EDUCACIÓN EN EL POSCONFLICTO: REVISIÓN DEL ESTADO DE

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL - PEER

JULY KATHERINE CASTILLO RAMOS

ASERORA: MARÍA DEL PILAR OSPINA GRAJALES

MODALIDAD: TRABAJO DE REVISIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA PÚBLICA Y GESTIÓN TERRITORIAL

PEREIRA

2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7

1.

ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO ................................ 10

2.

MARCO CONTEXTUAL: REGIONES PRIORIZADAS ....................................................... 14

3.

HACIA EL DESARROLLO RURAL Y LA CONTRUCCIÓN DE PAZ: PLAN ESPECIAL

DE EDUCACIÓN RURAL – PEER ................................................................................................. 20

4.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL –

PEER ................................................................................................................................................. 25 REFLEXIONES FINALES ............................................................................................................... 33 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución municipios según categoría de ruralidad .......................................... 15 Figura 2. % de municipios PDET con presencia de Grupos al Margen de la Ley (2014) .... 15 Figura 3. Incidencia de pobreza multidimensional, Censo 2005 ......................................... 16 Figura 4. Dimensiones índices de Condiciones de Vida de la población rural dispersa, CNA

2014 ...................................................................................................................................... 16

Figura 5. Cobertura neta en educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media (año 2016)

.............................................................................................................................................. 17

Figura 6. Pruebas saber 11 - Lectura crítica y Matemáticas del año 2016 (Puntos de 100). 18 Figura 7. Distribución de docentes por zona (2016)............................................................. 18 Figura 8. Sedes educativas públicas por zona (2016) ........................................................... 19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Indicadores para la implementación del PEER ........................................................................................... 23 Tabla 2. Estado de Implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral a 31 de mayo de

2018. .......................................................................................................................................................................... 25

Tabla 3. Estado de implementación del componente Escuela, Familia y Comunidad. ............................................. 26 Tabla 4. Estado de implementación del componente Infraestructura y Dotación .................................................... 27 Tabla 5. Estado de implementación del componente Administrativo ....................................................................... 28 Tabla 6. Estado de implementación del componente Pedagogía y Académica......................................................... 28 Tabla 7. Estado de implementación del componente Ambiente Escolar y Bienestar ............................................... 29 Tabla 8. Estado de implementación del componente Docentes y Directivos ............................................................ 29 Tabla 9. Estado de implementación del componente de Educación Superior ........................................................... 30 Tabla 10. Indicadores del PEER que no reportan avances en su implementación .................................................... 31 Tabla 11. Costo Total del PDET Billones de pesos de 2016 .................................................................................... 34 Tabla 12. Fuentes de financiamiento indicativas para PDET billones de pesos constantes de 2016. ....................... 35

ÍNDICE DE MAPAS Y ESQUEMAS

Mapa 1. Zonas priorizadas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET .................................................................................................. 14

Esquema 1. Estrategias de Plan Especial de Educación Rural PEER. ................................. 22

RESUMEN

En el marco del posconflicto, la terminación de más de medio siglo de confrontación armada representa un hito histórico para el país al devolver la mirada hacia el campo colombiano invisible y excluido del desarrollo territorial durante décadas. Frente a las nuevas miradas que se forjan alrededor de la ruralidad, se propone la identificación de las disposiciones que desde el componente social de la Reforma Rural Integral - RRI se establece en materia de educación rural (Plan Especial de Educación Rural – PEER) para las regiones priorizadas, como también la revisión de los avances en la implementación de lo dispuesto.

Palabras Claves: Posconflicto, Reforma Rural Integral, Plan Especial de Educación Rural, Desarrollo Territorial.

ABSTRACT

In the post-conflict context, the end of more than half a century of armed confrontation represents a historic milestone for the country when it returns its gaze to the Colombian countryside that has been invisible and excluded from territorial development for decades. In view of the new perspectives that are forged around rurality, it is proposed to identify the provisions that from the social component of the Integral Rural Reform - RRI is established in rural education (Special Rural Education Plan - PEER) for the prioritized regions, as well as the review of progress in the implementation of the provisions. Keywords: Postconflict, Integral Rural Reform, Special Plan of Rural Education, Territorial Development.

INTRODUCCIÓN

Ya casi se cumplen dos años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC) hoy partido político Fuerza Alternativa de Común.

La terminación de más de medio siglo de confrontación armada representa un hito histórico para el país, no sólo porque reivindica los derechos y pone fin al sufrimiento de más de ocho millones de víctimas de desplazamiento, despojo, desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro entre otros hechos, sino que también representa una oportunidad para volver la mirada hacia el campo colombiano invisible y excluido del desarrollo territorial durante décadas, como lo reconoce en su momento el Informe Nacional de Desarrollo Humano “existe una Colombia pujante, moderna y urbana que puede compararse con países desarrollados, y otra pobre, rural y atrasada, característica de sociedades feudales”

(PNUD, 2011).

Como lo expresa el propio Acuerdo, “el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social – en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto – (…)” (2016, pág. 6). Para asegurar las reformas y los ajustes institucionales necesarios para edificar la paz, en el Acuerdo se establecieron seis puntos que contribuyen a la transformación del territorio: 1. La Reforma Rural Integral para la transformación estructural del campo colombiano, 2. Participación Política enfocada hacia el fortalecimiento de la democracia, 3. Fin del Conflicto que contiene el cese al fuego definitivo y dejación de armas, 4. Solución al problema de Drogas Ilícitas, 5. Los derechos de las Victimas y finalmente el punto 6 refiere los mecanismos de implementación y verificación. De esta manera la terminación del conflicto posibilita mayor inversión y presencia institucional y contribuye a reducir las asimetrías sociales y económicas que caracteriza al territorio colombiano. Llama la atención que el primer punto del Acuerdo lo constituye la Reforma Rural Integral “Hacia un nuevo campo colombiano”, en tanto que aborda causas históricas del conflicto armado; el uso y tenencia de la tierra como también las desigualdades que han prevalecido entre lo urbano y lo rural.

Se entiende entonces que la Reforma Agraria es una cuestión fundamental para que la paz sea sostenible y para que se genere desarrollo en territorios pobres, impactados por la violencia y la marginación de la acción estatal. Una gran apuesta de carácter territorial que supone ubicar al campo colombiano en el centro de la intervención pública, en donde se

garantice el acceso a bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud, vivienda, empleo, seguridad, infraestructura entre otros y se habiliten las condiciones para generar prosperidad económica y bienestar social.

En este sentido en la Reforma Rural Integral, (RRI) se considera determinante impulsar la transformación estructural del campo a través de tres grandes banderas (Kroc, 2018).  Acceso y uso. Tierras a través de un Fondo de Tierras y otros mecanismos de accesos a tierras; de procesos masivos de formalización de la pequeña y mediana propiedad; de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso (nueva jurisdicción agraria; de un Sistema de Información Catastral Multipropósito; del cierre de la frontera agrícola; la protección ambiental y del ordenamiento territorial, incluido el desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina.

 Programas de Desarrollo con enfoque territorial (PDET)  Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (bienes públicos)

- Infraestructura: vial, riego, eléctrica, conectividad.

- Desarrollo social: salud, educación rural, vivienda, agua potable, formalización

laboral, protección social y derecho a la alimentación.

- Estímulo y asistencia técnica a la producción agropecuaria y la economía

solidaria y cooperativa.

Es decir, la RRI no sólo plantea medidas frente al uso de la tierra, la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, sino que también concibe el atraso, la pobreza, la escasez de los servicios del Estado y las reducidas oportunidades que enfrenta la población rural, como una condición que se debe resolver si se quiere generar un Desarrollo Rural Integral y posibilitar la construcción de una paz estable y duradera que supere las condiciones que prolongaron el conflicto armado.

Y es frente a las nuevas miradas que se forjan alrededor de la ruralidad en el país, que se deriva la propuesta de revisión de este documento: Identificar las disposiciones que desde el componente social de la RRI se establece en materia de educación rural (Plan Especial de Educación Rural – PEER) para las regiones priorizadas, como también revisar los avances en la implementación de lo dispuesto.

Es importante señalar que, aunque sería interesante realizar este ejercicio de identificación y revisión de implementación para todos los puntos de la RRI, este documento se limita únicamente a analizar el componente de educación rural dadas las restricciones de tiempo para la construcción de este trabajo descriptivo.

Se aborda la educación rural, en primer lugar, porque uno de los impactos más devastadores del conflicto armado es el que se relaciona con las repercusiones en los sistemas educativos. La revisión de los antecedentes señala efectos negativos en la matrícula escolar y menores logros educativos. “Son muchos los niños y jóvenes que no van a la escuela porque fue destruida, porque están dedicados a la guerra, porque el maestro murió o huyó,

porque ellos y sus padres fueron desplazados, porque ya no pueden costearse el estudio o porque el presupuesto del sector educativo se desvió hacia el gasto militar” (PNUD, Informe de Desarrollo Humano , 2003).

En segundo lugar, la menor escolaridad de la población rural sigue siendo la principal brecha entre la zona rural y urbana. Mientras que la población urbana cuenta en promedio con educación secundaria (9 años en educación), la población rural hasta ahora tiene primaria completa y esto obedece a que mientras las tasas de cobertura neta de educación secundaria y media en la zona urbana se ubica en el 79% y 48% respectivamente, en la zona rural se reduce al 55% y el 25%. (DNP, 2015).

Y en tercer lugar por la visibilidad que ha adquirido dentro de las agendas públicas nacionales y regionales, que no obedece únicamente al reconocimiento que a partir de las teorías económicas han sustentado la importancia del capital humano en su doble papel como factor de crecimiento y determinante de los procesos de distribución del producto social, sino también, por razones de movilidad, es decir, la educación permite que los individuos mejoren sus condiciones socioeconómicas y las de su contexto, proporciona mayores oportunidades de bienestar y permite superar las trampas de la pobreza. Este documento está organizado de la siguiente forma: la primera sección se aborda una revisión de antecedentes relacionada con los impactos que genera la exposición al conflicto armado en la asistencia escolar y el logro educativo; la segunda sección abarca una breve caracterización de los estudiantes rurales en las zonas priorizadas para la implementación de la RRI; en la tercera sección se registra lo dispuesto en el plan especial de educación rural (PEER) y los avances en su implementación, y la última sección las reflexiones finales.

1. ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO

La construcción de una paz estable y duradera sin duda alguna exige esfuerzos importantes de todos los actores de la sociedad colombiana y en este marco, la educación adquiere un protagonismo relevante como espacio para la transformación social y la construcción de nuevos escenarios de convivencia. Sin embargo, en este primer apartado se consideró pertinente realizar un ejercicio retrospectivo en el sentido de revisar los impactos que sobre la variable educativa ha tenido el conflicto armado, reconociendo que dentro de la población víctima de la violencia armada también figuran docentes y estudiantes desplazados, reclutados, amenazados y hasta asesinados. Además, porque no es frecuente que la educación figure en la evaluación de los costos del conflicto lo que motivó la revisión de estos antecedentes.

A menudo se reconoce que el conflicto armado afecta el desarrollo económico. Desde el punto de vista macroeconómico, reduce la inversión, disminuye los niveles de ahorro, aumenta las pérdidas de capital físico (infraestructura), ayuda a recomponer el gasto público y por ende puede influir negativamente sobre el crecimiento económico (Sánchez & Díaz, 2005).

No obstante, además de las repercusiones económicas, el conflicto genera pérdidas de capital humano y social deteriora la confianza en las instituciones, aumenta los costos de transacción (costos de transporte), incrementa la corrupción, la congestión judicial y reduce la participación política (Sáchez & Díaz, 2005).

Uno de los impactos más devastadores es el que se relaciona con las repercusiones en los sistemas educativos. Como se cita en (Dabalen & Saumik, 2012), destruye infraestructura (Abdi, 1998), causa problemas en la armonización de los calendarios escolares en las regiones afectadas por la guerra (UNICEF, 2005), las escuelas permanecen cerradas por un período de tiempo indefinido (Bruck, 1997), y tiene un efecto psicológico perjudicial en los estudiantes (Sany, 2010).

“Son muchos los niños y jóvenes que no van a la escuela porque fue destruida, porque están dedicados a la guerra, porque el maestro murió o huyó, porque ellos y sus padres fueron desplazados, porque ya no pueden costearse el estudio o porque el presupuesto del sector educativo se desvió hacia el gasto militar” (PNUD, Informe de Desarrollo Humano ,

2003)

Partiendo de este reconocimiento, en la revisión de los antecedentes se encontró que las referencias teóricas sobre los posibles efectos del conflicto armado en la inversión educativa son reducidas y la evidencia empírica es algo mayor. En general, la mayoría de los investigadores reconocen impactos negativos en la matrícula escolar y menores logros educativos.

Estudios a nivel internacional en países tan diversos como Ruanda (África Oriental), Costa de Marfil (África Occidental), Tayikistán (Asia Central) y Guatemala (América Central) encontraron que el conflicto armado reduce el número de años en educación. (Akresh & Walque, 2008) estimaron el impacto del genocidio ruandés de 1994 sobre la escolarización de los niños y como afecta la probabilidad de completar un grado escolar. Para ello se compararon los cambios en el logro educativo de niños en edad escolar combinando dos encuestas transversales de hogares representativas a nivel nacional realizada dos años antes del genocidio (1992) y seis años después del genocidio (2000). Se concluye que los niños pequeños expuestos al genocidio experimentan una disminución en la escolarización (0.5 años menos de educación) que los no expuestos y son un 15% menos propensos a completar el cuarto grado de primaria. Agregan que es probable que el impacto escolar negativo del genocidio afecte el bienestar a largo plazo a través de un efecto adverso sobre los futuros salarios y productividad de los adultos.

Así mismo (Dabalen & Saumik, 2012) estudiaron las relaciones causales entre educación y la guerra civil en Costa de Marfil utilizando la encuesta sobre los niveles de vida de los hogares del año 2008 e información estadística sobre incidencias locales del conflicto armado. Los resultados indican que los estudiantes expuestos a la guerra tuvieron menos años de educación escolar (0.9 años). Dentro de los impactos directos se registra la destrucción de infraestructura, desplazamiento y muerte de estudiantes y profesores, dificultades en la armonización de los calendarios de la escuela en las regiones afectadas por la guerra y cierre de instituciones por un período indefinido. El trabajo de (Shemyakina, 2006) analizó la relación entre educación, conflicto y género. Examina el efecto del conflicto armado en la acumulación de educación combinando las diferencias en la exposición al conflicto entre regiones y cohortes utilizando datos de la encuesta de los niveles de vida Tayikistán de 1999 y 2003. Los resultados de la regresión sugieren que la exposición al conflicto tuvo un efecto negativo en la inscripción de niñas de

14 a 16 años de edad y, poco o ningún efecto en la inscripción de niños y niñas más

jóvenes. Se concluye que la probabilidad de completar la escolarización obligatoria es reducida significativamente para las mujeres, pero no para los hombres. En Colombia, se destaca la investigación de (Rodriguez & Sánchez, 2009) con sus aportes a la medición del efecto del conflicto armado sobre las decisiones de acumulación de capital humano (escolarización) y el trabajo infantil de niños y jóvenes entre los seis y dieciséis años de edad de los municipios colombianos para el periodo 1990-2003. Utilizando modelos econométricos de duración y biprobit los resultados son robustos y significativos; el conflicto armado en los municipios aumenta la probabilidad de deserción escolar y trabajo infantil afectando principalmente a los estudiantes mayores de once años, induciéndolos a dejar la escuela y entrar al mercado laboral muy temprano. Las estimaciones sugieren que esta población enfrenta mayores riesgos de mortalidad, choques económicos negativos y una reducción en la calidad de la escuela lo que se convierte en

mecanismos impulsores a través de los cuales el conflicto armado reduce las inversiones de capital humano y aumenta el trabajo infantil.

En esta misma línea (Ibañez & Barrera, 2004) presentaron evidencia empírica acerca de la relación entre violencia y acumulación de capital humano. Los resultados indican que la violencia induce a una reducción en la acumulación de capital humano. La matrícula escolar decrece y es menor en aquellos municipios colombianos en los cuales la tasa de homicidio es mayor que la mediana nacional, es decir, la probabilidad de matriculación escolar disminuye a medida que aumentan las tasas de homicidios. Se concluye que el impacto de la tasa de homicidios es mayor que el impacto de las transferencias para educación del gobierno nacional a los gobiernos locales.

Por su parte (Sánchez & Díaz, 2005) revisaron el impacto de la intensidad del conflicto armado colombiano sobre el desarrollo social. En efecto, se estiman los costos sociales comparando los municipios con actividad armada ilegal con un grupo de municipios de control, utilizando técnicas econométricas conocidas como los estimadores emparejados. Los resultados muestran que el conflicto interno ha tenido repercusiones devastadoras para el desarrollo social del país. Así, los homicidios, secuestros y desplazados son mayores en aquellos municipios donde hubo acciones de grupos irregulares. De igual manera, el crecimiento de alumnos matriculados en primaria y secundaria fue menor en los municipios con actividad de grupos ilegales; los afiliados al régimen subsidiado de salud han sido menos que los potenciales y el descenso de la mortalidad infantil ha sido más lento en estos municipios.

En cuanto al análisis de los impactos del conflicto sobre la calidad educativa se encontraron muy pocos estudios en la literatura nacional. Se destaca el de (Gomez, 2016) quien revisó la relación entre el conflicto civil en Colombia y el rendimiento académico medida a través de los resultados en las pruebas Saber 11 utilizando un modelo multinivel con variables instrumentales. Como resultado se proporciona evidencia de que los niños y las niñas que permanecen en la escuela en áreas de conflicto tienen un bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas de conocimiento. Esto implica que es probable que reciban salarios más bajos en el futuro y perpetua las trampas de pobreza. Por eso es importante diseñar políticas efectivas que aseguren que los estudiantes que residen en zonas de conflicto permanezcan en la escuela, reciban protección para aumentar la asistencia escolar y asesoramiento psicológico que les permita obtener buenos resultados escolares y así mejores oportunidades de ingresos en su futuro.

Mientras que (Vargas, Gamboa, & García, 2014) estudiaron el impacto del conflicto armado sobre la equidad en el desempeño escolar para los municipios de Colombia medida a través de los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11 en las áreas de matemáticas y lenguaje para el periodo 1997-2010. Inicialmente se estima la igualdad de oportunidades a través de un modelo econométrico que explica la heterogeneidad en los resultados de las

pruebas. Posteriormente se utiliza la inequidad anteriormente estimada para calcular el efecto que sobre ella tiene la intensidad del conflicto armado. Los resultados sugieren que a medida que se intensifica el conflicto armado disminuye el conjunto relativo de estudiantes que presentan la prueba saber 11 (debido al aumento en la deserción escolar, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado o la victimización directa). Finalmente (Sánchez & Rodríguez, 2010) analizaron el efecto del conflicto armado en el logro educativo de los bachilleres de Colombia, utilizando como proxy los puntajes obtenidos en una prueba estandarizada nacional. Se encontró que el conflicto disminuye el rendimiento escolar en 0.75 puntos. Los resultados sugieren que este efecto no se debe a factores de oferta, sino más bien por lo impactos directos o indirectos del conflicto que afectan a los estudiantes y familias.

De esta manera se evidencia que el conflicto armado ha tenido impactos negativos sobre la cobertura y calidad educativa, al aumentar la probabilidad de deserción escolar, trabajo infantil y el reclutamiento de menores. En el largo plazo ha tenido efectos adversos sobre los salarios y la productividad, lo que en el marco del posconflicto implica pensarse en políticas educativas que generen los incentivos para asegurar la asistencia escolar y mejorar los resultados escolares para que estos estudiantes optimicen sus oportunidades en el futuro.

2. MARCO CONTEXTUAL: REGIONES PRIORIZADAS

Como se planteó en la parte introductoria, el propósito central de este documento es revisar el estado de implementación de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz en materia educativa, es decir, la ejecución del plan especial de educación rural (PEER) el cual se deriva del componente social de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET de la Reforma Rural Integral.

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo, la Transformación Rural deberá cobijar la totalidad de las zonas rurales, sin embargo, se priorizaron los territorios más necesitados de acuerdo a tres criterios1:

1.

Niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas.

2.

Grado de afectación derivado del conflicto.

3.

Debilidad institucional administrativa y de la capacidad de gestión

4.

Presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegitimas. En total son 170 municipios agrupados en 19 departamentos: Arauca, Sucre, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, César, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Huila, Tolima, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Meta y Guaviare como se ilustra en el mapa No 1 que muestra la distribución por subregiones.

Mapa 1. Zonas priorizadas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fuente: tomado de http://especiales.presidencia.gov.co.

1 Decreto 00893 de 2017 por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDFET como instrumentos para generar los cambios en las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de estos territorios.

Al revisar algunos indicadores se encontró, inicialmente que cerca del 76% de los municipios del PDET se reconocen en las categorías rural o rural disperso, mientras que la proporción a nivel nacional es del 61.6%.

Figura 1. Distribución municipios según categoría de ruralidad

Fuente: (DNP, Caracterización Territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –

PDET , 2017)

Además de ser territorios mayoritariamente rurales, se caracterizan por haber presentado importantes afectaciones derivadas del conflicto y la presencia de grupos al margen de la ley como las FARC y algunas bandas criminales (BACRIM) y concentrar el 94,5% de los cultivos de coca en el año 2016, así lo reporta informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI.

Figura 2. % de municipios PDET con presencia de Grupos al Margen de la Ley (2014)

Fuente: (DNP, Caracterización Territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –

PDET , 2017)

La incidencia de la pobreza multidimensional2 se ubica 23.8% por encima del promedio nacional. Al comparar el indicador por zona, se verifica que en las áreas urbanas la diferencia en la incidencia de la pobreza oscila en el 22.4%, mientras que la diferencia para las zonas rurales apenas es del 10%. Se deduce entonces que la incidencia de la pobreza en las zonas rurales es similar y casi que homogénea para todo el territorio nacional. Figura 3. Incidencia de pobreza multidimensional, Censo 2005

Fuente: (DNP, Caracterización Territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –

PDET , 2017)

Al contrastar los niveles de pobreza multidimensional con el índice de condiciones de vida3

– ICV por dimensiones, se confirma la persistencia de la pobreza en más del 80% de los

hogares rurales que carecen de servicios de acueducto, alcantarillado sumado a un bajo logro educativo, mayores tasas de analfabetismo, rezago e inasistencia escolar. Figura 4. Dimensiones índices de Condiciones de Vida de la población rural dispersa,

CNA 2014

Fuente: (DNP, Caracterización Territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –

PDET , 2017)

2 indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad de la misma 3 El Índice de Condiciones de Vida es un indicador del estándar de vida utilizado por el DNP, que combina variables de

acumulación de bienes físicos, medido a través de las características de la vivienda y acceso a los servicios

públicos domiciliarios, con otras que miden el capital humano presente y potencial a través de educación del jefe de

hogar y de los mayores de 12 años y el acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares. Finalmente, también se toma en cuenta la composición del hogar, como hacinamiento y proporción de niños menores de 6 años en las familias.

En cuanto a indicadores educativos, se graficaron los porcentajes de cobertura neta para cada nivel escolar, y se encontró que los mayores avances en términos de cobertura se registran para los niveles de educación primaria que alcanza porcentajes superiores al 80% seguida de la educación secundaria con un 70%. Los menores porcentajes son para la educación media que apenas llega al 45% y la educación preescolar que alcanza algo más de la mitad. Los Departamentos más rezagados son: Nariño, Putumayo, Guaviare, La Guajira, Caquetá y Chocó.

Figura 5. Cobertura neta en educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media (año 2016)

Fuente: (DNP, Fichas Territoriales , 2016).

Por su parte, además de las reducidas coberturas en los niveles de educación preescolar y media, se suma los bajos resultados en las pruebas estandarizadas de matemáticas y lectura crítica medidas por el ICFES en donde los estudiantes no superan los 50 puntos. En el rezago continúan los departamentos del Guaviare, La Guajira, Caquetá y Chocó.

Figura 6. Pruebas saber 11 - Lectura crítica y Matemáticas del año 2016 (Puntos de

100)

Fuente: (DNP, Fichas Territoriales , 2016).

Finalmente, al revisar la distribución de los docentes y sedes educativas por zona, se encuentra que las áreas rurales además de presentar una inferior distribución de docentes principalmente en los departamentos del Cesar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar y Magdalena, también enfrentan déficit en la infraestructura educativa puesto que la dotación de sedes públicas para estos territorios no superan el 20% si se les compara con la proporción de sedes para las áreas urbanas como se presenta en la gráfica No 7.

Figura 7. Distribución de docentes por zona (2016)

120

100

80

60

40

20

0

Urbana Rural

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE, 2016)

Valle del Cauca Sucre Norte de Santander Meta La Guajira Guaviare Cesar Casanare Bolívar Antioquia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rural Urbana Figura 8. Sedes educativas públicas por zona (2016)

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE, 2016)

Finalmente, de acuerdo a los indicadores anteriormente presentados, se encontró que los territorios priorizados para la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET de la Reforma Rural Integral además de presentar importante incidencia del conflicto armado y concentrar la mayor proporción de cultivos de coca para el año 2016, se caracterizan por tener altos niveles de pobreza que alcanzan porcentajes del 80% y no cuentan con servicios de acueducto ni alcantarillado. En materia educativa prevalecen mayores tasas de analfabetismo e inasistencia escolar principalmente en los niveles de educación preescolar y media como también bajo logro educativo, déficit en la distribución de docentes e infraestructura educativa medida por la reducida proporción de sedes educativas públicas en las áreas rurales.

Los departamentos con mayores rezagos son la Guajira, el Guaviare, Caquetá y el Chocó lo que da cuenta de la oportuna selección de los territorios priorizados, en una apuesta por la transformación estructural del campo colombiano y la integración de todas las regiones que hoy se convierten en escenarios de reconciliación.

3. HACIA EL DESARROLLO RURAL Y LA CONTRUCCIÓN DE PAZ: PLAN

ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL – PEER

Así las cosas, en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, el Acuerdo de Paz plantea la creación e implementación de un Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el propósito de atender las siguientes necesidades4:  Cobertura universal con atención integral a la primera infancia.  Modelos flexibles de educación preescolar, básica, media, que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial.  La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y al acceso a tecnologías de información.

 La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media.  El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.

 La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte.  La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once).

 La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.  La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas.

 La implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural.

 El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos etc.

 Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales.

 Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.

4 Definidos en el Acuerdo Final (2016).

De estas disposiciones que se establecen, tres apuntarían a garantizar total cobertura educativa en los niveles preescolar, básica, secundaria y media, puesto que el reducido nivel de escolaridad de los estudiantes rurales constituye, primero una de las principales brechas entre las zonas rurales y urbanas y segundo explicaría las mayores tasas de pobreza y la menor movilidad social de la población campesina. (DNP, 2015) Así mismo, dos (2) de las disposiciones estarían orientadas al mejoramiento de la calidad educativa en razón a que son los establecimientos educativos rurales los de menor desempeño en las pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES. Para ello se pretende dotar a las instituciones de infraestructura, tecnologías de la información, docentes calificados y en igual proporción proveer a los estudiantes insumos escolares, alimentación y transporte.

Y en las disposiciones finales del PEER, el Estado colombiano pretende asegurar una educación inclusiva, con importantes esfuerzos para que los estudiantes rurales accedan a la educación superior en sus distintas modalidades, formación técnica, tecnológica y universitaria con modelos educativos flexibles, acordes con las necesidades y pretensiones de la población estudiantil campesina.

Por último, es importante señalar que el Acuerdo enfatiza en que todas las medidas anteriormente descritas se deben implementar con un enfoque diferencial, es decir, que contribuyan a la eliminación de las brechas existentes y promueva una educación de calidad para todos conforme a las características individuales, regionales y culturales de la población beneficiada.

Por otra parte, la implementación del PEER está a cargo del Ministerio de Educación Nacional, entidad que dispuso de una ruta de estrategias que permitirán dar cumplimiento a lo acordado, es decir garantizar cobertura en todos los niveles educativos, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación rural, erradicar el analfabetismo y consolidar los mecanismos que le permitan al estudiante rural acceder a la educación superior. El plan se desarrollará en una temporalidad de diez años a través de nueve estrategias las cuales se describen en el siguiente esquema:

Infraestructura y dotación

1. Construcción de los lineamientos.

2. Ruta de fortalecimiento para el saneamiento

de la titularidad de predios de sedes educativas.

3. Construcción de insfraestructura nueva.

4. Programa Manos a la escuela

Administrativo Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media

1. Modelo de integración y gestión de sedes

rurales.

2. Plan de fortalecimiento de las Secretarias de

Educación en gestión y acompañamiento a las instituciones rurales.

3. Institucionalización de la atención integral a

la primera infancia.

1. Mejoramiento de las competencias básicas,

ciudadanas y de derechos humanos. Pedagogía y académica

2. Oferta de modelos educativos flexibles

l alineados con los referentes de calidad de Ministerio.

3. Planes y Proyectos Educativos territoriales

locales.

4. Fortalecimiento de la educación media.

1. Concurso docente y plan de incentivos

salariales.

Docentes y

2. Plan de capacitación en educación especial y

directivos pertinente.

3. Plan de profesionalización y formación.

4. Plan de incentivos no salariales

Ambiente escolar y bienestar Modelos educativos adaptables Acceso de la población a educación superior Educación superior Alianzas para el desarrollo rural del territorio y consolidación de la paz.

1. Transporte escolar.

2. Alimentación escolar.

3. Educación para adultos.

Estrategias del

PEER

Esquema 1. Estrategias de Plan Especial de Educación Rural PEER

Escuela, Familia y Comunidad

1. Fomento de capital social.

2. Fortalecimiento de la familia.

3. Promoción de Paz y reconciliación.

4. Aulas abiertas culturales y deportivas

Fuente: Elaboración propia con base en el PEER.

Para el cumplimiento del PEER, se consolidó un conjunto de metas, productos e indicadores que facilitará su seguimiento por parte de las diferentes instancias dispuestas para tal fin. A continuación, se presenta cada uno de los productos esperados e indicadores de medición, actividades que estarán bajo el liderazgo del Ministerio de Educación en articulación con la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIP) y las Entidades Territoriales competentes.

Tabla 1. Indicadores para la implementación del PEER Estrategia del

PEER

Producto Indicador Responsable Año de Inicio Año fin Escuela, familia y comunidad Servicio especial de alfabetización prestado en zonas rurales Tasa de analfabetismo rural Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Escuela, familia y comunidad Servicio especial de alfabetización prestado en zonas rurales Personas mayores de 15 años alfabetizadas en las zonas rurales Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Escuela, familia y comunidad Escenarios deportivos construidos y mejorados Territorios con escenarios deportivos mejorados y adecuados Coldeportes

2018

2031

Infraestructura y dotación Infraestructura educativa oficial construida y/o mejorada en zona rural Sedes rurales construidas o mejoradas Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Infraestructura y dotación Bibliotecas operando Territorios definidos en el respectivo plan de infraestructura de bibliotecas operando Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Administrativo Atención Integral a la primera infancia % de niños y niñas en primera infancia que cuenta con atención integral en zonas rurales Comisión Intersectorial para la Primera Infancia

2018

2031

Escuela, familia y comunidad Servicio de apoyo para el acceso a educación oficial % de matrículas con gratuidad en establecimientos educativos oficiales Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Pedagogía y académica Servicio de educación media articulada con programas de formación técnica agropecuaria % de territorios que cuentan con instituciones de educación media técnica agropecuaria Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Pedagogía y académica Educación flexible con enfoque diferencial % de instituciones educativas rurales que cuentan con modelos educativos flexibles Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Ambiente escolar y bienestar Revisar, actualizar y dotar la canasta educativa de los modelos educativos flexibles implementados % de establecimientos educativos oficiales con dotación gratuita de material pedagógico (útiles y textos) pertinente Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Ambiente escolar y bienestar Suministro de complemento alimentario para la población escolar rural Secretarias de educación certificadas con alimentación escolar rural contratada Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Ambiente escolar y bienestar Transporte escolar pertinente que fortalezca la permanencia % de secretarias de educación certificadas con transporte escolar rural contratado que cumpla con la normatividad Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Docentes y directivos Realizar y diseñar los concursos para docentes % de provisión de vacantes definitivas ofertadas a través de concursos Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Educación superior Acceso a la educación superior (técnicos, tecnológicos y universitarios) para la población de las zonas rurales Becas con créditos condonables en educación técnica, tecnológica y universitaria otorgadas a la población rural más pobre, incluyendo personas con discapacidad Ministerio de Educación Nacional/

ICETEX

2018

2031

Educación superior Cupos de educación técnica, tecnológica y superior habilitados en zonas rurales Nuevos cupos en educación técnica, tecnológica y superior habilitados en zonas rurales Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Educación superior Servicio de oferta de programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural Nuevos programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Educación superior Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas Ministerio de Educación Nacional

2018

2031

Educación superior Programa de investigación pertinente para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnologías y suelos Proyectos de investigación para el sector agropecuario en marcha Departamento Nacional de Planeación

2017

2031

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI)

4. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE

EDUCACIÓN RURAL – PEER

A continuación, se presenta de manera general un análisis cuantitativo del estado de implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural con corte a 31 de mayo de

2018.

Tabla 2. Estado de Implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral a 31 de mayo de 2018. Subtema Apartado del Acuerdo Disposiciones Estado de Implementación No iniciadas Mínima Intermedia Completa Infraestructura Rural: Vías Terciarias

1.3.1.1

2

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Infraestructura Rural:

Riego

1.3.1.2

5

3 (60%)

2 (40%)

0 (0%)

0 (0%)

Infraestructura Rural:

Electrificación y Conectividad

1.3.1.3

4

2 (50%)

2 (50%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Social Rural:

Salud

1.3.2.1

4

0 (0%)

4 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Social Rural:

Educación

1.3.2.2

11

6 (55%)

5 (45%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Social Rural:

Vivienda y Agua Potable

1.3.2.3

4

1 (25%)

3 (75%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Productivo Rural

1.3.3

22

14 (64%)

8 (36%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Social:

Normalización laboral y protección social

1.3.3.5

11

6 (55%)

5 (45%)

0 (0%)

0 (0%)

Desarrollo Social: Derecho a la alimentación

1.3.4

6

6 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Total

69

38 (55%)

31 (45%)

0 (0%)

0 (0%)

Fuente: (Kroc, 2018) Como lo señala el segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz del Instituto Kroc, se registra muy poca actividad en la implementación de la mayoría de los subtemas, para el 55% de lo dispuesto en los Planes Nacionales no se han iniciado actividades, y el 45% restante reporta un estado mínimo de implementación. Lo anterior podría justificarse por el hecho de que las medidas en su mayoría requieren una implementación secuencial, es decir que es posible que se activen en una etapa posterior. En cuanto al subtema de educación rural, la tabla registra once disposiciones, de las cuales seis (55%) no han iniciado implementación y cinco (45%) llevan un avance mínimo de implementación y que consiste en el diseño del Plan Especial de Educación Rural – PEER, el cual se encontraba en su última versión a marzo de 2018, y la implementación de dos programas: Manos a la Escuela y Alianzas con universidades de educación superior en

regiones priorizadas. Así mismo se encuentran aprobados los Decretos ley 882 y 1578 de 2017 que viabilizan la ampliación de la planta de profesores en zonas rurales afectadas por el conflicto armado (Kroc, 2018). Sin embargo, al revisar el informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz presentado por el Ministerio de Educación Nacional, y que reúne las actividades adelantadas desde el 30 de noviembre de 2016 hasta 31 de mayo de 2018, se encontró que la mayoría de las estrategias previstas en el PEER registran importantes avances en sus etapas de socialización e instrumentalización tal como se describe a continuación:

Tabla 3. Estado de implementación del componente Escuela, Familia y Comunidad. Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención Tasa de analfabetismo rural Implementación del modelo etnoeducativo para comunidades negras del Pacífico Colombiano

3.000 personas en situación de

analfabetismo en las zonas rurales de las ETC Chocó, Cauca y Tumaco Convenio 762 de

2018 suscrito con el

Consejo Noruego para Refugiados Personas mayores de 15 años alfabetizadas en las zonas rurales Implementación del programa

A CRECER

8.000 personas de las zonas rurales

de los departamentos Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainía, Guajira y los municipios de Buenaventura y Uribia Contrato 963 de

2018

Promoción de paz y reconciliación Fortalecimiento de la participación familiar y comunitaria en la gestión educativa La estrategia se desarrolló en 39 secretarías de educación certificadas Convenio MEN Redpapaz 1329 de

2017

Promoción de paz y reconciliación Educación para la paz, la reconciliación y la convivencia La primera fase del modelo se implementa con la OIM en 88 colegios de 19 secretarias de educación de 57 municipios priorizados Convenio 1420 de

2017 MEN - OIM

modelo de formación ciudadana Promoción de paz y reconciliación Plan Nacional formación para la ciudadanía. Campamentos generación Pazcifica

95 secretarias de educación

certificadas Convenio 1393 de

2017 MEN - OIE

Campamento generación Pazcifica Promoción de paz y reconciliación Promoción de la convivencia escolar

95 secretarias de educación

certificadas Convenio 1096 de

2017 sistema de

información unificado de convivencia escolar Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018. En este componente se promueve la vinculación de todos los actores de la sociedad en la construcción de conocimiento y de procesos aprendizajes incluyentes, en donde la escuela se convierte en el centro de la transformación social. Contempla el programa para la eliminación del analfabetismo rural, la implementación de un modelo etnoeducativo entre otros.

Tabla 4. Estado de implementación del componente Infraestructura y Dotación Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención Sedes rurales construidas o mejoradas Revisión de los proyectos de inversión estructurados en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa -PNIE y que constituye la línea base de inversión en proyectos para las zonas de posconflicto. Del total de proyectos 505 están terminados y 204 en ejecución.

709 sedes educativas en todo el país y

cerca de 161.440 niños, niñas y adolescentes beneficiados

PNIE

Sedes rurales construidas o mejoradas Manos a la escuela Fase I para el mejoramiento de infraestructura educativa

23 instituciones educativas y 75 aulas

mejoradas en los municipios de Chaparral, Orito, San Vicente del Caguán, Remedios, Yarumal y Dabeiba beneficiando a 2.973 estudiantes.

Convenio No

1416 de 2016

suscrito con la

OIM

Sedes rurales construidas o mejoradas Manos a la obra fase II

140 instituciones educativas

priorizadas para la intervención, en 71 municipios de 14 departamentos, beneficiando a 38.851 estudiantes. Convenio No

1416 de 2016

suscrito con la

OIM

Sedes rurales construidas o mejoradas Manos a la obra fase III Se adicionaron 53 instituciones educativas para el mejoramiento de la infraestructura educativa Convenio 1416 de

2018

Sedes rurales construidas o mejoradas Obras de mejoramiento y construcción de diagnósticos de infraestructura educativa

15 instituciones educativas y 104

diagnósticos de infraestructura educativa en el municipio de Buenaventura. En el mes de abril de

2018 se adicionó el diagnóstico y

mejoramiento de 12 sedes educativas en el pacífico Nariñense Convenio 1458 de

2017 suscrito con

la OIM Sedes rurales construidas o mejoradas Obras por impuesto, mecanismo creado en la Reforma Tributaria de 2016 en el cual se permite el pago del impuesto de renta mediante la ejecución de inversiones en proyectos de trascendencia social.

Se viabilizaron 7 proyectos (dotación de mobiliario escolar, equipos tecnológicos y deportivos, kit de educativos entre otros) que benefician a 418 sedes educativas oficiales en 8 municipios de 7 departamentos.

Decreto 1915 de

2017

Fortalecimiento para el mejoramiento de la titularidad de predios de sedes educativas Cargue y actualización de información de diagnóstico, que incluye los estados de legalización y titularidad de predios de las Instituciones educativas 71 ETC con información cargada,

9.020 instituciones y 30.614 sedes

censadas en 33.875 predios Censo de Infraestructura Educativa Regional (CIER) Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación Nacional

2016-2018.

Se centra en la ampliación, reemplazo y mejoramiento progresivo de la infraestructura escolar, los espacios físicos y las herramientas de enseñanza.

Tabla 5. Estado de implementación del componente Administrativo Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención % de matrículas con gratuidad en establecimientos educativos oficiales Pla de fortalecimiento de las secretarías de educación en gestión y acompañamiento a las instituciones rurales

70 secretarías de educación:

Atlántico, Barranquilla, Cali, Manizales, Maicao, Sincelejo, Tunja, Tolima, Pereira, Nariño, Itagüí, Envigado, Armenia, Barrancabermeja, Bello, Bolívar, Bucaramanga, Caldas, Cartagena, Cartago, Chocó, Córdoba, Floridablanca, Huila, Ipiales, Jamundí ente otros Convenio 1202 de

2017 para la

implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018. Se centra en la optimización del uso y administración de las sedes educativas que promueva el fortalecimiento de la gestión escolar mediante un modelo de integración y gestión de sedes rurales y el plan de fortalecimiento de las secretarias de educación. Tabla 6. Estado de implementación del componente Pedagogía y Académica

Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención % de instituciones educativas rurales que cuentan con modelos educativos flexibles Construcción del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS para el fortalecimiento curricular y de las prácticas pedagógicas de educación inicial y preescolar

19 ETC y 43 municipios de los

departamentos de Bolívar, Guaviare, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, Huila, Chocó y la Guajira.

% de instituciones educativas rurales que cuentan con modelos educativos flexibles Fortalecimiento curricular y de las practicas pedagógicas de educación básica y media

95 secretarias de educación y

acompañamiento pedagógico a

4.679 establecimientos

educativos. Realización de talleres con 9.000 directivos docentes de las diferentes instituciones educativas del país.

% de instituciones Modelos educativos pertinentes Se priorizaron 15 ETC: Convenio 900 de 2016 Convenio 1236 de 2017 Convenio 838 de 2018 Contrato 0970 de 2017 Contrato 1100 de 2017 Contrato 691 de 2017 Contrato 1041 de 2016 Contrato interadministrativo

0908 de 2018

Contrato interadministrativo

0868 de 2018

educativas rurales a los contextos rurales: Escuela Antioquia, Arauca, Boyacá, que cuentan con Nueva (Transición y primaria) Buenaventura, Caquetá, Cesar, modelos educativos Postprimaria (secundaria) Media Chocó, Ciénaga, Cundinamarca, flexibles rural (media) Secundaria activa Florencia, Guaviare, (secundaria) y Aceleración del Magdalena, Norte de Santander, aprendizaje (primaria) Putumayo y Santander. % de instituciones Fortalecimiento del Secretarias de educación educativas rurales acompañamiento pedagógico a certificadas que cuentan con partir de la conformación de modelos educativos comunidades de aprendizaje flexibles % de instituciones Innovación Educativa Las Instituciones educativas de educativas rurales educación básica y media de los que cuentan con departamentos de Antioquia y modelos educativos Valle del Cauca focalizadas en flexibles zonas rurales

Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018.

Busca fortalecer las competencias básicas de los estudiantes y la metodología de aprendizaje mediante las herramientas que involucren a la comunidad y una mayor articulación con las secretarias de educación.

Tabla 7. Estado de implementación del componente Ambiente Escolar y Bienestar Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención % de establecimientos educativos oficiales con dotación gratuita de material pedagógico (útiles y textos) pertinente Proyecto me quedo en la escuela, protejo mis sueños Villavicencio, Granada, Barrancabermeja, Buenaventura, Mitú, Tumaco, Apartadó, Turbo, Quibdó, Puerto Asís, Guaviare, Tunja, Bello, Manizales, Ibagué, Riohacha, Santa Marta, Popayán, Arauca, Antioquia, Florencia y Córdoba Contrato 964 de

2018

Secretarias de educación certificadas con alimentación escolar rural contratada

PAE

Se adelantó en 93 Entidades Territoriales Certificadas Las ETC publican los procesos de contratación en el

SECOP

% de secretarias de educación certificadas con transporte escolar rural contratado que cumpla con la normatividad Transporte escolar

59 entidades Territoriales

Certificadas cuentan con transporte terrestre vehicular, seguido por el transporte fluvial y otros como la bicicleta Las ETC publican los procesos de contratación en el

SECOP.

Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018. Busca fortalecer los principales actores que inciden en los procesos de deserción escolar y se enmarca en tres estrategias: transporte escolar, alimentación escolar, y dotación gratuita de material pedagógico.

Tabla 8. Estado de implementación del componente Docentes y Directivos Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención % de provisión de vacantes definitivas ofertadas a través de concursos Rediseño del concurso méritos mayoritario y concurso especial para educadores rurales

125 municipios priorizados. Para el

proceso especial que se adelanta en Catatumbo los municipios beneficiados son: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, La playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú pertenecientes al departamento de Norte de Santander Convenio 1393 de 2017 % de profesionalización y formación Plan de formación de educadores (inicial y en servicio)

95 entidades Territoriales Certificadas

Contrato 1381 de 2016 Incentivos no salariales Plan de incentivos para educadores rurales y apoyo a las instituciones territoriales y trabajo inter- institucional El acompañamiento se realiza en las ETC de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Florencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Turbo.

Convenio 0896 de 2018 Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018.

Busca generar los lineamientos estratégicos que permitan la incorporación, cualificación, profesionalización, y permanencia del personal docente calificado en las zonas priorizadas.

Tabla 9. Estado de implementación del componente de Educación Superior Indicador Principales acciones Población objeto de intervención Instrumento de Intervención Modelos educativos adaptables Alianzas rurales de educación y desarrollo Altopatía - norte del Cauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán, y Piedemonte Caqueteño, Macarena - Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y frontera nariñense, Putumayo, sur de Bolívar, sur del Tolima. Modelos educativos adaptables Decreto 892 para fomentar programas de licenciatura En los departamentos de: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima Valle.

Convenios 1333 al

1441 de 2017

Convenios 823 al

918 de 2018

Becas con créditos condonables en educación técnica, tecnológica y universitaria otorgadas a la población rural más pobre, incluyendo personas con discapacidad Donaciones del sector productivo para becas de educación superior No se han implementado nada en territorio N. A Nuevos cupos en educación técnica, tecnológica y superior habilitados en zonas rurales Fondo de Financiación Contingente a Ingreso con el que se busca que los estudiantes financien sus estudios con el Icetx sin tener que realizar pagos durante su etapa académica sino una vez vinculados al mercado laboral proporcional a sus ingresos Se encuentra en construcción del marco normativo por parte del Icetex y el Ministerio de educación N. A Nuevos programas de educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural Conformación de alianzas entre las IES, sector productivo, entidades gubernamentales y cooperación internacional

48 proyectos actualmente hacen

parte de la ARED. D esta cifra el 37% de los beneficiados son campesinos, 15% victimas, 11%mujeres, 10% comunidades negras, 8% indígenas, 5% excombatientes.

Convenios 1333 al

1441 de 2017

Convenios 823 al

918 de 2018

Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas Estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas Se han realizado 7 encuentros Buscando Carrera en las zonas veredales de Remedios, La Uribe, San Vicente del Caguán, Tumaco, Cartagena, Icononzo), sin embargo, la estrategia específica para las mujeres está en fase de diseño No se indica Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018.

En este componente se pretende realizar una propuesta que cumpla con los principios de pertinencia y calidad de educación superior en los territorios a través de las necesidades propias de la población y que promueva el desarrollo rural y la construcción de la paz.

Sin embargo, el informe no da cuenta de los avances en la implementación de otras disposiciones establecidas en el plan especial de educación rural – PEER y que seguramente se activarán en una etapa posterior dado los objetivos a largo plazo.

Tabla 10. Indicadores del PEER que no reportan avances en su implementación

Componente del PEER Indicador Actividades que se están desarrollando Calidad Plan de incentivos no salariales: bienestar social del personal vinculado al sector educativo en zona rural Ninguna Calidad Fomento de capital social a través de la creación de Juntas Municipales de educación y la formulación de Planes Municipales de Educación Rural Ninguna Calidad Mejoramiento de las competencias básicas y ciudadanas de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza de aprendizaje Ninguna Calidad Fortalecimiento de la educación media Ninguna Cobertura Modelo de integración de sedes rurales Ninguna Cobertura Plan de fortalecimiento de las Secretarías de educación en gestión y acompañamiento a las instituciones rurales Ninguna Cobertura Formación y acompañamiento a los establecimientos educativos para articular a las comunidades en los procesos de gestión escolar (gobierno escolar, dimensión pedagógica, procesos administrativos) y al desarrollo de los planes y proyecto educativos territoriales locales y/o regionales Ninguna Cobertura Plan de capacitación en educación especial y pertinente: Internados y nuevos protocolos pedagógicos para zona rural.

Ninguna Cobertura Plan de profesionalización y formación: Formación continua, posgradual y en educación Inicial.

Ninguna Cobertura Programa de formación para personal vinculado por concurso especial y de fortalecimiento de las Escuelas Normales Superiores. Ninguna Infraestructura y dotación Territorios con escenarios deportivos y culturales mejorados y adecuados Ninguna Infraestructura y dotación Construcción de los lineamientos de infraestructura y dotación. Ninguna Infraestructura y dotación Construcción de infraestructura nueva.

Ninguna Fuente: Construcción propia con base en el Informe de Rendición de Cuentas del Min educación 2016-2018. Si bien es cierto que, aunque no se registre actividad en la implementación de las disposiciones relacionadas en el cuadro superior, en términos comparados, el ritmo quizás lento de implementación no es una anomalía. Dos tercios de todos los acuerdos

comprensivos de paz (ACP) tienen disposiciones de desarrollo social y económico, con reformas rurales similares a las del Acuerdo colombiano. En la mayoría de estos casos, al final del segundo año, los procesos de implementación no superaron el nivel mínimo y han tomado un promedio de siete años para lograr evidencias de un progreso sustancial en las reformas destinadas a mejorar el desarrollo social y económico. (Kroc, 2018).

REFLEXIONES FINALES

En el marco del posconflicto la educación se convierte en un instrumento de cohesión social al reducir las brechas entre el campo y la ciudad. Además, adquiere un papel democrático en la tarea de construir y consolidar las condiciones que hacen posible una paz sostenible, habilitando los procesos de reconciliación, restablecimiento de la confianza y reivindicación de los derechos de quienes han sufrido la crudeza del conflicto armado. “Cuando se incluyen disposiciones en educación en los procesos de posconflicto, los efectos en la transformación y en la sostenibilidad son importantes. Estas disposiciones y su implementación efectiva son poderosas en tanto logran afectar indicadores de desarrollo” (Educación, 2015) Así las cosas, a lo largo de este documento se presentó evidencia sobre los efectos negativos que sobre las variables educativas tiene el conflicto armado. Reduce la cobertura y calidad, al aumentar la probabilidad de deserción escolar, trabajo infantil y disminuir el rendimiento en las pruebas estandarizadas de conocimiento. En el largo plazo tiene efectos adversos sobre los salarios y la productividad, lo que en el marco del posconflicto implica pensarse en políticas educativas que generen los incentivos para asegurar la asistencia escolar y mejorar los resultados escolares para que estos estudiantes optimicen sus oportunidades en el futuro.

Con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, se vienen adelantando acciones en materia educativa a través de la implementación de un Plan Especial de Educación Rural - PEER que establece los lineamientos de política pública para el mejoramiento de la educación rural en 170 municipios priorizados caracterizados por presentar altos niveles de pobreza, mayor incidencia del conflicto armado, debilidad institucional, presencia de cultivos de uso ilícito, mayores tasas de analfabetismo e inasistencia escolar principalmente en los niveles de educación preescolar y media como también bajo logro educativo, déficit en la distribución de docentes e infraestructura educativa.

Dentro de los avances presentados en el informe de Rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional con corte a 31 de mayo de 2018, se encontró indicadores positivos a favor de la ampliación de la cobertura educativa a través de la institucionalización de la atención integral a la primera infancia, actividades de alfabetización de personas en extra edad, apoyo para el acceso a educación oficial a través de matrículas con gratuidad, dotación de transporte escolar, alimentación y material pedagógico, donación de becas de educación superior, creación de un Fondo de Financiación Contingente a Ingreso con el que se busca que los estudiantes financien sus estudios con el Icetex sin tener que realizar pagos durante su etapa académica sino una vez vinculados al mercado laboral proporcional a sus ingresos, estrategia de promoción, acceso y permanencia para la formación profesional de

las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas, y conformación de alianzas entre las Instituciones de Educación Superior, sector productivo, entidades gubernamentales y cooperación internacional.

En cuanto al mejoramiento de la calidad educativa se vienen construyendo modelos de acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento curricular de las practicas pedagógicas de la educación inicial, preescolar, básica y media pertinentes a los contextos rurales, rediseño del concurso méritos mayoritario y concurso especial para educadores rurales, un plan de incentivos para educadores rurales y apoyo a las instituciones territoriales y al trabajo inter- institucional.

Finalmente, en infraestructura educativa se están adelantando proyectos de inversión para el mejoramiento de las aulas y dotación de mobiliario escolar, equipos tecnológicos y deportivos entre otros, como también actualizando información de diagnóstico de infraestructura educativa que incluye los estados de legalización y titularidad de predios de las instituciones educativas.

Por otra parte, al revisar la información presupuestal para la ejecución del Plan Especial de Educación Rural – PEER, se encontró inicialmente que para la implementación del punto 1 del Acuerdo Final, la Reforma Rural Integral, se requiere de $110.6 billones, en la tabla No

11 se presentan las asignaciones presupuestales dispuesto en el documento CONPES 39325

para la realización de ocho Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET cuyo monto totaliza $30.9 billones en donde la mayor destinación la adquiere infraestructura y adecuación de tierras ($12.9) seguida de educación rural ($7.8).

Tabla 11. Costo Total del PDET Billones de pesos de 2016 Pilar

PDET

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo

1,4

Infraestructura y adecuación de tierras

12,9

Salud

3,8

Educación rural

7,8

Vivienda y agua potable

3,4

Producción agropecuaria y economía solidaria

0,6

Derecho a la alimentación

0.6

Planes de acción para la transformación regional

0,4

Fuente: CONPES (2018).

En cuanto al análisis de las fuentes para el financiamiento de los PDET, se observa que los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación específica es la fuente principal con $46.7 billones, mientras que las fuentes generales constituyen $32.9 billones,

5Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento CONPES 3932, “Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial” Bogotá, 29 de junio de 2018.

de los cuales $15.4 billones se derivan del Presupuesto General de la Nación, $4.4 billones de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Paz – OCAD, $4.3 billones de los recursos propios de las entidades territoriales y los $7.8 billones restantes de la cooperación internacional junto con el sector privado y el Sistema General de Regalías.

Tabla 12. Fuentes de financiamiento indicativas para PDET billones de pesos constantes de 2016.

Fuente Recursos Porcentaje Presupuesto General de la Nación

15,4

46,9 %

Cooperación internacional y privados

3,9

11,8 %

OCAD Paz

4,4

13,5 %

SGR ordinarios

3,9

11,7 %

Recursos propios entidades territoriales

4,3

13,0 %

SGP propósito general libre inversión

1,0

3,1 %

Subtotal

32,9

100 %

SGP con destinación específica SGP salud

12,6

27,0 %

SGP educación

32,4

69,3 %

SGP agua potable y saneamiento básico

1,7

3,7 %

Subtotal

46,7

100 %

Fuente: CONPES (2018).

Sin embargo y a propósito de la crisis de financiamiento que enfrentan actualmente las universidades públicas en el país y que ha venido movilizando a miles de estudiantes en constantes marchas por la educación superior, preocupa el déficit fiscal que enfrenta el gobierno nacional para la vigencia 2019 que asciende a los $14 billones y en donde se cuestiona las destinación de los recursos para la educación pública superior y que además podría impactar los compromisos presupuestales para la ejecución de las inversiones pactadas para el posconflicto: atención a la población escolar, gratuidad y calidad educativa, continuidad de programas como Todos a Aprender -PTA, Programa nacional de lectura, becas para docentes, materiales educativos, mejoramiento de infraestructura, construcción de comedores escolares, fomento de la educación superior entre otros.

Además de las garantías que se requieren en materia presupuestal, se necesita avanzar en la construcción de toda una política de educación rural para la paz que reflexione y proporcione los espacios de atención psicosocial a esos niños y jóvenes víctimas del conflicto y que posibilite la reparación de sus derechos y su reintegración a la sociedad. Una educación incluyente a favor de la reconciliación que asume los retos propios del derecho a la memoria y la reconstrucción de la historia. Se necesita entonces de una nueva institucionalidad que entiende la heterogeneidad del territorio rural y contribuye a superar las afectaciones del conflicto armado.

Por último, como lo reconoce la Red de Educación para la Paz, esto es un proceso multinivel que implica desarrollar acciones y diálogos con distintos actores en lo local, lo global, lo cotidiano, lo institucional, lo público, lo privado, etc. El no hacerlo puede afectar el proceso de construcción de legitimidad y fortalecimiento de la gobernanza local, la construcción de paz y la posibilidad real de transformación territorial.

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