-departamentos-distritos-y-municipios.

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debilidad estructural y una naturaleza marcadamente extractiva que concentra el poder y los recursos.

Posterior a esta introducción, el artículo establece la metodología fundamentada en el análisis espacial, que incluye la definición de indicadores y variables, la exploración de datos espaciales, la creación de índices y la visualización. Posterior, se presentan y analizan los resultados y la discusión obtenidos y, por último, se exponen las conclusiones.

2. Materiales y Metodología

Bajo la premisa de que el análisis espacial entrelaza técnicas matemáticas basadas en el razonamiento lógico de relaciones abstractas, numéricas y estadísticas, realizando inferencias sobre datos que representan entidades y atributos georreferenciados (Buzai & Montes Galbán, 2021), este trabajo se rige con la metodología Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones (PPDAC), el cual es un método dinámico, flexible e iterativo (de Smith y otros, 2025). Esta metodología proporciona un marco sólido para abordar proyectos que tienen un componente geoespacial significativo. Puede aplicarse en múltiples etapas, desde preparar una respuesta a una solicitud de propuestas, hasta guiar investigaciones primarias de carácter ambiental, epidemiológico o socioeconómico (de Smith y otros, 2025). A continuación, se describen los procesos que componen esta metodología.

2.1. Área de estudio

Este trabajo toma como foco de estudio los municipios colombianos. La organización política administrativa del territorio nacional consta de 32 departamentos y 1123 municipios contando áreas no municipalizadas, creando un mosaico de contextos institucionales, económicos y sociales muy heterogéneos entre regiones, situación que representa exactamente la base empírica para dicho análisis.

Esta diversidad geográfica aparece en mínimo tres gradientes importantes para el caso analizado: un eje centro-margen, pues la zona andina central acumula históricamente más fuerza institucional y crecimiento económico comparado con zonas del Pacífico, la Orinoquía, la selva amazónica y gran parte del Caribe. Un eje centro (zonas urbanas)-periferia (zonas rurales), donde los centros municipales y áreas metropolitanas muestran una oferta de servicios públicos e infraestructura administrativa notablemente mejor que la de los municipios rurales y asentamientos dispersos y un eje ligado a la existencia pasada de economías ilegales y guerra

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armada, muy fuerte en el corredor del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), el sur de Colombia (Amazonia) y ciertas subzonas fronterizas. Esos tres ejes, bien registrados en textos sobre progreso institucional en Colombia (Robinson, 2015, Galvis & Roca, 2020), avalan la necesidad de un estudio espacial a nivel municipal, apto para detectar patrones de agrupamiento y vinculación territorial que un examen generalizado a nivel estatal o nacional ocultaría.

2.2. Selección de variables

La definición de variables se basó en la metodología implementada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) para construir su índice departamental de competitividad. Esta metodología está compuesta de 98 indicadores duros provenientes de fuentes oficiales de orden nacional, organizados en torno a 13 pilares que abarcan dimensiones clave como: el funcionamiento institucional, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, el mercado laboral, la innovación, entre otras (Consejo Privado de Competitividad, 2025). Para efectos de esta investigación, se tomaron 27 indicadores formado dos grupos, con los que, según lo planteado en la introducción, se planea determinar la presencia estatal en los municipios.

2.2.1. Grupo de institucionalidad

La elección de estos 10 indicadores que conforman el grupo de institucionalidad nos permite medir la presencia estatal a través de las instituciones bajo la premisa que dicta que el Estado es algo que se construye regionalmente a partir de ciertas dinámicas sociales, políticas y económicas (Garcia Villegas y otros, 2011), cambiando con esto, la institucionalidad estatal dinámicamente en los territorios. Estos están ligados (en una relación de doble vía) a diferentes factores físicos, políticos, económicos y sociales. Para ello utilizamos cuatro variables de la siguiente manera como se ilustra en la Tabla 1:

Tabla 1.

Metodología de las variables del grupo de institucionalidad Variable Indicador Fuente Año Variable de justica estatal Presencia de juzgados a nivel municipal Eficiencia de la justicia a nivel municipal Consejo superior de la judicatura Consejo superior de la judicatura

2025

2025

Variable de seguridad Tasa de homicidios por municipio (cada 10.000 Hab) Tasa de secuestros por municipio Tasa de hurtos por municipio (cada 10.000 Hab) Min. Defensa

Policía Nacional

Min. Defensa

2024

2025

2025

Variable de tributación Capacidad municipal de recaudo

CUIPO - IGAC

2024

2024

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Ingreso tributario por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita

CUIPO - OEC -

DNP

Variable de transparencia y servicio público del Estado Servidores y servidores públicas por municipio Rendición de cuentas Eficiencia en el uso de las regalías

DAFP

Gestión Web Gestión Web

2025

2024

2024

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología usada por (Jiménez Macías, 2019, pág. 22).

2.2.2. Grupo de bienes públicos

Para este grupo se seleccionaron 17 indicadores que refieren a componentes de bienes públicos, los cuales debería proveer el Estado de manera efectiva en los municipios (educación, salud, infraestructura vial, ambiente y servicios públicos). Por lo cual, se tienen las variables mostradas en la Tabla 2: Tabla 2.

Metodología de las variables del grupo de bienes públicos Variable Indicador Fuente Año Variable de educación Cobertura neta en educación media

Puntaje promedio prueba Saber 11

Inversión en educación SIMAT - Min.

Educación

ICFES

– Min.

Educación

DNP-SICODIS

2024

2024

2025

Variable de salud publica Mortalidad infantil Inversión en salud pública Cobertura en salud Cobertura en vacunación pentavalente

DANE

DNP-SICODIS

Min. Salud Min. Salud

2024

2025

2024

2024

Variable de bienes y servicios Cobertura de acueducto

Cobertura de alcantarillado Cobertura en energía eléctrica rural Déficit habitacional REC – Super Servicios

UPME –

Min. Minas

DANE

2024

2024

2018

Variable de infraestructura vial Km de red vial a cargo del municipio Porcentaje de vías a cargo del municipio en buen estado Km de red vial primaria en el municipio

INVIAS

INVIAS

INVIAS

2025

2025

2025

Variable de gestión ambiental Disponibilidad de agua en el municipio Área de bosque en el municipio Índice municipal de gestión del riesgo

IGAC

IDEAM

DNP

2021

2024

2021

Fuente: elaboración propia

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2.3. Análisis exploratorio de datos espaciales

Este enfoque de análisis permite realizar una descripción y visualización de las distribuciones de los datos, identificación de datos atípicos y descubrir asociaciones o agrupamientos que sugieren algún tipo de estructura o heterogeneidad espacial (Anselin , 1998). En la actualidad, el análisis exploratorio de datos espaciales, por sus siglas en ingles ESDA, es utilizado en estudios de políticas públicas para evidenciar las diferentes desigualdades presentes en los territorios (Fuenzalida y otros, 2018). Se entiende que el ESDA, es un conjunto de herramientas gráficas y descriptivas que tiene por objetivo resumir las propiedades espaciales de los datos, descubrir y detectar patrones de comportamiento en la distribución espacial, identificar características inusuales o casos atípicos (outliers espaciales) dada su localización territorial y formular hipótesis sobre la presencia de fenómenos o asociaciones espaciales (Acevedo Bohórquez & Velásquez Ceballos, 2008).

Con base en lo anterior, se realiza inicialmente el análisis individual de cada variable de los grupos de institucionalidad y bienes públicos a través de herramientas estadísticas. Posteriormente, bajo el supuesto de que las variables de los grupos se distribuyen de forma uniforme en el espacio, para establecer si los indicadores de cada variable para un municipio tienen relación directa con otros municipios cercanos, lo que permite establecer patrones espaciales de agrupación (Durán Gil, 2017, pág. 17). Por lo cual, se calcula el índice I de Moran, que junto con el Z-Score y el p-valor buscan determinar el nivel de confianza que permita comprobar o rechazar la hipótesis propuesta. La representación espacial de los patrones encontrados se realiza a través del indicador local de asociación espacial Anselin Local Moran, siendo esta una parte crucial del análisis en la presentación y comunicación de resultados intermedios en el estudio (Bivand, 2010), ya que cualquier metodología para el análisis de datos espaciales necesita detectar inestabilidades espaciales o aglomeraciones mediante la medición de la asociación espacial que existe entre el valor de una variable en una observación específica y los valores de esa misma variable en sus unidades vecinas (Buzai y otros, 2015). 2.4. Construcción del índice de presencia estatal y visualización. Un grupo es una agregación de variables individuales agrupados por dimensiones, que tiene como objetivo proporcionar una medida sintética de un problema complejo, con base en la transformación de información que permita comparar valores en una escala fija (USAID, 2014). Para esta investigación, un grupo está compuesto por variables que tienen diferente escala de

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medida, por lo cual se realiza una normalización de los valores por medio de Z-Score, el cual es un criterio de estandarización estadística cuyo tratamiento matemático convierte los valores originales de la distribución de una variable en valores normalizados (Buzai y otros, 2015). De acuerdo al enfoque analítico basado en la autocorrelación espacial, se emplea como valor normalizado el Z-score obtenido con el estadístico espacial local Getis-Ord Gi*, el cual está diseñado específicamente para identificar con precisión dónde se concentran aglomeraciones extremas (Z- Score positivos o negativos) de un fenómeno (Buzai & Montes Galbán, 2021). Los indicadores seleccionados adquieren el mismo peso en el cálculo de los dos grupos ya que, al ser obtenidos de fuentes secundarias, no se conocen plenamente los procesos subyacentes que permiten derivar ponderaciones diferenciadas (Cutter y otros, 2003), situación que podría conducir a una asignación de pesos no justificada. La agregación de las variables normalizadas se hace a través de la sumatoria de los mismos, debido a su simplicidad, facilidad de comprensión y aplicación general (Nardo y otros, 2005). De esta manera, para cada uno de los municipios se obtienen los valores de cada variable con miras a conformar los dos grupos, que al ser cuantificados determinan el índice de presencia estatal.

Mediante la representación cartográfica, es posible visibilizar la distribución geográfica de la presencia estatal, optimizando el diagnóstico comparativo de sus configuraciones y patrones espaciales. Por lo tanto, el índice de presencia estatal se visualiza a través de mapas temáticos para representar su comportamiento espacial, empleando gamas de color bivariadas, ya que el índice presenta un punto de inflexión entre valores negativos (menor presencia) y positivos (mayor presencia).

3. Resultados y Discusión

3.1. Análisis exploratorio de datos espaciales

En rasgos generales, el grupo de institucionalidad presenta una heterogeneidad estadística muy elevada, con una diferencia considerable entre los municipios rurales (donde la presencia institucional es escasa) y los centros urbanos donde el Estado tiene una presencia más robusta. Varios de sus indicadores exhiben distribuciones fuertemente asimétricas, lo que confirma que la institucionalidad en Colombia no se distribuye de forma homogénea a lo largo y ancho del territorio nacional.

La variable de presencia de juzgados a nivel municipal constituye uno de los indicadores más reveladores de la desigualdad en el acceso a la justicia formal en Colombia. Su mediana es

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de 1.0, lo cual indica que, al menos en la mitad de los municipios del país cuentan con tan solo un juzgado. Sin embargo, la media asciende a 5.61 indicando que, un grupo reducido de municipios y ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla concentran una alta presencia de juzgados de diversas especializaciones.

La tasa de homicidios por cada 10.000 Hab. es un indicador de carácter negativo, ya que contiene valores demasiado altos expresando mayor inseguridad en capitales de departamento. La mediana es de 1.55 y la media de 2.51, mostrando una asimetría positiva moderada con la mayoría de los municipios ubicándose en niveles relativamente bajos. Uno de cada cuatro municipios del país no tiene registros de homicidios siendo estos en su mayoría rurales, indicando al parecer con un control comunitario alto.

La tasa de secuestros, es con diferencia el indicador más extremo y asimétrico de las variables de seguridad. Su diferencia entre media (9.51) y mediana (2.00) refleja una distribución heterogénea. Hay municipios en regiones como el sur del país, los llanos orientales, la costa pacífica y algunas subregiones andinas con una alta tasa de secuestros reflejando municipios que históricamente han sido afectados por grupos armados ilegales con alta capacidad operacional. La variable fiscal muestra una distribución más simétrica que las anteriores, ya que, en sus tres indicadores, la media y la mediana tienen una cercanía relativamente equilibrada. Sin embargo, la capacidad municipal de recaudo muestra una mayor varianza absoluta, lo cual indica que se presenta una distribución fuertemente asimétrica con unos pocos municipios que tienen capacidad de recaudo grande, en contraposición a varios municipios que dependen de las transferencias del gobierno central, sin ninguna capacidad endógena de recaudo. En la variable de transparencia y servicio público, los indicadores muestran una altísima rendición de cuentas en Colombia, lo cual no implica un cumplimiento formal de las leyes, calidad o eficacia en los procesos del Estado. El indicador de servidores públicos exhibe la mayor asimetría del grupo de Institucionalidad. Su desviación estándar (212.85) es casi cuatro veces la media (46.38), siendo esta más del doble de la mediana (18). Esto indica que, la inmensa mayoría de los municipios en Colombia tienen entre 10 y 32 servidores y servidoras públicas, con un grupo de ciudades capitales que concentra miles de servidores. La mediana de 18 servidores es la estadística más representativa de la realidad colombiana: un municipio opera con 18 servidores públicos reflejando limitaciones estructurales en la burocracia local.

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Para el grupo de Bienes públicos, los indicadores tienden a ser más homogéneos que en el grupo anterior, con el indicador de infraestructura física, inversión en salud pública y educación replicando los patrones de alta asimetría observados en el grupo de institucionalidad. La variable de educación muestra en general, una distribución simétrica, mostrando que, ningún municipio tiene una cobertura nula en educación. Sin embargo, hay municipios donde uno de cada siete jóvenes en edad escolar accede a la educación media, de acuerdo a las estadísticas analizadas. La media de la inversión en educación para 2025, fue de $36.152 millones de pesos, siendo casi 25 veces más alta que su mediana ($1470 millones de pesos), revelando que la inversión en educación en las grandes ciudades distorsiona el promedio nacional. Este indicador ilustra un desafío para el gobierno nacional, ya que la educación se está concentrando en las grandes ciudades independientemente de su eficacia o cobertura per cápita. Para la variable de salud pública, el indicador de mortalidad infantil presenta una distribución sesgada. Su mediana de 0 y el percentil 25 también de 0, indica que al menos el 50% de los municipios no registran muertes infantiles para el año de reporte. Esto puede reflejar avances en salud materno-infantil, pero también, se puede inferir que, hay un subregistro en los municipios con limitada capacidad de diagnóstico y registro. Para el indicador de inversión pública en salud, se observa una distribución fuertemente asimétrica gobernada por las grandes ciudades relegando a los municipios más pequeños. Su cercanía entre media y mediana (aproximadamente de 2.6 veces) sugiere que la inversión en salud tiene una distribución algo más uniforme que el indicador de inversión en el sector de educación. La variable de servicios públicos revela una brecha estructural profunda en la provisión de infraestructura. La cobertura media de acueducto (68.57%) para el año 2024 supera en casi 20 puntos a la del indicador de alcantarillado (46.51%), evidenciando una mayor dificultad en la gestión de aguas residuales, evidenciando que existen municipios y ciudades con cobertura del 100% como Briceño, Antioquia y municipios con cobertura nula como Puerto Salgar o Istmina en Choco.

Para la variable de infraestructura vial, se constata un alto rango relativo de municipios con 0 km de vías y otros con casi 9.000 Km. La mediana es de 194.5 Km frente a la media de 343.2 Km, presentándose extensas redes viales terciaras en varios municipios. Este porcentaje de vías en buen estado es extremadamente heterogéneo, evidenciando baja concentración particular, siendo esto, una dificultad para la identificación de clústeres. Al menos el 25% de los

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municipios, no cuentan con ningún tramo de red vial primaria, lo que implica que, su conexión con el resto del país depende exclusivamente de vías terciarias o secundarias posiblemente en un estado regular o malo.

Finalmente, la variable ambiental presenta distribuciones asimétricas gobernadas por la dispar geografía colombiana. La disponibilidad de agua oscila entre 0.66 Km y 52.120 Km, concentrándose principalmente en municipios amazónicos y de la Orinoquia. La distribución de bosques en Colombia también es muy desigual, evidenciando que, la Amazonia concentra la mayor parte de territorio boscoso del país, mientras municipios en los Andes y el Caribe tienen coberturas casi nulas. Para el indicador de riesgo municipal, ningún municipio muestra una escala de 100 en riesgo, lo que muestra que ninguno alcanza el nivel máximo, reflejando ciertas mejoras en la gestión del riesgo.

El índice de Moran, el Z-Score y P-valor se muestran en la Tabla 3. El 93% de los indicadores analizados presentan autocorrelación espacial positiva o un patrón de concentración, es decir, agrupaciones espaciales de valores altos o bajos, confirmada por I de Moran mayor a cero y cercano a 1, rechazando el supuesto de aleatoriedad con un nivel de confianza superior al 99 %, gracias a los valores muy altos del Z-score (superiores a 1.96) y muy pequeños del p-valor (cercanos o iguales a cero), lo que confirma un agrupamiento espacial generalizado en el territorio colombiano.

Tabla 3.

Índice de Moran, Z-Score y P-valor en orden descendente

Grupo Indicador

I. de Moran

Z-Score P-valor Grupo de Bienes Públicos Puntaje prueba Saber 11

0.6531

36.4501

0

Grupo de Bienes Públicos Disponibilidad de agua

0.6052

33.7819

0

Grupo de Bienes Públicos % vías en buen estado

0.5628

31.417

0

Grupo de Bienes Públicos Índice de riesgo

0.5385

30.0622

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura energía eléctrica rural

0.4803

26.8183

0

Grupo de Institucionalidad Capacidad de recaudo

0.4686

26.1655

0

Grupo de Bienes Públicos Km red vial municipal

0.4623

25.8168

0

Grupo de Institucionalidad Tasa de homicidios

0.4545

25.3788

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura boscosa

0.374

20.8966

0

Grupo de Institucionalidad Tasa de hurtos

0.3602

20.1262

0

Grupo de Institucionalidad Ingreso tributario OT per cápita

0.2891

16.163

0

Grupo de Bienes Públicos Km red vial primaria

0.2506

14.0142

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura de alcantarillado

0.222

12.4245

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Grupo de Bienes Públicos Cobertura neta educación media

0.1857

10.3974

0

Grupo de Institucionalidad Eficiencia de la justicia

0.1843

10.323

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura de acueducto

0.1779

9.9632

0

Grupo de Institucionalidad Rendición de cuentas

0.1443

8.0908

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura en salud

0.1288

7.2302

0

Grupo de Institucionalidad Servidores públicos

0.1018

5.7243

0

Grupo de Bienes Públicos Cobertura vacunación pentavalente

0.0734

4.1434

0

Grupo de Bienes Públicos Mortalidad infantil

0.0527

2.9861

0.0028

Grupo de Bienes Públicos Inversión en salud pública

0.0524

2.9721

0.003

Grupo de Institucionalidad Tasa de secuestros

0.052

2.9464

0.0032

Grupo de Bienes Públicos Inversión en educación

0.0305

1.7497

0.0802

Grupo de Bienes Públicos Déficit habitacional

0.0303

1.7387

0.0821

Grupo de Institucionalidad Eficiencia en el uso de regalías

0.021

1.2176

0.2234

Grupo de Institucionalidad Presencia de juzgados

-0.0012

-0.0165

0.9868

Fuente: elaboración propia Para distinguir la presencia de agrupaciones o clústeres a nivel local, se representan en color rojo aquellos patrones que influyen directamente en los distintos tipos de variables (HH), y en color azul, la relación inversa (LL). Así mismo, se destaca la presencia de atípicos espaciales: valor alto rodeado de bajos (HL) y valor bajo rodeado de altos (LH). El análisis local de Moran revela que, para la variable de Justicia (ver Figura 1), la eficiencia en la justica se concentra en la región andina central, coincidiendo con los municipios con más presencia de juzgados. Adicionalmente, también se observan regiones con una alta eficiencia de la justicia rodeados de municipios con baja eficiencia, sugiriendo que hay regiones donde la justicia formal es prácticamente inexistente. Son islas de eficiencia sin efecto sobre su entorno.

En la variable de seguridad, la tasa de homicidios (ver Figura 2) es la que muestra mayor concentración espacial, especialmente en el corredor del Pacífico colombiano, que incluye los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se observa en algunos municipios del nororiente antioqueño y en el sur de Córdoba. Esta área coincide con los territorios que históricamente han sido disputados por grupos armados ilegales y se caracteriza por la presencia de economías ilícitas y los niveles más bajos de institucionalidad estatal.

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Adicionalmente, la variable de tributación (ver Figura 3), se concentra en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, reflejando que municipios con una capacidad fiscal alta tienden a estar rodeados de otros municipios que también recaudan de manera eficiente. Esto se debe a que, comparten estructuras económicas formalizadas y conectividad institucional. Una inmensa región del sur del país tiene una baja capacidad fiscal, donde ningún municipio rompe el patrón de dependencia de las transferencias nacionales. Este es el mapa que mejor sintetiza la brecha fiscal territorial de Colombia.

Para finalizar, la variable de transparencia y servicio público (ver Figura 4), reproduce de manera idónea la jerarquía urbana del sistema de ciudades colombiano. La continuidad espacial de la presencia de servidores públicos en las grandes ciudades y áreas metropolitanas refleja que la burocracia estatal se organiza en torno a polos urbanos y genera efectos en municipios vecinos. No obstante, en el sur del país se presenta una densidad burocrática mínima, ya que, la presencia de servidores públicos es casi nula. En capitales departamentales de regiones periféricas (Leticia, Mitú o Puerto Inírida) hay más servidores públicos que en sus vecinos, sin embargo, no logran generar un efecto sobre los municipios vecinos.

Para el grupo de bienes y servicios públicos, el análisis local de Moran I revela una geografía municipal más fragmentada, dispersa y con mayores presiones entre variables. Esta complejidad enriquece el análisis y muestra que la presencia del Estado en los bienes públicos no se rige por una sola lógica territorial.

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Figura 1 Patrones locales de eficiencia de justicia

Figura 2 Patrones locales de homicidios Figura 3 Patrones locales de capacidad de recaudo

Figura 4 Patrones locales de servidores públicos

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La variable de educación en su cobertura es altamente dispar, ya que ninguna región conecta completamente, sugiriendo que la cobertura educativa media ha logrado avances relativos en múltiples subregiones, aunque sin consolidar un continuo territorial de alta cobertura. Para el indicador de inversión en educación (Ver Figura 5), las grandes ciudades invierten una cantidad significativa creando entornos donde los vecinos también invierten más, tal vez porque comparten instituciones educativas de nivel secundario y medio que atienden poblaciones de varios municipios, o porque los recursos del SGP se distribuyen de manera conectada en el territorio.

La variable de salud pública refleja en su indicador de mortalidad infantil (ver Figura 6) una problemática en zonas puntuales del norte y el interior andino del país. Para el resto del país, no muestra un patrón de concentración alto, indicado la posibilidad del avance real en salud materno-infantil o un subregistro sistemático en territorios con acceso limitado a servicios de salud formal. Para el indicador de inversión en salud, se puede observar que las grandes inversiones se presentan en las ciudades y sus municipios vecinos. La extensa zona gris en el sur y el oriente vuelve a confirmar el patrón visto en educación: la inversión en salud en las regiones remotas es tan uniformemente baja que no genera estructuras espaciales detectables por el I de Moran local. Los clústeres azules en partes del Pacífico y del sur andino marcan las zonas donde la inversión es baja y los vecinos también invierten poco, configurando desiertos de inversión pública en salud con impacto directo en el bienestar de las poblaciones locales. La variable de servicios públicos exhibe una realidad municipal dispar. La alta cobertura de acueducto y alcantarillado (ver Figura 7) se agrupa espacialmente, en el eje cafetero y el occidente antioqueño, en algunos municipios de Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y en municipios del norte del país. Esta distribución es el resultado de décadas de inversión en acueductos y alcantarillados municipales en la región cafetera, que históricamente ha tenido mejores niveles de desarrollo humano y existencia de instituciones locales sólidas que administraron la infraestructura de agua potable.

La concentración de municipios con baja cobertura de acueducto y alcantarillado son amplios y contiguos tanto en el Pacífico como en el sur andino, lo cual confirma una brecha de saneamiento estructural en estas regiones. Esto se puede explicar por qué los patrones de estos no son idénticos, revelando la diferencia con el mapa de acueducto donde hay municipios con acueducto, pero sin alcantarillado, siendo esto técnicamente posible y frecuente en el contexto

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colombiano. Esta concentración se ubica en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, una zona de alta densidad poblacional, pero con históricas deficiencias en saneamiento, asociadas a dinámicas de expansión urbana informal no planificada.

Para la variable de infraestructura vial (Ver Figura 8), se destaca la enorme concentración en el oriente del país (especialmente en los Llanos Orientales y parte de la Amazonia como el departamento del Caquetá). Los municipios llaneros cuentan con una extensión territorial grande, siendo sus vías de calidad baja, su extensión en kilómetros absolutos supera fácilmente a municipios andinos mucho más densos, pero geográficamente pequeños. El indicador registra cantidad, no calidad ni conectividad. En contraposición, los municipios con una buena calidad vial son mucho menores confirmando un patrón importante, que está relacionado con la extensión de vías en kilómetros que no equivale a que se encuentren en buen estado. Las regiones con grandes extensiones de vías (principalmente en los Llanos), cuentan con bajos porcentajes de vías en buen estado.

Para finalizar, la variable ambiental refleja una concentración alta en la región amazónica y Orinoquia. Esto cuenta con una explicación eminentemente geográfica, ya que, la riqueza hídrica de Colombia está entre las mayores del planeta y está concentrada sobre todo en las cuencas amazónica y de la Orinoquia, con ríos caudalosos, numerosos y permanentes. Para el indicador de bosques se observa el mismo comportamiento. El índice de riesgo (ver Figura 9) cuenta con una alta concentración de riesgo, en municipios donde se combina una geografía que mezcla tanto riesgo de origen natural como condiciones de vulnerabilidad social, ubicándose en varias subregiones del interior andino y el nororiente del país, coincidiendo parcialmente con zonas de alta pendiente, sismicidad y vulnerabilidad a eventos hidrometereológicos como inundaciones, deslizamientos y sequías.

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Figura 5 Patrones locales de inversión en educación

Figura 6 Patrones locales de mortalidad infantil

Figura 7 Patrones locales de cobertura de alcantarillado Figura 8 Patrones locales de Km de vías en cada municipio

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Figura 9 Patrones locales de índice de riesgo de desastres

3.2. Índice de presencia estatal y visualización

Para cada variable de los grupos de institucionalidad y bienes públicos se genera un índice compuesto a través de la adición de cada uno de los indicadores equiponderados, donde la suma de pesos equivale al 100 % del valor de la variable (ver Tabla 4 y 5). Tabla 4 Ponderación de factores por cada variable

Variable Numero de Indicadores Ponderación para cada indicador Variable de justica estatal

2

50%

Variable de seguridad

3

33.33%

Variable de tributación

2

50%

Variable de transparencia y servicio público del Estado

3

33.33%

Variable de educación

3

33.33%

Variable de salud publica

4

25%

Variable de bienes y servicios

4

25%

Variable de infraestructura vial

3

33.33%

Variable de gestión ambiental

3

33.33%

Fuente: elaboración propia

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Tabla 5 Descripción de ponderaciones de los indicadores por cada variable Variable Indicadores de la variable Justicia Estatal (VJE)

0.5 (Presencia de juzgados a nivel municipal) + 0.5 (Eficiencia de la justicia a

nivel municipal) Seguridad (VS)

0.333 (Tasa de homicidios por municipio) + 0.333 (Tasa de secuestros por

municipio) + 0.333 (Tasa de hurtos por municipio) Tributación (VT)

0.5 (Capacidad municipal de recaudo) + 0.5 (Ingreso tributario por instrumentos

de ordenamiento territorial per cápita) Transparencia y Servicio Público (VTSP)

0.333 (Servidores y servidores públicas por municipio) + 0.333 (Rendición de

cuentas) + 0.333 (Eficiencia en el uso de las regalías) Educación (VE)

0.333 (Cobertura neta en educación media) + 0.333 (Puntaje promedio prueba

Saber 11) + 0.333 (Inversión en educación) Salud Pública (VSP)

0.25 (Mortalidad infantil) + 0.25 (Inversión en salud pública) + 0.25 (Cobertura

en salud) + 0.25 (Cobertura en vacunación pentavalente) Bienes y Servicios (VBS)

0.25 (Cobertura de acueducto) + 0.25 (Cobertura de alcantarillado) + 0.25

(Cobertura en energía eléctrica rural) + 0.25 (Déficit habitacional) Infraestructura Vial (VIV)

0.333 (Km de red vial a cargo del municipio) + 0.333 (Porcentaje de vías a cargo

del municipio en buen estado) + 0.333 (Km de red vial primaria en el municipio) Gestión Ambiental (VGA) VGA = 0.333 (Disponibilidad de agua en el municipio) + 0.333 (Área de bosque en el municipio) + 0.333 (Índice municipal de gestión del riesgo) Fuente: elaboración propia El índice de presencia estatal se determina mediante la adición equiponderada de cada una de las variables calculados, de la siguiente manera: Índice de presencia estatal (IPE):

IPE = 11,11 (VJE) + 11.11 (VS) + 11.11 (VT) + 11.11 (VTSP) + 11.11 (VE) + 11.11

(VSP) + 11.11 (VBS) + 11.11 (VIV) + 11.11 (VGA).

La normalización producto del Z-Score Gi* (Getis Ord), nos permite establecer un ranking entre los municipios de los que se dispone la información para evaluar la presencia estatal de cada uno, y establecer una distinción jerárquica para cada variable correspondiente. El Índice de presencia estatal toma valores negativos hasta 1.0 (siendo los valores negativos los peores desempeños en el índice y los valores cercanos a 1.0 el caso contrario). Los valores negativos son un Estado con presencia casi nula en el territorio y los cercanos a 1.0, un Estado totalmente presente como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6.

Clasificación de los puntajes del índice de presencia estatal Puntaje Categoría

IPE

Municipios en esta categoría Descripción -0.44 a

-0.104

Muy baja presencia

225

El Estado tiene una presencia mínima o casi nula. Los ciudadanos enfrentan barreras extremas para acceder a derechos fundamentales. Son territorios donde la infraestructura es precaria o inexistente, y

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donde la ausencia institucional puede ser aprovechada por actores informales para ejercer control.

-0.104 a

0.023

Baja presencia

224

El acceso a la justicia y a servicios básicos es limitado o difícil debido a la falta de infraestructura. La presencia de funcionarios públicos es escasa y los recursos suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades de la población. Estas zonas suelen ser vulnerables a problemas de gobernanza.

0.023 a

0.041

Media presencia

224

Existe una infraestructura básica, pero la calidad o la continuidad de los servicios puede ser irregular. La ciudadanía tiene acceso a las instituciones, pero a menudo debe desplazarse a centros urbanos mayores para trámites complejos o servicios de salud especializados. Es el punto de equilibrio donde el Estado empieza a mostrar limitaciones frente a la demanda local.

0.041 a

0.13

Alta presencia

224

La mayoría de los servicios esenciales están cubiertos de manera continua. Aunque cuentan con instituciones, pueden presentar retos menores en la especialización de servicios o en la cobertura de zonas rurales dispersas. El Estado es el actor principal en la regulación de la vida social y económica.

0.13 –

1.00

Muy alta presencia

224

Existe una cobertura integral de servicios básicos (salud, educación, servicios públicos) y una infraestructura vial que facilita el acceso. La presencia de organismos de justicia y seguridad es permanente, permitiendo una respuesta relativamente rápida ante las necesidades ciudadanas. Son, generalmente, centros urbanos principales o municipios con alta capacidad de gestión.

Fuente: elaboración propia La interpretación del valor del índice en cada una de las variables se hace de manera similar al valor del Z-score: valores altos positivos (superiores a 1,96) indican una probabilidad significativa de alta presencia del Estado, y bajos valores negativos (inferiores a 1.96) una probabilidad significativa de baja presencia del Estado. Las Tablas 7 y 8 destacan los diez municipios con mayores y menores valores por cada variable y el índice de presencia estatal total.

Tabla 7 Municipios con muy alta presencia estatal

DEPARTAME

NTO

MUNICIPIO

VJE

VS VT

VTSP

VE

VSP

VBS

VIV

VGA

IPE

ANTIOQUIA

ITAGÜÍ

2.0666

-

1.4015

2.1129

3.3381

1.7815

0.5973

0.1536

0.3022

0.1109

1.0068

ANTIOQUIA

ENVIGADO

1.2967

-

1.1139

3.0833

2.0954

1.3971

0.6932

0.2858

0.4476

0.1372

0.9247

VICHADA

PUERTO

CARREÑO

0.0763

0.3268

0.118

-

0.0242

-

0.6694

0.0656

0.063

3.1522

5.0359

0.9049

CUNDINAMA

RCA

COTA

3.4627

-

3.5171

2.1674

0.5375

2.8565

1.6142

-

1.1073

1.1673

0.2341

0.8239

ANTIOQUIA

GUARNE

1.2228

-

1.1459

2.1056

2.3994

1.4066

0.6047

0.053

0.4849

0.1428

0.8082

ANTIOQUIA

BELLO

1.4502

-1.252

1.3299

2.8137

1.4292

0.7116

-

0.1061

0.3873

-

0.0145

0.7499

ANTIOQUIA

LA

ESTRELLA

1.4582

-

1.1685

1.5526

2.1934

1.3471

0.5884

0.1062

0.2291

0.0155

0.7024

CUNDINAMA

RCA

FUNZA

2.8604

-

2.9945

1.8615

0.5755

2.5028

0.9265

-

0.8006

1.1209

0.1934

0.694

ANTIOQUIA

COPACABA

NA

1.2196

-

0.9463

1.0854

2.0562

1.289

0.6917

0.0489

0.4273

0.1649

0.6707

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Suarez Benavides Oscar Javier / Boletín Gresia XX (xx), pp. x-x. Junio, 20XX.

ANTIOQUIA

RIONEGRO

0.832

-

0.6992

2.0259

1.5656

1.1059

0.3012

0.1017

0.4715

0.1732

0.6531

Fuente: elaboración propia Tabla 8 Municipios con muy baja presencia estatal

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VJE

VS VT

VTSP

VE

VSP

VBS

VIV

VGA

IPE

BOLÍVAR

PINILLOS

-

0.0963

0.3653

-

0.7429

-

0.6826

-

0.5943

0.1936

-

0.5531

-

0.5056

-

0.5325

-0.3498

CAUCA

BALBOA

-

0.2018

-

0.7715

-

0.7684

-

0.5645

-

0.3093

-

0.1777

-

0.0119

-

0.2579

-

0.1889

-0.3613

BOLÍVAR

BARRANCO

DE LOBA

0.25

0.4382

-

0.7645

-

0.6209

-

0.7876

0.1244

-

0.7445

-

0.7045

-

0.4534

-0.3625

NARIÑO

SANTA

BÁRBARA

-

0.2478

0.2394

-

0.9077

-

0.4331

-

1.2513

-0.097

0.0158

-

1.1713

0.36

-0.3881

NARIÑO

LA TOLA

-

0.7211

0.2871

-

0.6127

-

0.2756

-

1.3266

-

0.3911

0.2403

-

1.0161

0.2486

-0.3963

CAUCA

GUAPI

-

0.1904

-

0.4432

-

0.5278

-

0.4967

-0.907

-

0.3035

0.3095

-

1.0068

-

0.0218

-0.3986

NARIÑO

LEIVA

-

0.4636

-

0.0852

-

0.7797

-

0.6642

-

0.5665

-

0.4042

-

0.0621

-

0.4331

-0.173

-0.4035

BOLÍVAR

TIQUISIO

0.0633

0.2554

-

0.8512

-0.572

-

0.8763

-

0.0082

-

0.7202

-

0.7205

-

0.2397

-0.4077

BOLÍVAR

ARENAL

0.1067

0.1557

-

0.7691

-

0.2378

-

0.9728

-

0.4232

-

0.6468

-

0.8343

-

0.0586

-0.4089

GUAINÍA

LA

GUADALUPE

-

2.2349

0.2779

-

0.2117

0.1339

-

0.0216

-

1.2421

-

0.6872

-

1.1789

1.2091

-0.4395

Fuente: elaboración propia En la Figura 10, se muestran las 9 variables temáticas normalizadas mostrando como se configura un sistema de segregación estadística robusta, donde los elevados Z-scores de variables como la tributación y la infraestructura vial confirman una fortaleza del corredor Cundinamarca- Boyacá-Santander cuya consolidación no es accidental. Mientras el centro del país opera bajo una inercia de eficiencia acumulativa en clústeres de alta significancia, las periferias quedan atrapadas en un abandono validado por la estadística.

En la Figura 1, se presenta el mapa del índice de presencia estatal resumiendo la capacidad del Estado colombiano para desplegar institucionalidad y proveer bienes públicos en sus 1.121 municipios. Los resultados globales muestran un índice con media de 0,018 y mediana de 0,009, prácticamente centrado en cero por construcción del índice. La desviación estándar es de 0,172, con un rango que va desde -0,440 hasta 1,00. La asimetría positiva (la media supera ligeramente a la mediana) refleja que un grupo reducido de municipios con alta presencia estatal ejerce una influencia hacia arriba sobre el promedio, mientras la mayoría se concentra cerca del centro. Esta estructura es consistente con la conocida desigualdad territorial de la presencia estatal colombiana.

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Figura 10 Variables temáticas del Índice de presencia estatal (Z-Scores Getis Ord ponderados) Fuente: elaboración propia

3.2.1. Municipios con muy alta presencia estatal

Los 224 municipios con muy alta presencia estatal oscilan entre 0.13 a 1.0. Los municipios con más presencia del Estado son Itagüí, Envigado y Puerto Carreño. El patrón se presenta evidente, siendo seis de los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburra

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y tres de la región metropolitana de Bogotá. Todos comparten características comunes: alta institucionalidad (todas las variables son mayores a 0), una fuerte tributación y buenos resultados en educación y salud. Sin embargo, en varios de estos municipios presentan una variable de seguridad negativa, siendo los municipios con más hurtos y homicidios junto con Bogotá, Cali y Medellín. Lo anterior indica que, por su concentración social y económica, se genere estadísticamente un mayor registro delictivo.

El caso de Puerto Carreño es paradigmático, siendo este el tercer municipio con mejor índice de presencial estatal con un perfil radicalmente distinto a los de este grupo. Tiene los porcentajes más altos en las variables ambiental y de infraestructura vial, pero sus dimensiones institucionales son ligeramente negativas, indicando con esto que, su gran riqueza ambiental lo dota de un índice alto. Sin embargo, si excluimos estos índices, Puerto Carreño tendría un índice de presencia estatal medio-bajo.

Esta categoría se encuentra dominada por 5 departamentos concentrando el 61.2% de los municipios con alta presencia estatal: Cundinamarca (41 municipios, 18,3%), Antioquia (39, 17,4%), Meta (21, 9,4%), Boyacá (19, 8,5%) y Valle del Cauca (16, 7,1%).

3.2.2. Municipios con alta presencia estatal

La categoría de alta presencia agrupa a 224 municipios con un índice comprendido entre 0,041 y 0,130, una media de 0,082 y una desviación estándar de tan solo 0,026 (la más baja de las cinco categorías), lo que indica que estos municipios constituyen el grupo más homogéneo internamente del índice. Se trata de territorios que superan el promedio nacional en la gran mayoría de las dimensiones, pero que no destacan particularmente en ninguna de ellas. Boyacá, con 37 municipios (16,5 %), Santander (26, 11,6 %) y Cundinamarca (25, 11,2 %) son los departamentos con mayor presencia. Boyacá es un departamento muy relevante en esta categoría: cuenta con una amplia red de municipios de tamaño mediano con buen desempeño en términos de indicadores de educación, salud y tributación. Sin embargo, no cuenta con concentraciones metropolitanas que eleven su índice a la siguiente categoría. Boyacá se destaca como el departamento de la Colombia periférica con una presencia sólida, pero no excepcional del Estado.

Las variables temáticas con mayor contribución promedio en esta categoría son la tributaria y educación, seguidas de bienes y servicios e infraestructura vial. La puntuación de seguridad tiene un promedio de –0,007, prácticamente neutro, lo que contrasta con la variable de

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seguridad profundamente negativa de la categoría superior. En la alta presencia, la seguridad no es ni la fortaleza ni la debilidad dominante. Figura 11 Índice de presencia estatal en los municipios de Colombia

Fuente: elaboración propia

3.2.3. Municipios con media presencia estatal

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Los 224 municipios con presencia media se sitúan en el centro de la distribución. Su índice oscila entre 0,023 y 0,041, y su media es de 0,009. Son los municipios estadísticamente más cercanos a la media nacional: no presentan fortalezas ni debilidades sistemáticas en ninguna de las nueve variables temáticas. En promedio, todas las variables son casi nulas, lo que significa que no superan ni se quedan por debajo de los resultados típicos de un municipio colombiano. Los departamentos con mayor representación son Boyacá (28, 12,5 %), Cundinamarca (24, 10,7 %) y Santander (22, 9,8 %). El hecho de que estos mismos tres departamentos aparezcan en las categorías de presencia alta y media confirma que tienen una distribución bimodal interna muy pronunciada: por un lado, municipios con alta presencia (por lo general, los más urbanos o mejor conectados) y, por otro, municipios con presencia media o incluso baja (los más rurales y alejados de los centros de servicios departamentales).

3.2.4. Municipios con baja presencia estatal

Los 224 municipios con baja presencia tienen un índice comprendido entre -0,104 y -0,023, con un promedio de -0,061. Las variables con contribuciones promedio más negativas son tributación, bienes y servicios, infraestructura vial, y gestión ambiental. La tributación se perfila como la dimensión más crítica: estos municipios presentan sistemáticamente una capacidad fiscal endógena inferior a la media, lo que les impide financiar de manera autónoma los servicios y bienes públicos con sus propios recursos.

El departamento con más municipios en esta categoría es Antioquia, con 33 municipios (14,7 %), seguido de Boyacá (23, 10,3 %) y Nariño (23, 10,3 %). La fuerte presencia de Antioquia (que también lidera la categoría de presencia muy alta) confirma la extrema polarización interna de este departamento: el área metropolitana del Valle de Aburra concentra la alta presencia, mientras que amplias subregiones como el Bajo Cauca, el occidente y el nordeste antioqueño tienen una baja presencia. Antioquia, en sí misma, es un microcosmos de la desigualdad territorial colombiana. Una característica destacada de esta categoría es la variable de seguridad, con un promedio de +0,066, que es ligeramente positivo. Esto indica que los municipios de baja presencia estatal, no son necesariamente los más violentos en términos relativos: su problema central es la ausencia de capacidades tributarias, de infraestructura y de gestión ambiental, más que la violencia directa. Son territorios empobrecidos institucionalmente pero no necesariamente los más inseguros.

3.2.5. Municipios con muy baja presencia estatal

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Los 225 municipios con una presencia muy baja representan el extremo inferior del índice comprendido entre -0,440 y -0,105, con una media de -0,199 y una desviación estándar de 0,072, significativamente mayor que en las categorías intermedias. Las variables temáticas con los promedios más bajos son tributación, educación, bienes y servicios, infraestructura vial y gestión ambiental. Es la única categoría en la que prácticamente todas las variables temáticas son negativas al mismo tiempo, lo que da lugar a un déficit estatal multidimensional sin compensaciones. Los departamentos con más municipios en esta categoría son Bolívar (41, 18,2 %), Cauca (26, 11,6 %), Magdalena (24, 10,7 %), Chocó (23, 10,2 %) y Nariño (19, 8,4 %). En conjunto, estos cinco departamentos representan el 59,1 % de los municipios con presencia estatal muy baja.

En el caso de Bolívar, 41 de sus 46 municipios (89,1 %) tienen presencia estatal muy baja o baja. Solo un municipio de Bolívar (la ciudad de Cartagena), tiene una presencia del Estado fuerte. El departamento del Chocó presenta el patrón más concentrado: 23 de sus 30 municipios (76,7 %) se encuentran en presencia muy baja y los otros 7 en presencia baja, sin que ningún municipio se encuentre en las tres categorías superiores. El departamento es, en su totalidad, una región de déficit estatal sistémico sin excepción municipal relevante.

4. Conclusiones

Muchos países tienen una geografía relativamente pareja y homogénea. Sin embargo, Colombia cuenta con una geografía impredecible y difícil que tiende a ser romantizada gracias a sus riquezas naturales olvidando la asimilación pura y simple de la periferia con lo salvaje. Este análisis espacial permitió determinar las fragilidades del territorio con base en los indicadores seleccionados para conformar cada variable de los grupos de institucionalidad y bienes públicos. Se establecieron patrones espaciales particulares con comportamientos diferenciados que permiten enfocar a los tomadores de decisiones hacia una intervención efectiva, eficiente y eficaz en aquellas regiones donde la baja puntuación del índice de presencia estatal es significativa.

Los indicadores elegidos definen un conjunto de características de los territorios, que inciden de manera directa o inversa en la presencia estatal. Las distribuciones en los datos registraron asimetrías de tipo estadístico, con presencia de valores atípicos, algunos extraordinarios, y otros posibles errores de medición.

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Se establecieron patrones de concentración, tanto de valores bajos como altos, en todas las variables, confirmados por la estadística espacial global. A nivel local, la mayor incidencia de indicadores que impactan directamente en la variable de seguridad, infraestructura vial o servicios públicos se da principalmente en las zonas periféricas del país. En la variable de tributación, la capacidad endógena de recaudo es alta en las grandes ciudades y sus municipios vecinos, mientras que los factores ambientales presentan clústeres de valores bajos en la región Andina y Caribe.

Una lectura geográfica del índice de presencia estatal revela una presencia con valores medio-alto que va desde el eje Bogotá-Región Metropolitana (muy alta presencia en Cundinamarca) hacia el norte por Boyacá y Santander (alta y media presencia). Esta cadena territorial refleja siglos de colonización andina, conectividad vial y densidad institucional acumulada. Es el corredor con presencia estatal más continuo y robusto de Colombia, y contrasta dramáticamente con el vacío institucional del sur y del Pacífico colombiano. Adicional, Chocó con 30 municipios en índices bajos y ninguno en las tres categorías superiores, sugiere una ausencia estatal prácticamente ininterrumpida, lo cual hace que se requiere un plan especial de presencia del Estado que trascienda los períodos de gobierno. Si bien, se analizó una cantidad importante de indicadores, estos no son determinantes absolutos y concluyentes de la presencia del Estado en los municipios, ya que, esta es una condición espaciotemporal dinámica, por lo que es importante realizar análisis que incorporen características propias de coyunturas futuras, como el extractivismo minero, el narcotráfico, el cambio climático, la producción agropecuaria, el precio de los alimentos, el ingreso monetario y el mercado laboral, entre otros. Para hacer esto, es fundamental que las entidades nacionales encargadas generen información detallada y de dominio público, con el fin de realizar análisis más complejos para modelar fenómenos con el menor grado de generalización e incertidumbre. Igualmente, aunque la presencia estatal muestra patrones claros y definidos en todo Colombia, esto no significa que dentro de estas regiones es el comportamiento general, ya que, cada municipio presenta dinámicas internas de exclusión y segregación. La importancia de establecer diferencias, por ejemplo, entre entornos urbanos y rurales es establecer grietas en las condiciones sociales y medioambientales entre el campo y la ciudad, así como en los entornos socioespaciales del sistema de ciudades colombiano.

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Indudablemente se establece una focalización en la costa pacífica y Caribe. Se evidencia en la mayoría de sus municipios un índice bajo y muy bajo constituyendo una emergencia territorial que requiere intervención multisectorial simultánea por parte del Estado colombiano. El déficit es en todas las dimensiones y no puede abordarse con programas sectoriales aislados. La presencia del Estado adquiere plena importancia y vigencia en la agenda y política pública local, departamental y nacional, no solo en cuestiones específicas asociadas al ordenamiento territorial o la recuperación del monopolio de la violencia, sino, desde una perspectiva más amplia, que contempla tanto el desarrollo municipal como temáticas de relevancia actual, entre ellas, la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, la metodología presentada junto a los resultados alcanzados se transforma en un recurso valioso para establecer diagnósticos locales en las diversos municipios analizados o técnicas de evaluación y comparación que permitan medir el estado y progreso de la presencia del Estado y sus instituciones. Esto abarca objetivos vinculados a la eliminación de la pobreza, la salud y el bienestar, el acceso al agua potable y servicios de saneamiento, el empleo digno y el desarrollo económico, así como la lucha contra el cambio climático y la preservación de ecosistemas, entre otros aspectos.

Por lo tanto, este estudio se convierte en una herramienta útil no solo para los responsables de la política pública, sino también para analistas, investigadores y cualquier persona interesada en examinar y representar al Estado como una forma de organización social que interconecta factores determinantes, moldeando el espacio geográfico manifestándose como una relación inseparable.

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6. Declaraciones

Autoría: Los autores declaran la originalidad de los resultados presentados y su contribución específica dentro del artículo.

Financiación: Los autores mencionan el apoyo financiero obtenido para la investigación.

Reconocimientos: Los autores del artículo agradecen a la Institución por proveer las instalaciones y recursos del laboratorio, además de agradecer a las personas que contribuyeron en la investigación.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés para la publicación del artículo.

Cita: Suárez Benavides, Oscar Javier (2026), Análisis espacial de la presencia estatal en Colombia, Universidad Antonio Nariño, p. N. https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/14966