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Voltear el manejo Gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Voltear el manejo: Governance and Territorialities in the Overlapping Area between the Murui Muina Indigenous Reserve of Agua Negra and La Paya National Natural Park in Puerto Leguízamo, Putumayo

Fernando Navarro Lamus

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía Leticia, Colombia

2026

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Voltear el manejo Gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Voltear el manejo: Governance and Territorialities in the Overlapping Area between the Murui Muina Indigenous Reserve of Agua Negra and La Paya National Natural Park in Puerto Leguízamo, Putumayo

Fernando Navarro Lamus

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Estudios Amazónicos

Director (a):

Ph.D. Edgar Eduardo Bolívar Urueta Codirector (a):

Ph. D. Fredy Alexis Rivera Ángel

Línea de Investigación:

Sostenibilidad, Urbanización y Región Cosmopolíticas – Grupo de Investigación del Desarrollo Regional (IDRA)

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía Leticia, Colombia

2026

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A los compañeros y las compañeras de La Paya y Puerto Leguízamo que día a día se esfuerzan por alcanzar la paz en su territorio

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Agradecimientos Agradezco a mi hijo Salvador y mi compañera de vida, Shalom Natalia, quienes catapultaron este proyecto hacia donde nunca imaginé. A las abuelas Myriam y Martha que nos ayudaron a trabajar con empeño y dedicación. A mi hermano Santi y a la cuñada Marien por su acompañamiento y apoyo.

A ACILAPP, en especial a Claudio Sánchez, Luis Cotte, Willington Villareal y Oscar Garcés que me abrieron las puertas de la organización y me guiaron en el escenario político y de vida del pueblo Murui Muina.

Al mismo tiempo, al jefe Jeferson Rojas por las largas noches, experiencias y enseñanzas sobre el cuido del territorio, así como al equipo del Parque La Paya por su humildad y calidez humana, sobre todo a los grandes guardabosques: Tatiana Vera, Enrique Hernández, Harley Morales y Diego Caicedo.

Especialmente agradezco a Alfredo y Luis Caimito de la comunidad de Agua Negra, por contarme su historia y hacerme parte de sus luchas territoriales y, por supuesto, a toda la comunidad por enseñarme a caminar en esta tierra.

Al territorio de Leguízamo, su rio, su tierra, su gente, su belleza, gracias por acogerme y enseñarme la vida profunda de la Amazonía colombiana; y a las plantas medicinales, Dɨona, Jibina y Farekatofe que me orientaron espiritualmente en este camino.

A mis queridos directores Edgar Bolívar y Fredy Rivera por empujar mis fronteras del conocimiento y acompañar con lealtad y calidad este trabajo.

A Parques Nacionales Naturales de Colombia por inspirarme a imaginar mundos de paz y de vida en los territorios de Colombia.

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Resumen y Abstract

VII

Resumen

Este trabajo analiza la territorialidad y la gobernanza en el área superpuesta entre el resguardo indígena Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Se argumenta que la superposición no es únicamente física, sino que involucra territorialidades y formas de gobernanza en disputa, donde interactúan autoridades indígenas, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), población colona, Fuerza Pública y actores armados ilegales.

Mediante un enfoque cualitativo y participativo—que incluye entrevistas, talleres y trabajo etnográfico—, junto con un análisis cronológico, la investigación identifica un escenario marcado por la deforestación, las economías ilícitas y la vulneración de los derechos territoriales del pueblo Murui Muina, reconocido como en riesgo de exterminio físico y cultural.

Si bien mecanismos como los Acuerdos Políticos de Voluntades (APV) han promovido cierta coordinación para la protección territorial, estos presentan limitaciones significativas. En respuesta, se propone “voltear el manejo” hacia el fortalecimiento de las formas de gobernanza indígena como base de un Régimen Especial de Manejo (REM), orientado a garantizar tanto la conservación de la biodiversidad como la protección de los derechos indígenas.

Palabras clave: Territorialidad, gobernanza, superposición territorial, Parque Nacional Natural La Paya, territorio indígena, conservación de la naturaleza, pueblos indígenas.

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VIII

Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Abstract This study analyzes territoriality and governance in the overlapping area between the Murui Muina Indigenous Reserve of Agua Negra and La Paya National Natural Park, located in the municipality of Puerto Leguízamo, Putumayo. It argues that this overlap is not only physical, but also entails a superposition of territorialities and contested forms of governance, where Indigenous authorities, Colombia’s National Natural Parks (PNNC), settlers populations, public security forces, and illegal armed actors interact.

Through a qualitative and participatory approach—including interviews, workshops, and ethnographic fieldwork—combined whit a chronological analysis, the research identifies a scenario marked by deforestation, illicit economies, and violations of the territorial rights of the Murui Muina people, who have been officially recognized as being at risk of physical and cultural extermination.

Although mechanisms such as the Acuerdos Políticos de Voluntades (Political Agreements of Will —APV—) have fostered some degree of coordination for territorial protection, they also present significant limitations. In response, this thesis proposes voltear el manejo— understood as a shift in the prevailing management approach— toward strengthening Indigenous governance forms as the foundation for a Régimen Especial de Manejo (Special Management Regime—REM—), aimed at ensuring both biodiversity conservation and the protection of Indigenous rights.

Keywords: Territoriality, governance, Territorial overlap, La Paya National Natural Park, Indigenous territory, Nature conservation, Indigenous peoples.

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Contenido IX

Contenido

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................... XII LISTA DE CUADROS ................................................................................................... XIII LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................................................... XIV

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 17

1.1

El estudio de caso ............................................................................................ 19

1.2

Antecedentes ................................................................................................... 24

METODOLOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL ........................................................... 26

2.1

Diseño metodológico ........................................................................................ 26

2.2

Marco conceptual ............................................................................................. 32 2.2.1 Territorialidad ................................................................................................. 32 2.2.2 Gobernanza ................................................................................................... 37

2.3

Estructura ......................................................................................................... 43

CAPÍTULO 1: LA TERRITORIALIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NEGRA .. 45

3.1

Las territorialidades del área superpuesta ........................................................ 45 3.1.1 El pueblo Murui Muina y la Gente de Centro .................................................. 45 3.1.2 La Ley de Origen del pueblo Murui Muina...................................................... 50 3.1.3 El pueblo Murui Muina en Puerto Leguízamo ................................................ 53 3.1.4 La colonización del territorio Murui Muina en Puerto Leguízamo ................... 60 3.1.5 La explotación cauchera y las misiones en la Amazonía ............................... 61 3.1.6 La superposición del municipio de Puerto Leguízamo ................................... 62 3.1.7 De la bonanza maderera a los cultivos ilícitos de hoja de coca ...................... 70 3.1.8 La configuración de la territorialidad de Agua Negra ...................................... 71 3.1.9 El origen de los clanes de Agua Negra .......................................................... 73

3.1.10 Multiterritorialidad ancestral y tradicional en la comunidad de Agua Negra .... 80

3.2

La conformación del resguardo de Agua Negra ............................................... 82 3.2.1 El fortalecimiento del gobierno propio y la constitución del resguardo ........... 82

3.2.2 La economía ilícita de la hoja de coca y conflicto armado en el resguardo de

Agua Negra .............................................................................................................. 84 3.2.3 Territorialización y desterritorialización en el resguardo de Agua Negra ........ 88

CAPÍTULO 2: LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL ÁREA

SUPERPUESTA ............................................................................................................. 92

4.1

La superposición de la conservación de la naturaleza ...................................... 93 4.1.1 El origen de los Parques Nacionales en Colombia ......................................... 93

p. 10

X Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

4.1.2 Los Parques Nacionales como estrategia de conservación ........................... 95 4.1.3 La conservación como recreación: influencia internacional ........................... 96 4.1.4 La territorialización estatal de la conservación de la naturaleza .................... 97

4.1.5 Los Parques en la Amazonía colombiana: el giro de la conservación .......... 100

4.2

El tránsito de los paradigmas de conservación ............................................... 101

4.2.1 Desde la diversidad biológica hacia la participación ciudadana en la

conservación .......................................................................................................... 101

4.2.2 Relacionamiento actual entre PNNC con autoridades indígenas de la

Amazonía .............................................................................................................. 104

4.3

La maloca de piedra: territorios superpuestos del PNN La Paya ..................... 106 4.3.1 La declaración del PNN La Paya ................................................................. 106 4.3.2 El inicio de la gestión del PNN La Paya ....................................................... 110

4.3.3 “Ahí nos medimos el aceite, vamos a ver quién es el que sabe” ................. 114

4.3.4 La implementación de “parques con la gente” en el PNN La Paya .............. 116

4.3.5 El relacionamiento con los pueblos indígenas ............................................. 120

4.3.6 Las instancias formales de relacionamiento con los pueblos indígenas ...... 125

4.3.7 De la superposición a la coordinación ......................................................... 129

CAPÍTULO 3: LAS FORMAS DE GOBERNANZA DEL TERRITORIO

SUPERPUESTO ........................................................................................................... 133

5.1

La implementación de los Acuerdos Políticos de Voluntades .......................... 134 5.1.1 El inicio de los Acuerdos ............................................................................. 135 5.1.2 El desarrollo y los logros ............................................................................. 144 5.1.3 La financiación ............................................................................................ 147 5.1.4 Dificultades en la toma de decisiones conjuntas.......................................... 148 5.1.5 Los cambios de personal y la falta de sistematización ................................. 149 5.1.6 Las “listas de mercado” y el posicionamiento político Murui Muina .............. 152 5.1.7 Territorialización de la planeación y gestión en los APV .............................. 158

5.2

Los tipos de gobernanza y gobernabilidad en el área superpuesta ................. 161 5.2.1 Plan de Manejo: un territorio en disputa ...................................................... 161

5.2.2 Las líneas de gestión del PNN La Paya en los territorios superpuestos ...... 166

5.2.3 La cultura “parqueana” en lo local ............................................................... 170

5.3

El manejo territorial de la comunidad de Agua Negra ..................................... 177 5.3.1 Agricultura, caza y pesca ............................................................................ 178 5.3.2 Autoridades tradicionales ............................................................................ 179 5.3.3 Reconocimiento de límites territoriales ........................................................ 180 5.3.4 La diversidad de la comunidad .................................................................... 188 5.3.5 La superposición con el PNN La Paya ........................................................ 190

5.3.6 Descoordinación entre Parques Nacionales y Agua Negra ......................... 193

5.4

Conflicto armado en la gobernanza del área superpuesta .............................. 195 5.4.1 La génesis del conflicto armado .................................................................. 195 5.4.2 La operación Artemisa ................................................................................. 199 5.4.3 El conflicto armado en el área superpuesta ................................................. 205

CAPÍTULO 4. VOLTEAR EL MANEJO: FORTALECIMIENTO DE LA

GOBERNANZA DEL TERRITORIO SUPERPUESTO .................................................. 210

6.1

La debilidad en el fortalecimiento de lo propio ................................................ 211

6.2

Debilitamiento del relacionamiento con PNNC ................................................ 216

6.3

Hacia el Régimen Especial de Manejo ............................................................ 218

6.3.1 La construcción de reglas de juego para la gobernanza compartida ........... 218

p. 11

Contenido XI

6.3.2 La gobernabilidad y las garantías para el manejo del territorio .................... 220 6.3.3 Evaluación y seguimiento del proceso de coordinación ............................... 224 6.3.4 El fortalecimiento de la confianza en la coordinación ................................... 226 6.3.5 Los derechos territoriales de los pueblos indígenas ..................................... 230 6.3.6 La gobernanza compartida frente al conflicto armado .................................. 232 6.3.7 “El que cuida es el que usa y el que usa es el que cuida” ............................ 235

6.3.8 “No podemos seguir hablando de territorios de conservación con hambre” . 239

6.4

Voltear el manejo ............................................................................................242

CONCLUSIONES .................................................................................................. 247

7.1

La superposición como multiterritorialidad histórica y política ..........................247

7.2

La territorialización de la conservación y los límites de la gobernanza estatal .248

7.3

La coordinación entre PNNC y el pueblo Murui Muina: avances, tensiones y seudoparticipación .....................................................................................................248

7.4

Las formas de gobernanza del territorio superpuesto: entre lo estatal, lo comunitario y lo guerrillero-cocalero ..........................................................................249

7.5

Voltear el manejo: aporte conceptual, político y operativo ...............................250

7.6

Rutas para voltear la gobernanza: condiciones institucionales, territoriales y normativas .................................................................................................................251

7.7

Líneas abiertas para la investigación y la acción pública .................................252

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 254

p. 12

XII

Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Lista de figuras Figura 1. Mapa de resguardos superpuestos con el PNN La Paya .............................. 20 Figura 2. Mapa del área superpuesta entre el Resguardo Agua Negra y el PNN La Paya ............................................................................................................................ 21 Figura 3. Entrevistas con Floro y Alfredo Caimito de la comunidad Agua Negra ......... 29 Figura 4. Primer taller participativo con la comunidad de Agua Negra ......................... 31 Figura 5. Mapa del resguardo Agua Negra en Puerto Leguízamo ............................... 46 Figura 6. Territorio ancestral Ganteya del pueblo Zio Bain en el municipio de Puerto Leguízamo .................................................................................................................. 55 Figura 7. Mapa de cabildos y resguardos del pueblo Zio Bain en Colombia ................ 56 Figura 8. Mapa del territorio ancestral del pueblo Murui Muina .................................... 57 Figura 9. Territorios ancestrales de los pueblos Zio Bain, Macaguaje y Korebajü en el área actual del PNN La Paya ...................................................................................... 59 Figura 10. Proyección de territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas Zio Bain, Murui Muina, Korebajü y Kichwa en el área actual del PNN La Paya. ........................................................................................................................... 60 Figura 11. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1912) ............ 65 Figura 12. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1931) ............ 65 Figura 13. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1950) ............ 65 Figura 14. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1968) ............ 66 Figura 15. Sustracción de la reserva forestal de Ley segunda en Puerto Leguízamo .. 69 Figura 16. Mapa de dispersión de familias Monaga y Caimito del pueblo Murui Muina

(1890) .......................................................................................................................... 76

Figura 17. Movilidad de las familias Monaga por el municipio de Puerto Leguízamo .. 78 Figura 18. Mapa de movilidad de la familia Caimito (1900-1970)................................. 80 Figura 19. Asentamientos y caseríos actuales en el PNN La Paya ............................ 110 Figura 20. Cuencas hidrográficas del PNN La Paya .................................................. 112 Figura 21. Sectorización del PNN La Paya en 2025 .................................................. 118 Figura 22. Momentos del proceso de relacionamiento entre PNNC-PNN La Paya con el pueblo Murui Muina ................................................................................................... 127 Figura 23. Proceso de construcción de los Acuerdos Políticos de Voluntades (APV)PNN La Paya-PNNC-pueblo Murui Muina ........................................................ 128 Figura 24. Protocolización de los APV entre Parques Nacionales y Autoridades Murui- Muina asociadas al PNN La Paya ............................................................................. 129 Figura 25. Cartografía propia de la comunidad de Agua Negra sobre sus límites del resguardo y el área pretendida para ampliación ........................................................ 182 Figura 26. Digitalización de la cartografía de pretensión de ampliación del resguardo Agua Negra con área superpuesta con el PNN La Paya, 2023 ................................. 183 Figura 27. Recorrido de monitoreo por territorio ancestral de la comunidad de Agua Negra ........................................................................................................................ 186

p. 13

Contenido

XIII

Lista de cuadros Cuadro 1. Caracterización de las personas entrevistadas........................................... 28 Cuadro 2. Definición del concepto de gobernanza y conceptos conexos .................... 40 Cuadro 3. Componentes de los APV Murui Muina-PNN La Paya-PNNC ...................137 Cuadro 4. Instancias de coordinación de los APV pueblo Murui Muina-PNN La Paya- PNNC ........................................................................................................................139 Cuadro 5. Acciones de las líneas estratégicas relacionadas con EEM diferentes a los APV ...........................................................................................................................167

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XIV

Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Lista de Abreviaturas Abreviatura Significado

ACILAPP

Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas Murui, Muinane, Korebajü y Nasa del municipio de Leguizamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo

ANT

Agencia Nacional de Tierras

APV

Acuerdos Políticos de Voluntades

CAP

Corporación Autónoma Regional del Putumayo

CECOIN

Centro de Cooperación al Indígena

CPLI

Consulta Previa, Libre e Informada Corpoamazonía Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DTAM

Dirección Territorial Amazonia (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

ETI

Entidad Territorial Indígena

FARC-EP

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

IMANI

Instituto Amazónico de Investigaciones (Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia)

INCORA

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

INDERENA

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

JEP

Jurisdicción Especial para la Paz

MADS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

OIA

Organización Indígena de Antioquia

ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia

OPIAC

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana

PNN

PN Parque(s) Nacional(es) Natural(es) Parques Nacionales

PNNC

Parques Nacionales Naturales de Colombia

REM

Régimen Especial de Manejo

SIG

Sistema de Información Geográfica SIB Colombia Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia

SINAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINCHI

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

SPNN

Sistema de Parques Nacionales Naturales

UAEGRTD

Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas

UARIV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UAESPNN

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime / Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNP

Unidad Nacional de Protección

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Contenido XV

Abreviatura Significado

URT

Unidad de Restitución de Tierras

WWF

World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza)

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1. Introducción

La Panamazonía es una de las áreas geográficas y geopolíticas con mayor diversidad biológica y cultural en el mundo (WWF, 2022; UNESCO, 2010). Colombia es uno de los nueve países que hacen parte de esta región, y alberga aproximadamente

45.000.000 de hectáreas, lo que corresponde a cerca del 40% del territorio nacional

(MADS, 2021; PNNC, 2025). La región amazónica colombiana es reconocida como una de las más ricas del país, tanto en diversidad biológica—al concentrar cerca del 58% de las especies de fauna y flora—(PNNC y SINCHI, 2016; MADS, 2021), como en diversidad étnica, lo cual se refleja en la existencia de 52 pueblos indígenas, que representan aproximadamente el 45% de los existentes en Colombia (OPIAC, 2025; Min Interior, 2025).

Aun pesar de esta gran riqueza, la Amazonía colombiana también es considerada una de las regiones con mayores afectaciones a la diversidad biológica. Esto se evidencia en las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2023), que reportan aproximadamente 44.274 hectáreas deforestadas, principalmente como resultado de la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la minería y los cultivos de coca para uso ilícito. De manera paralela, esta región ha sido una de las más vulneradas en términos de diversidad étnica, situación que se expresa en el riesgo de exterminio físico y cultural de más de 19 pueblos indígenas, cuya causa principal ha sido el conflicto armado y la expansión de actividades ilegales, así como la deforestación y el narcotráfico (Lizarazo, 2023; Arellano, 2023). Frente a este escenario, distintos actores—como el Estado, organizaciones no gubernamentales, pueblos y organizaciones indígenas, entre otros— han impulsado diversas estrategias orientadas a la protección del territorio. Entre ellas se destacan, por un lado, la constitución de áreas protegidas estatales para la conservación de la diversidad biológica, como los Parques Nacionales Naturales o las Reservas Forestales de la Amazonía; y, por otro, el reconocimiento de territorios indígenas como espacios para la protección de los derechos de estos pueblos, a través de figuras como las reservas y los resguardos indígenas. Estas estrategias comparten la particularidad de haberse implementado de manera superpuesta, tanto en el tiempo—al fortalecerse desde la segunda mitad del siglo XX—como en el espacio, dado que muchas de estas figuras de ordenamiento territorial coinciden en distintas zonas de la región. Uno de los escenarios de superposición territorial más relevantes en la Amazonía colombiana se presenta entre las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) y los resguardos indígenas, en tanto estas figuras abarcan un área significativa del territorio amazónico. En particular, la región cuenta con 11 áreas protegidas del SPNN, que cubren aproximadamente 9’708.049,11 hectáreas (RUNAP, 2024), así como cerca de 162 resguardos indígenas que suman un área aproximada de 24’699.414 hectáreas (Servindi, 2022). En este contexto,

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) ha identificado que 9 de las 11 áreas protegidas del SPN se encuentran superpuestas a resguardos indígenas, lo que representa un total de 3’464.483,1 hectáreas, es decir, el 36,68% del área total del SPNN en la Amazonía (RUNAP, 2024)1.

En la mayoría de estos escenarios de superposición se han desarrollado diversos mecanismos de gobernanza entre PNNC y los pueblos indígenas, tales como Acuerdos de Relacionamiento, Acuerdos Políticos de Voluntades, Acuerdos de Uso, instancias formales de coordinación y toma de decisiones, e incluso Regímenes Especiales de Manejo (REM). Este último ha sido considerado por PNNC como uno de los mecanismos más sofisticados de gobernanza compartida en contextos de superposición territorial (PNNC, 2022).

No obstante, aunque muchos pueblos indígenas de la Amazonia colombiana han reconocido que estos mecanismos de gobernanza representan una oportunidad para salvaguardar sus territorios, también han señalado que no han permitido afrontar de manera contundente las múltiples problemáticas de gobernanza y gobernabilidad que enfrentan cotidianamente. Entre estas se encuentran la deforestación, la pérdida de sus formas de gobierno propio y espiritualidad tradicional, la disputa por el control territorial por parte de actores externos vinculados a economías ilícitas, la falta de alternativas de subsistencia, entre otras.

Aun en este contexto, los escenarios de superposición territorial han despertado el interés de diversas instituciones académicas, estatales y privadas, así como de los propios pueblos indígenas, en tanto constituyen como uno de los espacios más significativos de articulación entre PNNC y los pueblos indígenas para la protección de la diversidad étnica y biológica de la Amazonía colombiana (Laborde, 2007; Andrade, 2009). Esto resulta especialmente relevante considerando que dichos procesos se han desarrollado en medio de contextos complejos, marcados tanto por la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como por el deterioro de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SPNN.

En este marco se inscribe la presente investigación, cuyo propósito es estudiar y comprender algunos de los elementos que dificultan y obstaculizan una gobernanza eficaz en las áreas superpuestas y que, en consecuencia, limitan o impiden la protección de la diversidad biológica y de los derechos territoriales y fundamentales de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana.

Abordar la totalidad de ámbitos, contextos y situaciones que configuran los escenarios de superposición entre áreas protegidas del SPNN y territorios indígenas en la Amazonía colombiana, constituye una tarea de alta complejidad que excede los

1 PNNC (2025) reconoce otros tipos de superposiciones y asociaciones de los pueblos indígenas con las áreas protegidas del SPNN. En efecto, PNNC registra que las 11 áreas protegidas del SPNN de la región amazónica tienen algún tipo de asociación con territorios indígenas, a saber, 9 traslapadas con resguardos indígenas, 8 que coinciden con territorios ancestrales indígenas de uso material y/o inmaterial, 3 con uso por parte de pueblos indígenas transfronterizos, 3 que incluyen territorios indígenas en aislamiento y 3 que incluyen territorios indígenas en contacto inicial.

p. 19

Introducción

alcances de esta investigación. No obstante, el estudio profundiza en algunos elementos sustanciales en este campo, contribuyendo a la generación de conocimiento, así como la formulación de preguntas, estrategias y respuestas frente a las principales dificultades presentes en la gobernanza de las áreas superpuestas.

1.1 El estudio de caso

El punto de partida de esta investigación se ubica en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en uno de los casos de superposición territorial del Parque Nacional Natural (PNN) La Paya con un resguardo indígena. A modo de contexto, esta área protegida— declarada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) en el año 1984, con un área total de 422.000 hectáreas2— se encuentra superpuesta con territorios ancestrales y tradicionales y con 13 resguardos de los pueblos indígenas Kichwa, Murui Muina, Zio Bain y Korebajü; no obstante, este estudio de caso se concentra en el análisis de una superposición parcial entre esta área protegida y el resguardo de Agua Negra del pueblo Murui Muina, constituido en 1994 mediante el reconocimiento del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA, hoy Agencia Nacional de Tierras—ANT—), con un total de 2.858 hectáreas. Esta área tiene un total de 1.858 hectáreas que corresponden al 0,41% del PNN La Paya y al 64,66% del resguardo (PNNC, 2024) (Fig. 1 y 2). El planteamiento de este caso de estudio partió de mi experiencia como investigador durante más de cuatro años con pueblos indígenas del departamento del Putumayo, en materia de derechos territoriales, contexto en el cual identifiqué que este tipo de superposiciones constituían uno de los escenarios de articulación más significativos entre estos pueblos y el Estado, en función de la protección de la diversidad biológica y cultural en este departamento. Esta experiencia me despertó muchas inquietudes sobre la forma en que se han configurado estas áreas superpuestas y, especialmente, sobre la manera como estas dos autoridades—el Estado y los pueblos indígenas—han avanzado en procesos de trabajo conjunto para su manejo y gobernanza.

En particular, estos intereses e inquietudes se manifestaron en el año 2022, durante uno de mis ejercicios laborales como profesional en antropología con la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas Murui, Muinane, Korebajü y Nasa de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), que representa a las comunidades del pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo, Putumayo. En este trabajo, que se enfocaba en impulsar procesos de seguridad jurídica territorial de estas comunidades, me encontré con el resguardo Agua Negra, como uno de los casos con un contexto más hostil y problemático en materia territorial, principalmente porque presentaba grandes y continuos conflictos en el ejercicio de la gobernanza de su territorio, a raíz de múltiples e históricas vulneraciones a su gobierno y cultura propia, en gran medida como producto del intenso contexto de conflicto armado en el que se encontraba—y se encuentra—inmersa.

2 El PNN La Paya ha tenido diferentes rectificaciones de límites, conforme con los movimientos de los ríos y de los límites internacionales y regionales. En el año 2022 fue rectificado con un área de 441.000 hectáreas (SIG DTAM, 2024) y en la actualidad (2024) cuenta con 440.101,16 hectáreas, de acuerdo con los ejercicios precisión cartográfica de PNNC (RUNAP, 2024).

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Figura 1. Mapa de resguardos superpuestos con el PNN La Paya Nota. Adaptado de cartografía del SIG DTAM (2024). El Resguardo Agua Negra se encuentra resaltado en amarillo.

Al profundizar en el estudio de este caso, me di cuenta de que este resguardo estaba superpuesto parcialmente con el PNN La Paya, lo cual despertó mi interés por comprender cómo esta condición de superposición incidía en el ejercicio de la gobernanza del territorio de la comunidad de Agua Negra y, a la vez, desde una perspectiva propositiva, cómo esta superposición podría contribuir a garantizar los derechos territoriales de la comunidad. Con base en ello, inicié el desarrollo de la investigación planteando las siguientes preguntas: ¿cómo consolidar una gobernanza fortalecida que permita la protección del área superpuesta?; ¿qué aspectos es necesario fortalecer en la comunidad y en PNNC para consolidar una gobernanza del área superpuesta que abogue por la salud del territorio y de la comunidad?; y ¿cómo articular las expectativas de la comunidad con las acciones de

PNNC?

Como resultado de estas inquietudes, planteé una investigación participativa que funcionara como puente para alcanzar la construcción de un mecanismo o instrumento de planeación conjunto entre ambos actores y, en consecuencia, como una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza del territorio superpuesto. Con el correr del estudio de este caso, a inicios del año 2023 fui contratado como profesional en el equipo del PNN La Paya, para construir instrumentos de planeación del área protegida, lo cual me brindó un contexto más amplio del caso de estudio.

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Introducción

Figura 2. Mapa del área superpuesta entre el Resguardo Agua Negra y el PNN La Paya

Nota. Elaboración propia.

Este nuevo posicionamiento como investigador me permitió identificar que ya existían mecanismos e instrumentos de planificación y trabajo conjunto entre estas dos autoridades, producto de una larga historia de relacionamiento y coordinación desde el momento de la declaración del PNN La Paya; pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que, aunque existían estos escenarios de relacionamiento, se continuaban presentando conflictos y problemáticas.

A partir de este contexto, identifiqué dos problemáticas principales, que orientan el desarrollo de esta investigación. La primera corresponde a la situación de deforestación en el PNN La Paya y, en particular, en el área superpuesta. Aunque esta área protegida es una de las más biodiversas del país, con cerca de 48 ecosistemas distintos y 1.256 especies de flora y fauna (PNNC, 2024), es, al mismo tiempo, una de las cinco áreas protegidas del SPNN con mayor cantidad de hectáreas deforestadas, con un total 8.759 hectáreas, principalmente por actividades económicas ligadas a la economía del narcotráfico (PNCV, 2023).

La segunda problemática está relacionada con la vulneración a los derechos territoriales y fundamentales de los pueblos indígenas con territorios superpuestos al PNN La Paya, como el caso del área superpuesta con el resguardo Agua Negra. Esta área protegida también es reconocida en el SPNN como una de las más ricas en diversidad étnica, en tanto se superpone con territorialidades y territorios de cuatro pueblos indígenas (Kichwa,

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Korebajü, Zio Bain y Murui Muina) y de comunidades campesinas, quienes han ejercido estrategias de manejo de este territorio desde hace cientos de años. Sin embargo, la problemática principal radica en que estos pueblos indígenas han visto vulnerados sus derechos territoriales y fundamentales, principalmente, por la existencia de dinámicas históricas de control territorial por parte de múltiples actores que buscan dominar las economías relacionadas a las distintas bonanzas de explotación de los recursos naturales presentes en la región.

El resguardo Agua Negra, como parte del territorio del pueblo indígena Murui Muina, ha existido en su territorio desde antes de la constitución del PNN La Paya y fue reconocido por la Corte Constitucional como parte de las comunidades indígenas en situación de riesgo y exterminio físico y cultural3, principalmente debido a las diferentes expresiones de vulneración a sus derechos territoriales y fundamentales, generadas por las dinámicas de conflicto armado y abandono histórico del Estado.

Estas problemáticas se expresan en el área superpuesta mediante situaciones de control y dominio territorial, así como de afectación a la diversidad biológica y étnica por parte de grupos armados ilegales, la Fuerza Pública y actores externos a la comunidad y al PNNC, manifestadas principalmente en actividades de deforestación orientadas a desarrollar economías ilegales, en especial la siembra, procesamiento y tráfico de cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Estas expresiones de vulnerabilidad en el área superpuesta las interpreto, en suma, como una debilidad en el ejercicio de las territorialidades y la gobernanza de las dos autoridades con jurisdicción formal en esta área, a saber, PNNC y la comunidad de Agua negra.

Con base en estas problemáticas identificadas, la presente investigación se plantea no como una oportunidad para iniciar la articulación entre estas dos autoridades—puesto que ya existen mecanismos de relacionamiento entre ellas—, sino en clave de análisis de estos procesos, con el fin de identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del ejercicio de las territorialidades y la gobernanza de ambos actores en el área superpuesta.

A partir de este enfoque, mis intereses y proyecciones iniciales sobre el caso de estudio fueron reorientadas, en función a nuevas preguntas que me permitieran comprender este escenario de superposición, entre ellas: ¿Cómo se identifica la comunidad de Agua Negra con la situación de superposición con el PNN La Paya? ¿cómo percibe y que nivel de confianza tiene en esta institución? ¿cómo percibe y actúa PNNC en esta área?, y, finalmente, ¿qué estrategias políticas, ambientales, económicas, sociales y culturales es necesario construir y fortalecer para consolidar la gobernanza del área superpuesta entre PNNC y la comunidad de Agua Negra en favor de la protección de la diversidad biológica y de los derechos territoriales y fundamentales de la comunidad?

3 La Corte Constitucional de Colombia, mediante el Auto 004 de 2009, identificó al pueblo indígena Murui Muina (Uitoto) como uno de los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, debido a las afectaciones derivadas del conflicto armado interno, la vulneración sistemática de sus derechos territoriales y la presencia de economías ilegales en sus territorios. En este marco, el resguardo indígena de Agua Negra, como parte del territorio ancestral del pueblo Murui Muina, se encuentra comprendido dentro de esta situación de especial vulnerabilidad, lo que implica una obligación reforzada del Estado para la protección de sus derechos fundamentales y territoriales.

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Sobre esta base, planteé dos prioridades de investigación. La primera, consiste en comprender a profundidad los aspectos y factores que configuran la realidad del territorio de la comunidad y las proyecciones que tiene sobre él, puesto que son sus integrantes quienes lo conocen, viven, alimentan y lo han construido tradicional y cotidianamente; a ello se suma el ejercicio de comprender cómo la comunidad concibe los discursos y acciones de PNNC en su territorio. La segunda prioridad consiste en analizar el contexto y la perspectiva de PNNC sobre este territorio superpuesto, en tanto también es una autoridad responsable del cuidado de esta zona.

Teniendo en cuenta estas cuestiones y prioridades de la investigación, establecí el desarrollo de esta tesis como una estrategia para acercar ambas visiones y poner en diálogo las perspectivas y prácticas que ambas autoridades ejercen sobre este territorio, con el fin de plantear puntos de análisis y elementos en favor de la construcción y fortalecimiento de las formas y estrategias de gobernanza del área superpuesta entre PNNC y la comunidad de Agua Negra. Con base en lo anterior, surgió la pregunta central de la investigación:

¿De qué manera la comunidad de Agua Negra y Parques Nacionales Naturales de Colombia conciben y ejercen territorialidades y gobernanza en el área superpuesta configurada entre sus dos figuras de ordenamiento territorial?

A partir de esta pregunta, planteé los objetivos de la investigación, orientados tanto a la comprensión de las perspectivas y ejercicios de gobernanza y territorialidad de cada una de estas autoridades en el área superpuesta, como a la identificación y el fortalecimiento de las estrategias y mecanismos de coordinación y relacionamiento que están llevando a cabo. En ese marco, los objetivos para esta tesis los establecí de la siguiente manera: Objetivo general: Comprender las formas como la comunidad de Agua Negra y Parques Nacionales Naturales de Colombia conciben y ejercen territorialidades y gobernanza del área superpuesta entre dos figuras de ordenamiento territorial: el resguardo indígena Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya, localizados en Puerto Leguízamo, Putumayo. Objetivos específicos a.

Documentar las formas de territorialidad y gobernanza de la comunidad de Agua Negra en el área superpuesta b.

Analizar el proceso de gobernanza de la autoridad ambiental del PNN La Paya sobre el área superpuesta c.

Examinar y discutir las oportunidades, mecanismos y estrategias que permiten fortalecer el proceso de gobernanza compartida del área superpuesta. La importancia de abordar este caso de estudio a partir de estos objetivos radica en que permite comprender la forma como estas dos autoridades han venido avanzando en el desarrollo de estrategias de gobernanza, tanto de forma autónoma como coordinada, en función a la protección de sus territorialidades, territorios y, en consecuencia, del área superpuesta. Esto posibilita no solo la identificación de oportunidades para el fortalecimiento de la gobernanza y el ejercicio de sus territorialidades en esta área, sino también el análisis de elementos comunes que tiene este caso con respecto al escenario general de superposiciones de este tipo en la Amazonía colombiana.

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1.2 Antecedentes

La investigación sobre los distintos factores y elementos que hacen parte de los procesos de articulación entre PNNC y los pueblos indígenas se ha realizado desde diferentes enfoques conceptuales y a partir de distintos estudios de caso. Para la presente investigación, los antecedentes académicos, institucionales y propios de los pueblos indígenas relevantes se basaron en cuatro ámbitos temáticos, los cuales se presentan a continuación.

El primero corresponde a los estudios de caso sobre este tipo de superposiciones en la Amazonía colombiana. Entre las investigaciones más relevantes se encuentran los trabajos de Fredy Rivera (2019; 2022), quien analiza el desarrollo y la dinámica del manejo de dos áreas protegidas con superposición a territorios indígenas en la Amazonía y Orinoquía colombiana, a saber, el PNN Yaigojé Apaporis y el PNN El Tuparro, respectivamente. Este autor aborda fundamentalmente el escenario de desentendimiento entre las diferentes partes responsables del manejo de estas áreas, ante la presencia de conflictos entre comunidades indígenas, Estado y otros actores. También se encuentra el trabajo de Echeverri (2000), enfocado en el proceso de concertación y construcción de estrategias de manejo del Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí con el pueblo indígena Miraña, en función de la construcción de un Régimen Especial de Manejo. A la vez, es relevante la investigación de Ramírez (2018), en la que se analiza el proceso de implementación del Régimen Especial de Manejo del PNN Yaigojé Apaporis, en una de las comunidades que habitan esta área protegida. Además, se resaltan los trabajos de Tafur (2022), Cordero y Palacio (2018) y Carrillo (2022), quienes trabajan este tipo de escenarios de superposición en distintas áreas de SPNN en la Amazonía colombiana. En este mismo ámbito, son importantes los trabajos de Torres, Palacio y Colorado (2018) y Aguilar (2018), quienes brindan una mirada general a los escenarios de superposición de áreas protegidas y con territorios indígenas en la Amazonía colombiana, planteando preguntas, problemáticas y líneas de investigación necesarias para estudiar este tema.

El segundo ámbito temático de antecedentes relevantes está relacionado con las investigaciones recientes relacionadas con el manejo y los conflictos socioambientales en este tipo de superposiciones en otras regiones del país. Entre los trabajos más destacados se encuentran los de la investigadora Ana María Cortés (2018; 2021), en los que profundiza en las relaciones de poder y las estrategias de participación en el proceso de manejo para la conservación de un área superpuesta entre PNN Nevado del Huila y el resguardo Páez Nasawe’sx de Gaitania, al sur del Tolima, durante el periodo 2010-2018. Estos trabajos han sido fuentes históricas y documentales sólidas, puesto que hacen un contexto detallado del marco legislativo e histórico sobre el manejo de las áreas superpuestas en Colombia y, además, presentan estudios de caso fundamentados en un amplio trabajo de campo en los territorios.

Otro autor relevante en esta materia es Kobe de Pourcq (2015, 2017), quien desarrolló un robusto trabajo de análisis en diferentes Parques Nacionales Naturales de Colombia, en los que profundizó en el tema de los conflictos que se presentan entre las comunidades locales y PNNC a la hora de planear y ejecutar acciones y prácticas de manejo, no solo en áreas superpuestas, sino en todo el polígono de las áreas protegidas. Además, son relevantes las investigaciones de Valencia (2017), Aya (2020), Bennet (2023), Díaz (2008)

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y Bonilla (2013), que abordan el tema de gobernanza compartida entre PNNC y resguardos indígenas en regiones andinas y de páramo en Colombia. Por último, son destacan los trabajos de Andrade (2005, 2007, 2009), Laborde (2007), Durán (2009), Roldán (2001), Leal (2017, 2019, 2022), Colmenares (2015), Castaño Uribe (2003), Rojas (2014) y Munévar y Ramírez (2021), quienes analizan la relación entre el paradigma de conservación de las áreas protegidas de Colombia superpuestas con territorios de pueblos indígenas y de comunidades locales, desde perspectivas históricas y políticas.

El tercer ámbito de antecedentes se relaciona con investigaciones sobre manejo territorial indígena en la Amazonía colombiana. Entre ellas se destacan los trabajos de Echeverri (2000; 2003), Franky (2011), ACILAPP (2008, 2012, 2016), ODTPI (2025) y Tobón (2008), en los que se profundiza en el análisis de las territorialidades de pueblos indígenas amazónicos y su tensión y disputa frente a dinámicas de establecimiento de figuras y estrategias de ordenamiento impulsadas por el Estado y otros actores en sus territorios.

El cuarto ámbito de antecedentes está enfocado en documentos e informes de PNNC (2001, 2005, 2011, 2016, 2022) sobre los escenarios de superposición entre áreas del SPNN con territorios indígenas en la Amazonía colombiana. Estos trabajos resultan relevantes, en cuanto permiten comprender la concepción del Estado sobre distintos procesos de articulación con los pueblos indígenas, así como conocer los reportes, cifras, indicadores y alcances de su función pública de conservación de la diversidad biológica.

Estos cuatro ámbitos de antecedentes fundamentaron y fortalecieron el planteamiento del problema y los objetivos del presente proyecto de tesis, principalmente porque plantean preguntas y lugares de análisis que consideran necesarios tanto para comprender este tipo de escenarios de superposición, como para fortalecer los diferentes mecanismos y estrategias de relacionamiento y coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas, en favor de la protección de la diversidad étnica y biológica en la Amazonía colombiana.

De manera particular, estos antecedentes me permitieron identificar la necesidad de desarrollar investigaciones en esta materia, con una mayor atención a los contextos específicos y, especialmente, aquellas que posibiliten conocer con profundidad las concepciones y prácticas de los actores que viven y habitan cotidianamente los territorios. Sobre esta base, es posible plantear rutas y estrategias integrales, diferenciales y contextualizadas que favorezcan la protección de la diversidad biológica y étnica de las áreas superpuestas de la Amazonía colombiana.

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2. Metodología y marco conceptual

2.1 Diseño metodológico

Como ya mencioné, al inicio de este trabajo estaba situado como investigador contratista de una corporación privada colombiana vinculada a la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas Murui, Muinane, Korebajü y Nasa de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y el Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), que es una organización indígena del municipio de Puerto Leguízamo que representa a la mayoría de las comunidades del pueblo Murui Muina. Más adelante, con mi incorporación al equipo del PNN La Paya, mi situación como investigador cambió, en especial porque me permitía no solo analizar y habitar el campo de estudio desde ACILAPP, sino también desde el interior de PNNC. Este tránsito en mi posicionamiento fue una de las causas que fundamentó tanto el replanteamiento de mis preguntas y objetivos de investigación, como la estrategia y las técnicas metodológicas.

Inicialmente la estrategia metodológica estaba esbozada a partir de un enfoque participativo, en el que, además de incorporar investigación de fuentes secundarias y trabajo etnográfico, planteaba una estrategia de diálogo y articulación continuo entre ambas autoridades, con el fin de impulsar la construcción del Régimen Especial de Manejo, como instrumento de planeación conjunto orientado al fortalecimiento de la gobernanza y cuidado del área superpuesta.

Sin embargo, con los cambios señalados anteriormente, la estrategia metodológica de la investigación se estructuró como un estudio de tipo cualitativo, es decir como una forma de comprender las percepciones, sentimientos, discursos, narrativas y prácticas de los actores involucrados y el escenario planteado. En relación con el trabajo de Strauss y Corbin (1998), planteé el desarrollo de una investigación “de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos (…) la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones (…) y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (20).En suma, la investigación se planteó como un estudio de tipo cualitativo enfocado en comprender los sentidos, concepciones y prácticas en torno a la gobernanza del área superpuesta.

Este trabajo incorpora algunos elementos del enfoque de investigación participativa, sobre la base de que, como señala Fabricio Balcazar (2003), se busca “promover la participación de los miembros de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudar a los miembros de las comunidades a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos relevantes en sus vidas (incremento de poder o

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Metodología y marco conceptual

empoderamiento)” (61). En este sentido, la investigación aún le apunta a fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambas autoridades, a partir de sus experiencias y concepciones.

Balcázar (2003) señala tres actividades centrales que caracterizan una investigación con enfoque participativo. La primera es la investigación, que se refiere a cómo la comunidad participa de forma activa en el “análisis sistemático de las condiciones actuales de su problemática” (2003: 62). La segunda actividad es la educación, que consiste en los procesos participativos de la comunidad por encontrar soluciones a los problemas planteados conjuntamente, donde, desde la comunidad surge el descubrimiento crítico de su papel en la sociedad y, al mismo tiempo, nace la comprensión de su potencialidad para transformar y solventar sus necesidades. Y La tercera actividad es la acción, en donde “los participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas, utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o gremios (Balcázar, 2003: 62-63). Estos elementos sustentaron gran parte del desarrollo de la presente investigación, principalmente porque, antes de su inicio, el proyecto transitó por un proceso de aprobación por parte de ambas autoridades, quienes aportaron ajustes y observaciones conforme a sus necesidades e intereses, permitiendo precisar la problemática, los objetivos y metodología a implementar. Así mismo, las técnicas metodológicas implementadas apuntaron a encontrar con los actores involucrados, soluciones a los problemas planteados. Finalmente, la investigación se incorporó como insumo y fuente de conocimiento para el impulso y fortalecimiento de los procesos de relacionamiento y gobernanza del área superpuesta.

En cuanto al diseño metodológico, es preciso señalar que, al inicio de la investigación en el año 2023, realicé tres espacios participativos de socialización de este proyecto con cada uno de los actores involucrados, a saber, uno con PNNC, otro con ACILAPP y un último con la comunidad de Agua Negra, en los cuales leímos y ajustamos, entre otros elementos, el plan de las técnicas metodológicas a implementar. Finalmente, fue concertada la propuesta con base tanto en la investigación documental como la implementación de técnicas de investigación cualitativa y participativa, las cuales se señalan a continuación. Investigación documental La investigación documental se basó en el estudio de tres ejes principales de lectura y análisis de información. El primero correspondió al estudio de documentos sobre la comunidad de Agua Negra, su historia, cultura, gobernanza territorial y demás aspectos, en función a comprender las formas de el manejo, gestión y gobernanza del territorio que ejerce la comunidad. Para este eje, se consideraron fundamentales los trabajos documentales realizados ACILAPP, así como los documentos de archivo de la Unidad de Restitución de Tierras, PNNC y otras instituciones públicas.

Un segundo eje de análisis documental estuvo relacionado con el estudio de fuentes académicas vinculadas a la cosmovisión y las formas de manejo del territorio por parte del pueblo Murui Muina, lo cual permitió comprender las bases culturales de la gobernanza y autonomía territorial, a partir de la comparación de las distintas formas de manejo del territorio de las diversas comunidades Murui Muina de Puerto Leguízamo y de la Amazonia colombiana.

Por último, se analizó documentación de PNNC relacionados con el tema de la investigación, a los cuales tuve acceso por mi participación como profesional social en el

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equipo del PNN La Paya. Este análisis se articuló con literatura académica sobre áreas protegidas en Colombia, con las que se profundizó en temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, la constitución de las áreas protegidas y los modelos de gobernanza ambiental compartida en PNNC, entre otros aspectos.

Investigación cualitativa en campo Para este tipo de abordaje, planteé e implementé de tres técnicas de investigación de campo. Primero, entrevistas cualitativas con representantes clave de la comunidad de Agua Negra, ACILAPP y del PNN La Paya, enfocadas en comprender las percepciones sobre los aciertos, desaciertos y aspectos de los procesos de articulación para el manejo del área superpuesta. Para este método de trabajo, me resultó importante el planteamiento de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1995), quienes señalan que las “entrevistas individuales en profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han identificado informantes o personas clave dentro de la comunidad (…) por lo cual puede considerarse que sus opiniones son representativas del conocimiento cultural compartido por el grupo en cuestión” (93, 94).

En total, realicé doce entrevistas entre julio de 2023 y marzo de 2024 en Puerto Leguízamo. El perfil de las personas entrevistadas refiere a hombres y mujeres adultos y adultos mayores, con experiencia local de más de 10 años en los procesos de coordinación y relacionamiento entre PNNC con el pueblo Murui Muina y la comunidad de Agua Negra, o personas de amplios conocimientos sobre la historia de constitución y cultura de la comunidad de Agua Negra, ACILAPP y el PNN La Paya. Bajo estos criterios, participaron siete personas de la comunidad de Agua Negra, tres funcionarios del PNN La Paya y dos integrantes de ACILAPP (Cuadro 1):

Cuadro 1. Caracterización de las personas entrevistadas Nombre Rango etario Identidad cultural Sexo Organización Cargo Alfredo Caimito

60-70

Murui Muina Masculino Resguardo Agua Negra Gobernador Luis Caimito

40-50

Murui Muina Masculino Resguardo Agua Negra Coordinador guardia indígena Soledad Monaga

70-80

Murui Muina Femenino Resguardo Agua Negra Abuela Mercedes Monaga

80-90

Murui Muina Femenino Resguardo Agua Negra Abuela Floro Caimito

80-90

Murui Muina Masculino Resguardo Agua Negra Abuelo Luis San Juan

60-70

Murui Muina Masculino Resguardo Agua Negra Comunero Ramiro Canticuz

60-70

Awá Masculino Resguardo Agua Negra Comunero

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Metodología y marco conceptual

Tatiana Vera

30-40

Mestiza Femenino Funcionaria PNN La Paya Profesional Universitario Enrique Hernández

40-50

Mestizo Masculino Funcionario PNN La Paya Técnico administrativo Harley Morales

50-60

Campesino Masculino Funcionario PNN La paya Técnico administrativo Willington Villareal

50-60

Murui Muina Masculino Integrante de

ACILAPP

Coordinador del área de Derechos Humanos Claudio Sánchez

40-50

Murui Muina Masculino Integrante de

ACILAPP

Técnico del área Territorio, Frontera, Medio Ambiente y Recursos Naturales Nota. Elaboración propia.

Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas a partir de guías (Bonilla y Penélope, 1995), en las que seleccioné unos tópicos base para abordar con cada entrevistado, lo cual me permitió identificar narrativas sobre un mismo tema, pero también sobre otros tópicos según el rol de cada actor. En general, se abordaron temas como historia de la comunidad, del resguardo Agua Negra y de ACILAPP; la historia del proceso de constitución y administración del PNN La Paya, así como los aciertos y desaciertos en los escenarios de relacionamiento y coordinación entre PNNC, ACILAPP y la comunidad, buscando conocer qué se ha hecho, qué ausencias y dificultades existen, y qué estrategias de fortalecimiento de la gobernanza del área superpuesta se han propuesto (Fig. 3). Figura 3. Entrevistas con Floro y Alfredo Caimito de la comunidad Agua Negra

Nota. Fotografía tomada por el autor, 2023.

La segunda técnica metodológica implementada fue la observación participante, desde mi rol tanto como investigador asociado a ACILAPP, como profesional del PNN La Paya, y como profesional de apoyo a los procesos de seguridad jurídica territorial del resguardo Agua Negra. Este posicionamiento como investigador me posibilitó participar entre el mes de mayo de 2023 y diciembre de 2024, en espacios como reuniones y encuentros sobre

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gobernanza territorial del PNN La Paya y de PNNC, y en escenarios políticos y culturales de ACILAPP, a lo cual se sumaron mis dos visitas al resguardo Agua Negra, cada una durante una semana durante el año 2024, así como la planeación e implementación de un taller de monitoreo comunitario en el resguardo Agua Negra, como parte de las acciones entre el PNN La Paya y el pueblo Murui Muina del año 2023. Mi participación en estas actividades permitió adquirir un mayor conocimiento sobre el estudio de caso, particularmente, sobre las dinámicas sociales, culturales y políticas que influyen en la gobernanza del área superpuesta.

Para el desarrollo de esta técnica también fueron fundamentales los planteamientos de Bonilla y Penélope Rodríguez (1995), en tanto afirman que la observación participante es una técnica de investigación cualitativa particular por cuanto permite, no solamente captar “la información considerando solamente la perspectiva de los sujetos (…) sino que indagan en el contexto físico inmediato, la observación enfatiza principalmente en este último aspecto, haciendo ‘cortes’ temporales y espaciales para comprender en detalle escenas culturales específicas” (pág. 118).

En efecto, esta técnica metodológica me permitió ahondar en muchos elementos del universo de las acciones que los actores desarrollan en los diferentes contextos culturales de esta investigación, mediante una observación cuidadosa de los comportamientos, el tiempo y el espacio y, como señalan Bonilla y Rodríguez (1995), en el aumento progresivo de componentes adicionales como “los sentimientos, el tipo de relaciones que establecen las personas, los objetivos que persiguen con los comportamientos, etc.” (pág. 119). La tercera técnica metodológica implementada en campo fue el desarrollo de tres talleres participativos con la comunidad de Agua Negra, en los que profundizamos en sus conocimientos sobre la gobernanza del área superpuesta. El primer taller, desarrollado en el mes de febrero de 2024, fue un espacio de acercamiento a los conocimientos de la comunidad sobre el escenario de superposición, a través de la adaptación e implementación de la metodología de Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI) propuesta por el Instituto SINCHI (Acosta et al., 2020). En estos espacios abordamos distintos temas asociados en forma de preguntas relacionadas con los indicadores planteados en esta metodología, como, por ejemplo, el estado del territorio, el gobierno propio, la soberanía alimentaria, la lengua, entre otros, las cuales estaban planteadas en un formato de diligenciamiento grupal.

Este espacio lo desarrollamos en dos grupos, con el apoyo de dos facilitadores de la comunidad, quienes realizaban las preguntas e iban diligenciando los formatos de respuesta. La dinámica del taller consistió en que los miembros del grupo dialogaran y llegaran a un consenso sobre la respuesta a cada pregunta, buscando, más que nada, generar un diálogo e interlocución para identificar aspectos del proceso de gobernanza del área superpuesta; así como reconocer quién conoce las dinámicas territoriales y ambientales del resguardo; cómo se desarrolla la comunicación entre los miembros de la comunidad; y, finalmente, presenciar cómo se manifiesta la participación de los distintos integrantes de la comunidad en la gobernanza del área superpuesta. Una vez diligenciadas todas las respuestas, este taller lo cerramos con un momento de diálogo reflexivo sobre los distintos temas relacionados con el manejo y gobernanza del área superpuesta. Este ejercicio permitió generar confianza entre la comunidad con la investigación, motivando que las personas formularan inquietudes de orden comunitario,

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Metodología y marco conceptual

lo cual me posibilitó identificar las relaciones de la vida personal y cotidiana de muchas personas relacionadas con el tema de estudio.

El segundo taller participativo, realizado en agosto de 2024, consistió en la socialización a la comunidad de mi primer análisis de las entrevistas, así como del primer taller y del estudio de las fuentes documentales. En este espacio, una vez leídos los análisis desarrollados, dialogamos sobre temas como la historia de la comunidad, su territorialidad, el relacionamiento con PNNC y el estado actual de la comunidad en materia territorial, lo cual nos permitió ajustar los análisis e identificar oportunidades y alternativas para el fortalecimiento de la gobernanza del área superpuesta.

El fundamento metodológico para la planeación e implementación de estos talleres participativos estuvo basado en dos métodos: primero, la entrevista a grupos focales planteada por Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1995) que afirman que esta técnica es generadora de un volumen significativo de información cualitativa. Segundo, el taller desde la Investigación Acción Participativa, propuesto por Beatriz Garzón y et al. (2005), como lugar y “forma instituyente de Capacitación, para que los integrantes del sector popular sean los generadores de sus propias soluciones, a través del conocimiento, interpretación, comprensión y transformación de su realidad, entendiendo por capacitación el desarrollo de capacidades individuales de los miembros del grupo” (124) (Fig. 4) Figura 4. Primer taller participativo con la comunidad de Agua Negra

Nota. Fotografía tomada por el autor, 2023.

Registro y análisis de la información Los modos de registro de todas las técnicas metodológicas de campo implementadas fueron las grabaciones de audio, las notas de campo, los formatos diligenciados en cada uno de los talleres, así como insumos cartográficos y documentales propios de la comunidad, PNNC y ACILAPP que emergieron durante la implementación de las diferentes actividades. De manera paralela, elaboré una serie de documentos de análisis con base en las fuentes secundarias consultadas, que me permitían retroalimentar la comprensión de la información primaria. Tanto los datos primarios como secundarios recolectados los sistematicé con el software especializado en análisis cualitativo de datos Atlas. Ti, el cual me permitió organizar los datos mediante categorías de análisis que hacían referencia a los distintos temas planteados para desarrollar en el proyecto de tesis, sobre los cuales

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asocié los elementos del marco conceptual y de los antecedentes trabajados en esta investigación, los cuales se presentarán más adelante.

Este ejercicio dio como resultado la producción de los capítulos, los hallazgos y los argumentos centrales de la investigación, los cuales fueron socializados continuamente con los distintos actores que hicieron parte de este trabajo, quienes identificaron muchas de las fortalezas y debilidades del documento y, a la vez, propusieron ajustes a los planteamientos desarrollados, en función de la pertinencia del contexto actual del caso de estudio.

2.2 Marco conceptual

El análisis y discusión del caso de estudio se fundamentó en dos conceptos principales: territorialidad y gobernanza, los cuales funcionaron como el fundamento teórico que orientó la interpretación de los datos y posibilitó definir el enfoque y la perspectiva de la investigación; es decir, permitieron centrar la atención en ciertos aspectos de forma clara y coherente. A continuación, se realiza una síntesis general de los autores incluidos para cada uno de estos conceptos, relacionando sus planteamientos con los elementos fundamentales de análisis del caso de estudio.

2.2.1 Territorialidad

El concepto de territorialidad está fuertemente ligado al concepto de territorio. Para muchos autores, no existe territorio sin territorialidad ni territorialidad sin territorio; no obstante, resolver estas dicotomías resulta ser una tarea de difícil resolución en la presente investigación. En efecto, he decidido situarme desde algunas corrientes teóricas sobre estos conceptos, con el fin de vislumbrar el análisis y la discusión del presente caso de estudio.

El territorio es un concepto que ha sido trabajado desde hace mucho tiempo y desde diferentes campos del conocimiento, principalmente por su gran relevancia a la hora de comprender fenómenos y circunstancias de los seres humanos en relación con el espacio, el suelo, los recursos naturales, las relaciones entre comunidades, etc. Según Bustamante (2013), el concepto de territorio surgió a finales de la Edad Media, por la necesidad de los Estados coloniales de ejercer soberanía en un espacio geográfico. Según este autor, fue la obra de Nicolas Maquiavelo la que realizó esta relación conceptual, al afirmar que los Estados buscaban la soberanía no sobre los objetos sino sobre un territorio y, consecuentemente, sobre los sujetos que lo habitan. En esa medida, y siguiendo a Porto-Gonçalves (2009), el surgimiento del “territorio” obedeció a un ejercicio del colonialismo por constituir Estados moderno/coloniales tanto en las colonias como en Europa.

De acuerdo con Castillo (2020), la disciplina científica de la geografía, que estudia las relaciones entre el espacio —en tanto constructo socioeconómico y como medio biofísico— — y el ser humano en sociedad, fue la que empezó a dar mayor alcance al concepto de territorio, desde las últimas décadas, como un desarrollo en su andamiaje conceptual en el que sobresalían conceptos como espacio, región y paisaje.

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De igual manera, conforme a Porto-Gonçalves (2009) y Escobar (2016), el interés por el “territorio” surgió a finales de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado en muchas partes de América Latina —bajo la consigna de “no queremos tierra, queremos territorio”— gracias a los grupos sociales indígenas, campesinos y afrodescendientes en países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil; los cuales introdujeron por primera vez el tema en los debates teórico-políticos, imponiendo así una gran resignificación al debate sobre tierras y territorio en el continente (Escobar, 2016). Lo anterior es recogido por Bustamante (2013) para el caso colombiano, argumentando que el concepto de territorio utilizado por el Estado para las normas de ordenamiento territorial se ha enfocado en asimilar el “territorio” con “tierra”, mediante criterios de ordenamiento como la propiedad y la producción económica; no obstante, mediante los distintos procesos de movilización y reconocimiento territorial mencionados tanto de los pueblos étnicos y campesinos, este concepto ha venido transitando desde una mirada eminentemente geográfica, donde se ejerce control de la población, hacia una perspectiva social, es decir, hacia una interpretación del territorio como una comprensión de los vínculos de la sociedad con un lugar o un espacio.

La investigadora Lina Hurtado (2016) plantea precisamente que una de las razones de la emergencia de la perspectiva social de territorio proviene de procesos sociales históricos propios de la profundidad de las regiones alejadas y excluidas del país, “cuestionando esas formas dominantes de nombrar y de actuar, negándose a ocupar el lugar que el discurso les ha dado, y visibilizando espacios de vida, de ‘reexistencia’” (46); y estos grupos sociales, en cambio, resisten, se reinventan y trazan sus propias geografías. Sobre este enfoque conceptual sobre territorialidad y territorio parte la presente investigación, con base en autores como Rogerio Haesbaert (2013), Beatriz Nates (2010), Lina Hurtado (2016, 2021) y Juan Echeverri (2001), con los cuales realizaré una parte del análisis del caso de estudio, en particular, porque permiten comprender la coexistencia de territorialidades en el área superpuesta, así como sus tensiones, disputas, conflictos y trabajos conjuntos y procesos de construcción del territorio, en función de la comprensión del análisis de la gobernanza de este territorio. Además, este enfoque conceptual permite analizar las nuevas perspectivas sobre territorio y territorialidad en regiones amazónicas de frontera, así como en escenarios de disputa y conflicto territorial y ambiental, por la confluencia y coexistencia de una multiplicidad de actores.

Frente a la postura conceptual de Beatriz Nates (2010), reconocida antropóloga colombiana4, el territorio no es igual a tierra, puesto que esta última corresponde al espacio físico, mientras que el territorio es una significación cultural con múltiples implicaciones a nivel social. Para esta autora, el territorio es multidimensional, puesto que puede ser concebido desde tres órdenes: primero, desde la materialidad de la realidad de la “tierra”, es decir, desde la realidad geográfica, que no es más que “la manera como se registra la

4 Ha desarrollado una destacada trayectoria investigativa centrada en las construcciones sociales y culturales del territorio en contextos de conflicto, migración y transformación rural. Sus aportes han sido fundamentales para comprender cómo las comunidades resignifican y reconfiguran el espacio en escenarios marcados por el narcotráfico, la guerra y el retorno al campo. A través de conceptos como "reterritorialización", "espacio vivido" y "memoria territorial", Nates ha contribuido a consolidar un enfoque crítico e interdisciplinario sobre la territorialidad, relevante tanto para los estudios sociales como para el diseño de políticas públicas en contextos de posconflicto.

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acción humana y transforma por sus efectos” (p. 212). Segundo, desde la psiquis individual, en donde el territorio se identifica en parte como una relación emocional y presocial entre el ser humano con la tierra. Y tercero, se concibe como un fenómeno que participa del orden de las representaciones colectivas. Por otro lado, Nates (2010) argumenta que el territorio es multiescalonado porque está ubicado en diferentes escalas del espacio geográfico: “la localidad, la región, el área del Estado-nación o aquellas de las entidades plurinacionales” (p. 212).

Para Nates (2010), estas dimensiones y escalas del territorio están mediadas por dos procesos, que a nivel teórico se pueden diferenciar, pero que en lo social se pueden efectuar de forma simultánea: por un lado, la territorialización la cual define como “la estrategia que se utiliza, y el efecto que causa el delimitar un territorio: barrios, adquisición de propiedades, creación o recuperación de poblados, el territorio de un Estado, entre otros (2013: p. 212-213). Según esta autora, la territorialización implica un control sobre una persona o grupo social, y se puede dar de dos formas: primero, para delimitar la soberanía espacial, que depende de una autoridad centralizada que marca estos límites, lo cual es una territorialización de tipo lineal; y, segundo, la demarcación establecida en diferentes ámbitos de la vida social que depende de diversas fuerzas que marcan espacios interiores. Con base en lo anterior, Nates (2010) define la territorialidad como “la producción práctica o discursiva de territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. (…) y propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial” (p. 214). Es decir, es un sentimiento construido de territorio desde la representación física, intelectual y espiritual. Esta autora explica este concepto a partir del caso de los indígenas Yanacona, que expresan este sentimiento desde acciones como la agricultura, o desde la forma como se concibe la tierra como contexto de acción y lazo emocional, a partir de lo cual se define el proceso de posesión y pertenencia al territorio. En otras palabras, desde esta perspectiva conceptual, la territorialidad es un sentido de pertenencia, es la forma de concepción y configuración práctica del territorio.

Con respecto a la postura conceptual de Rogerio Haesbaert (2013), destacado geógrafo brasileño y uno de los principales referentes contemporáneos en los estudios sobre territorio y territorialidad en América Latina5, el concepto de territorio es semejante a la postura de Beatriz Nates. De acuerdo con su planteamiento, el origen etimológico de territorio implica una jurisdicción muy específica, política y de control del espacio, donde el control de la tierra y su uso como recurso son fundamentales. Para este autor, “todo territorio, geográficamente hablando, tiene siempre una base espacio-material para su constitución” (2013: p.19).

Frente a lo anterior, Haesbaert (2013) plantea que el concepto de espacio es más amplio que el de territorio, partiendo de que ambos conceptos son una construcción social, concreta y material, y una producción social que incluye dimensiones como la económica,

5 Profesor de la Universidad Federal Fluminense (Brasil), su obra se caracteriza por una perspectiva crítica e interdisciplinaria que desafía las concepciones tradicionales del territorio como espacio fijo o delimitado por el Estado. Uno de sus aportes más influyentes es el concepto de “multiterritorialidad”, con el que explica cómo los sujetos y colectivos habitan y se relacionan simultáneamente con múltiples territorios, físicos y simbólicos, en contextos de globalización, desplazamiento forzado y exclusión social.

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política, cultural y natural. Sin embargo, plantea una distinción entre ambos, al definir que la identificación de las relaciones de poder del espacio hace referencia al territorio. En sus palabras, “el territorio sería una dimensión del espacio cuando el enfoque se concentra en las relaciones de poder” (2013: p. 20).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la definición de territorio señalada por Haesbaert (2013), el poder se convierte entonces en el elemento sustancial de interpretación y, junto a esto, plantea que existen diferentes formas de poder, como es el caso del poder del Estado con sus estructuras político- económicas dominantes, las cuales configuran un macroterritorio; mientras que un movimiento de resistencia constituye un microterritorio. De allí nace entonces su caracterización del territorio como multiescalar, de forma semejante a Nates (2010), al expresar que el poder se debe concebir no solo como centralizado, “sino también como un poder difuso en la sociedad, aunque en forma desigual” (p. 26). En otras palabras, Haesbaert (2013) considera que el territorio se entre varias escalas, de arriba para abajo y viceversa, configurando microterritorios y macroterritorios y, en esa medida, la resistencia del “otro”, lo opuesto, constituye las relaciones de poder.

Además de esto, Haesbaert (2013) argumenta que el territorio está configurado por la dicotomía entre lo funcional, en donde el territorio se concibe como un espacio puramente para el control de determinadas funciones económicas y políticas; y lo simbólico, donde el territorio es pensado o concebido como idea, o como un conjunto de representaciones y símbolos sobre el territorio; es decir, plantea la composición del territorio por una dimensión material y otra inmaterial, las cuales pueden tener movilidad. Según él, a menudo se piensa que lo material es más inmóvil que lo inmaterial; no obstante, expresa cómo se han presentado muchos casos en donde es más móvil el lugar de asentamiento de una comunidad que la transformación del conjunto de representaciones y símbolos que se tienen relacionados con el territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, Haesbaert (2013) posiciona la idea de que la experiencia territorial no se puede trabajar en un espacio único y continuo, puesto que en el mundo actual predomina la movilidad y la discontinuidad; de ahí nace entonces para este autor la definición de territorialidad, como un concepto más amplio que territorio, que abarca el “campo de representaciones territoriales que los actores sociales portan consigo, incluso por herencia histórica-como los judíos y su “tierra prometida”-, y hacen cosas en nombre de estas representaciones. Pero puede no existir un territorio (concreto) correspondiente a este campo de representaciones” (p. 27).

En otras palabras, para Haesbaert (2013), sin base material no puede existir territorio, pero si puede existir la territorialidad o múltiples territorialidades. En efecto, para este autor, el territorio, entendido como espacio bajo control, implica entonces que en un espacio pueden existir muchos territorios porque hay múltiples formas de poder, las cuales pueden coexistir.

Haesbaert (2013) define los conceptos de territorialización y desterritorialización, expresando al primero como “un movimiento que se repite también es una forma de territorialización, si se tiene el control de este movimiento, el control de esta movilidad en el espacio, entonces se produce allí un territorio mediante el control de la movilidad” (p. 22). Es decir, plantea que la territorialización son las formas de establecimiento de relaciones de poder o de control del espacio. Y de ahí parte para conceptualizar la multiterritorialidad como “la articulación simultánea de múltiples territorios o de territorios en sí mismo múltiples e híbridos” (p. 37), y “la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios, reconstruyendo contantemente el propio” (p. 36).

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Conforme a lo anterior, Haesbaert (2013) define también el concepto de desterritorialización, con relación a la movilidad de los grupos humanos, produciéndose “especialmente cuando está asociada a la precarización de las condiciones materiales de vida, lo que equivale a un menor control del territorio” (p.33). En otras palabras, para este autor, la desterritorialización se presenta en espacios inseguros e inestables, y se puede componer de procesos de desidentificación y pérdida de referencias simbólico-territoriales, “lo cual refleja una pérdida de control del espacio, como ocurre con muchos grupos de los “sin techo” y con aglomerados humanos como algunos campos de refugiados o algunas situaciones de conflicto y violencia generalizada” (p. 33, 34). Por último, relacionado con la presente investigación, Haesbaert (2013) profundiza en el ámbito de la superposición de territorialidades, al plantear el término de multiterritorialidad o transterritorialización para indicar superposición, imbricación o convivencia conjunta de territorios, o ese tránsito tan frecuente para algunos grupos por territorios diferentes. Este autor expresa que, muchos grupos humanos precarizados deben estar en constante tránsito, o, mejor, ubicados en un mismo territorio en constante movimiento, en donde por cuestiones de supervivencia, aun sin salir del mismo espacio físico, “se pueda participar de dos territorios (poderes distintos ejercidos sobre el mismo espacio), al mismo tiempo o en momentos diferentes (…) es posible vivir entre una y otra cultura en el sentido de distintas identidades territoriales que se cruzan” (p. 38).

Ahora bien, relacionado con lo anterior, se encuentra el planteamiento conceptual de superposición de territorialidades propuesto por Lina Hurtado (2016), investigadora colombiana especialista en el análisis de la coexistencia de territorialidades en áreas de frontera en la Amazonía colombiana6. Esta autora ofrece una mirada desde el campo disciplinar de la geografía, planteando que la superposición no se refiere únicamente a la imbricación o coexistencia de figuras formalmente reconocidas, sino que es una superposición de territorialidades sin límites claramente trazados; en sus palabras, “sus límites son porosos, ambiguos y en los flujos y contraflujos espaciotemporales se van cruzando” (2021: p. 49). Para Hurtado, estas territorialidades también son formas de ordenamiento territorial que se superponen, es decir, que se presentan de manera simultánea, se influencian y entran en conflicto incidiendo sobre la formación del territorio y las territorialidades” (p. 52).

En esa medida, esta autora expresa que en el territorio colombiano existen multiterritorialidades que se disputan la apropiación y dominación del espacio, que incluso escalan a procesos de expropiación y violencia, y que pueden llevar entonces a la desterritorialización, a la que define como “la pérdida del control sobre los procesos de dominación político-económica y de apropiación simbólico-cultural (Hurtado, 2021: 50). Esto genera la exclusión, invisibilización, ocupación, exterminio y expulsión de las comunidades, o su confinamiento, tanto en sentido físico como simbólico-político.

6 Para esta investigación se tomaron como referencia su tesis doctoral (2021) y un artículo de investigación (2016), enfocados en el análisis de la superposición de territorialidades en la Sierra de la Macarena, en donde analiza los procesos de formación territorial como resultado de la superposición de geografías, territorialidades y procesos de territorialización, que producen relaciones conflictivas en la disputa por la apropiación y dominación del espacio.

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Para ampliar esta argumentación, Hurtado (2021) pone de manifiesto cómo estas territorialidades se han disputado el control del territorio con distintas estrategias del Estado y de las comunidades presentes, a lo cual llama estrategias de territorialización, con las cuales se “van trazando geografías, mudando las formas que va tomando el espacio, las estrategias de control y acceso al espacio, de apropiación y dominación, y generan procesos de desterritorialización” (p. 51). También señala cómo muchas comunidades rurales campesinas e indígenas se encuentran en procesos de territorialización en resistencia y reexistencia, es decir que “tienen el poder de recomenzar, de regeneración, de dar nuevos sentidos a la existencia y por tanto al territorio” (p. 51). Ahora bien, lo anterior se relaciona con el concepto de “territorio no areolar” planteado por Juan Echeverri (2001)—antropólogo investigador sobre territorios y territorialidades Murui Muina y de la Gente de Centro—definido como un tejido relacional entre apetitos, pulsiones, canales y redes de seres que deviene, bien sea, en la dominación, en el conflicto, en competencia o en el establecimiento de relaciones ordenadas. En esa medida y asociando lo anterior, se parte de un marco de comprensión que plantea el caso de estudio como un campo en disputa, tensión, conflicto y coordinación entre territorialidades, relaciones y formas de territorialización y desterritorialización, las cuales serán documentadas y analizadas a lo largo de los capítulos.

2.2.2 Gobernanza

El concepto de gobernanza es el segundo enfoque teórico del análisis del caso de estudio. Este ha sido trabajado desde muchos ámbitos, los cuales no se pretenden abordar en su totalidad en este documento, sino que se pretende enfocar los esfuerzos en su comprensión en el ámbito de la superposición entre áreas protegidas del SPNN y territorios indígenas en la Amazonía colombiana. No obstante, teniendo en cuenta la multiplicidad de términos y lenguajes utilizados en este tipo de escenarios de superposicion, es preciso ahondar en algunos elementos sustanciales del concepto de gobernanza que permitan situar su definición y diferenciarla de otros, tales como ‘manejo’, ‘gestión, ‘gobernabilidad’ o ‘gobierno’.

La investigación de Fredy Rivera (2022) brinda un escenario de análisis amplio sobre gobernanza, acorde con el presente estudio de caso, teniendo en cuenta que se sitúa en el ámbito de la comprensión de los procesos de coordinación entre autoridades indígenas y PNNC. Este investigador, siguiendo a autores como Guerreo (2014) y Vicher (2014) expresa que este concepto proviene de la palabra inglesa ‘governance’, que, a su vez, deriva de la palabra del latín ‘gubernantia’, las cuales originalmente se han referido al resultado del ejercicio de autoridad. No obstante, Rivera (2022) pone de manifiesto cómo se ha transformado su significado según los ámbitos sectoriales y territoriales en los que se ha utilizado, lo cual ha generado dificultades a la hora de comprender su definición precisa y, en efecto, su distinción de otros conceptos como gobernabilidad. Rivera (2022), afirma que, precisamente, el surgimiento de estos términos (gobernabilidad y gobernanza) está unido. Siguiendo a autores como Santos (2007) y Monedero (1979), muestra cómo estos dos conceptos surgieron como parte del desarrollo del modelo democrático en el mundo. Para ellos, el término de gobernabilidad tomó fuerza a nivel mundial en la década de los setenta del siglo XX, a raíz de la transformación de los Estados Nación, que transitaban desde un enfoque centralizado a la descentralización, de lo político a lo técnico, de lo público a lo privado, lo cual fue establecido globalmente bajo el conjunto de recomendaciones económicas denominadas como el “Consenso de Washington”, en

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donde se planteó que el ejercicio del poder del Estado debía cambiar con el fin de superar su insuficiencia para responder a las demandas de justicia y reivindicaciones de los movimientos sociales, a lo cual se definió como crisis de gobernabilidad7. En efecto, el concepto hegemónico de gobernabilidad fue difundido globlamente como “la simple posibilidad del ejercicio pacífico y consensuado del poder político (…) o la búsqueda de la asuencia de conflicto” (Rivera, 2022, Pág. 112), en donde, intrísecamente, se asentaban elementos del sistema neoliberal, que pretendían reducir el Estado, es decir, retirarlo de la esfera económica y de los servicios sociales y, de esta manera, reducir la crisis de la gobernabilidad y limitar la participación popular mediante políticas que propendieran por el poder político mediante organizaciones empresariales (Rivera, 2022). Fue en ese contexto que se posicionó el concepto de gobernanza, mediante informes del Banco Mundial (1989), principalmente a partir de las crisis de desarrollo sufridas en la región del África Subsahariana, definiéndolo como ‘buen gobierno’, es decir, como la forma de toma de decisiones en el contexto de las democracias liberales. En ese marco, Rivera (2022) afirma que el uso del concepto de gobernanza significa hablar el lenguaje oficial de los agentes de la modernidad, teniendo en cuenta que el “significado del término obedece a una estrategia de ligitimación de las acciones a favor de las multinacionales y los grandes empresarios, engendrada en el seno del capitalismo global a través del Banco Mundial y la Comisión Trilateral” (Pág. 114).

En efecto, siguiendo a Foyer (2010) y Beltramin (2016), se fueron tejiendo unas definiciones globales de gobernabilidad y gobernanza, en el marco de las democracias en el mundo, entendidas, la primera, como “la posibilidad misma de ejercer el poder, es decir, a las condiciones para ejercerlo, etc.─seguridad física y jurídica, marco legislativo adecuado, estabilidad institucional, etc.─ mientras que, segundo, la gobernanza se refiere a los medios para ejercer el poder y se ocupa de cómo se ejercer el poder” (En Rivera, 2022, Pág. 109). En otras palabras, la gobernabilidad está antes de la gobernanza, teniendo en cuenta que, en un escenario donde un sistema político no tiene las capacidades suficientes para gobernar, no es posible establecer una gobernanza o modelo político y económico efectivo para ejercer el poder.

Vicher (2014) plantea que este establecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza, lo acompañaron términos como gobierno, gestión pública, adminsitración, ejercicio del poder, sistemas de gobierno, régimen, entre otros, los cuales, en teoría, pretendían deconstruir la forma de entender el gobierno como una actividad realizada como sujeto y, en cambio, posicionar el gobierno como un ejercicio descentralizado para desarrollar “en colaboración” con otros actores políticos, económicos y sociales. No obstante, como plantean estos

7 El Consenso de Washington es un conjunto de diez recomendaciones económicas formuladas a finales de los años 80 y principios de los 90 por economistas y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EE.UU.), principalmente dirigidas a países en desarrollo, especialmente de América Latina. Estas recomendaciones buscaban promover políticas de estabilización económica, liberalización del mercado y apertura comercial para fomentar el crecimiento y la integración de estos países a la economía global.

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autores, detrás de esta idea de gobernanza como nueva forma de gobierno, se encontraba el interés de agentes privados por ejercer el poder, es decir, una nueva forma de gobierno donde la toma de decisiones sobre la planificación y ejecución política estuviera encabezada por capitalistas, empresarios y agentes del mercado, lo que significaría que no habría una verdadera participación de la sociedad.

Lo anterior lo sintetiza Foyer(2010) al señalar que, aunque “la gobernanza propone una visión de la acción política o económica como un juego perpetuamente negociado entre actores, (…) sucede que el juego entre los actores no siempre es equitativo y deben considerarse también las asimetrías de poder y las diferencias culturales” (En Rivera, 2022, pág. 116).

A pesar de las causas e influencias políticas y económicas que han posicionado la gobernanza como nueva forma de gobierno, este concepto ha sido apropiado en muchos sectores políticos y culturales como la forma de ejercer el gobierno desde una perspectiva democrática, a la luz del fortalecimiento de los Estados Sociales de Derecho. Tal es el caso de Colombia, en donde la forma de gobierno no se efectúa por una élite político administrativa, homogénea y centralizada, sino que implica “la adopción de formas de coordinación a diferentes niveles, y multiactor, ya que incluyen al sector público y al sector privado, a los actores de la sociedad civil y al mercado” (Svampa, 2008, en Rivera, 2022, pág. 117).

Esta concepción de gobernanza ha sido acogida y ampliada por diferentes autores, en el intento por comprender y plantear elementos para desarrollar y fortalecer formas de gobierno con mayor participación, descentralización y equidad. Tal es el caso de Borrini- Feyerabend et al. (2014), quienes plantean que este concepto se refiere a quién toma las decisiones, así como a la forma en que los actores y las decisiones se conectan y relacionan con otros actores y decisiones de la sociedad, y de cómo aprenden y evolucionan a lo largo del tiempo, dando forma a la historia social y ecológica de la sociedad, el territorio o el área en cuestión.

Desde este enfoque, y para efectos de la configuración de la postura conceptual sobre gobernanza de la presente investigación, entiendo este concepto como un ejercicio orientado hacia la forma en que se ejerce la autoridad, con énfasis en la integración de discursos como la responsabilidad, la legitimidad, la apertura y la inclusión, lo cual, tiene relación con lo planteado por Davidson et al. (2006), quienes la expresan como “la interacción entre estructuras y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones frente a un asunto público y cómo los ciudadanos y otros interesados también participan en la toma de decisiones. En otras palabras, la gobernanza hace referencia a la práctica democrática del ejercicio de poder” (En Jiménez, 2018, Pág.2). Esta última definición tiene una gran relación con el concepto de territorialidad hasta ahora trabajados, desde la perspectiva de que la interacción o encuentro de estructuras y procesos que determinan el poder, no es más que el encuentro de territorialidades y formas de territorialización y desterritorialización. En otras palabras, la gobernanza la comprendo como la interacción entre distintas territorialidades y sus formas de territorialización y desterritorialización que determinan la forma en qué se ejerce el poder y se toman las decisiones con respecto al territorio. Esto tiene relación con lo planteado por Alcorn (2010), quien expresa que la gobernanza “se refiere al reparto formal e informal del poder y las responsabilidades, a cómo se toman las decisiones, a quienes participan y a cómo se consigue la responsabilidad” (En Rivera, 2022, pág. 118).

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Articulado con lo anterior, y para ofrecer una mayor claridad sobre este planteamiento conceptual, retomo el planteamiento de Jiménez (2018), quien realiza una definición en la que intenta diferenciar la gobernanza de conceptos como gobernabilidad, gobierno, manejo y gestión, expresada de la siguiente forma:

Cuadro 2. Definición del concepto de gobernanza y conceptos conexos Gobernanza Gobierno Gobernabilidad Gestión/Manejo La interacción entre estructuras y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones frente a un asunto público y cómo los ciudadanos y otros interesados también participan en la toma de decisiones Los cuerpos, actores o procesos que existen para el ejercicio de la gobernanza y están separados ampliamente de los ciudadanos y el sector privado Cuál es la capacidad de un gobierno para formular e implementar instrumentos de política pública, manejo y gestión Qué hacer a través de las acciones y medios disponibles para alcanzar resultados Fuente: Jiménez, 2018 Frente a lo anterior, es importante especificar el concepto de gobernabilidad, cuya definición ha sido disputada desde varios enfoques académicos. Foyer (2010) y Beltramin (2016) lo definían como la posibilidad misma de ejercer el poder, es decir, las condiciones para ejercerlo; y Jiménez (2018), lo definen la capacidad de un gobierno para ejercer la planeación y gestión. Esta definición de gobernabildiad como la capacidad o posibilidad de ejercer el poder tiene relación con lo planteado por Matus (1987a, 1987b) quien la define como la pérdida del grado de control que tiene un actor sobre las variables de un sistema social o un territorio. En otras palabras, una estructura o forma de gobierno no tiene gobernabilidad en tanto no tiene la capacidad de controlar y dominar un sistema social o un territorio.

En efecto, Matus (1987a, 1987b) plantea que la gobernabilidad es un factor dependiente de otras variables, o como él denomina, hace parte de una relación estratégica a la cual define como el “triángulo de gobierno”. Según él este se refiere a un modelo integrador de variables o interdependientes: la gobernabilidad; el proyecto de gobierno, determinada como el contenido propositivo u objetivos de un proyecto de acción o de gobierno; y la capacidad de gobierno, entendida como la capacidad de conducción o dirección de un gobierno (técnicas, destrezas, métodos, habilidades) para conducir un proceso social hacia objetivos declarados. Es decir, la gobernabilidad no es sinónimo de gobernar, sino que es la capacidad de un actor para controlar las dimensiones o variables que componen el ejercicio de gobierno.

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Ahora bien, como señala Jiménez (2018), la gestión y el manejo están relacionados más directamente con las acciones realizadas en el territorio con los medios disponibles; en otras palabras, se refieren a la implementación de las capacidades de las distintas formas de gobierno, o, mejor, la operatividad de la gobernanza. Sin embargo, es preciso señalar que estos dos conceptos son diferentes a la planeación, la cual, como afirma Matus (1989), es el cálculo que precede y preside la acción, lo que se complementa con la definición de Ingelstam (1987, p. 69, citado en BUARQUE, 2002, pág. 82) que sugiere que planificar "[...] es básicamente preparar la adopción de decisiones. Las decisiones de cierta trascendencia se basan en el poder. Por tanto, la planificación forma parte del ejercicio del poder en la sociedad".

Frente a lo anterior, también resulta pertinente el planteamiento de Luft (2011, pág. 157), quien expresa que "la planificación es una práctica común y se utiliza, por regla general, cuando se tienen determinados objetivos y se pretende implementarlos de manera óptima, a partir de límites temporales y financieros, lo que aboga por la consecuente proyección de acciones, pasos, metas, propósitos y resultados”. Estas definiciones contrastan, en efecto, con el concepto de gestión, el cual entiendo fundamentalmente desde el planteamiento de Souza (2010) quien señala que “gestionar significa administrar una situación en el marco de los recursos actualmente disponibles y con vistas a las necesidades inmediatas" (Souza, 2010, p. 46, traducción del autor). Gobernanza ambiental Con relación a la comprensión de la gobernanza en el contexto de las áreas protegidas, diferentes autores han propuesto el uso del concepto de “gobernanza ambiental, los recursos naturales o de la conservación de la naturaleza”, como expresiones que realcionan la gobernanza con acciones y estrategias en favor de la protección del ambiente y la naturaleza. Tal es el caso de Lemos y Agrawal (2006), quienes lo definen como “el conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones reguladoras a través de los cuales los actores políticos influyen en las acciones y resultados ambientales” (En Rivera, 2022, Pág. 118), en donde el Estado hace parte de la gobernanza, con la participación de comunidades, empresas y ONG; lo cual implica que, como señala Borrini-Feyerabend y Hill (2015), en el esquema de gobernanza ambiental esten incluidas las cosmovisiones, valores y conceptos de diversas sociedades en la toma de decisiones sobre los territorios. Para Borrini Feyerabend et al. (2014), la gobernanza ambiental en el marco de los contextos de las áreas protegidas, hace referencia a los principios, políticas y normas en relación con la toma de decisiones concernientes a las áreas protegidas. En particular, estos autores expresan que la gobernanza en áreas protegidas responde a la pregunta de “¿quién detenta la autoridad y la responsabilidad y puede rendir cuentas de las decisiones clave de un área protegida determinada de acuerdo con los medios legales, consuetudinarios u otros legítimos?” (pág. 11).

Es decir, estas definiciones hacen referencia a las instituciones y los procesos mediante los cuales los titulares de derechos y los interesados influyen y toman decisiones (ejercen autoridad y responsabilidad) que afectan al área protegida; decisiones que se pueden materializar a través de diferentes instrumentos como convenios internacionales, políticas y legislaciones públicas, acuerdos, planes, reglamentos, asesorías, consultorías, etc.; y los titulares de derecho y sectores interesados usan estos instrumentos según el poder que detentan y el grado de influencia que puedan ejercer.

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Ahora bien, frente al contexto de superposición de territorialidades y formas de gobernanza en áreas protegidas, es preciso tener en cuenta el planteamiento de Souza (2002, 2006) sobre la escalera de participación ciudadana. En particular, este autor plantea que en los distintos escenarios de toma de decisiones entre el Estado y actores y estructuras de gobierno se pueden presentar diferentes grados o niveles de participación en la toma de decisiones. Así, por ejemplo, a medida que se sube en la escalera aumenta el grado de participación real, el poder decisión se transfiere a otros actores y disminuye el control exclusivo del Estado; y mientras se desciende en la escalera, los actores pierden participación hasta llegar a tener solo una pseudoparticipación o incluso estar en situaciones de coerción y manipulación.

Estas formas de participación están relacionadas con los cuatro tipos de gobernanza de áreas protegidas existentes, conforme a lo planteado por la Borrini Feyerabend et al. (2014), la UICN y el CDB, a saber, 1) gobernanza por el gobierno (en distintos niveles y posiblemente combinado con otras instituciones); 2) gobernanza conjunta por parte de diversos titulares de derechos e interesados (gobernanza compartida o cogestión); 3) gobernanza por individuos u organizaciones privadas; y 4) gobernanza por pueblos indígenas y/o comunidades locales. Así, cada uno de estos tipos de gobernanza puede implicar un mayor o menor grado de cada actor, según el caso que corresponda. Ahora bien, como señala Moraes Filho (1983), estas tipologías o clasificaciones de gobernanza propuestas funcionan como “tipos ideales, es decir, no existen formas puras de un tipo de gobernanza determinado. Las formas puras nunca se pueden encontrar en la historia; se obtienen exagerando ciertas características de los datos reales, hasta el punto de convertirlas en 'líneas y cifras absolutas' (Citado en Ribeiro, Fuzeto, 2017). Por lo tanto, utilizamos estas clasificaciones como recurso metodológico para comprender la realidad social (Arenari, 2007, p. 41).

Ante lo mencionado anteriormente, resulta relevante otro de los elementos analizados por Borrini Feyerabend et al. (2014) con relación a las dimensiones en la aplicación y ejercicio de la gobernanza. Según estos autores, es posible reconocer procesos de gobernanza que no trascienden en la práctica, de ahí la importancia de identificar su verdadera operatividad. En efecto, estos autores definen, por un lado, la gobernanza de jure entendida como un arreglo legalmente reconocido, establecido en leyes, políticas y acuerdos institucionales que definen quién tiene la autoridad formal sobre el manejo de un territorio. Por otro lado, la gobernanza de facto hace referencia a quién toma efectivamente las decisiones en la práctica, lo cual puede incluir actores no reconocidos oficialmente, como comunidades locales, autoridades tradicionales o incluso grupos armados ilegales. Estas definiciones conceptuales son pertinentes para el análisis del estudio de caso, sobre la base de que, a partir del escenario de superposición de territorialidades en el área superpuesta, se ha avanzado en la construcción de un modelo de gobernanza, que tiene como fundamento lo planteado por Borrini Feyerabend et al. (2014), a saber, quién detenta la autoridad en las áreas protegidas, en este caso en el área superpuesta, en el marco de un proceso de articulación y mediante un instrumento o convenio, en donde operan otros actores y formas de gobernanza que inciden y determinan un escenario complejo necesario de análisis.

Estas perspectivas conceptuales tanto de gobernanza como de territorialidad, con sus conceptos conexos, son el eje de análisis y discusión del caso de estudio de esta investigación, y sobre ellos se propenderá por avanzar en los capítulos, responder a los

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Metodología y marco conceptual

objetivos planteados y plantear estrategias y conocimientos que posibiliten superar las problemáticas identificadas.

2.3 Estructura

El presente documento está estructurado como una línea de tiempo del proceso de configuración de la gobernanza y la superposición de territorialidades en el área superpuesta, a partir de cuatro capítulos que representan, cada uno, un momento en la historia. En el primer capítulo se realiza un contexto general de los primeros procesos de territorialización y desterritorialización sobre esta área, desde las épocas precolonial y colonial, enfocándome en la formación de la territorialidad Murui Muina, desde donde se analiza la formación territorial de la comunidad de Agua Negra hasta el momento de la constitución del PNN La Paya.

En el segundo capítulo se analiza la territorialidad de PNNC en el área superpuesta. Para ello, se realiza un análisis sobre el proceso de territorialización de los paradigmas de “conservación con gente” y “conservación sin gente” en Colombia a través de las áreas protegidas, a partir de la década de los cincuenta del siglo XX, y las disputas, tensiones y oportunidades que esto ha generado en la Amazonía colombiana. Este contexto es localizado en el caso de estudio, en la época de declaración del PNN La Paya y durante los inicios de su gestión, desde donde se analizan las disputas territoriales ocasionadas, así como el comienzo de los procesos de relacionamiento y articulación entre estos dos actores.

En el tercer capítulo se analiza el desarrollo del proceso de relacionamiento y construcción de estrategias de gobernanza del área superpuesta entre estas dos autoridades desde el año 2015, junto con el estudio de otras territorialidades y formas de gobernanza ejercidas en este territorio, desde donde se identifican y examinan las principales problemáticas y dificultades que limitan el manejo y la gobernanza del área superpuesta. En el cuarto capítulo, se recogen los análisis elaborados sobre las concepciones y ejercicios de la gobernanza y las territorialidades en el área superpuesta, desde donde se plantea el concepto de “voltear el manejo”, en función de responder al objetivo específico de identificar mecanismos, estrategias y oportunidades pertinentes y contextualizadas para favorecer la gobernanza compartida del área de estudio. Finalmente, se encuentran las consideraciones finales, en donde se recogen y expresan los argumentos y análisis principales de la investigación de forma concreta.

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3. Capítulo 1: La territorialidad de la

comunidad de Agua Negra El objetivo de este primer capítulo es documentar la configuración de la territorialidad de la comunidad de Agua Negra en el área superpuesta, sobre la base de que su presencia en este sector es más antigua y amplia que el resguardo y que el PNN La Paya. Para este propósito, el capítulo se estructuró en dos partes. En la primera, se documentan los procesos iniciales de territorialización y desterritorialización de la comunidad en el espacio donde se encuentra el área superpuesta, detallando las diferentes dinámicas de relacionamiento con otros pueblos indígenas desde antes de la época de extracción cauchera. También, se analizan las formas de identificación territorial de la comunidad como parte de la territorialidad del pueblo Murui Muina y de la Gente de Centro durante el periodo cauchero, así como las transformaciones de su territorialidad derivadas de los procesos de colonización del municipio de Puerto Leguízamo hasta aproximadamente la mitad del siglo XX.

En la segunda parte, se examina el proceso de constitución del resguardo de Agua Negra, relacionando los hitos históricos de avance en el reconocimiento estatal de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Posteriormente, se documentan las dinámicas de territorialización y desterritorialización de la comunidad en el área superpuesta durante la época de la bonanza cocalera y del recrudecimiento del conflicto armado, transitando por el momento de la declaración del PNN La Paya sobre parte del territorio tradicional de la comunidad.

3.1 Las territorialidades del área superpuesta

3.1.1 El pueblo Murui Muina y la Gente de Centro

El resguardo de Agua Negra fue constituido en 1994, al suroccidente del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, sobre la ribera del río Putumayo. Fue reconocido oficialmente por el Estado con una extensión de 2.858 hectáreas, como una estrategia orientada a la protección del territorio de la comunidad indígena de Agua Negra.

No obstante, como se desarrollará en este apartado, la territorialidad y las formas de territorialización de esta comunidad excedían los límites jurídicos del resguardo. En consecuencia, esta figura de ordenamiento territorial estatal solo incorporó una parte del territorio históricamente configurado por la comunidad (Fig. 5).

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Figura 5. Mapa del resguardo Agua Negra en Puerto Leguízamo Nota. Elaboración propia.

El análisis de la configuración de la territorialidad de la comunidad de Agua Negra puede abordarse, en primer lugar, desde su relación y pertenencia al pueblo indígena Murui Muina. En la resolución de constitución del resguardo, el INCORA asoció a esta comunidad como parte del pueblo indígena Witoto; es decir, como integrante de un conjunto de comunidades indígenas con características culturales y geográficas comunes que conforman al pueblo indígena históricamente denominado Witoto. Este reconocimiento se realizó conforme a los procedimientos administrativos vigentes entre el INCORA y el Ministerio del Interior, quienes, a partir de estudios etnológicos, socioeconómicos, jurídicos y territoriales, establecían la autodeterminación de la comunidad como indígena, así como su pertenencia y vínculo histórico con el territorio. Con base en esto, surgen una serie de interrogantes sobre la relación de esta comunidad como parte del pueblo Witoto, a saber, ¿por qué fue designada como Witoto? ¿de dónde proviene esta denominación?, ¿cómo incide esta adscripción étnica pueblo en la configuración de la territorialidad de la comunidad? ¿En qué ámbito espacial se ha construido históricamente la territorialidad Witoto?

Los investigadores Álvaro Echeverri (2022) y Fernando Urbina (2010) expresan que la denominación Witoto (también huitoto, uitoto, ouitoto) se ha utilizado para designar a una población indígena ancestral de la región amazónica colombiana y peruana. Según estos

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

autores, el término tendría origen en lenguas de la familia Caribe—particularmente del pueblo indígena Carijona y otros grupos caribe como los Roucouyenne, Galibi y Trió— y se traduciría como “gente caníbal”.

De acuerdo con Echeverri (2022), esta interpretación ha sido leída por las propias comunidades como un calificativo profundamente peyorativo. En consecuencia, a lo largo del tiempo se han puesto de manifiesto distintas expresiones de cuestionamiento, resignificación, rechazo y sustitución del término por otras denominaciones, que respondan a su autodefinición cultural y política.

Desde la segunda mitad del siglo XX, se intensificaron los debates entre investigadores académicos y autoridades indígenas de este pueblo, acerca del uso del término Witoto y la pertinencia de adoptar otras designaciones. Un caso relevante es la propuesta Horacio Calle (1984), quien utilizó la denominación Murui-Muinane para agrupar a las comunidades hablantes de lengua witoto y sus variantes dialectales bue, mɨnika, mɨka y nɨpode. Paralelamente, los hablantes del dialecto bue de los ríos Caraparaná y Putumayo, adoptaron la autodenominación Murui. Más recientemente, en 2015, los hablantes del dialecto mɨnɨka, en La Chorrera (Amazonas, Colombia) se autorreconocieron como pueblo Murui-Muinaɨ (Echeverri, 2022)8.

Otro hecho relevante es el reconocimiento oficial realizado por el Estado peruano, que incorporó los alfabetos de las diferentes lenguas y el pueblo denominado hasta entonces Uitoto y oficializó su autodenominación como Murui-Muinanɨ (Echeverri, 2022). En Colombia, en contraste, no existe un consenso entre todas las autoridades y comunidades que hacen parte de este pueblo, ni tampoco un proceso de oficialización gubernamental uniforme; por consiguiente, la autodenominación de este pueblo depende de diferentes factores como los acuerdos entre comunidades y autoridades; así como por acuerdos comunitarios, asociativos e interregionales.

Para el caso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades políticas y tradicionales de este pueblo indígena, en su Plan de Vida (ACILAPP, 2008) y Plan de Salvaguarda (ACILAPP, 2012), emplean y ratifican la denominación Múrui, precisamente para distanciarse del carácter peyorativo asociado al término Huitoto. En el Plan de Salvaguarda se expresa que, este término proviene de la errónea pronunciación de la palabra fɨtoto, que hace parte de la lengua indígena del pueblo Carijona, que significa “hormiga carnicera”. Este término hacía referencia a un método de guerra que utilizaba el pueblo Huitoto contra vecinos frente a invasiones en la zona norte de su territorio, que consistía en sacrificar a los guerreros capturados y comer algunas partes de su cuerpo, durante un ritual con ambil, con el fin de obtener los poderes del guerrero (Yaroca) y golpear al enemigo, así como usar sus dientes para elaborar collares y los cráneos como símbolo de victoria (ACILAPP, 2012).

Si bien el Múrui es la forma empleada en sus documentos de autoidentificación, en la práctica contemporánea el término común utilizado es Murui Muina. Este uso se ha consolidado principalmente, a través de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas Murui, Muinane, Korebajü y Nasa del municipio de

8 En la actualidad se han identificado cuatro variantes dialectales en la lengua del Pueblo Murui Muina: el Mɨnika, Mɨka, Bue y Nɨpode.

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Leguizamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP)9, organización a la cual se encuentran adscritas la mayoría de las comunidades del pueblo Murui Muina que habitan en el municipio, entre ellas la comunidad de Agua Negra. Esta Asociación, desde hace varios años, ha oficializado la designación Murui Muina en los espacios de interlocución con comunidades e instituciones, configurándola no solo como un término lingüístico, sino como un posicionamiento político en el territorio. El uso del término Murui está fundamentado en su Plan de Vida (2008), en el que expresan que este proviene de su cosmovisión como pueblo, tanto de sus cuatro seres espirituales que hacen parte de su cosmovisión (Yua buinaima, Zɨkɨɨda Buinaima, Noinɨ Buinaima y Meniguɨ Buinaima), como en los primeros hombres de su pueblo (Muinaima, Muina y Múruima), desde donde ratifican que el pueblo que habita en la región que hoy es el municipio de Puerto Leguízamo es descendiente de Múruima.

Ahora bien, para tener una mayor comprensión sobre el término Murui Muina, se resalta la investigación de Fernando Urbina (2010), quien argumenta que esta surgió a raíz de la relación del entonces pueblo Witoto con el pueblo Muinane, otros de los pueblos indígenas de la Amazonía. De acuerdo con su trabajo, el pueblo Muinane llama al pueblo Witoto como Murui, debido a la palabra murumio, el cual designa el punto cardinal occidente, el cual, en la geografía Witoto corresponde a las cabeceras de los ríos que fluyen al oriente. Según comentaba Urbina (2010): “y es que, en los antiguos hábitats tradicionales, los uitotos eran gente de cabeceras en tanto que los muinanes lo eran de las bocanas. Así pues, los ‘uitotos son de arriba’, en tanto que ‘lo muinane son de abajo’”. (Urbina, 2010, p

13).

9 Mediante Resolución N.º 003 de fecha 24 de enero de 2005 proferida por la Dirección de Etnias hoy Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, se inscribió en el registro de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas la constitución de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas del municipio de Puerto Leguizamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP); como una entidad de derecho público de carácter especial, domiciliada en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo. mediante Resolución N.º 002 de fecha 10 de enero de 2020 proferida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, fue cambiada a la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los pueblos indígenas Murui, Muinane, Korebajü y Nasa del municipio de Leguizamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP). Esta asociación se rige por democracia representativa, mediante congresos cada cuatro años en donde las autoridades de los resguardos y cabildos adscritos escogen un comité directivo y unos representantes para cada una de las líneas estratégicas de la asociación. No obstante, la toma de decisiones mezcla mecanismos de participación directa y de representación mediante los delegados elegidos, teniendo en cuenta que muchos de los proyectos y procesos requieren, en muchos casos, la toma de decisiones desde la asociación con la participación directa de las autoridades de los mismos resguardos y cabildos. Mientras que, en otros casos, los delegados gestionan y coordinan procesos de las comunidades de forma autónoma, conforme a las necesidades y pretensiones establecidas en espacios de planeación previas con las autoridades, plasmados por ejemplo en los planes de vida y de salvaguarda. Sumado a esto, se encuentran otras organizaciones regionales como la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y la Organización Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (OPIAC), con las cuales las comunidades Murui Muina y la ACILAPP gestionan y trabajan temas conjuntamente desde un ámbito más regional.

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

En ese marco, siguiendo con la investigación de Urbina (2010), los propios uitotos distinguieron dos grandes sectores en su propio pueblo: “a los clanes que vivían más arriba, más hacia occidente, más alejados de los muinanes, los llamaron Murui; y a aquellos que eran vecinos de los muinanes, o sea los que vivían más abajo, más hacia oriente, a esos los denominaron Muina o ‘muinanes no propios’, como si fueran muinanes pero sin serlo” (Urbina, 2010, p 13, 14).

En ese marco, y para efectos de la presente investigación, la comunidad de Agua Negra, aunque fue denominada como Witoto, en la actualidad es reconocida como Murui Muina, lo cual representa un posicionamiento político en el territorio, que le apuesta por dejar atrás denominaciones peyorativas que los ligan a un pasado de explotación y violencia. A esto se suma lo ratificado mediante el Mandato de Entendimiento de las Autoridades Ancestrales y Políticas de los Pueblos Indígenas Korebajü, Zio Bain, Kichwa y Murui Muina del Municipio de Leguízamo, Putumayo (2017), en donde esta comunidad, junto con las demás que hacen parte de este pueblo en Puerto Leguízamo, se autoidentificaron como Murui Muina.

Ahora bien, tanto en la literatura académica como en la cotidianidad de las comunidades Murui Muina y ACILAPP, se ha identificado la pertenencia del pueblo Murui Muina como parte de la Gente de Centro. Particularmente esta denominación ha sido utilizada para referirse a pueblos indígenas de la Amazonía colombiana con características comunes su origen en esta región, desde donde se ha producido una identidad territorial. Esto lo afirmaba un integrante de ACILAPP de la siguiente manera:

Los pueblos Murui Muina, los pueblos Muinane, los pueblos Bora, Miraña, son denominados Gente de Centro, ¿por qué Gente de Centro? Porque han nacido, todos estos pueblos han nacido de un lugar mitológico que le llamamos Komɨmafo10, el nacimiento de los pueblos, de la Gente de Centro (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024) Muchas autoridades políticas y espirituales del pueblo Murui Muina, al igual que los otros pueblos indígenas mencionados por Willington Villareal, han reconocido su identificación como parte de la Gente de Centro, ratificando su origen y pertenencia ancestral al territorio amazónico, tal y como comentaba otro integrante de ACILAPP:

La Gente de Centro es un concepto que se ha dado, pero pues nosotros nos definimos como indígenas ancestrales de ese territorio. Centro yo podría de pronto relacionarlo porque estamos en el centro del Amazonas, centro de esa espesa selva, y pues desde la narración ancestral es como el punto de origen de los pueblos indígenas, hijos de coca, tabaco y yuca dulce (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

10 “Hueco del Origen”, es por donde salieron los primeros hombres Muina, Muruima y Muinama, y posteriormente salieron más hombres que salían y se bañaban en un pozo de agua (Uɨgoji), de la cual salía una boa que fue cazada por el rɨama para alimentar a toda la gente. Luego de cocinada, se repartió a cada poblador; y al recibirla cada uno, y según el recipiente en que lo recibía, se iba pronunciando su dialecto (ACILAPP, Plan de Vida pueblos Murui - Korebajü- Muinane - Nasa, 2008, Pág. 21)

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

De acuerdo con la investigación de Oscar Aponte (2022), este lugar de origen común es asociado a la región demarcada por los cursos de los ríos Caquetá y Putumayo en la Amazonía colombiana, en donde los pueblos que hacen parte de la Gente de Centro han compartido e intercambiado formas de vida. Echeverri (2022), reafirma esta postura al expresar que esta región como un área cultural compartida por ocho pueblos indígenas: “Esta región es el territorio de ocho pueblos que hablan lenguas de las familias lingüísticas witoto (Murui [uitoto], Ocaina y Nonuya), Bora (Bora, Miraña y Féénem+naa) [Muinane]), Arawak (resígaro) y Andoque. Aunque estos grupos hablan varias lenguas no emparentadas, constituyen una misma área cultural” (p.31-33).

A esto se suma otro rasgo característico de la Gente de Centro, mencionado anteriormente para el pueblo Murui Muina, relacionado con su pertenencia como hijos de Tabaco, Coca y Yuca Dulce, “especies cultivadas-tabaco, coca y yuca dulce- que definen la singularidad de esta región cultural en el contexto del noroeste amazónico (Echeverri, 2022, p. 35). Para Echeverri (2022), la expresión de Gente de Centro refleja un proceso de construcción de identidad y de un nuevo tipo de “comunidad moral”, la cual está configurada por los diferentes procesos de ruptura generadas por el contacto con los no-indígenas a través de la historia, lo que ha constituido formas de vida con muchos de los rasgos mencionados anteriormente, pero con transformaciones derivadas de los distintos eventos de declive y exterminio cultural y poblacional y de la dependencia a la economía de mercado, como el caso de la época de genocidio por la economía del caucho.

De acuerdo con lo anterior, la autoidentificación de muchos de estos pueblos con la Gente de Centro obedece a un proceso de construcción de reconocimiento en el que han logrado lidiar con estos eventos, en búsqueda de dar un sentido a su vida sociocultural y, en donde, incluso, el “centro” se ha ido transformando, pasando de ser una región ubicado geográficamente en un territorio, a un conocimiento o discurso de cada grupo indígena, que dice ser “el centro del Centro” (Echeverri, 2022). Esto último es de suma importancia, puesto que, en efecto, la autoidentificación como Murui Muina y como Gente de Centro implica entonces un marco de referencia territorial que está ligado una representación de identidad histórica.

En ese marco, la autoidentificación de la comunidad de Agua Negra como pueblo Murui Muina y como parte de la Gente de Centro constituye una expresión de su territorialidad. Es decir, se trata de una forma de producción representativa y práctica del territorio, encarnada por características como su origen ancestral en la Amazonía y como hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce; y es, en efecto, una forma de territorialización del espacio, que determina muchas de sus luchas políticas en favor de la protección de sus derechos fundamentales.

3.1.2 La Ley de Origen del pueblo Murui Muina

La relación del pueblo Murui Muina con las plantas sagradas de la Coca, el Tabaco y la Yuca Dulce está asociado directamente con su origen como pueblo. En ese momento fundacional, no solo se estableció una cosmovisión, sino también una forma propia de organización social. Ante esto, un integrante de ACILAPP comentaba lo siguiente:

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

En tiempos ancestrales recibieron las tres marcas sagradas, que son el Dɨona, el Jibina y el Fareka, que en español lo podemos decir el tabaco, la coca y la yuca dulce respectivamente, son nuestras marcas sagradas, son digamos el don que nos da nuestro padre creador Murui Muina para que por medio de ellas el ser humano para que adquiera conocimiento, adquiera sabiduría y pueda leer los canastros del saber. Nosotros como pueblo Murui Muina tenemos 14 canastros del saber, eso ya está relacionado en mucha documentación, en muchos procesos, pero pues comenzamos siempre con el canasto de la vida y terminamos con el canasto de transporte espiritual, que es el último rango que manejan los abuelos (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

En este testimonio, las tres plantas sagradas aparecen como vías de conocimiento originarias del pueblo Murui Muina, que permiten comprender los “canastos del saber”; es decir, los conocimientos de origen para organizar el territorio y la vida como pueblo. A esto se suma otro rasgo identitario de los Murui Muina relacionado con su distribución ancestral como clanes, sobre lo cual comentaba un integrante de ACILAPP: “La palabra Murui Muina encierra todos los clanes, los clanes que hablamos, es donde hablamos de Gente de Centro y vuelve a aparecer gente de centro. Entonces los que estuvimos allí en ese espacio de acuerdo a nuestro origen (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024). Los clanes constituyen forma de distribución interna del pueblo, asociada a elementos específicos del territorio y definidos desde el origen. No se trata de agrupaciones circunstanciales, sino de estructuras heredadas desde la Ley de Origen: Esos clanes están desde la Ley de Origen; desde la Ley de Origen cada uno ha sido determinado desde la ancestralidad, desde los mandatos de nuestro padre creador y se mantienen (…) Entonces los clanes en este momento no van a decir “va a surgir un nuevo clan”, los clanes son los que desde la ancestralidad han dejado la Ley de Origen, esa Ley de Origen desde allí están los clanes (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

En este marco, la Ley de Origen se configura como un mandato fundacional desde el cual emergen la cosmovisión, su organización por clanes, su relación espiritual con las plantas sagradas Jibina, Dɨona y Fareka, y, en suma, las bases de la identidad territorial del pueblo Murui Muina. Según los testimonios recogidos, estas estructuras no son modificables en su esencia ni susceptibles de ampliación; forman parte del orden ancestral. Sin embargo, si bien los clanes y dialectos no pueden surgir por fuera de la Ley de Origen, sí pueden desaparecer. Así lo advertía Willington Villareal:

Muchos clanes también han ido desapareciendo, han ido desapareciendo inclusive el tema dialectal, porque el idioma, el tema de los clanes va relacionado con el dialecto (…) Entonces, y cuando empieza a disminuir su población, el uso del idioma mɨka [dialecto de la lengua Murui Muina] pues empieza también a desaparecer. Esta lengua que no es solamente de este clan, pero habla este clan habla ese dialecto (Entrevista Willington Villareal, ACILAPP, 2024). Esta desaparición de los clanes, lenguas y de los distintos elementos culturales ancestrales se vincula con procesos históricos de violencia y desestructuración. La Corte Constitucional, mediante el Auto 004 del 26 de enero de 2009, declaró la existencia de riesgo de exterminio físico y cultural para varios pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo Murui Muina. Esta decisión reconoció los graves hechos victimizantes sufridos

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

por estas comunidades indígenas en todo el territorio nacional a lo largo de su historia, y, en especial, por causa del abandono estatal y el conflicto armado, lo cual es una de las expresiones de la desterritorialización de los pueblos indígenas. En este Auto se hace referencia al Pueblo Huitoto (Murui Muina) como uno de los más afectados en la Amazonía colombiana, a partir de lo cual ordenó a distintas entidades públicas, la construcción e implementación de planes de salvaguarda junto con las autoridades de cada uno de los pueblos, con el fin de crear estrategias y acciones que eviten dicho riesgo y permitan reparar los daños ocasionados11.

Entre las causas estructurales de estos hechos victimizantes se encuentran las fragmentaciones territoriales generadas por la extracción cauchera hasta mediados del siglo XX. Se estima que la población Murui Muina pasó de treinta mil personas a comienzos del siglo XX a aproximadamente tres mil finalizando el primer tercio del mismo siglo. Posteriormente, se presentaron otros procesos de desterritorialización tale como nuevas dinámicas de colonización y explotación del territorial durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, aunque la población en Colombia se ha recuperado hasta alcanzar aproximadamente 12.000 personas12 .

La mayoría de la población Murui Muina se encuentra asentada en el gran Resguardo Indígena Predio Putumayo, constituido en el año 1989 por el Estado colombiano en favor de los pueblos de la Gente de Centro, como medida de reparación por los hechos históricos de despojo sistemático de su territorio. En este resguardo se encuentra el Komɨmafo (su lugar de origen), considerado el lugar de origen de los clanes y dialectos, situado en La Chorrera (Amazonas), sobre el río Igaraparaná, afluente del Putumayo. Este resguardo forma parte del gran territorio ancestral del pueblo Murui Muina, el cual abarca la Amazonía colombo-peruana, especialmente en asentamientos en los ríos Igaraparaná, Caraparaná, el curso medio del Caquetá, en algunas localidades peruanas y, en menor grado, en lugares de Colombia como Leticia-Amazonas, Puerto Leguízamo- Putumayo, Florencia-Caquetá e incluso Bogotá.

El autoreconocimiento de pertenencia ancestral del pueblo Murui Muina al interfluvio Caquetá-Putumayo, ha sido apropiado por distintas comunidades, integrando elementos identitarios como su lengua y sus dialectos, la organización por clanes; el reconocimiento de su Ley de Origen que los bautizó como hijos de la Coca, el Tabaco y la Yuca dulce. A

11 El Auto 004 de 2009 es una decisión de seguimiento emitida por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la situación de la población desplazada en Colombia. Este auto se enfoca en la grave vulnerabilidad de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y advierte sobre el riesgo de su exterminio físico y cultural. Aunque no tiene la forma de una sentencia, el Auto 004 tiene efectos jurídicos obligatorios y ordena al Estado colombiano implementar un plan de salvaguarda étnica con medidas específicas para proteger a 34 pueblos indígenas en riesgo. Su carácter vinculante lo convierte en un instrumento clave para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del conflicto armado y el desplazamiento interno.

12 Según el DANE (2018), 12.029 personas se auto reconocen como pertenecientes al pueblo Murui Muina. La población se concentra principalmente en el departamento del Amazonas en un 94,5%, seguido de Putumayo con el 2,6%, Caquetá 1,4%, Vaupés 0,5%, Cundinamarca 0,3%, Meta 0,1%, Valle del Cauca 0,1%, Magdalena 0,1% y Guaviare 0,1%

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

ello se suma la memoria de procesos de desterritorialización, a lo largo de su historia, como el proceso de extracción cauchera, entre otros, que marcan su historia colectiva. Desde una perspectiva teórica, estas expresiones de la identidad Murui Muina se relacionan con los planteamientos de Haesbaert (2013) sobre territorialidad, a la cual define como un campo de representaciones territoriales que los actores sociales portan consigo y hacen cosas en nombre de esas representaciones, las cuales se pueden desarrollar sin que necesariamente exista una base material. En ese sentido, considero que las distintas comunidades que se autorreconocen como Murui Muina, han ido identificado diferentes elementos identitarios característicos de este pueblo, los cuales configuran un campo de representaciones territoriales o una territorialidad, desde la cual ejecutan acciones de territorialización, esto es, acciones y prácticas en los distintos espacios que habitan y han habitado.

La comunidad de Agua Negra se inscribe en este proceso. Su identidad como Murui Muina no es solo una adscripción cultural, sino una forma activa de producción territorial que orienta prácticas, decisiones y luchas políticas.

A continuación, se presenta un segundo análisis de la territorialidad del pueblo Murui Muina, esta vez relacionado con el encuentro de las territorialidades y los procesos de territorialización y desterritorialización de los pueblos Murui Muina, Zio Bain y de otros pueblos indígenas en el territorio que hoy corresponde al municipio de Puerto Leguízamo, con el fin de identificar los elementos interétnicos que integra la territorialidad de Agua Negra.

3.1.3 El pueblo Murui Muina en Puerto Leguízamo

Puerto Leguízamo es un municipio del departamento del Putumayo, ubicado al sur de Colombia, en la subregión del Bajo Putumayo13 de la Amazonía Noroccidental. Cuenta con una extensión aproximada de 11.640 kilómetros cuadrados y se localiza en el interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo. Además de ser considerado como un territorio pluricultural, en el que convergen pueblos indígenas, campesinos, población afrocolombianos, entre otros; es considerado también un municipio trifonterizo, en tanto limita al sur con los vecinos países de Perú y Ecuador; al occidente con los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Asís; al oriente con el departamento del Amazonas; y al norte con el departamento del Caquetá (Narváez Eraso, 2022).

13 El Bajo Putumayo es una subregión geográfica del departamento del Putumayo, ubicada en la llanura amazónica al sur de Colombia. Se caracteriza por su relieve plano y su clima cálido y húmedo, con abundantes lluvias y temperaturas promedio entre 27 °C y 30 °C. Comprende municipios como Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Esta zona, rica en biodiversidad y recursos naturales, ha sido históricamente un corredor estratégico debido a la navegabilidad del río Putumayo, lo cual ha facilitado dinámicas económicas como la agricultura, la ganadería, la explotación petrolera y, en algunos casos, la presencia de cultivos ilícitos. Al mismo tiempo, el Bajo Putumayo ha sido escenario de conflictos armados, disputas territoriales y procesos de resistencia indígena, lo que lo convierte en un territorio clave para entender las tensiones entre desarrollo, conservación y derechos étnicos en la Amazonía colombiana.

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Antes de su designación como municipio, este territorio había sido habitado ancestralmente por el pueblo Murui Muina, así como por otros pueblos indígenas que establecieron diversas formas de presencia, ocupación, uso y manejo territorial. Es decir, se trataba ya de un espacio configurado por múltiples territorialidades indígenas previas a la institucionalización político-administrativa del Estado.

En el plan de vida del pueblo Siona (2008)14 se recoge una historia tradicional de la autoridad tradicional Juan Yaiguaje del pueblo Zio Bain, quien relata la distribución de los pueblos indígenas amazónicos en las zonas que hoy se corresponden al municipio de Puerto Leguízamo. Según esta narración, existía un gran pueblo encantado de miles de familias de pueblos indígenas en la Amazonía llamado Guayusa. Ante la llegada de padres capuchinos que bajaban por el río San José:

Los caciques de este pueblo cerraron las puertas del pueblo y decidieron tomaron yagé, en donde vieron que el pueblo de Guayusa iba a sufrir muchas muertes y desplazamientos, por la entrada de la gente blanca. A partir de ese momento, se empezaron a generar conflictos entre los distintos pueblos de Guayusa, por lo que los caciques decidieron “hacer una guerra y destruirnos y que se acabe este pueblo” (Plan de Vida Zio Bain, 2008, p. 18). Para ello, mataron y cocinaron a una persona, con yuca y plátano; y, una vez cocinado: “el Siona que dijo yo como la yuca, el Cofán que dijo yo como el plátano, el Ingano que dijo yo como la yuca, entonces el Witoto [Murui Muina] se quedó mirando, entonces yo como carne; ajá, ustedes gente se come a la gente” (Plan de Vida Siona, 2008, p. 18). Según la autoridad Juan Yaiguaje, este episodio marcó la distribución de estos pueblos indígenas por esta región de la Amazonía:

Los Siona dijeron nosotros como Siona nos vamos al medio Putumayo y Bajo Putumayo, los Secoya al Ecuador, el Ingano que dijo nosotros nos vamos al Ecuador, se fueron para el San Miguel y otros lugares; los Cofanes dijeron nosotros nos vamos para el río Piedra a sacar oro, como comieron plátano, así van a sacar oro por el río San Miguel, Aguarico arriba se fueron. El Witoto se fue para el Amazonas abajo [y decretaron lo siguiente:] “Ustedes ya no tienen que voltear a mirar para acá porque ustedes comen gente y de pronto pueden acabar por comernos a nosotros” (Plan de Vida Zio Bain, 2008, p. 18).

14 El pueblo Siona es conocido habitar el territorio aledaño del río Putumayo. Según el Plan de vida Siona (2008), el término Siona significa ‘gente del río de Caña Brava, Gantëya Bain, o río Putumayo’. Pero al mismo tiempo, se han autodeterminado como ‘gente de chagra’, que en su lengua Mai Coca se expresa como gente Zio Bain. De acuerdo con el plan de vida (2008), los Siona estaban compuestos por varios clanes, entre ellos Uriteño, Macaguaje, Tama, Chufi, Oyo Bain y San Joseseños. Estos fueron despareciendo por causa de las enfermedades y las guerras espirituales, hasta que quedaron en su mayoría los Zio Bain. En efecto, para la presente investigación, se utiliza la autodeterminación Zio Bain para denominar a este pueblo indígena, sumado a lo expresado en diferentes espacios en los que participé, donde ratificaban esta denominación, así como por los últimos documentos de autoreconocimiento donde ratifican este etnónimo, como el caso del Mandato de Entendimiento de las Autoridades Ancestrales y Políticas de los Pueblos Indígenas Korebajü, Zio Bain, Kichwa y Murui Muina del Municipio de Leguízamo, Putumayo (2017).

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Según Juan Yaiguaje, los Zio Bain se instalaron en las regiones del medio y bajo Putumayo, teniendo como referente el actual río Putumayo, al cual bautizaron como Caña Brava. Posteriormente, por el carácter fuerte o “puto” de este río, sobre todo en el mes de mayo, le habría sido asignado el nombre de Putumayo15. No obstante, una vez el pueblo Zio Bain llegó a este territorio, ya se encontraba otro pueblo indígena al que el pueblo Zio Bain reconoce como los Chufi Bain o “gente brava”, quienes habrían sido derrotados por los Zio Bain. Esta narración expresa, desde la memoria tradicional, procesos de territorialización interétnica y disputas por el control del espacio. El pueblo Zio Bain denomina a su territorio ancestral como Ganteyá, el cual abarca una región en ambos costados del río Putumayo, tanto en Ecuador— Provincia de Sucumbíos, en los Cantones de Putumayo (Parroquia Puerto Bolívar) y Shushufindi (Parroquia San Roque)— y en Colombia, desde el municipio de Orito, pasando por los municipios del Valle del Guamuez, Puerto Asís y terminando en Puerto Leguízamo. En esta delimitación se encuentran el PNN La Paya y el resguardo Agua Negra (Plan de Vida Zio Bain, 2008) (Fig.

6).

Figura 6. Territorio ancestral Ganteya del pueblo Zio Bain en el municipio de Puerto Leguízamo

Fuente: Plan de Vida pueblo Zio Bain, 2008

En este territorio se estableció el pueblo Zio Bain mediante diferentes asentamientos y formas tradicionales de uso antes del siglo XX. De allí que varios ríos de la región donde se encuentra el PNN La Paya conserven asociaciones lingüísticas y significados de la lengua Zio Bain: el río Caucayá (Gaogayá: quebrada de la Garza), Mecaya (quebrada La

15 De acuerdo con el plan de vida Zio Bain, el nombre de Putumayo también proviene de la lengua quechua, en la cual la palabra “mayo” significa “río”, “putu” se traduce como “turbio”, traducción que tiene relación con la historia tradicional narrada por el taita Zio Bain Juan Piaguaje. Sin embargo, según Polanco (2013), este nombre proviene de la lengua Kichwa en donde “putu” significa totumo y “mayú” indica Río; por lo que Putumayo estaría señalando el “rio de los totumos”.

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Arriera), Sencella (quebrada del Saíno), la laguna Mamansoya (quebrada El Sábalo), entre otras.

Durante el siglo XX, con los procesos de colonización, constitución de resguardos y creación de reservas indígenas, este territorio ancestral experimentó transformaciones profundas. Se produjeron dinámicas simultáneas de colonización y de protección jurídica mediante la figura de resguardo. Desde estos espacios, el pueblo Zio Bain ha intentado proteger la interconectividad de su territorialidad ancestral, a través de distintos resguardos y cabildos ubicados en distintos municipios, como Puerto Leguízamo, entre ellos, El Tablero, Bajo Casacunte, El Hacha y el territorio del cabildo Gaoyá (Fig. 7).

Figura 7. Mapa de cabildos y resguardos del pueblo Zio Bain en Colombia

Fuente: ACIPS, 2021

La configuración del territorio Zio Bain desde la bocana del río Caucayá hacia el occidente de Colombia y el norte de Ecuador y Perú encuentra correspondencia con lo establecido por el pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo en su Plan de Salvaguarda (2012), donde se describen los límites de su territorio ancestral (Fig. 8):

El Territorio fue entregado desde un principio y el que lo demarco fue el abuelo Juma. El Territorio ancestral inicia en la bocana de la quebrada Dubaye (Sabaloyaco) subiendo por el rio Kudúmani (Río Putumayo), hasta la bocana del Juma Iye la quebrada de las garzas (Río Caucayá), de ahí en línea recta imaginaria hasta la bocana de la quebrada de la Tagua bajando por todo el centro del rio

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Faibemani (Río Caquetá) hasta llegar a la cabecera de la quebrada de Jid+ma y aguas abajo por intermedio del rio Kotue (Río Igaraparaná) hasta Dubaye. Aguas abajo hasta el Kudúmani (Río Putumayo) (ACILAPP, 2012, p. 46).

Figura 8. Mapa del territorio ancestral del pueblo Murui Muina

Fuente: Elaboración propia En este mismo documento, el pueblo Murui Muina señala que los principales vecinos en Puerto Leguízamo son los Zio Bain (Fegore Fonaɨraɨ), quienes ancestralmente la zona suroriental del municipio; los Coreguaje (Dorire Fonaire), establecidos tradicionalmente en las riberas del río Caquetá y sus afluentes, como los ríos Mecaya y Sencella; y, más adelante, a lo largo del siglo XX, llegó el pueblo indígena Kichwa.

En relación con la presencia ancestral de pueblos indígenas en los territorios Murui Muina y Zio Bain en el actual municipio de Puerto Leguízamo, resulta pertinente lo planteado por Polanco (2013), quien afirma que hacia el año de 1740 este territorio era habitado por el pueblo indígena Zio Bain, del cual hacían parte los Charuayes, Andaquíes, Macaguajes, Urinus, Curiguajes, Sensaguajes, Ocoguajes, así como naciones de Tamas, Murciélagos y Arionas. La autora señala que aproximadamente hacia 1763, se registran las primeras misiones en inmediaciones de lo que hoy es Puerto Leguízamo, y, en particular, la fundación del pueblo de la Santísima Trinidad de los Macaguaje en la bocana del rio Mecaya, así como la fundación de la Santa María de los Tamas y Payoguajes en la orilla sur del río Caquetá.

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En efecto, los ríos Caquetá y Putumayo han constituido históricamente rutas fundamentales de poblamiento y movilidad en este territorio. Por estos mismos cauces, durante el siglo XVIII, por donde, por ejemplo, circularon embarcaciones brasileñas y peruanas en búsqueda de indígenas para esclavizarlos, situación que llevó a que los Zio Bain se desplazaran hacia las selvas del interior de la región.

Lo anterior es complementado por Aponte (2022), quien señala que, incluso antes de la época de las caucherías, existían muchas relaciones comerciales, ceremoniales y también conflictivas entre los pueblos Murui Muina y Zio Bain:

Las riberas del río Putumayo fueron un lugar clave de encuentro, comercio y, en algunas ocasiones, conflictos entre los pueblos Murui Muina y Siona (Zio Bain). Por ejemplo, los clanes del río Putumayo en Puerto Leguízamo iban con frecuencia al territorio ancestral Siona sobre el Putumayo en búsqueda de charapas. En la actualidad, ambos pueblos reconocen la bocana del río Caucayá en el Putumayo como la frontera ancestral entra ambas naciones indígenas (Aponte, 2022, pp. 11-

12).

De acuerdo con Franco (2008), Aponte (2022) y Polanco (2013), la presencia del pueblo Murui Muina en el territorio que hoy conforma el municipio de Puerto Leguízamo puede datarse de épocas ancestrales. Esto significa que su ocupación es anterior tanto al proceso de colonización cauchera como al establecimiento de figuras político-administrativas del Estado colombiano, tales como departamentos y municipios.

En suma, con base en lo planteado por Aponte (2022) y ACILAPP (2008), el pueblo Murui Muina se ubica antiguamente en la parte oriental de lo que hoy es el municipio— correspondiente a la parte occidental de su territorio ancestral—, cuyos primeros habitantes pertenecían al clan Jifikuenɨ (gente de caimo), asentado en los ríos Curilla y Cejerí y en otros sectores de la región (Aponte, 2022; ACILAPP, 2008). Por su parte, el pueblo Coreguaje habitaba en su territorio ancestral en inmediaciones y afluentes del río Caquetá, especialmente en los ríos Mecaya y Sencella; mientras que el pueblo Zio Bain hacía presencia sobre las riberas del río Putumayo hasta la bocana del río Caucayá.

Además de estos pueblos indígenas de origen ancestral, otros llegaron posteriormente, principalmente como consecuencia de procesos de desplazamiento forzado. Tal es el caso del pueblo Muinane, que huía de la explotación cauchera en el bajo Amazonas; El pueblo Kichwa, que arribó entre las décadas de 1920 y 1950 debido a la explotación aurífera en la región de Aguarico, Ecuador (Franco, 2008); y, más recientemente, comunidades del pueblo Nasa, desplazadas por situaciones de violencia en su territorio ancestral en el suroccidente del país.

En ese contexto, el municipio de Puerto Leguízamo puede comprenderse como un territorio multiétnico, cuya configuración actual no responde únicamente a una coexistencia contemporánea de pueblos indígenas, sino a la superposición histórica de territorialidades ancestrales y a procesos sucesivos de des-re-territorialización.

Esta característica multiétnica está profundamente vinculada con la presencia ancestral de los pueblos indígenas Murui Muina, Zio Bain, Coreguaje, cuyas formas propias de ocupación, uso, control y representación del espacio preceden a la institucionalización estatal. A su vez, está relacionada con dinámicas posteriores de desplazamiento,

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

reconfiguración poblacional y reasentamiento forzado, que dieron lugar a la llegada de los pueblos Kichwa, Muinane y Nasa.

Así, la multietnicidad del municipio no es simplemente un dato demográfico, sino el resultado de una historia territorial compleja, en la que coexisten territorialidades de origen ancestral con territorialidades construidas a partir del desplazamiento y la negociación interétnica. Como lo señala ACILAPP (2008), los pueblos de origen tradicional han establecido acuerdos espirituales y políticos con los pueblos ancestrales para habitar este territorio, lo cual evidencia formas propias de regulación y reorganización territorial desde lógicas indígenas.

Los mapas construidos por profesionales del PNN La Paya (Fig. 9 y 10) ilustran precisamente estas proyecciones territoriales, mostrando la ubicación espacial de los pueblos indígenas en sus ámbitos de presencia antes y después de 1900. Estas representaciones cartográficas no solo cumplen una función descriptiva, sino que constituyen expresiones contemporáneas de territorialización simbólica y política, al hacer visible la historicidad de la ocupación indígena frente a las delimitaciones estatales: Figura 9. Territorios ancestrales de los pueblos Zio Bain, Macaguaje y Korebajü en el área actual del PNN La Paya Fuente: PNN La Paya y comunidades indígenas Zio bain, Kichwa, Murui Muina y Korebajü (2013)

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Figura 10. Proyección de territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas Zio Bain, Murui Muina, Korebajü y Kichwa en el área actual del PNN La Paya.

Fuente: PNN La Paya, 2013 Hasta este punto, se ha desarrollado el segundo ámbito de análisis de la territorialidad de Agua Negra, asociado a su pertenencia al pueblo Murui Muina y a su inserción en una región caracterizada por la convergencia histórica de múltiples territorialidades indígenas. En este recorrido se ha evidenciado que la territorialidad de Agua Negra no se configura de manera aislada, sino en permanente interacción con otras territorial—Zio Bain, Korebajü, Kichwa y Nasa—, a través de relaciones de vecindad, intercambio, conflicto y acuerdos espirituales.

De este modo, el área que hoy constituye el municipio de Puerto Leguízamo —y, particularmente, el espacio superpuesto entre el PNN La Paya y el resguardo Agua Negra— debe entenderse como el resultado de procesos históricos de territorialización indígena previos a la conformación de las figuras político-administrativas del Estado, así como de procesos de des-re-territorialización derivados de las dinámicas extractivas y del conflicto armado del siglo XX.

En la tercera parte de este capítulo se abordará un tercer ámbito de la territorialidad de Agua Negra, caracterizado por el impacto de las bonanzas económicas y los procesos de colonización durante el siglo XX, que intensificaron las dinámicas de desterritorialización y dieron lugar a nuevas formas de reterritorialización jurídica, organizativa y comunitaria.

3.1.4 La colonización del territorio Murui Muina en Puerto

Leguízamo Además de las dinámicas de multiterritorialidad entre pueblos y comunidades indígenas en el actual territorio de Puerto Leguízamo, a lo largo del siglo XX emergieron otras

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

territorialidades que han influido determinantemente en la configuración de la movilidad, el asentamiento y el manejo del territorio por parte de las comunidades Murui Muina. Este escenario lo he denominado la colonización del territorio, en tanto se trató de formas de producción y representación del territorio, basadas en la explotación intensiva e indiscriminada de los recursos naturales, que generaron procesos de desterritorialización, desplazamiento y fragmentación cultural de los pueblos indígenas ancestrales. A continuación, se presenta una síntesis de algunos de estos procesos y su relación con la configuración de la territorialidad del pueblo Murui Muina.

3.1.5 La explotación cauchera y las misiones en la Amazonía

La colonización de la región que hoy es el municipio de Puerto Leguízamo implicó una profunda afectación a las territorialidades indígenas preexistentes. Roberto Franco (2008) sitúa el inicio de estas dinámicas hacia 1870, con los procesos de explotación de la quina. Aunque este recurso se obtenía principalmente en la cordillera, la relación con los pueblos indígenas de Puerto Leguízamo se dio a través de su participación como cargueros en el transporte de la quina desde el alto Putumayo hacia Belém do Pará (Brasil), actividad en la que participaron indígenas Zio Bain.

El transporte de recursos se realizaba mayormente por los ríos Putumayo y Caquetá, que se consolidaron como corredores fluviales de integración económica. Por estos mismos ríos avanzaban comerciantes colombianos hacia Brasil, así como comerciantes portugueses que practicaban la compra y venta de indígenas esclavizados en aldeas brasileras del medio Amazonas. Según Polanco (2013), para esa época el Caucayá— antiguo nombre del municipio de Puerto Leguízamo—“aún no aparecía en las listas de poblados o en los mapas” (Franco 2008, p. 24).

El comercio de la quina marcó el inicio de procesos sistemáticos de colonización territorial y la propagación de enfermedades letales para las poblaciones indígenas ribereñas. Más adelante, tras la caída de este comercio, se inició el auge del caucho hacia 1882, lo cual intensificó las dinámicas extractivas y dio lugar a prácticas de captura y esclavización indígenas.

Este proceso generó una profunda desterritorialización forzada, expresada en la disminución drástica de la población indígena, los desplazamientos constantes y el exterminio físico de comunidades enteras. Franco (2008) señala que, como consecuencia de la Guerra de los Mil Días, los caucheros se establecieron en gran parte de la Amazonía, y que en el interfluvio Caquetá-Putumayo fueron contactadas y endeudadas las “tribus murui, okaina, nonuya, bora, miraña, muinane” (p. 7). En la primera década del siglo XX, indígenas Macaguaje en el río Sencella, Coreguaje en el bajo Orteguaza y Zio Bain en el río Putumayo trabajaban en las caucherías.

Este fenómeno coincidió con la autorización otorgada por el Estado colombiano a la Iglesia católica para la “civilización” de los indígenas de estas regiones. Dicha política se materializó en el establecimiento de poblados misionales que funcionaban como centros de abastecimiento de leña y productos agrícolas, así como puntos de tránsito para los trabajadores que recorrían la región (Polanco, 2013).

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Según Aponte (2022), hacia 1886 el gobierno colombiano otorgó facultades amplias a la Iglesia católica para controlar a la población indígena. En ese contexto, los misioneros capuchinos asumieron la evangelización de los pueblos indígenas en la Amazonía, el Putumayo y el Caquetá, lo cual configuró una forma adicional de intervención sobre sus territorialidades y sistemas normativos propios.

A finales del siglo XIX e inicios del XX se dio el mayor auge de la explotación cauchera en los ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas. Esta bonanza atrajo trabajadores provenientes de distintas regiones del país, como Huila y Tolima, quienes ingresaban por Florencia (Caquetá) y avanzaban hacia los principales puertos, entre ellos varios ubicados en el actual municipio de Puerto Leguízamo: La Tagua—zona de confluencia de los ríos Mecaya y Caquetá—, Umancia, y, sobre el río Putumayo, Monclar, Piñuña y el actual casco urbano principal de Puerto Leguízamo (Polanco, 2013).

Aunque algunos misioneros capuchinos denunciaron las condiciones indignas de vida en las caucherías, muchas misiones establecieron alianzas funcionales con los caucheros, particularmente con los colombianos. Esta relación beneficiaba a ambas partes: “Los caucheros forzaban a extraer caucho a los indígenas que encontraban los misioneros, mientras que los misioneros usaban las estaciones caucheras para evangelizar a la población indígena. Ese fue el caso en las estaciones caucheras de Güepí” (Aponte, 2022, p.18).

Hacia la década de 1930 se hizo visible, tanto a nivel nacional e internacional, el enorme exterminio y esclavitud de los pueblos indígenas en el actual departamento del Amazonas y parte del Putumayo, así como la ocupación de sus territorios ancestrales. Esto debilitó progresivamente el poder económico de grandes empresarios del caucho, como Julio César Arana. Sin embargo, las dinámicas de explotación no cesaron completamente y muchos territorios cercanos a los centros caucheros recibieron a población indígena que logró escapar.

Este fue el caso de numerosos Murui Muina provenientes del río Caraparaná, Güepí y otras regiones cercanas al río Caucayá, sobrevivientes de comunidades parcialmente extinguidas (Franco, 2008). Estas migraciones forzadas dieron lugar a nuevas configuraciones interétnicas, con presencia de indígenas Kichwa, Andoque, Murui, Bora, entre otros (Polanco, 2013).

Desde una perspectiva territorial, este periodo puede entenderse como una fase intensa de desterritorialización violenta, seguida de procesos de reterritorialización en zonas periféricas o intersticiales del territorio ancestral, que sentaron las bases para la configuración de nuevas formas de asentamiento y reorganización comunitaria en el siglo XX.

3.1.6 La superposición del municipio de Puerto Leguízamo

Paralelo a estas nuevas migraciones y conformación de pueblos interétnicos, se profundizó el conflicto entre Colombia y Perú por la delimitación del territorio entre los ríos Putumayo

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

y Caquetá. Tras varios intentos fallidos por llegar a un acuerdo16, se desató una disputa por la ocupación efectiva de la región, en la cual Perú imponía mayor presencia debido a consolidada industria cauchera, mientras que Colombia se encontraba en una posición militar y económica más débil, dado que sus puertos—como La Tagua o Curiplaya— no alcanzaban el mismo nivel de infraestructura y dinamismo comercial.

No obstante, mediante el tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922, ambos gobiernos lograron establecer formalmente los límites territoriales en esta región: el río Putumayo quedó definido como frontera entre los dos países y se reconoció la inclusión del trapecio amazónico y el puerto de Leticia dentro del territorio colombiano (Aponte, 2022).

A pesar de la firma del tratado, las negativas de caucheros y políticos peruanos en desacuerdo desataron en 1932 un ataque de un grupo de peruanos al puerto de Leticia, lo cual terminó apoyando el presidente de Perú—Luis Miguel Sánchez Cerro—. Este episodio desencadenó la guerra entre Perú y Colombia, durante la cual el gobierno colombiano reclutó a numerosos indígenas como guías y cocineros para las tropas. El conflicto finalizó en 1934, con la ratificación de los límites establecidos en el tratado de 192217.

Tras la guerra, la región del actual municipio de Puerto Leguízamo se convirtió en refugio de muchas familias indígenas que huían de la violencia ejercida por patrones caucheros. Como señala Franco (2008), en este territorio encontraban presencia misionera, base militar y autoridades civiles en Puerto Asís, Caucayá-Puerto Leguízamo, La Tagua y otras localidades, además de algunos servicios hospitalarios y educativos que comenzaron a atraer población.

Al área geográfica que hoy constituye el actual del municipio de Puerto Leguízamo era conocida entonces como Caucayá. Su consolidación como centro poblado estuvo vinculada a los procesos comerciales asociados a la quina y el caucho, así como a la expansión de las misiones cristianas. En 1918, mediante una expedición del prelado de Puerto Asís a la desembocadura del río Caucayá, se inició un proceso de reconocimiento oficial de esta región, al proyectarse la creación de una colonia penal y militar para presos de la Amazonía colombiana, conforme a la Ley 24 de 1919.

En 1920 comenzó la construcción de dicha colonia, con participación de trabajadores indígenas del pueblo Murui Muina. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a consolidarse

16 De acuerdo con Aponte (2022), el conflicto entre Colombia y Perú por la definición de los limites en la selva amazónica se inició durante las primeras tres décadas del siglo diecinueve, cuando ambos países ya independientes decidieron mantener los límites establecidos por el imperio español, quien había entregado la región entre los ríos Putumayo y Caquetá a Perú, lo cual consideró Colombia como una acción temporal porque no fue ejecutada posterior a la guerra de independencia. Aunque se dieron varios escenarios para llegar a un acuerdo no fue posible, por lo que se comenzó la guerra.

17 El Tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922 entre Colombia y Perú, fue un acuerdo diplomático destinado a establecer la frontera definitiva entre ambos países en la región amazónica. Mediante este tratado, Perú cedió a Colombia la región de Leticia y territorios circundantes a lo largo del río Putumayo, con el fin de resolver años de disputas territoriales que habían generado tensiones y conflictos armados. Aunque el tratado logró delimitar formalmente la frontera, provocó un fuerte rechazo en Perú, contribuyendo al estallido de la Guerra Colombia-Perú en 1932. A pesar de ello, el acuerdo sentó las bases para la paz y la delimitación fronteriza vigente hasta la actualidad.

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como colonia penal, en parte debido a la oposición del gobierno peruano, que consideraba esta zona aún en disputa territorial (Aponte, 2024).

No obstante, los esfuerzos por establecer la colonia facilitaron la conformación de un asentamiento permanente, cuya población aumentó por efecto de las bonanzas extractivas y, posteriormente, por la colonización impulsada tras la guerra con Perú. Se consolidaron vías de acceso, se reforzó la base militar y se promovió la presencia humana como estrategia de control territorial frente a posibles reclamaciones peruanas. De esta manera, la ocupación del espacio se convirtió también en una estrategia de territorialización estatal.

Posteriormente, los expedicionarios abrieron una trocha desde la incipiente colonia del Caucayá hasta el antiguo puerto de La Tagua, hoy uno de los corregimientos más importantes del municipio por su conexión con el río Caquetá. Este corredor se estableció como el punto más cercano entre los ríos Caquetá y Putumayo y como una de las rutas terrestres más relevantes para el comercio regional. El 22 de enero de 1920 se declaró oficialmente la fundación de la colonia del Caucayá en la bocana del río Caucayá, hoy casco urbano de Puerto Leguízamo (Polanco, 2013; Aponte, 2022).

Más adelante, la colonia fue renombrada Puerto Leguízamo en honor al soldado Cándido Leguízamo, muerto en combate durante la guerra con el Perú (Franco, 2008). Finalmente, el 22 de enero de 1958, mediante el Decreto No. 13, la región fue elevada a la categoría de municipio.

Desde su fundación, el municipio ha hecho parte de distintas entidades políticoadministrativas: comisarías del Caquetá y Putumayo (1912), Intendencia Nacional del Amazonas (1931); y, el 4 de julio de 1991, municipio del departamento del Putumayo. Cabe resaltar que la delimitación actual del departamento del Putumayo se consolidó en 1959, tras la sustracción de un área entregada al Perú (Fig. 11, 12, 13 y 14).

En este contexto, las figuras político-administrativas establecidas por los Estados colombiano y peruano, así como los nombres asignados a los territorios y centros poblados, constituyeron formas adicionales de territorialización. Se trató de mecanismos de delimitación y control que operaron mediante tratados internacionales, mapas oficiales, dispositivos militares, instituciones religiosas y normas administrativas.

Estas formas de territorialización estatal se superpusieron sobre territorios y territorialidades indígenas preexistentes, redefiniendo límites, imponiendo nuevas nomenclaturas y configurando jerarquías de poder espacial. En este proceso, el territorio dejó de ser únicamente un espacio vivido y significado por los pueblos indígenas, para convertirse también en un objeto de soberanía nacional, control militar y administración burocrática.

Así, la creación del municipio de Puerto Leguízamo puede entenderse como un proceso de superposición territorial, en el que la territorialidad estatal se impuso formalmente sobre un entramado previo de territorialidades indígenas, comerciales y transfronterizas. Esta superposición no eliminó las territorialidades existentes, pero sí generó tensiones, reconfiguraciones y nuevas dinámicas de des-re-territorialización que marcaron profundamente la historia del pueblo Murui Muina y de las comunidades asentadas en el área superpuesta.

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Figura 11. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1912)

Fuente: Polanco, 2013

Figura 12. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1931)

Fuente: Polanco, 2013

Figura 13. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1950)

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Fuente: Polanco, 2013

Figura 14. División político-administrativa de la Amazonía colombiana (1968)

Fuente: Polanco, 2013

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Para la de década de los cuarenta del siglo XX se afianzó la oleada de colonización de la región de Puerto Leguízamo, principalmente impulsada por la expansión de la ganadería. En este proceso, varios militares se convirtieron en terratenientes, mientras que la mano de obra fue, en gran medida, indígena, sometida en muchos casos al sistema de endeude18.

De igual forma, el incremento de la violencia bipartidista en el país —especialmente tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948—, generó el desplazamiento de numerosas familias hacia regiones poco pobladas como Caucayá (Polanco, 2013). Este fenómeno coincidió con el aumento de la inmigración y establecimiento de comunidades Murui Muina, Kichwa y Zio Bain en el actual municipio de Puerto Leguízamo. Tal fue el caso de comunidades Kichwa provenientes de Ecuador que se asentaron en el territorio que hoy corresponde al resguardo Cecilia Cocha, así como de pobladores Zio Bain que llegaron al actual resguardo El Hacha. Paralelamente, se produjo la emigración del pueblo indígena Macaguaje desde este municipio (Franco, 2008).

De manera paralela, entre las décadas de 1940 y 1960 se desarrollaron nuevas bonanzas extractivas en la región, como la explotación maderera—especialmente del cedro—y el comercio de pieles y animales vivos, entre ellos la babilla, el tigre, el perro de agua, las tortugas charapas, entre otros. Estas actividades respondían a una intensa demanda nacional e internacional, particularmente vinculada a la industria de la moda, y se desarrollaron de manera indiscriminada.

Se convirtieron en la principal fuente de sustento tanto para colonos como para comunidades indígenas, configurando nuevas territorialidades productivas basadas en la extracción intensiva de recursos naturales. A su vez, estas dinámicas funcionaron como motor adicional de colonización del municipio, proceso que estuvo acompañado por el mejoramiento de vías de acceso y la construcción del aeropuerto, facilitando la integración comercial de la región (Polanco, 2013).

Hacia las décadas de 1960 y 1970, el auge petrolero en municipios como Orito, La Hormiga, Acaé y San Miguel—impulsado por la Texas Petroleum Company— generó una mayor oleada de colonización y contribuyó a la elevación de la Comisaría del Putumayo a la categoría de Intendencia. No obstante, muchos de los colonos que llegaron con la expectativa de empleo no lograron vincularse o fueron despedidos, lo que provocó su desplazamiento hacia las selvas del municipio de Puerto Leguízamo, avanzando principalmente por los ríos Caquetá y Putumayo (Polanco, 2013).

18 El sistema de endeude fue una práctica económica creada por los explotadores del caucho en la Amazonía, que consistía en el intercambio de caucho recolectado por los indígenas a cambio de herramientas o bienes de uso doméstico. Este sistema era desigual en cuanto los precios los fijaban los capataces o supervisores de la extracción cauchera, quienes “inflaban tanto los precios, que un indígena podía demorarse años en pagar un solo machete o podía terminar heredándole la deuda a su hijo” (Cardona, 2022). En ese sentido, esta práctica resultaba ser una forma más de esclavitud de los indígenas de la Amazonía, por los capataces y empresarios caucheros, teniendo en cuenta que esta práctica perpetuaba el sometimiento de la mano de obra indígena a las actividades de explotación cauchera, incluso por generaciones.

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Este proceso coincidió con el inicio del reconocimiento jurídico de reservas y resguardos indígenas en el país, establecido mediante la Ley 135 de 1961. Esta normativa permitió la conformación de varias reservas, cabildos y resguardos para los pueblos indígenas ancestrales y tradicionales del municipio19. Sin embargo, no todas las comunidades indígenas lograron acceder a este reconocimiento, quedando muchas de ellas subsumidas dentro de las veredas campesinas, lo que implicó nuevas formas de invisibilización territorial.

Por otra parte, mediante la Ley Segunda de 1959, el Estado colombiano declaró como Reserva Forestal gran parte de la Amazonía, incluyendo la totalidad del territorio actual del municipio de Puerto Leguízamo, como estrategia de protección de los recursos naturales. Esta figura constituyó una forma de territorialización ambiental del Estado sobre un espacio previamente habitado y significado por pueblos indígenas y colonos. Sin embargo, hacia la década de 1970, ante la intensa colonización de varias zonas del municipio, el Estado sustrajo aproximadamente 121.840 hectáreas del régimen de reserva.

19 El resguardo es una figura territorial introducida durante la época colonial como mecanismo de organización y control de la población indígena. Aunque en su origen estuvo asociada a dinámicas de sometimiento, en la actualidad constituye una de las principales formas de propiedad colectiva que garantiza autonomía y seguridad jurídica a los pueblos indígenas en Colombia. En el ámbito normativo, la Ley 89 de 1890 retomó el reconocimiento de las tierras comunales indígenas bajo un enfoque claramente civilizatorio, al referirse al gobierno de “los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, expresión que evidencia el carácter racista y tutelar de la época. Esta ley reconoció derechos territoriales condicionados y estableció la figura del cabildo como forma de organización interna. Posteriormente, la Ley 60 de 1916 reguló la demarcación de resguardos y prohibió la adjudicación de tierras ocupadas por indígenas.

Con la Ley 135 de 1961 (reforma agraria) se avanzó en el reconocimiento de resguardos y reservas indígenas. La aprobación del Convenio 107 de la OIT mediante la Ley 31 de 1967 reconoció la ocupación tradicional de los pueblos indígenas y su derecho de propiedad colectiva e individual sobre las tierras ocupadas. El Decreto 2117 de 1969 reglamentó la constitución y división de resguardos, así como la figura de la reserva indígena.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el fortalecimiento del movimiento indígena incidió en la consolidación de políticas orientadas a la garantía del derecho a la propiedad colectiva, la autonomía y el gobierno propio. En este contexto, se adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991), que incorporó principios como la autodeterminación, la autonomía y el reconocimiento de los derechos sobre las tierras tradicionalmente poseídas.

Finalmente, la Constitución Política de 1991 marcó un punto de inflexión al reconocer el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los territorios indígenas (art. 63), así como la autonomía jurisdiccional y política de los pueblos indígenas dentro de sus territorios (arts. 246, 285, 286, 287, 329 y 330), consolidando jurídicamente el régimen de propiedad colectiva y el gobierno propio (ODTPI, 2025; Calle, 2016, 2022; Muñoz, 2014).

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Esta sustracción abarcó el istmo entre los ríos Caquetá y Putumayo —sobre la vía carreteable mencionada anteriormente— y las vegas del río Putumayo hacia el occidente, en una franja de dos kilómetros y medio hasta el río La Paya.

Esta decisión permitió la legalización de numerosas tierras ya colonizadas y facilitó programas de colonización militar dirigida. Aunque se contempló la posibilidad de revertir al Estado las tierras utilizadas indebidamente en términos ambientales, dicha reversión nunca se materializó (Franco, 2008) (Fig. 15).

Desde una perspectiva territorial, este periodo evidencia una superposición compleja de territorialidades productivas, militares, ambientales y jurídicas que reconfiguraron profundamente el espacio. Mientras las territorialidades indígenas enfrentaban procesos de desterritorialización asociados a las bonanzas extractivas y al avance colono, el Estado desplegaba nuevas formas de territorialización —ganadera, petrolera y ambiental— que redefinieron los usos del suelo, los regímenes de propiedad y las formas de control sobre el territorio.

Figura 15. Sustracción de la reserva forestal de Ley segunda en Puerto Leguízamo

Nota. Elaboración propia

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3.1.7 De la bonanza maderera a los cultivos ilícitos de hoja de

coca En la década de 1970 decayó la bonanza maderera en la región de Puerto Leguízamo, principalmente debido a la extinción de los bosques de cedro, que habían constituido la principal fuente de recursos. No obstante, continuó la explotación de otras especies como el bálsamo, manguillo, achapo, caguiche y el polvillo, prácticas que, en algunos casos, se han extendido hasta la actualidad.

Ante la caída de la madera como eje económico dominante, emergió una nueva bonanza: la producción de hoja de coca. Esta actividad se instaló sobre los campos previamente deforestados por los aserradores, donde colonos comenzaron a sembrar coca destinada al naciente comercio de clorhidrato de cocaína, sustancia que empezaba a posicionarse como droga ilícita a nivel internacional (Polanco, 2013).

El negocio de la hoja de coca para uso ilícito se expandió rápidamente en el municipio, impulsado por las altas rentas económicas que generaba. Su comercialización se extendió a lo largo de los ríos Caquetá y Putumayo, integrando tanto comunidades indígenas como campesinas. En su fase inicial, el comercio operaba con escasa regulación y bajo niveles relativamente bajos de organización armada; sin embargo, produjo profundas transformaciones sociales, entre ellas la pérdida de prácticas y formas de vida tradicional y la propagación del consumo de pasta base de coca o bazuco entre productores, fenómeno que afectó gravemente a varias comunidades indígenas (Polanco, 2013).

La bonanza cocalera atrajo nuevas oleadas de colonización desde distintas regiones del país, al tiempo que intensificó la competencia entre compradores y comerciantes. Este escenario derivó en el incremento de la violencia y en la consolidación de grupos armados ilegales que asumieron el control del negocio y del territorio. En la década de 1980 hicieron presencia las FARC-EP, y en los años noventa grupos paramilitares como “Los Masetos”, instaurando formas sistemáticas de control social y territorial que profundizaron el conflicto armado en la región (Polanco, 2013).

Paralelamente, durante las décadas de 1980 y 1990 el Estado colombiano avanzó en la constitución de resguardos indígenas y áreas protegidas. En el caso de Puerto Leguízamo, en este periodo se consolidó la mayoría de los resguardos del municipio, destacándose el Resguardo Predio Putumayo, que abarcó una parte significativa del territorio ancestral Murui Muina en esta región.

De igual manera, en 1984 fue declarado el Parque Nacional Natural La Paya, como estrategia de conservación frente a la deforestación y la degradación de los ecosistemas del municipio. Sin embargo, esta medida contrastó con políticas estatales simultáneas que promovían la expansión ganadera a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

(INCORA).

Se configuró así un proceso de territorialización en doble vía: por un lado, la constitución de figuras de propiedad colectiva y conservación —resguardos y áreas protegidas— orientadas a la protección ambiental y cultural; y, por otro lado, la expansión de territorialidades productivas basadas en la propiedad privada y la explotación económica,

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

que incentivaron la proliferación de fincas, incluso al interior de resguardos y del propio PNN La Paya (Polanco, 2013).

Para el siglo XXI, la colonización del municipio de Puerto Leguízamo ha continuado, al igual que las dinámicas extractivas y la producción de hoja de coca para uso ilícito. El conflicto armado no ha desaparecido, sino que se ha transformado mediante la reconfiguración de actores armados y modalidades de control territorial, situando a Puerto Leguízamo como uno de los municipios con mayores niveles de violencia y desplazamiento en el país.

En este escenario, los pueblos indígenas, a través de sus sistemas de gobierno propio, organizaciones regionales y alianzas con instituciones como Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), han sostenido procesos de defensa territorial orientados al reconocimiento y garantía de sus derechos y a la protección de sus territorios ancestrales. Sin embargo, las presiones externas, el riesgo de exterminio físico y cultural y la vulneración de sus territorios continúan siendo una constante.

Desde una perspectiva territorial, la constitución de figuras como los resguardos, la Reserva Forestal, el PNN La Paya, el municipio de Puerto Leguízamo y el departamento del Putumayo puede entenderse como parte de un proceso de territorialización políticoadministrativa del Estado sobre el territorio indígena Murui Muina. Estas figuras operaron como estrategias de delimitación, control y ordenamiento del espacio, redefiniendo los marcos jurídicos y simbólicos del territorio. De manera paralela, los procesos de esclavización, sometimiento, explotación económica y violencia armada constituyeron dinámicas de desterritorialización, en tanto generaron desarraigo, fragmentación cultural y reconfiguración forzada de los asentamientos indígenas.

En efecto, al analizar la configuración de la territorialidad de la comunidad de Agua Negra en el actual municipio de Puerto Leguízamo, se evidencia que las comunidades indígenas ancestrales y tradicionales han producido y reproducido formas de territorialización y reterritorialización en un contexto históricamente inestable, marcado por sucesivas oleadas de colonización y por la superposición de múltiples territorialidades —extractivas, militares, ambientales y estatales—.Estas dinámicas han repercutido en la pérdida de referentes simbólico-territoriales, en desplazamientos forzados, en la imposición de nuevas formas de nombrar y administrar el espacio, y en procesos de integración forzada a economías y sistemas de control que desbordan las formas ancestrales de ordenamiento territorial. Como apartado final de este capítulo, se documentará el proceso de conformación de la comunidad de Agua Negra, a través de narraciones sobre su movilidad, asentamiento y uso del territorio, enmarcadas en el escenario regional previamente descrito. El propósito es consolidar un primer análisis de la construcción territorial de esta comunidad, que permita comprender el contexto histórico-cultural previo sobre el cual se superpuso el PNN La Paya.

3.1.8 La configuración de la territorialidad de Agua Negra

Como se ha mencionado, la comunidad de Agua Negra fue reconocida en la resolución de constitución de su resguardo como parte del pueblo Witoto. Con el paso del tiempo y a través de sus procesos de fortalecimiento organizativo y de gobierno propio, se ha autoidentificado como parte del pueblo Murui Muina del municipio de Puerto Leguízamo.

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De acuerdo con el Plan de vida del pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo (2008), la comunidad nació en 1950 y su resguardo fue constituido en 1994, a orillas del río Putumayo, en la zona suroccidental del municipio.

En la actualidad, Agua Negra cuenta con aproximadamente 40 familias, que representan cerca de 150 personas censadas en el resguardo. Entre sus integrantes se encuentran personas descendientes de familias y clanes Murui Muina, así como personas de origen campesino y de otros pueblos indígenas—como Kichwa, Zio Bain, entre otros— que han sido incluidos en la comunidad por sus vínculos de parentesco, afinidad o convivencia prolongada con una persona de la comunidad.

Es decir, los criterios de pertenencia a la comunidad no se restringen exclusivamente a la identidad étnica, sino que responden a normas internas de convivencia, relaciones familiares y acuerdos colectivos. De esta manera, a comunidad se configura como un espacio social y político que integra diversidad de trayectorias, articuladas bajo una identidad indígena compartida.

Frente a este aspecto, resulta pertinente la discusión planteada por Echeverri (2016) sobre el concepto de comunidad indígena. Según este autor, la comunidad alude a un grupo humano con identidad política como indígena, que posibilita la interlocución con el mundo estatal y no indígena. En la Amazonía colombiana, muchas de estas “comunidades formales” surgieron en el contexto de la constitución de cabildos y resguardos, cuya organización social y territorial difiere significativamente de las formas sociales indígenas previas.

En particular, Echeverri (2016) sostiene que gran parte de las comunidades indígenas actuales fueron constituidas a partir de la formalización de cabildos y resguardos, lo que les permitió acceder al reconocimiento político del Estado, “lo que les da derecho a tener sus autoridades, manejar su territorio y percibir recursos públicos estatales” (p. 83). En este sentido, la comunidad opera como una forma de afirmación de una identidad indígena genérica —por ejemplo, Murui Muina— que puede diferir de las formas de identidad clánica y territorial expresadas en la Ley de Origen. Como señala el autor, la autonomía territorial indígena precede de una organización social jerarquizada que distingue dueños y huérfanos, lo cual contrasta con la ideología institucional de comunidades formalmente igualitarias (Echeverri, 2016, p. 84). Esta tensión entre formas ancestrales de organización y estructuras jurídicas modernas resulta central para comprender la configuración territorial de Agua Negra.

En efecto, varios elementos de la territorialidad Murui Muina —como la referencia al territorio ancestral, la Ley de Origen, los clanes y las prácticas de uso del espacio— ya hacían parte de la organización social y cultural de las familias que dieron origen a la comunidad. Estos elementos se entrelazaron con los procesos históricos de encuentro y superposición con otros pueblos indígenas, así como procesos de colonización, bonanzas extractivas, conflicto armado y desterritorialización descritos en los apartados anteriores, configurando un escenario complejo sobre el cual se fue consolidando la comunidad como sujeto colectivo con identidad política reconocida.

En este sentido, la constitución formal del cabildo y del resguardo no significó la creación de una territorialidad desde cero, sino la institucionalización de vínculos y prácticas preexistentes que, sin embargo, habían sido tensionadas y transformadas por múltiples procesos de superposición territorial. Es precisamente en esa intersección entre

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

territorialidades ancestrales y procesos de des–re–territorialización donde se inscribe la experiencia de Agua Negra.

Frente a lo anterior, resulta relevante mencionar que la comunidad de Agua Negra constituye un caso particularmente significativo dentro de la Amazonía colombiana, en tanto ha enfrentado de manera directa los impactos de la economía ilícita de la coca y del conflicto armado, situaciones que han generado afectaciones profundas en su cohesión social, en el uso y manejo del territorio y en la transmisión cultural intergeneracional. Estas dinámicas han contribuido a escenarios de riesgo para la pervivencia física y cultural del pueblo, reconocidos institucionalmente en distintos informes oficiales (UAEGRTD, 2019). No obstante, más allá de estas afectaciones, Agua Negra ha desarrollado procesos de persistencia y reorganización interna que permiten hablar de una territorialidad en reconstrucción. En los siguientes apartados se analizará con mayor profundidad cómo esta comunidad ha transitado por procesos de movilidad, asentamiento y redefinición de sus prácticas territoriales, en medio de un contexto regional marcado por la superposición de territorialidades estatales, armadas, extractivas y ambientales. Así, el objetivo de lo que sigue será comprender de qué manera Agua Negra ha producido su territorio en condiciones históricas adversas, y cómo sus actuales dinámicas organizativas, culturales y políticas pueden interpretarse como formas de reterritorialización que dialogan —y a veces tensionan— las estructuras jurídicoadministrativas que se superpusieron sobre su espacio ancestral.

3.1.9 El origen de los clanes de Agua Negra

Conforme al Plan de vida del pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo (2008), la comunidad de Agua Negra es predominantemente del pueblo Murui Muina, aunque en su resolución de constitución de resguardo como comunidad Witoto. En este documento se especifica que la comunidad está conformada por los clanes Jifikuenɨ (gente de caimo), Jifokoyama (gente de Zorroy) y Manaɨaɨ (gente del cielo), hablantes del dialecto mɨka de la lengua Murui Muina, originarios del departamento del Amazonas, en el afluente del río Caraparaná. Desde allí emprendieron procesos de movilidad forzada a raíz de la explotación cauchera. No obstante, la configuración clánica y la posterior formación de la comunidad de Agua Negra presentan múltiples aristas que requieren ser abordadas con mayor detenimiento.

En Puerto Leguízamo, Agua Negra es reconocida por estar conformada por dos antiguas familias ancestrales del pueblo Murui Muina: los Monaga y los Caimito. Aunque siguieron trayectorias distintas para llegar al actual territorio del municipio, sus caminos terminaron confluyendo en una misma comunidad. El origen común de estas familias fue narrado por la abuela20 Soledad Monaga, a través de una historia tradicional, en la cual Dɨkɨma (Dios del cielo) designó los distintos grupos o clanes del pueblo Murui Muina. Según su relato, en una gran maloca convivían los clanes de donde provienen las familias Monaga y Caimito—entre ellos los jifikuenɨ (gente del caimo), ɨduɨzaɨ (gente de palo carguero) y Mona

20 En el pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo se suele llamar como “abuelos” o “abuelas” a las personas con grandes conocimientos culturales, históricos, espirituales y políticos del pueblo y el territorio.

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miri bite (gente del cielo)21—junto con el grupo Mazicaya. La dispersión se produjo a raíz de conflictos internos:

En una maloca grande grande vivían (…) ellos salieron al rio R+ario, allá dice que vivían los indígenas los Monaga, Caimito, ɨduɨzaɨ y los mazicaya, de allá ya se regaron y como venía la guerra entre indígenas, entre Caimito, Mazicaya…los Mazicaya son mala gente…ellos llegaban, así como llega la guerrilla (…) así llegaban machucando yuca, plátano, todo eso...ellos iban a hacer esa guerra, eran los Mazicaya y los Caimito; y con esa guerra fue que la comunidad se regó(…) usted sabe que el indígena no vive en una sola parte (…) cuando le va mal en un lugar vuelve al otro lugar, así andan ellos. (Entrevista Soledad Monaga, 2024)

La abuela Soledad asocia esta gran maloca con un escenario de conflicto que marcó el tránsito del bienestar a la dispersión. En otro relato, vincula la ruptura con una “maldad” cometida por los Caimito contra los Monaga, asociada con la desaparición de jóvenes durante jornadas de pesca. La sospecha sobre el cacique desencadenó una venganza colectiva que culminó con su muerte y la posterior dispersión del grupo:

Había muchachos, jóvenes, iban a pescar, como yo ir a pescar aquí (orillas del río Putumayo), en ese tiempo no había anzuelo, no había nada…había una mata de barbasco, que echaba así una hojita larga (…) Los niños se perdían, se perdían los muchachos, y no sabían que es lo que pasaba. Entonces, dice que “vamos a ver qué”, y un día que mandaron a un niño por ahí de doce años a pescar “vaya pesque para comer ahora por la mañana”; cuando miraron que venía esa marea así por encima…el niño se cayó al agua y no salió. Entonces ya los hermanos dijeron “no, ese es el que nos está haciendo el daño, el cacique está haciendo el daño, para que no coja el pescado” (Entrevista Soledad Monaga, 2024).

Por este motivo, los padres de los niños decidieron vengarse para que esta situación no siguiera repitiéndose y concluyeron que lo mejor era matarlo, volarse en la noche para matarlo:

Entonces los que iban a volar, hicieron fariña, casabe y eso tenían el canasto así lleno de puro casabe, otros fariña, casabe, otros envuelto… ya ellos sabían que se iban a ir, como decir esta noche, y llegan y lo matan al cacique, los muchachos; y en esa olla, en ese tiempo la tinaja era, una tinaja que cocinaban puro el agua de la yuca, hacer omaikɨ [comida tradicional del pueblo Murui Muina], ahí lo echaron ellos, la cabeza del cacique, lo echaron ellos…ahí se fueron todos, se regaron; ahí fue cuando la gente se fue toda (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024)

21 Según Echeverri J. (2022), la gente del cielo o clan del cielo es nombrado de diferentes formas en el pueblo Murui Muina según su ubicación y dialecto, y de acuerdo con los reportes y marcos de comprensión de los investigadores. Tal es así que la denominación monánizaɨ en dialecto bue en comunidades del rio Igaraparaná lo usan también para referirse a “gente del cielo”, “gente del día”, “una especie de hormiga”, “descendencia del cielo”; pero también la expresión mónanɨ, monane o mónane tiene los mimos significados anteriores, pero utilizado por comunidades de dialecto nɨpode y mɨka.

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Ambos relatos sitúan el origen común de las familias Monaga y Caimito en un evento de ruptura que provoca dispersión. Como ocurre en muchas narrativas tradicionales amazónicas, la transición del orden al desorden marca un momento fundacional que explica desplazamientos y reconfiguraciones territoriales posteriores. Estas memorias dialogan con los procesos históricos de violencia y huida que caracterizaron la época de las caucherías.

En efecto, Aponte (2024) señala que hacia 1890 varios clanes Murui Muina, entre ellos aquellos asociados a las familias Monaga y Caimito, se reunieron en la cabecera del río Caraparaná para planear una huida ante el avance de los explotadores del caucho. Aunque inicialmente permanecían alejados de las principales estaciones caucheras, la amenaza creciente motivó su decisión de escapar por tierra, siguiendo caminos ancestrales entre los ríos Putumayo y Caquetá, con el objetivo de llegar a la bocana del río Cejerí, en el Putumayo, ubicada en la esquina suroccidental del territorio ancestral Murui Muina.

Los clanes que acordaron la huida incluyeron, entre otros, los juyekuenɨ (gente de totumo), zuzugeni (gente de chimbillo), iduɨzaɨ (gente de palo carguero), jifikuenɨ (gente de caimo), burisaɨ (gente de balata), dorɨfo (gente de culebra verde), monánizaɨ (gente del día) y maziyaka. Aunque partieron juntos, el largo recorrido —que se extendió por décadas— derivó en nuevas dispersiones. Durante el trayecto muchos murieron por hambre y enfermedades, y algunos grupos fueron capturados o absorbidos por redes comerciales vinculadas a las caucherías, especialmente en las riberas del Putumayo (Aponte, 2024).

Pese a las difíciles condiciones, varios grupos lograron sobrevivir y asentarse en zonas alejadas de los circuitos comerciales. Tal es el caso del clan Juyekuenɨ, que se estableció en el curso medio del río Cejerí, en un lugar conocido como Omikɨnɨ (Aponte, 2024). Este nombre es asociado por Soledad Monaga con su abuelo, Omikɨnɨ Monaga, perteneciente a los clanes de habla mɨka que emigraron desde el Caraparaná hacia el Putumayo debido a la explotación cauchera.

Este proceso de huida también fue relatado por la abuela Nieve Jificuene, citada por Polanco (2013), quien narró cómo sus abuelos escaparon en la noche para evitar ser asesinados:

Ellos salieron a las doce de la noche para que nadie se diera cuenta, porque si ellos se daban cuenta, los mataban a todos, dice Nieve que varios días los persiguieron pero no los pudieron alcanzar (…) Durante varios días estuvieron caminando por la selva, entre el medio del [los ríos] Putumayo y el Caquetá, tomando la orientación del sol, subiendo por el río Carapaná y cruzando al Putumayo; así llegaron al caño o cocha llamado el J+a+ro, que quiere decir “caño de aguas negras” (Manuscrito de Julio Muñoz, 2010, citado en Polanco, 2013, 33).

En síntesis, el origen de las familias Monaga y Caimito se inscribe en un proceso de desterritorialización generado por la economía cauchera. La partida de sus territorios de origen no fue voluntaria en términos de movilidad expansiva, sino una estrategia de supervivencia frente a la amenaza de exterminio físico y cultural. Muchas de las personas pertenecientes a estos clanes llegaron al territorio que hoy corresponde al municipio de Puerto Leguízamo, donde se asentaron, se movilizaron y desarrollaron prácticas tradicionales de uso del espacio, sentando las bases para la posterior constitución de la comunidad de Agua Negra. A continuación, se señalarán algunos elementos específicos

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relacionados con las trayectorias de estas familias hasta el momento de conformación formal de la comunidad (Fig. 16).

Figura 16. Mapa de dispersión de familias Monaga y Caimito del pueblo Murui Muina

(1890)

Fuente: Elaboración propia con base en Aponte (2024), Polanco (2013) y relatos de la comunidad de Agua Negra.

3.1.9.1 La familia Monaga

El caño Jɨaɨro fue referenciado por la abuela Soledad Monaga en su narración sobre el tránsito de los hermanos Monaga hacia el departamento del Putumayo. Según su relato, hacia aproximadamente el año de 1940, en la zona donde hoy se encuentra el resguardo Murui Muina de Agua Negra se hallaba el señor Arsenio Monaga Juyecoi, indígena Murui Muina reconocido como taita por su conocimiento tradicional y por su práctica de tomar yagé con los indígenas Zio Bain. Arsenio llegó a este territorio acompañado de sus hermanos Carlos, Alcibíades y Mercedes Monaga, procedentes de lo que hoy se conoce como el departamento del Caquetá. En su tránsito pasaron por un lugar llamado el Jɨaɨro:

Mi tío vino de Jɨaɨro, y del Caquetá…cuando ellos [Los hermanos Monaga] vinieron cruzaron todo lo que es Peneya…del Peneya [departamento del Caquetá] se fueron por tierra hasta el Napo [rio Napo]. Ahí nos criaron a hacer vida allá, volvieron ellos se vinieron para salir ahí en el Carmen, en el Carmen se cruzaron a Ospina

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

[corregimientos del municipio de Puerto Leguízamo]. Ellos hacían, mi tío hacia una canoita de pura bombona…ellos demoraban en esos viajes y llevaban talegados de fariña, envueltos y llevaban para hacer cacería porque había harto, pero no había escopeta (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024).

La abuela Soledad Monaga es hija de Alcibíades, uno de los hermanos Monaga que, según su relato, se encontraban en Caquetá antes de la guerra entre Colombia y Perú (es decir antes de 1932). Posteriormente llegan al actual municipio de Puerto Leguízamo, donde establecieron una finca en El Tablero, territorio ancestral del pueblo Zio Bain, cercano a lo que hoy es el resguardo Agua Negra. Sin embargo, su permanencia allí. Según la narración, los Zio Bain reclamaron el territorio como propio, lo que obligó a la familia Monaga a desplazarse nuevamente, esta vez hacia las bocanas del caño Cejerí, al interior del resguardo Predio Putumayo, en jurisdicción del departamento del Putumayo, donde se decía que esta familia poseía tierras:

A nosotros nos dicen ¿por qué ustedes no van a recoger esas tierras allá? Dejan esta tierra porque esta tierra es de los Cusmas [indígenas Zio Bain] (…) Los Cusmas querían venir a quitarnos esta tierra a nosotros y nosotros nos fuimos al Cejerí. Decían ¿por qué tenían que vivir los Murui en este territorio? ...entonces mis tíos se fueron para el Cejerí…allá el cacique era Omikɨnɨ…él murió allá en el Cejerí cuando mis tíos ya llegaron allá…cuando ya mi abuelo Omikɨnɨ se murió, ya volvieron otra vez para acá [territorio de Agua Negra] (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024).

Este fragmento evidencia una dinámica compleja de movilidad territorial marcada por relaciones interétnicas, reclamos de ancestralidad y desplazamientos sucesivos. No se trata únicamente de un movimiento lineal, sino de trayectorias de ida y retorno, mediadas por vínculos familiares, jerarquías tradicionales y disputas por el espacio.

De acuerdo con Polanco (2013), Alcibíades Monaga fue uno de los primeros en llegar a la quebrada Cejerí. Posteriormente recorrió el río Putumayo y el San Miguel junto con su familia, tiempo durante el cual convivió con indígenas Zio Bain, familiarizándose con el uso del yagé e integrándolo a su conocimiento de curación, tradicionalmente basado en el mambe y la coca. Polanco señala que “al morir su esposa se casó con Tila, a quien conoció en la guarnición de Güepí. Con ella pasaron al Hacha, hasta que murió el padre y Alcibíades se fundó en Aguas Negras… Con el tiempo fueron llegando otros familiares” (2013, p. 65).

Este proceso da cuenta de una territorialidad en tránsito, atravesada por alianzas, aprendizajes interétnicos y retornos estratégicos. La consolidación en el territorio actual de Agua Negra no fue el resultado de una ocupación inmediata, sino de un proceso gradual de asentamiento, reencuentro familiar y resignificación del espacio (Fig. 17).

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Figura 17. Movilidad de las familias Monaga por el municipio de Puerto Leguízamo

Fuente: Elaboración propia con base en Aponte (2024), Polanco (2013) y relatos de la comunidad de Agua Negra.

3.1.9.2 La familia Caimito

Otros clanes que se dispersaron durante el éxodo desde el Caraparaná hacia el Putumayo se asentaron en Güepí—actualmente territorio peruano—, pueblo fundado y controlado por caucheros colombianos. Antes de 1920 existían allí varios asentamientos Murui Muina, siendo el más numeroso el del clan jifikuenɨ (gente de caimo), conformado por aproximadamente 64 personas. Estas comunidades mantenían elementos de su vida tradicional: “cultivaban la tierra, recogían frutas y semillas, cazaban y pescaban; celebraban bailes tradicionales a los que asistían clanes que vivían cerca; consumían casabe y fariña; construían malocas; preparaban mambe, ambil y cauana siguiendo las recetas tradicionales del pueblo Murui-Muina. Además, en las noches se reunían en el mambeadero para discutir las cosas más importantes de su vida diaria” (Aponte, 2024, p.

3).

No obstante, el contacto con los caucheros y su régimen violento transformó profundamente sus prácticas de vida y redujo drásticamente la población. Paralelamente, los misioneros capuchinos intentaron concentrar a toda la población indígena de Güepí en el asentamiento del clan jifikuenɨ, designando al abuelo Juan Caimito, del mismo clan,

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

como capitán indígena de Güepí. La disminución demográfica continuó debido a las interacciones con funcionarios del gobierno colombiano —puesto que Güepí era colonia colombiana—, quienes mantenían alianzas con los caucheros (Aponte, 2024).

Entre 1918 y 1923, la población indígena en Güepí volvió a dispersarse, principalmente a causa de una epidemia de sarampión que redujo casi a la mitad a sus habitantes. Esto produjo una redistribución de familias hacia las riberas de los ríos Caucayá y Angusilla, así como retornos hacial el río Caraparaná. La epidemia fue de tal magnitud que afectó a comunidades asentadas en la mayoría de los afluentes del río Putumayo. Para 1930 solo persistían dos grupos Murui Muina en Puerto Leguízamo: uno en el curso medio del caño Cejerí y otro en el río Caucayá (Aponte, 2024).

ranco (2008) complementa esta información al señalar que el padre Gaspar de Pinell registró en 1924 la presencia de 135 indígenas Murui Muina en cercanías de Güepí, pertenecientes a los clanes Sebua, Caimito y Pacuya. Para 1926, el mismo autor identificó

81 Murui Muina y 31 Macaguajes en Güepí, lo que permitió inferir que varios grupos se

habían dispersado hacia los ríos Caucayá y Angusilla, mientras otros retornaron al Caraparaná. Hacia 1940, los padres Igualada y Castellví identificaron familias Caimito en zonas cercanas a los actuales territorios del resguardo Agua Negra y el PNN La Paya, incluyendo Salado Grande, el río Caucayá y diversos puntos del Putumayo hasta Cuembí (Franco, 2008).

En este contexto se inscribe la trayectoria del abuelo Floro Caimito, considerado el primer miembro de esta familia en asentarse en el actual territorio de Agua Negra. Según su relato, su padre, Ceferino Caimito, fue uno de los Murui Muina que se desplazó desde Güepí hacia Colombia y se asentó inicialmente en zonas aledañas al actual territorio de Agua Negra, específicamente en lo que hoy es la comunidad de Bajo Casacunte, territorio ancestral del pueblo Zio Bain.

Ceferino y su esposa tuvieron tres hijos y una hija; dos de ellos fallecieron y la hermana emigró, por lo que Floro quedó solo. Posteriormente vivió en Isla Nueva con unas tías, luego se trasladó a El Hacha y finalmente decidió establecerse en el territorio actual de Agua Negra, donde residía su hermano Alcibíades Monaga. En ese proceso conoció a María Cornelia Peña Caimito, nieta de José Antonio Peña, campesinos huilenses que migraron desde el Caquetá. Hacia la década de 1950, Floro y María Cornelia se asentaron definitivamente en el territorio que hoy corresponde al resguardo de Agua Negra, formaron su familia y tuvieron seis hijos, dando inicio a la consolidación del núcleo familiar que estructuró la comunidad (Entrevista personal, Floro Caimito, 2024).

Las trayectorias aquí descritas permiten comprender cómo las familias Monaga y Caimito comparten un origen marcado por la desterritorialización asociada a la economía cauchera, seguido de procesos de dispersión, epidemia, reasentamiento y recomposición familiar. Estos clanes —iduɨzaɨ, juyekuenɨ y jifikuenɨ, conocidos colectivamente como los Caimitos (Aponte, 2022), así como el clan mona miri bite— constituyen el núcleo ancestral fundador del actual resguardo de Agua Negra. Asimismo, las narraciones evidencian la integración de personas de origen no Murui Muina —como familias campesinas migrantes— en la configuración de la comunidad, lo cual dio lugar a la constitución de una identidad política indígena formalmente reconocida por el Estado, pero sustentada en trayectorias históricas, vínculos familiares y acuerdos territoriales previos (Fig. 18).

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Figura 18. Mapa de movilidad de la familia Caimito (1900-1970)

Fuente: Elaboración propia con base en Aponte (2024), Polanco (2013) y relatos de la comunidad de Agua Negra.

3.1.10

Multiterritorialidad ancestral y tradicional en la comunidad de Agua Negra

La territorialidad de Agua Negra se ha configurado sobre el territorio ancestral del pueblo Zio Bain, mediante prácticas continuas de movilidad, territorialización y desterritorialización. La llegada del pueblo Murui Muina a esta región no ocurrió en un vacío territorial, sino en un espacio habitado y espiritualmente ordenado por otros pueblos indígenas. Según un integrante de ACILAPP, la relación entre la comunidad de Agua Negra y los pueblos Zio Bain y Korebajü ha atravesado varias etapas, caracterizadas por acuerdos y desacuerdos en torno al manejo del territorio:

El pueblo Murui Muina llega a estos territorios, llega a los territorios de los Coreguajes y de los Siona prácticamente llegan como debilitados de su sistema propio de gobierno, porque en el camino en el transcurso de esa exgobernabilidad de sus tierras murieron muchos abuelos sabedores, entonces cuando llegan a estos territorios acá los pueblos están fuertes en su cultura, en su tradición en su

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

saber espiritual y eso hace que haya mucha influencia desde esa cultura del manejo del yagé, de la tradicionalidad del yagé y eso pues prácticamente como que lo envuelve a los pueblos Murui pero con el tiempo pues fueron fortaleciéndose y llegaron también a un acuerdo interno entre ellos por esa misma guerra espiritual para conquistar territorio (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024). Este testimonio sugiere que la llegada Murui Muina implicó inicialmente una relación de influencia espiritual, especialmente en torno al sistema de conocimiento del yagé, tradicionalmente asociado a los pueblos Zio Bain y Coreguaje. En los primeros momentos de consolidación de Agua Negra, aunque la mayoría de sus integrantes pertenecían a clanes Murui Muina, el manejo territorial se articulaba fuertemente a través del yagé. Varios de los hermanos Monaga avanzaron en el conocimiento de esta planta como mecanismo de ordenamiento del territorio, sanación y cohesión comunitaria. Según el actual gobernador de la comunidad:

Ellos tomaban sábado, los miércoles y los sábados. Sábado, miércoles, sábado, miércoles. Si el espacio está limpio, está bien, sábado y sábado, todos los sábados. Antes no. Y si hay un enfermo, por lo menos una comparación: ayer fue sábado, ya hoy es domingo. Si hay un enfermo grave, o hay un enfermo, él tenía que... él se va y corta, como hay dos clases de yagé, para cocinar y otro crudo. Y él decía: "No, tráiganlo, porque lo voy a atender con yagé crudo" (Entrevista personal, Alfredo Caimito, 2024).

El gobernador se refiere a Arsenio Monaga, quien se consolidó como autoridad espiritual en el manejo del yagé. En una casa ubicada al interior de la selva, en el actual territorio de Agua Negra, se reunían miembros de la comunidad para las ceremonias. A través de estas prácticas, Arsenio ejercía también formas de regulación territorial, como la organización de la cacería:

La gente le decía: "Tío o Abuelo, no tenemos carne, no tenemos carne". "Ah, bueno, listo". Ya en la noche ellos se reunían entre los que iban a consumir, a tomar su remedio, porque lo acompañaban varios. Sí, él decía: "Bueno", o sea, él tenía seguidores. Claro, le decía: "Bueno, padrastro, tío", cómo le fuera, "hay que tomar para que vengan los puercos, o para que vengan a tal parte, para allá ir a hacer cacería". "Sí, bueno", decía, "ya, listo, está preparado". Y ellos hacían así, y él decía: "Bueno, van a venir los puercos, pero quiero que ustedes sean seguros. Usted mata un puerquito" (Entrevista personal, Alfredo Caimito, 2024). La toma de yagé no solo regulaba la relación con el monte y la fauna, sino que funcionaba como mecanismo pedagógico para los jóvenes. En las ceremonias se orientaban situaciones relacionadas con la convivencia, la infidelidad, la pereza, la violencia intrafamiliar y la falta de colaboración comunitaria. Es decir, el yagé operaba como sistema de ordenamiento moral, social y territorial. Posteriormente, el desarrollo organizativo de la comunidad permitió el fortalecimiento paralelo del sistema de conocimiento tradicional Murui Muina basado en el tabaco, la coca y la yuca dulce. Así, junto al manejo espiritual del territorio mediante el yagé, comenzó a consolidarse el mambeadero como espacio de deliberación y transmisión cultural, promovido por líderes como Alcibíades Monaga y posteriormente el gobernador Manuel.

De esta manera, en el territorio de Agua Negra comenzaron a coexistir dos sistemas espirituales: el asociado al yagé y el propio del sistema Murui Muina centrado en el mambe,

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el ambil y la palabra. Según el mismo integrante de ACILAPP, esta coexistencia derivó en un acuerdo espiritual con las comunidades Zio Bain:

El pueblo Murui Muina hace ejercicio digamos de manejo de estas tres plantas y pues hace conocer al pueblo Coreguaje, al pueblo Siona que hay un poder espiritual, hay un manejo espiritual y eso hace que también pues Siona, el pueblo Siona y los Coreguajes como que hagan pare para que la guerra no siga. Entonces lo que hacen ellos es como hablar, dialogar y llegar a un acuerdo de mandato, pues ahí comienza el respeto de todas las plantas sagradas. Pero pues en el principio digamos hubo esa influencia mayoritaria del saber o del manejo del yagé con los pueblos Murui Muina, pero en la actualidad hay un respeto de estas dos de estas dos plantas en el manejo del Murui Muina, los Coreguajes y los Siona; hay un acuerdo de respeto y pues eso son cosas que no se puede violar no se puede violar porque son situaciones espirituales que pueden traer muchas consecuencias al ser humano, a la sociedad (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

Este acuerdo interétnico puede comprenderse como una estrategia de coexistencia territorial basada en el reconocimiento mutuo de sistemas espirituales. No se trató únicamente de una negociación política, sino de un pacto espiritual que permitió estabilizar la convivencia en un territorio ancestralmente Zio Bain, pero habitado por la comunidad Murui Muina de Agua Negra. En este sentido, la experiencia de Agua Negra puede interpretarse como una forma de multiterritorialidad ancestral y tradicional: un escenario en el que distintas territorialidades —espirituales, culturales y políticas— coexisten mediante acuerdos de respeto y delimitación simbólica.

Aunque predomina actualmente la forma de territorialización ejercida por la comunidad de Agua Negra sobre el espacio que ocupa, dicha territorialización se encuentra atravesada por memorias, influencias y pactos interétnicos que configuran un territorio compartido en términos históricos y espirituales.

3.2 La conformación del resguardo de Agua Negra

3.2.1 El fortalecimiento del gobierno propio y la constitución del

resguardo El manejo espiritual del territorio fue un proceso paralelo a la búsqueda de seguridad jurídica del territorio. Mientras se consolidaban prácticas de ordenamiento territorial basadas en el yagé y el sistema tradicional Murui Muina, también avanzaba la necesidad de formalizar una estructura política reconocida por el Estado. Con la llegada y crecimiento de las familias de los hermanos Monaga y de Floro Caimito, entre los años 1959 y 1970 comenzó a consolidarse el asentamiento principal de la comunidad. Las nuevas generaciones construyeron viviendas adicionales, ampliando el área habitada y fortaleciendo la organización interna.

Hacia 1975 la comunidad inició un proceso organizativo orientado a lograr su independencia, dado que hasta entonces pertenecía formalmente al resguardo indígena Kichwa de La Perecera, actualmente colindante con Agua Negra. En este contexto surgió

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

la necesidad de dotar a la comunidad de un nombre propio que simbolizara su identidad y proyección. Inicialmente fue denominada Concordia; sin embargo, ante la falta de consenso, se decidió renombrarla como Agua Negra, en referencia al color oscuro del caño principal que atraviesa el territorio (Comunidad Indígena Agua Negra, 2019; Entrevista Alfredo Caimito, 2023).

Ese mismo año, el crecimiento del número de niños y niñas motivó la gestión para la creación de una escuela. El señor Alfonso Cabezas, líder comunitario, adelantó gestiones ante el sacerdote católico de Puerto Leguízamo, quien envió como docente al señor Jorge Villamizar. La escuela inició en una casa de madera donada por Alcibíades Monaga y atendía aproximadamente a 60 estudiantes. Posteriormente, la comunidad mejoró la infraestructura y construyó una cancha deportiva contigua, fortaleciendo así la cohesión social (Entrevista Soledad Monaga, 2024; Entrevista Alfredo Caimito, 2024; ACILAPP, 2019). Como recuerda Mercedes Monaga:

En esos tiempos gobernador o gobernadora, aquí primero no había gobernador no había gobernador sino un señor marido de marido de Soledad, ese era un blanco, no indio, entonces como había hartos los niños “yo voy a conseguir a ver si vamos a conseguir un profesor hay que hacer casitas, casitas de paja”. Entonces ya por ahí conversó con el profesor e hicieron las casitas de Yaripa; entonces ya los muchachos ya estuvieron estudiando (Entrevista personal, Mercedes Monaga,

2024)

De acuerdo con el reglamento interno (2019), en 1978 la comunidad obtuvo reconocimiento como Junta de Acción Comunal y posteriormente como reserva indígena22. Estas figuras marcaron un primer paso hacia la institucionalización de su gobierno propio. Más adelante, en 1981, por impulso de Ismael Yagenezi —colono proveniente de Tarapacá—, la comunidad conformó oficialmente el cabildo indígena, siguiendo el modelo organizativo adoptado por diversas comunidades del departamento del Amazonas. La creación del cabildo representó un momento decisivo en el fortalecimiento del gobierno propio y en la reivindicación de derechos colectivos. El primer gobernador fue Arsenio Monaga, seguido por Ismael Yagenezi y posteriormente por Soledad Monaga, quien lideró el proceso de constitución formal del resguardo (Comunidad Indígena Agua Negra, 2019; Entrevista Alfredo Caimito, 2023).

En paralelo a este fortalecimiento organizativo, la comunidad inició recorridos de delimitación territorial que sentaron las bases para la futura constitución del resguardo. La gobernadora Soledad Monaga, con el apoyo de su esposo Alfonso Cabezas y de líderes indígenas de Puerto Leguízamo, adelantó gestiones ante las autoridades en Mocoa para obtener el reconocimiento jurídico del territorio. Finalmente, en 1994, mediante la Resolución No. 043 de 1994, Agua Negra fue reconocida oficialmente como resguardo indígena. El territorio fue descrito como fundado sobre la ribera del río Putumayo, colindante con la comunidad Kichwa de La Perecera, la comunidad campesina La

22 Según información del ODTPI (2024), las únicas reservas indígenas constituidas en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo fueron La Samaritana y Jiri Jiri. No obstante, la información sobre la constitución de reservas indígenas en Colombia aún es objeto de investigación puesto que hay datos y documentos en las instituciones del Estado que no han podido ser revisados, por lo que no se ha podido confirmar en Colombia el total de Reservas indígenas constituidas en el país.

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Reformita y la República del Ecuador, con una extensión total de 2.858 hectáreas (UAESPNN, 2022; ACILAPP, 2019; Entrevista Alfredo Caimito, 2023). La constitución del resguardo no solo representó un logro jurídico-administrativo, sino la consolidación formal de un proceso histórico de territorialización que había comenzado décadas atrás mediante la movilidad, el asentamiento, la espiritualidad y la organización comunitaria.

3.2.2 La economía ilícita de la hoja de coca y conflicto armado en

el resguardo de Agua Negra El territorio de Agua Negra ha sido afectado por distintos procesos de colonización y violencia a lo largo de su historia. Uno de los primeros impactos se dio durante las épocas de las bonanzas de pieles y madera, cuando su territorio fue explotado por colonos y extranjeros. El abuelo Floro Caimito recordaba que, a su llegada, abundaban animales salvajes cerca al caserío principal, como tigres y cachirres, los cuales fueron diezmados por la explotación por parte de personas ajenas a la comunidad para el comercio internacional.

Más adelante, hacia la década de 1970, llegó la bonanza de la hoja de coca para uso ilícito, que se convirtió en el fenómeno que más profundamente afectó la cohesión comunitaria y la gobernanza del territorio. Durante una de las conversaciones con Alfredo Caimito, gobernador del resguardo Agua Negra, relataba cómo presenció el inicio de esta economía ilegal en su territorio cuando algunos adultos de la comunidad comenzaron a acumular dinero y mercancías de forma acelerada: “había muchísima comida que guardaban aquí, en una bodega. Cuando se acababa, venían, la sacaban, la botaban, y llegaba otro mercado grande, como para derrochar. También alcanzaba a tener tres casas. Empezaron a mover mucha plata en esos tiempos. En la coca se movía muchísimo dinero” (Entrevista personal, Alfredo Caimito, 2024).

Gradualmente, más personas de la comunidad se integraron al negocio, impulsado por compradores provenientes de Ecuador y Puerto Asís. Según el gobernador: “tentaban en el bosque, traían patrullas y llegaban a sacar los cultivos. Era algo muy prístino, muy inicial. Allá empezaban a ayudar, a coger varios, a raspar y les pagaban” (Entrevista personal, Alfredo Caimito, 2024).

El auge del dinero rápido trajo consigo un deterioro profundo en la salud y en la organización comunitaria. Muchas personas comenzaron a consumir pasta de coca o bazuco. En palabras del gobernador: “El negocio también era muy desordenado. Desordenado en el sentido de que, además de ser perjudicial para la salud, organizativamente, la gente estaba enviciada. En ese momento, la gente no cuidaba mucho de eso. Estaban muy enviciados. Ellos contaban que trabajaban hasta mediodía. Estaban con el bazuco. Venían a almorzar, echaban el bazuco y volvían a raspar. Así estaban caídos en eso” (Entrevista Alfredo Caimito, 2024).

Más adelante, el consumo disminuyó, no tanto por decisión interna, sino por la llegada de actores con mayor capacidad organizativa dentro del narcotráfico, quienes impusieron reglas más estrictas para evitar pérdidas en la cadena productiva: Llegó un señor nuevo que compró unas fincas por acá y estableció un negocio de coca. Ese negocio estableció un orden: era solo para la comida y para la platica.

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Nada de vicio, prohibido. El hombre andaba, decía, con una carabina, con una pistola al costado. Claro, ya con ese timbronazo, nadie lo volvió a hacer. Así fue como él logró salir de eso. Ahí es donde empieza como esa evolución del narcotráfico. Primero, uno no consume su propia droga. Segundo, no está bien tener trabajadores que estén llevados por eso, porque se mueve mucha indigencia. Todos están llevados. Entonces, como que cambió el negocio (Entrevista personal, Alfredo Caimito, 2024).

Con el ingreso y consolidación de la economía ilícita de la hoja de coca en el territorio, la organización comunitaria y el ejercicio del gobierno propio comenzaron a debilitarse de manera estructural. La producción de coca para uso ilícito no solo transformó la base económica de la comunidad, sino que alteró profundamente las condiciones materiales y simbólicas de producción y reproducción de la vida colectiva. La economía tradicional basada en la chagra, la caza, la pesca, las mingas y el intercambio comunitario fue progresivamente sustituida por una lógica de acumulación individual y de producción familiar fragmentada. Cada núcleo doméstico comenzó a operar como unidad económica aislada, desvinculándose de las formas colectivas de trabajo y decisión que habían sostenido históricamente la territorialidad de Agua Negra.

En este sentido, la producción de hoja de coca para uso ilícito operó como un proceso de desterritorialización interna: aunque la comunidad permanecía físicamente en el resguardo, las bases que sostenían su territorialidad —la economía comunitaria, la autoridad tradicional, la reciprocidad y el trabajo colectivo— comenzaron a erosionarse. Según el gobernador: “la entrada de la coca fue uno de los hechos que más afectó el gobierno, la gobernabilidad aquí. Como que pervirtió todo, dañó todo. La gente ya era muy creída, ya cada uno no se preocupaba por nadie. O sea, eso prácticamente destruyó la cultura” (Entrevista Alfredo Caimito, 2024).

Como se describió en apartados anteriores, para la década de 1980 el principal cohesionador cultural de la comunidad era la práctica ritual del yagé y, en menor intensidad, el sistema de conocimiento de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Estos sistemas no solo cumplían una función espiritual, sino que estructuraban el ordenamiento del territorio, la autoridad, la transmisión intergeneracional del conocimiento y las formas colectivas de producción de la vida.

Sin embargo, con la consolidación de la economía ilícita de la hoja de coca, estas prácticas comenzaron a debilitarse progresivamente. La fragmentación social ocasionada por el ingreso masivo al negocio ilícito alteró las temporalidades del trabajo, los espacios de encuentro comunitario y las formas de reciprocidad. Incluso algunas personas que ejercían autoridad espiritual o manejaban plantas sagradas se vincularon a esta economía, lo que profundizó la ruptura interna. Lo que se produjo no fue únicamente una transformación económica, sino una erosión de las condiciones materiales y simbólicas que sostenían la reproducción de la vida comunitaria. Las mingas, las chagras, la preparación colectiva de alimentos tradicionales, el mambeadero y los espacios de orientación ritual perdieron centralidad. En palabras del gobernador:

Entonces, como que todo cambió. Con la entrada de la coca, lo que quedaba, como la comida tradicional, el compañerismo, el trabajo comunitario, las mingas, las chagras, la unión, como que todo eso se desbarató y cada familia empezó a irse por su lado. Llegó el dinero aquí en grandes sumas y la gente, pues, cada uno se fue por su lado (Entrevista a Alfredo Caimito, 2024).

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En este sentido, la economía ilícita operó como un proceso de desterritorialización interna: aunque la comunidad permanecía físicamente en el resguardo, las bases que estructuraban su territorialidad —autoridad tradicional, economía comunitaria, espiritualidad y reciprocidad— comenzaron a fragmentarse. El territorio dejó de ser prioritariamente un espacio de vida colectiva para convertirse en un espacio orientado por lógicas mercantiles externas y por relaciones económicas individualizadas. Este proceso se profundizó cuando, entre las décadas de 1980 y 1990, se consolidó la presencia de grupos armados ilegales en la región. La economía de la coca se articuló entonces con estructuras armadas que asumieron el control territorial y regularon la producción ilícita. Agua Negra pasó a formar parte de un corredor estratégico transfronterizo, lo que incrementó su relevancia dentro del conflicto: Agua Negra queda como en un corredor estratégico para el tráfico de armas, para el tráfico de estupefacientes, para los cultivos ilícitos, para el tráfico de plata de personas, para los secuestrados, etcétera, etcétera. Ese es como un corredor estratégico que cruza fronteras, cruza el Ecuador, cruza el Perú, cruza Brasil y el Océano Pacífico (Entrevista Willington Villareal, 2024).

Este control territorial de los grupos armados trajo consigo entonces afectaciones como amenazas, confinamientos, lesiones, homicidios, torturas, señalamientos, etc., ocasionando un grave riesgo de exterminio físico y cultural en esta comunidad, lo cual se extendió aproximadamente desde los años 90 del siglo XX y se detuvo parcialmente hasta aproximadamente el año 2016, cuando fue firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC EP (Diario de campo, 2024):

Las familias de la comunidad de Agua Negra quedaron inmersas en esas actividades, y pues eso generó muerte, generó homicidios, generó desplazamientos y prácticamente fueron desplazados de sus territorios para cultivar la hoja de coca. Entonces la resistencia, y por el debilitamiento también se resistió a propios gobiernos, la cultura, la tradición, la espiritualidad que corrió Agua Negra muy debilitada. Y eso generó que las familias salieron desplazadas de sus territorios (Entrevista Willington Villareal, ACILAPP, 2024). Este contexto de conflicto armado y de violencia generó una fragmentación y daño a los principales bastiones culturales de la comunidad, entre ellos, a las autoridades tradicionales que manejaban los sistemas de conocimiento de las plantas sagradas, a quienes les fueron prohibidas sus actividades; también les fueron impuestas restricciones a las chagras23 mediante el cobro de vacunas o destruidas. Miembros del cabildo como alguaciles, gobernadores y alcaldes menores fueron amenazados, desplazados y limitadas sus actividades, e incluso forzados a seguir órdenes de los grupos armados. Según la

23 La chagra, para el pueblo Murui Muina, es un espacio agrícola ancestral que va más allá de la producción de alimentos, constituyéndose en un lugar sagrado donde se cultivan plantas tradicionales como la yuca, el maíz y el plátano, fundamentales para la subsistencia material y espiritual de la comunidad. Este sistema de cultivo refleja una práctica sustentable y respetuosa con la biodiversidad, y es un espacio clave para la transmisión de saberes ancestrales, la preservación cultural y el fortalecimiento de la autonomía territorial (ECHEVERRI & PINEDA, 2019).

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

Comisión de la verdad (2022), para la década de los 90 el resguardo de Agua Negra tenía aproximadamente 246 familias; para el 2000, se registraban 47; y, para el 2011, solo quedaban tres familias, lo cual es una manifestación de la situación de riesgo de exterminio físico y cultural a la que se ha encontrado la comunidad:

Prácticamente, en los años 2000 y 2008 en adelante, fueron desplazados casi 95% de su población habitada, de su población indígena. Prácticamente, lo que conozco es que quedaron tres familias (…) quedaron, prácticamente, la comunidad resistiendo, porque toda la comunidad salieron desplazados para el municipio de Mocoa, y de Garzón pues así, de otro para el lado del Perú, otro para la provincia (Entrevista Willington ACILAPP, 2024).

Sumado a lo anterior, fue establecido el control a la movilidad de los miembros de Agua Negra, a través de la instalación de minas antipersona. La principal razón de esto obedecía a los fuertes y constantes enfrentamientos con la Fuerza Pública, encabezada por la Armada y el Ejército Nacional quienes, en medio de la guerra, también ejercieron hechos victimizantes sobre la comunidad como los señalamientos, el tránsito y acampamiento en el resguardo y el ejercicio de combates dentro de este territorio. Hacia el año 2015, se empezó a dar un leve retorno de la población al resguardo, debido al descenso de la violencia debido al desescalamiento del conflicto armado por los Acuerdos de Paz, pasando así de un aproximado de 25 personas (5 familias) en 2013 a

40 en 2015 (8 familias) y en 2018 eran 70 personas (17 familias); en la actualidad son

aproximadamente 47 familias, aumento que obedece en parte a los distintos programas de protección de derechos humanos del Estado colombiano (UAEGRTD, 2019): Hubo un desplazamiento masivo, casi total, de las familias del resguardo Agua Negra. Durante algunos años, el resguardo quedó con pocas familias, entre tres y cuatro. Además, ocurrió el fallecimiento de una abuela, una líder muy importante en temas políticos y culturales del gran Caimito: la abuela Nydia Monaga, que en paz descanse, una lideresa y autoridad política muy importante. Posteriormente, se empezó a trabajar para llevar a cabo un retorno de las familias al resguardo, con acompañamiento institucional. Este proceso se realizó de manera progresiva y gradual, aunque no con todas las garantías de que las condiciones estuvieran 100% dadas para evitar una repetición o una nueva vulneración. Sin embargo, se inició con el fin de mantener el arraigo al territorio (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Como parte de la recuperación y retorno de la comunidad Agua Negra, se ha inscrito en alrededor de cinco procesos de retorno y acompañamiento institucional para la protección de sus derechos:

En ese tiempo el ACNUR, el Ministerio del Interior, la Gobernación y la Alcaldía de Leguízamo, le dieron una mirada profunda a Agua Negra. En la cual, pues, de acuerdo al Decreto 1448, en el tiempo, que no existía el decreto 4633, el Estado colombiano con ACNUR [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados] y la Gobernación del Putumayo, pues, se decreta para Agua Negra un plan de retorno voluntario. Hasta el momento, ese plan de retorno voluntario no ha sido implementado. Al parecer va como en un 20% (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

También se activó un plan de restablecimiento de derechos con el Consejo Noruego y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) mediante el Plan de Reparación Colectiva Integral con Enfoque Diferencial en el marco del Decreto 4633 de

2014. Según comentaba un miembro de la ACILAPP, “estamos en ese proceso de

reparación colectiva. Pero ese plan de reparación colectiva va muy lento, muy lento” (Entrevista Willington, 2024). Esta lentitud se evidencia en otros procesos de garantía de derechos fundamentales como los adelantados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hasta la actualidad no han avanzado en gran medida.

Por su parte los cultivos de hoja de coca para uso ilícito permanecieron a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XX, actividad que terminó por convertirse en una de las principales actividades económicas de los miembros de la comunidad, a tal punto que ya no se cultivaba comida, ni cazaban ni pescaban, sino que la mayoría de los insumos del hogar eran comprados, puesto que la mayoría del tiempo se empezó a dedicar al negocio ilícito de la coca; actividad que para el año de 2018 se evidenciaba con un registro de un aproximado de 27 hectáreas del resguardo con estos cultivos y, para el año 2024, disminuyó esta economía en gran cantidad por la caída en los precios de la coca para uso ilícito (Diario de campo, 2024).

Desde el año 2015 hasta la actualidad, la actividad de la siembra de la hoja de coca para uso ilícito y la presencia y control de los grupos armados ha persistido, aunque ha disminuido en cuanto a la violencia ejercida. En este territorio aún continúan habitando grupos armados ilegales disidentes de los grandes grupos que estaban antes del Acuerdo de Paz, quienes ejercen control a las actividades que se ejercen en el resguardo, la región y, por supuesto, en el área superpuesta entre el resguardo y el PNN La Paya. Inclusive, desde el año 2019 no hay presencia física de funcionarios del PNN La Paya por las amenazas de estos grupos armados a esta institución, lo cual será documentado en capítulos posteriores.

Además de lo anterior, es importante resaltar otro tipo de relaciones de la comunidad de Agua Negra en las últimas décadas, asociados al uso y manejo del territorio, como es el caso de las comunidades indígenas y campesinas vecinas, con quienes han existido disputas constantes sobre la definición de los límites que dividen el resguardo con los territorios de estas comunidades; además, se han presentado conflictos territoriales por la apertura de trochas y el uso del suelo del resguardo principalmente para los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, lo cual ha permanecido, más aún por las dificultades en el ejercicio del gobierno propio de la comunidad, como se explicará en capítulos posteriores.

3.2.3 Territorialización y desterritorialización en el resguardo de

Agua Negra Hasta este punto se ha realizado un análisis sobre la configuración histórica de la territorialidad de Agua Negra, documentando su proceso de consolidación comunitaria hasta su fundación como resguardo indígena, así como sus esfuerzos colectivos por establecer formas propias de gobernanza del territorio. Su territorialidad se fue construyendo inicialmente mediante procesos de territorialización, entendidos como la creación de relaciones de poder, apropiación y control del espacio en los grandes territorios ancestrales de los pueblos Murui Muina y Zio Bain. Estos procesos estuvieron orientados

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Capítulo 1. La territorialidad de la comunidad de Agua Negra

al reasentamiento, recomposición familiar y reconstrucción comunitaria luego de la esclavización, el sometimiento y la persecución vividos durante la etapa de extracción cauchera en la Amazonía.

Los desplazamientos, trayectorias y asentamientos sucesivos permitieron a la comunidad construir un vínculo con el territorio que excede el actual polígono del resguardo. Se trata de una territorialidad tejida a partir de memorias de movilidad, trayectorias, usos tradicionales del espacio, acuerdos y desacuerdos interétnicos y prácticas espirituales que reposan en la memoria colectiva. En este sentido, el territorio no se limita a una delimitación jurídica, sino que se constituye como espacio vivido, narrado y practicado. No obstante, como se evidenció a lo largo del capítulo, esta construcción territorial ha estado permanentemente mediada por procesos de desterritorialización. Siguiendo a Haesbaert (2013), se trata de formas de establecimiento de poder por parte de otros actores que generan el debilitamiento de las condiciones materiales de vida, la pérdida del control sobre el territorio y la erosión de las referencias simbólico-territoriales. En Agua Negra, estas dinámicas se han expresado en la ruptura de prácticas culturales, la fragmentación de la economía comunitaria, la imposición de órdenes externas y el desplazamiento masivo de su población.

La economía ilícita de la hoja de coca y el conflicto armado operaron como dispositivos concretos de desterritorialización. No solo alteraron el control político del espacio, sino que afectaron las condiciones de producción y reproducción de la vida comunitaria: se debilitaron las chagras, las mingas, la transmisión intergeneracional del conocimiento y la autoridad espiritual. El territorio, en este contexto, dejó de estar organizado prioritariamente bajo las lógicas propias de la comunidad para quedar subordinado a dinámicas económicas y armadas externas.

En el resguardo y territorio de Agua Negra se evidencia entonces, en términos de Hurtado (2016), un escenario de superposición de polígonos espaciales y territorialidades. Por un lado, se establecen figuras de ordenamiento territorial—resguardo indígena, municipio, departamento, reserva forestal, el PNN La Paya— que delimitan jurídicamente el espacio. Por otro, coexisten territorialidades no necesariamente inscritas en polígonos oficiales, como la presencia y tránsito de economías ilegales, grupos armados y redes transfronterizas, que operan bajo lógicas propias de control y movilidad. Estas territorialidades se presentan de manera simultánea y, en múltiples ocasiones, entran en tensión con la territorialidad comunitaria.

El territorio de Agua Negra, por tanto, no puede comprenderse como un espacio homogéneo, sino como un entramado de multiterritorialidades en disputa, donde se interceptan proyectos estatales, economías ilícitas, dinámicas armadas y procesos de reconstrucción comunitaria.

Ahora bien, en el caso específico de esta investigación —centrada en la superposición entre el resguardo de Agua Negra y el PNN La Paya— es importante señalar que dicha superposición ha tenido, en apariencia, una incidencia menor en el control efectivo del espacio, especialmente si se compara con los impactos de la economía ilícita y el conflicto armado. Las difíciles condiciones de territorialización y desterritorialización descritas anteriormente limitaron la capacidad tanto del Estado como de la comunidad para ejercer plenamente control y gobernanza en esta área superpuesta.

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No obstante, desde la creación del área protegida, el proceso de relacionamiento entre Agua Negra y Parques Nacionales Naturales de Colombia ha adquirido progresivamente mayor relevancia en la construcción de la territorialidad contemporánea de la comunidad. En un escenario marcado por la fragmentación y la vulnerabilidad, este relacionamiento se ha posicionado como una posible estrategia para fortalecer la gobernanza territorial y reconstruir capacidades organizativas, aspecto que será analizado en el próximo capítulo.

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4. Capítulo 2: La conservación de la

naturaleza en el área superpuesta En 1984, el Instituto Nacional de Recurso Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) declaró un área de especial importancia ecológica en la entonces Intendencia del Putumayo ─hoy departamento del Putumayo─, en la jurisdicción municipal de Puerto Leguízamo, bajo el nombre de Parque Nacional Natural (PNN) La Paya. La creación de esta área protegida tuvo como propósito principal la conservación de sus características sobresalientes de flora y fauna, así como de sus comunidades bióticas, regiones fisiográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción. Así mismo, buscó preservar ejemplos representativos de fenómenos naturales, culturales e históricos (Resolución no. 160 de 1984), como una estrategia orientada a frenar y controlar las dinámicas de degradación ambiental asociadas a la deforestación y a la explotación de los recursos naturales.

Desde ese momento, en el sector occidental del municipio de Puerto Leguízamo, este nuevo polígono de tierra de 422.000 hectáreas, destinado a la conservación de la biodiversidad, se superpuso a una historia territorial preexistente caracterizada por múltiples dinámicas de ocupación y multiterritorialidad. Entre ellas se encontraba el territorio y la territorialidad de la comunidad de Agua Negra.

A partir de esta superposición territorial se estructura el presente capítulo, cuyo objetivo es analizar el inicio y el desarrollo de la territorialización del discurso y de las prácticas de conservación promovidas por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) en el territorio y la territorialidad de la comunidad de Agua Negra. Para este propósito, el capítulo se organiza en tres apartados. En primer lugar, se presenta una aproximación al proceso de territorialización, a escala nacional, del concepto y de las prácticas de conservación de la naturaleza mediante la estrategia de declaración y designación de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN), analizando la tensión entre los paradigmas de conservación de la naturaleza de áreas protegidas “sin gente” y “con gente”.

En segundo lugar, se examinan los procesos de adecuación institucional en la gestión de áreas protegidas hacia un modelo que incorpora la participación social, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta la primera década del siglo XXI. Finalmente, se realiza un acercamiento al proceso de declaración, designación e inicio de la gestión del PNN La Paya. En esta sección se analizan los procesos de territorialización de los paradigmas de conservación “sin gente” y “con gente” en áreas superpuestas con territorios indígenas, hasta el momento en que comienzan a configurarse los procesos de

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Capítulo 2: La conservación de la naturaleza en el área superpuesta

relacionamiento y coordinación entre el PNN La Paya con las comunidades Murui Muina cuyos territorios se encuentran superpuestos con el área protegida.

4.1 La superposición de la conservación de la naturaleza

Como bien se señaló en el capítulo anterior, las territorialidades Murui Muina y Zio Bain— y, en particular, la de la comunidad de Agua Negra— se configuraron en el área de estudio desde épocas anteriores al inicio del siglo XX. Estas territorialidades han experimentado transformaciones a lo largo del tiempo como resultado de procesos de colonización, la consolidación de nuevas territorialidades, la introducción de figuras estatales de ordenamiento y diversos procesos de territorialización y desterritorialización. Entre estos procesos se encuentran la declaración del PNN La Paya, cuya delimitación territorial se superpuso a las dinámicas territoriales previamente existentes en la región. Esta área protegida fue declarada mediante la Resolución 160 del 24 de agosto de 1984 bajo la categoría de Parque Nacional Natural, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto

2811 de 1974). La creación de este parque puede entenderse como una práctica de

territorialización del Estado colombiano, mediante la cual se delimita un espacio específico para la conservación de la naturaleza. En este marco, la “naturaleza” es concebida como el conjunto de elementos ecosistémicos, vegetales, animales y geomorfológicos presentes en el territorio, así como ciertas manifestaciones culturales o históricas asociadas al paisaje, generalmente diferenciadas de las dinámicas de ocupación o explotación humana. Considerando la presencia de territorialidades indígenas preexistentes en el área donde fue declarado el parque, el caso de estudio no corresponde simplemente a un fenómeno de traslape territorial, sino a una situación de superposición. En este sentido, Serrano (2012) señala que este concepto permite resaltar “el carácter arbitrario de esta intromisión del Estado en su territorio” (p. 47). Desde esta perspectiva, la declaración de este parque Nacional se configuró como una estrategia de territorialización estatal que no solo delimita un polígono geográfico, sino que introduce un lenguaje institucional, unas normas y unas prácticas asociadas al paradigma de la conservación de la naturaleza. Estas nuevas formas de ordenamiento territorial se superpusieron a las territorialidades y territorios ya existentes en la región.

A partir de esta premisa, en las siguientes secciones se presenta un contexto general sobre el origen de las áreas protegidas en Colombia y su relación con los procesos de superposición territorial en territorios indígenas. Este análisis busca identificar los elementos históricos e institucionales que han configurado el escenario en el cual se desarrolla la relación entre el PNN La Paya y la comunidad de Agua Negra.

4.1.1 El origen de los Parques Nacionales en Colombia

La declaración del PNN La Paya se inscribe en un proceso más amplio de construcción institucional de la conservación de la naturaleza en Colombia. Comprender este proceso permite identificar los elementos históricos que explican la forma en que las áreas protegidas se han configurado como estrategias de territorialización estatal en diversos territorios del país, incluidos territorios indígenas.

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De acuerdo con Roque Roldan (2001), los antecedentes de la política ambiental colombiana pueden rastrarse hasta la época republicana, cuando se expidieron decretos orientados a la protección de algunos recursos naturales. Entre ellos se encuentran disposiciones promovidas durante el gobierno de Simón Bolívar, dirigidas a prevenir el deterioro o la explotación indiscriminada de recursos considerados estratégicos para el país (Roldán, 2001).

Durante las primeras décadas del siglo XX, estos antecedentes dieron paso a la formulación de una política forestal más estructurada. Según Roldán (2001), en este periodo se consolidó una segunda fase de la actual política ambiental colombiana, caracterizada por la delimitación de áreas destinadas a la protección de los bosques y fuentes de agua, así como por el fortalecimiento de mecanismos institucionales para el estudio, clasificación y control del aprovechamiento de los recursos forestales. Diversos autores señalan que un momento clave en este proceso fue la expedición de la Ley 200 de 1936 —en el marco de la reforma agraria impulsada durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo—, la cual permitió la creación de áreas conocidas como reservas forestales protectoras en terrenos públicos y privados (Rojas, 2014; Munévar y Ramírez, 2021). Estas áreas tenían como objetivo principal la protección de recursos estratégicos, particularmente el recurso hídrico necesario para el desarrollo de actividades productivas como la industria azucarera en el Valle del Cauca.

En este contexto, las primeras áreas protegidas respondían principalmente a una lógica de protección de recursos naturales considerados fundamentales para el desarrollo económico. Su administración se ejercía directamente por parte del Estado, mediante entidades como el Ministerio de Economía y el cuerpo de Inspectores Nacionales de Bosques, quienes tenían la función de vigilar y controlar las actividades que se realizaban en estas áreas (Rojas, 2014), en muchos casos por intermediación de inspectores armados.

Posteriormente, la creación de la Reserva Nacional de La Macarena mediante la Ley 52 de 1948 introdujo con mayor fuerza un enfoque de conservación asociado al valor científico de la biodiversidad. Esta reserva fue concebida como un territorio de especial importancia biológica que debía ser protegido para el estudio de su fauna y flora intertropical, así como para evitar procesos de deforestación y exploración petrolera en la región (Patiño y Rojas, 2021), con la particularidad de concebir el área como una región inhabitada. En síntesis, antes de la década de 1960 la creación de áreas protegidas en Colombia respondía principalmente a dos fundamentos: por un lado, la protección de recursos naturales estratégicos para actividades productivas; y por otro, la conservación de ecosistemas considerados valiosos para la investigación científica. Como señala Leal (2022), este proceso permitía “reservar los paisajes considerados dignos de ser mantenidos en su supuesto estado natural, en lugar de fomentar su transformación mediante usos productivos” (Leal, 2022: 31).

Estas primeras formas de conservación estatal contribuyeron a configurar uno de los rasgos centrales del modelo de conservación que posteriormente se consolidaría en el país: la idea de proteger la naturaleza mediante la restricción o exclusión de las actividades humanas en determinados territorios, lo que posteriormente sería identificado como el paradigma de conservación “sin gente”

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Capítulo 2: La conservación de la naturaleza en el área superpuesta

4.1.2 Los Parques Nacionales como estrategia de conservación

Uno de los antecedentes más relevantes en la consolidación del concepto de conservación de la naturaleza en el continente americano fue la Convención sobre la Protección de la Naturaleza y la Conservación de la Fauna Silvestre en el hemisferio occidental, suscrita en

1940 por la mayoría de los países de Sudamérica, entre ellos Colombia. Esta Convención

estableció como objetivo la protección del medio ambiente natural, de especies de flora y fauna, así como de paisajes y lugares con valor estético, histórico o científico. En su artículo 1 definió varias categorías de áreas protegidas24, entre ellas los Parques Nacionales, entendidos como “las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial” (Organización de Estados Americanos, 1940) Como señala Andrade (2009), esta Convención constituyó el primer instrumento jurídico internacional que orientó a los Estados del continente en la creación de sistemas de áreas protegidas para la conservación de la naturaleza. Además de proponer categorías de protección, estableció facultades para que los gobiernos declararan áreas protegidas con el fin de evitar su explotación comercial y regular actividades como la caza o la captura de fauna, permitiéndolas únicamente con fines científicos autorizados. En Colombia, esta concepción fue incorporada progresivamente a la legislación nacional. El Decreto Ley 2278 de 1953 definió los Parques Nacionales como “sitios o terrenos que, por sus bellezas escénicas naturales, riquezas de gea25, fauna o flora, particularidades geológicas, hidrológicas, monumentos26, etc., deban destinarse a (…) ser objeto de protección especial”. Posteriormente, la Ley 2 de 1959 consolidó este concepto al establecer que estas áreas serían delimitadas por el Gobierno Nacional para conservar la flora y la fauna del país, prohibiendo actividades como la adjudicación de baldíos, la agricultura, la ganadería o la explotación industrial dentro de estos territorios. En síntesis, los Parques Nacionales surgieron en Colombia como áreas destinadas a la conservación de la naturaleza y al resguardo de valores paisajísticos, biológicos y científicos, bajo la administración directa del Estado y con fuertes restricciones a las actividades humanas. Este enfoque reflejaba el paradigma de conservación que posteriormente sería identificado como conservación “sin gente”, orientado a preservar espacios naturales considerados poco alterados por la ocupación humana, entendiendo la naturaleza como “la base natural que sustenta la actividad y el bienestar humanos”

24 Dentro de las categorías se encontraban también las Reservas Nacionales, los Monumentos Naturales y las Reservas de regiones vírgenes (Organización de Estados Americanos, 1940) 25 La expresión “riquezas de gea” se refiere precisamente a las riquezas del suelo y del terreno, es decir, recursos naturales contenidos en el subsuelo, el topográfico, la flora, la fauna, accidentes geológicos, hidrológicos, paisajísticos y otras condiciones propias del terreno. Estas son valoradas como parte de los sitios con “bellezas escénicas naturales, riquezas de su gea, fauna o flora, particularidades geológicas, hidrológicas, monumentos, etc.” que el Ministerio de Agricultura debe identificar mediante estadísticas y comisiones para potencialmente destinarlos a Parques Nacionales o áreas de protección especial.

26 Hacía alusión a elementos naturales o construcciones patrimoniales de interés especial, potencialmente útiles para la creación de parques, reservas o zonas de conservación, que pueden incluir elementos geológicos, paisajísticos o históricos de un área.

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Andrade (2009), lo cual era determinado a criterio de las instituciones científicas del Estado.

En otras palabras, con esta política se estableció a la categoría de parque nacional como áreas de jurisdicción del Estado, facultándolo para determinar, además de su razón de constitución, la definición de los usos, actividades y ocupaciones permitidas, que se basaban en criterios del paradigma de conservación de la “naturaleza”, concepto que, como expresa Andrade (2009) es “la base natural que sustenta la actividad y el bienestar humanos”, lo cual era determinado a criterio de las instituciones científicas del Estado27.

4.1.3 La conservación como recreación: influencia internacional

A pesar de que la legislación colombiana inicial restringía el turismo dentro de estas áreas, durante la segunda mitad del siglo XX el Gobierno nacional comenzó a incorporar progresivamente la idea de que los Parques Nacionales también debían cumplir funciones recreativas y de disfrute para la población. Torres, Palacio y Colorado (2018) señalan que este cambio estuvo asociado al desarrollo de una perspectiva preservacionisita que concebía la naturaleza como un espacio “prístino, salvaje, agreste –‘wilderness’– que excluye la presencia humana y reverencia las áreas silvestres para la recreación fascinante y democrática” (pp. 87–88).

Este enfoque tuvo una fuerte influencia internacional, particularmente del modelo de parques desarrollado en Estados Unidos con la creación del Parque Yellowstone en 1872, considerado el primer parque nacional del mundo. En este modelo, la naturaleza silvestre era concebida como un espacio destinado a la contemplación y recreación de la sociedad moderna, especialmente para los habitantes urbanos que buscaban escapar de los efectos de la industrialización (Torres, Palacio y Colorado, 2018).

Experiencias similares se desarrollaron en varios países de América Latina, como México, Argentina, Brasil y Chile, donde entre las décadas de 1930 y 1940 se crearon parques nacionales que combinaban objetivos de conservación con funciones recreativas y de integración territorial (Wakild, 2012). Como señala Leal (2017), estos parques también cumplieron un papel estratégico en el control de zonas fronterizas y en la incorporación de territorios periféricos al proyecto nacional28. Para el caso colombiano, la promoción de los PN para la recreación expresada en el goce y disfrute de los paisajes naturales por usuarios o turistas, se inició con caso como el del PN Farallones de Cali, que entres sus razones de constitución contemplaba “la construcción de varias carreteras que permitieran que los visitantes llegaran a los sitios más atractivos” (Leal, 2022, p. 33).

27 Sobre esta base conceptual y normativa de conservación de la naturaleza, en el año de 1961 fue creado el primer PNN de Colombia, a saber, La Cueva de los Guacharos, el cual, a semejanza de la Reserva La Macarena, fue declarado por su para la investigación científica, en este caso, para la protección del hábitat del guácharo, así como para la conservación de la diversidad biológica de la zona y la protección de los ecosistemas andino-amazónicos de transición. Y así como este, hasta el año de 1969 fueron creados otros PN, con este tipo de fines científicos, entre ellos, los Parques Nacionales Chingaza, Sumapaz, Puracé y Farallones de Cali (Rojas, 2014)

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Capítulo 2: La conservación de la naturaleza en el área superpuesta

En este contexto, aun cuando la recreación y el turismo comenzaron a integrarse a los objetivos de los Parques Nacionales, el Estado colombiano mantuvo el control exclusivo sobre estos territorios. En consecuencia, el acceso de la población a estas áreas se concebía principalmente bajo la figura de usuarios o visitantes, sin que ello implicara el reconocimiento de las formas tradicionales de ocupación y uso que comunidades indígenas y campesinas mantenían en muchos de estos territorios.

4.1.4 La territorialización estatal de la conservación de la

naturaleza La consolidación institucional de este modelo de conservación en Colombia se fortaleció con la creación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) en 1968, entidad encargada de reglamentar, administrar y fomentar la protección de los recursos naturales del país. Según Leal (2022), esta institución impulsó una política de expansión de los Parques Nacionales hacia distintas regiones del territorio nacional, consolidando un enfoque de conservación con fuertes restricciones al uso económico de los recursos naturales.

Este proceso se consolidó jurídicamente con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), que estableció el Sistema de Parques Nacionales Naturales como el conjunto de áreas reservadas por el Estado para conservar valores excepcionales del patrimonio natural y cultural del país. Dentro de este sistema, los Parques Nacionales fueron definidos como áreas cuyos ecosistemas “no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana” y que debían ser sometidas a un régimen especial de manejo para garantizar su conservación (art. 329)29.

Frente a las distintas categorías de áreas protegidas del SPNNC, el PN fue la única figura que integraba la conservación de valores culturales, a los cuales denominaba como manifestaciones históricas o culturales, pero, al mismo tiempo, establecía que los ecosistemas de estos Parques “no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana”; lo cual, significaba que este tipo de áreas se concebían como espacios prácticamente inhabitados, donde los valores culturales se reconocían principalmente desde una perspectiva histórica, al asumir que estas no implicaban el uso o la alteración del medio natural por parte del ser humano.

Esta definición refleja una concepción de la naturaleza fuertemente influenciada por la biología de la conservación, en la cual la presencia humana es interpretada principalmente como una perturbación de los ecosistemas. Andrade (2009) señala que esta visión ha sido históricamente disputada por las ciencias sociales, las cuales han planteado que las “naturalezas” también son construcciones culturales y que muchos ecosistemas actuales son el resultado de relaciones históricas entre sociedades humanas y ambientes naturales. Esta postura de conservación de la naturaleza en los Parques Nacionales de Colombia (PNNC) fue ratificada mediante el decreto 622 de 1977 que reglamentó el SPNN, en donde

29 En el artículo 329 del decreto 2811 de 1974 se establecieron, además, las categorías de Reserva Natural, Área natural única, Santuario de Flora y Santuario de Fauna.

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estableció los lineamientos generales para el conjunto de áreas protegidas que lo constituían. En particular, este decreto reglamentó que el INDERENA, como la autoridad competente para la administración de las áreas del Sistema, tenía la facultad de establecer los usos permitidos, las obligaciones de los usuarios, las sanciones, las formas de control y vigilancia y las prohibiciones como, por ejemplo, la adjudicación de baldíos o el reconocimiento de las mejoras30 (Roldán, 2001); elementos que nuevamente prohibían la ocupación y usos del ser humano en las áreas, lo cual, como bien señala Leal (2022), ratifica la concepción de los PN como “espacios poco alterados por actividades humanas, por lo cual este tipo de área serían (…) establecidas sobre todo en zonas poco pobladas” (Pág. 34,35).

Aún con esta determinación, este decreto, en su artículo 7, abrió una ventana para la administración diferencial de los PN que estuviesen habitados por pueblos indígenas, estableciendo la posibilidad de compatibilidad entre reservas indígenas de estos pueblos y PN, en los escenarios de traslape parcial o total entre ambas figuras de ordenamiento territorial. En particular, este artículo planteó que en estos casos, se establecería una excepción al manejo mediante la construcción de regímenes de excepcionalidad de uso de las áreas protegidas con traslape con reservas indígenas, lo cual, en otras palabras, abrió la posibilidad del reconocimiento de la existencia de comunidades humanas con formas de uso del medio natural que no deterioran el medio ambiente, sino que, por el contrario, tenían tecnologías compatibles con los objetivos de conservación de los PN31 (Roldán, 2001; Colmenares, 2015).

Posterior a la emisión de este decreto, fueron creados muchos PN, pero no precisamente en áreas deshabitadas, sino por el contrario en lugares donde vivían y se asentaban comunidades humanas. Muchas de ellas no eran precisamente reservas indígenas o ni siquiera comunidades indígenas, sino comunidades campesinas, afrocolombianas y desplazadas que, en muchos casos, tenían títulos de propiedad, pero que en su conjunto serían considerados por el Estado como ocupantes ilegales o grupos humanos con usos inadecuados del medio natural, susceptibles de que sus predios fuesen adquiridos en forma de mejoras y, en efecto, fuesen sujetos de reubicación32. Esta situación era una

30 En el ámbito de los procesos de ocupación de áreas protegidas del SPNN, las mejoras se refieren a cualquier intervención, obra o acción realizada en un terreno por comunidades humanas con el objetivo de mejorar sus condiciones para el uso humano, agrícola, urbano o ambiental. Las cuales, dentro de los procesos de saneamiento de las áreas protegidas del SPNN, son consideradas como fundamentos para reconocer sus derechos económicos, de vivienda, etc., al momento de su reubicación por fuera de estas áreas.

31 Artículo 7 del decreto 622 de 1977: No es incompatible le declaración de un Parque Nacional Natural con la constitución de Reserva Indígena; en consecuencia, cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse total o parcialmente un área ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA - y el Instituto Colombiano de Antropología, con el fin de establecer un régimen especial en beneficio de la población indígena, de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetos del Sistema señalado en el área respectiva. 32 La reubicación de comunidades que se encuentran en Parques Nacionales consiste en el proceso de trasladar a personas o grupos humanos que habitan dentro de los límites de un área natural protegida, especialmente un Parque Nacional, hacia otro lugar fuera del área protegida. Esto se

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constante en la mayoría de los casos de declaración de las áreas protegidas del SPNN, a tal punto que, como señala Rosales (2015), “casi todos los parques nacionales del país [al momento de su creación] ya estaban habitados por indígenas, mestizos, campesinos, comunidades raizales y hasta grupos armados ilegales” (En Colmenares, 2015: 8). Esta situación resultó ser un proceso de territorialización del discurso y la práctica de la conservación de la naturaleza mediante el establecimiento de áreas protegidas del SPNN, teniendo en cuenta que, en términos de Nates (2010), implicó una estrategia y “efecto que causa delimitar un territorio” (pág. 212) y, a la vez, una forma de ejercer control sobre una persona o grupo social, tanto de tipo lineal, que consiste en una autoridad central que marca límites; como de tipo zonal, que es la “demarcación que se establece en diversos ámbitos de la vida social, y depende de fuerzas que orientadas al marcaje de espacios interiores” (Pág. 213).

Es decir que, la declaración de áreas protegidas del SPNN para la conservación de la naturaleza fue un proceso de territorialización a nivel nacional, regional y local, en cuanto implicó el establecimiento de formas de delimitar el territorio y ejercer control en él, generando transformaciones en la concepción del Estado sobre la administración de su territorio, pero también en las territorialidades que habitaban y hacían uso de los territorios en los que venían estableciéndose PN.

En este sentido, la expansión del Sistema de Parques Nacionales también puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de nacionalización de la naturaleza, mediante el cual el Estado amplió sus competencias sobre el control y la protección de los recursos naturales del país (Leal, 2017) 33. Este proceso implicó la creación de nuevas instituciones, normas y mecanismos de gestión ambiental, pero también la superposición de nuevas formas de ordenamiento territorial sobre territorios previamente habitados y utilizados por diversas comunidades.

Este proceso de territorialización del Estado colombiano mediante el crecimiento del SPNN fue impulsada por otras determinaciones internacionales, como fue el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo sobre Medio Humano (1972), la cual adoptó Colombia, en donde se posicionó la necesidad mundial de cuidar el medio ambiente frente a los rápidos cambios que está generando el desarrollo económico en el mundo. Bajo esta premisa, el Estado colombiano ratificó la importancia de otorgar peso científico a las decisiones políticas frente a las crecientes dinámicas de urbanización y destrucción de la naturaleza, que afectaban los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales para el futuro.

hace con el objetivo de conservar el ecosistema, restaurar el medio ambiente y garantizar que las actividades humanas no afecten los valores naturales y culturales del parque. 33 De acuerdo con Rojas (2014) y Leal (2022), con el desarrollo de la política de conservación de la naturaleza en el país mediante el SPNN, durante la década de los 70s del siglo XX fueron declarados veintitrés parques nacionales más, compuestos por dos millones de hectáreas.

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4.1.5 Los Parques en la Amazonía colombiana: el giro de la

conservación En el marco de la dinámica continental y global de protección de la naturaleza, la Amazonía colombiana adquirió protagonismo como patrimonio biológico nacional bajo el paradigma de la biología de la conservación. En ese contexto, el Estado impulsó la expansión del SPNN hacia la región: entre 1986 y 1990, el INDERENA, en articulación con la Dirección de Asuntos Indígenas y el gobierno nacional, promovió la creación de cinco áreas protegidas en la Amazonía —entre ellas el PNN La Paya—, expansión que duplicó las hectáreas del SPNN en el país (Leal, 2022). Esta ampliación no solo buscó proteger los valores naturales amazónicos, sino también afianzar el discurso y la práctica institucional de la conservación en la región, incluyendo el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas de frontera, en una lógica de incorporación territorial comparable a experiencias latinoamericanas previas (Leal, 2017; Leal, 2022).

De forma paralela, el Estado colombiano fortaleció rutas y procesos para la formalización de sus territorios, a través de la figura de resguardos (ODTPI, 2024). Según Claudia Leal (2022), esta política de protección de la Amazonia tenía como trasfondo el fortalecimiento de la política de conservación de la diversidad biológica, por lo que proponía que los resguardos amazónicos estuvieron motivados por principios conservacionistas, llevando a que se “pusieran sobre los hombros de los indígenas la inmensa responsabilidad de cuidar parte del patrimonio biológico mundial” (Pág. 38). En efecto, en esta época se constituyeron muchos resguardos indígenas en la Amazonía, como el caso del gran resguardo Predio Putumayo con más de un millón de hectáreas34, lo cual se sumó al logro de poner cerca de veinte millones de hectáreas de la Amazonía bajo protección y tres cuartas partes de ellas en manos indígenas (Leal, 2022)35 La declaración de áreas protegidas del SPNN en la región amazónica fue un impulso de la territorialización de la conservación de la naturaleza en el país, teniendo en cuenta que, la estrategia del Estado colombiano, en cabeza del INDERENA, consistió en aumentar significativamente la declaración de áreas protegidas del SPNN con el fin tanto de proteger los valores naturales de la Amazonía, como para generar el afianzamiento del discurso y ejercicio de la conservación en la ciudadanía amazónica y nacional. este giro institucional tendió a integrar dentro de un mismo paradigma de conservación tanto la expansión de áreas protegidas como las formas indígenas de uso y manejo del

34 De acuerdo con Territorio Indígena y Gobernanza (2025), durante el periodo comprendido entre 1986 y 1989, bajo la administración del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), en Colombia se constituyeron 63 resguardos indígenas. Aunque esta cifra corresponde a nivel nacional, implica que en la Amazonía colombiana también se registraron construcciones de resguardos durante esa época, especialmente vinculadas a los procesos de titulación masiva en departamentos como Amazonas y Guainía. De hecho, se tituló como resguardos indígenas una extensión cercana a los 13 millones de hectáreas adicionales en esa zona, contribuyendo a conformar un territorio indígena continuo de aproximadamente 20 millones de hectáreas en la Amazonía.

35 De acuerdo con el RUNAP (2024), las primeras cinco áreas protegidas del SPNN creadas en la Amazonia fueron el PNN Amacayacu (1975), PNN La Paya (1984), PNN Cahuinarí (1987), RNN Puinawai (1989) y RNN Nukak (1989)

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territorio, sin reconocer plenamente —al menos de forma explícita— los usos tradicionales preexistentes. Esto abrió un tránsito gradual: de considerar a las comunidades como factores de degradación a percibirlas como aliadas para la conservación, aunque persistieran tensiones por la primacía de criterios de la biología de la conservación sobre contextos socioculturales y socioeconómicos amazónicos (Leal, 2022).

4.2 El tránsito de los paradigmas de conservación

4.2.1 Desde la diversidad biológica hacia la participación

ciudadana en la conservación El giro hacia la “conservación con gente” se consolidó, por un lado, mediante estrategias de legitimación social del sistema de parques y, por otro, a través de transformaciones normativas e institucionales desarrolladas desde inicios de la década de 1990. Leal (2022) destaca que, ante el escaso reconocimiento social de los parques antes de los años ochenta, el INDERENA promovió una estrategia basada en el apoyo ciudadano — infraestructura turística, educación ambiental y guardaparques voluntarios— orientada a “formar una creciente opinión pública dispuesta a defender el patrimonio natural de la nación” (p. 40). Este tránsito fue reforzado por la Constitución Política de 1991, que elevó a nivel constitucional la protección del ambiente y el derecho a un ambiente sano, estableció deberes ambientales y reconoció el carácter especial de estas áreas. En la misma línea, la Ley 99 de 1993 reorganizó el sector ambiental creando el Ministerio de Ambiente y el SINA, y con ello se consolidó PNNC como autoridad del sistema, en un marco que, según Durán (2009), dejó atrás el imaginario de “naturaleza prístina” y amplió el abanico de actividades permitidas dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, este giro ocurrió en medio de un conflicto estructural: la presencia histórica de poblaciones dentro de los parques. Castaño Uribe (2003) estimaba que, a inicios de la década de 1990, cerca de tres cuartas partes de las hectáreas de PN tenían presencia de miles de familias, situación que profundizó la preocupación institucional por la integridad ecológica y la falta de estrategias claras de “saneamiento” y consolidación de la misión de conservación (citado en Andrade, 2005). En ese mismo sentido, Leal (2022) subraya que la selección de áreas “relativamente remotas” se realizó muchas veces sin estudios de campo o jurídicos, razón por la cual no sorprende que existieran residentes sin títulos claros (p. 43). En territorios indígenas, Roldán (2001) habla de arbitrariedades y ausencia de consentimiento informado en la creación de parques; en sus palabras, “la historia de un

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buen número de parques naturales en Colombia, en tierras tradicionales de indígenas, deja saber la ocurrencia de grandes arbitrariedades…” (p. 2)36 37.

Estas tensiones, sumadas a movilizaciones sociales y al nuevo marco constitucional, impulsaron la formulación de la Política de Participación Social en la Conservación, cuyo propósito era “superar las tensiones que plagaban las relaciones con las comunidades residentes y vecinas de los parques, y conseguir su apoyo” (Leal, 2022: 43), transitando hacia acuerdos con pobladores locales (Andrade, 2005). En este contexto, el lenguaje institucional de la conservación comenzó a desplazarse desde una visión centrada exclusivamente en la protección de la naturaleza hacia otra que incorporaba la participación social como condición para la gestión de las áreas protegidas. A partir de esa política, PNNC comenzó a estructurar mecanismos e instrumentos de coordinación con actores locales y étnicos —comités, instancias participativas y reconocimiento de traslapes con resguardos— como base para regímenes especiales y arreglos de gobernanza (SPNNC, 2001; Erazo et al., 2022). En los traslapes con territorios indígenas, se retoma el artículo 7 del Decreto 622 de 1977 sobre “régimen especial” y las tecnologías compatibles, y se avanza hacia instrumentos como los Regímenes Especiales de manejo (REM), entendidos como reglas y procedimientos para planear, implementar y

36 Este tipo de situaciones de conflicto con las comunidades locales fueron parte de la política del entonces INDERENA y de PNNC para la gestión de las áreas protegidas, cuyo objetivo de conservación centralista, percibía a los actores que habitaban y hacían uso de los las áreas de parques como “antagonistas al proceso de conservación” (Colmenares, 2015), lo cual resultó ser una contradicción, puesto que la mayoría de estos Parques dependían en gran parte de la gestión de estas comunidades, sobre todo en lo relacionado con el acceso, transporte, alimento y demás servicios (Correa, 2002; citado en Colmenares, 2015); es más, como ya se mencionó, para la década de los noventa del siglo XX; casi todos los PNN’s del país ya estaban habitados por indígenas, mestizos, campesinos, comunidades afrocolombianas raizales y hasta grupos armados ilegales (Rosales, 2015; citado en Colmenares, 2015).

37 Antes de la constitución de 1991, no existía normatividad en Colombia sobre la consulta previa, libre e informada37, por lo que muchas áreas protegidas del SPNN fueron constituidas en territorios indígenas sin previa información ni consulta con las comunidades indígenas allí presentes. Es decir que, muchas de estas comunidades no tuvieron la oportunidad de opinar sobre la constitución de las áreas protegidas ni de interponer recursos legales cuando consideraran lesionados sus intereses, por lo que muchos de estos procesos generaron graves afectaciones a los derechos de estas comunidades. Claros ejemplos de esto se dieron en el PNN Las Orquídeas, cuya constitución implicó el desalojo de los indígenas Embera, o en el PNN Puracé, en el que fueron sustraídas grandes áreas de la economía de los indígenas Coconuco, quienes eran titulares del resguardo colonial Puracé.

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coordinar acciones entre autoridades38, presentes en un área traslapada (PNNC, 2016) 39

40 41. Aunque los REM son considerados por PNNC como la expresión más avanzada de

planeación y toma de decisiones conjunta con autoridades indígenas, a lo largo de los distintos procesos de relacionamiento en el país también se han formalizado otras herramientas e instrumentos para el relacionamiento y coordinación, tales como Acuerdos de relacionamiento, Acuerdos Políticos, Acuerdos de Voluntades e instancias de decisión conjunta (PNNC, 2016). En su conjunto, estas herramientas son denominadas por la entidad como arreglos o esquemas de gobernanza (PNNC, 2022)42.

38 Para efectos de la presente investigación, se establecer que tanto Parques Nacionales es autoridad ambiental, en cuanto las funciones normativamente asignadas principalmente para la protección, administración y manejo de las áreas protegidas del SPNN, como es el caso de la ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, decreto 3572 de 2011. Por su parte, los pueblos indígenas son reconocidos como autoridades públicas de carácter especial, conforme al reconocimiento constitucional y normativo en Colombia de su autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales, administrativas y normativas dentro de sus territorios, de conformidad con sus usos y costumbres (Artículo 246), lo cual ha sido desarrollado por normas legales como como la Ley 89 de 1890, la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), y normas reglamentarias como el Decreto 1953 de 2014, así como por una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reafirmado su carácter de autoridades públicas dentro del ordenamiento jurídico colombiano (Sentencias T-349 de 1996, SU- 510 de 1998, T-254 de 2011, entre otras). Por último, es importante resaltar que, a las autoridades indígenas, mediante el decreto 1275 de 2024les fue reconocida Estado, las competencias ambientales, ratificando como autoridades ambientales.

39 Esta nueva política de conservación tuvo mayor influencia, conforme a los criterios de

excepcionalidad y compatibilidad que establecía el artículo 7 del decreto 622 de 1977, teniendo en cuenta que establecía la posibilidad normativa de la presencia de comunidades indígenas con figuras de reserva indígena dentro de las áreas protegidas. Frente a esto último, es preciso señalar que, conforme a los procesos de garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia mediante normas como la ley 30 de 1988, la constitución de 1991, la ley 21 de 1991 y, más adelante, con el decreto 2164 de 1995, la figura de reserva indígena fue reconocida como propiedad comunal de las comunidades indígenas, al igual que la figura de resguardos indígenas, por lo que los criterios de excepcionalidad con reservas indígenas establecidos en el decreto 622 de 1977, fueron ampliados a la categoría de resguardo indígena; en efecto, PNNC dio paso al reconocimiento de los traslapes entre áreas protegidas del SPNN con los resguardos indígenas Larrarte (2018).

40 Es importante mencionar que la compatibilidad entre formas de uso y tecnologías indígenas con los objetivos misionales de los Parques Nacionales establecida en el artículo 7 Decreto 622 de 1977, solo cobijaba los casos de traslape con reservas indígenas, lo cual puso muchas limitaciones en su aplicación al SPNN, dando continuidad a las arbitrariedades contra muchas comunidades indígenas en sus territorios por la constitución de Parques Nacionales. Como señala Houghton (2008), se presentaron casos emblemáticos como el del “el PNN Katíos, en donde el pueblo Katío (de donde en cruel paradoja se derivó el nombre del área protegida) fueron expulsados del área protegida con apoyo del Ejército Nacional, o el caso de la expulsión de los pueblos Sikuani, Cuiva, Kurripako y Piaroa del PNN El Tuparro” (Citado en Colmenares, 2015: 8).

41 Solo fue hasta el año 2007 que estos REM fueron elaborados e implementados, impulsados en gran parte por los elementos señalados en la Política de Participación Social en la Conservación, específicamente en los PN Paramillo y Catatumbo, y en el PNN Cahuinarí en la Amazonía en el año

2010.

42 La configuración bajo la cual autoridades, organizaciones, comunidades y demás actores

intervinientes o interesados y con múltiples competencias interactúan dentro de una estructura que tiene por objeto alcanzar los propósitos de conservación definidos para un área protegida o mosaico

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Aunque se ha avanzado en la formulación e implementación de este tipo de arreglos de gobernanza, Andrade (2009) señala que existe una paradoja en el desarrollo de estas formas de coordinación, evidenciada en que la normatividad sobre las áreas protegidas del SPNN continúa restringiendo la presencia humana y limita el reconocimiento pleno de prácticas territoriales más acordes para la conservación. En efecto, “cualquier intento de conciliación, como la Política de Participación Social en la Conservación, tiene visos de incompatibilidad con la Ley” (Pág. 15). Esta paradoja pone de manifiesto la situación de perpetuidad de la normatividad de PNNC sobre la autonomía territorial de los pueblos indígenas, en la medida en que, en muchos casos, sus formas de uso y manejo territorial indígena dentro de las áreas protegidas no son reconocidas totalmente. Este punto será ampliado en los apartados y capítulos posteriores, a la luz del estudio de caso. Este punto puesto que prima la autoridad de PNNC.

4.2.2 Relacionamiento actual entre PNNC con autoridades

indígenas de la Amazonía En la actualidad, el SPNN está conformado por 65 áreas protegidas, de las cuales 11 se encuentran en la Amazonía. Estas áreas abarcan aproximadamente 9’708.049,11 hectáreas, de las cuales el 36,68% se encuentran traslapados con resguardos indígenas, lo que corresponde a cerca de 3’464.483,1 hectáreas (RUNAP, 2024). Cada una de estas áreas protegidas es gestionada desde una oficina local de PNNC, articulada institucionalmente con la Dirección Territorial Amazonía (DTAM)43 y con la Dirección General de la entidad, quienes participan conjuntamente en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de estas áreas.

En este contexto, la gestión de las áreas protegidas amazónicas del SPNN se ha convertido en uno de los escenarios más relevantes de relacionamiento y coordinación entre los pueblos indígenas y PNNC en el país. Esto se debe, en gran medida, a que la totalidad de estas áreas protegidas mantiene algún tipo de interacción con territorios y territorialidades indígenas, así como con distintos arreglos institucionales de gobernanza

de conservación formado por diferentes categorías de áreas protegidas y otras formas de conservación basadas en áreas (PNNC, 2022) 43 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) cuenta con seis Direcciones Territoriales, cada una encargada de coordinar la gestión, conservación y gobernanza de las áreas protegidas en diferentes regiones del país. La Dirección Territorial Amazonía abarca los parques ubicados en los departamentos amazónicos como Amazonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare, donde se concentra una gran parte de la biodiversidad del país. La Dirección Territorial Andes Occidentales gestiona las áreas protegidas localizadas en el Eje Cafetero, Antioquia y parte del Valle del Cauca. La Dirección Territorial Andes Nororientales tiene a su cargo parques en departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander y parte de Cundinamarca. La Dirección Territorial Caribe administra las áreas protegidas en la región norte del país, incluyendo parques en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar. La Dirección Territorial Orinoquía está encargada de los parques en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, donde predominan ecosistemas de sabana y llanura. Finalmente, la Dirección Territorial Pacífico tiene a su cargo las áreas protegidas en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y el occidente del Valle del Cauca, una región clave por su riqueza biológica y cultural.

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para su gestión44. Este proceso se ha visto fortalecido por diversos desarrollos normativos e institucionales orientados al reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en la conservación, entre los cuales se destaca el Decreto 2372 de 201145, que reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y reconoció como uno de sus objetivos la conservación de “espacios naturales asociados a elementos de la cultura material o inmaterial de grupos étnicos” (art. 6).

A estos avances se suma la implementación del subprograma institucional de Estrategias Especiales de Manejo (EEM) en el SPNN, orientado a promover formas de planeación y manejo diferencial en áreas protegidas con presencia o relacionamiento con territorios indígenas (PNNC., 2022). En conjunto, estos desarrollos han permitido fortalecer espacios de coordinación entre autoridades ambientales e indígenas, incorporando gradualmente formas de gestión compartida en territorios donde convergen diferentes sistemas de conocimiento, prácticas de manejo y formas de autoridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica como se ha venido configurando la materialización del tránsito del paradigma de conservación de la naturaleza “sin gente” hacia el paradigma de la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio natural “con gente”. Como se analizó, este nuevo paradigma de conservación ha implicado el reconocimiento de ambas autoridades [PNNC e Indígena] como aliados para cuidar los territorios en los que se encuentran las áreas protegidas del SPNN, lo cual ha permitido transitar de situaciones de tensión y conflicto a escenarios de trabajo conjunto, en donde ambos actores encuentran objetivos que los favorecen.

Aún con esto, es preciso reiterar que cada área protegida y cada caso de superposición presenta características particulares que dependen de múltiples factores, entre ellos la configuración específica de territorios y territorialidades indígenas, así como las formas de comunicación, negociación y coordinación que se han construido entre las autoridades

44 De acuerdo con PNNC (2025), las 11 áreas protegidas del SPNN de la región amazónica tienen algún tipo de asociación con territorios indígenas, a saber, 9 traslapadas con resguardos indígenas, 8 que incluyen territorios ancestrales indígenas de uso material y/o inmaterial, 3 con uso por parte de pueblos indígenas transfronterizos, 3 que incluyen territorios indígenas en aislamiento y 3 que incluyen territorios indígenas en contacto inicial. Para la mayoría de estos relacionamientos, se tiene algún tipo de arreglo de gobernanza, como, por ejemplo, acuerdos de relacionamiento, acuerdos políticos de voluntades, acuerdos de uso e incluso REM, así como instancias formales para la coordinación y la toma de decisiones.

45 Con relación con la existencia de áreas protegidas del SPNN relacionadas con pueblos indígenas es necesario aclarar que, en la actualidad, los Parques Nacionales Naturales del país continúan haciendo parte del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales (SPNN), el cual hace parte del Sistema de Áreas Protegidas en Colombia (SINAP), que es el resultado del desarrollo normativo e histórico, con incidencia del derecho internacional y fundamentado en la Constitución Política de Colombia, en el cual existen actualmente 1757 áreas protegidas. Como parte del SPNN se encuentran las áreas protegidas categorizadas mediante el Código de Recursos Naturales, a saber,

44 parques nacionales naturales, 9 Santuarios de Fauna y Flora, 3 Reservas Naturales, 2

Santuarios de Flora, 1 Santuario de Fauna, 1 Vía Parque y 1 Área Natural Única, para un total de 61 áreas protegidas pertenecen al SPNN, que cubren un área de 23’208.921,62 hectáreas. Sumado a esto, la entidad tiene, además, la administración de cuatro Distritos Nacionales de Manejo Integrado (DNMI) que equivalen a 15’656.301 hectáreas. Por lo que, la cantidad total de áreas protegidas del SPNN es de 65, con una extensión total de 38’862.902,84 hectáreas (RUNAP, 2025).

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involucradas. En este sentido, los procesos de relacionamiento entre PNNC y los pueblos indígenas no pueden comprenderse de manera homogénea, sino que deben analizarse a partir de las dinámicas territoriales específicas de cada contexto.

Con el propósito de profundizar en estas particularidades, en la siguiente sección se abordará la tercera parte de este capítulo, centrada en el análisis del estudio de caso de la presente investigación: la superposición entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el PNN La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo. A partir de este caso se examinará el proceso de declaratoria de esta área protegida y los primeros pasos de relacionamiento entre PNNC con los pueblos indígenas, con el fin de plantear la base analítica para el desarrollo de los capítulos posteriores.

4.3 La maloca de piedra: territorios superpuestos del

PNN La Paya El caso de la superposición del PNN La Paya sobre el resguardo Agua Negra constituye manifestación concreta del tránsito del paradigma de conservación “sin gente” hacia el paradigma de “conservación con gente”, proceso caracterizado por historias de disputa, relacionamiento y, posteriormente, trabajo conjunto. Como se verá más adelante, este relacionamiento evolucionó hasta dar lugar a lo que, en escenarios de coordinación entre autoridades, ha sido denominado “la maloca de piedra”, una expresión que alude a la adecuación institucional de PNNC— en términos de planeación, gestión y manejo —hacia lenguajes, formas de diálogo y toma de decisiones que guardan semejanza con las concepciones territoriales y los espacios deliberativos propios de los pueblos indígenas.

Para comprender este proceso, a continuación, se analizará el momento de la superposición del PNN La Paya y el tránsito posterior hacia lo que se ha denominado la maloca de piedra, proceso marcado por distintos momentos de relacionamiento entre el parque y los pueblos indígenas presentes en el territorio.

4.3.1 La declaración del PNN La Paya

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el PNN La Paya fue declarado en el año 1984 con un total de 422.000 hectáreas46 en el municipio de Puerto Leguízamo, sobre territorios

46 El PNN La Paya ha tenido diferentes rectificaciones de límites, conforme con los movimientos de los ríos y de los límites internacionales y regionales. En 2016 se inició una revisión de los límites del PNN La Paya, trayendo consigo una precisión de la extensión del área al año 2023, correspondiendo a un área de 440.101,16 hectáreas. Esta revisión fue basada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25.000 y ha sido incorporada en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) (PNNC, 2024). Actualmente, conforme al

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y territorialidades de al menos cuatro pueblos indígenas— Murui Muina, Zio Bain, Korebajü y Kichwa—así como de comunidades campesinas y de otros actores locales. Esta declaratoria se realizó bajo el paradigma de la conservación de la naturaleza promovido por el INDERENA, en el marco de lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) y la reglamentación del SPNN (Decreto 622 de 1977). El fundamento de creación del área protegida fue la necesidad de proteger “una muestra del Refugio Pleistocénico del Napo-Putumayo, con una importante diversidad biológica y de endemismos” (Hoyos, W. y Rojas J., 2016:195)47. Este espacio se caracteriza la presencia de nacimientos de agua, bosques, áreas de pantano, zonas inundables, etc., que se extienden a lo largo de la llanura amazónica entre los ríos Caquetá, al norte, y Putumayo, al sur. Asimismo, cuenta con un sistema hídrico amplio y complejo, dentro del cual destacan el río Caucayá—que atraviesa gran parte del parque—, así como los ríos Sencella y Mecaya, además de importantes sistemas lagunares como la Laguna La Apaya o La Paya (Fig. 2), considerada el cuerpo de aguas quietas más importante del parque, con una extensión aproximada de 3.000 hectáreas, y que dio origen al nombre del área protegida48 (PNNC, 2007).

Tatiana Vera —funcionaria de larga trayectoria en el PNN La Paya— señala que la constitución del parque estuvo asociada al interés del Estado colombiano por conservar la integridad de los ecosistemas y biodiversidad amazónicos frente a diversas presiones ambientales presentes en la región. En sus palabras:

En la necesidad de buscar formas de poder ordenar todo lo que estaba pasando en términos del conflicto armado, el tema de cultivos de uso ilícito, el tema de pieles; había muchos universitarios que venían acá a hacer diferentes estudios y entraban siempre al Caucayá, entraban a la Laguna La Paya por el sector de Putumayo [lo que hoy es el PNN La Paya], y siempre se encontraban con un ecosistema demasiado hermoso, demasiado conservado, pero con un desorden realmente de uso que para ellos era sorprendente. Entonces comenzaron a dialogar sobre la necesidad de generar una sede, de hacer presencia aquí en Leguízamo de lo que

trabajo anual de la Dirección Territorial Amazonía y Nivel Central de PNNC, el área se rectificó a un total de 440.070,47 hectáreas.

47 El Parque se encuentra dentro de un bosque húmedo tropical, con una variedad de ecosistemas, bosques y vegetación, con especies en estado extractivo y con potencial de uso alimenticio futuro, como por ejemplo el cacao, el palmito, la uva caimarona, la macoubea, el icaco, la platonia, el noll y el arazá, y especies maderables como el cedro y el granadillo (UAESPNN, 2020). Además, es uno de los lugares con mayor importancia de fauna en la Amazonía por sus características geológicas y variedad de endemismos. Según los inventarios de la UAESPNN en la primera década del 2000, el Parque contaba con registro de 84 especies de peces, 9 de anfibios, 17 de reptiles, 291 de aves y 58 de mamíferos (UAESPNN, 2007).

48 Aunque en el capítulo 1 se documentó como una gran parte de afluentes del PNN La Paya tienen la terminación -ya-, correspondiente a la lengua Zio Bain, para referirse a ríos, quebradas, etc., no se tiene traducción exacta de la palabra paya en la lengua Zio Bain. Al parecer proviene este término proviene de la lengua del pueblo Kichwa, para referirse a la ‘laguna madre’, correspondiente a la laguna La Paya o La Apaya, ubicada en el sector Putumayo del área protegida, cerca al resguardo Agua Negra.

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eran Parques Nacionales, y por ahí comenzó la cosa (Entrevista Personal, Tatiana Vera, 2024).

Este argumento también fue recogido por Carrillo (2016), quien cita un concepto técnico emitido por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (ACCEFN) durante el proceso de declaratoria del parque. En dicho concepto se advertía que la situación de degradación de los ecosistemas y de la biodiversidad en la región era preocupante y que “cada vez deterioran más el bosque natural, conllevando así a la desaparición de esas importante y raras especies vegetales y animales” (ACCEFN, 1984, citado en Carrillo, 2017).

En este contexto, el Estado colombiano, mediante criterios propios de la biología de la conservación, estableció en el municipio de Puerto Leguízamo la idea y la práctica de conservar la naturaleza mediante la delimitación en un área de especial importancia ecológica, la cual fue designada como Parque Nacional Natural La Paya. Sin embargo, como se desprende tanto del testimonio de Tatiana Vera como de los conceptos técnicos citados, el área que posteriormente sería declarada parque ya presentaba diversas formas de ocupación y uso del territorio. En otras palabras, existía conocimiento local sobre la presencia de poblaciones humanas que realizaban actividades consideradas por las instituciones ambientales como presiones sobre el medio natural. No obstante, la decisión de declarar el PNN La Paya no tuvo en cuenta las particularidades sociales y territoriales de las familias y comunidades presentes en el área. Por el contrario, tendió a estigmatizar estigmatizaron a los ocupantes como agentes de degradación ambiental, lo cual se correspondía con la concepción predominante del lNDERENA sobre las áreas protegidas como lugares prístinos, en donde la ocupación humana debía ser restringida.

Esta visión se puede evidenciar en un extracto de otro concepto técnico de la ACCEFN, relacionado con la declaratoria del PNN La Paya:

En efecto los colonos ya están. La citada área no ha sido estudiada y son muy pocas las colecciones que se tienen de esta región. Por lo tanto, es urgente preservar y herborizar antes que desaparezca el bosque en manos de personas desconocedoras del valor científico de la zona pertinente, porque sin lugar a dudas, los posibles colonos cada vez deterioran más el bosque natural [...] (Parques Nacionales, Oficio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a Heliodoro Sánchez, jefe de la División de Parques Nacionales, 29 de marzo de 1984, en Medina 2016).

Si bien la declaración del parque buscaba la protección biológica, física y ecosistémica de este espacio geográfico—lo cual podría generar beneficios indirectos para las comunidades asentadas en la región—, el proceso de creación trajo múltiples desencuentros con las familias y comunidades cuyos territorios quedaron superpuestos o colindantes con el parque. Estas tensiones estuvieron asociadas principalmente al enfoque conservación estricta y radical promovido por el INDERENA frente a las formas locales de uso del territorio.

Cómo se mencionó en apartados anteriores, antes de la promulgación de la Ley 99 de

1993 la administración del SPNN, en cabeza del INDERENA, se basaba en un sistema de

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gestión más radical. En muchos casos, la declaración e inicio de la gestión de muchas áreas se realizaba de forma unilateral e impositiva por parte del Estado colombiano, es decir, sin el consentimiento, consulta o diálogo con las comunidades locales. Esta situación también se presentó también en el PNN La Paya en donde, aunque no se llegaron a presentar hechos de violencia directa por su declaratoria, sí se generaron situaciones de tensión y conflicto entre el INDERENA y varias comunidades. Harley Morales—funcionario del PNN La Paya que habitaba en un territorio vecino al área protegida en el momento de su creación— rememoraba la experiencia de su familia en ese contexto:

…yo era campesino de la comunidad de Salado Grande (…) Había escuchado hablar del Parque y de la anterior entidad que era el INDERENA, pero ya veníamos teniendo un choque con ellos porque nuestra finca en Salado Grande colindaba con el Parque. Una vez se metieron hasta nuestra finca diciendo que iban a poner un mojó y mi papá se puso muy bravo y los amenazó. Nosotros estábamos en la franja de los tres mil metros [área de influencia del PNN La paya], y ellos querían coger casi hasta el río Putumayo. Después se aclararon las cosas, pero yo no tenía muy buenas referencias del INDERENA y mi papá no era muy amigo de ellos (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Salado Grande es una de las 71 veredas del municipio de Puerto Leguízamo, ubicada en la zona media del río Putumayo, de la cual también hace parte la comunidad de Agua Negra (Alcaldía municipal de Puerto Leguízamo, 2023). Esta vereda quedó situada dentro de una franja de 3000 metros que circunda gran parte del PNN La Paya y que se encuentra entre el límite del parque y los ríos Putumayo y Caquetá. Esta franja fue considera como área de influencia del parque y no fue incluida dentro de sus límites principalmente debido a los procesos de ocupación humana existentes (Fig. 19).

Al igual que en el caso de la familia de Harley Morales, numerosas fincas, terrenos y territorios—titulados y no— de comunidades indígenas y campesinas quedaron afectados por la imposición de los límites territoriales del nuevo parque. Esto generó múltiples conflictos, derivados principalmente de la percepción de intromisión del Estado en las formas locales de uso del territorio y del temor frente a posibles restricciones o sanciones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. De acuerdo con Falla (1992), la presencia institucional del INDERENA en el PNN La Paya se presentó aproximadamente hacia1989. En ese momento, una de sus funciones principales era informar a los “colonos” sobre la existencia de esta nueva área protegida, señalando que las personas que lo habitaban se encontraban ilegalmente en él y tenían que desalojar el territorio. Esta sorpresiva posición generó impacto no solo en las comunidades locales, sino también en distintas instituciones del gobierno que operaban en Puerto Leguízamo, puesto que muchas se encontraban adelantando distintos proyectos de colonización y desarrollo. Entre ellos se encontraban los procesos de “créditos de la Caja Agraria para la adquisición de ganado, la construcción de escuelas y viviendas por parte de la Corporación Autónoma del Putumayo (CAP), y proyectos del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR)” (Falla, 1992: 75).

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Figura 19. Asentamientos y caseríos actuales en el PNN La Paya

Fuente: SIG DTAM, 2024. El círculo negro fue añadido para destacar el asentamiento Salado Grande Carrillo (2016) señala que varios de estos procesos de colonización dirigida se habían iniciado desde mediados del siglo XX, en el marco de políticas de reforma agraria que orientadas a fortalecer las fronteras nacionales. Entre ellos se encontraba el programa de la Escuela Técnica de Colonización del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) y del Comando Unificado del Sur (CUS), que contemplaba el asentamiento de más de mil familias colonas en un área de 430.000 hectáreas, que coincidían con aproximadamente la mitad del futuro PNN La Paya.

Estos antecedentes evidencian la coexistencia de diferentes proyectos de territorialización estatal sobre un mismo espacio geográfico: por un lado, iniciativas orientadas a la colonización y desarrollo productivo de la región y, por otro, la creación de un área protegida bajo el paradigma de la conservación de la naturaleza. Con la declaratoria del parque, esta última forma de territorialización terminó imponiéndose como la lógica predominante en la administración estatal del territorio.

4.3.2 El inicio de la gestión del PNN La Paya

Desde el momento de la creación del PNN La Paya, ni la administración del municipio de Puerto Leguízamo ni la entonces Intendencia del Putumayo tenían a su cargo la gestión

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de la nueva área protegida. Esta hacía parte de una oficina territorial ubicada en el departamento de Nariño. De acuerdo con Tatiana Vera, “dirigían esta área protegida desde Pasto. Había un jefe regional; no sé cómo estaba denominado en términos de su cargo o su función, pero operaba el parque desde Pasto” (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024). En este sentido, la creación del PNN La Paya puede entenderse como un proceso de territorialización del Estado colombiano a través de la figura del parque nacional, mediante el cual se delimita un espacio, se establecen formas específicas de uso y ocupación del territorio y se institucionaliza una política de conservación de la naturaleza. Este proceso no surgió de una iniciativa local— ni desde la administración municipal ni de la entonces Intendencia del Putumayo—, sino desde instancias nacionales que impulsaban la conservación de ecosistemas estratégicos. Incluso, durante los primeros años de gestión, el parque fue administrado por funcionarios provenientes de otro departamento, quienes conocían esta región principalmente por sus características de diversidad biológica, física y ecosistémica, pero no necesariamente por sus dinámicas de uso, ocupación y organización sociocultural. Más allá de reconocer la presencia de poblaciones locales, estas eran percibidas principalmente como prácticas de uso que debían ser mitigadas o saneadas. Frente a esto, Harley Morales comentaba:

Los parques de acá eran manejados por Nariño, entonces traían guardaparques pastusos, incluso guardaparques castigados acá al Caucayá y a La Paya. Por eso existía ese relacionamiento que no encajaba, porque no era como ahora, que somos de acá, conocedores. En ese tiempo, el INDERENA tenía funciones policivas, era "parque sin gente". Ellos chocaban mucho con las comunidades o con los infractores que entraban. Además, eran un grupo armado, por eso también se liquidó el INDERENA, porque hubo muchas confrontaciones entre campesinos, pescadores, madereros y usuarios que entraban ilegalmente al área protegida. Entonces el gobierno no vio viable que siguiera más el INDERENA y lo liquidó en ese entonces (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Las tensiones derivadas del inicio de la gestión del PNN La Paya no se presentaron de manera homogénea en toda el área protegida. Esto se debió, en parte, a las dificultades que enfrentaban los funcionarios del entonces INDERENA para desplazarse por las distintas zonas del parque, ya fuera por las condiciones geográficas extremas o por situaciones de resistencia social y de orden público. Es decir, para muchos funcionarios de esta institución—que además no provenían de la Intendencia del Putumayo— les resultaba difícil materializar la presencia institucional del parque en el territorio, especialmente al momento de establecer medidas o transmitir mensajes relacionados con la conservación de la naturaleza.

Por esta razón, los primeros contactos institucionales se dieron principalmente en lugares cercanos al casco urbano de Puerto Leguízamo, como la vereda campesina Salado Grande y, particularmente, en la zona de confluencia de comunidades indígenas y campesinas que habitan sobre la cuenca del río Caucayá. Este río, el afluente más importante del área protegida, es considerado por muchos habitantes del municipio como el corazón del PNN La Paya (Fig. 20).

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Figura 20. Cuencas hidrográficas del PNN La Paya Fuente: SIG DTAM, 2024 Los procesos de resistencia local ante la declaración del parque, la transformación de la Intendencia del Putumayo como departamento y la creación del Ministerio de Ambiente, en el marco del cambio en la política de gestión de PNNC hacia el paradigma de “conservación con gente”, constituyeron circunstancias que impulsaron, durante la década de 1990, una transformación en la forma gestión del PNN La Paya. Este proceso se expresó, en primer lugar, en la creación de la oficina institucional del parque en el casco urbano de Puerto Leguízamo, con la designación de un jefe establecido en el ámbito local; y, en segundo lugar—y quizás más importante—, en el inicio de un proceso de inclusión de personas del municipio dentro del equipo institucional del parque. De acuerdo con Carrillo (2016), este tránsito hacia una administración más cercana al territorio se vio impulsada por diferentes iniciativas. Entre ellas se destaca la solicitud realizada en 1989 por el entonces coordinador de la Corporación Autónoma Regional del Putumayo al INDERENA, en la cual se pedía mayor presencia institucional en el área protegida, argumentando que la falta de “la no del INDERENA por cinco años y la no solución de la situación de los colonos causa malestar social” (Parques Nacionales, Telegrama, marzo de 1989 en Carillo, 2016, p. 18).

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Para ese momento ya había sido creada la carrera administrativa49 para funcionarios del SPNN, que permitió la vinculación de diferentes personas al equipo institucional, en su mayoría provenientes de otras regiones del país. Aunque esta carrera administrativa era incipiente, establecía una estructura relativamente homogénea para todos los parques nacionales: un jefe para cada área protegida—o en algunos casos un jefe para varias—, acompañado por profesionales y técnicos especializados, principalmente en áreas ambientales.

Aunque la carrera administrativa estaba—y continúa estando—abierta a ciudadanos de todo el país, desde esta época varios jefes de parques comenzaron a promover estrategias de acercamiento con las comunidades locales, con el fin de dar a conocer la existencia de las áreas protegidas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de vinculación laboral con la población del territorio.

En el caso del PNN La Paya, el jefe del área protegida inició este proceso con la intención de vincular personas que conocieran el territorio y que contaran con conocimientos prácticos para movilizarse por las diferentes zonas del parque. Con ello se buscaba no solo facilitar la gestión del área protegida, sino también dar a conocer el parque a la población local y transmitir el mensaje institucional de la conservación. Según relataba un funcionario del PNN La Paya:

El director del parque en ese tiempo, recién nombrado, era Mauricio Villa, el primer jefe de La Paya. Él era director de CECOIN [Centro de Cooperación al Indígena] y estaba interesado en trabajar con Salado Grande. Un día subió allá a hacer una reunión con la comunidad, nos conoció a nosotros, a mi familia, y me preguntó si yo quería trabajar en el parque, que pasara mi hoja de vida.

Yo ya venía trabajando con él allá en un programa de viveros, de chigüiros e implementación de siembra de árboles y frutales. Entonces yo ya digamos que tenía como la confianza con él. Él me dijo que yo era muy buen muchacho, en ese tiempo yo tenía apenas 19 años, y que pasara mi hoja de vida para trabajar como guardabosque. Como a los tres meses me fueron a buscar porque ya me había salido un contrato. Estaban recogiendo nuevos funcionarios de todas las comunidades porque una de las estrategias del director Villa era involucrar funcionarios tanto indígenas como campesinos para que ayudaran a contribuir en el ordenamiento del área protegida (Entrevista personal, Harley Morales, 2024). La inclusión de jóvenes y adultos locales como funcionarios del PNN La Paya se convirtió así en una de las primeras estrategias para acercar el área protegida a la gente de la región. La intención era promover la idea de conservación de la naturaleza a través de procesos de educación y sensibilización, de modo que las comunidades fueran

49 La carrera administrativa del Estado en Colombia nació como un mecanismo para asegurar que el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores públicos se basara en mérito, igualdad y transparencia, y no en el clientelismo político. Su origen está vinculado a reformas legales y constitucionales que buscaban profesionalizar la función pública. En particular, la carrera administrativa en Colombia nace con la Ley 13 de 1984 y se consolida con la Constitución de 1991 y la Ley 909 de 2004, normas que permiten que los funcionarios de Parques Nacionales y de otras instituciones públicas acceden a sus cargos principalmente a través de esta carrera, mediante concursos públicos organizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

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reconociendo esta misionalidad como un interés colectivo. Al respecto, Harley Morales recordaba Él [el jefe del área protegida] siempre decía que el trabajo había que hacerlo con la gente y con la gente de las comunidades. Estaba interesado en tener gente del Mecaya, del Sencella, del Yurilla, del Eje Carreteable, del río Caucaya, de las comunidades del río Putumayo, de La Paya, de Aguas Negras [zonas del PNN La Paya]. La estrategia era tener un equipo profesional pero también un grupo de guardaparques que no sé si está bien pero él decía que había que adiestrar para que fueran guardaparque. Entonces nosotros decíamos “no pues nosotros no tenemos experiencia”. Él decía “no, nosotros los capacitamos, nosotros los formamos”; y en ese tiempo pues así nosotros cada uno mismo llegando a trabajar y ya. Nos fueron dando responsabilidades.

Yo era muy bueno para el río, desde muchacho conocía el río y era motorista. Me gustaba andar mucho en el río, conocía las comunidades y era un apoyo grande para el parque. Desde muy joven siempre me ha gustado el trabajo, hacerle mantenimiento a las cabañas, hacer recorridos de control y vigilancia; entonces eso al jefe le gustaba mucho nosotros, porque nosotros éramos jóvenes que teníamos la fuerza (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Como se menciona, esta estrategia de conservación en el ámbito local también incluía la participación de miembros de las comunidades en acciones de control y vigilancia del área protegida. Estas actividades consistían en recorridos y reconocimientos del territorio con el fin de identificar posibles daños a la naturaleza y, al mismo tiempo, posicionar gradualmente la aplicación de sanciones como una estrategia para prevenir y mitigar dichas afectaciones.

De acuerdo con Carrillo (2016), en este periodo también se iniciaron los primeros programas de resolución de conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra dentro del área protegida, como una estrategia mancomunada entre PNNC y los pobladores locales, que permitiera garantizar tanto la integridad del área como la protección de los derechos de las comunidades. Tal es el caso del proceso de saneamiento iniciado en 1996, que permitió generar una ruta de reubicación de colonos asentados en zonas cercanas al río Caucayá hacia áreas externas al parque.

4.3.3 “Ahí nos medimos el aceite, vamos a ver quién es el que

sabe” Aunque se había iniciado un trabajo de inclusión de pobladores locales en el equipo institucional, PNNC seguía operando bajo un enfoque mayoritariamente asociado al paradigma de conservación de la naturaleza “sin gente”, sustentado en una estructura y una operatividad institucional definidas a nivel nacional. En este contexto, el ingreso como funcionario implicaba adecuarse a los conocimientos institucionales y asumir funciones propias del Estado, orientadas a formar a las personas como “guardabosques” dentro del sistema de parques.

De esta manera, el primer paso para acceder a estos cargos era concursar y ser nombrado formalmente en la institución. Sin embargo, este proceso resultaba difícil para muchas

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personas locales que no habían tenido mayor acceso a instituciones de educación formal occidental y que, por tanto, no contaban con fuertes competencias en habilidades como la comprensión lectora, elemento fundamental para superar una prueba de este tipo. Según relataba Harley Morales:

A mí no me querían nombrar porque cuando fuimos a concursar, yo era un muchacho de 20 años sin experiencia, y había personal antiguo de 40, 50, 35 años que tenían toda la experiencia. Mauricio [jefe del PNN La Paya] dijo: "¿Cómo así que no van a nombrar al muchacho si él es el de la fuerza?". Y entonces él me dijo a mí que concursara, me dijo “usted no se ponga paralelos a ellos, como va a ser el concurso usted entra a concursar y pues si usted gana pues lo nombramos, ahí vamos a ver”. Él me dijo que concursara, que si ganaba me nombraban. Tenía un dicho: "Ahí nos medimos el aceite, vamos a ver quién es el que sabe". Me puso a mí a concursar, y yo concursé y entré a ser parte de la primera nómina de La Paya. Se nombraron a ocho funcionarios: un jefe, dos profesionales, cuatro tecnólogos y tres operarios. Yo gané el cargo de operario grado 9, el último cargo asignado a La Paya porque yo quedé en última lista elegible entonces a mí me nombraron como operario calificado grado 9. Desde ahí empecé a trabajar, me empecé a capacitar, a estudiar también, y fui adquiriendo mucha experiencia, ya fui conociendo la institución, la misión y por eso hasta ahorita pues eso lo he mantenido (Entrevista personal, Harley Morales, 2024) En el sistema de admisión a PNNC —que en lo fundamental se mantiene hasta la actualidad—se privilegia el conocimiento sobre el funcionamiento institucional a través de un examen de admisión y, posteriormente, conforme a los estudios académicos y su la experiencia de cada aspirante, se asignada una posición dentro de la estructura jerárquica de la entidad. De este modo, quienes cuentan con estudios de posgrado pueden acceder a cargos de mayor nivel; quienes poseen formación profesional ocupan posiciones intermedias; quienes poseen formación técnica o tecnológica acceden a niveles inferiores; y, finalmente, existen cargos operativos que no requieren títulos de educación superior, aunque sí estudios de educación media, como es el caso de los cargos de operarios50. En ese sentido, se identifica cómo la superposición del área protegida también implicó la introducción de un lenguaje institucional de conservación estructurado desde el nivel nacional, al cual muchos aspirantes locales debían adaptarse. Esto ocurría aun cuando se reconocía que sus conocimientos se basaban principalmente en habilidades de

50 La jerarquía de cargos dentro de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) está regulada principalmente por el Decreto 3577 de 2011, el cual establece su planta de personal. Esta jerarquía se organiza desde los niveles de alta dirección, que incluyen cargos como el Director Técnico y los Subdirectores Administrativos o Técnicos, pasando por niveles intermedios como los Directores Territoriales y Asesores, hasta llegar a los Administradores de Parques Nacionales, quienes tienen a su cargo la gestión directa de las áreas protegidas. Adicionalmente, se contempla un nivel técnico y profesional, compuesto por Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos Administrativos, y Auxiliares Administrativos, así como personal operativo como Operarios Calificados y Secretarios Ejecutivos. Esta estructura ha sido complementada y ajustada por normas posteriores como los Decretos 1688 de 2013, 1314 de 2020 y 1291 de 2021, los cuales han permitido actualizar la planta según las necesidades de gestión ambiental del país.

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reconocimiento y desplazamiento en el territorio, así como en su estrecha relación con las comunidades locales.

En efecto, en este primer momento de transición en la gestión del PNN La Paya se evidencia una tensión entre diferentes formas de conocimiento y de ejercicio de la autoridad institucional: por un lado, las concepciones y saberes de los funcionarios y pobladores en lo local y, por otro, la estructura administrativa y técnica del sistema nacional de conservación. Esta situación se expresa simbólicamente en la expresión utilizada por el jefe Mauricio Villa —“ahí nos medimos el aceite, vamos a ver quién es el que sabe”—, que reflejaba la puesta a prueba de conocimientos y capacidades entre diferentes trayectorias de experiencia y formación.

4.3.4 La implementación de “parques con la gente” en el PNN La

Paya El reconocimiento del territorio por parte de los nuevos funcionarios del PNN La Paya comenzó a poner de manifiesto, para PNNC, las diferentes características socioculturales que habitaban y hacían uso tradicional del área protegida. Esto incluyó la identificación de numerosas comunidades y familias indígenas y campesinas que habitaban al interior y en inmediaciones del parque51, y, por supuesto, las formas de uso y ocupación del suelo, el agua y los recursos naturales.

También, los funcionarios empezaron a reconocer las rutas de acceso a cada una de estas comunidades y demás zonas del parque, lo que permitió pensar en una estrategia efectiva de gestión del área protegida; es decir, en la manera en que podrían implementarse las acciones de conservación en todo el territorio. Este proceso contribuyó a construir un diagnóstico más claro de las dinámicas socioambientales presentes en el parque. Uno de los resultados de este proceso fue la realización de una sectorización del área protegida, que además de contener criterios de diversidad biológica, física y ecosistémica, tuvo en cuenta una incipiente caracterización sociocultural, con el fin de focalizar las acciones de conservación. Al respecto, Harley Morales relataba:

51 De acuerdo con Verdad Abierta (2017), en el PNN la Paya existían aproximadamente 150 familias campesinas viviendo en su interior hacia mediados de los 90. En cuanto a la presencia de comunidades indígenas, en el momento de la declaración del PNN La Paya, no existían resguardos constituidos en su interior, aunque si existía superposición con la reserva indígena Jiri Jiri del pueblo Murui Muina, los territorios de los cabildos Cecilia Cocha y La Apaya del pueblo Kichwa y de algunas Juntas de Acción Comunal para comunidades indígenas como el caso de Agua Negra, así como territorialidades indígenas sin figuras de ordenamiento territorial reconocidas por el Estado. No obstante, PNNC en su Plan de Manejo (2007) identifica que para las décadas de los 80 y 90 se constituyeron muchos resguardos indígenas, a saber, Jiri Jiri del pueblo Murui Muina (1987), El Hacha del pueblo Zio Bain (1987), Lagarto Cocha del pueblo Murui Muina (1992), Consará-Mecaya del pueblo Coreguaje (1994), Agua Negra del pueblo Murui Muina (1994), Cecilia Cocha del pueblo Kichwa (1995), Tukunare del pueblo Murui Muina (1995), El Progreso del pueblo Murui Muina (1996) y La Apaya del pueblo Kichwa (1996).

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Desde el tiempo del jefe Villa en el 2000, empezamos a identificar ciertos sectores del parque. Hicimos como un diagnóstico de cómo podíamos gobernar mejor el área. Entonces, decidimos que íbamos a tener cinco sectores de gestión del parque: 1) Yurilla, Sencella y Mecaya; 2) El eje carreteable (todo lo que es La Tagua y eso, Caquetá); 3) El eje carreteable acá, que es la carretera, todo lo que es El Triunfo; 4) El sector Caucayá; y 5) El sector Putumayo. En cada punto íbamos a tener una cabaña y unos guardaparques que iban a trabajar alrededor de una propuesta de gestión del parque. Una propuesta de misión institucional con las comunidades para poder implementar las estrategias de parque y conservar (Entrevista Harley Morales, 2024).

Los cinco sectores mencionados por este funcionario se corresponden con la actual sectorización del PNN La Paya, diseñada por el equipo local del parque hacia el año 2014 para facilitar la operatividad y logística de la gestión. Particularmente, estos sectores se definieron de la siguiente manera (Fig. 21):

1) Putumayo, correspondiente al área que colinda con el río Putumayo;

2) Caquetá, correspondiente al área que colinda con el rio Caquetá y con parte

de la vía La Tagua-Leguízamo;

3) Eje carreteable, que colinda con la vía La Tagua-Leguízamo y que presenta

mayor deforestación;

4) Caucayá, considerada el área con mayor integridad del parque y atravesada

por el río Caucayá); y

5) Mecaya-Sencella, correspondiente al área atravesada por el rio Sencella

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Figura 21. Sectorización del PNN La Paya en 2025

Fuente: SIG DTAM, 2024 Aunque esta sectorización ha permitido facilitar gran parte de las estrategias de gestión del área protegida, dichos sectores no han sido reconocidos formalmente mediante un Plan de Manejo, debido a que este no ha sido actualizado desde el año 2007. En efecto, en contraste con lo planteado por Harley Morales, el único Plan de Manejo vigente del PNN La Paya establece una sectorización diferente, definida por el equipo local en el 2007, la cual se compone de cuatro sectores de gestión52:

1) Zona intangible: cuenca media y alta del río Caucayá, microcuencas de las

quebradas Jiri Jiri, La Danta y los afluentes del río Caquetá;

52 Existe una diferencia entre la zonificación y la sectorización de un área protegida del SPNN. Aunque ambas son herramientas de planificación, tienen propósitos distintos. La zonificación, regulada por los Decretos 622 de 1977 y 2372 de 2010, tiene un enfoque ecológico y de manejo, y consiste en dividir el área en zonas con distintos usos y restricciones según su valor ambiental y estado de conservación. En contraste, la sectorización, contemplada únicamente en el Decreto 622 de 1977, responde a una necesidad administrativa y operativa, y se refiere a la división del territorio en sectores para facilitar su control y gestión, sin implicar necesariamente cambios en el uso del suelo.

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2) Zona Primitiva: área del río Sencella, afluentes del río Caquetá, cuenca media y

baja del río Caucayá y zona de recuperación natural aledaña al río Putumayo;

3) Zona histórico-cultural: territorio ancestral del pueblo Siona; y

4) Zona de recuperación natural: franja de aproximadamente tres kilómetros desde

los límites del parque hacia el interior sobre los ríos Putumayo, Caquetá y Mecaya. En ese contexto, y recogiendo lo planteado por Harley Morales, el inicio de la sectorización del PNN La Paya en la década de 1990 puede entenderse como una estrategia más para la territorialización del paradigma de “conservación con gente” en esta área protegida. En cada sector se buscaba instalar una cabaña con uno o varios guardabosques a cargo, quienes tendrían la misión de planear e implementar acciones contextualizadas a las dinámicas propias de cada sector del parque.

Como se ha mencionado anteriormente, el enfoque inicial de PNNC se orientaba principalmente a evitar acciones de explotación o deterior dentro de las áreas protegidas, lo cual podía implicar la aplicación de procesos sancionatorios frente a personas externas o internas que generaran daños al área protegida53. No obstante, con el impulso del paradigma de “conservación con gente”, la gestión comenzó a orientarse hacia un mayor reconocimiento de la presencia de comunidades y familias dentro del parque, lo que dio lugar a estrategias basadas en la regulación y la educación ambiental, es decir, en enseñar a la población local la importancia de cuidar el paisaje y los elementos de la naturaleza. En palabras de Harley Morales:

Hay una diferencia en la importancia de cada sector. Por ejemplo, la importancia del río Putumayo era La Paya. La Paya es una laguna de 3.000 hectáreas que generaba a todas las comunidades una mejor calidad de vida. Había una producción de comida, de especies, de pesca. Entonces, eso nos sirvió para, a través del sistema lagunar, atraer a las comunidades y decirles: "Vea, si cuidamos esto, nos vamos a beneficiar todas las comunidades". La laguna de La Paya era la que jalaba. Nosotros dábamos como el gancho para decirles: "Vea, protejamos la laguna de La Paya, que eso nos va a servir para el futuro de nuestra familia". Ahí involucramos a Agua Negra, Perecera, La Paya indígena, la Nueva Paya y todas las comunidades de ese sector. Porque ahí estaban los criaderos de pirarucú, de caimán, ahí se pescaba en la laguna. Y ellos empezaron también a cuidar eso, porque anteriormente la laguna de La Paya estaba muy suelta y entraban botes a canoas a pescar, a sacar cantidades de pescado. Inclusive había un tráfico de exportación de caimanes, venía gente de Perú a cazar allá. Entraban, inclusive hasta militares peruanos, a matar caimanes para llevar para comer carne de caimanes en el batallón de Güeppí, porque allá eran como 800 hombres. Y eso, la comunidad denunció eso. Y entonces, ahí nosotros cogimos fuerza, porque empezamos a hacer un control con las comunidades. Entonces ya nosotros dijimos

53 En Parques Nacionales, los procesos sancionatorios se refieren a los procesos administrativos sancionatorios ambientales que adelanta esta institución contra quienes infringen la normatividad ambiental dentro de áreas protegidas. Estos procesos están regulados principalmente por la Ley 1333 de 2009 y buscan proteger el patrimonio ecológico del país a través de sanciones legales y restauración del daño causado.

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que, si no hacían caso, íbamos a poner aquí a la Cancillería y al Ejército (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Como expresa este relato, este tipo de trabajos conjuntos entre PNNC y las comunidades locales se vio impulsado no solo por el discurso de protección de los servicios ecosistémicos que proveían distintos elementos biológicos y ecosistémicos del parque, sino también por la construcción de una identidad compartida como “protectores de lo local” frente a amenazas externas provenientes de actores que no habitaban el territorio, pero que hacían uso indiscriminado de sus recursos naturales.

No obstante, aunque se avanzó en la estrategia de participación de las comunidades en las acciones de conservación, esta se centró principalmente en tareas de vigilancia y control mediante la instalación de cabañas o puestos en distintos sectores del parque. Esta estrategia aún no contemplaba la generación de alternativas económicas o de subsistencia para los pobladores locales. En palabras de otro funcionario del PNN La Paya, “inicialmente los puestos se miraban como puestos de control, pero no había una política en sí de tener constantemente acercamientos, de generar alternativas, de ver opciones de gobernanza (…) era más un tema como de vigilancia” (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

En conjunto, los procesos descritos muestran que la superposición entre el PNN La Paya y los territorios indígenas y campesinos no se limitó a la imposición de un nuevo límite sobre el espacio geográfico. Más bien, implicó la coexistencia y confrontación de distintas formas de concebir, usar y gobernar el territorio. Mientras el Estado territorializaba su política de conservación mediante la delimitación del parque, la presencia institucional y la implementación de estrategias de control y manejo, persistían territorialidades indígenas, campesinas y locales que desde mucho antes habitaban y organizaban este espacio a partir de sus propios sistemas de conocimiento, prácticas productivas y formas de autoridad.

En este sentido, la superposición no ocurrió únicamente entre figuras políticoadministrativas, sino entre campos de representación y práctica territorial, en los que cada actor producía su propia manera de entender y ordenar el territorio. Este escenario configuró una situación de multiterritorialidad, caracterizada por la coexistencia simultánea de distintos territorios y territorialidades que, en muchos momentos, entraron en tensión o disputa. Precisamente en este contexto —marcado por conflictos, adaptaciones institucionales y aprendizajes mutuos— se irán gestando posteriormente formas más complejas de relacionamiento entre el parque y los pueblos indígenas, entre ellas lo que en el caso del PNN La Paya ha sido denominado la “maloca de piedra”, entendida como una forma de adecuación institucional del parque para dialogar y tomar decisiones en un territorio de autoridades y territorialidades superpuestas.

4.3.5 El relacionamiento con los pueblos indígenas

Durante la primera década del siglo XXI, los procesos de relacionamiento con comunidades locales desarrollados en el PNN La Paya se adecuaron a los principios y contenidos de la Política de Participación Social en la Conservación (2001) de PNNC, especialmente en la diferenciación en las formas de relacionamiento con comunidades indígenas y comunidades colonas y campesinas. Esta diferenciación obedeció,

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fundamentalmente, a la ya mencionada compatibilidad reconocida por el Estado entre las tecnologías y formas de uso del territorio de los pueblos indígenas en sus resguardos y los objetivos misionales de las áreas protegidas.

En efecto, la estrategia de relacionamiento con las comunidades campesinas y colonas se orientó fundamentalmente hacia procesos de saneamiento54, mientras que con las comunidades indígenas—con territorios legalmente constituidos—se avanzó en procesos de relacionamiento y coordinación en favor de la conservación del área protegida, inicialmente mediante estrategias de vigilancia y control.

Esta forma inicial de gestión del PNN La Paya, basada en estrategias de vigilancia y control, es lo que Jeferson Rojas y Walker Hoyos (2013)—antiguos funcionarios del parque— definen como el primer momento del proceso de relacionamiento entre PNNC y las comunidades indígenas con resguardos superpuestos al PNN La Paya, en el cual existía una baja presencia institucional y las labores de gestión se enfocaban principalmente en actividades de vigilancia y control55.

El segundo momento de relacionamiento identificado por Rojas y Hoyos (2013) se caracterizó por el inicio de un proceso de coordinación con las comunidades indígenas, que tenía como trasfondo la implementación de la Política de Participación Social en la Conservación. En esta etapa de la gestión del PNN La Paya se comenzó a transitar hacia un proceso de trabajo conjunto con las comunidades indígenas en actividades propias de PNNC, como la investigación, los recorridos de vigilancia y control y la educación ambiental, teniendo como objetivo principal la disminución de las actividades de deforestación.

En este segundo momento se empezó a trabajar a través de comités de cuenca, es decir, a través de encuentros formales y periódicos entre los gobernadores de los resguardos y

54 Los procesos de saneamiento con comunidades campesinas en Parques Nacionales Naturales

de Colombia han consistido en la identificación, caracterización y, en algunos casos, reubicación voluntaria de familias que habitan dentro de áreas protegidas, con el fin de garantizar la integridad ecológica de estos territorios y cumplir con los objetivos de conservación. Estos procesos se han desarrollado en el marco del Decreto 622 de 1977, que prohíbe la ocupación y uso agrícola en Parques Nacionales, y se han apoyado en políticas públicas recientes como la Política de Participación en la Conservación y los lineamientos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Además, han estado acompañados por estrategias de diálogo, acuerdos sociales y compensaciones, buscando respetar los derechos humanos y la dignidad de las comunidades involucradas.

55 La estrategia de vigilancia y control continúa operando como línea de gestión de la institución de Parques Nacionales, bajo el nombre de Prevención, Vigilancia y Control. Esta línea se enfoca en realizar monitoreos al área protegida, tanto a través de recorridos en campo como de verificación satelital. El concepto de Prevención se asocia a realizar actividades de monitoreo en áreas que no están afectadas pero que tener un posible daño; la Vigilancia se refiere a monitorear las zonas que ya están afectadas y deforestadas, las cuales son reportadas a la institucionalidad para tomar las decisiones respectivas; y el Control hace referencia a las acciones administrativas de carácter correctivo a los individuos que están generando daños al área protegida, en donde se encuentran los “procesos sancionatorios” (PNNC, 2021).

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el equipo local del PNN La Paya, quienes se reunían para tomar decisiones relacionadas con la gestión de los diferentes sectores del parque. Esto lo expresaba Harley Morales de la siguiente manera:

Antes las decisiones se tomaban en el territorio, ya con los gobernadores. Por ejemplo, en el caso de [sector] Caucayá, eran los cuatro gobernadores con el Parque decidiendo si cerrábamos la cuenca, si hacíamos acuerdos, si realizábamos recorridos de control conjuntos, si incentivábamos proyectos contra la deforestación, de cuidado del territorio o si hacíamos investigaciones en las lagunas. Lo decidíamos nosotros allá (Entrevista personal, Harley Morales, 2024) Es importante reiterar que el desarrollo de esta segunda etapa del relacionamiento se presentó aproximadamente durante la primera década del 2000, momento en el que estaban constituidos once resguardos con superposición con el PNN La Paya, a saber: Jiri Jiri, Lagarto Cocha, Tukunare y Agua Negra (pueblo Murui Muina); El Tablero, el Hacha y Bajo Casacunte (pueblo Zio Bain); Consará-Mecaya (pueblo Korebajü); y La Perecera, Cecilia Cocha y La Paya (pueblo Kichwa).

El trabajo mancomunado entre PNNC y estos resguardos comprendía dos formas de inclusión de las comunidades indígenas. Por un lado, como ya se mencionó, la participación en los comités de cuenca desde el rol que cada persona desempeñaba en su comunidad, aportando opiniones y visiones sobre las decisiones a tomar. Por otro lado, mediante la contratación de personas provenientes de las comunidades para desempeñar funciones dentro de PNNC, con el fin de apoyar la implementación de las tareas institucionales.

En palabras de Enrique Hernández—otro funcionario antiguo del PNN La Paya—, esta etapa del proceso de relacionamiento tuvo inicialmente un carácter operativo, que con el tiempo fue transitando hacia un proceso más organizativo, que él denomina la modernización del PNN La Paya:

La forma en que cada, digamos, jefe o administrador de área gestiona los procesos también ha marcado cómo se da ese manejo con esa comunidad o con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mauricio Villa y en el caso del mismo Octavio Erazo, Octavio Erazo impulsó más un proceso como organizativo. Con Octavio ya uno empieza a ver que la institucionalidad ya entra como en un tema de modernización, si podemos llamarlo así. Y, digamos, desde el nivel central [Dirección General de PNNC] se tomó mucha fuerza hacia procesos más de documentación, a entrar a tener esa cercanía, pero la institucionalidad empezó en un proceso como de modernización, de cambios; y ciertos jefes que venían de otras áreas quisieron implementar ciertos tipos de procesos. Entonces, por ejemplo, en lo que veo con Carlos Sáenz [jefe posterior a Octavio Erazo] ya hay un mayor acercamiento. Incluso desde Octavio se ve que ya va empezando a entrar cierto personal indígena. Entonces, eso empieza como a cambiar esa dinámica en la correlación que hay entre comunidad y Parques (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024) Frente a lo narrado por este funcionario, la gestión del PNN La Paya ha dependido tanto de los cambios de enfoque en la conservación impulsados desde el nivel central de PNNC,

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como de la voluntad y disposición de cada jefe local. Esto se reflejó en las transformaciones de la gestión del parque durante la primera década del siglo XXI, cuando se empezó a transitar desde un relacionamiento principalmente operativo hacia un relacionamiento más organizativo; es decir, hacia la implementación de acciones y estrategias estructurales y conjuntas con las comunidades indígenas para fortalecer la conservación del área protegida.

Para Enrique Hernández, esta nueva estrategia de relacionamiento organizativo permitió avanzar hacia procesos de relacionamiento más constantes y continuos: En épocas anteriores no había una correlación constante, o sea, no había un acercamiento constante, era un tema más como de vigilancia, de que vos llegabas, pero no habían procesos marcados, no habían acuerdos, no había, incluso en la misma operatividad (…) Entonces, pues, digamos, una persona, por ejemplo, como Miguel [un funcionario antiguo del PNN La Paya], que iba de cuidado a la cabaña, y hacía su proceso de cuidar la cabaña, mantenerla, vigilar, tal, pero pues en él no estaba de organizarse, de acercarse con la comunidad; entonces, también, porque todo lo que implicaba, de pronto no es que no quisieran, sino todo lo que implicaba, y también desde esas órdenes o desde ese direccionamiento que se daba acá, en la institucionalidad (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024) Según lo anterior, el relacionamiento con enfoque operativo permitía cumplir algunas funciones básicas de PNNC, más no posibilitaba cubrir de manera efectiva todos los sectores del área protegida. Esto se debía a múltiples factores, entre ellos, las dificultades de acceso, la falta de personal, las limitaciones presupuestales y de voluntad institucional, sumado a la ausencia o poca participación de muchas comunidades en los escenarios de relacionamiento desarrollados en el casco urbano de Puerto Leguízamo o en las cabañas de los sectores de gestión.

En los escenarios de trabajo conjunto entre PNNC y las comunidades indígenas, estas dificultades comenzaron a ser reinterpretadas como oportunidades de fortalecimiento del proceso de relacionamiento. En este contexto, hacia el año 2010 se consolidó este segundo momento del proceso de relacionamiento, impulsado por la llegada de nuevos funcionarios al equipo del parque con amplia experiencia en gestión intercultural en otras áreas protegidas del SPNN. Este fue el caso de Jeferson Rojas, quien asumió como nuevo jefe del PNN La Paya y logró fortalecer significativamente la gestión del parque, hasta el punto de incrementar su presupuesto en más del 200% con respecto a años anteriores. Este aumento permitió ampliar la planta de personal y fortalecer el cubrimiento de los diferentes sectores de gestión del área protegida. Al respecto, Tatiana Vera señalaba: Cuando el jefe [Jeferson Rojas] entra y establece o construye un modelo de gestión que plantea una sectorización en el parque con un coordinador para cada sector y una planeación dirigida por sectores, esa operatividad comienza a funcionar de una manera distinta y hay mucha más cercanía entre las comunidades y el área protegida (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024) En efecto, el fortalecimiento de la gestión del PNN La Paya se logró, entre otras cosas, gracias una mayor cercanía con las comunidades, lo cual permitió reconstruir la confianza de estas hacia PNNC, sobre la base del reconocimiento del compromiso que tenía esta nueva jefatura con las realidades locales. Esto lo ratificaba Harley Morales, quien, luego

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de trabajar en otras áreas protegidas, retornó al PNN La Paya en el año 2014 y presenció esta nueva etapa de gestión:

Bueno, en 2014, cuando llegué, digamos yo sí mire una, o sea encontré una gran diferencia. La Paya estaba en un buen momento; habían ganado mucho espacio. El jefe Jeferson había posicionado mucho el parque. Cuando me fui en 2005 para Leticia, el parque estaba caído por el tema de amenazas. Habían destituido al jefe Carlos Sáenz, entonces el parque solo tenía deudas y desconfianza. Jeferson llegó a ordenar todo eso y volvió nuevamente otra vez a ganarse la confianza de la gente, el ordenamiento, involucró otra vez nuevamente gente, las comunidades de los resguardos (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Como señalaba Harley Morales, hacia el año 2005 la gestión del PNN La Paya enfrentaba una situación marcada por deudas institucionales, desconfianza social y, sumado a afectaciones a los derechos humanos tanto de las comunidades como de los funcionarios del parque, principalmente asociadas al contexto por el conflicto armado, lo cual venía generando el debilitamiento de los procesos de relacionamiento. No obstante, este funcionario, al retornar, se encontró con un escenario de restablecimiento de la confianza entre PNNC y las comunidades, que se ajustaba a los fundamentos del paradigma de “conservación con gente”, fundamentada en el trabajo conjunto con las comunidades indígenas, teniendo en cuenta la relación entre sus necesidades con los objetivos misionales del área protegida. Según este funcionario:

Para el año 2014 había una gobernabilidad muy buena en el parque. La cuenca del río Caucayá ya estaba casi en un 90% gobernada. Había una base de control muy fortalecida con los muchachos allá, con los deslizadores, con los botes. Había radios en la cabaña de Naranjal. También se había avanzado mucho con el proceso de antiguos habitantes del Caucayá56; les habían dado proyectos y predios acá en el eje carreteable para que hicieran algunos proyectos productivos. Eso había calmado la situación y el parque se posicionaba en un tema de ordenamiento muy de acuerdo con las comunidades. Los procesos de gobernanza estaban muy bien construidos (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

En suma, en este momento de relacionamiento entre PNNC y las comunidades indígenas se lograron posicionar dos elementos fundamentales para el fortalecimiento de la gestión del PNN La Paya. Primero, el ordenamiento, puesto que se avanzó en la construcción conjunta de estrategias de ordenamiento del área protegida que tuvieran en cuenta las formas de ocupación y uso tradicional de los pueblos indígenas, en articulación con la

56 Los antiguos habitantes del Caucayá son reconocidos en Puerto Leguízamo como familias y comunidades campesinas y colonas que habitaban y hacían uso de algunas zonas del actual sector Caucayá del PNN La Paya, antes de la declaración del área protegida. El relacionamiento y articulación de PNNC con estos habitantes es reconocido como uno de los procesos más significativos en la historia del PNN La Paya, al consolidarse como uno de los primeros y más amplios acuerdos de saneamiento del área protegida en articulación con el Ministerio de Agricultura. En general, este proceso consistió en la reubicación paulatina de estos habitantes hacia zonas externos al Parque, reconociendo sus derechos de ocupación tradicional, mediante estrategias como la adjudicación de títulos de predios y la generación de alternativas económicas para su subsistencia.

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zonificación establecida por PNNC. Segundo, la gobernanza, teniendo en cuenta que se inició un proceso de mayor reconocimiento de los sistemas de gobierno propio de las comunidades indígenas en sus resguardos, como parte del sistema de toma de decisiones para la gestión del parque.

4.3.6 Las instancias formales de relacionamiento con los pueblos

indígenas El fortalecimiento de los procesos de gobernanza en varias zonas con superposición del PNN La Paya y resguardos indígenas posibilitó que desde PNNC se impulsara la estrategia de construcción de Regímenes Especiales de Manejo (REM) con estas comunidades. Según Harley Morales, esta posibilidad venía siendo proyectada por PNNC desde el año 2010, momento en el que “se estaba trabajando también en la propuesta de regímenes de manejo, porque eso en La Paya se ha venido pensando desde hace mucho tiempo. Los resguardos traslapados deben tener un régimen especial de manejo”57 (Entrevista personal, Harley Morales, 2025).

Las distintas experiencias de construcción arreglos de gobernanza como el REM, desarrolladas en otras áreas protegidas del país, se constituían en una ruta orientadora para PNNC que podría ser implementada en el PNN La Paya. La expectativa era que este instrumento permitiría fortalecer la conservación en todos los sectores de parque mediante una estructura sólida de relacionamiento institucional, que facilitara, por ejemplo, el aumento de la financiación, personal, herramientas tecnológicas y logísticas para el ejercicio de conservación, así como la instalación constante de escenarios formales de toma de decisiones conjuntas con las comunidades indígenas.

De acuerdo con Rojas y Hoyos (2013), esta iniciativa para la construcción de los REM constituye el tercer momento del proceso de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el PNN La Paya, caracterizado por el fortalecimiento de la coordinación de la función pública de la conservación.

Este momento, sustentado en el relacionamiento y la confianza construida previamente con las comunidades indígenas, se configuró como el inicio de un proceso orientado a consolidar un modelo de coordinación y gobernanza compartida en las áreas superpuestas del PNN La Paya. Este proceso se desarrolló paralelamente a una etapa de fortalecimiento de los procesos organizativos indígenas, impulsada en gran medida por asociaciones indígenas como ACILAPP, que empezó a desempeñar un papel central en la representación política, económica y cultural de muchas comunidades del pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo, sobre todo en aquellos procesos de relacionamiento con instituciones públicas y privadas58.

57 En el plan de manejo del PNN La Paya de 2007 ya se había establecido como objetivo estratégico la formulación de regímenes especiales de manejo para las áreas de resguardo superpuestas con el PNN La Paya, con proyección para consolidación a cinco años.

58 En la actualidad ACILAPP representa también a dos comunidades del pueblo Korebajü o

Coreguaje traslapadas con el PNN La Paya, a saber, Consará Mecaya y Bekochá Guajira. Además, en este municipio existen dos asociaciones indígenas más, a las que están afiliados los cuatro pueblos indígenas ancestrales y tradicionales de Puerto Leguízamo, a saber, la Asociación de

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Esto fue expresado por Harley Morales al señalar cómo ACILAPP permitió concentrar muchas de las necesidades y demandas de las comunidades en función del relacionamiento con PNNC:

No hay que desconocer que ACILAPP ha sido una organización que de una u otra manera ha respaldado los procesos del Parque. Y como ACILAPP es la entidad, como decimos nosotros, Parques Nacionales, desde el nivel central es nuestra cabeza, pues ACILAPP también es la cabeza de ellos. Y por eso Parques tiene un relacionamiento y hace un trabajo muy acordado con ACILAPP. Para poder ver todo el tema de traslapes, de convivencia, de acuerdo con las comunidades, de los mismos protocolos que hay que tener entre el trabajo con Parques y las comunidades. Y es un trabajo muy delicado, es un trabajo delicado porque es todo el tema de gobernanza compartida, de uso de ese territorio, cómo lo están usando, cómo lo ven las autoridades, Parques Nacionales cómo avanza ahí (Entrevista Harley Morales, 2024).

De esta manera, se fue gestando un proceso de relacionamiento formal más sólido con el pueblo indígena Murui Muina, en el cual los líderes de ACILAPP y las autoridades de los resguardos comenzaron a tener diálogos más directos y constantes con PNNC. Esto permitió avanzar en procesos con mayor nivel de planeación y cobertura y, más importante aún, en iniciativas que respondieran no solo a los intereses y objetivos institucionales de PNNC, sino también a las necesidades y proyecciones de las comunidades indígenas. Entre estas iniciativas se encontraban, por ejemplo, el apoyo a la construcción de reglamentos internos, a las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos, el fortalecimiento de las guardias indígenas, así como diversos procesos de fortalecimiento cultural y organizativo.

Como señalan Rojas y Hoyos (2013), con este nuevo proceso de gestión se logró avanzar en una instancia inicial de relacionamiento formal con el pueblo indígena Murui Muina, basada en el reconocimiento de los distintos intereses y necesidades de las comunidades, sus formas de organización política y de la articulación de los instrumentos de planeación y gestión territorial de cada una de las autoridades59.

En estas instancias se lograron establecer elementos orientados a formalizar el relacionamiento y a facilitar la coordinación entre ambas autoridades. Esto se materializó progresivamente en la construcción de agendas concertadas, en las que se definieron y proyectaron actividades, acuerdos, programas, planes, convenios y proyectos, teniendo

Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS), que congrega a las comunidades del pueblo indígena Siona o Zio Bain de Puerto Leguízamo y otros municipios del departamento del Putumayo; y la Asociación del Pueblo Kichwa de la Amazonía Colombiana, que congrega algunas comunidades indígenas Kichwa de Puerto Leguízamo, del Putumayo y de otros departamentos de la región amazónica colombiana.

59 Estas instancias de relacionamiento formal incipientes se lograron organizar también con las comunidades del pueblo Zio Bain, a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Zio Bain (ACIPS), así como con las comunidades del pueblo Kichwa, mediante la Asociación del Pueblo Kichwa de la Amazonía Colombiana (APKAC), las cuales se fundaron luego de la salida de los pueblos Zio Bain y Kichwa de ACILAPP en el año 2009.

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como base procesos de planificación, socialización, consulta y concertación, así como los principios de voluntad y ejercicio de la autonomía territorial de los pueblos indígenas. En este contexto, se definieron unas líneas de acción orientadoras del proceso, entre ellas:

1) Territorio y medio ambiente; 2) Modos de Vida; 3) Gobernabilidad y Ley de Origen; y 4)

Fortalecimiento organizativo. Paralelamente, se inició la construcción de las instancias políticas, técnicas y operativas entre PNNC y ACILAPP (Hoyos y Rojas, 2013). Bajo ese contexto, se dio paso al cuarto momento señalado por Hoyos y Rojas (2013), en el cual se fortaleció la coordinación y articulación de la gestión en el marco de la proyección del REM. En esta etapa se avanzó en la identificación de principios, escenarios e instancias de relacionamiento y en la definición de líneas de articulación institucional, lo cual se materializó mediante el inicio del proceso de construcción de los Acuerdos Políticos de Voluntades (APV) entre los años 2011 y 2015, concebidos como un instrumento jurídico de transición hacia el REM.

Con el fin de ofrecer una mayor comprensión de los cuatro momentos del proceso de relacionamiento entre el pueblo Murui Muina y PNNC, enseguida se presentan dos esquemas en los que se identifican tanto los principales hitos históricos del relacionamiento, como el proceso de construcción de los APV (Esquemas 1 y 2):

Figura 22. Momentos del proceso de relacionamiento entre PNNC-PNN La Paya con el pueblo Murui Muina

Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas y Hoyos (2013) y PNN La Paya y ACILAPP

(2020)

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Figura 23. Proceso de construcción de los Acuerdos Políticos de Voluntades (APV)PNN La Paya-PNNC-pueblo Murui Muina

Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas y Hoyos (2013) y PNN La Paya y ACILAPP

(2020)

La formalización de estos APV se llevó a cabo durante un evento realizado entre el 26 y

27 de noviembre de 2015, en donde participaron autoridades de las tres dependencias de

PNNC, incluida Julia Miranda en su calidad de directora nacional de la entidad. Por parte del pueblo Murui Muina participaron las autoridades políticas y tradicionales de cada uno de los resguardos que tenían superposición o vecindad con el PNN La Paya, junto con autoridades y delegados de ACILAPP.

En este espacio se formalizaron tanto la estructura institucional como las líneas temáticas de este instrumento, así como su objetivo principal: avanzar hacia la construcción del Régimen Especial de Manejo (REM) para las áreas superpuestas entre el PNN La Paya y los resguardos indígenas (PNNC, 2015) (Foto 1).

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Figura 24. Protocolización de los APV entre Parques Nacionales y Autoridades Murui- Muina asociadas al PNN La Paya

Fuente: PNNC, 2015

4.3.7 De la superposición a la coordinación

A lo largo de este capítulo se documentó el inicio del proceso de superposición de la territorialidad de PNNC sobre las territorialidades y territorios de la comunidad de Agua Negra y el pueblo Murui Muina. Este proceso consistió no solo en el establecimiento del polígono declarado como PNN La Paya, sino también en la introducción de formas específicas de producir, concebir y gobernar el territorio. En este marco se evidenció la transición de la territorialidad de PNNC desde el paradigma de la “conservación sin gente” hacia la “conservación con gente”.

Lo anterior se expresó particularmente en la forma en que la declaración de esta área protegida se fundamentó inicialmente en criterios propios de la biología de la conservación, que asociaban a las comunidades locales con proceso de alteración de la base natural del territorio , Bajo esta perspectiva, dichas comunidades eran consideradas sujetos susceptibles de ser reubicados, con el fin de consolidar la idea de conservación de la naturaleza prístina, lo cual implicó el desconocimiento de las territorialidades indígenas allí presentes.

Esta dinámica se evidenció también en los primeros momentos de la gestión del PNN La Paya, los cuales, aunque lograban identificar prácticas de uso indiscriminado de algunos recursos naturales, no reconocían plenamente, en un primer momento, los usos del territorio que resultaban compatibles con la conservación y que hacían parte de las prácticas que tenían muchas comunidades indígenas.

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Posteriormente, se observó cómo la gestión de PNNC en el PNN La Paya fue transitando hacia el paradigma de la “conservación con gente”, impulsado desde ámbitos institucionales nacionales, en el cual se reconocía la necesidad de avanzar hacia estrategias participativas orientadas a la conservación. Sin embargo, este tránsito también implicó el establecimiento progresivo de lenguajes, instrumentos y estrategias institucionales propios de la gestión de PNNC sobre las territorialidades Murui Muina. Esto se evidenció, por ejemplo, en la necesidad de que estas comunidades se adaptaran a instrumentos como la sectorización del área protegida, a la implementación de acciones orientadas por las líneas estratégicas de PNNC y a las formas de contratación institucional asociadas al funcionamiento de esta entidad.

Además de esto, el análisis mostró cómo el fortalecimiento de las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas, junto con las dificultades que enfrentaba PNNC para gestionar el PNN La Paya, así como los procesos regionales y nacionales de coordinación desarrollados entre autoridades indígenas y PNNC en otras áreas protegidas del SPNN, impulsaron el desarrollo de formas de relacionamiento entre los resguardos Murui Muina y la institución. Este proceso posibilitó avanzar hacia la formalización de mecanismos de coordinación entre ambas autoridades, orientados a consolidar arreglos de gobernanza compartida en las áreas superpuestas, cuyo objetivo formal era la construcción del REM. En suma, se identificó que, aunque el pueblo Murui Muina ha transitado en este proceso desde posiciones iniciales de tensión y disputa con PNNC hacia escenarios en los que la institución es considerada como un aliado para el cuidado del territorio y la protección de sus derechos, el proceso de relacionamiento ha tenido como trasfondo la territorialización de lenguajes, formas de participación y modalidades de trabajo operativo y de planeación característicos de PNNC. Esto se evidencia en la incorporación de conceptos como gobernanza compartida o coordinación de la función pública de conservación; así como en el uso de instrumentos como instancias de coordinación, Acuerdos Políticos de Voluntades o REM, e incluso la adopción de estrategias institucionales como vigilancia y control, el monitoreo o la educación ambiental.

Al mismo tiempo, este proceso también muestra cómo PNNC, en su adaptación institucional hacia el paradigma de “conservación con gente”, comenzó a reconocer progresivamente los sistemas de conocimiento territorial indígena como elementos fundamentales para el cumplimiento de su misión de conservación. Este reconocimiento permitió incorporar prácticas y formas de comprensión del territorio propias de los pueblos indígenas dentro de los procesos de gestión del PNN La Paya.

A partir de este análisis se fundamenta el concepto de “maloca de piedra”, planteado a lo largo de este capítulo, como una forma de representar el proceso mediante el cual PNNC— con sus oficinas frías de cemento y ladrillo y con sus estructuras institucionales de planeación y gestión—empezó a incorporar estrategias de cuidado del territorio de los pueblos indígenas, de manera análoga a la función que cumple la maloca en las comunidades indígenas Murui Muina: un espacio desde el cual se ordena el pensamiento y se proyectan las acciones para el cuidado del territorio.

En ese contexto se encuentra inmerso el caso de estudio de esta investigación, correspondiente a la superposición del resguardo Agua Negra con el PNN La Paya, el cual también hizo parte de estos procesos de relacionamiento y coordinación como parte del pueblo Murui Muina. Esta comunidad fue incorporando progresivamente estos lenguajes y

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estructuras institucionales en sus formas de manejo del territorio, pero, a la vez, inicio un proceso de contribución a la adecuación institucional de PNNC.

Este caso será analizado en los capítulos posteriores, en los cuales se profundizará en el proceso de implementación de los APV en función a la consolidación del REM, como mecanismo e instancia de coordinación orientada a la construcción de un esquema efectivo de gobernanza compartida de los territorios superpuestos entre el pueblo Murui Muina y el PNN La Paya.

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5. Capítulo 3: Las formas de gobernanza del

territorio superpuesto Los capítulos anteriores permitieron analizar una primera etapa del escenario de superposición de las territorialidades de PNNC y la comunidad de Agua Negra en el PNN La Paya. Este análisis reconstruyó las dinámicas de formación territorial a escala nacional, regional y local que dieron lugar a esta superposición, hasta el momento en que se inicia un proceso coordinación formal entre ambas autoridades mediante la construcción de un mecanismo denominado Acuerdos Políticos de Voluntades (APV).

A partir de este recorrido se identificó que la superposición analizada en tesis no se limita a la coincidencia de polígonos político-administrativos que configuran el área de estudio. Más bien, abarca la sobreposición de territorialidades, entendidas como los campos de representación, prácticas y formas de relación con el territorio que distintos actores han producido, mediante estrategias simbólicas, políticas y materiales. En este sentido, el caso de estudio configura un escenario de multiterritorialidades, en el que distintos territorios y formas de habitar el espacio coexisten simultáneamente y generan situaciones de conflicto, negociación y disputa. Estas multiterritorialidades emergen tanto de procesos formales de ordenamiento territorial—como la creación del municipio, el departamento, la reserva forestal o el PNN La Paya—como de formas o informales de ordenamiento asociadas a dinámicas de uso del territorio, entre ellas las zonas de explotación de recursos naturales o sistemas de control territorial vinculados a economías ilegales como los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. No obstante, el análisis también mostró que la interacción entre estas territorialidades no ha estado marcada exclusivamente por el antagonismo. En determinados momentos se han puesto de manifiesto la existencia de intereses compartidos en torno al cuidado y bienestar de las comunidades, lo cual viabilizó la posibilidad de construir mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas y la institucionalidad ambiental. En ese contexto surgió el proceso de construcción de los Acuerdos Políticos de Voluntades (APV), concebidos como un instrumento de coordinación para la gestión del territorio superpuesto. En ese contexto surge este tercer capítulo que examina tanto la implementación de los APV, como otras formas de gobernanza que se configuran en este escenario de superposición territorial. Este análisis se realiza desde la noción de territorialidad, es decir, las formas de representación, apropiación y producción social del territorio por parte de los distintos actores; así como desde el concepto de gobernanza, examinando las relaciones de poder, los mecanismos de decisión y las prácticas mediante las cuales se intenta regular, ordenar o manejar ese territorio. Desde estas perspectivas, el capítulo analiza cómo distintas formas de gobernanza —institucionales, comunitarias e incluso armadas— interactúan, se superponen y en ocasiones entran en tensión en el área de estudio.

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Para abordar el análisis, el capítulo se organiza en cuatro partes. Primero, se examina el origen y desarrollo de la implementación de los APV, comprendiendo su estructura, componentes, formas de implementación y mecanismos de toma de decisiones. Segundo, se exploran otras formas de gobernanza de PNNC, transitando por el análisis del proceso de actualización del Plan de Manejo del PNN La Paya, así como las acciones de gestión de las líneas estratégicas de PNNC aplicadas en áreas superpuestas con territorios Murui Muina. Tercero, se analizan las formas de manejo territorial de la comunidad de Agua Negra sobre el área superpuesta, atendiendo a sus representaciones, usos y formas propias de manejo y gobierno del territorio. Y, por último, se analiza el papel del conflicto armado en las dinámicas de ordenamiento territorial y gobernanza del caso de estudio. En conjunto, este capítulo utiliza el concepto de gobernanza como eje analítico para comprender cómo las múltiples formas de poder y control inciden en la toma de decisiones sobre el territorio superpuesto. Esto permite identificar las diferentes dimensiones, contextos y situaciones que generan las problemáticas de afectación a la diversidad biológica y de los derechos territoriales y fundamentales de la comunidad de Agua Negra, así como los desafíos presentes en la implementación de acciones y estrategias de coordinación conjunta entre ambas autoridades para el manejo del territorio.

5.1 La implementación de los Acuerdos Políticos de

Voluntades El proceso de relacionamiento entre las autoridades Murui Muina y PNNC fue formalizado en el año 2015 mediante la creación de los APV. Este instrumento fue protocolizado como un mecanismo jurídico y técnico construido con base en la política de “conservación con gente” promovida por PNNC. Dicha política buscaba reorganizar y dar mayor a las relaciones entre la institucionalidad ambiental y las comunidades locales asociadas a las áreas protegidas y sus zonas de influencia.

En este sentido, los APV pueden entenderse como un dispositivo de coordinación institucional, orientado a establecer responsabilidades compartidas, definir reglas de relacionamiento y crear un marco de cooperación para el manejo del territorio. Al mismo tiempo, este tipo de instrumento también opera como una forma de regulación de las relaciones entre los actores presentes en el territorio, en la medida en que establece normas, compromisos y expectativas de comportamiento frente al uso y cuidado del espacio protegido.

Ahora bien, como expresaba Claudio Sánchez, integrante de ACILAPP, este instrumento también se construyó a partir de que el pueblo Murui Muina reconoció la importancia de establecer alianzas con PNNC para fortalecer el manejo del territorio, aun cuando su territorialidad es anterior a la creación del PNN La Paya. Según comentaba: Cuando se constituye, bueno, el Parque es más antiguo, digamos así, en temas de legalidad, pero en temas de territorialidad, los pueblos indígenas tienen desde el origen todo un ámbito territorial, pero aparecen las figuras de resguardos indígenas, y ahí ya empiezan a haber unas figuras territoriales que necesitan desarrollar ciertas acciones. Entonces tenemos el área protegida y tenemos los resguardos indígenas. Y entre esas dos figuras empiezan a haber traslapes o sobreposición de áreas (…) Y al haber ese traslape, pues terminan existiendo dos autoridades sobre un área en común. Y en ese efecto, pues, se empieza no solamente a tener ese

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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relacionamiento, esa coordinación, sino cómo vamos a hacer esa administración del territorio, en eso que se conoce como traslape, entre las dos autoridades (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

Esta reflexión sintetiza uno de los elementos centrales del escenario analizado en esta investigación, en donde las acciones de gestión y manejo entre ambas autoridades se enfocan sobre un espacio geográfico claramente delimitado donde confluyen dos ordenamientos territoriales formales: el de la comunidad de Agua Negra y el de PNNC. Ahora bien, el término “formal” se utiliza aquí para referirse a aquellas figuras políticoadministrativas reconocidas jurídicamente por el Estado, que se expresan en un conjunto de normas, políticas públicas, planes de manejo y decisiones institucionales orientadas a regular el uso y manejo del territorio. En este sentido, tanto PNNC, la Fuerza Pública y las autoridades indígenas constituyen formas legítimas de autoridad territorial reconocidas dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

No obstante, estos escenarios superpuestos también se caracterizan por la presencia de otras formas de ordenamiento informal, entendidas como el conjunto de prácticas sociales, acuerdos comunitarios y formas de dinámicas de control territorial mediante las cuales distintos grupos sociales ocupan, usan o transforman el espacio, sin mediación directa de PNNC o de las autoridades indígenas. En el área de estudio, estas territorialidades informales incluyen, entre otras, la presencia de poblaciones colonas y campesinas, así como dinámicas asociadas a economías ilícitas y a la actuación de grupos armados al margen de la ley que ejercen control territorial a través de actividades como la deforestación y el narcotráfico.

De esta manera, mediante los APV, estas dos autoridades reconocieron la superposición de sus territorios y territorialidades sobre un mismo espacio físico. A partir de esto, se organizaron en función a avanzar en un proyecto conjunto de construcción de un esquema de gobernanza compartido que permitiera conciliar sus formas de control del espacio, así como sus representaciones físicas y simbólicas del territorio, en función al fortalecimiento de los procesos de protección de los territorios superpuestos. La implementación de los APV se desarrolló a través de diversas acciones y estrategias de coordinación entre las dos autoridades. Este proceso permitió identificar tanto fortalezas como limitaciones en la gestión conjunta del territorio, así como oportunidades para mejorar los mecanismos de coordinación y manejo territorial, aspectos que se analizan en los siguientes apartados.

5.1.1 El inicio de los Acuerdos

Los APV se fundamentaron en la articulación de las estructuras político-organizativas del pueblo Murui Muina, tanto en sus dimensiones como cabildos y resguardos, como en su organización política indígena, en cabeza de ACILAPP, con la estructura de gestión PNNC en sus tres dependencias (local, regional y nacional). En efecto, su protocolización como instrumento jurídico y técnico integró los principios y la estructura organizacional de cada autoridad, permitiendo consolidar el siguiente objetivo común: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, logísticos y financieros para el desarrollo de acciones conjuntas que permitan avanzar en la construcción e implementación de Acuerdos de Manejo y Régimen Especial de Manejo con el pueblo Murui Muina asociado a ACILAPP, que se encuentra traslapado con el PNN La Paya a través

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de figuras de resguardo y territorio ancestral y tradicional; así como la gestión conjunta con comunidades, resguardos, cabildos que se encuentran en el área de influencia (ACILAPP y PNN La Paya, 2015: pág. 10).

Este objetivo tuvo como principal fundamento el ya mencionado artículo 7 del decreto 622 de 1977, que expresa como en los casos de concurrencia, traslape o superposición entre territorios indígenas y PNNC se “respetará la permanencia de la comunidad indígena en el área y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando tecnologías compatibles con los objetivos del sistema”. Este principio se materializa mediante el establecimiento de acuerdos de manejo o un Régimen Especial de Manejo.

Este reconocimiento parte entonces del principio de compatibilidad entre las áreas protegidas del SPNN y los territorios indígenas, entendidos conforme a la interpretación y aplicación progresiva de esta normatividad a partir de la Constitución de 1991, la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT y los desarrollos jurisprudenciales en esta materia60. Sumado a lo anterior, el objeto de este APV no estuvo dirigido específicamente a una comunidad, sino a todas las que hacen parte del pueblo Murui Muina adscritas a ACILAPP con territorios de superposición con el PNN La Paya. Esto resultó ser una conquista del movimiento indígena Murui Muina de Puerto Leguízamo, puesto que permitió posicionar una forma de articulación más cercana, directa y formal con PNNC y, a la vez, avanzar hacia la superación de una forma de relacionamiento desigual. En este esquema previo, aunque PNNC mantenía relaciones con las comunidades, estas respondían, en mayor medida a las necesidades o intereses de su misionalidad como institución pública ambiental, mediante acciones discontinuas, inconstantes e insuficientes para el cuidado del territorio. Esto fue expresado por Claudio Sánchez, integrante de ACILAPP, de la siguiente manera:

Durante en el proceso de relacionamiento se empieza a buscar el ejercicio de que la gobernanza sea conjunta entre los pueblos indígenas que están dentro del territorio. Y en ese momento, así como está el pueblo Murui Muina, está el pueblo Kichwa, está el pueblo Zio Bain, está el pueblo Korebajü. Entonces, también se busca cómo se puede hacer un blindaje entre los pueblos indígenas sobre un área que ha sido muy difícil el ejercicio efectivo, el ejercicio eficiente de parques, pero bajo el ejercicio de la gobernabilidad de los pueblos indígenas de cuanto se pueda proteger el territorio. Entonces, hacia allá va encaminado (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

60 Como se mencionó en capítulos anteriores, y conforme con Jiménez (2013), con la derogación de la ley 30 de 1988 por la ley 164 de 1995, y el decreto 2117 de 1969 por el decreto 2164 de 1995, fue establecido en el país la posibilidad de adjudicar tierras a los pueblos indígenas solo mediante la figura de resguardo a la luz de que permiten la propiedad colectiva sobre los territorios; imposibilitando la adjudicación por medio de la figura de reservas indígenas, puesto que son una categoría que solo otorga derechos de goce y uso de las comunidades. Con base en esto, Jiménez (2013) determina que se hace “necesaria la interpretación y aplicación progresiva de los derechos de los pueblos indígenas a la luz de la Constitución de 1911, el Convenio 169 de la OIT y los desarrollos jurisprudenciales, y en este sentido se entienden compatibles las figuras de resguardo y Parque Nacional Natural” (pág. 11)

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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Según esto, la apuesta del pueblo Murui Muina mediante los APV consistió en avanzar en un modelo de gobernanza que resultara ser más eficaz para el manejo del territorio y, al mismo tiempo, más directo en la gestión conjunta con PNNC. En efecto, esta apuesta buscaba avanzar en la reorientación de la gobernanza de los territorios superpuestos del área protegida, teniendo como fundamento el reconocimiento no solo de las superposiciones con resguardos, sino también con el territorio ancestral y tradicional indígena.

Es decir, se buscaba posibilitar una mayor participación del pueblo Murui Muina en los asuntos de gestión y manejo de PNNC, de modo que las formas de uso y manejo del territorio de las comunidades adquirieran un mayor reconocimiento en el cuidado del área, tanto en términos de responsabilidades como de garantías para su ejercicio. En el marco de estos APV, ambas autoridades establecieron una estructura de funcionamiento fundamentada tanto en los Planes de Vida y Salvaguarda del pueblo Murui Muina como en la planeación del manejo de PNNC. Asimismo, definieron como actividad principal la construcción conjunta de una agenda de trabajo orientada tanto a la conservación del área protegida como al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Murui Muina con territorios superpuestos con el PNN La Paya, reconociendo además las relaciones con instituciones, comunidades aledañas y transfronterizas. Por este motivo, puede interpretarse que los APV no se construyeron únicamente como una estrategia orientada al manejo compartido de las áreas superpuestas, sino también como un mecanismo de diálogo y concertación sobre el manejo de las relaciones de poder entre ambas autoridades, así como sobre sus relaciones interculturales en el marco de enfoques diferenciales y políticas participativas. Bajo este direccionamiento, y con base en los procesos de construcción de los APV entre los años 2010 y 2014, ambas autoridades organizaron la estructura de este mecanismo, compuesta por los siguientes elementos: Cuadro 3. Componentes de los APV Murui Muina-PNN La Paya-PNNC Elemento APV Descripción Marco normativo Congrega el marco jurídico bajo la Constitución Política de 1991, que propende por los derechos de los territorios colectivos de los pueblos indígenas y la legislación ambiental de Colombia.

Objeto del Acuerdo Direcciona las acciones de las dos autoridades con el propósito de “aunar esfuerzos técnicos, humanos, logísticos y financieros para el desarrollo de acciones conjuntas que permitan avanzar en la construcción e implementación de Acuerdos de Manejo y Régimen Especial de Manejo con el pueblo Murui Muina asociado en ACILAPP que se encuentra traslapado con el PNN La Paya, a través de figuras de resguardo y territorio ancestral y tradicional; así como la gestión conjunta con comunidades, resguardos, cabildos que se encuentran en el área de influencia, […]”. Subrayado fuera de texto.

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Principios de relacionamiento

Se acordaron cinco principios generales para la participación social en la conservación, que parten de un enfoque de derechos particulares para la protección de la diversidad étnica y cultural: 1) Coordinación,

2) Derechos territoriales, 3) Interculturalidad, 4) Respeto a la libre

determinación y 5) Corresponsabilidad Líneas temáticas Es la agenda conjunta que articula y coordina la implementación de los ejes temáticos, programas, estrategias de salvaguarda y líneas de acción, definidas en el Plan de Vida y el Plan Salvaguarda, con el Plan de Manejo del AP.

Mecanismo de implementación Es el instrumento denominado Plan de Acción, donde se definen las líneas temáticas, actividades generales, actividades específicas, productos, presupuesto asignado y responsables.

Instancias de coordinación Este componente está orientado a que las autoridades pueden hacer seguimiento al avance del proceso y promover la participación comunitaria en la toma de decisiones.

Fuente: Acuerdos Políticos de Voluntades Pueblo Murui Muina-PNN La Paya-PNNC,

2015

A partir de esta estructura se inició la implementación de los APV desde el año 2015, la cual se materializó mediante la construcción de un plan de acción conjunto que integrara tanto los componentes temáticos, estrategias y acciones del Plan de vida y Salvaguarda del pueblo Murui Muina, como las metas estratégicas del Plan de Manejo y de la planeación del manejo del PNN La Paya61.

El proceso de aprobación, implementación y evaluación del plan de acción se estructuró a partir de las instancias de coordinación de los APV, en las cuales “debía ser consultado y concertado el plan de acción] en el Comité Consultor con la participación de las comunidades indígenas, revisado técnicamente con actas y documentos de implementación en el Comité Operativo, y evaluado en el Comité Técnico, para la

61 En el contexto del SPNN, la planeación del manejo se refiere al proceso previo y participativo mediante el cual se recogen insumos técnicos, ecológicos, sociales y culturales necesarios para la elaboración o actualización del plan de manejo. Este proceso incluye el análisis del estado de conservación del área, la identificación de actores clave, el desarrollo de acuerdos con comunidades locales —incluyendo pueblos indígenas— y la definición de lineamientos estratégicos para la gestión del territorio. Por su parte, el plan de manejo es el documento técnico-normativo que resulta de dicho proceso y que establece los objetivos de conservación, la zonificación del área protegida, y los programas específicos para su manejo, control, uso público, restauración y monitoreo, con base en lo acordado durante la fase de planeación. En ese sentido, la planeación del manejo constituye la fase de construcción colectiva y diagnóstica, mientras que el plan de manejo es el instrumento formal que orienta la gestión del parque a mediano y largo plazo (MinAmbiente, 2022)

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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generación de los indicadores de seguimiento a las metas propuestas anualmente” (ACILAPP y PNN La Paya, 2020: 24). A continuación, se presenta una descripción sucinta de las instancias de coordinación: Cuadro 4. Instancias de coordinación de los APV pueblo Murui Muina-PNN La Paya-

PNNC

Comité Participantes Funciones Sesiones Directivo Comité Directivo y coordinador de área de territorio de

ACILAPP

y autoridades de comunidades indígenas.

Directores de los tres niveles (nacional, regional y local) de Parques Nacionales

1. Orientar y definir las

acciones para el cumplimiento del APV

2. Gestionar la consecución

de los recursos para la implementación del APV

3. Aprobar la suscripción del

Plan de Acción General del

APV

4. Realizar seguimiento a la

implementación del APV Cada dos años desde la suscripción del APV; y sesiones extraordinarias para toma de decisiones estructurales Técnico Comité Directivo y técnico y coordinador de área de territorio de

ACILAPP

Director regional

PNNC,

jefe y profesionales del PNN La Paya

1. Elaboración y aprobación

de plan de trabajo anual

2. Aprobación de recursos

para implementación de plan de acción anual.

3. Seguimiento del plan de

trabajo anual

4. Asesoría técnica sobre

implementación del APV

5. Presentación de informe de

seguimiento a Comité Directivo Dos veces al año; y sesiones extraordinarias cuando alguna parte lo requiera y cuando las situaciones no se puedan resolver en las otras instancias

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Comité Participantes Funciones Sesiones Operativo Coordinador y profesional de área de territorio y autoridad tradicional de

ACILAPP.

Autoridades políticas y tradicionales de las comunidades indígenas, según sea requerido.

Jefe y profesionales del PNN La Paya

1. Coordinar e implementar

las actividades del plan de trabajo anual

Facilitarla participación activa de las comunidades locales en la gestión del territorio traslapado o área de influencia

3. Sistematiza y organizar de

manera ordenada los documentos generados durante el desarrollo de las actividades.

4. Orientar el papel del enlace

técnico entre ACILAPP y el PNN La Paya definiendo el plan de trabajo anual

5. Coordinar actividades con

las comunidades del sector Caquetá, sector Putumayo- Caucayá.

Tres veces al año; y sesiones extraordinarias que convoque el comité operativo según requiera.

Consultor Autoridades políticas y tradicionales de las comunidades indígenas. Comité directivo y técnico de ACILAPP.

Personal de enlace PNN La Paya y

ACILAPP

1. Revisar y orientar el plan

de trabajo general y el plan de trabajo anual

2. Orientar el proceso de

relacionamiento entre ACILAPP, PNN La Paya y las comunidades.

Una vez al año y sesiones extraordinarios según el Comité Consultor requiera.

Fuente: Acuerdos Políticos de Voluntades pueblo Murui Muina-PNN La Paya-PNNC, 2015 Como señalaba Claudio Sánchez de ACILAPP, estas instancias de coordinación se convirtieron en el escenario formal de diálogo, planeación y coordinación entre ambas autoridades sobre los territorios superpuestos, aun cuando predomina la visión institucional, no hay una acogida a las formas de organización Murui Muina: A estas instancias les corresponde direccionar, construir, validar esos planes de acción en función del objeto del Acuerdo Político de Voluntades. Entonces ahí es donde tenemos instancias operativas, instancias constructivas, instancias técnicas

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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e instancias directivas. Cada uno, pues, con unos alcances y unas competencias y unas funciones y, de acuerdo a esas competencias, esas funciones y alcances, pues también va el nivel de participación de esas instancias (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

De acuerdo con lo anterior, se observa que cada una estas instancias o comités posee unos alcances diferenciados, asociados a los distintos grados de participación y avance de los planes de acción, los cuales se van desarrollando progresivamente conforme avanza su implementación y evaluación.

Así, el Comité Directivo se estableció para aprobar el plan de acción a largo plazo junto con su financiación, y en él participan las autoridades indígenas—delegados de ACILAPP y autoridades de los resguardos y cabildos— junto con las autoridades de PNNC. Este comité se encuentra precedido por los Comités Técnicos y Operativos, en los cuales se reúnen las autoridades de cada uno de los resguardos, los coordinadores, el equipo técnico y autoridades políticas y tradicionales de ACILAPP, así como las autoridades regional y local de PNNC junto con el equipo técnico del PNN La Paya.

En estas instancias se analiza el proceso de implementación de los planes de acción, así las formas de participación y la gestión de recursos, hasta consolidar una propuesta general de desarrollo de los APV, que posteriormente es presentada para su aprobación en el Comité Directivo. En otras palabras, la toma de decisiones en el marco de los APV se estructuró como una escala de coordinación que parte del nivel local, se articula con el nivel regional y culmina en el nivel nacional, en donde se analiza la implementación de este mecanismo y se proyectan nuevas etapas de implementación. Ahora bien, frente a esta estructura planteada, es necesario especificar cómo se desarrolla en la práctica. Los ejercicios de observación participante realizados en esta investigación, durante el año 2023 tuvieron lugar en un contexto de fragmentación entre ambas autoridades, generado por un periodo de suspensión de las instancias y las acciones de los APV, el cual se detallará más adelante. No obstante, fue posible identificar la forma de cómo se desarrollan estos escenarios de planeación y coordinación, así como los grados de participación que los componen.

Un primer elemento identificado es que estas instancias de coordinación se realizan en el casco urbano de Puerto Leguízamo, en mayor medida en las instalaciones de ACILAPP, que corresponden a una maloca o Jofo Ananeko62 del pueblo Murui Muina. La elección de este lugar se debe fundamentalmente a que constituye uno de los espacios más amplios del casco urbano, lo que permite la participación y el diálogo entre las distintas personas y autoridades involucradas en los APV.

62 De acuerdo con la tradición del pueblo Murui Muina, el Jofo Ananeko hace referencia a la maloca, en donde se imparten los conocimientos de las plantas sagradas del Jibina (Coca), Dɨona (Tabaco) y Farekatofe (Yuca dulce), las cuales cumplen una función espiritual en la vida cotidiana del pueblo Murui Muina, desde donde “se sostiene, orienta y direcciona el principio de la vida tradicional y la relación Hombre – Naturaleza”. En la maloca se imparte esta tradición ancestral “mediante el Yetarafue (palabra de consejo), el cual es orientado por el Einamakɨ (consejo de sabedores tradicionales)” (ACILAPP, 2012)

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En este espacio se desarrollan principalmente las instancias con mayor poder de decisión y mayor presencia de representantes y delegados de ambas autoridades, particularmente los comités directivos y técnicos. Por su parte los comités coordinador y consultor suelen realizarse tanto en el Jofo Ananeko como en las oficinas contiguas de ACILAPP, así como en la sede administrativa del PNN La Paya, ubicada también en el casco urbano de Puerto Leguízamo. Esto evidencia cómo estas instancias se estructuraron bajo un modelo de centralización administrativa local, en la cual la toma de decisiones se realiza mediante la concentración de los diferentes actores en la cabecera municipal. Ahora bien, como se señaló en el cuadro y apartados anteriores, este sistema de toma de decisiones está estructurado para permitir la participación de todas las autoridades involucradas. En el caso de las autoridades indígenas, este mecanismo está diseñado en la forma de delegación. Por un lado, la participación de las comunidades en los APV se realiza a través de su autoridad política, denominada gobernador o gobernadora, y en algunos casos con el acompañamiento de los demás representantes de la estructura de gobierno propio de cada comunidad, comúnmente conocidos como cabildo indígena63. En términos de Souza (2006) y Lizcano-Fernández (2012), estas autoridades se desempeñan como portavoces o mediadores de sus representados; es decir, reciben instrucciones de un órgano superior de decisión—la comunidad—cuyo mandato es efímero, dado que se elige cada año, e imperativo, en el sentido de que su función consiste en trasladas las deliberaciones de su base social a otros órganos de decisión—en este caso, las instancias de los APV—-. En este sentido, su capacidad de decisión se encuentra condicionada por mandatos comunitarios, lo cual evidencia que la participación indígena en este mecanismo se fundamenta en una lógica de representación colectiva más que en decisiones individuales de los delegados, resaltando que tienen libertad de decisión solo para asuntos rutinarios.

Por otro lado, ACILAPP también cumple un papel de vocería colectiva de las comunidades en su conjunto. Sus delegados son integrantes de la organización que provienen de liderazgos de cada comunidad, elegidos por los gobernadores de los resguardos mediante congresos de ACILAPP que se realizan cada cuatro años64. Entre ellos se encuentran,

63 En la actualidad, los cabildos indígenas están regulados y protegidos por la Ley 89 de 1890, la Constitución de 1991 y normas actuales como la Ley 21 de 1991 que rigen para todas las comunidades legalmente constituidas en el país (cabildos y resguardos). De modo general para las comunidades Murui Muina, está representado por un gobernador (a), que es la máxima autoridad; un(a) alcalde menor, que apoya al gobernador o lo reemplaza en su ausencia; un(a) alguacil, que se encarga del orden y cumplimiento de las normas comunitarias; un(a) secretario(a), responsable de la documentación, actas y comunicaciones; un(a) tesorero(a), que maneja los recursos económicos del cabildo y realiza control financiero; y las autoridades tradicionales, quienes guían espiritualmente los procesos administrativos del cabildo.

64 Estos congresos se realizan en la sede de ACILAPP, con una duración aproximada de cuatro días, en donde cada uno de los coordinadores de la organización le presenta los resultados de su gestión a los representantes de las comunidades, quienes en la mayoría de los casos consta de los delegados de las estructuras de gobierno propio de cada resguardo y cabildo. Y luego de las deliberaciones y evaluación conjunta, se realiza una elección democrática de los nuevos delegados para los próximos cuatro años.

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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primero, las autoridades de la organización: Consejero Mayor—autoridad política y representante de la asociación—Consejero Subcoordinador y una Autoridad Tradicional65. Segundo, participa el equipo técnico del área de Territorio, Frontera, Medio Ambiente y Recursos Naturales, una de las coordinaciones de ACILAPP encargada de los asuntos relacionados con los derechos territoriales y ambientales de las comunidades. Desde esta área se lideran los procesos técnicos asociados al APV y al relacionamiento con PNNC. Este equipo está conformado por un coordinador principal, acompañado por profesionales, técnicos y operarios voluntarios o contratados mediante fondos propios de la organización o mediante proyectos con instituciones públicas o privadas66.

En el caso de PNNC, los roles de representación en las diferentes instancias de coordinación de los APV recaen en los jefes de las dependencias de esta institución. Así, para el caso del nivel general, la autoridad competente es el Director o Directora General— o su delegado—; en el nivel regional, el Director o Directora Territorial; y en el nivel local, el jefe o jefa del área protegida.

Estas autoridades suelen participar acompañadas de los equipos técnicos y profesionales asociados a cada nivel o dependencia de la institución, generalmente profesionales especializados en el área de gobernanza y relacionamiento con comunidades. En el nivel local cobra especial relevancia la participación del profesional encargado de Estrategias Especiales de Manejo (EEM), quien lidera los procesos de relacionamiento con pueblos indígenas, así como de otros profesionales relacionados con los distintos procesos vinculados con la toma de decisiones, como restauración, gestión del conocimiento, plan de manejo y relacionamiento con comunidades campesinas.

Ahora bien, otro elemento identificado durante el trabajo de campo, relacionado con la implementación de las instancias de coordinación de los APV, corresponde a la existencia de escenarios autónomos de participación previos a dichas instancias, tanto en el ámbito de PNNC como del pueblo Murui Muina. En estos espacios cada autoridad delibera y toma decisiones internas conforme a sus necesidades, intereses y proyecciones, para posteriormente llevar estas posiciones a los diferentes comités de coordinación. En el caso del pueblo Murui Muina, estos espacios autónomos se desarrollan conforme a su forma de organización cultural tradicional. Allí, las autoridades políticas y tradicionales de cada resguardo, junto con los delegados de ACILAPP, se reúnen en el Jofo Ananeko, por intermedio de la orientación de las autoridades tradicionales y el sistema de conocimiento Murui Muina de las plantas sagradas de Jibina, Dɨona y Fareka, con las cuales se mambea67 el proceso, es decir, se reflexiona, planifica y toman decisiones conjuntas para instalar en las instancias de coordinación con PNNC.

65 De acuerdo con el último congreso de ACILAPP, ratificado mediante la Resolución 031 del 07 de febrero de 2024, a estos delegados principales de la organización se suman un consejero secretario general, un consejero tesorero, un consejero vocal y un representante del consejo de ancianos. 66 Para el año 2023, el equipo estaba conformado por un técnico y dos operarios contratados mediante fondos de los APV, quienes se encargan de viabilizar la realización de las acciones e instancias de este mecanismo.

67 Este término hace referencia a la verbalización del sustantivo mambeadero, que hace referencia un escenario tradicional del pueblo Murui Muina y de la gente de Centro en donde las autoridades espirituales, mediante el uso de las plantas sagradas de Jibina (coca) en forma de mambe (polvo

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Por parte de PNNC, los espacios autónomos de deliberación corresponden principalmente a reuniones internas del equipo técnico del PNN La Paya, con los profesionales y directores de las dependencias territorial y nacional de PNNC—o sus delegados—con capacidad de decisión. En estos espacios se analizan y definen las posiciones institucionales que serán presentadas posteriormente en las instancias de coordinación con las autoridades indígenas; particularmente temas como los alcances presupuestales y técnicos, el cumplimiento de las metas de los APV, el funcionamiento y eficacia del sistema de coordinación, entre otros.

En general, estos APV permitieron formalizar un escenario de toma de decisiones conjuntas en torno el manejo y gobernanza de los territorios superpuestos. Este proceso introdujo nuevos elementos para la coordinación entre ambas autoridades, tales como la creación de espacios de diálogo continuo entre PNNC y las comunidades, el análisis y decisiones conjuntas del uso y manejo de recursos económicos, tecnologías e infraestructura, así como la construcción de una concepción del territorio más allá de un espacio físico o área superpuesta, como, por ejemplo, el territorio como procesos de relacionamiento intercultural.

Desde una perspectiva más amplia, esta experiencia permite comprender que el proceso de implementación de los APV no solo configuró un mecanismo administrativo de coordinación, sino también un proceso de aprendizaje institucional y político sobre cómo gestionar territorios caracterizados por la superposición de autoridades y territorialidades. En este sentido, la experiencia documentada en este estudio constituye un ejemplo etnográfico de formalización de procesos de relacionamiento y coordinación entre autoridades indígenas y una entidad estatal ambiental, aspecto que resulta relevante para comprender procesos similares en otras áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Desde la perspectiva de Echeverri (2001), esta experiencia puede comprenderse como la construcción de un modelo relacional de territorio, entendido como “tejido” más que como simple área geográfica: un “cuerpo viviente que se alimenta, reproduce y teje relaciones con otros cuerpos (…) bien sea de conflicto o acuerdo” (págs. 263-264). En otras palabras, los APV permitieron comprender el manejo de los territorios como un ejercicio de diálogo intercultural, de familiarización de las relaciones de poder e intercambio cultural entre cada uno de los actores. En síntesis, ha posibilitado concebir el manejo territorial como un proceso de fortalecimiento de las relaciones, tanto entre ellos mismos, como desde su interior.

5.1.2 El desarrollo y los logros

El desarrollo de los APV del pueblo Murui Muina y PNNC permitió aumentar el reconocimiento y posicionamiento de las necesidades, intereses y formas de manejo del territorio de las comunidades, como uno de los objetivos comunes entre ambas autoridades. En este sentido, los APV posibilitaron avances en la adecuación de la

de coca con cenizas de yarumo), junto con el tabaco (pasta de tabaco mezclada con frutos espesos y sal de monte) y la fareka (Yuca) en forma de bebida tradicional, transmiten conocimientos, reflexionan, dialogan con las comunidades, planifican, curan enfermedades y toman decisiones sobre un tema o situación particular.

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misionalidad de conservación de PNNC en las áreas superpuestas, en función de los procesos de gobernanza territorial indígena.

Lo anterior se evidenció en los logros estructurales alcanzados en la implementación de los APV hasta el año 2020, los cuales permitieron posicionar distintos elementos para el fortalecimiento cultural y del gobierno propio como estrategias para la conservación de los territorios superpuestos.

En primer lugar, se estableció la línea estratégica denominada “Fortalecimiento de la gobernanza”, en la que se concertaron y desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de las prácticas tradicionales y de las estructuras organizativas de cada comunidad. Entre estas acciones se destacan el apoyo a las chagras tradicionales, la realización de bailes tradicionales68, el fortalecimiento de los espacios de transmisión de conocimiento (mambeaderos), la construcción y recuperación de casas de sanación y malocas (Jofo Ananeko), el fortalecimiento de las guardias indígenas y la realización de capacitaciones a las comunidades y a ACILAPP en temas relacionados con la normatividad y el funcionamiento de PNNC, los derechos territoriales indígenas y la elaboración de documentos y actas para los procesos comunitarios.

En esta misma línea estratégica se llevaron a cabo acciones orientadas a la identificación y resolución de conflictos territoriales entre comunidades campesinas e indígenas, así como procesos de caracterización de los límites de los territorios de las comunidades mediante recorridos de prevención, vigilancia y control desarrollados en coordinación con los equipos de guardias indígenas y las autoridades de los territorios indígenas. También se realizaron encuentros y acuerdos interétnicos, interorganizacionales e interinstitucionales para la prevención, identificación, mitigación y resolución de los conflictos socioambientales y territoriales identificados.

Una de las acciones que hicieron parte de esta línea estratégica en el caso del resguardo Agua Negra, fue la reconstrucción del Jofo Ananeko en el año 2019, el cual se encontraba abandonado y en condiciones desfavorables para su uso. A su vez, dentro de estas acciones en Agua Negra, se realizaron recorridos de control y vigilancia en los límites del resguardo, lo que permitió identificar diversas afectaciones al territorio, tales como la siembra de cultivos de uso ilícito, procesos de deforestación y la apertura de caminos de

68 El baile tradicional Murui‑Muina, como lo muestran Tobón y Kuiro Castro (2020), junto con la documentación etnográfica de Juan Álvaro Echeverri y Roberto Pineda Camacho, es mucho más que una danza: es una práctica ritual colectiva que cumple funciones de sanación, resistencia cultural e identidad comunitaria. Según Tobón & Kuiro Castro, el Yuaki Muinai articula el cultivo, la recolección de frutos, cantos, plantas sagradas y ofrendas como una “reacción” frente a amenazas simbólicas y reales, a lo que ellos llaman patógenos, restableciendo relaciones sociales y espirituales con el territorio. Por su parte, Echeverri ha descrito cómo estos bailes (y los cantos asociados, como los del ritual de frutas) están estrechamente ligados a la autoridad ancestral, a la transmisión intergeneracional de saberes, al uso cosmológico del territorio y al fortalecimiento del sentido de pertenencia, siendo transmitidos por linajes y practicados en condiciones ceremoniales que vinculan la comunidad con su historia, el territorio y la naturaleza. En conjunto, estas fuentes muestran que el baile Murui‑Muina constituye una forma de gobernanza ancestral: no solo se baila para celebrar, sino para sanar, enseñar, reclamar autonomía y reorganizar la vida comunitaria en diálogo con sus orígenes, su espiritualidad y su entorno.

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tránsito y asentamiento de personas externas a la comunidad (PNN La Paya y ACILAPP,

2020).

La segunda línea estratégica de los APV se denominó como “Conservación, uso y manejo del territorio”, en la que se adelantaron acciones como la caracterización diagnóstica de los resguardos Murui Muina superpuestos con el área protegida, con el propósito de identificar la diversidad biológica presente y reconocer elementos culturales relevantes para el manejo territorial, como los calendarios ecológicos y las chagras tradicionales. Dentro de esta línea estratégica también se realizaron talleres de entrenamiento de equipos técnicos para la implementación de los Mapeos de Usos y Costumbres Comunitarios (MUCC), orientados al reconocimiento de las fortalezas sociales y culturales relacionadas con el uso de los recursos naturales en los resguardos. Estos ejercicios permitieron identificar aspectos como la identidad cultural, la ubicación y delimitación de los resguardos, la densidad poblacional, la infraestructura comunitaria y los sistemas culturales y de gobierno propio, entre otros elementos relevantes para el manejo territorial. Como resultado de la implementación de estos MUCC se identificaron diferentes variables que ponían en riesgo el bienestar de las comunidades. Entre ellas se evidenció la disminución de la población adulta y adulta mayor, lo cual reveló problemáticas relacionadas con la disponibilidad de personas para el desarrollo de labores productivas agrícolas para la subsistencia, así como para el ejercicio del liderazgo político de las comunidades. Así mismo, se identificó la fragmentación de los procesos de transmisión de conocimiento cultural tradicional, lo cual resulta particularmente relevante en el contexto del pueblo Murui muina, donde gran parte del conocimiento cultural tradicional reposa en las personas mayores. Estas problemáticas también fueron identificadas en el resguardo Agua Negra, principalmente como consecuencia de los diferentes procesos de desplazamiento forzado asociados al conflicto armado (PNN La Paya y ACILAPP, 2020). Además de los MUCC, en esta misma línea también se adelantaron acciones de fortalecimiento de chagras y bailes tradicionales. En el caso del resguardo Agua Negra, se les dotó de herramientas a la comunidad para el establecimiento de chagras tradicionales y de equipos de río para la comercialización de los productos obtenidos en ellas. También se financió un baile tradicional como estrategia tanto para la recuperación e intercambio de semillas producto de las chagras tradicionales y el territorio, así como para el fortalecimiento de la cohesión cultural y comunitaria (PNN La Paya y ACILAPP, 2020). En esta misma línea estratégica, se avanzó además en acciones para la promoción, planeación y construcción de reglamentos internos de los resguardos superpuestos, en función a fortalecer su gobernanza y gobernabilidad territorial de manera autónoma. Estos reglamentos establecen principios, normas y reglas para la organización política y de manejo del territorio. Además de esto, se establecieron métodos de control y vigilancia articulados entre PNNC y las comunidades Murui Muina, como por ejemplo la administración conjunta de las cabañas ubicadas en cada uno de los sectores de gestión del PNN La Paya.

Como parte de estas acciones en la comunidad de Agua Negra, se consolidó el reglamento propio del resguardo en el año 2019, en el que se incluyeron elementos como la memoria histórica de la comunidad, los principios y objetivos del resguardo, los derechos y deberes de sus integrantes, la estructura de gobierno propio, así como las reglas y principios de uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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La tercera línea estratégica de los APV se denominó como “Mecanismos de participación o instancias de coordinación”, la cual se materializó a través del funcionamiento de las distintas instancias de coordinación del acuerdo. En el marco de estas instancias, se evaluó conjuntamente la participación de las comunidades desde un enfoque intergeneracional y de género, identificándose como una de las principales debilidades la falta de participación de las mujeres y jóvenes en estos espacios de decisión (PNN La Paya y ACILAPP, 2020).

En conjunto, estas líneas estratégicas y las acciones desarrolladas dejan ver cómo los APV permitieron posicionar diversos intereses, necesidades, conocimientos y proyecciones del pueblo Murui Muina relacionadas con el manejo territorial como uno de los objetivos principales de este mecanismo de coordinación, lo cual se corresponde con una de las metas del objetivo de este instrumento, que le apunta a impulsar el bienestar de las comunidades como estrategia para fortalecer el cuidado de los territorios superpuestos. Esto significó un incremento en la participación del pueblo Murui Muina en la gobernanza de los territorios superpuestos con el PNN La Paya.

5.1.3 La financiación

La realización de las acciones establecidas para la implementación de los APV se financia principalmente a través de la gestión de PNNC69, la cual se orienta a partir de las acciones y estrategias concertadas durante las instancias de coordinación. De ahí la importancia de la consolidación de acuerdos formales como los APV o los REM, ya que permiten establecer escenarios de diálogo con mayor participación de las comunidades y de ACILAPP en las decisiones orientadas al cuidado del territorio y al bienestar de las comunidades con territorios superpuestos con el PNN La Paya.

De acuerdo con ACILAPP y el PNN La Paya (2020), hasta el año 2020 fueron tres los fondos gestionados por PNNC para la implementación de los APV: el presupuesto del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) del Gobierno Nacional; los recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente-Corazón de la Amazonía, financiado por la asociación internacional Global Enviromental Facility (GEF); y los recursos del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la Unión Europea.

Durante los distintos años de implementación de los APV, las decisiones adoptadas en las instancias de coordinación y la planeación de los planes de acción se han articulado con la gestión de recursos provenientes de estas tres fuentes de financiación. En este proceso, las estrategias y acciones definidas en los planes de acción deben adecuarse a los

69 Es importante mencionar que la gestión de recursos económicos para los APV también puede ser gestionada por parte de ACILAPP y las comunidades, así como por otros actores pertinentes, como, por ejemplo, instituciones académicas o de investigación. Así, por ejemplo, ACILAPP ha gestionado diferentes recursos mediante Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con las cuales se han adelantado proyectos y acciones con las comunidades, que le han aportado al cumplimiento del objeto de los APV.

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proyectos y líneas de inversión establecidas por cada una de estas entidades financiadoras.

De esta manera, por ejemplo, la Unión Europea, a través de su Programa de Desarrollo Local Sostenible del año 2017, priorizó la implementación de acciones orientadas a lograr acuerdos duraderos para consolidar la conservación, el buen vivir y la paz en zonas marginadas. En el marco de este programa, fue posible financiar acciones como el fortalecimiento de los conocimientos culturales en torno a la práctica de la chagra tradicional.

De forma similar, las metas de los Planes de Desarrollo Nacional han permitido financiar diferentes actividades de las tres líneas estratégicas de los APV, en el marco de su objetivo de contribuir a superar las condiciones que generan tanto el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas como la degradación y vulneración de los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes naturales de Colombia.

5.1.4 Dificultades en la toma de decisiones conjuntas

A pesar de los avances en el marco de los APV, su funcionamiento no ha sido completamente eficaz ni ha tenido la mayor cobertura en las áreas superpuestas. Diversos factores han limitado su implementación, entre los cuales se destaca, en primer lugar, la falta de realización constante de las instancias de coordinación, principalmente debido a limitaciones en la disponibilidad de recursos económicos por parte de PNNC. Esto lo expresaba Claudio Sánchez, integrante de ACILAPP, de la siguiente forma: “un poco la evaluación es que esas instancias que han sido creadas, que han sido validadas por las partes, no han sido garantizadas el desarrollo de las mismas. Y un poco a que está muy condicionado a que haya disponibilidad de recursos de la institución para el desarrollo” (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

La financiación de los planes de acción y de las instancias de la coordinación depende de recursos provenientes del Gobierno Nacional—particularmente del Ministerio de Ambiente— como de fondos de cooperación nacional e internacional. Estos recursos deben gestionarse y actualizarse generalmente cada uno o dos años mediante procesos interinstitucionales liderados por PNNC. No obstante, en muchos casos estos recursos no logran ser obtenidos oportunamente o, en otras ocasiones, simplemente no se consiguen. En palabras de Claudio Sánchez, “entonces, si dentro de la institución, en este caso parques, la gestión que haga con el Gobierno Nacional, con cooperante, no logra tener recursos para financiar el desarrollo, si el desarrollo está de la cesión de esas instancias, pues no se tiene esa operatividad de esas instancias (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Como consecuencia de estas limitaciones, se han presentado situaciones en las que los planes de acción no superan la etapa de planificación, principalmente debido a la falta de recursos económicos, lo cual afecta drásticamente el proceso de trabajo conjunto entre ambas autoridades. Frente a esta situación, Claudio Sánchez comentaba: Esos planes de acción muchas veces se quedan en esa planificación, pero la implementación de lo que allí se ha concertado, en tiempos, está supeditada también al tema de recursos. Y allí es donde en los últimos años ha tenido esa

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dificultad, porque las comunidades se ven un poco afectadas, y uno podría decir muchas veces la expresión de irrespeto en la toma de decisiones, porque la planificación termina no siendo implementada por esas limitaciones, que en los gobiernos, pues, ha ido disminuyendo, como la inversión de los recursos a la institucionalidad para que pueda desarrollar, no solamente sus planes de acción en marco del Acuerdo Político de Voluntades, sino las diferentes acciones que tiene en su responsabilidad y competencia a parques (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Ejemplo de lo anterior fue lo acontecido entre los años 2020 y 2023, periodo en el cual no fue posible la realización de los comités directivos de los APV a raíz de la ausencia del nivel central de PNNC. Como se mencionó anteriormente, este nivel institucional es el responsable de decidir sobre aspectos estructurales de este mecanismo de coordinación, tales como la aprobación de los planes de acción a cinco o diez años y la definición de la forma para financiarlos.

Este tipo de situaciones han generado una segunda dificultad en la implementación de los APV, relacionada con la falta de orientación clara de los planes de acción hacia su objetivo principal, que consiste en avanzar hacia la consolidación de un REM. Entre las razones principales de esta situación se encuentra la suspensión de los comités directivos genera también la interrupción de los planes de acción. Así, cuando estas instancias son retomadas, se evidencian cambios en los contextos y situaciones en los territorios superpuestos, así como en las necesidades e intereses de ambas autoridades. En consecuencia, el reinicio de los procesos de planificación conjunta suele convertirse en un escenario en disputa, en el que participan nuevos delegados de las comunidades y de ACILAPP, así como nuevos funcionarios y contratistas de PNNC que no necesariamente conocen el proceso histórico de desarrollo de los APV. Esta situación genera escenarios de planificación descontextualizados que dificultan la comprensión de las acciones necesarias para avanzar en el objetivo estratégico del mecanismo de coordinación. Por estos motivos, aunque los APV han permitido desarrollar acciones conjuntas entre ambas autoridades, estas han sido planeadas, implementadas e incluso evaluadas, en muchas ocasiones, sin una articulación clara con el horizonte común de consolidar un sistema de manejo compartido de los territorios superpuestos, lo cual ha perpetuado un mecanismo de coordinación amplio, pero con una orientación limitada en la práctica, dificultando así la gestión y gobernanza efectiva del territorio.

5.1.5 Los cambios de personal y la falta de sistematización

La continuidad de los representantes y delegados tanto del pueblo Murui Muina como de PNNC en los roles que exigen las instancias de coordinación e implementación de las acciones, son otra de las dificultades de estos APV. Por un lado, este proceso formal de coordinación inició con una planta de personal estable en los distintos niveles de PNNC — jefaturas, profesionales y técnicos— que posteriormente no logró mantenerse en el tiempo, ya sea por limitaciones presupuestales o por cambios en la estructura institucional. Por

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otro lado, el pueblo Murui Muina renueva cada año los cabildos de sus resguardos y cada cuatro años los coordinadores y autoridades de ACILAPP70.

En consecuencia, se han generado ralentizaciones y desviaciones en los procesos de planeación e implementación de los APV, debido a que nuevas personas ingresan a las instancias de decisión o a los procesos de implementación sin conocer con claridad los objetivos y el funcionamiento del mecanismo de coordinación. Ante eso, Tatiana Vera, funcionaria del PNN La Paya, comentaba lo siguiente:

Cuando dejamos de estar las personas que siempre luchamos por que todos tuviéramos un entendimiento horizontal y entran personas con pensamientos distintos, con formas distintas de administrar un área protegida, con modelos distintos de gestión, con un área afectada por las amenazas del conflicto armado, con miedos, con inseguridades, sin presupuesto, con procesos disciplinarios de la misma entidad. Creo que todos esos factores incidieron en que, cuando entra la pandemia, en un momento de la historia esa gestión se volcara y ni siquiera las instancias se implementaron durante tres años (Entrevista personal, Tatiana Vera,

2024).

Esta funcionaria hace referencia particularmente al periodo de la pandemia del COVID 19 en el año 2020, momento en el que se produjeron cambios en las jefaturas del PNN La Paya y la Dirección Territorial Amazonía. Estos cambios institucionales generaron un quiebre en la forma de relacionamiento que se había construido durante años entre ambas autoridades, por decisiones de estas jefaturas de suspender las instancias de coordinación, que eran precisamente el corazón para la toma de decisiones conjuntas en favor de los objetivos comunes entre PNNC y el pueblo Murui Muina. Frente a esto, Tatiana Vera adicionaba lo siguiente:

Nosotros estábamos promulgando que las instancias eran el mecanismo directo de la participación social, de la construcción conjunta, de donde se toman decisiones desde las bases, desde las autoridades tradicionales. Por eso es que, en el Comité Operativo, el Parque, o sea, La Paya, tenía tanto equilibrio de poder para mí. Estábamos planificando los dos. Usted me decía sus prioridades y yo les decía las mías, en términos de la gestión del área protegida, y usted en términos de la comunidad. Y discutíamos porque obviamente en muchas de esas decisiones nosotros no teníamos competencias. Y tratamos de recogernos y de equilibrarnos y de entre lo que usted quería y lo que yo podía, sacar una planeación (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

De forma similar, los cambios de los liderazgos políticos de las autoridades indígenas también han generado dificultades en la continuidad del proceso. En muchos casos, las nuevas personas que asumen los roles de representación, además de no tener

70 En el caso del resguardo Agua Negra, ha sido reiterativa la falta de ocupación de sus líderes en los cargos de coordinación y dirección política de ACILAPP. Esta situación obedece tanto a la falta de interés de esta comunidad por participar, así como por la debilidad actual en liderazgo político, producto de las situaciones de fragmentación cultural y política que han tenido a lo largo de su historia. Esto genera que muchas de sus proyecciones, necesidades e intereses no tengan impulso suficiente dentro de las instancias de coordinación con PNNC. Para 2024, ningún representante de la comunidad de Agua Negra hace parte de los roles de delegación de ACILAPP.

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conocimientos previos sobre los diferentes elementos de los APV, llegan a escenarios de coordinación suspendidos o reorientados, lo que dificulta la comprensión del proceso y retrasa los avances alcanzados previamente.

A pesar de los esfuerzos pedagógicos realizados durante la implementación de los APV para fortalecer la comprensión de los procesos de planificación conjunta, estas dificultades han persistido. Como lo señalaba la misma funcionaria del PNN La Paya: Nosotros nos esforzamos porque ellos entendieran una matriz. Nos esforzamos en cada comité operativo, que era donde sacábamos la matriz. Inventamos metodologías para que pusiéramos actividades, inventamos los canastos, movimos metodologías para que esa planeación no fuera aburrida, porque eran dos días de pura planeación (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

En este contexto de suspensión de las instancias de coordinación de los APV, algunas actividades planteadas previstas en los planes de acción continuaron desarrollándose. Esto ha generado escenarios en los que se toman decisiones técnicas sin contar con procesos integrales de seguimiento, evaluación histórica y articulación con el objetivo estratégico del mecanismo de coordinación.

Frente a estas acciones enfocadas a necesidades inmediatas, es preciso señalar como esta suspensión de la implementación de los APV se ha convertido en una situación que afecta el manejo de los territorios superpuestos, teniendo en cuenta que esto representa la falta de ejecución de acciones en los territorios de forma continua como, por ejemplo, los monitoreos para el control y vigilancia, o las acciones de fortalecimiento cultural y político territorial de las comunidades, lo cual deja la puerta abierta para la profundización de la problemática de establecimiento de otras formas de gobernanza en los territorios, como la presencia de grupos armados al margen de la ley, o la deforestación por parte de integrantes de las comunidades y por grupos externos a estas, principalmente para el desarrollo de economías de subsistencia como los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Adicionalmente, otro elemento que ha dificultado el avance de los APV ha sido la falta de sistematización de los procesos de trabajo conjunto. Si bien los APV son producto de un largo proceso de entendimiento orientado a la construcción un modelo de manejo compartido de los territorios superpuestos, este proceso requiere la recopilación y organización de insumos documentales derivados de las actividades realizadas y de las instancias de toma de decisiones. No obstante, esta sistematización ha sido una debilidad, expresada, por ejemplo, en la repetición de acciones o procesos destinados a producir información que ya había sido generada en años anteriores. Ante esto, Tatiana Vera señalaba:

Todos criticaron el hecho de que, en los procesos de construcción, en el proceso de implementación, mientras que hacíamos las instancias, nadie escribía, nadie sistematizaba, pero nadie más entiende lo que sacrificó ese equipo en esos años para poder entender, sentarse y seguir. Porque no eran agendas de no sé, de que un día yo voy a la reunión y yo me devuelvo a las 5 o 6 de la tarde; uno salía literal a las 3 de la mañana y al otro día tenía otra reunión, y si tú llegabas a las 5 de la tarde a tu casa después de una semana de campo, al otro día te preparabas, bajabas la ropa sucia, la dejabas sucia en la casa para salir a otro recorrido, para poderte montar y estar en los escenarios de la otra comunidad (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024)

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A lo anterior se suma el hecho de que la implementación de los APV con el pueblo Murui Muina constituye solo uno de los múltiples procesos de gestión desarrollados por PNNC en el PNN La Paya, por lo equipos y las comunidades están inmersos en diferentes actividades que limitan el tiempo de análisis y sistematización. Así, por ejemplo, además de los APV, la institución también coordina los APV con los pueblos Kichwa y Zio Bain, avanza en el relacionamiento con comunidades campesinas y con instituciones, y ejerce funciones administrativas y operativas que deben desarrollar cada uno de los funcionarios y contratistas del PNN La Paya. De igual manera, las autoridades y equipos técnicos de ACILAPP y de las comunidades Murui Muina tiene muchos procesos de trabajo paralelos con otras instituciones, organizaciones y en sus territorios.

En este contexto, muchas de las acciones e instancias de los APV se han desarrollado de forma rápida y con limitaciones en la planificación metodológica. Esto, sumado a los cambios de personal y a las debilidades en la apropiación del proceso por parte de los participantes, ha contribuido a la ausencia o insuficiencia de procesos de sistematización de la información generada.

Además de esto, se han presentado situaciones en las que los lenguajes técnicos y herramientas metodológicas utilizadas en los comités de los APV no resultan plenamente comprensibles para las autoridades de las comunidades o para los equipos técnicos de ACILAPP, ya sea por limitaciones en los procesos de capacitación o por la falta de metodologías adaptadas a los contextos culturales y organizativos de las comunidades. Como consecuencia, gran parte de la responsabilidad de la sistematización recae en el personal de PNNC, que, como ya se señaló, enfrenta también limitaciones en términos de número de funcionarios y capacidades técnicas disponibles. En ese contexto, una parte importante de la información y de la memoria y trazabilidad de los diálogos y seguimiento al proceso de coordinación se pierde o no logra consolidarse, lo que dificulta la recuperación de los aprendizajes acumulados, afecta la continuidad del proceso y el alcance de su objetivo estratégico.

Frente a esto, se evidencia claramente el problema de la territorialización de metodologías, documentos y formas de sistematización por parte de PNNC en los escenarios de planeación conjunta. Esto se expresa en que la documentación de estos procesos se realicé desde el conocimiento científico y en menor grado desde el conocimiento tradicional, lo cual propicia las condiciones para que no se logren realizar planeaciones contextualizadas y orientadas hacia el fin de los APV, sino que se reiteren las situaciones de repetición de acciones o su implementación sin la apropiación de sus fines por parte del pueblo Murui Muina.

5.1.6 Las “listas de mercado” y el posicionamiento político Murui

Muina Sumado a lo anterior, se presenta otro motivo que incide en la ineficacia e insuficiencia en la implementación de los APV, relacionado con las tensiones que se presentan entre ACILAPP y las comunidades. Estas tensiones se expresan principalmente en que diferentes comunidades han buscado resolver necesidades básicas de sus territorios, mientras que ACILAPP, en muchos casos, busca consolidar acciones que fortalezcan estructuralmente el posicionamiento político y técnico de la asociación y las comunidades, en función al fortalecimiento de su participación en la toma de decisiones frente a

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instituciones del Estado y políticas públicas. Tal y como relataba Tatiana Vera del PNN La Paya, esta situación se ha manifestado de la siguiente manera: Uno de los reclamos que siempre hacen en términos de la posición política de la asociación es que, obviamente, ACILAPP tiene una lectura política de cómo está avanzando el gobierno y cuáles son sus consecuencias o afectaciones si no se pronuncian como pueblo ante políticas públicas, o si no ayudan a construirlas. Ese puede ser un propósito de ellos como organización y trae unos intereses muy evidentes en algunos líderes, pero ese no es el interés de las comunidades en muchas ocasiones. En municipios como este, uno creo que aprendió a vivir no esperando un mañana, sino viviendo el día a día, de lo que produce el día, por esa misma falta de oportunidades que tenemos, y creo que por la desesperanza de poder entender que puede haber algo mejor (Entrevista personal, Tatiana Vera,

2024).

Como señala esta funcionaria, ACILAPP, en el marco del objeto de los APV, ha intentado fortalecer su papel como organización tanto en los aspectos políticos como en los técnicos. Desde su perspectiva, estos fortalecimientos pueden brindar mayor autoridad, autonomía y gobernabilidad en los territorios y, en esa medida, permitir un mejoramiento más integral y de largo plazo de la calidad de vida de las comunidades y sus territorios. Por este motivo, en el marco de los APV, la asociación ha impulsado, por ejemplo, el avance en la implementación de las instancias de coordinación o el fortalecimiento del equipamiento técnico de la propia organización.

No obstante, aunque para muchas autoridades de las comunidades estos aspectos son importantes, continúan existiendo las diferencias, principalmente porque las comunidades se enfrentan a necesidades inmediatas relacionadas con el sustento diario de sus familias y no pueden esperar a un futuro prometedor del cual no tienen certeza si realmente llegará. Frente a esto, esta misma funcionaria del PNN La Paya comentaba: Mientras que la asociación está esperando una proyección y una integración en esas políticas públicas, la comunidad necesita una mano. La comunidad necesita que su gente estudie, necesita que haya un proyecto productivo para sostenerse, y a eso le han llamado "listas de mercado". Han generado, creo, y me parece importante que uno lo posicione así, que las listas de mercado son importantes. No son importantes para alguien que no vive en el territorio, pero para la gente que le toca en el día a día soportar necesidades, pues esa es la prioridad: resolver las necesidades que tiene una comunidad para poder superar el hambre, superar la falta de oportunidades, etc. Entonces sí, son intereses distintos (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024)

A estas exigencias inmediatas es lo que PNNC y ACILAPP dentro del proceso de relacionamiento, han denominado como las “listas de mercado”, interpretadas como una serie de herramientas, mercados, proyectos o apoyos que se solicitan a PNNC, en el marco de la planeación de acciones de los APV, y que resuelven necesidades inmediatas como la alimentación, el combustible para el transportarse, herramientas o infraestructura de trabajo agrícola o fluvial, entre otros aspectos.

En muchas de las instancias de coordinación este tipo de demandas no ha sido considerado prioritario por la asociación, que ha tendido a priorizar el posicionamiento político de ACILAPP en un ámbito más estructural, orientado a impulsar escenarios de

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diálogo continuos y amplios con las instituciones del Estado, fortalecer las capacidades técnicas de la organización, promover adecuaciones institucionales que favorezcan los derechos indígenas o avanzar en la construcción de instrumentos de gobernanza del territorio de largo plazo. En el caso de los APV, esto se ha traducido principalmente en la formalización de instancias de coordinación y en la construcción de planes de acción continuos.

No obstante, como señala un funcionario del PNN La Paya, este posicionamiento político de ACILAPP puede llegar a representar un obstáculo para avanzar en las garantías inmediatas que requieren las comunidades:

El relacionamiento entre Parques y comunidades tiene que ser un relacionamiento más cercano hacia cómo se maneja el territorio conjuntamente. Claro que hay aspectos políticos, técnicos, aspectos étnicos, culturales, pero considero que, digamos, y es un tema más general, se está perdiendo esa posibilidad y nos estamos embolatando en temas políticos (Entrevista personal, Enrique Hernández,

2024).

Esta concepción de lo político como obstáculo para la implementación efectiva de los APV se puso de presente durante el desarrollo de la investigación, especialmente durante los procesos de observación participante en varias de las instancias de coordinación en el año 2023, en las que gran parte del tiempo de los diálogos y planeación conjunta terminaba concentrándose en discusiones y disputas sobre propuestas planteadas por ACILAPP relacionadas con adecuaciones institucionales de PNNC o con proyecciones de planes de acción a largo plazo que, en muchos casos, no estaban al alcance de las decisiones de los representantes de PNNC. Como resultado, el lenguaje de estos espacios tendía a convertirse en una discusión política estructural en la que las autoridades de las comunidades tenían una participación limitada.

Otros elementos relevantes identificados durante el trabajo de campo en estos espacios de deliberación se encuentran diversas limitaciones de tiempo, participación y comunicación para la toma de decisiones. En varias ocasiones, la gran cantidad de temas que debían abordarse —relacionados con las múltiples comunidades involucradas y con sus distintas proyecciones frente a los APV— generaba dificultades para profundizar en cada uno de ellos. En estos casos, la planeación estratégica y la vocería terminaban concentrándose principalmente en el equipo técnico del área de Territorio, Frontera, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en algunos líderes políticos de ACILAPP. A estas dificultades se suman otros factores, como el cambio frecuente de delegados de cada comunidad, quienes en muchas ocasiones no conocen el proceso de coordinación ni las apuestas políticas de largo plazo de los APV. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad técnica de algunos delegados de las comunidades para apropiarse plenamente de la información discutida en estos espacios, así como dificultades para garantizar su participación debido a la falta de recursos y a las condiciones de movilidad fluvial propias del territorio. Estas situaciones también se reflejan en las instancias de coordinación desarrolladas con PNNC, donde las dinámicas de participación se ven condicionadas por factores logísticos, técnicos y organizativos que afectan la continuidad y profundidad de los diálogos.

Esta percepción de lo político como obstáculo también ha sido compartida por algunas comunidades que, al no conocer con claridad el funcionamiento de este mecanismo de

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coordinación y al no ver resueltas sus necesidades inmediatas mediante los APV, han llegado a considerar que este proceso constituye principalmente un diálogo entre ACILAPP y PNNC, en el cual las comunidades tienen una participación limitada en la toma de decisiones.

Esta situación se relaciona con los planteamientos de Haesbaert (2013), quien concibe el territorio como una construcción atravesada por relaciones de poder. En este sentido, el territorio se configura a partir de disputas entre distintas formas de poder que operan en múltiples escalas y que, en muchos casos, se manifiestan de manera desigual. Desde esta perspectiva conceptual, puede observarse que el territorio también se configura a partir de las relaciones de poder presentes en los escenarios de toma de decisiones, como se evidencia en las disputas entre PNNC, ACILAPP y las comunidades en torno a las exigencias que deben posicionarse en los planes de acción. Las tensiones y disputas al interior de la organización Murui Muina frente a la toma de decisiones en los APV obedecen a múltiples factores, en especial a la fricción entre los múltiples intereses y necesidades de cada uno de los lideres, autoridades o comunidades. No obstante, como señala Claudio Sánchez de ACILAPP, en muchos casos estos intereses y necesidades son similares y los conflictos internos se derivan principalmente al desconocimiento que tienen las comunidades sobre la estructura y el funcionamiento de los APV, o de la desinformación existente entre los distintos actores involucrados en su implementación:

Muchas veces la comunicación entre las comunidades se ve afectada, hay un “teléfono roto” entre la información de las comunidades y la organización, entonces ese ejercicio también debe ir en función de los diálogos comunitarios, porque nos pasa que muchas veces los diálogos se quedan en las autoridades o en los líderes, pero la autoridad es una, los líderes son seis, siete, pero la comunidad son 100, 80 familias, 20 familias, 30 familias y quienes están en el territorio pues son, es la comunidad, no solamente la autoridad, sino la comunidad (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

El “teléfono roto” constituye entonces otra debilidad en la implementación de los APV, expresada en desentendimientos entre la asociación y las autoridades de los resguardos, así como entre estas autoridades y sus comunidades. Esta situación se presenta en un contexto marcado por diversas condiciones que limitan la comunicación, como la lejanía de los territorios, la falta de conectividad a internet y telefonía y, además, la limitada apropiación de los lenguajes y herramientas metodológicas de los APV. En muchos casos, estas limitaciones dificultan la comprensión de la información, los acuerdos, las acciones y la distribución de los recursos que hacen parte de este mecanismo de planeación y coordinación.

Frente a esto, Harley Morales, funcionario del PNN La Paya, relacionaba esta desarticulación en la comunicación y la apropiación del conocimiento con la propia estructura organizativa de PNNC. Para él, estas descoordinaciones también se presentan entre las distintas dependencias de esta institución—nivel central, territorial y local— donde, al igual que al interior del pueblo Murui Muina, se evidencian falencias en la comunicación para la toma de decisiones, principalmente debido a los cambios de personal que generan la pérdida de los canales de comunicación y la toma de decisiones desarticuladas:

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Es como si yo como funcionario de Parques, como el jefe del parque acá, ignoro a la Dirección General de parques, ese es nuestro patrón, esa es nuestra cabeza, entonces nosotros tenemos que ir articulados. El trabajo del Parque Nacional de La Paya tiene que articularse con las propuestas de territorial y nivel central, porque ellos nos dan otras directrices y nosotros tenemos que implementarlas. Eso pasa también con ACILAPP y por eso es que el trabajo de relacionamiento es difícil, también porque hay muchos cambios. El Parque también está cambiando gente, que el jefe se va, que viene otro, ACILAPP también cambia consejeros y entonces eso también, hay como un desnivel, hay una situación, mientras vuelvo otra vez y apenas nos estamos organizando otra vez (Entrevista personal, Harley Morales,

2024).

Aún con este contexto de desarticulación interna en la organización Murui Muina, muchos integrantes de ACILAPP consideran que este posicionamiento político responde a apuestas estructurales y de largo plazo del pueblo Murui Muina asociado al PNN La Paya. Por un lado, estas apuestas se fundamentan en las líneas estratégicas establecidas en sus planes de vida y salvaguarda, así como en los propios APV; y, por otro, responden al hecho de que estas estrategias políticas constituyen elementos centrales de la misionalidad de ACILAPP.

En efecto, como señalaba un integrante de ACILAPP, el no posicionar este tipo de estrategias implicaría incumplir con una de las funciones fundamentales de la organización:

El cumplimiento de los compromisos obedece a la responsabilidad institucional y como es nuestra responsabilidad institucional, entonces si incumplimos los compromisos, entonces ACILAPP queda de una otra forma ahí afectada en su imagen política, en su imagen organizativa. Entonces por eso es que el desarrollo y la permanencia de esas instancias es fundamental porque se va a mantener hablando en función del trabajo. Pero cuando tenemos por aquí dos años, tres años que no llevamos el desarrollo de ningún proceso, pues las comunidades, no solamente empiezan a ver como un incumplimiento de esta institución también, como una agitación de la organización (Entrevista personal, Claudio Sánchez,

2024)

De esta manera, el posicionamiento político de ACILAPP se configura como una de las principales conquistas de la organización política Murui Muina de Puerto Leguízamo. Esta asociación ha impulsado la articulación de liderazgos, procesos, proyecciones y decisiones desde las comunidades como pueblo, producto de una larga historia de construcción política, social y cultural. Por este motivo, en los escenarios de toma de decisiones entre la asociación y las comunidades, los integrantes de ACILAPP han planteado que su misionalidad, aunque enfrenta tensiones y debilidades, ha buscado mantener el equilibrio entre las necesidades inmediatas y estructurales del pueblo Murui Muina de Puerto Leguizamo. En palabras de Claudio Sánchez:

Una tarea interna nuestra es mantener esta relación, este entendimiento, esta claridad, estos objetivos comunes entre la organización y las comunidades, porque ese es el objetivo también del APV, la instancia organizativa, pero en función también de las comunidades, porque así como las comunidades requieren respuestas inmediatas, porque es que el ejercicio de gobernanza es permanente, pero también va pensando en el futuro, entonces, así como requieren esas

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respuestas a acciones inmediatas, pues debe ser pensando también a largo plazo, y ahí es donde nosotros, en fortalecer nuestro ejercicio de gobernanza como pueblos indígenas, debemos fortalecer el trabajo de comunidad y organización (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Como menciona Claudio Sánchez, las acciones y demandas políticas posicionadas por ACILAPP se plantean como estrategias para el fortalecimiento del ejercicio de gobernanza del pueblo Murui Muina. Estas responden, en gran medida, a una situación estructural caracterizada por el desequilibrio en la toma de decisiones en el marco de los APV. Esto se evidencia en la situación de desigualdad en la forma de participación de las autoridades y comunidades Murui Muina en los escenarios de coordinación, tanto por la dependencia económica para la toma de decisiones, como por las limitaciones en las capacidades necesarias para el desarrollo de las distintas actividades con los APV. Estas capacidades se relacionan tanto con aspectos técnicos—como la elaboración de informes, la sistematización documental de los procesos o la comprensión de las metodologías de PNNC—como con dimensiones culturales vinculadas con el grado de gobernabilidad y sostenimiento de sus actividades de gobierno propio y control territorial. Lo anterior lo sintetiza Claudio Sánchez de la siguiente manera:

La organización política y técnica Murui Muina, por sus limitaciones, le falta esa independencia para que pueda hacer su ejercicio independientemente, esté parque o no parque, pero mantener su ejercicio, haya apoyo de parque, mantener el ejercicio, eso es lo primero. Lo segundo es que tanto las capacidades de las comunidades como las capacidades de la asociación son limitadas, se deben ir buscando sobre todo en el nivel organizativo, fortalecer las capacidades, pero las capacidades deben ser integrales, tanto técnicas, profesionales, pero también desde la parte cultural, tradicional. Ahí hay ciertas limitaciones que se han venido superando; sin embargo, mantener esa capacidad también requiere esfuerzos económicos para que no solamente se mantenga, sino para que se desarrollen los procesos que sean necesarios (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Estas limitaciones constituyen una de las razones principales por las cuales ACILAPP ha buscado posicionar, cada vez con mayor insistencia, la territorialidad integral Murui Muina como autoridad ambiental en el territorio. Esta apuesta se plantea como una estrategia fundamental para alcanzar mayores niveles de autonomía financiera, política y técnica y, con ello, la participación horizontal de las autoridades indígenas en la toma de decisiones conjunta con PNNC.

A partir de este posicionamiento, la asociación ha impulsado y solicitado a PNNC, en los escenarios de los APV, acciones y estrategias orientadas a largo plazo, como la generación de condiciones materiales y tecnológicas adecuadas para el cuidado del territorio, el fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos y políticos tanto de ACILAPP como de las comunidades, o la búsqueda de nuevos fondos y mecanismos de financiación que permitan garantizar la continuidad de los procesos y, de esta manera, consolidar un sistema de gobernanza compartida donde las autoridades indígenas tengan mayor poder de decisión sobre las acciones y estrategias a desarrollar. Bajo ese contexto, se identifica una dimensión de disputa territorial al interior del pueblo Murui Muina, en el marco de la coordinación con PNNC. Esta se expresa en la tensión entre dos campos de producción y representación territorial. Por un lado, ACILAPP responde a unas posturas y líneas estratégicas como pueblo Murui Muina, establecidas en

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los planes de vida y salvaguarda, así como a dinámicas y experiencias políticas regionales y nacionales, que orientan el fortalecimiento de su estructura organizativa con el objetivo de alcanzar una horizontalidad en la toma de decisiones sobre los territorios superpuestos. Por otro lado, se encuentran las concepciones y dinámicas cotidianas de las comunidades, quienes, aunque reconocen los objetivos y proyecciones políticas como pueblo Murui Muina, también demandan respuestas inmediatas y situadas a las necesidades que enfrenan en su vida diaria.

Este encuentro de territorialidades y formas de territorialización se expresa en los escenarios de implementación de los APV y constituye una dinámica de especial atención. Aunque se reconoce que las comunidades y organizaciones indígenas no necesariamente funcionan bajo consensos permanentes, estas tensiones pueden escalar hacia escenarios de fragmentación o incluso hacia la ruptura de los procesos de coordinación, como ocurrió en el caso de la comunidad Fɨruide Nairaɨ, que decidió retirarse de los APV a raíz de los desencuentros con ACILAPP71.

5.1.7 Territorialización de la planeación y gestión en los APV

A modo de análisis, se identifica que la planeación y gestión de los APV constituyen un territorio en disputa, en tanto configuran un escenario en el que interactúan, se tensionan, entran en conflicto y se sobreponen distintas formas de poder y control sobre el espacio físico, el diálogo y la toma de decisiones. Esto tiene relación con los planteamientos de Haesbaert (2013), sobre la base de que estos territorios se configuran por su carácter multiescalar en el ejercicio del poder; es decir, en ellos se expresan y disputan diferentes formas de poder, que para el caso del Estado, se ejerce mediante sus estructuras políticoeconómicas dominantes y, para los pueblos indígenas, mediante sus propias formas de manejo del territorio, a lo que se suma el ejercicio político de ACILAPP sobre la estructura de gobernanza desarrollada en estos territorios superpuestos. Esto puede identificarse mediante la síntesis de los elementos expuestos anteriormente, relacionados con la concepción y el ejercicio de las territorialidades en los territorios superpuestos entre PNNC y las comunidades Murui Muina.

El primer elemento está relacionado con la forma en que ha sido encaminado este proceso de relacionamiento. En este se ha configurado un proceso de territorialización de la planeación y la gestión de los territorios superpuestos por parte de PNNC sobre el pueblo Murui Muina adscrito a los APV, en el que las concepciones y formas de manejo territorial de este pueblo han ido incorporando elementos de gestión y planificación institucional desarrollados por PNNC a lo largo de su experiencia de relacionamiento y coordinación

71 Durante el desarrollo de los APV Murui Muina-PNNC se han presentado situaciones de

desarticulación entre comunidades y ACILAPP, a tal punto de escalar a circunstancias de conflicto y rompimiento de las relaciones. Tal es el caso de la comunidad del resguardo Fɨruide Nairaɨ (La Primavera) quien, a raíz de su postura crítica frente a la gestión de ACILAPP, tanto en el proceso de implementación de los APV como en otros procesos, tomó la decisión de desvincularse tanto de los APV como de ACILAPP y llevar a cabo un proceso autónomo de relacionamiento y coordinación con las instituciones del Estado como PNNC, con el fin de promover acciones más efectivas y directas con la comunidad, y así, desde su concepción, evitar su continuidad en instancias y mecanismos lentos y que no responden a sus necesidades y proyecciones locales e inmediatas.

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con pueblos indígenas en otras áreas protegidas. Tal es el caso de instancias de coordinación, la sistematización documental de la información, las matrices y los informes escritos, entre otros elementos a los cuales las comunidades y ACILAPP han debido adecuarse para avanzar en la coordinación.

En otras palabras, mediante el desarrollo de los escenarios formales de coordinación se han ido territorializando lenguajes, representaciones y formas institucionales de manejo territorial provenientes de los paradigmas de “conservación sin gente” y “con gente” de PNNC sobre la territorialidad de las comunidades y la asociación Murui Muina. En efecto, siguiendo la definición de Haesbaert (2013), estas instancias y formas de articulación resultan ser también formas de establecimiento de poder.

Dicho de otro modo, esta forma de territorialización de PNNC comenzó a generar modos de producción del territorio, tanto desde la representación física como desde el desarrollo práctico del modelo de conservación institucional, a través recorridos, reuniones, talleres y metodologías; así como desde la representación conceptual, expresada en términos como la coordinación de la función pública de conservación, la gobernanza compartida, la coadministración.

Relacionado con lo anterior, se identifica un segundo elemento de territorialización de la planeación y la gestión, esta vez asociado a ACILAPP, la cual, mediante trayectoria y su ejercicio político, también ha desarrollado una forma de territorialización sobre las comunidades, caracterizada por el discurso de la protección de la territorialidad integral del pueblo Murui Muina de Puerto Leguizamo superpuesto al PNN La Paya. Este discurso ha sido posicionado en los escenarios de interlocución y acuerdo con PNNC y, en efecto, ha posibilitado fortalecer las exigencias en favor de una mayor participación de las comunidades en la gobernanza de los territorios superpuestos.

No obstante, como se detalló en el análisis de las dificultades de los APV, aunque las comunidades participan en las acciones planteadas en los planes de acción de estos acuerdos, muchas de sus necesidades inmediatas no son tenidas en cuenta, lo cual repercute en que, en muchos casos, no exista un interés suficiente por apropiarse del lenguaje y de la información que se maneja con PNNC mediante los APV. A esto se suman, las limitaciones técnicas de los y de las autoridades tradicionales y políticas indígenas para apropiarse de los lenguajes y herramientas del mecanismo de coordinación, así como el cambio constante de personas en estos roles, lo cual obstaculiza la continuidad de los procesos y el cumplimiento del objeto del APV. De manera semejante, en PNNC también se presentan dificultades relacionadas con la gran cantidad de procesos que la institución debe atender en el área protegida, la falta de personal, las limitaciones de capacidad técnica y, en algunos casos, la falta de voluntad política para construir relaciones confianza y alianza. A ello se suman insuficiencias en la capacidad de reciprocidad e incidencia desde el lado de las comunidades para avanzar en los desafíos y metas de la política indígena de PNNC, lo cual refuerza las dificultades en la implementación de los APV.

También se reiteran una serie de dificultades que parecieran no tener salida o estrategia de solución a la vista. Por ejemplo, los desentendimientos al interior de las autoridades indígenas, derivados de la falta de apropiación de la información o de los obstáculos en la comunicación con las comunidades; el incumplimiento de actividades por parte del personal indígena y no indígena; o la desorientación del cumplimiento del objeto de los APV. Todas estas situaciones pueden entenderse como derivadas de un proceso de

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territorialización de ritmos, estructuras, órdenes y formas de participación de PNNC, y de su articulación política con ACILAPP, que no han sido apropiados con claridad en los escenarios cotidianos y políticos de las autoridades indígenas, lo cual aumenta las dificultades para fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad de los territorios superpuestos.

Esto se relaciona con los planteamientos de Miguel Arroyo (2011), quien analiza los currículos educativos como un campo político en disputa. Desde su perspectiva, los currículos no son únicamente instrumentos pedagógicos neutrales, sino dispositivos que establecen estructuras, órdenes, ritmos y tiempos que organizan quién puede participar, de qué manera y bajo qué formas de conocimiento. En ese sentido, los currículos terminan delimitando qué saberes son reconocidos, cómo circula la información y qué actores tienen mayor capacidad de incidencia dentro de ese campo.

Aunque el análisis de Arroyo se desarrolla en el ámbito educativo, su planteamiento permite comprender cómo ciertos dispositivos institucionales —como los mecanismos de planeación, seguimiento y coordinación— también estructuran los espacios de participación y las formas legítimas de conocimiento dentro de un proceso político determinado. En el caso de los APV, las matrices, los informes, los planes de acción, los indicadores y las instancias formales de coordinación configuran un marco institucional que organiza los ritmos, lenguajes y procedimientos mediante los cuales se toman decisiones sobre los territorios superpuestos.

En efecto, puede plantearse que las formas de territorialización de la planeación y la gestión en el escenario de relacionamiento entre PNNC y el pueblo Murui Muina también constituyen un campo —o, más precisamente, un territorio— en disputa, en el cual se definen las formas legítimas de participación, los lenguajes válidos para la toma de decisiones y las prácticas que adquieren reconocimiento institucional. Aún en este escenario, es importante resaltar que en los APV también se han ido posicionando prácticas de manejo territorial indígena en la gestión de las áreas superpuestas, como es el caso del posicionamiento de los sistemas de regulación y cuidado del territorio indígena, entre ellos las chagras, los bailes, los espacios de transmisión del conocimiento y las guardias indígenas, como estrategias y pilares fundamentales en la gestión de estas áreas. En otras palabras, las territorialidades Murui Muina, de manera contrahegemónica, han intentado y logrado posicionarse en la planeación y manejo de los APV; es decir, son formas de territorializar estos procesos por parte de las comunidades, lo cual interviene y moldea directamente lo que podría constituir una gobernanza compartida del área protegida.

Ahora bien, estas formas de territorialización no se han integrado y reconocido de manera plena en la construcción de del sistema o modelo de gobernanza compartida propuesto como objetivo en los APV, lo cual constituye uno de los ejes centrales de análisis de la presente investigación. No obstante, esta situación pone de presente la existencia de otras territorialidades y formas de gobernanza que se encuentran por fuera de los APV, lo cual lleva a reflexionar sobre la posibilidad de encontrar otros caminos diferentes a este tipo de mecanismos de coordinación como alternativas para alcanzar la gobernanza compartida del área protegida.

En ese marco, en la segunda parte de este capítulo se indagará en otras territorialidades y formas de gobernanza presentes en el caso de estudio, con el fin de identificar más

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Capítulo 3: Las formas de gobernanza del territorio superpuesto

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elementos que favorezcan la gobernanza compartida en función de la protección de los territorios superpuestos.

5.2 Los tipos de gobernanza y gobernabilidad en el área

superpuesta

5.2.1 Plan de Manejo: un territorio en disputa

Durante el desarrollo de mi investigación, y en paralelo a mi ejercicio profesional en el PNN La Paya, experimenté una controversia presente en el territorio que se evidente en mi trabajo laboral, donde tenía a cargo el liderazgo en la actualización del plan de manejo de esta área protegida. Esta controversia se manifestó al evidenciar que el proceso de actualización de este instrumento ha sido históricamente una fuente de tensiones dentro de PNNC, relacionadas con la postura institucional y los elementos que debe contener este documento.

Durante mi ejercicio laboral encontré que el último plan de manejo del PNN La Paya, adoptado en el año 2007 y que debía ser actualizado cinco años después, aún continuaba vigente. En el año 2014 fue presentada una versión actualizada liderada por un jefe del parque; sin embargo, esta no superó los filtros de aprobación de los tres niveles de PNNC. Posteriormente, en el año 2019, con una nueva jefatura, se construyó otra versión del documento que incluían menos del 10% de los elementos del instrumento del 2014. Esta última versión tuvo una serie de observaciones en 2022 que debían ser ajustadas por el profesional de plan de manejo. No obstante, posteriormente regresó la jefatura que había liderado el proceso en 2014, la cual no estuvo de acuerdo con los planteamientos de la nueva versión y solicitó, en el año 2023, actualizar nuevamente el documento retomando elementos del plan de manejo de 2014.

La controversia en la actualización de este plan de manejo también estuvo fundamentada en las disputas y contradicciones entre las distintas jefaturas del parque, así como entre las dependencias territorial y central de PNNC. Como mencioné en el segundo capítulo de esta investigación, estas dependencias también incidían con objeciones, críticas y oposiciones a diversos elementos de las nuevas versiones del documento, en el marco del funcionamiento institucional de PNNC, donde la mayoría de las decisiones estructurales para la gestión de un área protegida deben articularse entre los equipos local, territorial y nacional.

De esta manera, evidencié constantes tensiones, disputas y contradicciones en los procesos de toma de decisiones entre estas dependencias y jefaturas de PNNC. Estas situaciones se originan, entre otros factores, en las diferentes lecturas sobre el territorio. Por ejemplo, el equipo local suele interpretar las dinámicas del área protegida desde lo que acontece cotidianamente en el territorio, mientras que las jefaturas y el personal de las dependencias territorial y central, quienes, en muchos casos no tienen experiencia directa en el área, responden principalmente a lineamientos normativos nacionales de PNNC, los cuales pueden encontrarse alejados de la realidad local. Sumado a esto, en esta institución también se presentan disputas internas relacionadas con el posicionamiento político y la forma de gestión que asume el jefe del área protegida, quien concentra las decisiones más importantes a nivel local.

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Uno de los principales elementos de controversia en la actualización del plan de manejo del PNN La Paya se relaciona con la tensión existente en torno al tipo de traslape o superposición que se reconoce en el área protegida y, en consecuencia, al tipo de gobernanza que debe establecerse. Por un lado, se encuentra la concepción de los pueblos indígenas, quienes sostienen que el área protegida fue superpuesta completamente a su territorio ancestral y tradicional, por lo que el modelo de gobernanza debe orientarse, en términos de Borrini-Feyerabend et al. (2014), hacia un tipo de gobernanza compartida o incluso hacia una gobernanza autónoma por parte de los pueblos indígenas.

Por otro lado, se encuentra el posicionamiento de PNNC, particularmente desde las direcciones territorial y nacional, que establecen que la gobernanza del área protegida corresponde al Estado y que solo en los casos de coincidencia territorial con resguardos indígenas se puede avanzar hacia posibles esquemas de gobernanza compartida. Esta posición se sustenta en la concepción institucional de traslape de PNNC, la cual, aunque en el plano normativo reconoce la existencia de coincidencias territoriales con territorios no formalizados, en la práctica tiende a reconocer principalmente los resguardos indígenas legalmente constituidos.

En otras palabras, la disputa se centra en la definición del tipo de gobernanza para todo el PNN La Paya. Mientras que el posicionamiento de PNNC considera que la gobernanza institucional se encuentra por encima de las formas de ordenamiento y gobierno propio de los pueblos indígenas—lo que conduce a que estos queden relegados a una situación de instrumentalización y cumplimiento de las funciones de PNNC—, los pueblos indígenas sostienen que sus sistemas de ordenamiento territorial deben reconocerse mediante formas de gobernanza compartida con PNNC o incluso de gobernanza autónoma, sobre la base de su territorialidad ancestral.

Esta disputa conceptual se ha expresado entonces en el proceso de actualización del plan de manejo del PNN La Paya. Dado que este documento orienta la gestión y manejo del área protegida, la definición del tipo de superposición y del tipo de gobernanza que allí se establezca influirá directamente en las decisiones y acciones que se desarrollen por los próximos cinco años72 en el parque. Para comprender mejor esta situación, es necesario señalar algunos elementos sustanciales sobre el sentido de este instrumento de planificación y su forma de construcción.

Un primer elemento a tener en cuenta es que las acciones y estrategias orientadas a la gestión de un área protegida deben partir de una estructura de planificación que se

72 La norma que establece que los planes de manejo de las áreas del Sistema de Parques

Nacionales Naturales deben actualizarse cada cinco años es el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, específicamente en su artículo 2.2.2.1.6.5. Este artículo dispone que los planes de manejo deben tener como mínimo tres componentes: diagnóstico, ordenamiento y componente estratégico, y deben orientarse hacia el logro de los objetivos de conservación durante un período de cinco años. Además, establece que dichos planes deben ser el principal instrumento de planificación para la gestión de conservación del área protegida. Por lo tanto, la obligación de actualizar los planes de manejo cada cinco años se deriva de este decreto, que establece un marco normativo para la planificación y gestión de las áreas protegidas en Colombia.

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materializa en el instrumento de planeación del parque. En este documento se consignan los objetivos de gestión y las acciones que deben desarrollarse durante un periodo de cinco años y, una vez cumplido el tiempo, el instrumento debe ser actualizado de acuerdo con el estado del área protegida.

Desde la constitución del PNN La Paya, PNNC ha definido el tipo de gobernanza que se debe ejercer en esta área protegida. En ese sentido, este instrumento parte del supuesto de que la gobernanza sobre toda la superficie del parque corresponde el Estado, lo que conduce a que las comunidades indígenas con territorios superpuestos quedan relegadas a una participación limitada en las actividades de gestión del área protegida definidas en el instrumento de planeación.

No obstante, como se mencionó en apartados anteriores, los pueblos indígenas han venido trabajando en posicionar que estas superposiciones no solo se presentan con sus resguardos, sino también con sus territorios ancestrales y tradicionales. En este sentido, han impulsado la idea de avanzar hacia una mayor horizontalidad en la gobernanza del parque. Esto evidencia como el uso del término “superposición”, en lugar de “traslape”, constituye también una estrategia de disputa territorial dentro de los ejercicios de planeación y manejo del área protegida.

A pesar de ello, esta interpretación de los escenarios bajo el concepto de superposición ha venido posicionándose en otros procesos, como el caso de los APV, lo cual ha influido en la actualización del plan de manejo, y en efecto, sobre la forma en cómo se comprende la planeación y la gobernanza del área protegida.

En este contexto, se evidencia cómo PNNC, mediante la estrategia del plan de manejo, tiende a considerar a los pueblos indígenas como objetos de intervención más que como sujetos de decisión. Esos ejercicios de planeación resultan problemáticos desde una perspectiva democráticas, ya que las comunidades que habitan el área protegida no participan de manera efectiva en la definición de las acciones que influirán en su futuro, mientras que PNNC establece dichas decisiones de manera unilateral. Desde el planteamiento de Souza (2002) sobre la escalera de participación ciudadana, este tipo de ejercicios— en los que las comunidades son informadas o, en el mejor de los casos, consultadas— puede interpretarse como una expresión de seudoparticipación en la gobernanza del área protegida.

Ahora bien, un segundo elemento de análisis sobre el plan de manejo, relacionado con lo anterior, se refiere a la discusión sobre qué es y cómo debe ser construido este documento. Como mencioné en el primer capítulo, el PNN La Paya fue superpuesto a territorios indígenas ancestrales y tradicionales indígenas; sin embargo, a estos pueblos no les fue consultado ni la declaración del parque ni la construcción y publicación del único plan de manejo del área protegida. Durante el proceso de actualización de este instrumento, se ha abierto un debate en torno a si este debe construirse de manera conjunta con los pueblos indígenas o si corresponde realizarlo exclusivamente a PNNC.

Esta situación vuelve a poner de manifiesto la disputa en torno a los términos “superposición” y “traslape”. Por un lado, desde el nivel central de PNNC se parte de la premisa de que el PNN La Paya no está totalmente superpuesto al territorio indígena, sino que presenta un traslape parcial con varios resguardos. Si bien esta afirmación es cierta, no refleja completamente la realidad territorial del área protegida. Esta definición es asumida por PNNC en el marco de su responsabilidad institucional de avanzar en la construcción del instrumento de planeación, a partir de lo cual se elabora todo el

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documento bajo el modelo de Estado-Presión-Respuesta. Este modelo a un ejercicio de planeación estructural de la institución, mediante la cual identifica el estado del área protegida, las presiones que la afectan y las respuestas orientadas a mitigar o eliminar dichas presiones, con el fin de garantizar la integridad ecológica y la biodiversidad73. Este modelo de planeación parte de los objetivos de conservación por los cuales fue creada el área protegida, así como de las actualizaciones que haya tenido a lo largo del tiempo. A partir de allí se desarrollan los elementos para la gestión, comenzando con una caracterización del área protegida en sus dimensiones biológica, física y cultural. Con base en este análisis se establecen los Valores Objeto de Conservación o Prioridades Integrales de Conservación (PIC), que corresponden a aquellos elementos o sistemas del área protegida que priorizan para su protección durante el siguiente periodo de planificación.74 Posteriormente, se identifican las presiones, amenazas, vulnerabilidades y riesgos que afectan al área protegida, particularmente a las PIC, a partir de lo cual se definen las denominadas situaciones de manejo, entendidas como circunstancias que inciden directamente en la gestión del área protegida y que, dependiendo de cómo se potencien o debiliten, pueden afectar de manera significativa su integridad ecológica. Mas adelante, se define la zonificación del área protegida de acuerdo con sus características biológicas, ecosistémicas, de ocupación, tenencia y uso, sobre la cual se orientan las acciones de manejo. Finalmente, se construye un plan estratégico que

73 En el marco de la gestión de áreas protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha adoptado la estructura Estado–Presión–Respuesta (E-P-R) como una herramienta para evaluar y comunicar la situación ecológica y administrativa de los territorios bajo su jurisdicción. Esta estructura permite identificar el estado actual de los ecosistemas, evaluando variables como la cobertura vegetal, la biodiversidad y la integridad ecológica. A partir de allí, se analizan las presiones o amenazas que alteran dicho estado, como la deforestación, la minería ilegal, el turismo no regulado o los conflictos por uso del suelo. Finalmente, se identifican las respuestas institucionales y comunitarias dirigidas a mitigar los impactos negativos, entre ellas la implementación de planes de manejo, el fortalecimiento de la gobernanza participativa, y el desarrollo de acciones de conservación territorial. Este enfoque integrador permite orientar decisiones estratégicas de manejo adaptativo en los parques y evaluar la efectividad de las intervenciones realizadas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2014). 74 En el marco de la gestión y planificación de áreas protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) distingue entre las Prioridades integrales de conservación y los Valores objeto de conservación (VOC) como elementos fundamentales para orientar la protección y manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Las prioridades integrales de conservación corresponden a áreas estratégicas a nivel nacional donde se debe enfocar la acción conservacionista para garantizar la representatividad ecosistémica y la conectividad territorial del país. Estas prioridades, definidas mediante análisis espaciales y metodológicos a escala 1:500.000, son claves para planificar la expansión y consolidación del SINAP. Por otro lado, los valores objeto de conservación son elementos específicos seleccionados para monitorear la eficacia del manejo en cada parque, e incluyen especies emblemáticas, ecosistemas representativos y bienes culturales o naturales que tienen un significado especial para la conservación. Mientras las prioridades integrales están enfocadas en la planificación a escala macro, los VOC se aplican en la gestión particular de cada área protegida para evaluar su estado y orientar acciones de manejo adaptativo. Esta diferenciación permite una gestión integral y coherente que articula objetivos nacionales con realidades locales dentro del SNAP (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.; PNNC, 2018).

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establece los objetivos de gestión, las metas, las acciones y el presupuesto estimado para la gestión del área protegida durante los siguientes cinco años. En este marco, se identifica que desde PNNC, mediante el plan de manejo, predomina una concepción del territorio centrada en el área protegida como espacio destinado a la conservación de la biodiversidad. En consecuencia, se establece un modelo de gobernanza por parte del Estado sobre la mayor parte de la superficie del parque, en el que no se reconoce la superposición total con territorios indígenas, sino únicamente el traslape con resguardos. A partir de esta interpretación, el equipo técnico y profesional del PNN La Paya adelanta la construcción de todos los elementos del plan de manejo. Aunque algunos enlaces, técnicos y profesionales indígenas y campesinos contratados por PNNC participan de manera esporádica en su elaboración, ni las comunidades ni las autoridades indígenas intervienen formalmente en su construcción. En otras palabras, el plan de manejo termina siendo territorializado principalmente por PNNC. No obstante, es importante mencionar que, conforme a la legislación ambiental vigente, PNNC tiene la obligación de llevar a cabo procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI) para este tipo de instrumentos de planeación con las comunidades indígenas asociadas a las áreas protegidas75. En estos espacios, las comunidades analizan las posibles afectaciones que estos instrumentos puedan generar sobre sus territorios, prácticas culturales, medios de vida y formas de autonomía. No obstante, en el proceso de actualización de este documento con las comunidades indígenas se presentan dos situaciones complejas.

La primera se relaciona con la complejidad y extensión del contenido de este instrumento. La actualización técnica del plan de manejo puede tardar tres o incluso más años en desarrollarse, mientras que en el marco de la consulta previa este documento suele revisarse de manera mucho más simplificada, debido a que estos procesos se realizan en tiempos relativamente cortos y con recursos limitados por parte de la institución. Esto implica que muchos de los elementos del documento no puedan ser analizados con la profundidad necesaria en los espacios de consulta.

La segunda situación tiene que ver con el hecho de que es el Ministerio del Interior quien determina cuáles comunidades indígenas son susceptibles de ser consultadas. Por lo general, esta definición se realiza tomando como referencia comunidades con territorios o figuras jurídicas legalmente constituidas, es decir, resguardos y cabildos superpuestos. Esta situación podría dejar por fuera a comunidades y formas de gobierno indígena que habitan territorios de uso y ocupación ancestral que aún no han sido formalizados dentro del PNN La Paya.

Como expresaba Tatiana Vera, funcionaria del PNN La Paya, esta tensión en torno a la definición del tipo de superposición y, por tanto, del tipo de gobernanza del área protegida, se ha presentado principalmente entre los distintos niveles de PNNC, pero también al

75 La consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas sobre medidas administrativas del Estado en territorios indígenas, como el caso de los planes de manejo, está reglamentada mediante la directiva presidencial 08 de 2020. conforme a los establecido en la Ley 21 de 1991, las directivas presidenciales y demás normas que la regulan.

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interior de los propios pueblos indígenas, lo que convierte esta discusión en un proceso de difícil resolución:

Parques obviamente tiene que entender eso y dirigir su atención, dirigir su planeación en pro de ese entendimiento, porque si no la planeación está en el 5% y claro si tú pones un administrador, dice el 5% está traslapado ¿cierto? presupuestalmente para un 5% traslapado pues cuánto financiamiento debe haber en un área; y lógico, nosotros realmente no hacemos toda esta estructura y relacionamiento y demás por el 5% de traslape, nosotros hacemos todo este relacionamiento es por la visión que tiene el territorio completo. Entonces eso se tiene que poner de acuerdo Parques y se tienen que poner de acuerdo las organizaciones y sus comunidades (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone de manifiesto que PNNC establece que la gobernanza del área protegida corresponde principalmente a su competencia institucional, con excepción de los resguardos superpuestos, donde se desarrollan la mayoría de las acciones concertadas con los pueblos indígenas mediante los APV. En ese sentido, a través del plan de manejo PNNC posiciona su autoridad sobre la mayor parte del área protegida y establece un modelo de gobernanza estatal en el que la institución se encarga de planear y ejecutar la gestión sobre la mayor parte de la superficie del PNN La Paya. Esto reduce y limita las concepciones y prácticas territoriales indígenas que se desarrollan a lo largo de todo el territorio del Parque.

Estas situaciones de superposición en la forma de gobernanza se relacionan con lo planteado por Souza (2002), desde la comprensión de que este tipo de medidas consultivas pueden convertirse en mecanismos legitimadores de socialización e información de un documento previamente construido, sin que exista la voluntad ni una participación real de las comunidades en su elaboración. En ese sentido, estas prácticas constituyen otra expresión de seudoparticipación o de ausencia de participación auténtica de las comunidades indígenas en la planeación y el manejo del área protegida. No obstante, resulta paradójico que estas formas de planeación y gobernanza impulsadas por PNNC se encuentren limitadas por la imposibilidad práctica de garantizar una presencia constante de los funcionarios de la institución en el área protegida. En la práctica, el territorio es habitado y controlado principalmente por las comunidades y otros actores presentes en el área, lo que permite reafirmar que esta territorialización institucional promovida por PNNC no siempre resulta eficaz ni coherente con los contextos locales del parque.

5.2.2 Las líneas de gestión del PNN La Paya en los territorios

superpuestos Aunque los APV permitieron articular diversas estrategias de conservación de PNNC con los procesos de organización y manejo territorial indígena en los resguardos superpuestos, esta institución no limita su gestión territorial únicamente a este mecanismo. Además de lo relacionado con la planeación del plan de manejo, PNNC implementa otras acciones de conservación de manera autónoma mediante las estrategias planificadas en sus líneas institucionales de gestión. En otras palabras, la gestión de los resguardos superpuestos del PNN La Paya se configura tanto a partir de las acciones planeadas e implementadas

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en el marco de los APV como desde procesos de planificación y gestión independientes que adelanta la institución.

En la actualidad existen ocho (8) líneas estratégicas en la estructura administrativa del PNN La Paya, a saber: Uso Ocupación y Tenencia (UOT); Estrategias Especiales de Manejo (EEM); Gestión del Conocimiento (GC); Restauración Ecológica (RE); Plan de Manejo; Educación Ambiental (EA); Prevención, Vigilancia y Control (PVC); y gestión financiera y administrativa. Estas líneas planean y ejecutan acciones de forma articulada, en mayor y menor grado, con el jefe del área y con los niveles regional y central de PNNC, teniendo en cuenta los Planes de Acción Anuales (PAA) y los Planes de Acción Operativos (POA)de esta institución, los cuales se encuentran alineados con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos de Estado a largo plazo76. Como ya se ha mencionado, las acciones y estrategias relacionadas con los territorios indígenas superpuestos son lideradas en PNNC, principalmente por la línea de Estrategias Especiales de Manejo (EEM). No obstante, las acciones que realizan las demás líneas estratégicas no se desarrollan de forma aislada, sino que, en su mayoría, deben ser coordinadas entre ellas. En consecuencia, en la gestión de los territorios superpuestos todas las líneas tienen algún nivel de operatividad, generalmente en coordinación con la línea de EEM. A continuación, se presenta un cuadro de síntesis con algunas de las acciones desarrolladas por las distintas líneas estratégicas en relación con la línea de EEM que se realizan por fuera del marco de los APV:

Cuadro 5. Acciones de las líneas estratégicas relacionadas con EEM diferentes a los

APV

Línea estratégica Función Acciones Estrategias Especiales de Manejo Encargada de fortalecer y coordinar el relacionamiento entre las comunidades y organizaciones indígenas que están asociadas al área protegida, ya sea por su condición de superposición o colindancia con esta.

-Coordinar procesos de acercamiento, relacionamiento y trabajo conjunto con comunidades indígenas por fuera del APV

76 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) debe responder a los objetivos y metas

dispuestas por el Ministerio de Ambiente, al que hace parte. Entre ellas se encuentran las metas y objetivos estratégicos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo; el Plan Estratégico Institucional de Parques Nacionales Naturales; CONPES 4050 de 2021; Decreto 1076 de 2015 y Ley 99 de 1993; Resolución 1287 de 2023; Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Parques Nacionales Naturales; los cuales orientan la política de conservación de PNNC.

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Línea estratégica Función Acciones Uso, Ocupación y Tenencia Encargada de liderar los procesos de acuerdos con comunidades campesinas y colonas que están al interior y zona de influencia del área protegida. Para el caso de situaciones con pueblos indígenas, se enfoca en gestionar, articular y fortalecer los procesos de uso, ocupación y tenencia de estas poblaciones en territorios indígenas del área protegida, mediante el trabajo coordinado con EEM. -Acuerdos interculturales de colindancias y uso del territorio -Procesos de restauración participativa interculturales -Procesos de sistemas sostenibles para la conservación Educación ambiental Planear, diseñar, implementar y evaluar acciones y estrategias de educación para la conservación de las áreas superpuestas.

-Talleres y capacitaciones sobre la conservación -Acompañamiento a procesos de relacionamiento con comunidades indígenas Prevención, Vigilancia y control Acciones de vigilancia del AP mediante la plataforma

SICO

SMART

y estrategias de monitoreo en lo local, para evaluar el avance, mitigación y control de las presiones sobre el AP. -Seguimiento de presiones mediante plataforma SMART Plan de Manejo Actualización del instrumento de planeación en articulación con las demás líneas del AP -Actualización del instrumento de planeación con el equipo del PNN La Paya

Gestión del conocimiento Establecer las actividades para generar y compartir el conocimiento, entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad con el objetivo de garantizar su empoderamiento, divulgación y socialización, buscando que dicho conocimiento permanezca en la Entidad y se aproveche para el mejoramiento continuo de los procesos y la satisfacción de los grupos de valor e interés.

-Producción de conocimiento sobre con comunidades indígenas en acciones por fuera del APV

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Línea estratégica Función Acciones Restauración La implementación gradual de procesos de restauración ecológica en áreas protegidas, con el objetivo de recuperar la integridad ecológica y la oferta de servicios ecosistémicos -Procesos de restauración participativa interculturales Financiero y administrativo Gestión de recursos, personal y procesos de funcionamiento administrativo del área protegida -Gestión de recursos, contratación de personal y otras funciones administrativas relacionadas con procesos con comunidades indígenas por fuera del APV -Gestión de escenarios interinstitucionales e interculturales para el fortalecimiento de la conservación del área protegida Fuente: Elaboración propia Como se observa en el cuadro anterior, dentro de PNNC existen diversas acciones de gestión sobre los territorios superpuestos que se desarrollan fuera del ámbito de los APV. Entre ellas se encuentran procesos de acercamiento, relacionamiento y trabajo conjunto con comunidades indígenas que no forman parte de los APV o de las asociaciones indígenas vinculadas a ellos. Asimismo, se adelantan acciones de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) mediante distintos sistemas de monitoreo, seguimiento y registro de información sobre el estado del área protegida y las presiones que afectan su integridad ecológica. Estas acciones se apoyan en herramientas tecnológicas de monitoreo y plataformas de registro utilizadas por PNNC a diferentes escalas institucionales. Una de estas herramientas es el sistema SICO SMART, empleado para el seguimiento de patrullajes, presiones ambientales y registros de biodiversidad en áreas protegidas77.

77 Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) es un software diseñado para la recopilación, gestión, análisis y reporte de información relacionada con actividades de monitoreo en áreas protegidas. Esta herramienta permite registrar patrullajes de vigilancia, observaciones de amenazas —como deforestación, tráfico de flora y fauna o actividades productivas no permitidas— y registros de biodiversidad, incluyendo avistamientos o rastros de especies. SMART fue desarrollado por un consorcio internacional liderado por organizaciones como Wildlife Conservation Society (WCS), Zoological Society of London (ZSL) y World Wide Fund for Nature (WWF). En Colombia, Parques Nacionales Naturales utiliza esta herramienta, entre otras estrategias de monitoreo institucional,

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Además de estas acciones de monitoreo, también se desarrollan otras estrategias de gestión asociadas con los pueblos indígenas por fuera de los APV, entre las cuales se destacan la generación de espacios interinstitucionales e interculturales orientados a la resolución de conflictos territoriales, ambientales y de gobernanza. En suma, y centrando la atención en el territorio superpuesto de esta investigación, la mayoría de las acciones de gestión realizadas por PNNC por fuera de los APV se han enfocado en tres ámbitos principales: el seguimiento a las presiones sobre el área protegida mediante sistemas institucionales de monitoreo; la actualización del plan de manejo del PNN La Paya; y la generación de escenarios interculturales e interinstitucionales orientados a la resolución de conflictos territoriales y ambientales. Estas acciones, si bien tienen incidencia directa sobre los territorios superpuestos, generalmente no se desarrollan mediante presencia permanente en terreno. Esto se debe principalmente a las limitaciones que enfrenta el equipo del PNN La Paya para realizar visitas al territorio, debido a las condiciones de riesgo público que afectan la seguridad de los funcionarios del área protegida, situación que será analizada con mayor detalle en apartados posteriores. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar cómo PNNC despliega estrategias de territorialización por fuera de las instancias y mecanismos de planeación conjunta. En términos de Lina Hurtado (2021, 2016), este tipo de acciones institucionales contribuye a trazar determinadas geografías y a modificar las formas que va tomando el espacio. Desde el momento de su declaración, el PNN La Paya ha desarrollado distintos instrumentos y prácticas institucionales para posicionar la existencia del área protegida tanto dentro de las comunidades indígenas que habitan el territorio como frente a los ámbitos municipal, regional y nacional. Entre estas prácticas se encuentran la expedición de la resolución de creación del parque y su correspondiente delimitación cartográfica, la construcción de discursos institucionales sobre la conservación del territorio, y el desarrollo de indicadores, metas y estrategias de gestión orientadas a la protección de la biodiversidad. En conjunto, estas acciones constituyen formas mediante las cuales el Estado afirma y reproduce su presencia institucional en este territorio.

Sin embargo, aunque con el tiempo se ha ido avanzando hacia mecanismos de planificación y toma de decisiones conjunta con los pueblos indígenas para el cuidado del territorio, aún persisten prácticas de gestión institucional que PNNC desarrolla sobre las áreas superpuestas. Estas dinámicas, como se señalado anteriormente, continúan generando tensiones frente a la definición de la forma de gobernanza del PNN La Paya.

5.2.3 La cultura “parqueana” en lo local

A este contexto de desarrollo de acciones independientes de PNNC por fuera de los mecanismos de coordinación con los pueblos indígenas para la gobernanza compartida de las áreas superpuestas, se suma un elemento de análisis fundamental relacionado nuevamente con la disputa de territorialidades al interior de la propia institución. En este

dentro de la línea estratégica de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) para fortalecer el seguimiento a las presiones sobre la biodiversidad y el patrimonio ambiental.

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escenario, las identidades territoriales locales, regionales y nacionales se entrelazan y generan tensiones a la hora de tomar decisiones sobre el manejo y la gestión del área protegida. A este fenómeno lo denomino la disputa de territorialidades parqueanas. Las expresiones “parqueanos” o “parqueanas” fueron algunas de las que más llamaron mi atención durante el trabajo de campo de esta investigación, especialmente durante el desarrollo de mi ejercicio profesional con el equipo del PNN La Paya. En distintos espacios observé cómo estas expresiones se manifestaban tanto en el discurso como en las prácticas cotidianas de los funcionarios. Los “parqueanos” y “parqueanas” son los y las guardaparques o funcionarios asociados al parque, pero también representan un imaginario institucional vinculado a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Este imaginario ha tomado forma a través de políticas, discursos y prácticas propias de PNNC, y ha sido apropiado por los funcionarios de la institución mediante símbolos como el uniforme, consignas institucionales como “somos la gente de la conservación” y, sobre todo, a través de la implementación de acciones propias de la gestión de áreas protegidas, tales como recorridos de control y vigilancia, procesos de investigación, educación ambiental y relacionamiento comunitario.

Durante mi trabajo con el equipo del PNN La Paya pude reconocer esta identidad territorial, que en realidad corresponde a una cultura institucional construida a lo largo de muchos años entre funcionarios y contratistas de PNNC. Sin embargo, esta cultura también se presenta como uno de los espacios de desencuentro al interior de la institución. Como se evidenció en capítulos anteriores, la gestión del PNN La Paya ha ido transformándose progresivamente mediante cambios en la forma de relacionamiento entre PNNC y las comunidades indígenas. Con el tiempo, el proceso de gestión comenzó a transitar hacia estrategias más cercanas y colaborativas con las comunidades.

En este contexto, la institución empezó a incorporar en el equipo local a funcionarios que conocieran o hubieran vivido en el territorio donde se encuentra el parque, con el propósito de armonizar las dinámicas locales de manejo territorial con los objetivos misionales de conservación de PNNC. Esto permitió integrar algunas de las miradas, experiencias y sentidos de pertenencia que estos funcionarios tenían con el territorio al ejercicio de gestión del área protegida, facilitando así formas de intervención más cercanas a las realidades locales, aun cuando el parque continúa recibiendo personal externo al territorio conforme al modelo de contratación de PNNC señalado en el capítulo 2. Además de esta incorporación de personal local, PNNC ha logrado mantener durante varios años a algunos funcionarios que nacieron en el municipio de Puerto Leguízamo o que provienen de familias que habitaron zonas que hoy hacen parte del PNN La Paya. Esta permanencia ha permitido dar continuidad a ciertas lecturas del territorio y a formas de gestión institucional más cercanas a las comunidades.

Con relación al caso de estudio, Harley Morales—funcionario del PNN La Paya— comentaba que la gestión de los territorios superpuestos del sector Putumayo con las comunidades, al cual pertenece el resguardo Agua Negra, fue tomando un rumbo más armónico en la medida en que las comunidades reconocían que algunos funcionarios del parque eran personas del propio territorio:

Sí, claro. Ellos, digamos, toda la gente del río nos conocía porque nosotros, la gente del río Putumayo, a través de la junta de acción comunal y todos ellos, se reúnen mucho. En algunas ocasiones nos reuníamos en La Paya con todos los presidentes

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de la junta y los gobernadores. Entonces éramos muy conocidos en toda la zona del río Putumayo.

Digamos que íbamos, también en ese tiempo se hacían muchos encuentros deportivos. Nos integrábamos mucho con ellos porque nosotros de La Paya íbamos hasta Agua Negra con los equipos de La Paya, de la Nueva Paya. Entonces, además de eso, teníamos una buena influencia también por el tema del deporte y pues éramos todos más o menos conocidos. Entonces ellos sabían que, en mi caso, yo era funcionario del parque y que era de la comunidad de Salado Grande (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Esta pertenencia territorial de algunos funcionarios facilitó el proceso de territorialización de PNNC en el área protegida, fundamentado en el discurso y las prácticas institucionales de conservación de la biodiversidad. Al mismo tiempo, el sentido de cuidado del territorio que estos funcionarios habían construido a lo largo de su vida personal influyó en la forma como desarrollaron su labor institucional. En otras palabras, la gestión del parque comenzó a estructurarse, en algunos casos, a partir de un sentido de pertenencia territorial previo al ingreso a PNNC. Frente a esto, Harley Morales proseguía:

Yo soy una persona que yo he tenido sentido de pertenencia por mi territorio. A mí me duele, o sea yo, a pesar de todas las cosas, y me duele lo que pasa en el parque, en el río Caucayá, en el área protegida La Laguna de La Paya. Así nosotros siempre cuidamos el territorio, a la visión de nosotros era esa de cuál es el territorio. Entonces a mí me duele y yo no trabajo tanto porque me paguen o por mi sueldo, porque, es más, a mí desde hace mucho tiempo mi familia me ha dicho: "Retírese del parque porque se lo van a matar un día de estos.

Porque yo he vivido situaciones difíciles en el parque porque yo siempre le he puesto mucho el pecho a eso. Nosotros éramos de los que decomisábamos cosas y nos tocaba hacerlo y eso a nosotros nos generó enemigos y problemas y riesgos. Y ahí muchas veces mi familia me decía: "Oiga, por mucha plata que le paguen, usted no trabaje más, ya usted sabe, trabaje en otra cosa". Pero yo lo hago porque siento sentido de pertenencia por eso, o sea yo cuido eso como si fuera mío. No pierdo la esperanza de que algún día se triunfe con eso (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Este sentido de “pertenencia territorial” puede comprenderse a partir de lo que Nates (2010) define como territorialidad, entendida como la forma en que las personas sienten, viven y producen el territorio a través de sus prácticas cotidianas. Estas prácticas pueden incluir actividades como cultivar plantas, cazar, construir familia, imaginar el territorio, proyectarlo hacia el futuro o conocer su historia. En ese sentido, muchas de estas acciones y experiencias hacían parte de la vida de estos funcionarios antes de ingresar a PNNC. En esos términos, muchos de estos funcionarios locales, antes de ocupar este rol, tenían sus familias y fueron criados en el territorio colindante o en el que se declaró el PNN La Paya, por lo que, muchos de ellos, fueron testigos del momento en el que empezaron a llegar funcionarios del entonces INDERENA a imponer límites y prohibiciones en favor de la conservación. Ante esto, Tatiana Vera—funcionaria antigua del PNN La Paya— relacionaba su historia de vida en este territorio con el ingreso de PNNC:

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Mi relación con Parques comenzó incluso antes de nacer. Mi familia fue colonizadora en los años 70 y algo. Entraron en ese proceso de colonización acá en Leguízamo. Mi abuelo, Octavio Vera, formó parte de esas familias que se asentaron en la cuenca del Caucayá en el 90. El parque se creó en el 84; mi abuelo llegó acá en el 72, aproximadamente. No te puedo decir el año específico. En el 84, mi abuelo ya tenía título de propiedad en el Parque La Paya (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

De la misma manera que la familia de Tatiana Vera, muchas otras habitaban el territorio en el cual fue declarado el PNN La Paya, provenientes de otros lugares de Colombia, y llegaron incluso a tener títulos de propiedad en esta zona; y mediante su pervivencia en este territorio fueron construyendo un sentido de cuidado de las manifestaciones de riqueza biológica y ecológica allí presentes, lo cual ratificaba Tatiana Vera: Mi mamá me cuenta que parte de su embarazo y las relaciones que generó con la finca que tenía mi abuelo la llenaron de emoción por poder quedarse acá. Mi mamá es llanera y mi abuelo antioqueño. Es mi abuelo paterno, no mi abuelo materno. Entonces mi papá, mi mamá y mi abuelo crearon una relación muy fuerte con ese territorio del Caucayá [actual sector del PNN La Paya]. Mi abuelo fue un ambientalista, un creyente de la conservación, mi papá igual (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

Este sentido de cuidado del territorio fue catapultado con la creación del PNN La Paya, lo que permitió que muchas personas, como Tatiana Vera, desarrollaran una relación intrínseca con los objetivos de conservación del área protegida establecidos por esta entidad:

Mi familia nos crio, a mi hermana y a mí, en un ambiente muy ambientalista. Nuestras vacaciones eran en la cabaña; esa fue la primera sede del área protegida, una de las primeras sedes por el sector Caucayá. Mi abuelo mantuvo mitologías con esos territorios. Su finca, su predio, se llamó Yataé, y tengo entendido que aludía a la madre tierra como una reina, como un ser que precisamente no tenía sexo, que era mixto, que no tenía género. Él contaba una historia siempre de Yataé como ese territorio místico que tenía formas, que le daba comida, que también le pedía favores.

Tengo entendido que dentro de los predios del Caucayá, el predio de mi abuelo fue uno de los más conservados. Eso obviamente fue un orgullo para mí, y no conocí eso sino hasta después, cuando entré a Parques Nacionales. Si bien mi abuelo me dio a conocer parte de lo que fue ese terruño para él, porque era su casa (más bien él venía de vacaciones a la casa aquí en el pueblo), creo que todo eso nos generó una relación muy grande con el área protegida (Entrevista personal, Tatiana Vera,

2024).

Para Tatiana Vera, la misión de PNNC en este territorio se empezó a convertir en su nueva aspiración de vida, la cual se manifestaba como un ejercicio para cuidar su territorio: Entonces siempre veía los uniformes; parecían los Boy Scouts, y mi papá siempre nos metió en Boy Scouts en todo lado. Para mí, eso era lo más parecido a lo que debería ser cuando fuera grande, y siempre veía a los guardaparques. Uno de niño

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siempre idealiza, obviamente, a las personas con las que convive, y veía eso de una forma muy hermosa.

Obviamente, lo que tenía que ver era sí o sí relacionado con esa área protegida. Entonces claro, mi misión fue siempre hacer parte del área protegida. Estudié, la verdad, sin intención creo que en la adolescencia de decir "sí, voy a ser parte de Parques Nacionales". Pero después, cuando ya entré en mi proceso de aprendizaje, ya estaba a punto de graduarme de trabajar con pueblos indígenas. Me di cuenta de la necesidad de formar parte, de trabajar ya devengando un salario, y creo que Parques tenía la posibilidad de tener lo que yo quería, en lo que yo quería ejercer, porque precisamente estaba la relación con Leguízamo, la relación con esa área en la que me crie y con las comunidades locales, que es uno de mis intereses (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

Una historia paralela a la anterior fue la de Enrique Hernández, otro de los funcionarios antiguos del PNN La Paya, quien manifestaba como fue criado en el territorio en el cual está el PNN La Paya, a donde llegaron sus padres en búsqueda de un nuevo futuro, esperanzados por las bonanzas económicas que existieron allí hacia la mitad del siglo XX, a semejanza de muchas de las familias que se asentaron en este territorio. Según contaba: Mi papá venía de la zona del Caquetá. En ese tiempo vivió en parte en el Putumayo y, antes de la creación del área, vivió en la zona de Caucayá, donde había algunos cocales. Ese sitio era en la laguna de Limón Cocha, y hacia adentro la finca se conocía como Brasil en ese tiempo, pero tenía algunos cultivos de coca. O sea, él llegó para la época de la bonanza de la coca (…) en el área del Parque La Paya, en el sector Caucayá, (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

La particularidad de la territorialidad de la familia de este funcionario fue su movilidad por distintas zonas del interior y aledañas al territorio actual PNN La Paya, proceso en el que tuvieron mucho acercamiento a las dinámicas y formas de vida de distintas comunidades indígenas que ya habitaban esta área:

Después estuvimos hacia abajo por el río Caguán, en Peñas Rojas, y después de un tiempo ya nos vinimos hacia esta zona donde vivimos ahora, principalmente acá en Leguízamo. Íbamos a la finca con papá, pero manteníamos yendo y viniendo. Ya después empecé a estudiar acá en Leguízamo. Mi papá sí se quedaba en la finca, ya tenía los cultivos y mantenía esas cosas. Estuvimos en parte en Solano, otra parte cerca al resguardo ubicado aquí en el Caquetá, en el resguardo Murui y al lado de Caquetá está Jiri Jiri, Primavera y Umancia. Ahí al frente de Jiri Jiri (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Más adelante, este funcionario ingresó a PNNC y, aunque no tenía una orientación familiar hacia la conservación, el desarrolló un sentido de pertenencia territorial que despertó su interés por el cuidado del territorio y como oportunidad para su subsistencia: No tenía programado trabajar acá. Empecé trabajando como auxiliar de campo con el Instituto Sinchi, y ya después, con el tiempo, sí tenía un interés en posiblemente trabajar acá en el área. Cuando fui a estudiar la tecnología a Antioquia, volví con cierto interés, por eso me presenté. Y también por la posibilidad de empleo (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

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Así como Enrique, muchas otras personas del territorio fueron integradas al equipo del PNN La Paya, ya fuera como contratistas o como funcionarios de carrera administrativa. Con el tiempo, estos actores han ido configurando una comunidad “parqueana” local, caracterizada por un sentido de conservación ligado a una fuerte pertenencia territorial. Este sentido de pertenencia ha influido en el desarrollo de procesos institucionales de conservación que, al mismo tiempo, se nutren del conocimiento directo que estos funcionarios tienen sobre las necesidades y dinámicas del territorio. De esta manera, dicho conocimiento se convirtió en una especie de materia prima para el desarrollo de distintos procesos de relacionamiento más cercanos y participativos que PNNC ha adelantado a nivel local con las comunidades indígenas.

Al mismo tiempo, estos funcionarios han contribuido al proceso de territorialización del área protegida y de la propia institución dentro de las comunidades locales, convirtiéndose en uno de los factores que ha favorecido la generación de confianza hacia PNNC y, en algunos casos, en uno de los motivos que ha despertado el interés de las personas del territorio por vincularse laboralmente a esta institución.

En efecto, y retomando las tensiones institucionales relacionadas con la forma de gestión del PNN La Paya y de los territorios superpuestos, a lo largo de la historia de este parque se ha presentado una disputa entre los niveles regional y central de PNNC. Esta tensión se expresa especialmente en las diferentes formas de comprender y ejercer la función pública de conservación: por un lado, desde los niveles central y regional se busca dar cumplimiento a las metas nacionales de conservación; y, por otro, desde la perspectiva de algunos funcionarios locales, dichas metas no siempre resultan pertinentes o alineadas con las necesidades, territorialidades y dinámicas internas de las comunidades indígenas que habitan y hacen uso ancestral y tradicional del territorio donde se encuentra el área protegida.

A modo de ejemplo, se han presentado situaciones en las que los niveles central y regional de PNNC plantean la ejecución de acciones de restauración ecológica en el área protegida junto con las comunidades, bajo el objetivo institucional de aumentar el número de hectáreas reforestadas en un periodo determinado. Frente a ello, el equipo local del PNN La Paya ha planteado la importancia de que estos procesos se desarrollen mediante ejercicios de planificación horizontales con las comunidades, con el fin de articular sus conocimientos y su contexto territorial con las funcionalidades de las especies a sembrar. Sin embargo, en algunos casos han primado los ritmos, tiempos y metas definidos desde los niveles regional y nacional de PNNC, lo que ha llevado a implementar acciones de restauración poco conocidas por las comunidades y desarticuladas de sus calendarios ecológicos y de sus necesidades de aprovechamiento. Como consecuencia, se ha generado una baja apropiación de estos procesos de cuidado y, en varios casos, la pérdida de las especies sembradas.

Esta situación puede analizarse a la luz del planteamiento de Gimeno Sacristán (1992) sobre el desarrollo curricular en el campo educativo. Aunque su propuesta fue formulada para comprender cómo se implementan las políticas educativas en la práctica escolar, su valor analítico radica en mostrar que las políticas institucionales no se aplican de manera lineal, sino que atraviesan diferentes etapas en las que intervienen múltiples actores que reinterpretan, adaptan o transforman dichas directrices. En este sentido, el marco conceptual del desarrollo curricular permite comprender cómo una política definida en un nivel central se transforma a medida que desciende hacia los espacios concretos donde es puesta en práctica.

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Para este autor, el currículo educativo —entendido como un campo donde interactúan actores con intereses, visiones y capacidades distintas— atraviesa varias fases: 1) currículo prescrito, 2) currículo presentado a los profesores, 3) currículo moldeado por los profesores, 4) currículo en acción, 5) currículo realizado y 6) currículo evaluado. Estas etapas permiten evidenciar que entre la formulación de una política y su implementación efectiva existe un proceso de reinterpretación y negociación permanente. De manera análoga, este esquema resulta útil para analizar la forma en que se desarrollan las políticas de conservación ambiental dentro de PNNC. En este caso, las políticas de conservación definidas a nivel nacional pueden entenderse como políticas prescritas, que posteriormente son presentadas a los funcionarios encargados de su implementación en las áreas protegidas. A partir de allí, dichas directrices son reinterpretadas y adaptadas por los equipos locales, quienes las moldean de acuerdo con las condiciones territoriales, los recursos disponibles y las dinámicas sociales del lugar donde deben aplicarse. Este proceso da lugar a políticas en acción, que finalmente se traducen en resultados concretos en el territorio y que posteriormente son objeto de evaluación institucional. En ese sentido, se observa que tanto las acciones de las líneas de gestión de PNNC como el plan de manejo y los mecanismos de coordinación y gobernanza con comunidades indígenas —entre ellos los APV— se originan en objetivos, políticas, metodologías y prácticas de conservación definidas desde el nivel nacional de la institución. Sin embargo, a medida que estas directrices descienden hacia el nivel local, comienzan a interactuar con las territorialidades de los diferentes actores involucrados.

Así como en el campo educativo los profesores disputan el territorio curricular junto con el Estado, los padres de familia y los estudiantes, en el caso de las políticas ambientales de PNNC estas encuentran, al momento de su implementación, a diversos agentes que intervienen en su interpretación y aplicación. Entre estos actores se encuentran los funcionarios locales del PNN La Paya, quienes reinterpretan las directrices institucionales desde su experiencia territorial, así como las comunidades indígenas que habitan y hacen uso ancestral del territorio del área protegida.

Desde esta perspectiva, la implementación de las políticas de conservación en el PNN La Paya no puede entenderse como un proceso técnico y lineal de aplicación de normas institucionales, sino como un proceso de negociación y disputa entre distintas territorialidades. Las directrices de conservación definidas desde los niveles nacional y regional de PNNC se encuentran, en el ámbito local, con las territorialidades de los funcionarios del parque y con las territorialidades de las comunidades indígenas, quienes también poseen formas propias de comprender, habitar y gestionar el territorio. En suma, se identifica que la definición de estrategias de PNNC para la gestión de los territorios superpuestos —mediante el plan de manejo, las acciones de las líneas estratégicas del PNN La Paya y la planeación e implementación de los APV— se desarrolla en un escenario marcado por desencuentros y disputas entre distintas formas de territorialización. Por un lado, se encuentra la territorialización promovida por PNNC desde sus niveles regional y central; por otro, las territorialidades de los funcionarios locales del parque y de las comunidades indígenas asociadas al área protegida.

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Esta situación configura una doble forma de territorialización institucional. Por una parte, se expresa un modelo de gobernanza estatal en el que PNNC mantiene una mayor prevalencia en la toma de decisiones sobre el área protegida. Por otra, emergen intentos de construir formas de gobernanza compartida o comunitaria, en las que se plantea la posibilidad de consolidar modelos de gestión del territorio con participación equitativa o incluso autónoma de las comunidades, en función de su bienestar y de la sostenibilidad de sus medios de vida.

5.3 El manejo territorial de la comunidad de Agua Negra

Hasta el momento se han analizado las diferentes formas de gestión de las áreas superpuestas del PNN La Paya en las que participa Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), tanto desde los ejercicios de planeación y trabajo conjunto con las comunidades y ACILAPP en las instancias políticas de relacionamiento, como desde sus estrategias institucionales autónomas. No obstante, como se señaló en apartados anteriores, la existencia de formas de gobernanza y de construcción territorial involucra también a otros actores y dinámicas que se encuentran por fuera de los documentos institucionales y de los acuerdos formales. Entre ellas se encuentran las formas de gobernanza y manejo del territorio que desarrolla la comunidad de Agua Negra, las cuales denomino gobernanza de facto en el territorio, es decir, formas de toma de decisiones, manejo y control de la tierra y regulación de los recursos que ocurren en la práctica cotidiana y que representan el ejercicio real del poder en el territorio (Borrini-Feyerabend et al., 2004).

La comunidad del resguardo Agua Negra tiene su asentamiento principal a orillas del río Putumayo, aunque algunas viviendas se encuentran en sectores cercanos y más alejados de este punto central. Es importante señalar que este asentamiento principal no se encuentra dentro del área superpuesta con el PNN La Paya. En el centro del asentamiento se ubica la escuela de la comunidad, donde se imparte educación básica primaria y secundaria hasta el grado noveno y donde la comunidad se reúne en asambleas esporádicas para definir decisiones colectivas, especialmente en relación con el cuidado del territorio y la organización comunitaria.

Actualmente, la autoridad formal del resguardo está conformada por un gobernador, una autoridad tradicional, un alcalde menor y un alguacil o guardia indígena, quienes son elegidos mediante votación comunitaria para ejercer sus funciones durante un año. A esto se suma la elección de equipos encargados de coordinar temas territoriales y de apoyar la organización de la guardia indígena.

Sin embargo, aunque existe esta estructura formal de gobierno propio, durante el trabajo de campo pude observar la presencia de múltiples dificultades relacionadas con la gobernanza territorial. Estas dificultades se manifiestan en aspectos como el desconocimiento de algunos procesos de gestión territorial, la falta de recursos, la insuficiencia de personas que asuman responsabilidades organizativas y, en algunos casos, el desinterés de parte de la comunidad. Estas situaciones están profundamente relacionadas con procesos históricos de fragmentación social en el territorio, asociados principalmente al conflicto armado, a las economías ilícitas y al abandono estatal. A continuación, se describen algunas de estas dinámicas.

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5.3.1 Agricultura, caza y pesca

El primer aspecto para considerar se relaciona con la organización de los medios de vida y la economía de la comunidad. Como ya se explicó anteriormente, el resguardo constituye una forma de propiedad colectiva del territorio; sin embargo, en la práctica la mayoría de las actividades económicas se desarrollan a partir de unidades familiares, mientras que las actividades colectivas han quedado relegadas.

En un diálogo con Mercedes Monaga, una de las ancianas de la comunidad, ella manifestaba su preocupación frente a la problemática del hambre en el territorio. Según explicaba, la cacería prácticamente ha desaparecido y la pesca es cada vez más escasa, principalmente como consecuencia de los prolongados procesos históricos de extracción de fauna en la región. Comentaba que actualmente solo muy adentro de la selva o en caños alejados del asentamiento principal es posible encontrar algunos animales o peces para el consumo, situación que ha afectado profundamente la continuidad de la alimentación tradicional de la comunidad.

En su lugar, se ha venido adoptando una dieta más cercana a los productos comerciales adquiridos mediante intercambios con lo poco que se logra obtener en el territorio: “[mi compañero] si va a pescar a veces lo encargan para comprar panela o azúcar no sé, para pescar sal, mechera, así cositas y no sabemos dónde uno va a encontrar esas cosas, muy difícil para conseguir” (Entrevista personal, Mercedes Monaga, 2024). Otro integrante de la comunidad también señalaba que la pesca actualmente se realiza en pequeñas cantidades y que, en ocasiones, parte de lo que se obtiene se vende a comerciantes con el fin de conseguir dinero para cubrir necesidades básicas del hogar. Sin embargo, esta actividad no garantiza el sustento diario: “la pesca no es una gran cosa (…) acá lo que lo que es la costumbre, de pronto un pedacito más grande que uno no pueda aprovecharlo, toca hablarlo con el comerciante…pero así para dedicarse a eso no garantiza” (Entrevista personal, Luis San Juan, 2024).

En consecuencia, la alimentación de muchas familias se basa actualmente en pequeñas siembras de alimentos de pan coger como plátano, yuca y maíz destinadas principalmente al autoconsumo, complementadas con actividades pecuarias de pequeña escala, como la cría de gallinas para la producción de huevos y carne. Estas actividades también se desarrollan principalmente en el ámbito familiar y no comunitario, lo que ha contribuido al debilitamiento de la práctica de las chagras tradicionales comunitarias. Según la abuela Mercedes Monaga, “pues casi no hay chagra y como más de eso casi como yo digo no hay gente, ¿quién va a hacer chagra? ¿quién va a cuidar?” (Entrevista personal, Mercedes Monaga, 2024). Antiguamente, en la comunidad se practicaban chagras comunitarias en las que no solo se cultivaba una diversidad de alimentos para la subsistencia, sino que también se fortalecía el tejido social. Estos espacios de siembra colectiva reunían a distintas generaciones y permitían que los abuelos y abuelas transmitieran conocimientos relacionados con la alimentación, la siembra, los tiempos ecológicos, las plantas medicinales y otras prácticas culturales. No obstante, en la actualidad estas dinámicas comunitarias se han debilitado, dando paso a prácticas más individualizadas, como relataba otro integrante de la comunidad: No me gusta eso. ¿Trabajar en grupo o no? Porque hay mucha desunión. Hay mucha desunión. Entonces eso no le ha resultado bueno. Usted sabe, usted tiene

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lo suyo, usted hace lo que usted puede, hasta donde puede y no está de pronto teniendo contrapunteo con el amigo, con la amiga o tal y bueno, con los que haigan en el grupo, porque a veces unos van, otros no van, eso tiene infinidades de cosas. Entonces es mejor luchar uno con lo que la fuerza le ayude, a mí se me parece mejor así (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024)

Además de estas dificultades organizativas, se ha venido presentando el aumento de plagas en los cultivos agrícolas, lo que ha dificultado el desarrollo de siembras a mayor escala orientadas a generar ingresos a través del comercio. Esta situación se agrava debido a que muchos miembros de la comunidad no cuentan con conocimientos técnicos para el manejo de estas plagas. Según comentaba uno de los habitantes: Aquí en este caso sucede algo: siembra la plántula, es decir, pero hay un insecto en el plátano, siempre hay un insecto en la cuestión del tomate y el pimentón, unas larvas. En ese caso, si podría haber un profesional que nos colaborare para mirar como detener esa plaga porque es un insecto que perjudica. Alcanza a llegar hasta las florecitas, hasta donde viene el fruto, entonces esta plaga baja a la flor, a la cuestión del néctar y hasta luego amigo. Entonces, yo no había practicado eso, y ahora que ya estoy en esto queda uno como pa’ empezar de nuevo, duro. Es difícil (Entrevista personal, San Juan, 2024).

Las actuales actividades de subsistencia de la comunidad se encuentran en un proceso inicial de reconstrucción. Durante varios años, gran parte de la economía del resguardo estuvo basada en los cultivos de hoja de coca destinados a economías ilícitas. Sin embargo, hacia el año 2022 el precio de la coca cayó a nivel regional y nacional, lo que provocó la pérdida de muchos de estos cultivos. Como consecuencia, muchas familias comenzaron a buscar nuevas alternativas económicas para la subsistencia y el comercio, aunque hasta el momento no han logrado consolidar una economía estable. Esto se debe, en parte, a que cualquier proyecto productivo requiere inversión, acompañamiento técnico y continuidad institucional, factores que han sido difíciles de garantizar en el territorio. Según comentaba un miembro de la comunidad, “la situación que yo encuentro aquí porque el trabajo está aquí a montones, pero no hay forma de cubrir las necesidades” (Entrevista San Juan, 2024).

A pesar de estas dificultades, las familias continúan buscando alternativas productivas mediante la gestión de apoyos institucionales. Entre las iniciativas exploradas se encuentran proyectos de producción de caña, arroz, plátano y yuca, impulsados en diferentes momentos con apoyo de la Alcaldía municipal, organizaciones no gubernamentales, ACILAPP y el propio PNNC. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no han logrado consolidarse en el largo plazo debido a factores como promesas institucionales incumplidas o parciales, proyectos descontextualizados, procesos de corta duración o la ausencia posterior de las instituciones que inicialmente impulsaron estas propuestas.

5.3.2 Autoridades tradicionales

Como ya se ha mencionado, el tejido cultural de la comunidad se ha visto históricamente muy afectado, lo cual se refleja en situaciones como la inexistencia de abuelos con las habilidades, conocimientos y competencias espirituales relacionadas con el Dɨona (tabaco), la Jibina (coca) y la Fareka (yuca dulce), plantas sagradas propias de la

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espiritualidad del pueblo Murui Muina que durante mucho tiempo orientaron el cuidado de este territorio.

En efecto, aunque existen ancianos sabedores de la historia que aportan a las decisiones organizativas comunitarias, no se cuenta con abuelos que posean los conocimientos necesarios para tejer la cultura desde la espiritualidad Murui Muina. A esta situación, un miembro de la comunidad la relacionaba con una condición de orfandad: “los abuelos que tenemos aquí, primero que todo pues ellos también casi no practican eso, no saben, no han tenido ese conocimiento como se debe manejar esto; entonces pues estamos mal, estamos huérfanos” (Entrevista personal, San Juan, 2024).

De igual manera, tampoco existen sabedores que manejen el conocimiento espiritual de la planta del yagé, que fue otro de los sistemas de conocimiento espiritual presentes en esta comunidad y que, como se señalará más adelante, fue prohibido por actores armados ilegales.

Esta situación se manifiesta como otra expresión de la fragmentación del tejido comunitario, puesto que este tipo de autoridades tradicionales han sido históricamente fundamentales para la unión cultural de las comunidades Murui Muina. Su papel no se limita al ámbito político, sino que se expresa en escenarios de reproducción de la cultura, la memoria y el compartir de los alimentos y de las plantas sagradas tradicionales; así como en espacios para la transmisión de la lengua, de las historias tradicionales y, por supuesto, de los conocimientos sobre el manejo del territorio, sus tiempos, sus historias y sus dinámicas.

No obstante, aún pervive la escuela de la comunidad, la cual, aunque imparte principalmente contenidos del sistema educativo occidental, también se ha convertido en un escenario de encuentro para los niños y jóvenes, quienes allí comparten algunos elementos de la cultura, las historias tradicionales y la lengua propia. En suma, se evidencia una fuerte fragmentación cultural en la comunidad, la cual repercute en la debilidad del gobierno propio y, en consecuencia, en la falta de orientación sobre el manejo del territorio. Esta situación constituye una expresión del exterminio cultural que ha sufrido la comunidad y que, en la actualidad, se ha intentado recomponer mediante procesos educativos propios y a través de rutas de reparación impulsadas por el Estado, PNNC y desde los procesos propios y con ACILAPP. Sin embargo, estas iniciativas han resultado inconstantes, discontinuas y carentes de un enfoque integral.

5.3.3 Reconocimiento de límites territoriales

Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, la territorialidad de la comunidad de Agua Negra supera ampliamente los límites del polígono formal del resguardo, tal como fue identificado en el capítulo 1 mediante el análisis histórico-documental. No obstante, durante mi proceso de acompañamiento a la comunidad he podido identificar cómo la protección del resguardo se ha convertido en una garantía concreta para la defensa de sus derechos territoriales y de su territorialidad. Asimismo, se ha constituido en el eje de coordinación con PNNC, dado que los APV y las acciones de concertación para la conservación se han fundamentado principalmente en la superposición entre los polígonos del resguardo y del PNN La Paya.

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Por este motivo, desde hace más de diez años muchos de los líderes de la comunidad han impulsado la protección del área del resguardo y de sus derechos territoriales con el apoyo de ACILAPP, mediante el avance de distintos procesos institucionales. Uno de los más importantes ha sido la implementación de la ruta de restitución de derechos territoriales con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el año 2017. Este proceso llegó a una instancia judicial, en la cual un juez de restitución de tierras emitió una serie de órdenes dirigidas a diferentes instituciones públicas en favor de la garantía de los derechos territoriales de la comunidad de Agua Negra. Entre ellas se encuentran las órdenes impartidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para impulsar la protección de los límites del resguardo, su saneamiento y su ampliación78.

Estas órdenes judiciales dirigidas a la ANT fueron emitidas a raíz de los constantes incumplimientos y demoras de esta institución en la implementación de las rutas de seguridad jurídica del resguardo Agua Negra —ampliación, saneamiento y protección de sus límites—79, procesos que la comunidad viene solicitando desde el año 2011. En relación con la ampliación del resguardo, es preciso señalar que la comunidad avanzó en esta solicitud con la ANT como parte de su ejercicio de búsqueda de mayor reconocimiento de su territorialidad. La pretensión consistía en extender el área del resguardo hacia las zonas occidental, oriental y norte, siendo esta última precisamente la zona que se superpone con el PNN La Paya. Esta solicitud se fundamentó en los usos históricos y en el vínculo ancestral con el territorio pretendido. La comunidad elaboró una serie de cartografías (Figuras 25 y 26), las cuales hicieron parte de una nueva solicitud de ampliación del resguardo Agua Negra presentada en el año 2023, teniendo en cuenta que desde 2011 no se había evidenciado ningún avance

78 El proceso de restitución de derechos territoriales con la UAEGRTD se da en el marco del decreto 4633 de 2011, que tiene como fin reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia, con especial énfasis en la restitución de sus derechos territoriales. Su implementación para la comunidad de Agua Negra superó la etapa administrativa y llegó a la judicial, hasta un proceso en el cual, en el año 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa emitió el Auto Admisorio de la Demanda n. 388, con el que, además de dar inicio al proceso judicial de restitución, emitió una serie de órdenes fundamentales para garantizar el avance del caso, y proteger el territorio y los derechos de los solicitantes. Dentro de estas órdenes, instó a la ANT a acelerar inmediatamente los procesos de ampliación, saneamiento e instalación de vallas publicitarias alusivas al resguardo, con el fin de proteger los derechos territoriales de la comunidad. A pesar de esto, para finales de 2024, la ANT no ha logrado avanzar con ninguna de estas órdenes, argumentando que estas demoras obedecen a razones como la inexistencia de condiciones de seguridad para su personal en el territorio, la falta de personal, la gran cantidad de rutas de este tipo con muchas comunidades indígenas en el país, lo cual pone en evidencia la falta de voluntad política y cobertura del Estado como principales motivos que generan la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

79 El Decreto 2164 de 1995 establece los lineamientos para el saneamiento, ampliación y

demarcación de los resguardos indígenas en Colombia. El saneamiento busca aclarar la titularidad y resolver conflictos sobre la propiedad del territorio; la ampliación permite incorporar tierras adicionales al resguardo conforme a criterios históricos, culturales y de necesidad; y la instalación de vallas hace parte del proceso de demarcación física, con el fin de señalizar y proteger los límites territoriales reconocidos legalmente. Estas acciones fortalecen la seguridad jurídica y el control autónomo del territorio por parte de las comunidades indígenas.

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significativo por parte de la ANT. Esta construcción cartográfica fue una de las acciones que apoyé como profesional durante los años 2022 y 2023, en el marco del trabajo con ACILAPP y Agua Negra en materia de derechos territoriales. Durante la implementación de las técnicas metodológicas utilizadas para su desarrollo, pude evidenciar que una de las razones principales de esta pretensión de ampliación es el vínculo territorial amplio de la comunidad más allá de las fronteras establecidas por el resguardo, cuestión que se detalla a continuación.

Figura 25. Cartografía propia de la comunidad de Agua Negra sobre sus límites del resguardo y el área pretendida para ampliación

Fuente: Comunidad de Agua Negra, 2022 Como se describió en la introducción de esta tesis, el resguardo Agua Negra tiene un poco más de la mitad de su área en condición de superposición con el PNN La Paya (58 %), en donde se encuentran principalmente cananguchales y sitios sagrados de la comunidad, condiciones que dificultan la realización de actividades como la agricultura, los asentamientos e incluso el tránsito constante por el territorio. Por este motivo, la comunidad decidió impulsar la ampliación de sus límites territoriales legalmente constituidos hacia una zona del interior del área protegida con mejores condiciones para desarrollar este tipo de actividades. Además, la comunidad fundamentó esta solicitud de ampliación en la existencia de formas históricas de uso, vínculos espirituales y conocimientos y prácticas de manejo territorial sobre el área pretendida.

Este vínculo de la comunidad con el área de ampliación, así como con su mismo resguardo, fue identificado mediante los diferentes ejercicios etnográficos y participativos del trabajo

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de campo realizados en el resguardo, así como a través del análisis de documentos relacionados con las formas de uso y cuidado del territorio propio. También se evidenció a través de los trabajos de monitoreo comunitario desarrollados en el marco de las acciones de los APV, a los cuales acompañé, en los cuales la comunidad ratificó la existencia de caminos, zonas sagradas y espacios de uso ancestral.

Figura 26. Digitalización de la cartografía de pretensión de ampliación del resguardo Agua Negra con área superpuesta con el PNN La Paya, 2023

Fuente: ACILAPP, 2023 Uno de los procesos que acompañé como profesional fue la realización de un recorrido de monitoreo comunitario sobre los límites del resguardo y el área con expectativa de ampliación de Agua Negra. En este ejercicio fui responsable de la construcción de una metodología participativa para el desarrollo de esta actividad, sobre la base de que en ese momento no era posible la presencia de personal de PNNC en el área protegida debido a la situación de riesgo público.

De esta manera, en conjunto con representantes de la comunidad y del equipo del PNN La Paya, diseñamos una metodología que consistió, en un primer momento, en la capacitación en la zona urbana a los representantes de la comunidad sobre temas como tecnologías de monitoreo territorial y recolección de información en campo. Posteriormente, la comunidad, con apoyo de ACILAPP, realizó el recorrido. Finalmente, se

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adelantó un ejercicio de sistematización en el que reconstruimos digitalmente los mapas tanto de los límites del resguardo como de la zona de ampliación, sus características biológicas y físicas, sus coberturas y los desplazamientos realizados por el equipo implementador.

Como resultado de este proceso, se identificó un elemento de gran relevancia para la presente investigación: la relación histórica y los conocimientos de manejo territorial que muchos integrantes de la comunidad mantienen tanto sobre las áreas superpuestas y con expectativa de ampliación con el PNN La Paya, como sobre zonas que van más allá de estas fronteras. Esto fue identificado principalmente a través del reconocimiento de las rutas de desplazamiento utilizadas durante el ejercicio de monitoreo. En particular, se evidenció que, ante las dificultades para acceder a muchas de las zonas por monitorear, los participantes realizaron parte del recorrido por la quebrada La Paya, desde donde se ubicaron puntos de acceso terrestre. Fue precisamente durante ese desplazamiento donde emergieron una serie de relatos que ponían de manifiesto el vínculo que muchas personas de la comunidad mantienen con este territorio. Una de estas narraciones fue realizada por Hermes Monaga —líder del área de territorio del resguardo Agua Negra—, quien relató la historia tradicional de la gran anaconda que habitaba la quebrada La Paya, asociándola a las experiencias de pesca tradicional realizadas allí: Es un quichalero en la laguna de la paya: es miedoso, hay historias de anaconda. En el caño Carlos [afluente de la quebrada La Paya], vimos una boa de seis metros. Fue a donde el suegro, el día antes el abuelo encontró dos borugas y la mató y al otro lado la otra chillaba, sonó algo, la vio y se fue. Al otro día, fui con un perro, y el perro ladraba, a matar boruga, y sacó la cabeza en busca del perro, sentí que el animal lo estaba bajiando, le alzó la quilla, y sentí un hormigueo en el cuerpo, las

11 de la noche, le di en la cabeza con la escopeta, cayó al agua, y la cargamos. En

la noche soñé con una persona pequeña, me despertaba y me decía “su boa se fue” (Taller participativo, relato de Hermes Monaga, 2023).

Este tipo de narraciones emergieron durante el ejercicio de sistematización del proyecto de monitoreo comunitario y evidencian la relación entre las formas de uso tradicional del territorio —como la pesca y la cacería— con elementos de la biodiversidad e incluso con dimensiones espirituales que componen su vínculo tradicional con el territorio, entendido como la conexión profunda y continuada que esta comunidad indígena mantiene con él. Este tipo de vínculo también se relaciona con lo expresado por Enrique Hernández, funcionario del PNN La Paya, quien identificaba la estrecha relación de esta y otras comunidades aledañas a Agua Negra con la laguna La Paya, como fuente de aprovisionamiento y como referente central para el cuidado territorial: El territorio de Agua Negra es una zona que digamos tiene parte inundable de sus territorios, tiene zonas altas, pero digamos hacia la parte de atrás de lo que es el resguardo y todo eso en sus zonas tiene una conexión con lo que es la laguna La Paya también o la cañera del sistema, la laguna de lo que es La Paya. Que está en el resguardo La Paya y en el resguardo La Perecera. Pero digamos hay una conexión a sus fuentes que nutren como tal La Laguna, nacen mucho más allá incluso del resguardo La Perecera, La Paya y de Agua Negra también, pero están en la parte de atrás. Entonces considero que la gente y no solo ellos, no solo sus tres resguardos sino la misma gente campesina de La Paya en su momento

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miraban La Laguna como un lugar de aprovisionamiento de recursos, pesca, cacería (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Lo anterior se relaciona igualmente con lo planteado por Tatiana Vera, funcionaria del PNN La Paya, sobre la conectividad hidrobiológica que caracteriza el territorio amplio de Agua Negra, el cual se encuentra inmerso en lo que PNNC reconoce como el sector Putumayo, caracterizado por la importancia del tejido intercultural histórico en torno al manejo de la laguna La Paya:

El sector putumayo es uno de los objetivos iniciales de conservación del Parque Nacional Natural La Paya, precisamente por ese ecosistema hidro-biológico que destaca una laguna de 3.000 hectáreas, es un cuerpo de agua muy significativo, con unos conflictos de uso muy acentuados que no vienen desde el 84, sino mucho antes del 84. Y las relaciones que hay ahí, pues obviamente son relaciones… ahí se está sumando creo que toda la interculturalidad del parque está sumada en el sector Putumayo. Si tú ves, ese sector tiene tres pueblos indígenas, los Kichwas, los Murui y los Sionas [Zio Bain], pero aparte de eso, cuando tú caracterizas el sector, tiene la mayoría de las presiones que tiene el área protegida superpuestas en el sector de gestión que es el Putumayo (Entrevista personal, Tatiana Vera,

2024)

En efecto, esta laguna se ha convertido en un escenario que representa de manera clara la superposición de territorialidades de PNNC, en su ejercicio de cuidado de la biodiversidad y las fuentes hídricas, y las territorialidades indígenas de Agua Negra y de otras comunidades, con sus propias formas de manejo y cuidado del territorio. Según comentaba esta funcionaria:

Hay una especie endémica que es el caimán negro, hay especies que llegan hasta esa laguna y frente de muchas que son los bufeos, los delfines rosados y pues de ahí para adelante la biodiversidad realmente… creo que, en términos de especies endémicas, por la presencia yo tengo entendido que ahí se hizo una investigación de diversidad en esa laguna, diversidad de aves, y para los ornitólogos siempre fue como un escenario de muchísimo interés por todo lo que conflictuaba alrededor de ese cuerpo de agua.

La mitología de los pueblos indígenas de la Amazonía está muy ligada precisamente a la biodiversidad y si tú desarrollas el tema, el concepto, lo que significa esa idea, pues que para el occidente sería mitología, yo entiendo que la laguna como tal contempla la mayor cantidad de biodiversidad, de misticismo, de culturas, de conflictos, de usos, de lo que tú quieras alrededor de esa laguna. Y ese cuerpo de agua, esas hectáreas, pues obviamente, más allá de que sean de un resguardo, que estén inmersos en un resguardo, creo que son un ecosistema estratégico de todas las comunidades que están ahí alrededor, porque entonces Agua Negra tiene que ver con esa laguna, habla de la laguna, no sé, Bajo Remanso, todos están pendientes de lo que pasa ahí en esa laguna (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

De esta manera, se identificó cómo el sector del PNN La Paya donde se encuentra esta laguna constituye también un escenario de superposición de territorialidades; es decir, de formas de manejo territorial que provienen de épocas antiguas y que se configuran a partir de la acumulación de conocimientos de muchas comunidades, como Agua Negra, sobre

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las dinámicas históricas, biológicas y culturales del territorio. Por este motivo, y retomando el ejercicio de sistematización señalado anteriormente, fue posible que los participantes de la comunidad de Agua Negra identificaran especies de flora y fauna, huellas, sitios sagrados y características ecológicas de este espacio.

Figura 27. Recorrido de monitoreo por territorio ancestral de la comunidad de Agua Negra

Fuente: Elaboración propia con representantes de comunidad de Agua Negra, 2023 En suma, se identificó cómo, tanto desde los conocimientos de la comunidad como desde los relatos de funcionarios del PNN La Paya, las formas de manejo territorial de Agua Negra están constituidas por una historia amplia de ocupación, uso y vínculos culturales con su territorio, el cual se extiende más allá de los límites del resguardo. Esta territorialidad amplia incluye zonas del interior del PNN La Paya hasta la quebrada La Paya; territorios colindantes hacia el oriente y el occidente, donde —como se mencionó en capítulos anteriores— los fundadores de la comunidad tuvieron asentamientos previos en territorios del pueblo Zio Bain, como El Hacha y Bajo Casacunte; zonas del territorio campesino de La Reforma, donde la comunidad ha manifestado la existencia de uno de sus antiguos cementerios; y territorios del pueblo Kichwa, como La Perecera, de la cual la comunidad formó parte antes de la constitución del resguardo.

No obstante, como se ha venido señalando, esta territorialidad amplia ha sido simplificada y limitada por los límites territoriales establecidos por la ley, en virtud de los cuales la comunidad solo puede ejercer estructuras de gobernanza formal dentro del resguardo,

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mientras el Estado no reconozca jurídicamente otros territorios de uso, ocupación tradicional y vínculo ancestral. Según comentaba Enrique Hernández: En el caso de la precisión y el proceso de delimitación, límites del área en su polígono como Parque, el Parque es el encargado de avanzar en su proceso. En el caso del resguardo Agua Negra, pues, antiguamente estuvo el INCORA, luego el INCODER, luego la Agencia Nacional de Tierras, que, en su momento, digamos, el resguardo de Agua Negra se constituye y le dan una resolución, pero muchos de esos resguardos ni siquiera conocían dónde estaban sus límites. Incluso en el momento de su creación ni lo recorrieron. Y les dijeron en ese momento de la toma, los resguardos. Entonces, por eso, la mentalidad, algunos sí, ¿no? Conozco algunos resguardos que sí hicieron algún tema con avionetas (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

Con base en este tipo de imprecisiones cartográficas, la comunidad ha avanzado en distintas rutas de seguridad jurídica territorial con la ANT y la UAEGRTD para lograr el reconocimiento de este territorio amplio. De forma paralela, ha mantenido prácticas de manejo de esta zona, como la pesca, la cacería, el monitoreo y el control frente a situaciones de uso ilegítimo del territorio por parte de colonos o grupos armados ilegales, quienes han avanzado en la apertura de trochas y en la adecuación de áreas para la siembra de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.

Este tipo de actividades han generado graves y continuas afectaciones al territorio, como la deforestación y degradación ambiental. Tal es el caso de comunidades campesinas como La Reforma o La Payita, quienes han sustentado su economía en este tipo de cultivos ilícitos, hasta incluso ocupar el territorio formalizado y pretendido por la comunidad de Agua Negra. Ante esto, la comunidad ha decidido, por ejemplo, no ampliar su resguardo hasta la quebrada La Paya, con el fin de evitar conflictos territoriales con miembros de estas comunidades.

En efecto, la formalización del territorio ha permitido generar una organización comunitaria orientada a su protección y, por tanto, también a la protección del territorio superpuesto con el PNN La Paya, tal como señalaba un funcionario del área protegida: Algunos resguardos les dijeron "mira, aquí está su título". Y pasaron 10, 15, 20, 25 años. Cuando empezaron a haber problemas, o cuando les empezaron, digamos, a tener mayor participación en eventos, reuniones, a conocer cierta información, no esté es su resguardo. Inicialmente no identificaron muchos problemas, ni muchas cosas tampoco. Sí, no, no había tanto conflicto. No lo identificaron, porque partí como yo, no. Pero más adelante, cuando ya empiezan a haber mayores presiones cartográficas, cuando empezamos a revisar temas, digamos, de cambios de cobertura, cuando hay una serie de herramientas que lo hablamos desde la parte institucional y, luego ellos, ya en su territorio diciendo, "no, es que aquí me entró un agente, posiblemente está en mi resguardo", cuando llegan cultivadores de coca, o sea, todos esos temas generaron ciertos intereses en la misma comunidad para saber cuál es la condición de su territorio (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

De esta manera, se evidencia cómo la constitución del resguardo de Agua Negra, aunque por un lado fue una política y un ejercicio histórico de territorialización estatal orientado a la concentración de los pueblos indígenas en comunidades para su “civilización”, lo cual

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limitó parte de su territorialidad, por otro lado, se ha convertido en una herramienta para proteger una parte del territorio y en un camino para avanzar en su reconocimiento y cuidado más allá de esos límites formales.

En suma, ha permanecido la apropiación y el conocimiento de la comunidad de Agua Negra tanto sobre su resguardo como sobre su territorio amplio tradicional, a pesar de las enormes amenazas y presiones que allí acontecen. Este reconocimiento territorial constituye uno de los conocimientos más fortalecidos entre muchos integrantes de la comunidad, aun con las grandes dificultades para sostener recorridos de monitoreo y el mantenimiento de caminos y límites. La comunidad participa actualmente en ejercicios coordinados con ACILAPP en función de recuperar y lograr el reconocimiento de todo su territorio ancestral; sin embargo, estos procesos avanzan lentamente. Aunque este conocimiento territorial persiste, su apropiación por parte de toda la comunidad sigue siendo insuficiente, precisamente debido a las dificultades de fragmentación en los procesos de transmisión del tejido cultural comunitario.

5.3.4 La diversidad de la comunidad

De acuerdo con el Listado Censal de la comunidad de Agua Negra del Ministerio del Interior (2023), esta comunidad está conformada por 181 personas, que configuran un total de 65 familias. No obstante, en el territorio habitan un aproximado de 40 familias, muchas de las cuales retornaron después del largo periodo de violencia generado por el conflicto armado. A estas se suman otras personas y familias que llegaron al territorio en búsqueda de oportunidades y fueron aceptadas como parte de la comunidad, aun cuando muchas de ellas no son de pertenencia étnica Murui Muina, aunque su permanencia se regula mediante criterios establecidos en el reglamento propio80.

Esta configuración diversa de la comunidad ha generado distintas formas de comprender el territorio, expresadas en maneras diferentes de entender lo que significa vivir en un territorio colectivo. Una de estas expresiones es la proliferación de estilos de vida en los que no necesariamente prima el sentido de colectividad, sino el asentamiento de familias en pequeñas parcelas, con formas de producción y uso de la tierra organizadas por unidades familiares y, como ya se comentó, orientadas principalmente a la subsistencia. Ramiro Canticuz, reciente integrante de la comunidad y perteneciente al pueblo Awá, comentaba al respecto:

Porque a mí me parece que no solamente uno, por lo menos por lo que vivimos en una comunidad indígena, no nos vamos a tener solamente lo que el gobierno nos apoya porque prácticamente la situación está dura. La vida está muy cara y esas

80 De acuerdo el reglamento interno de Agua Negra (2019), para ser miembro de la comunidad se requiere solicitar la afiliación verbalmente ante las Autoridades Ancestrales y por escrito al gobernador, quien presentará el caso ante la asamblea para su aprobación. Se considera miembro a quien sea indígena del pueblo Múrui o tenga reconocida su ancestralidad indígena; también puede pertenecer quien conviva con un integrante de la comunidad, respete los usos y costumbres, y lleve al menos dos años de convivencia demostrando buena conducta. Además, no debe tener problemas con la justicia ordinaria o propia, debe cumplir con el reglamento interno y, si proviene de otra comunidad, presentar constancias de sana convivencia y desafiliación. Otros casos serán resueltos conforme a los usos y costumbres.

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son las cuestiones. Uno tiene que la realidad es hacer algo para poder sobrevivir más o menos. Porque el resto es difícil” (Entrevista personal, Ramiro Canticuz,

2024).

Aun con este tipo de formas de vida dentro de la comunidad, muchos de estos nuevos pobladores, de común acuerdo con la comunidad, aceptan las reglamentaciones y dinámicas que implica habitar el resguardo. Estas están mandatadas no solo mediante el Reglamento Interno (2019), sino también reiteradas por las autoridades políticas en los distintos espacios de reunión comunitaria, donde se establecen principios como el cuidado de los recursos naturales, el acuerdo comunitario sobre el uso y manejo del territorio y la participación en los espacios colectivos. Frente a esto, Ramiro Canticuz añadía: Pues prácticamente yo ya me radiqué aquí. Aquí es que ya tenemos el roce, se puede decir. Sí, ya pues uno se enchufa en la cosa y pues ya toca que someterse uno a los sistemas de nosotros los indígenas, mejor dicho. Uno tiene sus leyes y pues toca andar atrás de todo eso (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024).

Estos acuerdos intracomunitarios hacen parte de un proceso de reterritorialización del tejido cultural y de la autonomía de la comunidad, en el que las autoridades del resguardo han intentado avanzar, tanto con los nuevos pobladores como con los antiguos, en la apropiación de las normas internas y en la reconstrucción de referentes colectivos para la vida en común. En este sentido, no se trata únicamente de transmitir reglas sobre el uso del territorio, sino de reconfigurar formas de pertenencia, autoridad y convivencia en un contexto marcado por la fragmentación social y cultural.

Según relataba Ramiro, durante los espacios de encuentro comunitario se transmiten conocimientos sobre qué es ser indígena, qué es un resguardo y cuál es el contenido del reglamento, entre otros aspectos, de manera que estos pobladores se van introduciendo poco a poco en la vida comunitaria:

El gobernador a veces nos dice, bueno, ta, ta, ta, esto, así, así. Pero pues, como dice él, si yo me pongo, mejor dicho, con todos los juguetes, como dice el dicho, muchas de las cosas se ponen más diferentes. Pero pues, de todas maneras, él nos lleva suave, se puede decir, ¿entiende?” (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024).

En esa misma línea, también existen trabajos comunitarios como la minga, que permiten continuar fortaleciendo la identidad territorial colectiva y reactivar prácticas de encuentro y corresponsabilidad entre quienes habitan el resguardo:

Se trabaja siempre el segundo sábado de cada mes. Se hacen los trabajos, limpia, o si hay que ir a una minga, la otra parte de aquí es lo mismo de la comunidad, pues uno va, o si se programa una minga en otra comunidad, pues también. Todos esos acuerdos, uno lo sabe. Que se haga el que no sabe, el que no quiera colaborar, ya es otra cosa. Sí. Uno tiene que tener eso en cuenta, porque es un solo día en el mes, y ¿por qué no va a dedicar uno un día en el mes?” (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024).

Muchos de estos nuevos pobladores también llegaron al resguardo en el contexto del auge de la economía de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Sin embargo, como ya se mencionó, esta práctica ha traído consecuencias profundas y negativas, como la

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agudización del conflicto armado, situación que es reconocida por varios miembros de la comunidad. Frente a ello, Ramiro expresaba:

Y ahorita en estos momentos, así como está, como está el país, hablándolo así, si el Estado se pone a apretar duro, me han dicho, eso se vuelve una guerra tremenda, ahí si nos toca, quién sabe, meternos donde era, es duro, entonces ahí ya el Estado tiene que darse al dolor porque prácticamente se puede decir que no pudo, sí, ya tiene que hacer dolor, nos toca sobrevivir como podamos, pues, eso es lo que nos falta, hasta que mi Dios se acuerde de nosotros (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024).

La zona donde se asienta Ramiro y su familia se encuentra hacia el occidente del resguardo, en medio de la selva, donde aún es posible encontrar animales para la cacería, los cuales son ocasionalmente consumidos para la subsistencia. No obstante, también existe un reconocimiento claro sobre la necesidad de cuidarlos: En el monte encuentra trillos de cerrillos. Manao, pues, es muy poco, pero siempre por ahí uno que otro. De vez en cuando suben o bajan, porque no mantienen en un solo punto, ellos andan de paso. Danta, venado. Por ahí se encuentran micos también (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024).

Ante esto, es importante señalar la existencia de diferentes territorialidades dentro de la comunidad de Agua Negra, fraguadas por las distintas formas de concebir, vivir y manejar el territorio que tienen las familias que la componen. No obstante, como parte del proceso de fortalecimiento de la identidad cultural indígena Murui Muina, existen distintos mecanismos internos con los que se busca consolidar una identidad colectiva orientada a fortalecer la gobernanza participativa y, en consecuencia, la protección del territorio y el bienestar de todos y todas.

5.3.5 La superposición con el PNN La Paya

En el año 2024 realicé un ejercicio participativo con cerca de 30 personas de la comunidad orientado a identificar los conocimientos que tenían sobre la superposición entre el resguardo de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya, así como sobre las formas de gobernanza existentes en este territorio compartido. El ejercicio se desarrolló inicialmente a partir de la lectura conjunta de la introducción del reglamento interno de la comunidad, en donde se narra el proceso histórico de conformación del resguardo hasta la actualidad. Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo intergeneracionales que tenían como objetivo dialogar sobre el proceso de constitución del PNN La Paya sobre el territorio de la comunidad y sobre las distintas formas de manejo y gobernanza que se desarrollan en el área superpuesta entre el resguardo y PNNC. Durante el ejercicio final de socialización de los diálogos generados se identificó que, si bien la mayoría de los participantes tenía conocimiento sobre la existencia de una superposición física entre los polígonos del resguardo y el área protegida, a diferencia de algunos líderes y de la autoridad política del resguardo, gran parte de la comunidad no tenía claridad sobre el límite desde el cual inicia el parque ni sobre las acciones que se adelantan conjuntamente entre PNNC y el resguardo en este sector.

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En ese sentido, el ejercicio permitió evidenciar una limitada comprensión sobre distintos aspectos institucionales relacionados con el manejo del área protegida, tales como la estructura administrativa de PNNC, el funcionamiento de los planes de acción, las instancias de coordinación de las áreas protegidas con pueblos indígenas, la existencia del plan de manejo del área protegida y su actual proceso de actualización, así como las diferentes líneas de gestión que orientan el trabajo institucional de PNNC. Como conclusión del ejercicio participativo, varios miembros de la comunidad señalaron que esta falta de conocimiento sobre la coordinación del manejo del área superpuesta obedece principalmente a la escasa presencia institucional de funcionarios de PNNC en el territorio, así como a la falta de mecanismos efectivos de participación comunitaria en las acciones desarrolladas por esta entidad, particularmente aquellos que permitan garantizar condiciones de subsistencia para las familias del resguardo. Esta situación repercute en la ausencia de espacios continuos de transmisión de conocimientos entre la institución y la comunidad, así como en la falta de procesos sostenidos de educación ambiental, monitoreo comunitario y formación sobre participación política en la gestión del territorio. Al respecto, Ramiro Canticuz expresaba lo siguiente:

Traslape. Sí. Entonces, uno sabe a fondo que por acá todo esto era Parque, o es. Entonces, uno está consciente de eso. Que ya las cosas se van dando (…) Que prácticamente el Parque estaba cediendo los terrenos. Porque se puede decir que ya no quiere administrar eso. O ya no puede. ¿O qué pasará? Entonces, él está cediendo a las comunidades. Pero siempre estaba ese signo de Parque por ahí (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024)

En efecto, ante la escasa presencia institucional en el territorio, varios miembros de la comunidad manifestaron que, en la práctica, es la propia comunidad la que ocupa, controla y maneja gran parte del territorio superpuesto. En ese sentido, son las familias del resguardo quienes han debido mantener los principios de conservación y cuidado del territorio establecidos tanto en su reglamento interno como en los acuerdos construidos con PNNC.

No obstante, la materialización de estos principios de conservación se encuentra constantemente tensionada por las necesidades básicas de subsistencia de las familias. Esta situación se expresa, por ejemplo, en la implementación de prácticas de subsistencia y en algunos casos de actividades comerciales ilegales que difieren de los usos y costumbres tradicionales, como la tumba y quema de selva para la siembra de cultivos de uso ilícito. En muchos casos, estas prácticas son asumidas por algunas familias como una estrategia de supervivencia frente a la ausencia del Estado y la limitada presencia institucional en el territorio. En palabras de Ramiro Canticuz: Como lo comentó el gobernador allá, que no, pues que no hay que, que entre más monte haya, pues mucho mejor. Pues eso está bien, uno lo sabe. Pero uno también, uno tiene que mirar a ver cómo va a sobrevivir. Porque vuelvo y digo, tampoco se debe uno a tener solamente lo que el gobierno nos apoya. Porque la realidad es que para mí los apoyos del gobierno no son muy buenos. Pero también es una alcahuetería porque prácticamente dejamos de trabajar, dejamos de hacer muchas cosas (Entrevista personal, Ramiro Canticuz, 2024)

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En este contexto, los acuerdos establecidos con PNNC en favor de la conservación del territorio tienden a expresarse, para algunos miembros de la comunidad, como un discurso institucional sobre la protección de la biodiversidad que define parámetros sobre cómo debe manejarse el territorio. Sin embargo, en la medida en que estos lineamientos no siempre se acompañan de presencia institucional constante ni de alternativas económicas claras para la subsistencia de las familias, se generan escenarios de incertidumbre y desconfianza frente a la institución.

De esta manera, emergen tensiones entre distintas formas de comprender y manejar el territorio: por un lado, la conservación del bosque como principio compartido; por otro, las actividades de subsistencia acordes con los usos y costumbres de la comunidad; y, en los escenarios más críticos, la adopción de actividades económicas ilegales que terminan afectando la integridad ecológica del territorio.

Esto último fue manifestado Soledad Monaga, abuela de la comunidad, al expresar como se ha convertido en un hábito el escenario donde las instituciones como PNNC, generan dependencia, lo cual repercute en que la comunidad no realice actividades de subsistencia propias como la agricultura o la pesca, sino que continúen esperando lo que esta brinde: Como el gobierno es alcahueta, pues aquí nos daban. Nos daban todo. ¿De dónde nos mandaban? De Mocoa. Cada uno un cartón de pura remesa. De pura remesa. Alcahueta. Porque la gente se relaja. Y porque, mire, porque la gente no trabaja. Ellos comen, comen. Ellos no tienen, viven aquí, no tienen nada, nada (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024).

Sumado a lo anterior, varios miembros de la comunidad manifestaron que la superposición de su territorio con una figura de conservación como el PNN La Paya también ha generado dificultades para acceder a proyectos productivos, especialmente en el ámbito agrícola y forestal. Durante el taller realizado en febrero de 2024, algunos participantes expresaron su preocupación frente a la negativa del Banco Agrario de otorgar créditos a familias cuyos hogares se encuentran dentro del área superpuesta con el parque. Según relataron, días antes funcionarios del Banco Agrario habían visitado la comunidad y presentado un mapa del resguardo en el cual se identificaban las zonas que no presentan superposición con el PNN La Paya. Sobre estas áreas, los funcionarios señalaron la posibilidad de acceder a préstamos para proyectos agrícolas. Sin embargo, indicaron que las familias ubicadas dentro del área superpuesta no podrían acceder a este tipo de créditos, argumentando la existencia de un acuerdo interinstitucional entre los Ministerios de Ambiente y Agricultura, vigente desde 2015, que restringe la financiación de proyectos que impliquen la tala de bosques nativos o que puedan afectar ecosistemas estratégicos dentro de áreas protegidas81.

81 Desde el año 2015, el Banco Agrario dejó de financiar proyectos situados en parques naturales o zonas protegidas. En diciembre de 2020, con la circular CR-246, se implementaron controles más estrictos, incluyendo sanciones disciplinarias para los funcionarios que los incumplan. Además, se habilitó una herramienta de georreferenciación para verificar si los catastros de los proyectos están dentro de estas zonas; en caso de predios sin título, se requiere consulta con la Corporación Autónoma Regional (CAR) o revisión del listado oficial de veredas en zonas protegidas. La entidad también estableció una prohibición explícita de financiar cualquier proyecto que implique tala de

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A partir de estas experiencias, varios miembros de la comunidad expresaron su inconformidad frente a las implicaciones prácticas de la superposición territorial con el PNN La Paya, señalando que esta condición limita las posibilidades de desarrollar diferentes actividades productivas necesarias para la subsistencia de las familias. En este contexto, el desarrollo es comprendido por muchos de ellos como la posibilidad de realizar actividades económicas como la siembra de cultivos comerciales de cacao, el aprovechamiento de madera, o la cacería y pesca con fines comerciales. De esta manera, el ejercicio de la conservación en el área superpuesta se configura también como un proceso que puede entrar en tensión con algunas de las proyecciones productivas y formas de manejo del territorio que tienen los miembros de la comunidad, lo cual repercute en debates internos sobre los límites de la conservación, las necesidades de subsistencia y la autonomía territorial del resguardo.

5.3.6 Descoordinación entre Parques Nacionales y Agua Negra

A modo de cierre de esta tercera parte del capítulo, es necesario señalar algunos elementos de análisis relacionados con el concepto de gobernanza, eje central de esta investigación. Un primer aspecto tiene que ver con los procesos de toma de decisiones sobre el manejo del territorio superpuesto entre el resguardo de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya.

Como se ha descrito en los apartados anteriores, la comunidad tiene conocimiento de la existencia de esta superposición territorial y reconoce, en términos generales, los alcances que esto implica para el manejo del territorio, particularmente en lo relacionado con su conservación. En ese sentido, muchos miembros de la comunidad comprenden que la articulación con PNNC se orienta principalmente hacia la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el mantenimiento de la selva.

Sin embargo, esta orientación hacia la conservación entra en tensión con diversas prácticas de subsistencia desarrolladas por las familias de la comunidad, algunas de las cuales pueden entrar en conflicto con los principios de conservación del área protegida. Entre estas prácticas se encuentran, por ejemplo, la explotación pesquera y de fauna silvestre con fines comerciales, así como la tumba y quema de selva para la siembra de cultivos de pan coger e incluso, en algunos casos, para el establecimiento de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.

Ahora bien, lo anterior no significa que la política de PNNC en este territorio haya consistido necesariamente en la prohibición estricta de las actividades económicas de la comunidad. Por el contrario, a través de instrumentos como los Acuerdos de Uso y Manejo del Territorio o los Acuerdos de Planificación y Vida (APV), se ha buscado avanzar en estrategias de trabajo conjunto orientadas a la conservación del territorio y, simultáneamente, a la

bosques nativos, mediante la circular interna CICA01921 (vigente desde el 1 de marzo de 2021), además del compromiso obligatorio de los clientes de no deforestar. Esta decisión se tomó en conjunto con los Ministerios de Agricultura y Ambiente, como parte de una estrategia integral para promover la conservación ambiental y evitar el financiamiento de proyectos que puedan amenazar los ecosistemas (MinAmbiente y MinAgricultura, 2021; El Tiempo, 2021).

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generación de condiciones de bienestar para las comunidades indígenas que habitan el área superpuesta.

Sin embargo, lo que se pone de manifiesto en este escenario de gobernanza compartida es que muchos miembros de la comunidad desconocen las acciones y procesos adelantados por PNNC en el territorio. Esta situación sugiere que se ha producido una territorialización del discurso de conservación sin una operatividad clara en la realidad cotidiana de la comunidad. En consecuencia, se generan tensiones e incluso posiciones críticas frente a la existencia misma de la superposición territorial, expresadas en argumentos como la percepción de “alcahuetería” institucional, la falta de presencia del Estado o la imposición de prohibiciones consideradas arbitrarias. En este contexto, puede afirmarse que en el territorio superpuesto se ha configurado una territorialidad de conservación promovida a partir del discurso, la estructura institucional y las acciones de PNNC. Este proceso puede comprenderse a la luz de los procesos de territorialización descritos por Hurtado (2021), quien señala que estos consisten en dinámicas mediante las cuales se “van trazando geografías, mudando las formas que va tomando el espacio, las estrategias de control y acceso al espacio, de apropiación y dominación, y generan procesos de desterritorialización” (Hurtado, 2021, p. 51). Desde esta perspectiva, para muchos miembros de la comunidad, en su proceso de reconstrucción del tejido colectivo y cultural, sus proyecciones económicas y sus formas de uso del territorio se ven atravesadas por el discurso y las acciones de conservación promovidas por PNNC. Esto genera la percepción de que su autonomía territorial se encuentra limitada o condicionada por la presencia de esta institución, e incluso que se produce una relación de dependencia frente a las acciones o recursos que esta pueda proveer.

No obstante, estas percepciones contrastan con distintas estrategias de trabajo conjunto que PNNC ha desarrollado con la comunidad a lo largo del tiempo, como la implementación de los APV. Esta situación pone de manifiesto que muchas de las tensiones y disputas entre algunos miembros de la comunidad y la institución también están relacionadas con factores previamente señalados en este capítulo, como las dificultades en los procesos de comunicación, la limitada apropiación del conocimiento institucional por parte de la comunidad y la escasa participación de muchos de sus integrantes en los escenarios de toma de decisiones.

Un segundo aspecto relevante de análisis se relaciona con la territorialidad o sentido de pertenencia territorial que la comunidad ha construido sobre su territorio de uso y ocupación ancestral. Aunque existen límites jurídicos establecidos por el Estado tanto para el resguardo como para el PNN La Paya, la comunidad reconoce su territorialidad más allá de estos límites administrativos. Esta concepción amplia del territorio constituye, potencialmente, una oportunidad para fortalecer el control y manejo territorial de estos espacios.

Sin embargo, en el escenario actual de coordinación con PNNC no se ha consolidado un reconocimiento efectivo del papel que la comunidad podría desempeñar en el manejo del territorio superpuesto. En muchos casos, la participación comunitaria se ha limitado a acciones como el monitoreo de los límites oficiales del resguardo o la participación en instancias de decisión mediadas por organizaciones regionales como ACILAPP y por la propia institución. No obstante, no se han desarrollado de manera suficiente alternativas

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que permitan fortalecer el papel de la comunidad en la gestión territorial, como la implementación de proyectos económicos compatibles con la conservación o la transferencia efectiva de responsabilidades y capacidades hacia la comunidad. En este sentido, varios miembros de la comunidad han planteado la posibilidad de avanzar hacia esquemas en los cuales puedan ejercer un papel más activo en el cuidado y manejo del territorio, ya sea a través de la participación como guardias indígenas con garantías de subsistencia, o mediante su vinculación a procesos institucionales como contratistas o funcionarios vinculados a las acciones de manejo del área protegida. Finalmente, un tercer elemento de análisis se relaciona con la distinción entre gobernanza de jure y gobernanza de facto del territorio superpuesto, conceptos abordados a lo largo de este capítulo. Como se ha señalado, los APV constituyen el principal mecanismo formal de coordinación entre las autoridades Murui Muina y PNNC. Sin embargo, este instrumento puede entenderse también como un proceso en transición hacia un sistema de gobernanza compartida más efectivo, dado que aún presenta debilidades importantes en la integración de las distintas formas de gobernanza que existen en la práctica en estos territorios. Por una parte, PNNC desarrolla otras formas de gobernanza sobre el territorio superpuesto, por ejemplo, a través del proceso de actualización del plan de manejo del área protegida o mediante la implementación de sus líneas estratégicas institucionales, procesos que no siempre son incluidos en los espacios formales de coordinación con las autoridades indígenas. Por otra parte, existen concepciones y formas de manejo del territorio desarrolladas por la comunidad de Agua Negra que tampoco han sido plenamente caracterizadas ni incorporadas por ACILAPP o por PNNC dentro de los procesos de planificación y toma de decisiones conjuntas.

En este sentido, los APV pueden entenderse como una expresión de la gobernanza de jure, en tanto constituyen el mecanismo formal de coordinación institucional. Sin embargo, este instrumento tiende a realizar una lectura parcial del territorio, en la medida en que no incorpora plenamente las dinámicas de gobernanza de facto que se desarrollan cotidianamente en el territorio superpuesto.

De esta manera, aunque este mecanismo ha permitido avanzar hacia escenarios de participación entre las autoridades indígenas Murui Muina y PNNC, aún se configura como un ejercicio en el que las comunidades ocupan un lugar limitado dentro de los procesos de decisión, lo cual se acerca más a una forma de seudoparticipación, caracterizada por relaciones inequitativas e insuficientes que no logran recoger plenamente la diversidad de territorialidades y formas de gobernanza existentes en el territorio.

5.4 Conflicto armado en la gobernanza del área

superpuesta

5.4.1 La génesis del conflicto armado

El último tipo de gobernanza presente en el caso de estudio se relaciona con las dinámicas de control territorial ejercidas por actores armados ilegales en el marco del conflicto armado colombiano. Tanto el PNN La Paya como los territorios del pueblo Murui Muina han estado atravesados por estas dinámicas desde aproximadamente la década de 1980 hasta la

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actualidad, principalmente en relación con la disputa territorial por el control de la economía de la coca para uso ilícito.

Como se mencionó en el primer capítulo, estas disputas territoriales generaron en la comunidad de Agua Negra múltiples hechos victimizantes, entre ellos el desplazamiento de casi la totalidad de su población durante la primera década del siglo XXI. Asimismo, el conflicto armado ha afectado profundamente los procesos de relacionamiento entre PNNC y las comunidades Murui Muina para el manejo de los territorios superpuestos. Al respecto, Harley Morales, funcionario del PNN La Paya, comentaba lo siguiente: Ese territorio siempre ha sido amenazado porque, para nadie es un secreto, el Parque La Paya siempre ha sido un Parque con presencia de grupos armados y cultivos ilícitos. Eso no es mentira. Desde que tengo uso de razón, los grupos armados acá en el Putumayo aparecieron en el año 70 con el M-19, y de ahí para acá, del 80 en adelante, las FARC y otros se apoderaron de esa zona (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Como menciona este funcionario, desde la década de 1970 se tiene registro de la presencia de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Putumayo. En un primer momento, esta presencia estuvo relacionada con la llegada del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19). Posteriormente, durante la década de 1980, se consolidó el establecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la región, como parte de su estrategia de expansión territorial y de construcción de poder político alternativo frente al Estado.

En este contexto, el departamento del Putumayo se convirtió en un territorio estratégico para la expansión de este grupo armado, tanto por su ubicación geoestratégica en una zona trifronteriza como por las posibilidades de financiación que ofrecían distintas economías regionales. Inicialmente, estas finanzas estuvieron relacionadas con la economía petrolera; posteriormente, con el fortalecimiento de la economía ilegal del narcotráfico, que contribuyó a consolidar la presencia y el control territorial de esta organización insurgente (Fundación Paz y Reconciliación, 2014). De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD, 2019), las FARC-EP establecieron su presencia en el Bajo Putumayo a través de estructuras como los frentes 32 y 48, los cuales asumieron el control de amplios sectores del territorio, incluyendo la zona donde actualmente se ubican el PNN La Paya y el resguardo indígena Agua Negra. En estos territorios, el grupo armado implementó distintas formas de control territorial, tales como la extorsión, el cobro de pagos por seguridad, la captación ilegal de regalías y el control de rutas de transporte y de recursos naturales, lo que permitió fortalecer su capacidad militar y su infraestructura organizativa.

Al mismo tiempo, estas dinámicas contribuyeron a la prolongación del conflicto armado interno, en la medida en que estos territorios se convirtieron en escenarios de disputa armada con otros actores ilegales, particularmente con estructuras paramilitares82:

82 De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (2012), al inicio de los años 80 del siglo XX existió un pacto entre las FARC EP y grupos narcotraficantes para el control de la economía ilegal de la

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Durante la década de 1990, las FARC-EP consolidaron su poder militar en gran parte del departamento del Putumayo, mediante el establecimiento de mecanismos de control territorial que incluían amenazas contra presuntos colaboradores de otros grupos armados. En paralelo, el crecimiento de la economía ilegal de la coca intensificó las dinámicas de violencia contra las comunidades locales, manifestadas en hechos como secuestros, retenes ilegales, emboscadas a la Fuerza Pública y tomas de poblados, entre otros

(CNMH, 2012).

Posteriormente, durante la primera década de los años 2000, el conflicto armado en la región se recrudeció debido tanto al ingreso de estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como a la implementación de políticas estatales como el Plan Colombia. Este último estuvo orientado a la lucha contra las economías ilícitas mediante estrategias como la aspersión aérea con glifosato, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el incremento de la presencia de la Fuerza Pública en la región.

Estas dinámicas intensificaron las formas de violencia ejercidas sobre las comunidades y los territorios del Bajo Putumayo, no solo por parte de las FARC-EP, sino también por los grupos paramilitares y, en algunos casos, por acciones de la Fuerza Pública (CNMH, 2012). En el caso de la comunidad de Agua Negra, este contexto generó múltiples amenazas, homicidios contra líderes y autoridades espirituales, así como el desplazamiento de gran parte de su población. Como resultado, la comunidad fue incluida dentro de los pueblos Murui Muina identificados en riesgo de exterminio físico y cultural. En el año 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, lo cual condujo a la desmovilización de este grupo armado ilegal. De acuerdo con León Cabrera (2018), este proceso generó inicialmente un periodo de relativa calma en el territorio, lo cual permitió el retorno de varias familias de la comunidad de Agua Negra a su resguardo. Este proceso se materializó, por ejemplo, a través del primer Plan de Retorno Étnico del departamento del Putumayo en el año 2018, que facilitó el retorno de 24 familias que se encontraban desplazadas en el vecino país de Ecuador, en el municipio de Puerto Asís y en el casco urbano de Puerto Leguízamo.

No obstante, como señala Cabrera (2018), ese mismo año comenzaron a reorganizarse distintos grupos armados ilegales en la región. Entre ellos se encontraban estructuras disidentes de las FARC-EP, así como grupos asociados a economías criminales que buscaban retomar el control territorial y las rutas del narcotráfico. En este contexto, la débil implementación de los Acuerdos de Paz contribuyó a que el conflicto armado se reconfigurara rápidamente en la región. Según relataba un funcionario del PNN La Paya: En su momento salen las FARC y las FARC dejan el territorio sin nadie, el gobierno no entra a hacer un proceso de consolidación y, a partir de 2017, empieza el tema

coca; no obstante, hacia final de esta década esta alianza se desintegró y, por el contrario, generó una disputa entre estos dos grupos, que, para el caso de los narcotraficantes se configuró como un grupo paramilitar cuyo nombre era “los Masetos” que provenía de la generalización de la abreviatura “Muerte a Secuestradores (MAS)”. Este conflicto entre ambos grupos comenzó a afectar a las poblaciones y comunidades locales, con hechos victimizantes, como el pago de impuestos, el control de la libre movilidad, el desplazamiento, etc.

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de movimientos de ciertos grupos que inicialmente no se conocían y luego sí ya empiezan a identificarse. El tema de los Comandos de la Frontera, algunas mafias que inicialmente fueron ante el comando y luego ya ciertas conexiones entre grupos, ya lo que es la disidencia de Iván Mordisco, Frente Carolina Ramírez y ya esa unión que hay entre lo que la Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Lo señalado por este funcionario es ratificado por León Cabrera (2018) y por la UAEGRTD (2019), quienes indican que el territorio del Bajo Putumayo, incluyendo la zona donde se ubica el resguardo Agua Negra, volvió a convertirse en escenario de disputa armada entre distintas estructuras ilegales. Entre ellas se encuentran el Frente Primero “Carolina Ramírez”, perteneciente al autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, y otros grupos derivados de las antiguas estructuras insurgentes que posteriormente se reorganizaron bajo denominaciones como la Segunda Marquetalia o los Comandos de Frontera, los cuales actualmente mantienen un control significativo sobre amplios sectores de la cuenca del río Putumayo (Rodríguez, 2023)83 Esta reconfiguración del conflicto armado produjo un aumento en los hechos victimizantes contra las comunidades del municipio de Puerto Leguízamo. Para diciembre de 2018 se registraban 7.482 víctimas en el municipio (UARIV, 2019), lo que lo convierte en uno de los territorios con mayores afectaciones por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana No. 024-18 del 26 de febrero de 2018, advirtió que las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo —entre ellas la comunidad de Agua Negra— enfrentaban una situación crítica de riesgo público. Según este documento, cerca de 2.350 personas que habitan en estas zonas se encontraban expuestas a distintos tipos de amenazas derivadas de la presencia y disputa entre actores armados ilegales.

Este escenario de riesgo público ha afectado tanto al PNN La Paya como al resguardo Agua Negra, poniendo de manifiesto cómo las territorialidades de los grupos armados ilegales —expresadas a través de sus formas de territorialización y desterritorialización— han estado presentes de manera constante en el área superpuesta analizada en esta investigación. Estas dinámicas han influido de manera significativa en los procesos de gobernanza, gobernabilidad y gestión conjunta del territorio. En este sentido, una funcionaria del PNN La Paya relataba:

La gestión comenzó, la gestión del parque comenzó a tener operatividad, dentro de las posibilidades que se tenían, y ganar gobernanza en el parque fue un tema de años. Comenzamos por poquitos, y creo que del 2012 al 2016 fue que pudimos subir nuevamente y tener una posición como Parques Nacionales nuevamente en sectores como Agua Negra, o sectores como El Putumayo, La Paya; porque, de hecho, siempre los grupos armados casi que definían quienes eran los que podían

83 De acuerdo con la Comisión de la Verdad (2022), en febrero de 2018 la Defensoría del Pueblo manifestó que 59.636 habitantes de Putumayo y Amazonas, entre los que se encuentra la comunidad del resguardo Agua Negra, estaban en riesgo por la presencia de los denominados frentes primero y 48 de las disidencias de las FARC-EP, así como también del grupo de crimen organizado ‘Sinaloa - La Mafia’.

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estar o no en la cabaña, siempre tocaba pedir permiso para tener una reunión en ese espacio y contar quiénes iban y quiénes no iban a esos espacios o a esos escenarios de participación. Entonces pues, La Paya [PNN La Paya] ha sido una historia con conflicto armado, pero uno de los hitos obviamente más preocupantes fue la Operación Artemisa, por nuestra vinculación en un operativo militar (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

La referencia realizada por Tatiana Vera pone de manifiesto cómo el desarrollo de la función pública de conservación en el territorio —y particularmente la coordinación entre PNNC y las comunidades Murui Muina— ha estado permanentemente atravesado por las territorialidades y formas de gobernanza ejercidas por los grupos armados ilegales. Estas dinámicas han configurado un escenario constante de riesgo público tanto para las comunidades como para los funcionarios y contratistas del PNN La Paya. Este contexto se acentuó particularmente con lo que la funcionaria denomina la Operación Artemisa, proceso que será analizado en el apartado siguiente.

5.4.2 La operación Artemisa

En el año 2019, el Gobierno colombiano puso en marcha una estrategia para el control de la deforestación en diferentes áreas protegidas del SPNN, denominada Operación Artemisa. Esta estrategia consistió en el desarrollo de operaciones militares orientadas a la recuperación de zonas de distintas áreas protegidas que presentaban altos niveles de deforestación y degradación de bosques, asociadas principalmente a la expansión de la ganadería extensiva, la apertura de nuevas áreas para cultivos de hoja de coca para uso ilícito y otros procesos de transformación del bosque.

Esta estrategia, en contraste con el proceso de relacionamiento y gestión conjunta con comunidades que se venía impulsando en el PNN La Paya, se basó en el ingreso del Ejército Nacional a algunos de los sectores identificados con mayores tasas de deforestación, con el objetivo de desalojar los asentamientos presentes en estas zonas y judicializar a los responsables de dichas actividades dentro de áreas protegidas del país, entre ellas el PNN La Paya (Tarazona y Parra, 2023)84.

La operación fue planeada y ejecutada desde el Gobierno Nacional, en articulación con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Parques Nacionales (El Espectador, 2023). Sin embargo, este proceso se llevó a cabo sin el

84 De acuerdo con Tarazona y Parra (2023), esta operación tuvo tres objetivos: “detener la deforestación continua, recuperar nuestra selva tropical [y] nuestros bosques, y sancionar a quienes están detrás de ella”. Su desarrollo se efectuó en tres fases, “durante el primer año de la Operación Artemisa, se gastaron 540 millones de pesos colombianos (unos 120.000 dólares) y se desplegaron 23.000 miembros de la Fuerza Pública colombiana (…). En 2020 y 2021, la financiación de la operación fue de aproximadamente 1.469 millones de pesos colombianos (unos 330 dólares). Entre 2019 y 2022, este monto total permitió realizar 21 operaciones militares, de las cuales 20 se llevaron a cabo en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas”. Sin embargo, Tarazona y Parra (2023) han revelado que esta operación apenas abordó el 3 % del total de áreas deforestadas del país en los dos años siguientes, a pesar del considerable tamaño y costo de la operación

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conocimiento ni el consentimiento previo de los funcionarios del nivel local de las áreas protegidas que serían intervenidas. Este fue el caso del PNN La Paya, donde —como se ha mencionado anteriormente— el equipo del parque había procurado evitar intervenciones de carácter militar o acciones coordinadas con la Fuerza Pública en los procesos de conservación, precisamente por las múltiples consecuencias que este tipo de acciones podría generar en el territorio, entre ellas el deterioro de las relaciones de confianza construidas con las comunidades locales para el manejo conjunto del área protegida.

Esto último es importante resaltarlo, teniendo en cuenta que, durante mi trabajo de campo tanto en la sede administrativa del PNN La Paya como con ACILAPP y la comunidad de Agua Negra, identifiqué que, aunque históricamente ha existido una concertación , en muchos casos obligada, con grupos armados ilegales y legales para el desarrollo histórico de actividades conjuntas de conservación entre PNNC y las comunidades indígenas en el área protegida, ha prevalecido la claridad de que ninguna de las partes se encuentra articulada ni vinculada a estas estructuras, y, en efecto, que las acciones de conservación no deben realizarse mediante estrategias armadas.

En otras palabras, tanto las autoridades de PNNC como las autoridades indígenas han manifestado que parte de los lazos de confianza que sustentan su relacionamiento y coordinación para el manejo conjunto del PNN La Paya se fundamenta en una postura política orientada a no generar alianzas ni acciones conjuntas con actores armados, ya sean ilegales o estatales de carácter militar. Esto se explica, en buena medida, porque históricamente estos actores han producido graves violaciones a sus derechos fundamentales y, en esa medida, se han configurado como antagonistas de los procesos de gobernanza del territorio.

En este contexto, y en relación con la implementación de la Operación Artemisa, dicha postura política fue transgredida por PNNC, en la medida en que el nivel central de la institución hizo parte de los actores estatales que planearon y ejecutaron esta operación. Por este motivo, y como se detallará más adelante, los operativos armados de la Operación Artemisa en el PNN La Paya configuraron un escenario en el cual PNNC pasó a ser percibido en el ámbito local como parte de una política estatal militarizada para el control de la deforestación, lo que desencadenó la ruptura de los lazos históricos de confianza que habían sustentado los ejercicios de coordinación de la función pública de conservación. Esta percepción, difundida entre muchas de las comunidades del municipio de Puerto Leguízamo sobre la vinculación de PNNC con la Operación Artemisa, se profundizó aún más por los resultados que esta operación tuvo sobre una de las comunidades que hacía parte de los procesos de relacionamiento con el PNN La Paya. En particular, el operativo se implementó en octubre de 2019 en un sector del interior y zona de influencia del área protegida donde se encontraba la comunidad campesina El Triunfo. Allí se llevó a cabo la destrucción de viviendas y cultivos, así como la detención y judicialización de varios de sus miembros, generando, entre otras consecuencias, graves vulneraciones a los derechos humanos de niños y niñas de la comunidad.

Así, por ejemplo, El Espectador (2023) señala que: “Durante el procedimiento, agentes de la SIJIN arribaron en cuatro helicópteros, allanaron varias fincas, quemaron viviendas y enseres y capturaron a campesinas y campesinos (…) afectando los derechos fundamentales de tres menores de edad, quienes fueron separados de sus padres en el momento de allanamiento y captura”.

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Uno de los elementos más paradójicos de esta operación fue que la mayoría de las personas afectadas no correspondían precisamente a los grandes o históricos responsables de la deforestación en el PNN La Paya. Por el contrario, se detuvo y afectó a personas con quienes, desde años atrás, se venían adelantando estrategias concertadas, tales como acuerdos para el uso y manejo del territorio, así como procesos de transición hacia sistemas de producción sostenible y reubicación. En definitiva, esta operación desbordó la gestión local del área protegida e impuso un esquema nacional de gestión militarizada, del cual hizo parte el nivel central de PNNC. Como consecuencia, se produjo una ruptura de la confianza y del trabajo de relacionamiento entre las autoridades de Parques Nacionales y las comunidades, sumada a una agudización del conflicto armado en el área protegida. Según relataba Enrique Hernández, funcionario del PNN La Paya:

La amenaza de los grupos armados con Parques siempre ha existido. O sea, la diferencia en el 2019, que hubo la Operación Artemisa aquí en La Paya, eso rebosó la copa, digamos. Eso ya fue lo último que pasó, porque Parques ya venía... Desde las políticas del gobierno de Álvaro Uribe, y nosotros desde Parques, inclusive muchos de Parques fueron asesinados en Tinigua, compañeros míos matados. ¿Por qué? Porque nosotros ya... O sea, porque el gobierno empezó a atacar ciertos grupos armados que existían en la zona a través de bombardeos y todo eso. Entonces nosotros, como somos una entidad del Estado, entramos ya a ser como objetivo militar de ellos porque empezaron a tener desconfianza de nosotros (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Frente a esto, se ponen de manifiesto dos elementos fundamentales para el análisis del estudio de caso. Por un lado, se evidencian nuevamente las dificultades que genera la configuración territorial de PNNC como institución organizada en tres niveles de toma de decisión. Para el caso de estudio, esta triple territorialidad institucional incide directamente en la gobernanza de los territorios superpuestos, en tanto desde el nivel central —y de acuerdo con la postura del Gobierno Nacional de turno— pueden impulsarse acciones que van en contravía de las territorialidades construidas por los equipos locales de PNNC y de los procesos históricos de relacionamiento con las comunidades locales para la conservación del área protegida.

Por otro lado, se observa cómo desde el ámbito local se había ido constituyendo una red de articulación entre las territorialidades indígenas y campesinas asociadas al PNN La Paya, la cual asumía la existencia de las territorialidades y formas de gobernanza de facto ejercidas por los grupos armados ilegales en el territorio, pero que, al mismo tiempo, reconocía las formas de coordinación con PNNC como una alternativa para avanzar en la gobernanza y gobernabilidad del área protegida. Esta red local fue profundamente alterada por una estrategia estatal de territorialización y desterritorialización armada, como la Operación Artemisa, que terminó reubicando a PNNC dentro de la concepción histórica del Estado centralizado que ejerce la gobernanza de forma arbitraria, sin tener en cuenta las necesidades y realidades locales.

Lo anterior se evidencia en lo señalado por un funcionario del PNN La Paya, quien afirmaba que incluso antes de la Operación Artemisa ya existía una postura por parte de los grupos armados ilegales de identificar a PNNC como parte del Estado y, por tanto, como un enemigo potencial. Por esta razón, históricamente muchos funcionarios ya venían siendo objeto de amenazas, hasta el punto de ser considerados objetivos militares:

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Uno de los comandantes [comandante de las FARC EP] en el río Caucayá, yo hablé con él y me dijo: "No, es que ustedes son sapos del gobierno, ustedes son lambones del Estado que nos están sacando información de los territorios para que llegue la fuerza armada, el gobierno". Y él me dijo a mí: "Por eso nosotros no permitimos ningún tipo de GPS ni vainas de posicionamiento, coordenadas ni nada". Y yo estaba ya en la cabaña y llegaron ahí y me quitaron los radios de comunicación y todo. En ese momento me dijo: "Es que usted es un objetivo militar". Así me dijo a mí, y me dijo: "Nosotros no estamos en contra de ustedes, pero ustedes no son bien vistos para nosotros porque estamos en contra del gobierno" (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Conforme con lo comentado por este funcionario, es preciso señalar entonces que la Operación Artemisa resultó ser, en efecto, “la gota que rebasó el vaso”, teniendo en cuenta que su implementación profundizó la desconfianza que muchos de estos grupos armados ya tenían sobre PNNC, y terminó generando la declaración como objetivo militar tanto de las personas vinculadas a la institución como de aquellas personas y comunidades que colaboraran con el desarrollo de actividades relacionadas con Parques Nacionales. En efecto, la Operación Artemisa generó la salida de funcionarios del área protegida e incluso del departamento, el abandono de cabañas de gestión y la suspensión de todos los procesos de relacionamiento con comunidades indígenas y campesinas. Con ello, se consolidó un mayor control territorial por parte de los grupos armados ilegales dentro del PNN La Paya y, por consiguiente, en el área superpuesta con el resguardo Agua Negra, lo que a su vez dio lugar a nuevos hechos victimizantes contra los territorios y las comunidades. Esto también fue señalado por Enrique Hernández, quien relacionaba la salida del equipo del área protegida por razones de riesgo público con un proceso reiterativo en la historia de gestión tanto del área superpuesta como del conjunto del PNN La Paya:

El conflicto armado ha marcado no solo el proceso de esta comunidad [Agua Negra], sino también el relacionamiento con La Paya. Y no solo ahorita, antes también. Porque para el año 97, 98, muchos funcionarios también salieron de la zona donde estaban los puntos de control. Entonces, por ejemplo, de Sencella salieron, de El Caucayá ya salieron, posiblemente de La Paya también salieron. Y entonces, eso, ¿por qué se va? Pues la guerrilla estaba también en un proceso de consolidación, de crecimiento también de sus grupos. Entonces, esto también marca ese relacionamiento entre lo que es esta institucionalidad y la comunidad de Agua Negra.

[Y en el año] 2009 el jefe empieza a darle más ruta, hay un mayor relacionamiento, entramos, ya está ACILAPP también, salen a campo, hay unos mayores procesos hasta ahora. Pero, por ejemplo, en 2017 vuelve y marca y llega a esta institución. Y el relacionamiento con ellos estuvo en 2017, 2018, reuniones, eventos también para avanzar en cómo vamos a proteger el territorio y cómo lo vamos a usar, cómo vamos a cuidar. En 2018 el conflicto está más duro, pero todavía estábamos en campo. Para agosto, septiembre de 2019 ya habíamos salido todos, todos de La Paya, Naranjal, todos los entornos, Mecaya, San Cedrito, todo. Ya la concentración en el pueblo. (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

En suma, después de la Operación Artemisa se produjo una desterritorialización del proyecto institucional de conservación de PNNC en el PNN La Paya, en la medida en que

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la institución perdió gran parte de su capacidad de presencia, operación y articulación en el territorio. Esto implicó no solo la suspensión de la gestión cotidiana del área protegida, sino también el debilitamiento de la infraestructura y de las formas de operatividad mancomunada que se habían venido construyendo entre los pueblos indígenas y PNNC. En otras palabras, el Estado, a través de su proyecto de conservación en esta área protegida, vio profundamente limitada su capacidad de ejercer gobernanza en el territorio, principalmente por la imposibilidad de desarrollar acciones debido a las amenazas y al riesgo público.

Asimismo, aumentaron las amenazas y el confinamiento tanto de los funcionarios de PNNC como de las comunidades indígenas y campesinas, quienes quedaron aún más inmersas en las formas de control territorial ejercidas por los grupos armados ilegales. Según comentaba Willington Villareal, de ACILAPP:

Con la Operación Artemisa se generó un desplazamiento forzoso de algunos líderes de nuestras comunidades, algunas autoridades, y, pues, también algunos miembros o funcionarios de Parques. Y porque, pues, también en su momento, algunos grupos armados solicitaron un diálogo con la JEP, pero la JEP no había accedido a ninguno de estos diálogos, y eso, pues, generó que prácticamente todo, digamos, el cierre de las operaciones tanto de nosotros como comunidades y también de los funcionarios de Parques, prácticamente quedando en el proceso estancados hasta el momento. Y, pues, también se desmontó algunas cabañas que tenían Parques por el río Caucaya, se desmontaron las balsas, y eso generó, pues, la entrada masiva de los extractores de recursos naturales, la caza, la pesca, se robaron muchas cosas, y prácticamente el proceso quedó paralizado (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

Este estancamiento de los procesos de gestión conjunta, de los APV y de las distintas formas de gobernanza compartida del área protegida favoreció entonces el aumento de actividades ilícitas que anteriormente se venían intentando mitigar y transformar mediante procesos de regulación dialogada y gradual. En particular, esto facilitó el fortalecimiento de una de las economías ilegales que mayores impactos ha generado en el PNN La Paya: la economía de la hoja de coca para uso ilícito. Así lo señalaba Willington Villareal: El origen de todos estos hechos victimizantes, de todas estas dificultades, de todas estas violaciones de derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, de nuestras sociedades, de nuestras autoridades, de lo económico, de lo cultural y tradicional, tiene un nombre propio: es la dinámica del cultivo ilícito de la hoja en coca, las acciones de grupos armados, la extracción de recursos naturales maderados y la minería ilegal. También en años más antiguos estaban presentadas las bonanzas, obviamente desde la coca, las bonanzas de las pieles. Pero en la actualidad, pues, esta dinámica, digamos, del narcotráfico y de grupos armados lo que ha hecho es como ahogar, ahogar los territorios conflictivos e ilícitos.

Y esto ha generado muchos hechos victimizantes complejos y graves en nuestros territorios, más que todo con las comunidades que están traslapadas con el área de protección de La Paya. Uno de los pasos más relevantes ha sido, digamos, la Operación Artemisa. Es como que lo que rebozó la copa (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Frente a lo documentado anteriormente, es preciso tener en cuenta dos aspectos significativos sobre la eficacia de las estrategias militares del Estado. En primer lugar, las estrategias de paz y control territorial impulsadas por los gobiernos nacionales en el departamento del Putumayo —como la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016 o la Operación Artemisa— no han sido eficaces en sus objetivos y, por el contrario, han generado mayores impactos negativos tanto sobre las comunidades como sobre los territorios.

Rodríguez (2023) afirma que, para el caso de la Operación Artemisa, esta no logró cumplir ni siquiera con la mitad de su objetivo de detener la deforestación y judicializar responsables, teniendo en cuenta que solo se logró el control de 27.000 hectáreas deforestadas en las áreas protegidas priorizadas del SPNN, cifra muy limitada frente a las

171.685 hectáreas reportadas como deforestadas en ese mismo año, especialmente si se

compara con la cantidad de recursos económicos y operativos invertidos. Por el contrario, esta operación terminó agravando la situación, porque, por un lado, afectó procesos locales de relacionamiento de largo aliento con las comunidades que estaban orientados, en parte, al control dialogado de la deforestación en las áreas protegidas del SPNN, como ocurrió con la suspensión y el debilitamiento de la coordinación entre PNNC y las comunidades asociadas al PNN La Paya. Por otro lado, la operación no permitió disminuir la pérdida de bosque; por el contrario, esta continuó aumentando. Así lo evidencian Tarazona y Parra (2023), quienes, tomando como referencia el caso de la Amazonía colombiana, señalan que en 2019 —año de inicio de esta operación— la región concentraba el 62 % de la deforestación del país, mientras que para 2021 esta cifra había ascendido al 70 %.

Un segundo aspecto asociado a la ineficacia de las estrategias de paz y control territorial impulsadas por el Estado se relaciona con el fortalecimiento de la economía ilegal de la coca después de los Acuerdos de Paz. Como se mencionó en apartados anteriores, el incumplimiento de estos acuerdos —que incluían, por ejemplo, la sustitución de cultivos de uso ilícito mediante la creación de alternativas económicas para las comunidades— favoreció la consolidación de nuevas estructuras armadas ilegales orientadas al control y reproducción de esta economía. Esto dio lugar a una nueva bonanza cocalera, expresada en el aumento más significativo del número de hectáreas sembradas con coca en el departamento del Putumayo desde 2017, con un total de 43.034 hectáreas reportadas en 2022 (UNODC, 2022; Rodríguez, 2023).

Este fortalecimiento de la economía ilegal de la coca propició que muchas comunidades, como la del resguardo Agua Negra, sustituyeran actividades tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca o la agricultura familiar por una dependencia creciente de esta economía, a través de actividades como cultivar, fumigar o raspar coca. A esto se suma lo señalado por Rodríguez (2023) y La Silla Vacía (2023), quienes afirman que hacia finales de 2022 esta bonanza entró en crisis en el país, debido principalmente a la sobreoferta de cocaína en el mercado internacional85. Como consecuencia, en los escenarios locales

85 De acuerdo con la Silla Vacía (2023) la crisis, que viene desde el año pasado, golpea al Catatumbo (Norte de Santander), Putumayo, Argelia (Cauca) y Tumaco (Nariño) en el Pacífico, zonas que tienen los mayores porcentajes de cultivos de coca del país: concentran más del 62 por ciento. Con 200 mil hectáreas de hoja sembradas para 2021, una cifra histórica según el monitoreo

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dejaron de pagarse muchos de los trabajos y cosechas asociados a esta economía. En efecto, desde inicios de 2023 muchas familias de este departamento, entre ellas varias del resguardo Agua Negra, entraron en una profunda crisis económica, dado que habían convertido esta actividad en su principal forma de sustento, lo que generó, entre otras consecuencias, dificultades para garantizar su subsistencia básica e incluso el abandono del territorio por parte de algunas familias.

5.4.3 El conflicto armado en el área superpuesta

La comunidad de Agua Negra y su territorio también se vieron profundamente afectados por el recrudecimiento del conflicto armado a partir del año 2019. Esta situación se intensificó debido a que las amenazas perpetradas por los grupos armados ilegales no solo estuvieron dirigidas a PNNC, sino también a las distintas instituciones del Estado con presencia o competencias en el territorio. Como consecuencia, se produjo el freno de diversos procesos institucionales relacionados con la reparación y el retorno de víctimas del conflicto armado, así como de programas orientados al fortalecimiento cultural y comunitario. En otras palabras, este escenario implicó una profundización de la ya existente problemática de ausencia estatal en el territorio.

A raíz de esta situación, se fortaleció el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, al tiempo que se intensificaron las operaciones de la Fuerza Pública en la región. Esta combinación de factores derivó en la implementación de nuevas estrategias y acciones bélicas que incrementaron los hechos victimizantes contra la comunidad. Como señala Willington Villareal, representante de ACILAPP, este nuevo contexto representa la continuidad de una realidad que históricamente ha marcado el territorio de Agua Negra:

Aguas Negra ha sufrido homicidios de varias personas, ha tenido amenazas de muerte de varias familias, ha sido desplazada forzosamente del territorio, han tenido situación de reclutamiento forzoso, siempre han estado confinados, también prácticamente sistemáticamente había paros armados y también han tenido incursiones de la Fuerza Pública de manera ilegal sin el consentimiento de las autoridades de Agua Negra (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

A estos hechos se han sumado otras formas de victimización, como la contaminación del territorio con minas antipersona86 la instalación de campamentos de grupos armados

de cultivos ilícitos en Colombia, todo apunta a que es una crisis de sobreoferta. Según la Oficina para la droga y el delito de la ONU (UNODC) el mercado de cocaína está disparado en el mundo. “El suministro está en máximos históricos. Las incautaciones están aumentando a nivel global y varios indicadores muestran un incremento de su uso en varias regiones”, dice en el reporte mundial publicado la semana pasada.

86 De acuerdo con la Comisión de la Verdad (2022) y la UAEGRTD (2019), desde el año 2018 la comunidad de Agua Negra tenía conocimiento de la instalación minas antipersonales en 1,5 hectáreas del resguardo, específicamente en cercanías de la vieja escuela, que se encuentra muy cerca del asentamiento principal de la comunidad.

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legales e ilegales al interior del resguardo y la consolidación de dinámicas asociadas al predominio de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, articulados con rutas de tráfico hacia Perú, Ecuador y el interior del país. Estas situaciones generaron un retroceso significativo en los procesos de reparación, retorno y fortalecimiento cultural y territorial que la comunidad venía adelantando. Frente a este contexto, Willington Villareal continuaba señalando:

Todos estos hechos victimizantes han generado mucha zozobra, mucho miedo a las familias y a las autoridades, eso genera un debilitamiento del sistema propio del gobierno y pues, prácticamente, porque es un corredor, es un corredor donde dos grupos armados controlan ese territorio, tienen enfrentamientos en sus territorios. Aparte pues la Fuerza Pública también genera estas restricciones de movilidad en sus territorios y eso ha generado que estén confinados prácticamente, no pueden hacer sus costumbres culturales, tradicionales dentro de sus territorios (Entrevista personal, Willington Villarreal, 2024)

Este debilitamiento comunitario se ha visto profundizado, además, por la situación de ineficacia e inoperancia de varias instituciones del Estado en el territorio. Esta situación se venía presentando incluso antes del recrudecimiento del conflicto armado y de las amenazas a los funcionarios públicos, lo cual ha desfavorecido el fortalecimiento de condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad en ámbitos como la educación, la salud, la autonomía, la cultura y la protección territorial. En este contexto, se ha perpetuado un escenario en el que la comunidad queda sometida a dinámicas de gobernanza territorial fuertemente condicionadas por la presencia y el control de actores armados ilegales.

Un ejemplo de esta situación se evidencia en lo señalado por Willington Villareal respecto a las dificultades en la gestión institucional de entidades como la ANT en los procesos de ampliación y seguridad jurídica del territorio, o de la Alcaldía municipal en la implementación de programas de soberanía alimentaria. Según comentaba: Ellos [la comunidad de Agua Negra] tienen un proceso de ampliación [del resguardo] que pues no avanza, no avanza porque no hay voluntad política y, por otro lado, porque pues es muy difícil trabajar, cultivar, cosechar porque se puede cosechar mucho pero entonces no hay un sistema de comercialización que garantice la compra de estos productos, entonces el Estado prácticamente lo tiene abandonado a esta comunidad y eso pues aprovecha a estos grupos a margen de la ley para poder influenciar su accionar, entonces eso es complejo, muy complejo la situación de Agua Negra (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

Finalmente, y para cerrar el análisis sobre la territorialidad y las formas de territorialización y desterritorialización asociadas al conflicto armado en el resguardo Agua Negra, resulta pertinente traer la voz de una de las ancianas de la comunidad, quien describe cómo estos grupos ejercen control sobre las decisiones y acciones de la comunidad mediante el miedo, bajo un discurso violento de oposición al Estado:

Esa gente [los grupos armados ilegales] no piensa en nada. Piensan nomás haciendo guerras y nada más. Y cuando llegan a una parte dicen, otro día que llegan, antes nosotros llegamos. Entonces, ¿por qué votan? ¿Por qué votan por el gobierno? Si el gobierno no les ayuda. No les ayuda con medicinas. No les ayuda con la comida. No les ayuda yo no sé qué. ¿Por qué votan? Nosotros no queremos

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ni una indígena que vaya a pagar servicio militar. Cuando va a pagar servicio militar, dijo, aquí venimos los acabamos…hasta con el nido de la perra. Así nos dicen (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024)

En suma, como se ha señalado a lo largo de este apartado, las expresiones de violencia y control territorial ejercidas por los grupos armados ilegales en el territorio de la comunidad de Agua Negra —así como en distintos sectores del PNN La Paya— configuran una forma de gobernanza de facto sobre el territorio. A estas dinámicas se suman las estrategias de territorialización de la Fuerza Pública que, aunque se encuentran constitucionalmente legitimadas para la protección del territorio nacional, también han derivado en vulneraciones a los derechos y al territorio de la comunidad de Agua Negra. En este contexto, resulta necesario distinguir entre gobernanza y territorialidad. Mientras la gobernanza se refiere a las formas mediante las cuales distintos actores ejercen poder, toman decisiones e inciden en el manejo del territorio, las territorialidades corresponden a las formas concretas de presencia, apropiación y control del espacio que dichos actores despliegan. Desde esta perspectiva, las formas de gobernanza ejercidas por actores armados, instituciones estatales y organizaciones comunitarias se materializan en territorialidades que se superponen en el mismo espacio.

Así, en el territorio analizado se superponen diversas territorialidades: las territorialidades institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, las territorialidades indígenas del resguardo Agua Negra y la territorialidad organizativa de ACILAPP, a las cuales se suman las territorialidades impuestas por actores armados legales e ilegales. En consecuencia, el territorio se configura como un espacio en el que interactúan y se disputan distintas formas de ejercicio del poder, generando múltiples hechos victimizantes para los actores que lo habitan y gestionan.

Este escenario puede interpretarse, en términos de Haesbaert (2013) y Hurtado (2016, 2021), como una expresión de procesos de desterritorialización, en la medida en que las dinámicas de control territorial ejercidas por actores armados inciden directamente en las condiciones de vida de la población y en la posibilidad de sostener las referencias simbólicas, políticas y territoriales que estructuran la vida colectiva de la comunidad. Así, las amenazas, los desplazamientos, los confinamientos y otras formas de violencia terminan debilitando las capacidades comunitarias e institucionales para ejercer gobernanza sobre el territorio.

Estas formas de desterritorialización no solo afectan directamente a la comunidad, sino también a los espacios de coordinación y gobernanza que se habían venido construyendo entre la comunidad de Agua Negra, ACILAPP y PNNC para el manejo conjunto del territorio. En otras palabras, el conflicto y las estrategias armados de control territorial terminan afectando no solo a las personas y comunidades, sino también a los procesos institucionales y organizativos que buscan construir alternativas de gestión compartida del territorio.

En este sentido, se reafirma que la superposición territorial analizada en esta investigación no se limita al solapamiento de dos polígonos administrativos —el resguardo indígena y el área protegida—, sino que debe comprenderse como la coexistencia e interacción de múltiples territorialidades que operan más allá de los límites físicos formales. Estas territorialidades se expresan mediante diversas estrategias de territorialización y desterritorialización que incluyen formas de organización política, institucional, comunitaria

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e incluso militar, las cuales inciden de manera determinante en la forma en que se toman decisiones sobre el manejo del territorio superpuesto.

… os elementos analizados a lo largo de este capítulo permitieron continuar respondiendo al objetivo general de la presente investigación, orientado a comprender las formas en que la comunidad de Agua Negra y Parques Nacionales Naturales de Colombia conciben y ejercen territorialidades y gobernanza en el área superpuesta entre el resguardo indígena y el PNN La Paya. El análisis mostró que esta superposición no se limita al solapamiento de dos figuras territoriales, sino que se configura como un espacio atravesado por múltiples territorialidades —indígenas, institucionales y armadas— que interactúan, se tensionan y disputan el control del territorio mediante distintas formas de gobernanza Así mismo, el capítulo evidenció cómo el conflicto armado y determinadas estrategias de intervención estatal han incidido de manera directa en estos procesos, generando dinámicas de territorialización y desterritorialización que han afectado tanto a las comunidades como a las capacidades institucionales para sostener procesos de gestión conjunta del territorio. En particular, se identificó que estos contextos han debilitado los espacios de coordinación que venían construyéndose entre la comunidad de Agua Negra, ACILAPP y PNNC para el cuidado y manejo compartido del área protegida. No obstante, más allá de las tensiones y limitaciones identificadas, el análisis también permite reconocer la existencia de aprendizajes, experiencias y condiciones que abren posibilidades para el fortalecimiento de estos procesos de gobernanza compartida. En este sentido, resulta necesario avanzar hacia una discusión orientada a identificar las oportunidades, mecanismos y estrategias que podrían contribuir a consolidar estos procesos en el territorio.

En efecto, en el último capítulo se abordará la identificación y análisis de estos elementos, a partir de la sistematización de los factores y situaciones de coordinación señalados en el presente capítulo, así como de otros aspectos derivados del trabajo de campo y del análisis del caso de estudio. Con ello se buscará proponer, a modo de reflexión final, algunas vías para el fortalecimiento del proceso de construcción de un sistema de gobernanza compartida del territorio superpuesto entre el resguardo Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya

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6. Capítulo 4. Voltear el manejo:

fortalecimiento de la gobernanza del territorio superpuesto Hasta el momento se ha avanzado en responder al objetivo general de esta investigación, el cual consiste en comprender la forma en que se conciben y ejercen las territorialidades y la gobernanza por parte de PNNC y la comunidad de Agua Negra sobre el área superpuesta. Este proceso ha incluido también el análisis de la presencia y el desarrollo de otras formas de gobernanza y territorialidades presentes en el territorio, como es el caso de los grupos armados ilegales, cuya incidencia resulta determinante en el manejo de esta área.

A modo de síntesis de lo analizado hasta el momento, se puede identificar la existencia de un escenario de multiterritorialidad en el caso de estudio, compuesto por diversas territorialidades y formas de gobernanza que interactúan y se desarrollan en el territorio. Entre ellas se encuentran, en primer lugar, las territorialidades de Agua Negra, expresadas en su forma propia de manejo del territorio y en las estrategias de territorialización impulsadas por ACILAPP. En segundo lugar, las territorialidades de PNNC, configuradas por sus tres niveles de gestión y por dos procesos históricos de conservación que han transitado entre enfoques de conservación “sin gente” y posteriormente de conservación “con gente”.

En tercer lugar, se encuentra la territorialidad ejercida por actores armados legales e ilegales que buscan mantener distintas formas de orden y control territorial. En el caso particular de los grupos armados ilegales, estos han llegado a establecer una forma de gobernanza de facto que determina, en gran medida, muchas de las acciones y estrategias de coordinación institucional relacionadas con la función pública de la conservación que se pretende adelantar en el territorio. Finalmente, se identifican las territorialidades campesinas y colonas presentes en el área, vinculadas a dinámicas de ocupación y producción que se expresan, en algunos casos, en procesos de deforestación y otras formas de afectación sobre el territorio.

En ese marco, y a modo de cierre de la presente tesis, se realizará un último análisis del caso de estudio, en el que se abordarán algunos elementos identificados como debilidades, fortalezas y oportunidades para la comunidad de Agua Negra, PNNC y ACILAPP. Este análisis se desarrollará considerando tanto sus capacidades de acción autónoma como sus posibilidades de articulación, con el propósito de identificar caminos que permitan fortalecer la protección del territorio y la garantía de los derechos del pueblo

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Capítulo 4. Voltear el manejo: fortalecimiento de la gobernanza del territorio superpuesto

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Murui Muina, así como de las personas involucradas en la gestión del territorio superpuesto.

6.1 La debilidad en el fortalecimiento de lo propio

Willington Villareal de ACILAPP, al analizar el escenario de gobernanza del área superpuesta, lo sintetizaba como un difícil contexto de gobernabilidad de la comunidad de Agua Negra en su territorio, haciendo referencia a las fortalezas y oportunidades que ha generado el proceso de relacionamiento y coordinación entre esta comunidad y PNNC. Según relataba:

Agua Negra, como tal el resguardo, ha sido una de las comunidades más golpeadas en cuanto a hechos victimizantes por el conflicto interno que tiene el Estado con grupos armados y eso hace que la gobernabilidad interna de Agua Negra es muy débil. Pero pues los procesos de todas formas que ha tenido con el área protegida lo ha estado fortaleciendo en cuanto a su sistema de gobierno de justicia propia, en cuanto a su sistema de alinderamiento, de manejo territorial, en cuanto al sistema de hacer soberanía de su territorio, en cuanto a generar algunos proyectos productivos; pero no ha sido suficiente porque pues prácticamente digamos la funcionalidad del área protegida de La Paya ha sido intermitente y eso pues hace que el área como tal no pueda cumplir su funcionalidad (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

Como señala Willington Villareal, el relacionamiento de Agua Negra con PNNC ha permitido el fortalecimiento de su cultura y del cuidado de su territorio de diversas maneras. Este proceso se ha fundamentado principalmente en el reconocimiento que PNNC ha venido haciendo de que una de las formas más efectivas para alcanzar la protección del territorio es garantizar el fortalecimiento del gobierno y de la cultura propia de la comunidad. No obstante, señala que este reconocimiento y las acciones que lo han sustentado han sido insuficientes, principalmente debido —como ya se ha mencionado— a la discontinuidad de los proyectos, a la limitada presencia institucional y a las dinámicas del conflicto armado que allí acontecen.

Willington expresa este contexto como un escenario de ingobernabilidad, el cual es comprendido en esta investigación conforme a lo planteado por Matus (1987) y Jiménez (2018), como la falta de capacidad técnica, política y cultural de una estructura de gobierno (Agua Negra) para gestionar y manejar el territorio. Esta condición se relaciona intrínsecamente con la carencia de medios, legitimidad y articulación con otros actores, así como con la inserción en formas de gobernanza inequitativas, fragmentadas y poco contextualizadas.

Tanto desde los procesos de relacionamiento entre PNNC y la comunidad de Agua Negra, como desde la misma organización interna del pueblo Murui Muina, se han intentado superar estas condiciones de ingobernabilidad mediante la implementación de actividades de educación, reconocimiento territorial, empoderamiento comunitario, asignación de recursos y mayor acompañamiento institucional. No obstante, las problemáticas relacionadas con las debilidades en la gestión y manejo del territorio superpuesto han persistido.

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Asociado a esto, Enrique Hernández del PNN La Paya señalaba que una de las causas de esta situación ha sido la dependencia de la comunidad frente a las instituciones del Estado para la gobernanza y gestión del territorio, debido principalmente a la falta de un direccionamiento claro de sus metas y objetivos colectivos. Según relataba: Digamos, como familia, como comunidad, ¿qué es lo que queremos? Sí, objetivamos todo, o sea, ahí está porque cuando hablamos de tradición, de unidad, de cultura, de hacer un baile, para mí eso es unir, para mí es unir a una comunidad deliberada, es nuestra vida, es ser indígena, es el proceso.

Pero uno muchas veces cuando llegaba, observaba esas comunidades muy fraccionadas, separadas, y pues no hay ni siquiera un consenso. Ahí es donde lo otro, y ahí es donde los grupos al margen de la ley ganan fuerza, porque ese que se porta mal, la comunidad no ha sabido defenderlo, pero viene el otro que sí le pone un arma y no hay caso, lo mata. Ese tipo de cosas donde “venga, usted no debe permitir eso, él es hijo de la comunidad y este es nuestro proceso, esta es nuestra ocasión” (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

En efecto, este funcionario, tras largos años de acompañamiento a esta y otras comunidades con territorios superpuestos al PNN La Paya, ha evidenciado cómo la fragmentación comunitaria y la desunión se han convertido en factores que facilitan el ingreso y establecimiento de otras formas de autoridad y poder en el territorio: Porque es que, lo menciono en qué sentido, ¿no? Digamos, si la comunidad en su proceso cultural hubiese estado más fuerte, de pronto habría podido afrontar un poco más ese embate del orden público, ¿sí? Porque culturalmente considero que, digamos, cuando ese proceso cultural está fuerte, ellos, hay una conexión, hay una unión. Problemas siempre hay, pero hay una unión, ¿sí? Entonces, vos te sentás a mambear, vos te sentás a hablar toda la noche. O sea, hay una conexión, pero en ellos no la vi. Cuando alguna vez participé en los escenarios, incluso acá no la vi (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024).

Esta misma perspectiva fue reiterada por Willington Villareal de ACILAPP, quien durante muchos años ha acompañado procesos de fortalecimiento cultural y de protección del territorio en Agua Negra. Según él, desde ACILAPP se han promovido rutas, proyectos y acciones, y se han direccionado recursos para que esta comunidad avance en su ejercicio de gobernanza territorial; sin embargo, enfatiza que estas gestiones no pueden consolidarse si no existe voluntad organizativa al interior de la comunidad: La situación prácticamente es compleja, muy compleja, porque Agua Negra necesita urgentemente fortalecerse en la parte del gobierno, de justicia propia, en la parte de nuestra Ley de Origen, en la parte de cultura y tradición, y en la parte del habla, de la lengua. Eso pues prácticamente pueden tener su maloca, pueden tener sus elementos de la maloca, pero si no hay una persona que dinamice, que enseñe a ellos, no puede fortalecerse.

Y pues, ¿por qué persiste igualmente el accionar de estos grupos armados? Persiste, pues prácticamente hay muchas normas, muchas leyes del Estado, pero no se hace efectivo, todo queda en el papel. Y, además, las voluntades de los gobiernos actuales a veces no generan esa situación que se haga realidad. Entonces, la situación de Agua Negra en cuanto a gobernabilidad es débil y los

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procesos de gobernanza tampoco le han dado resultado (Entrevista personal, Willington Villareal,2024).

Estas situaciones de debilidad del empoderamiento comunitario, señaladas por estos actores y analizadas a lo largo de los capítulos anteriores, afectan directamente el proceso de relacionamiento de la comunidad con PNNC. En efecto, la coordinación para la gestión y manejo del territorio superpuesto se desbalancea cuando no existen rutas claras y equivalentes al momento de tomar decisiones sobre el manejo territorial. Ante la falta de claridad de la comunidad sobre sus objetivos, metas y proyecciones respecto a las estrategias y acciones para el manejo del territorio, terminan prevaleciendo los objetivos de conservación de PNNC o los objetivos territoriales de ACILAPP en los procesos de toma de decisiones. Frente a esto, Enrique Hernández del PNN La Paya comentaba lo siguiente:

Entonces, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su forma? ¿Qué es lo que usted quiere? Somos una entidad [PNNC] del Estado que nos dieron la posibilidad de administrar un área, pero ¿qué debemos coordinar con el que está ahí?, ejercer gobernanza, pero con el que está ahí. Pero si el que está ahí no sabe qué es lo que quiere. ¿Sí? Usted le dice acá, ¿usted qué quiere como partidario? ¿La coordinación pública, la conservación, cuidar el área, proteger los valores objeto de conservación? [La comunidad responde hipotéticamente] “No, queremos el motor, queremos este, queremos…” [responde el PNN La Paya hipotéticamente] “sí, listo, también hay el motor”. [La comunidad responde hipotéticamente] “No, pero ahorita quiero la casa, ahorita quiero esto, ahorita quiero…” Entonces se vuelve uno como el que da cositas. ¿Y su esencia como comunidad y como cultura y como pueblo dónde está? (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024). Nota: el entrevistado refiere aquí una serie de respuestas y preguntas hipotéticas que, según su percepción, darían los actores.

En efecto, como se mencionó en capítulos anteriores, muchas de las acciones y estrategias desarrolladas en este territorio superpuesto terminan configurándose como escenarios donde la comunidad solicita lo que en varias entrevistas se describía como “listas de mercado”, mientras que no se consolidan decisiones estructurales sobre el manejo del territorio. En este contexto, el relacionamiento con PNNC termina operando, en gran medida, como la expresión más cercana y visible del Estado en el territorio —una suerte de interlocutor institucional accesible— a través del cual se canalizan demandas y apoyos inmediatos. Si bien estas respuestas pueden contribuir a atender necesidades urgentes de la comunidad, también tienden a desplazar las discusiones de fondo sobre el fortalecimiento del gobierno propio, la revitalización cultural y la construcción de proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo.

Esta situación puede interpretarse desde el planteamiento del asistencialismo como forma de dominación desarrollado por Paulo Freire (1968). Para este autor, “estas formas asistencialistas, como instrumento de manipulación, sirven a la conquista. Funcionan como anestésico. Distraen a las masas populares desviándolas de las verdaderas causas de sus problemas, así como de la solución concreta de estos. Fraccionan a las masas populares en grupos de individuos cuya única expectativa es la de ‘recibir’ más” (Freire, 1968, p. 137).

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Desde esta perspectiva conceptual, se identifica cómo muchas de las acciones implementadas en el marco de los APV han tendido a orientarse hacia dinámicas de apoyo asistencial por parte del Estado, lo cual dificulta avanzar en el objetivo de construir el REM. En este escenario, las comunidades pueden percibir que estas ayudas de corto plazo resultan beneficiosas, mientras que las instituciones estatales logran reportar avances en sus metas institucionales, lo que a su vez facilita la movilización de recursos nacionales o internacionales para financiar intervenciones en las áreas superpuestas. Sin embargo, aunque esta dinámica permite viabilizar acuerdos de corto plazo, termina debilitando la posibilidad de consolidar procesos de gobernanza territorial más estructurales en el mediano y largo plazo.

Frente a lo anterior, Willington Villareal de ACILAPP contrastaba este caso de estudio con otros procesos de fortalecimiento comunitario y cultural desarrollados por comunidades Murui Muina de Puerto Leguízamo en contextos similares al de Agua Negra. En particular, relataba el caso de la comunidad del resguardo Umancia, quienes, luego de años de afectaciones a su territorio, orientaron su organización colectiva hacia procesos de fortalecimiento de sus tradiciones culturales, memoria y gobierno propio. Este proceso permitió consolidar escenarios de mayor cohesión comunitaria y sentido de pertenencia, elementos fundamentales para afrontar las presiones territoriales con mayores capacidades organizativas. Según relataba:

Umancia fue una de las comunidades que en su territorio tuvo mucha hoja de coca, mucha, y se explotó mucha madera, pero pues ellos se concientizaron y se enfocaron a fortalecer sus gobiernos propios, sus guardias indígenas, su cabildo, el consejo de ancianos, las familias, los jóvenes y, hoy por hoy, dentro de sus reglamentos, pues es una prohibición casi que sagrada de que no se puede tener ninguna actividad de uso ilícito y eso pues, prácticamente, es lo que se da cuenta de los actores armados y respetan pues esa posición. Y hoy por hoy pues Umancia y Refugio, igualmente Jiri Jiri, [resguardos Murui Muina] pues son fuertes en su gobernabilidad y eso pues hace que pues eso lo miran el grupo armado y pues se respeta (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

Desde ACILAPP se ha posicionado la estrategia del fortalecimiento de lo propio como el pilar fundamental para avanzar hacia la gobernanza y gobernabilidad de los territorios, así como la base para consolidar acuerdos y objetivos consensuados en torno a las decisiones para el manejo y gestión territorial. Este fortalecimiento se caracteriza por procesos en los que niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades se apropian de su memoria histórica como comunidad, reconocen sus derechos y su forma de gobierno como pueblos indígenas, y valoran y participan en los espacios educativos propios sobre su lengua, su cultura tradicional y su territorio. Esto lo ratificaba Willington Villareal de la siguiente manera:

Cuando no están fortalecidos los sistemas propios de gobierno, es donde estos actores pues llegan, los convencen, los engañan y, al final, cuando se dan cuenta es que no tienen salida; y eso pues genera lo que es el desplazamiento, la muerte, los homicidios, los reclutamientos, etc. Entonces hoy por hoy pues Umancia es una comunidad fortalecida en su gobernabilidad interna, tiene las capacidades de poder ejercer autonomía y poder tomar buenas decisiones y también en los procesos de gobernabilidad, pues han tomado buenas decisiones y eso ha fortalecido todo su sistema de convivencia diaria que tiene como pueblo.

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Esas comunidades fortalecidas que están haciendo ese proceso de fortalecimiento, cuando los actores que tienen injerencia en el gobierno se dan cuenta que ellos están fortaleciendo sus gobiernos, es difícil penetrar sus ideologías. Y Agua Negra prácticamente está debilitada por todos los ángulos que uno puede ver (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

A este fortalecimiento de lo propio es a lo que el pueblo Murui Muina, en sus planes de vida y de salvaguarda, denomina como “la apropiación de la Ley de Origen”, es decir, la aprehensión de los principios, la historia, la identidad y el reconocimiento territorial establecidos por la espiritualidad del pueblo Murui Muina desde su origen. Desde esta perspectiva, y retornando al caso de Agua Negra, Willington Villareal señalaba que desde ACILAPP se considera que las acciones y estrategias orientadas al cuidado del territorio difícilmente tendrán efectos duraderos cuando una comunidad no cuenta con voluntad organizativa ni con apropiación de su memoria, cultura, territorio y gobierno propio. Según comentaba:

Considero lo siguiente, ni las normas, ni las leyes, ni los acuerdos, ni los decretos, no sirven en absoluto, ni las mesas. No sirven en absoluto. Por ejemplo, no sirvió ni el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado y el gobierno. Pues como dije antes, esa situación debe cambiar desde las mismas tomas de decisión de la gente de Agua Negra. Si Agua Negra no se hacen una autoevaluación, un autodiagnóstico de ellos mismos no va a cambiar nada. Porque ellos deben fortalecerse en la unidad social de ellos.

[La comunidad de Agua Negra] deben fortalecerse en su sistema propio de gobierno y en sus leyes de origen. Deben fortalecerse en la juventud que se apropia de sus procesos, de su cultura, de su tradición. Deben apropiarse de su territorialidad, deben generar sus propios reglamentos, deben mostrar que están capacitados para gobernar su territorio, la sociedad. Si ellos mismos no se organizan, no se forman, no llegan a un acuerdo de unidad, va a ser muy difícil que los decretos, las normas, las mesas, los procesos, vayan a cambiar esa situación. Porque eso depende de ellos mismos. Si ellos no se apropian de su territorio, de su cultura, va a ser muy difícil. Porque los procesos, las mesas, las normas, eso ya está en la segunda instancia. Porque nosotros debemos apropiarnos primero de nuestras leyes de origen (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

En síntesis, se identifica un primer elemento de debilidad en la gobernanza del caso de estudio relacionado con la fragmentación y desunión comunitaria en la gestión y manejo del territorio por parte de la comunidad de Agua Negra. Esta situación se traduce en que las decisiones colectivas no han partido de manera estructural desde la Ley de Origen del pueblo Murui Muina ni desde proyecciones comunitarias amplias. Por el contrario, con frecuencia se orientan a resolver necesidades inmediatas y atomizadas de las familias o de individuos de la comunidad, desconectadas entre sí, donde cada actor busca obtener algún recurso para su subsistencia.

En este contexto, no se ha consolidado una ruta clara para el fortalecimiento de lo propio de manera continua y de largo plazo. Como consecuencia, la planeación y ejecución de acciones de cuidado del territorio no se realizan de forma estructural ni conjunta, ni cuentan con la apropiación por parte de todas las generaciones que componen la comunidad, lo

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que termina generando un desconocimiento profundo sobre las decisiones territoriales y sobre el propio proyecto colectivo de vida.

6.2 Debilitamiento del relacionamiento con PNNC

Un segundo elemento de debilidad en la gobernanza del territorio superpuesto está relacionado con la falta de priorización de las acciones de los APV y de otras formas de gestión de PNNC con esta comunidad. Factores como el conflicto armado, la escasez de recursos y personal institucional, la fragmentación comunitaria, la limitada apropiación de los procesos de fortalecimiento de la gobernanza por parte de la comunidad, así como su seudoparticipación en las instancias de toma de decisiones de los APV, han generado que las acciones de PNNC y de ACILAPP en este territorio no sean priorizadas y, cuando se realizan, resulten discontinuas.

En consecuencia, las intervenciones no obedecen a una estrategia sostenida de largo plazo, lo cual contribuye a profundizar dinámicas de fragmentación territorial y a debilitar las posibilidades de consolidar una gobernanza compartida en el área superpuesta. Esto lo planteaba Enrique Hernández en los siguientes términos:

Ellos son pocos, de cierta manera. Y, digamos, eso también ha hecho que, pues, considero que se han mantenido un poco alejados también de muchos de los procesos que hay. Ahora, no tanto en estas fechas. O sea, de 2013, 2014 para acá, he visto a esta comunidad con una mayor participación. ¿Sí? Pero antes, en ciertos años, la participación de ellos que observé fue muy poca también. Entonces, por eso, de pronto, también no hay esa correlación, esa cercanía. El sector en Agua Negra no ha sido muy recorrido tampoco. Yo, por ejemplo, apenas he hecho un recorrido de acompañamiento hace muchos años. Pero no ha sido uno de los sectores como tal donde la institución se adentra en el territorio. Más bien, la Laguna la Paya y sus afluentes (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Esta ausencia de PNNC en el territorio ha ido generando un progresivo desconocimiento de la comunidad sobre la existencia y el significado de la superposición territorial. Es decir, aunque la comunidad reconoce que existe una superposición de polígonos, la mayoría no identifica que esta implica un ejercicio de gobernanza compartida. En cambio, la presencia del PNN La Paya en su territorio suele ser percibida principalmente como un actor que, en ciertos momentos, genera beneficios concretos, tales como herramientas de trabajo o la posibilidad de acceder a recursos para desarrollar proyectos orientados a resolver necesidades inmediatas de la comunidad.

Como se mencionó en el capítulo anterior, en uno de los talleres realizados con la comunidad en el marco de esta investigación, identifiqué que la mayoría de las personas desconocían procesos de relacionamiento como los APV, así como su estructura administrativa, sus acciones y estrategias para la gestión del territorio superpuesto. En términos generales, identificaban que la misión de PNNC es la conservación de la biodiversidad y que, a lo largo de la historia, algunos funcionarios habían realizado recorridos para verificar la integridad de la selva; sin embargo, en su mayoría desconocían los procesos de planeación y coordinación que PNNC ha adelantado con el pueblo Murui Muina. Con relación a esto, Enrique Hernández señalaba el desconocimiento de esta comunidad sobre las acciones y estrategias que ha realizado PNNC en este resguardo a lo largo de la historia:

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Ahí había ciertos guardaparques, pero no se miraba el ejercicio de autoridad ambiental como propiamente se miraba, digamos en una estructuración, era un ejercicio más de campo, más de hablar con la gente, más de que la gente fuera conociendo, porque muchas veces las personas creen que la institucionalidad la conocen en un año, en dos, ¿no? Para este sector todavía tenemos personas de comunidades que no conocen realmente la función de la institucionalidad, no conocen realmente, digamos, el proceso que debería llevar entre lo que es un área protegida como un Parque Nacional y un traslape o, bueno, una superposición, como se quiera llamar, entre un resguardo. Digamos, por ejemplo, ¿quiénes han estado? (Entrevista personal, Enrique Hernández, 2024)

Agua Negra ha sido entonces una comunidad que, en gran medida, desconoce la función de PNNC en su territorio. Esta situación se ha profundizado debido a la ausencia de presencia institucional desde el año 2019, generada principalmente —como se mencionó en apartados anteriores— por las restricciones de ingreso de funcionarios a este sector del PNN La Paya como consecuencia de la Operación Artemisa y la pandemia de COVID-19. Esta situación fue ratificada por Harley Morales de la siguiente manera: Después de eso [COVID 19 y Operación Artemisa], ha habido una ausencia, pero no ha sido por culpa nuestra. Nosotros estábamos presencialmente reuniéndonos, hablando con ellos; íbamos y compartíamos con ellos, nos quedábamos allá en el resguardo, dormíamos allá; se hacían los trabajos, se socializaba cuando ya salíamos de las actividades. Entonces la comunidad también tenía esa confianza con nosotros y éramos amigos. O sea, nosotros hacíamos mucha amistad porque éramos conocidos, nosotros también conocidos de los Monagas, de los Cabezas, de los anteriores antiguos habitantes que han vivido, por ejemplo, en la comunidad.

Nosotros teníamos esa situación y la gente nunca se portó mal con nosotros. Siempre fue un trabajo muy respetuoso con los señores. A nosotros nos querían mucho, nos apreciaban mucho y nunca tuvimos ninguna dificultad con ellos. No había diferencias como que "Ustedes de Parques vienen aquí a favor del área o a favor de la comunidad". No, nosotros íbamos a hacer un trabajo concertado. "¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo?". Y entonces todos teníamos la palabra y al final se llegaba a un consenso. Si era ahí o no era ahí, qué punto era, qué proyecto íbamos a trabajar o qué situación, pero todos quedaban contentos. (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Frente a lo anterior, se ratifica cómo el ejercicio de coordinación y relacionamiento entre la comunidad de Agua Negra y PNNC —que había comenzado a configurarse como un espacio de gobernanza compartida— se fracturó a raíz de la Operación Artemisa y la pandemia de COVID-19. Esto generó la suspensión tanto de la operatividad en campo de PNNC en el área protegida como de las instancias de coordinación y de los planes de acción de los APV, profundizando las condiciones de ingobernabilidad del territorio superpuesto.

En otras palabras, la ausencia y suspensión de los procesos de coordinación y gobernanza compartida entre PNNC y el pueblo Murui Muina desde el año 2019 hasta el presente ha contribuido a la pérdida progresiva de los lazos de confianza con la comunidad. A esto se suma el limitado conocimiento que tiene Agua Negra sobre la funcionalidad y los beneficios de la coordinación con esta institución, lo cual ha conducido a que la gobernanza del área

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superpuesta quede principalmente en manos de la comunidad, en un contexto marcado por la influencia y el control territorial ejercido por otros actores. Este escenario ha generado dinámicas de fragmentación territorial y procesos de desterritorialización, en los cuales el uso y la gestión del territorio dejan de estar plenamente orientados por las formas propias de gobierno de la comunidad. Esto se expresa en prácticas como la expansión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, la instalación de rutas asociadas a esta economía ilegal y la contaminación de las fuentes hídricas derivada de estas actividades.

Tales dinámicas afectan la integridad ecológica y cultural del territorio y contribuyen a la reproducción de condiciones de vida dependientes de estas economías y formas de poder. A su vez, estas situaciones profundizan el conflicto armado y generan la erosión de los lazos culturales y organizativos comunitarios establecidos tanto por los esquemas de gobernanza propios como por los espacios de coordinación con ACILAPP y PNNC, produciendo nuevos hechos victimizantes para la comunidad, como desplazamientos, confinamientos, amenazas y limitaciones a sus actividades cotidianas.

6.3 Hacia el Régimen Especial de Manejo

Como se ha mencionado anteriormente, el relacionamiento y la coordinación entre el pueblo Murui Muina y PNNC para la gobernanza compartida del territorio constituyen un proceso orientado a alcanzar dos objetivos comunes: el cuidado de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. La consolidación de este proceso ha estado mediada principalmente por diálogos, trabajos conjuntos, ejercicios de planificación, así como por acuerdos y desacuerdos entre las partes, en función de articular sus formas de gestión y manejo territorial en un esquema de gobernanza compartida como el Régimen Especial de Manejo (REM).

La búsqueda de la consolidación de este esquema se ha desarrollado tanto a través de la implementación de los APV como mediante el proceso de construcción del Plan de Manejo del PNN La Paya, junto con las acciones y estrategias de manejo territorial que cada autoridad ha implementado de forma autónoma. Con base en estos procesos, a continuación, se presentan algunos elementos considerados fundamentales para fortalecer y proyectar este proceso de coordinación, con miras a la consolidación de un esquema efectivo de gobernanza compartida en los territorios superpuestos.

6.3.1 La construcción de reglas de juego para la gobernanza

compartida El primer elemento está relacionado con las expectativas que cada autoridad tiene sobre el territorio. Por un lado, se encuentra PNNC, cuya finalidad es continuar materializando su misionalidad de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, mediante la implementación del paradigma de “conservación con gente”. Por otro lado, se encuentran las expectativas del pueblo Murui Muina, que avanzan en el fortalecimiento del gobierno propio y de la cultura de las comunidades como base para alcanzar una gobernanza territorial eficaz.

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Ambas concepciones sobre el manejo y gestión del territorio han logrado articularse parcialmente en los ejercicios de planeación, desarrollo y evaluación conjunta de acciones y estrategias impulsadas a través de los APV. Estos han representado la máxima expresión formal del trabajo conjunto entre ambas autoridades en el PNN La Paya, cuya finalidad ha sido precisamente avanzar hacia un esquema de gobernanza compartida más estructurado, proyectado hasta el momento en la figura del REM. Sin embargo, aunque ambas autoridades han perseguido este objetivo, persisten múltiples inquietudes respecto a lo que implica concretamente este esquema y cuáles serían sus alcances en términos de toma de decisiones sobre el territorio. Es precisamente desde estas inquietudes que han surgido diversas ideas y propuestas sobre los objetivos que se buscan alcanzar mediante este instrumento.

Según señalaba Harley Morales del PNN La Paya, la construcción del REM ha sido una de las metas persistentes de PNNC a lo largo de la historia de gestión del área protegida, en la cual se han depositado expectativas importantes para alcanzar una conservación eficaz del territorio. Esta meta se ha planteado teniendo en cuenta la condición del PNN La Paya como un “parque con gente”, donde resulta necesario construir acuerdos y estrategias conjuntas con las comunidades que habitan el territorio, con el fin de orientar su manejo y gestión de forma planificada y organizada:

[El PNN] La Paya, que tiene resguardo indígena adentro y también hay comunidades campesinas, que algunos están adentro y otros están afuera, como en la zona de Mecaya y Sencella. Entonces digamos que ahí pues sí hay una afectación, que exige que haya unos acuerdos claros tanto con campesinos como con indígenas a través de acuerdos de uso y de manejo. Con campesinos tiene que haber un acuerdo claro para ver cómo se va a usar el territorio que está ahí, que ellos están haciendo digamos intervención. Y con indígenas tiene que haber unos acuerdos claros a través del Régimen de Manejo: cómo se va a usar el territorio, cómo lo vamos a cuidar, qué autoridad vamos a darnos ahí, cómo va a ser el uso, si van a haber vacas, no van a haber vacas, si se va a reforestar, qué se va a reforestar (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

En ese sentido, como señala este funcionario, avanzar hacia este esquema de gobernanza compartida implica definir con mayor claridad unas reglas de juego sobre el cuidado y el uso del territorio entre ambas autoridades. En otras palabras, supone consolidar una estructura de toma de decisiones compartida sobre el manejo de los territorios superpuestos. Ante esto, Harley Morales proseguía:

¿Pero qué implica llegar a acuerdos? ¿Qué implica llegar a esos acuerdos? ¿Cuál es el meollo del asunto? El uso. El meollo del asunto es el uso. Entonces yo tengo aquí con ACILAPP estos recursos. Ellos pueden decir “no, no vamos a tocar, no vamos a concentrarnos en otra cosa, yo voy a trabajar en eso. Mi forma de vida de comunidad va a llegar a eso”. Pero en algún momento ellos pueden decir “no, voy a usar”. Ese uso, esa coordinación de esa función pública de la conservación me va a decir qué usted va a usar, pero qué usted va a conservar, porque está permitido. Con capacidad de licencia usted no puede [usar]. ¿Sí? La diferencia. Pero es llevar ese proceso.

La gobernanza nos lleva a ese proceso, ¿sí? En coordinar, en hablar, a lo largo de los años. Porque pues hasta ahora el Parque no se va a ir. Pero estamos en un

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proceso de consolidación de reglamentos, de organizarnos, de revisión de territorio, ¿sí? De cerrar esas brechas o esos problemas que tenemos y que la comunidad también considera que tenemos problemas. Eso hay que solucionarlo (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Construir y consolidar estas reglas de juego sobre el manejo compartido del área protegida implica, en términos analíticos, avanzar hacia un modelo de gobernanza compartida. De acuerdo con Borrini-Feyerabend et al. (2014), Davidson et al. (2006) y Alcorn (2010), este tipo de gobernanza supone definir cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones con la participación de los actores involucrados y, de manera fundamental, cómo se distribuyen las responsabilidades entre las autoridades participantes en el ejercicio de cuidado y manejo del territorio.

6.3.2 La gobernabilidad y las garantías para el manejo del

territorio Ahora bien, en relación con lo anterior, se identifica un segundo elemento fundamental para fortalecer el proceso de construcción del esquema de gobernanza compartida, asociado a la gobernabilidad. Si bien este proceso de trabajo conjunto se orienta hacia la construcción e implementación del REM, en la práctica existen posiciones encontradas respecto al objetivo que se quiere alcanzar, especialmente desde la perspectiva del pueblo Murui Muina frente a la gobernabilidad, al reiterar la realidad de la ausencia de PNNC en los territorios y su ineficacia en la gestión del área protegida. De acuerdo con Matus (1987), la gobernabilidad se relaciona con el grado de control que un actor logra ejercer sobre las variables que inciden en un sistema social o en un territorio, en el marco de una relación estratégica que él denomina el “triángulo de gobierno”. Para este autor, se trata de un modelo integrador que articula la gobernabilidad, el proyecto de gobierno y la capacidad de gobierno como componentes interdependientes. En ese sentido, la gobernabilidad no depende únicamente de la voluntad de un actor para gobernar, sino también de su capacidad real para incidir sobre las condiciones del territorio, orientar un proyecto político y materializarlo mediante recursos, legitimidad y capacidad de acción.

En ese marco, y de acuerdo con lo señalado por Matus (1987), se identifica que, aunque PNNC cuenta con capacidades técnicas, experiencia institucional y herramientas de planificación que podrían contribuir al gobierno y gestión del territorio, y aunque existen los APV como una estructura de transición hacia un modelo de gobernanza compartida que expresa un proyecto de gobierno, en la práctica persisten limitaciones que debilitan su gobernabilidad. La ausencia en el territorio, la ineficacia en la gestión y la imposibilidad de ejercer control sobre variables clave del contexto territorial generan una pérdida de capacidad efectiva de incidencia sobre el área protegida y, en consecuencia, reducen las posibilidades de materializar ese proyecto de gobierno compartido. Frente a esto, Claudio Sánchez de ACILAPP manifestaba que alcanzar este esquema de gobernanza compartida implica el fortalecimiento de la gobernabilidad en el territorio, lo cual, según él, puede lograrse dando mayor prevalencia a las formas de manejo territorial de la comunidad de Agua Negra, teniendo en cuenta que son los únicos actores participantes del mecanismo de coordinación con PNNC que hacen presencia continua y ejercen control efectivo en el territorio:

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El Régimen Especial de Manejo lo que busca es establecer estos aspectos que conlleven a que las comunidades puedan desarrollar sus ejercicios de acuerdo a como nosotros concebimos. A como nosotros concebimos la gobernanza. Entonces, el ejercicio de las comunidades, pues, va a ayudar a la función y a la responsabilidad del Parque (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

No obstante, Claudio Sánchez considera que el ejercicio de gobernanza de las comunidades, como uno de los elementos fundamentales para consolidar el REM, implica necesariamente que se brinden garantías suficientes para que ellas puedan ejercer sus acciones, estrategias y formas de uso, manejo y cuidado del territorio. Desde su perspectiva, estas no son reconocidas ni fortalecidas integralmente en el actual ejercicio de articulación de los APV. Según comentaba:

Esas acciones que desarrollan las comunidades, los controles, los monitoreos, el sistema de manejo, inclusive desde los espacios propios, que es lo que se ha hecho, pues no cuenta con esas condiciones o esas garantías, que sí cuentan la institucionalidad, ¿sí? Entonces, si uno mira, si se tiene guardabosques, ¿sí? Pues, los guardabosques, nosotros podemos decir que son, para el caso nuestro, nuestros guardias indígenas, nuestros cuidadores del territorio, ¿sí? Pero ¿cuáles son las garantías con las que cuentan estos guardabosques? ¿Y cuáles son las condiciones con las que cuentan nuestras estructuras de gobernanza? ¿Sí? Nuestros monitores, nuestros abuelos, ¿sí? (Entrevista personal, Claudio Sánchez,

2024).

Estas garantías son definidas por Claudio Sánchez como las condiciones económicas, de seguridad y de responsabilidad con las que deben contar los cuidadores del territorio para ejercer sus tareas, las cuales, a su juicio, no son cubiertas suficientemente por PNNC. Entre estas garantías se encuentran, por ejemplo, el acceso a remuneración económica para la subsistencia; la protección psicosocial y en seguridad ante situaciones de riesgo público; la generación de estrategias para consolidar capacidad instalada en las comunidades; el reconocimiento formal de sus sistemas de manejo territorial como estrategias sustanciales en el ejercicio de la función pública de la conservación; e incluso la coadministración más equitativa de los recursos económicos de PNNC destinados al cuidado de los territorios superpuestos. Asociado a esto, Claudio Sánchez añadía lo siguiente:

Entonces, eso es lo que buscamos, equiparar esas condiciones, ¿sí? O en su defecto, que seamos nosotros los que administremos de manera autónoma ese territorio. Porque siempre se habla de coadministración. ¿Y coadministración quién es? Entre los dos, tenemos propiedad de un área en común, entonces, coadministremos. Pero esas condiciones de coadministración, ¿hacia dónde están balanceadas las garantías?, y ¿hacia dónde está balanceada la responsabilidad en el territorio? Entonces, es lo que se busca, llegar a esos Regímenes Especiales de Manejo (Claudio Sánchez, 2024)

La búsqueda de estas condiciones y garantías equitativas entre ambas autoridades para la coadministración de los territorios superpuestos del PNN La Paya no es comprendida plenamente por muchas comunidades. Es decir, existe una intermediación de ACILAPP y PNNC en la transmisión de la información, la cual no está fluyendo de manera directa y suficiente hacia las comunidades.

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Lo anterior fue identificado durante el trabajo de campo, en donde, por ejemplo, muchos de los líderes de las comunidades Murui Muina ponían de manifiesto que incluso los nombres asignados a este tipo de instrumentos de gobernanza compartida, como es el caso del REM, son percibidos como una imposición de PNNC, lo cual se suma a las múltiples razones por las cuales las comunidades desconfían de estos procesos. Esto lo planteaba Harley Morales, al señalar cómo, durante el proceso de relacionamiento, PNNC se ha visto enfrentado a oposiciones de las comunidades frente al uso del término REM, y cómo han debido transitar hacia otras denominaciones: “Aunque para las comunidades no suena mucho el tema de ‘régimen’, porque creen que es una imposición o una ley, un mandato. Entonces, para minimizar esta percepción, nosotros no lo llamamos régimen de manejo, sino acuerdos de uso, aunque deben tener otro peso” (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

De manera semejante lo expresaba Willington Villareal, al señalar cómo el pueblo Murui Muina ha tenido que adaptarse a este tipo de lenguajes para avanzar en la protección del territorio: “para nosotros, esa palabra REM es como un régimen, es como una obligación que hay que cumplir. Pero, pues, estamos en el proceso, pero no se ha logrado el objetivo” (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

En ese sentido, definir este esquema de gobernanza compartida ha implicado retornar a discusiones iniciales sobre el proceso de coordinación entre estas dos autoridades, tales como quién llegó primero al territorio, cómo se ha configurado el ordenamiento territorial, cuáles han sido las formas de manejo y, en efecto, quién debe gobernar en el territorio. Esto pone nuevamente de manifiesto la tensión entre los términos de “superposición” y “traslape” planteada en esta investigación, donde, desde el posicionamiento del pueblo Murui Muina, en cabeza de ACILAPP, se sostiene que primero existieron sus territorios y territorialidades antes que el parque, razón por la cual son las comunidades las que deben tener mayor incidencia, responsabilidad y garantías para el manejo de los territorios superpuestos. Frente a esto, Claudio Sánchez de ACILAPP comentaba lo siguiente: Parques tiene una historia que hasta el momento siempre hemos reclamado al área propiedad del Parque, o sea, el Ministerio del Medio Ambiente, como Parque Nacional; porque Parques fue creado sin el consentimiento de los pueblos que estamos asentados aquí en el Putumayo, en el Caquetá. Prácticamente el Estado colombiano, pues, eligió en este territorio. Cuando los pueblos no conocían de un Parque Nacional, prácticamente fue una decisión de Estado, cuando nos dimos cuenta que era un área protegida, que obviamente en esos tiempos no existía todavía la consulta previa, libre e informada.

Y eso hace que, pues, en este momento, esa violación de un derecho que como pueblos dueños de este territorio, pues, no hemos podido concebir por qué se hizo de esa manera. Y eso, pues, nos ha generado mucha dificultad en ese relacionamiento de buena gobernanza. Porque, pues, el Parque tiene una funcionalidad casi que idéntica a los resguardos (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Para Claudio Sánchez, esta imposición del PNN La Paya sobre las territorialidades y el territorio Murui Muina ha implicado la territorialización de formas de uso y manejo del territorio por parte de PNNC, las cuales no han sido apropiadas plenamente por las comunidades, pese a los años de existencia del área protegida y de los procesos de coordinación adelantados. Aunque resalta que los resguardos y el área protegida tienen

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una funcionalidad casi idéntica, entendida como la compatibilidad entre ambas figuras de ordenamiento territorial reconocida en el artículo 7 del Decreto 622 de 1977, también manifiesta que, en la realidad cotidiana de los territorios superpuestos, continúan prevaleciendo las formas de gobierno y manejo territorial propio de las comunidades, más aún en un contexto de debilitamiento de la gobernabilidad de PNNC. En efecto, a partir de estos planteamientos de los integrantes de ACILAPP, se identifica cómo el pueblo Murui Muina viene posicionando la idea de avanzar hacia un esquema de gobernanza conducido en mayor medida por las comunidades, es decir, hacia un arreglo en el que aumenten su responsabilidad, sus garantías y su capacidad de control sobre el territorio. Desde esta perspectiva, las estrategias y formas de gestión del PNN La Paya, así como la administración de los recursos económicos vinculados a la misionalidad de conservación de PNNC, deberían redistribuirse y adecuarse al fortalecimiento de los sistemas de manejo territorial y de las formas de gobernanza propias de las comunidades Murui Muina. Este posicionamiento es semejante a la postura expresada por Harley Morales del PNN La Paya, quien comentaba lo siguiente:

El REM en áreas traslapadas busca lograr acuerdos de uso con las comunidades para garantizar que ese territorio se blinde más. La idea es amarrar más el territorio al manejo indígena y a las comunidades para evitar la extracción ilegal, la depredación, la deforestación por personas ajenas y la minería. A través de los Regímenes de Manejo, los acuerdos de uso firmados por las autoridades y los altos gobiernos nacionales, en el caso de Parques, ya queda como traslapado. Es como un matrimonio, ya no es que “convivo con mi pareja porque quiero”, sino que “ya soy casado, tengo un compromiso digamos que tengo un peso más” (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Para Harley Morales, este “matrimonio” que se busca materializar a través de la construcción del REM reitera lo señalado anteriormente sobre la posibilidad de aumentar las garantías y capacidades de las comunidades en los ejercicios de cuidado del territorio. De esta manera, para el caso de Agua Negra, alcanzar este objetivo permitiría, por ejemplo, articular con mayor fuerza sus conocimientos de manejo territorial como estrategias de control y regulación de actividades como la deforestación y la extracción ilegal de recursos naturales realizadas por personas ajenas a la comunidad. Ahora bien, ante la identificación de la territorialidad de Agua Negra más allá de los límites de su resguardo, este aumento en el reconocimiento de las garantías y capacidades de manejo territorial de la comunidad podría extenderse hacia otras zonas del área protegida, como la quebrada y la laguna La Paya, o las riberas del río Putumayo, donde históricamente se han desarrollado acciones de deforestación para la siembra de cultivos de uso ilícito, así como extracción ilegal de pesca y cacería con fines comerciales por parte de comerciantes provenientes de Ecuador, Perú, Puerto Asís y diferentes regiones del interior del país.

Con base en este escenario, y retomando lo planteado por Harley Morales, alcanzar este “matrimonio” entre PNNC y Agua Negra posibilitaría que esta comunidad fortalezca su sistema de manejo territorial. Esto implicaría, por ejemplo, aumentar el personal de la guardia indígena y sus capacidades técnicas, junto con la generación de mayores garantías económicas que les permitan desarrollar acciones integrales y continuas de monitoreo y control del territorio, más allá del resguardo y del área superpuesta, y al mismo

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tiempo favorecer el bienestar de muchos integrantes de la comunidad mediante remuneraciones que garanticen sus condiciones de subsistencia. En ese contexto, se ratifica la necesidad de que la búsqueda de este esquema de gobernanza compartida, además de fortalecer las capacidades técnicas y económicas de las comunidades, mejore sus condiciones de subsistencia, con el fin de fomentar su interés en las actividades de control y manejo territorial y, de esta manera, enfrentar con mayor amplitud e integralidad las actividades que afectan el territorio. Ahora bien, es importante señalar que este tipo de estrategias representan solo una parte de lo que significa la generación de garantías para las comunidades Murui Muina en el marco del proceso de construcción de este esquema de gobernanza compartida. No obstante, también es necesario tener en cuenta lo planteado en apartados anteriores sobre la existencia de otras territorialidades y formas de gobernanza presentes en el área protegida, como las formas de control territorial de los grupos armados ilegales o las economías ilícitas desarrolladas por comunidades colonas y campesinas. Frente a esta realidad territorial, se identifica la necesidad de que este esquema de gobernanza compartida permita también fortalecer los mecanismos de diálogo político entre las comunidades indígenas y PNNC con estas otras territorialidades presentes en el área protegida, teniendo en cuenta que muchas de sus formas de uso y control del territorio responden a intereses y necesidades que trascienden los alcances de las estrategias locales de control y monitoreo comunitario. En suma, se plantea que este esquema de gobernanza debe fortalecer también los mecanismos de coordinación interinstitucional e intercomunitaria que permitan desarrollar estrategias de cuidado del territorio a escala regional y transfronteriza.

Por último, y a modo de cierre de este apartado, es preciso señalar que para que exista gobernanza se requiere gobernabilidad. En el caso analizado, esta gobernabilidad se encuentra limitada para PNNC, en la medida en que la institución no controla variables decisivas como la seguridad, los recursos financieros y el personal necesario para sostener su presencia y acción territorial. Esto pone de presente las restricciones de su capacidad de gobierno y permite vislumbrar como camino viable un esquema de gobernanza en el que aumente el protagonismo de quienes sí ejercen presencia y manejo cotidiano del área protegida, es decir, las comunidades Murui Muina. En esa dirección, avanzar en la construcción de un REM supone no solo formalizar acuerdos, sino también mejorar de manera efectiva sus condiciones para el control y cuidado del territorio.

6.3.3 Evaluación y seguimiento del proceso de coordinación

El proceso de construcción del esquema de gobernanza compartida mediante los APV cumplió nueve años en 2024, lo cual pone de manifiesto que este no ha logrado alcanzar plenamente su objetivo. Las razones de esta situación parten de las distintas dificultades y obstáculos señalados en los apartados y capítulos anteriores respecto a la implementación de este mecanismo; no obstante, a ello se suma una más, relacionada con el desgaste del propio proceso de relacionamiento. Esto lo puso de presente Tatiana Vera en los siguientes términos:

Con respecto al Acuerdo Político de Voluntades, considero que dejaron de ser efectivos hace un par de años porque las instancias no se legitimaron en su momento. Nosotros fuimos muy juiciosos implementando instancias año tras año,

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hasta el 2018-2019. Creo que tuvimos un esfuerzo institucional que estaba hasta por fuera de nuestros alcances financieros y lo logramos. Se implementaron esas instancias, cumplieron una función, pero yo no creo que ningún proceso a largo plazo pueda ser constante, igual o lineal.

Y el acuerdo nunca evolucionó. Para mí ese es el primer error: que con las experiencias nunca pasamos, superamos o respondimos a lo malo que nos acontecía en un año para repararlo al año siguiente. Seguimos sufriendo las mismas dificultades en las instancias, la misma falta de un presupuesto para el cumplimiento de las acciones, y no se puso un freno, no se tomó una posición frente a los incumplimientos en su momento cuando debería haber pasado (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024).

Como señala Tatiana, esta falta de evolución de los APV hacia el REM obedece, en buena medida, a una debilidad en la evaluación y el seguimiento profundo y sistemático del proceso. Aunque en 2020 se realizó un informe de seguimiento al desarrollo de los APV, que permitió identificar una serie de elementos por fortalecer y superar, para 2024 no se había realizado un nuevo ejercicio de seguimiento de esta naturaleza, lo que ha generado la repetición de acciones y procedimientos que perpetúan la ineficacia de la coordinación.

Como menciona Tatiana Vera, una de las causas de esta situación obedece a los incumplimientos de muchas de las actividades de los planes de acción de los APV, derivados de la falta de presupuesto gestionado por PNNC. En particular, ello se identificó durante el trabajo de campo en distintas instancias de coordinación realizadas en 2023, en las que, por ejemplo, se planteó la propuesta de ACILAPP y de las comunidades de consolidar un equipo técnico en ACILAPP que pudiera responder con mayor eficacia y capacidad de planificación a las acciones definidas en los planes de acción. Esta solicitud se venía posicionando desde instancias de años anteriores, teniendo en cuenta que se identificó que una de las causas centrales del incumplimiento de las acciones para todas las comunidades era la falta de personal en ACILAPP; los problemas de sistematización de las acciones e instancias de los APV; la ausencia de planeación y de acciones orientadas a la apropiación comunitaria de la información y de los objetivos de los APV; y, por supuesto, la inequidad en la capacidad técnica entre PNNC y el pueblo Murui Muina.

En esa medida, en las instancias en las que participé se identificó cómo el jefe del PNN La Paya de ese momento, desde su postura política de fortalecer el proceso de coordinación, concertó con las autoridades Murui Muina la contratación de personal profesional y técnico para ACILAPP. No obstante, esta acción se fue desdibujando con el tiempo, principalmente por la insuficiencia presupuestal, así como por los complejos trámites burocráticos de PNNC para los procesos de contratación. Como resultado, solo fue posible vincular a un profesional indígena, quien se sumó al equipo ya contratado en ACILAPP en el marco de los APV, pero que, en la actualidad, aún no resulta suficiente para responder eficazmente a las múltiples actividades que implica la implementación de este mecanismo. Este ejemplo señalado anteriormente hace parte de una serie de situaciones de incumplimiento de los APV asociadas a la falta de presupuesto, las cuales devienen de las

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dificultades en el seguimiento y la evaluación constante de todo el proceso. Ello repercute en una de las dificultades de los APV señaladas en el capítulo 3, relacionada con el desarrollo de acciones discontinuas y desconectadas del objeto de este mecanismo, dependientes de las condiciones presupuestales de PNNC. En otras palabras, los APV terminan adecuándose al presupuesto gestionado y, dado que este suele ser discontinuo e insuficiente, se debilitan las apuestas integrales de manejo territorial y, con ello, se reproduce un modelo inequitativo de gobernanza compartida.

Lo anterior guarda relación con el planteamiento de Matus (1987) sobre los problemas que enfrentan muchos gobiernos latinoamericanos en sus procesos de planificación, incluida la relacionada con la conservación ambiental. Según este autor, la planificación general de la acción de un gobierno solo adquiere eficacia si cumple realmente sus funciones prácticas; y, al observar los procesos de ejercicio gubernamental en América Latina, evidencia “un claro distanciamiento entre los planes ofrecidos como promesas y el proceso real de discusión y toma de decisiones que guía la acción de los gobernantes” (p. 1). Para Matus (1987), estos distanciamientos se traducen en la ineficacia de la planificación general, lo cual “facilita y estimula un estilo de gobierno dominado por la cotidianidad intrascendente y la imprecisión, donde las muestras más considerables de vitalidad se identifican con reacciones espasmódicas tardías para enfrentar los problemas que explotan nuestras vidas” (p. 1). En estos términos, y referido al escenario de los problemas en la financiación de los APV, se identifica que muchas de las propuestas concertadas sobre el sostenimiento presupuestal de los planes de acción y de las instancias de coordinación de este mecanismo descansan sobre un proceso de planificación insuficiente, que incluye debilidades en el seguimiento y la evaluación de la coordinación. Esto genera el escenario señalado por Matus: que el plan propuesto supera la realidad de su ejecución, conduciendo nuevamente al incumplimiento de las acciones y del objeto mismo de los

APV.

Esta situación conlleva a un escenario paradójico dentro de este ejercicio de coordinación, expresado en que, entre menor sea el nivel de cumplimiento del objeto de los APV, menores son también las posibilidades de PNNC de gestionar recursos económicos que sostengan este mismo mecanismo, puesto que la financiación pública y privada suele sustentarse con base en resultados, y si estos no son alcanzados en un periodo de tiempo considerable, aumenta la probabilidad de que no se viabilicen nuevos recursos. En efecto, se hace necesario que la concertación de los presupuestos asignados para la implementación de los planes de acción de los APV se realice sobre la base de un proceso de planeación y seguimiento más profundo entre las partes. Pero, a la vez, resulta imprescindible fortalecer la articulación entre las distintas dependencias de PNNC, en función de una toma de decisiones más planificada y ajustada a la realidad de sus procedimientos administrativos, sin perder de vista la necesidad de continuar con su esfuerzo de adecuación institucional y de sostener de manera continua y sólida el presupuesto requerido para el proceso de coordinación, en favor de la consolidación del

REM.

6.3.4 El fortalecimiento de la confianza en la coordinación

En apartados anteriores se analizó el proceso de generación de desconfianza de las comunidades y de ACILAPP hacia PNNC, tanto por los incumplimientos de esta entidad

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en materia de continuidad de la financiación e implementación de los APV, como por su participación en acciones que van en contravía del proceso de relacionamiento, como fue el caso de la Operación Artemisa.

Ahora bien, esta desconfianza hacia PNNC se entrecruza con otra dimensión, correspondiente al debilitamiento de la relación de confianza de las comunidades hacia ACILAPP. La razón de esta situación obedece a la percepción de que esta asociación no está cumpliendo plenamente su misionalidad de impulsar la continuidad de los procesos que se tienen con las instituciones públicas y privadas. En efecto, muchas comunidades, al evidenciar la discontinuidad de la financiación e implementación de los APV, relacionan a ACILAPP como uno de los principales responsables de esta problemática. Frente a esto, Claudio Sánchez de ACILAPP comentaba lo siguiente:

[Desde ACILAPP] se han ido fortaleciendo las participaciones en incidencias políticas en esas instancias de la organización, la participación digamos de la organización en propiciar el mejoramiento administrativo y financiero también, que es importante; parte de la confianza que las comunidades deben sentir, o sea las comunidades deben lograr sentir una confianza política, una confianza técnica, una confianza administrativa, una confianza cultural en ACILAPP. Eso deben sentir las comunidades y hacia allá pues se debe caminar. Entonces puede que tengamos una confianza en lo político, pero si de pronto por situaciones administrativas o financieras no se genera esa confianza, pero de acá arriba lo primero se va a afectar también. Entonces debe ser una interacción y hacia allá se debe el camino. (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

Las garantías presupuestales requeridas para sostener el proceso de coordinación con PNNC comprenden tanto la continuidad y constancia de las instancias de coordinación entre el pueblo Murui Muina y los distintos niveles de PNNC, como la financiación efectiva de los planes de acción. No se trata únicamente de disponer de más recursos, sino de asegurar condiciones estables, suficientes y sostenidas en el tiempo para que las acciones estructurales de la coordinación puedan desarrollarse y consolidarse. No obstante, estas garantías entrañan, nuevamente, un elemento señalado en apartados anteriores, relacionado con la desarticulación entre las territorialidades de PNNC. Por un lado, se encuentra el largo proceso de relacionamiento y construcción de confianza entre el equipo local del PNN La Paya, las comunidades y ACILAPP; y, por otro, las dependencias regional y central de PNNC, que, aunque han respaldado este relacionamiento, también se han constituido en actores que limitan la posibilidad de garantizar una financiación continua y suficiente para muchas de las acciones estructurales de la coordinación, debido principalmente a la rigidez burocrática de su sistema de toma de decisiones.

A esto se suman los desentendimientos entre las territorialidades Murui Muina, principalmente en lo relacionado con la desconfianza de las comunidades hacia el rol de ACILAPP en la toma de decisiones y en la planificación de acciones dentro de las instancias de coordinación de los APV. Según comentaba Harley Morales, esto obedece principalmente a que los APV, aunque se configuraron como un escenario de diálogo más continuo entre el pueblo Murui Muina y PNNC, al mismo tiempo redujeron la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones:

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La instancia de comités locales con gobernadores pasó a otra instancia que ya pasó a ACILAPP, eso a través de los Acuerdos Políticos de Voluntades; y pues eso ya se volvió muy político, y al parecer es que no fluye la información hacia la comunidad. Realmente con lo que hay que hacer el acuerdo es con los que hacen uso, o sea con la gente que vive dentro del Parque, porque nosotros estamos haciendo acuerdos con la asociación y ellos se quejan mucho porque nosotros no hacemos acuerdos con ellos, pero los Regímenes de Manejo y los Acuerdos de uso hay que hacerlos con las comunidades que están dentro del Parque, pero ¿a través de qué?, a través de la asociación de ACILAPP, porque como ellos son los representantes legales, nosotros no podemos tampoco ignorarlos porque ellos son los representantes (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

En efecto, esto pone de presente que la construcción de confianza en el proceso de coordinación entre PNNC y el pueblo Murui Muina integra las distintas formas de relacionamiento y concertación entre las territorialidades que participan en los APV, en donde inciden factores como los canales y el flujo de la comunicación; el equilibrio entre intereses políticos y técnicos, inmediatos y estructurales; así como las capacidades y grados de participación de los actores en la toma de decisiones, entre otros. Esta situación se relaciona con lo señalado por Souza (2006) y Lizcano-Fernández (2012) sobre la participación ciudadana en escenarios de planificación democrática. Para estos autores, en dichos escenarios resulta fundamental identificar el rol que pueden llegar a cumplir los líderes o gobernantes en la toma de decisiones, puesto que sobre ellos se transmiten las proyecciones, necesidades e intereses de una sociedad. Así, plantean la importancia de diferenciar si los líderes ocupan el rol de “delegado” o de “representante”, entendiendo al primero como un portavoz con mandato efímero e imperativo, es decir, autorizado para llevar las deliberaciones de la comunidad, pero sin libertad para tomar decisiones políticas relevantes más allá de asuntos rutinarios. En cambio, el “representante” es definido por Souza (2006) y Lizcano-Fernández (2012), como un líder o gobernante con mandato libre, elegido de forma democrática por la comunidad, lo cual le otorga autonomía para la toma de decisiones, incluso contrarias a las opiniones de sus electores, aunque esté sujeto a mecanismos de control y rendición de cuentas.

En cambio, el “representante” es definido por Souza (2006) y Lizcano-Fernández (2012) como un líder o gobernante con mandato libre, elegido de forma democrática por la comunidad, lo cual le otorga autonomía para tomar decisiones, incluso contrarias a las opiniones de sus electores, aunque sujeto a mecanismos de control y rendición de cuentas.

Sobre esta base conceptual, se identifica entonces cómo en los escenarios de coordinación de los APV existen posiciones encontradas frente a la forma de participación en la toma de decisiones. Así, por ejemplo, como se señaló en el capítulo 3, para el caso de ACILAPP y las comunidades se identifica un sistema político más cercano al mandato imperativo, en el que las comunidades eligen a sus delegados cada cierto período de tiempo con el fin de que ejerzan como portavoces, es decir, como transmisores de las decisiones de la base social.

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No obstante, se presenta la situación en la que, por un lado, las comunidades, en muchas instancias de los APV, asocian a los delegados de ACILAPP y a las autoridades políticas de los resguardos como representantes, atribuyéndoles una mayor autonomía en la toma de decisiones. Esto repercute en que también sean vistos como los principales responsables de las deficiencias de los APV, reproduciendo así la percepción de desconfianza hacia ACILAPP.

Por su parte, el tipo de mandato de PNNC puede identificarse como representativo, teniendo en cuenta que los funcionarios y contratistas que ejercen roles de toma de decisiones representan los intereses y proyecciones de una institución estatal que actúa en el marco de un gobierno de turno elegido democráticamente. No obstante, en el escenario de los APV, los líderes de PNNC también actúan, en ciertos momentos, bajo una lógica cercana al mandato imperativo, en la medida en que la planificación y la toma de decisiones parten de la concertación con las comunidades indígenas, por lo que su margen de decisión no es plenamente autónomo, sino que depende de lo acordado con la base social.

Ahora bien, como ya se ha mencionado, la toma de decisiones en PNNC está supeditada a los distintos grados de poder que tienen los niveles que lo componen —local, territorial y central—, por lo que las decisiones más determinantes que se adoptan en los APV deben estar coordinadas entre estos niveles. En ese sentido, ante situaciones como el incumplimiento de acuerdos o la falta de financiación de acciones, derivadas de tensiones entre estos tres niveles, muchas comunidades terminan generando desconfianza hacia todo PNNC, afectando con ello los procesos locales de relacionamiento. Frente a esto, Harley Morales comentaba lo siguiente:

Es como si yo como funcionario de Parques, como el jefe del Parque acá, ignoro a la dirección general de Parques, ese es nuestro patrón, esa es nuestra cabeza, entonces nosotros tenemos que ir articulados. El trabajo del Parque Nacional de La Paya tiene que articularse con las propuestas de territorial y nivel central, porque ellos nos dan otras directrices y nosotros tenemos que implementarlas (Entrevista personal, Harley Morales, 2024)

Sumado a lo anterior, y como se señaló en el capítulo 3, parte del debilitamiento de la confianza obedece a la falta de continuidad de los delegados o representantes, tanto de PNNC como del pueblo Murui Muina, quienes en muchos casos no logran dar continuidad al proceso de relacionamiento en función del objeto de los APV. En cambio, con frecuencia reorientan las acciones desde sus propios intereses, prioridades coyunturales o limitaciones de comprensión del proceso, las cuales, en gran medida, responden a necesidades inmediatas de subsistencia y a la búsqueda de beneficios marginales para sostener la vida cotidiana. Esto no necesariamente debe leerse como una desviación menor o accidental del proceso, sino también como expresión de las condiciones materiales y políticas en las que se desarrolla la coordinación, en donde sobrevivir en el presente puede convertirse en un objetivo central para las comunidades y sus organizaciones, aun cuando ello dificulte la consolidación de apuestas más estructurales de gobernanza compartida. Tatiana Vera expresaba lo anterior en los siguientes términos: El Parque también está cambiando gente, que el jefe se va, que viene otro, ACILAPP también cambia consejeros; y entonces eso también, hay como un desnivel, hay una situación, mientras vuelvo otra vez y apenas nos estamos

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organizando otra vez. Porque el Parque con ACILAPP va a tener unos avances tremendos, donde uno dice “no, ya estamos a punto de firmar un acuerdo”, y se vuelve y se baja otra vez casi a cero. Por eso yo digo, porque cambian un director de Parque, entonces ya, porque ya se fue el jefe, porque vino otra persona, porque el orden público ya afectó eso, entonces ya no, porque los de ACILAPP, el nuevo consejero ya cambió la estrategia, entonces es uno de los detonadores para que no se avance y se construya ese acuerdo, o se construyan los Regímenes de Manejo con las comunidades traslapadas (Entrevista personal, Harley Morales,

2024)

En efecto, se evidencia cómo esta falta de articulación y coordinación entre las territorialidades Murui Muina y de PNNC, tanto en sus formas de ejercer la toma de decisiones como en sus concepciones sobre la coordinación, genera desconfianza y obstaculiza el cumplimiento del objeto de los APV y, como mencionó Tatiana Vera, produce un desgaste del proceso de relacionamiento. En ese sentido, se hace necesario fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación interna entre las territorialidades, a través del esclarecimiento de los roles de “delegados” y “representantes”, teniendo como principio el mandato establecido por ambas partes en los escenarios de toma de decisiones y privilegiando una mayor participación de las comunidades que habitan y manejan cotidianamente el territorio.

6.3.5 Los derechos territoriales de los pueblos indígenas

a protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas como una estrategia a integrar en el REM constituye otro de los principales desentendimientos entre las territorialidades Murui Muina y PNNC. Esto fue identificado durante el trabajo de campo, donde se evidenciaron situaciones en las que desde ACILAPP y las comunidades se entiende que el REM debe posibilitar el fortalecimiento de los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, sobre la base de la concepción del pueblo Murui Muina de que la protección del territorio se alcanza a través de la seguridad jurídica de sus territorios. Por esta razón, muchas de las acciones y estrategias propuestas en los APV por las autoridades Murui Muina se encaminan hacia ese objetivo. Este posicionamiento fue expresado por Claudio Sánchez de ACILAPP de la siguiente manera: Buscamos que también los derechos territoriales de los pueblos indígenas puedan ser impulsados, porque dentro de este proceso, dentro de estas acciones, pues hay pretensiones de constitución de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, hay pretensiones de ampliación de los pueblos indígenas. Y consideramos que, con esa seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, bajo el sujeto de constitución o las acciones de ampliación, pues no solamente se va a salvaguardar, digamos, la integridad física y cultural de los pueblos indígenas, sino que también se va a salvaguardar el Parque en su función que tiene como Parques. Entonces, hacia allá es un poco el ejercicio que se busca y sobre todo cómo se pueden retomar las actividades, [entre] Parques y comunidades de los pueblos indígenas, porque en este momento, el Parque no está siendo una función dentro del territorio (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

Frente a este posicionamiento, en los diferentes espacios de coordinación PNNC ha reiterado que dentro de sus competencias como institución pública ambiental no se encuentra la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. Su función pública

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está orientada principalmente a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. En cambio, han señalado que estas competencias corresponden a la misionalidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la ANT87. Este desentendimiento sobre las competencias institucionales se ha convertido en un obstáculo en los procesos de construcción del esquema de gobernanza compartida. Por un lado, el pueblo Murui Muina no evidencia que este mecanismo abarque su necesidad de alcanzar la seguridad jurídica de sus territorios como garantía para fortalecer la protección del área protegida. Por otro lado, PNNC considera que su capacidad de acción frente a estas demandas es limitada, dado que dependen de los procesos que adelante el Ministerio de Agricultura a través de la ANT.

Esta situación ha generado dificultades en la proyección del esquema de gobernanza compartida, principalmente porque, desde el punto de vista del pueblo Murui Muina, su ejercicio de gobierno está intrínsecamente relacionado con la seguridad jurídica de los territorios. En la práctica, tanto el Estado como otros actores que habitan y usan el área protegida tienden a reconocer a las comunidades indígenas como autoridades territoriales principalmente cuando cuentan con reconocimiento legal de sus territorios, es decir, cuando estos han sido formalizados como resguardos.

Esta tensión se ha reflejado en disputas territoriales entre comunidades de distintos pueblos indígenas que mantienen expectativas de constitución o ampliación de resguardos dentro del área protegida. En varios casos, estas situaciones han dificultado la construcción de acuerdos interétnicos para el manejo del territorio en el marco de las acciones concertadas en los APV. Esto ocurre porque las comunidades no logran concertar la jurisdicción de sus autoridades sobre las áreas específicas donde tienen pretensiones de formalización territorial, lo que ha llevado, en algunos momentos, a suspender las acciones de coordinación hasta que se logren acuerdos autónomos interétnicos sobre el uso y manejo del territorio o hasta que avancen los procesos de formalización territorial88.

87 De acuerdo con la Ley 160 de 1994, el Decreto 2333 de 2014 y el Decreto 2363 de 2015, la formalización de los resguardos indígenas en Colombia corresponde al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estas normas establecen que la ANT es la entidad encargada de los procesos técnicos, jurídicos y administrativos para la constitución, ampliación, saneamiento y titulación de los territorios indígenas. Por su parte, Parques Nacionales Naturales (PNN) tiene como función principal la conservación ambiental de las áreas protegidas y no cuenta con competencia legal para formalizar o adjudicar tierras a comunidades indígenas, por lo que su papel es más de coordinación o protección dentro de los territorios que administra. Así, la responsabilidad de garantizar el derecho territorial de los pueblos indígenas recae en las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, conforme al marco normativo vigente. 88 En la actualidad, se viene presentando un conflicto territorial entre las comunidades Lagarto Cocha y Tukunare, del pueblo Murui Muina, y la comunidad de Gaoyá, del pueblo Zio Bain, por la superposición de expectativas de formalización de sus resguardos, en el sector Caucayá del PNN La Paya. Este conflicto ha generado que, en reiteradas ocasiones, estas comunidades hayan decidido suspender las acciones de los APV relacionadas con el área pretendida, e incluso muchas acciones que implican la concertación entre los pueblos Murui Muina y Zio Bain que no están relacionadas con esta área, y encontrar soluciones entre ambos pueblos desde sus mecanismos propios de diálogo y coordinación, sin la participación de PNNC. Esta decisión se fundamentó, entre otras razones, por la postura de PNNC de que no es su competencia la resolución de este tipo de

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Ante este escenario, PNNC ha reiterado que la resolución de este tipo de conflictos territoriales no hace parte de sus competencias institucionales, sino que corresponde a procesos autónomos de los pueblos indígenas. En ese sentido, son las propias autoridades indígenas, a través de sus formas organizativas y mecanismos de decisión, las que deben definir la manera de resolver estas disputas. No obstante, PNNC ha insistido en distintos espacios de coordinación en la importancia de continuar avanzando en la construcción de acuerdos interétnicos para el manejo del territorio, en función de su misionalidad de conservación del área protegida.

Frente a este panorama, el caso de Agua Negra constituye una experiencia relevante de acuerdos interétnicos como mecanismo para la resolución de este tipo de conflictos. Como se señaló en el capítulo 1, su resguardo fue constituido sobre el territorio ancestral del pueblo Zio Bain, situación que inicialmente generó tensiones entre ambos pueblos. Sin embargo, este escenario derivó posteriormente en un acuerdo interétnico entre el pueblo Zio Bain y el pueblo Murui Muina, mediante el cual ambas autoridades reconocieron el establecimiento de la comunidad de Agua Negra y su derecho a habitar y ejercer el manejo del territorio.

En ese sentido, este caso puede ser tomado como referencia para avanzar en ejercicios de acuerdos interétnicos, en los que las expectativas de constitución o ampliación de resguardos no necesariamente impliquen la obstrucción de los procesos de gobernanza compartida del territorio, sino que permitan establecer estrategias interculturales para su manejo y cuidado.

6.3.6 La gobernanza compartida frente al conflicto armado

El afrontamiento de las formas de gobernanza, territorialización y desterritorialización que generan los grupos armados al margen de la ley en el PNN La Paya constituye otro de los elementos clave a tener en cuenta en el proceso de construcción del REM. Como se analizó a lo largo de la presente tesis, estas dinámicas han sido constantes en el territorio, fluctuando entre momentos en los que el conflicto armado aumenta o disminuye, pero manteniéndose como un factor transversal que condiciona el manejo del área protegida.

En particular, el conflicto armado llegó a convertirse en una de las principales razones de obstrucción en la implementación de los APV, entre otras cosas por su influencia directa en la suspensión de la operatividad de PNNC en el área protegida. Este tipo de situaciones se sumaron a las causas de debilitamiento de la confianza por parte del pueblo Murui Muina hacia PNNC, tal como lo mencionaba Tatiana Vera:

La ruptura de confianza fue la mayor, o sea, fue la fractura que tuvimos. Ganar de nuevo la confianza, ya sabes lo que pasa en las relaciones, cuando uno pierde la confianza tiene que volverla a ganar, pues necesariamente tener un mayor esfuerzo; y creo que parte de lo que yo sinceramente reflexiono en mi día a día es que tenemos que combatir los miedos, porque eso es lo que nos está causando

conflictos territoriales, sino que obedece a instituciones como la ANT o la URT, así como a las decisiones propias de los pueblos indígenas.

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todo el distanciamiento y es normal, porque cuando comenzaron las amenazas a este equipo, nosotros no sabíamos quién nos había ido, quién había cambiado la información, quién nos había ido a acusar con otro, quién había generado esa… si eran los indígenas, si eran los campesinos, si eran el equipo mismo, entre nosotros mismos hubo desconfianza y la confianza no se ganó porque sí (Entrevista personal, Tatiana Vera, 2024)

Como menciona Tatiana, la ruptura de la confianza derivada del conflicto armado se profundizó en un momento específico de la historia reciente del territorio, particularmente a raíz de la implementación de la Operación Artemisa. Esta operación puede comprenderse como una forma de territorialización militar del Estado que se superpuso al proceso de gestión conjunta que venían construyendo PNNC y las comunidades indígenas a través de los APV. En lugar de fortalecer el esquema de coordinación existente, esta intervención introdujo una lógica de control territorial basada en el despliegue militar, lo cual tuvo consecuencias directas en las relaciones sociales e institucionales entre PNNC, ACILAPP y las comunidades.

En la práctica, esta estrategia militar intensificó las tensiones en el territorio, convirtiendo al PNN La Paya en un escenario de disputa entre actores armados ilegales y la Fuerza Pública por el control territorial. En este contexto, las comunidades indígenas terminaron siendo las principales víctimas, debido a las vulneraciones de sus derechos humanos y territoriales derivadas de las acciones de estos actores.

Además, esta situación profundizó la desconfianza de muchas comunidades Murui Muina hacia la Fuerza Pública, precisamente por las múltiples violaciones de derechos y presiones sobre sus territorios que han experimentado, así como por la percepción de presuntos vínculos entre algunos miembros de la Fuerza Pública y las estructuras que controlan la economía del narcotráfico. Por esta razón, durante el trabajo de campo se identificó que dentro de las propuestas planteadas por PNNC para afrontar el conflicto armado en el PNN La Paya no se contempla la articulación directa con la Fuerza Pública. Frente a esto, Willington Villareal señalaba lo siguiente: Nosotros no creemos en lo que nos puede ofrecer la Fuerza Pública, no creemos porque siempre decimos que son instituciones corruptas, son instituciones que conocen las dinámicas, las acciones de estos grupos que tienen injerencia en nuestro territorio; pero pues no han hecho absolutamente nada, no han podido frenar, no han podido contrarrestar, no han podido hacer operaciones eficaces en contra de estos grupos.

Al contrario, lo que sí podemos decir es que hay una confabulación entre estos grupos armados que controlan el narcotráfico con alguna Fuerza Pública, y eso pues lo que genera es que nuestro territorio cada día esté más afectado, la sociedad indígena también y, al contrario, pues lo que nos genera la Fuerza Pública es miedo, es desconfianza, porque pues han incursionado en nuestro territorio sin autorización, sin consentimiento, sin ningún consentimiento de las autoridades nuestras; y eso pues también nos trae problemas porque pues los grupos, o la Fuerza Pública mejor, pues en su momento han hecho acciones ilegales en contra de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes y han violado mucho los derechos que pueden ya conocer (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

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En este contexto, durante los ejercicios de relacionamiento entre PNNC y el pueblo Murui Muina se han venido planteando estrategias no armadas para afrontar las condiciones del conflicto armado, con el objetivo de continuar avanzando en la construcción del REM y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las comunidades y el personal de PNNC que permitan desarrollar las acciones en el área protegida. Entre estas estrategias se ha propuesto, en primer lugar, la construcción de un protocolo de gestión del riesgo público para ambas autoridades, el cual contenga lineamientos para la operatividad en el territorio. Este protocolo incluiría orientaciones para el ingreso al territorio en contextos de presencia de actores armados, así como mecanismos de análisis de riesgo, articulación interinstitucional para la protección de los derechos fundamentales y estrategias de acompañamiento psicosocial para las comunidades y el personal institucional.

En segundo lugar, se ha planteado la participación de PNNC y del pueblo Murui Muina en las mesas de diálogo para la paz promovidas por el Gobierno Nacional en el departamento del Putumayo, con el objetivo de generar acuerdos que permitan garantizar el ingreso al territorio y la continuidad de las acciones de protección ambiental, con énfasis en el bienestar y la seguridad de las comunidades y del personal de PNNC. Frente a esto, Claudio Sánchez expresaba la importancia de participar en estas mesas, sobre todo por la oportunidad que representan para establecer acuerdos con los distintos actores que tienen incidencia en el territorio:

Desde el Gobierno Nacional debe haber un enfoque en esa mesa de diálogo que se tiene con los actores que en este momento están en proceso de conversación, de paz, digámoslo así, porque mientras esté esa situación de actores en el territorio, pues no va a haber el ejercicio institucional. Y el ejercicio institucional no es una presencia represiva con policía o con ejército, no, o con armada, no, es una intervención social, una intervención ambiental, una intervención económica, de ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, eso es lo que busca también, digamos, en esta instancia, viéndolo como una integralidad, pero también concretando en los aspectos de relacionamiento pueblos indígenas y autoridad de la república (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

Sin embargo, Claudio Sánchez también menciona que, en la actualidad, ni el pueblo Murui Muina ni PNNC han sido incluidos en estas mesas de diálogo, lo que evidencia que esta propuesta aún está lejos de convertirse en una alternativa efectiva para la construcción de paz en el territorio:

En lo que podemos conocer como pueblo indígena de ACILAPP o de Leguizamo, un posicionamiento directo hacia… o la participación directa, o posicionamiento indirecto en estos espacios, no. Sabemos que ahí hay mesas de diálogo con el Estado Central Mayor de la Disidencia de las FARC, hay diálogos también con la Segunda Marquetalia, ¿sí?, pero ¿qué hay una participación de pueblos indígenas en estos espacios?, no (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)89.

89 En el contexto de los diálogos para la paz en el Putumayo durante el presente gobierno nacional, las comunidades indígenas de Puerto Leguízamo han tenido una participación principalmente consultiva y simbólica, en escenarios donde se busca construir soluciones territoriales frente a

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Frente a lo anterior, es preciso señalar que, además de la superposición del PNN La Paya con territorios indígenas, en el área protegida también se ha configurado un proceso de territorialización asociado a economías cocaleras ilícitas y a la presencia de estructuras armadas ilegales, el cual en muchos momentos se impone sobre otros procesos de territorialización institucional o comunitaria. Este escenario limita significativamente las posibilidades de manejo del territorio tanto por parte de PNNC como de las comunidades Murui Muina.

De igual forma, se identifican al menos dos estrategias diferenciadas de territorialización del Estado en los territorios superpuestos. Por un lado, una territorialización basada en estrategias militares y en el uso de capacidades ofensivas de la Fuerza Pública (Armada y Ejército). Por otro lado, una territorialización construida a través del diálogo, la concertación y la generación de confianza entre PNNC y las comunidades indígenas. Este escenario pone de manifiesto la existencia de una multiterritorialidad, que trasciende la simple superposición de polígonos entre el área protegida y los resguardos indígenas. En cambio, se expresa como una superposición de territorialidades y estrategias de control del territorio —estatales, comunitarias y armadas— que configuran un complejo escenario de gobernanza. En este contexto, el fortalecimiento de mecanismos de diálogo, acuerdos y estrategias no armadas se perfila como una vía necesaria para avanzar en el cuidado del territorio y en la consolidación de un esquema de gobernanza compartida.

6.3.7 “El que cuida es el que usa y el que usa es el que cuida”

Durante el proceso de construcción del REM, el pueblo Murui Muina ha planteado que este mecanismo debe garantizar condiciones efectivas para el desarrollo de acciones de manejo del territorio. Aunque este pueblo ha participado activamente en la implementación de los APV y ha confiado en el objetivo común de avanzar hacia un esquema de gobernanza compartida, también han surgido dudas e incertidumbres sobre si este instrumento constituye realmente una salida viable para fortalecer el manejo y la gestión de los territorios superpuestos.

a raíz de estas inquietudes se relaciona con la forma como se han venido desarrollando los APV. Con el paso del tiempo, PNNC ha visto limitada su capacidad operativa en el área

conflictos armados y dinámicas de control ilícito. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro se reunió en octubre de 2022 con líderes indígenas y campesinos en Puerto Leguízamo, convocándolos a un diálogo social que derivara en un mandato vinculante y reflexivo sobre temas como seguridad, deforestación y un fondo de pago por servicios ambientales para apoyar la regeneración de la selva. No obstante, muchas de estas propuestas han avanzado a paso lento. En cuanto a PNNC, esta entidad ha impulsado espacios de diálogo ambiental-cultural más amplios, como el Encuentro Andino–Amazónico “Paz con la naturaleza” realizado en Mocoa en diciembre de 2024, donde se articularon saberes ancestrales, educación ambiental y comunicación comunitaria con la participación activa de pueblos indígenas (entre ellos mujeres líderes), campesinos y aliados estratégicos, promoviendo la reconciliación ecológica y el buen vivir. No obstante, no ha tenido participación en mesas de diálogos con los grupos armados ilegales (La Silla Vacía, 2022; Infobae,

2022; PNNC, 2024).

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protegida, mientras que muchas de las acciones de manejo han pasado a ser desarrolladas directamente por las comunidades indígenas. En ese contexto, los ejercicios de planeación de los APV han incorporado metodologías adaptadas a las capacidades técnicas y operativas de las comunidades, quienes enfrentan menos restricciones para desarrollar estas acciones en el territorio.

Esta situación fue sintetizada por Claudio Sánchez, quien argumenta que las comunidades poseen una mayor capacidad de operatividad en el territorio, en la medida en que han sido las autoridades históricas de este espacio desde antes de la creación del PNN La Paya y han ejercido durante milenios sistemas propios de manejo territorial: Ese conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es lo que ha garantizado, garantizó que se constituyera el Parque. El sistema de conocimiento de manejo ancestral de los pueblos indígenas es lo que ha garantizado lo que hoy es Parque, y es lo que va a seguir garantizando en el futuro. Entendiendo también que hay otras dinámicas sociales, comunidades campesinas, comunidades afros, etcétera, Entonces, sin embargo, el sistema de conocimiento es lo que se ha mantenido en el tiempo. Las dinámicas sociales son eso, dinámicas de acuerdo a la época, pero el sistema de conocimiento se ha mantenido y se mantendrá (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024).

En esa misma línea, Harley Morales señalaba que un modelo de gobernanza basado en el fortalecimiento de las comunidades responde mejor a las condiciones reales del territorio. Aunque PNNC ha avanzado en formas de gestión con participación social, son las comunidades quienes habitan, usan y manejan el territorio de manera permanente. Por esta razón, plantea que el REM debe partir del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades que han ejercido históricamente el manejo del territorio: El problema no es el uso, el problema es el manejo, porque ellos siempre le han dado uso a su territorio, sino que ahora el manejo lo han hecho desordenado. (…) con gobernanza, con una autoridad indígena fuerte, con un cacique que dé autoridad, que dé línea, con un respeto hacia los recursos naturales, una zonificación, con unos mambeaderos espirituales a través del remedio yagé, viendo el territorio, cuidándolo, fortaleciéndolo, fortaleciendo todo el sistema de chagra, toda la cosmovisión indígena, todo ese protocolo que ellos tienen a través de los abuelos de cómo se cuidaba el territorio, de conservar las fuentes hídricas, la fauna, esa riqueza que ellos tienen.

Porque, para los indígenas, lo importante es que la selva se mantenga con fauna, con recursos. De lo contrario, ¿para qué un resguardo indígena si no tiene micos, no tiene fauna, no hay recursos, no hay madera? Porque de eso es que ellos hacen uso. Entonces por eso Parques tenía en la cabeza las políticas de que el que cuida es el que usa, y el que usa es el que cuida. Entonces si ustedes no van a cuidar, pues no tienen derecho a usar, pero si ustedes van a cuidar, tienen derecho a usar (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

En síntesis, Harley Morales plantea que el fortalecimiento del manejo territorial por parte de las comunidades indígenas con territorios superpuestos debe fundamentarse en las formas de regulación propias que estas han desarrollado históricamente. No obstante, reconoce que, con el paso del tiempo y ante las múltiples presiones presentes en el territorio, algunos de estos sistemas de conocimiento tradicional han experimentado

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procesos de debilitamiento, lo que ha llevado en ciertos casos a prácticas de uso desordenado del territorio que afectan tanto su integridad ecológica como el bienestar de las propias comunidades.

Frente a esta realidad, Morales sintetiza un elemento que PNNC ha identificado a lo largo del proceso de relacionamiento con el pueblo Murui Muina: la necesidad de que el esquema de gobernanza compartida priorice el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. En otras palabras, se trata de generar las condiciones necesarias para que las comunidades puedan consolidar sus propias formas de manejo territorial.

No obstante, Claudio Sánchez enfatiza que este reconocimiento por parte de PNNC no implica que las comunidades indígenas deban “ponerse la camiseta de Parques”, es decir, que adopten las funciones institucionales de esta entidad. Por el contrario, sostiene que las formas de manejo territorial indígena deben ser reconocidas como estrategias autónomas de protección del territorio:

La gobernanza de los pueblos indígenas la seguiremos haciendo por nuestro territorio independientemente, con Parques o sin Parques, con una institución u otra institución, vamos a seguir haciendo nuestro ejercicio de gobernanza. Ahora bien, el ejercicio de gobernanza no debe ir más allá a la responsabilidad de los personales que tienen como Parques. Ni tampoco debe ir a poner en riesgo nuestra población, nuestras autoridades, nuestro liderazgo. Debe llevar a cabo funciones que tienen como consecuencia de una función directa de la autoridad. Por ejemplo, “vamos a colocar la camiseta de nuestro objetivo. La camiseta de nuestro objetivo”. Si coincidimos, va a ser porque se hace un trabajo conjunto. Conjunto. Pero no es porque se haga un trabajo institucional (Entrevista personal, Claudio Sánchez,

2024).

En otras palabras, Claudio Sánchez recoge uno de los principales posicionamientos del pueblo Murui Muina en los APV: que las comunidades indígenas no asuman la función pública de conservación que corresponde a PNNC, sino que fortalezcan el ejercicio autónomo de sus propios sistemas de gobernanza territorial. En este sentido, se evidencia nuevamente la tensión planteada en esta investigación entre las formas de territorialización asociadas al discurso y accionar institucional de PNNC y las territorialidades ejercidas por los pueblos indígenas. Desde la perspectiva Murui Muina, el cuidado del territorio del PNN La Paya se ha garantizado históricamente a partir del fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y de sus sistemas propios de conocimiento, más que a partir del discurso institucional de la conservación. En relación con esta diferencia conceptual, Claudio Sánchez señalaba lo siguiente: Entonces si nosotros decimos conservar, pues efectivamente es lo que está allí, no tocarlo. Pero nosotros hablamos de esa gobernanza, de esa administración, de ese uso. Pero también protegerlo, ¿sí? Protegerlo. Y eso es un mandato de la Ley de Origen. Nosotros no desarrollamos actividades que vayan en detrimento de los recursos de nuestra madre tierra. Y hay algunos sitios que son de importancia cultural o de importancia ecológica que efectivamente los protegemos.

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Más que conservar, los protegemos. Protegerlos es que no haya una vulneración, que no haya una afectación a esos sitios, a esos territorios. Entonces podemos decir que hay una relación, pero la conservación es, digamos, inferior al tema, es una parte de la gobernanza (Entrevista personal, Claudio Sánchez, 2024)

A pesar de estas diferencias conceptuales, desde las comunidades y ACILAPP también se ha reconocido la importancia que ha tenido PNNC en el territorio. En primer lugar, porque la figura de área protegida ha contribuido al blindaje jurídico del territorio como un espacio imprescriptible, inembargable e inalienable, lo cual ha limitado procesos de adjudicación y colonización promovidos históricamente por el Estado. En segundo lugar, porque PNNC ha sido una de las pocas instituciones del Estado con presencia continua en el territorio, y ha promovido estrategias en las que los sistemas de conocimiento indígena han sido fundamentales para el manejo del PNN La Paya. En ese sentido, Willington Villareal señalaba que el pueblo Murui Muina también reconoce que tanto la figura del área protegida como el proceso de coordinación institucional han sido importantes para avanzar en el cuidado del territorio, lo cual abre la posibilidad de que la gobernanza de los territorios superpuestos pueda ser compartida entre las comunidades y PNNC:

El acuerdo político es un camino, es un medio, es una vía, es un vehículo. Es un vehículo que quiere llegar a construir en ese caminar el régimen. El régimen es una herramienta, es un acuerdo, es un compromiso, es un plan de vida. ¿Qué queremos?, yo supongo, construir entre las dos institucionalidades, la ambiental y la indígena. Pero eso debe concertarse de manera muy profunda, porque nosotros somos indígenas. Y ese régimen debe tener ese enfoque diferenciado. Y, además, si el área protegida está entre los territorios indígenas, pues obviamente el pensamiento, el documento, tiene que tener una lectura casi que un 50% de las dos partes. Donde las dos partes tomen sus propias decisiones. Porque gobernanza, es el buen ejercicio del poder.

Y los dos son dueños. Por el Estado como Estado, pues son dueños de los territorios. Pero los dueños reales somos los pueblos indígenas. Y eso es lo que hay que entender aquí. Si las dos instituciones tienen los mismos principios, pero pues eso debe generar bienestar a la misma población. No restringir, sino bienestar, cuidando, protegiendo, para que se acabe la represión (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

En ese marco, y en relación con el planteamiento de Borrini-Feyerabend et al. (2014), se evidencia que en el proceso de construcción del esquema de gobernanza compartida confluyen diferentes visiones sobre el tipo de gobernanza que debe ejercerse en el área protegida. Por un lado, el pueblo Murui Muina ha planteado la necesidad de consolidar una gobernanza por las comunidades, basada en su presencia histórica, su conocimiento del territorio y su capacidad de manejo. Por otro lado, PNNC sostiene la importancia de avanzar hacia una gobernanza compartida, en la medida en que la coordinación entre ambos actores ha permitido generar condiciones institucionales, políticas y operativas para el cuidado del territorio.

Este encuentro de posicionamientos sobre el tipo de gobernanza que debe ejercerse en los territorios superpuestos constituye una discusión de largo aliento. Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, dicha discusión está atravesada por múltiples

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factores, intereses y proyecciones sobre el territorio. No obstante, su resolución constituye uno de los elementos fundamentales que deberán definirse de manera conjunta y equitativa para avanzar hacia la consolidación de un esquema efectivo de gobernanza compartida.

6.3.8 “No podemos seguir hablando de territorios de

conservación con hambre” El reconocimiento de los sistemas de manejo territorial del pueblo Murui Muina como piedra angular para el cuidado y la conservación del PNN La Paya ha permitido evidenciar otro elemento central en la construcción del REM: la necesidad de garantizar condiciones materiales de subsistencia que permitan sostener dichos sistemas en el tiempo. En este sentido, la abuela Soledad Monaga, de la comunidad de Agua Negra, señalaba que tanto PNNC como ACILAPP han promovido diversas acciones orientadas al fortalecimiento cultural de la comunidad, como la construcción de la maloca, la realización de bailes tradicionales o el desarrollo de proyectos productivos. Sin embargo, ella advertía que muchas de estas iniciativas no han estado acompañadas de procesos continuos y estructurales de fortalecimiento comunitario, lo que ha limitado su apropiación por parte de la comunidad.

Como ejemplo de ello, la abuela relataba la propuesta impulsada desde ACILAPP para fortalecer los espacios espirituales del mambeadero mediante la presencia permanente de un sabedor tradicional del pueblo Murui Muina. No obstante, explicaba que la sostenibilidad de esta estrategia depende de condiciones materiales que actualmente no están garantizadas en la comunidad:

Porque al venir [el sabedor tradicional] hay que darle la yuca, hay que darle el plátano. Ajá. También habría que tener para que él se adapte. Para que él... No es que... Otro día vino también... ¿Quién? ¿Quién es que vino? Ajá. Y no había ni... No había nada. También que lo pidió Alfredo [gobernador de Agua Negra], que viniera (...) Duró apenas como dos meses. Ya se fue. Bueno, ya estará aquí aguantando hambre. Sí, claro. Principal, hay que ponerle el casabe. Ajá. El envuelto. Ajá. Lo que se come puro indígena (Entrevista personal, Soledad Monaga, 2024).

De esta manera, la abuela sintetiza una de las principales dificultades que enfrentan las acciones de fortalecimiento cultural en las comunidades con territorios superpuestos al PNN La Paya: estos procesos requieren desarrollarse de manera integral y articulada con otras dinámicas territoriales. En el caso de los mambeaderos, por ejemplo, su sostenibilidad depende del fortalecimiento de las chagras comunitarias, que permitan producir los alimentos y medicinas necesarios para sostener los encuentros espirituales en el corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, estos espacios requieren procesos organizativos comunitarios que garanticen la participación colectiva en diversas tareas, tales como la preparación de alimentos y medicinas tradicionales, el mantenimiento de los espacios espirituales, la orientación educativa o la limpieza y cuidado de los lugares de encuentro.

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En ese sentido, avanzar en el fortalecimiento cultural y de gobierno propio de las comunidades indígenas requiere consolidar estrategias integrales y continuas que activen las distintas funciones sociales, productivas y espirituales de las comunidades. No obstante, como se ha señalado para el caso de Agua Negra, la comunidad enfrenta actualmente un escenario de fragmentación interna, en el cual las acciones colectivas se han debilitado y muchas familias priorizan garantizar de manera individual las condiciones mínimas de subsistencia.

En relación con esta situación, Harley Morales señalaba la necesidad de que el esquema de gobernanza compartida incluya estrategias orientadas al fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades, en estrecha relación con el fortalecimiento cultural y del gobierno propio:

Nosotros no podemos seguir hablando de “los territorios de conservación con hambre”. Es que Parques debe ser una entidad que gestione también recursos a través de proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades, tanto indígenas como campesinos, porque es que nosotros nada nos sacamos con ir y hablarle a los indígenas o a las comunidades: "Mira, hay que conservar el churuco", y nada, ¿de qué?, y apenas nosotros nos venimos, nos lo matan porque la gente tiene hambre (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Desde esta perspectiva, la generación de condiciones de vida digna para las comunidades implica fortalecer múltiples dimensiones de su organización social, tales como la educación, la salud, las actividades económicas de subsistencia, los ingresos, la cultura tradicional y el gobierno propio. Estas dimensiones, a su vez, permitirían reconstruir las condiciones necesarias para regular los usos del territorio y garantizar su protección. En este sentido, Morales señalaba la importancia de implementar iniciativas que fortalezcan la seguridad alimentaria y las economías locales de las comunidades, mediante proyectos como sistemas piscícolas, producción avícola, zoocría o sistemas agroforestales, entre otros. Estas alternativas permitirían disminuir la presión sobre la fauna silvestre y generar fuentes de ingreso para las comunidades: Implementar un programa o un proyecto de seguridad alimentaria que garantice que las comunidades que están allá adentro cambien el modo de vivir a través de proyectos de piscicultura con estanque para producir pescado sábalo, cachama, para producir pollos y producir peces, una zoocría de chigüiros, de tortugas que también son viables aquí en la Amazonía, o unos programas agroforestales. Y así nosotros dejamos de hacerle presión a la fauna silvestre, de matar tortugas, de matar los churucos, de cazar los tiránidos, porque la gente tiene otra generación de trabajo, la seguridad alimentaria la tienen garantizada, tienen de dónde recoger también recursos para comprarle las cosas a sus hijos porque todos necesitamos, claro (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

No obstante, aunque este tipo de propuestas han sido posicionadas en los espacios de coordinación entre PNNC, ACILAPP y las comunidades, también se ha reconocido que las capacidades institucionales de PNNC son insuficientes para garantizar por sí solas estas condiciones de vida.

En ese sentido, se ha planteado la necesidad de fortalecer la participación de otras instituciones del Estado con presencia en el municipio de Puerto Leguízamo y en el departamento del Putumayo, así como de consolidar escenarios permanentes de

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articulación interinstitucional que permitan identificar las necesidades de las comunidades e implementar acciones coordinadas para el cuidado del territorio. Frente a esto, Harley Morales señalaba:

No solamente Parques, sino que a través de todas las entidades. Por eso tiene que haber también un enlace institucional…el municipio tiene que articularse a la estrategia del Parque, la Alcaldía, la corporación [Corpoamazonía], las comunidades indígenas, los militares, la policía, todo el mundo, las aerolíneas. ¿Para qué? Para que a través de ese conjunto de entidades haya unos proyectos para trabajar con las comunidades que están allá adentro y proteger el área estratégica del Parque, que retroalimenta el municipio con agua, con viento, con aire sano, y las comunidades con la comida, porque ¿de dónde viene la comida? La comida viene de allá, y de allá sale todo el bosque, la madera (Entrevista personal, Harley Morales, 2024).

Esta participación y articulación interinstitucional también ha sido reiterada por ACILAPP y las comunidades indígenas, con relación a que el cuidado del territorio es una necesidad y proyección de nivel regional y nacional, por lo que todos los esfuerzos del Estado deben estar centrados y coordinados en función a lo que representa cuidar estos territorios. Estos esfuerzos deben estar orientados ya sea por sus objetivos nacionales de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, como por su obligación de evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Ante esto, Claudio Sánchez de ACILAPP comentaba lo siguiente:

Entonces que se pueda posicionar la situación, pero atenderla de forma conjunta y todos uniendo esfuerzos técnicos, financieros, políticos y administrativos para que la situación del parque tenga acciones en un tiempo prolongado. Y debe ser consecuente independientemente que haya cambio de gobiernos, porque muchas veces los cambios de gobiernos también cambian las políticas en el territorio y cuando se viene desarrollando un proceso de cambio política y el cambio de política cambia también el desarrollo de los procesos, pues muchas veces no se logra esa trazabilidad o no se logra esa continuidad.

No solamente debe ser importante para los pueblos indígenas, sino debe ser importante para el país, debe ser importante también para la región, hablando de país, debe ser importante para el mundo, por todo lo que encierra. Entonces eso en términos generales. Ya en temas más concretos como pueblos indígenas, se busca que se pueda pensar en los planes de acción no en una inmediatez, ni en un corto plazo, sino que pensemos en una planificación, en un desarrollo de acciones, en un corto, mediano y largo plazo, y que vayan en función de alcanzar el objeto del Acuerdo Político de Voluntades (Entrevista personal, Claudio Sánchez,

2024)

En suma, se identifica que uno de los elementos fundamentales para avanzar en la consolidación del REM es la generación de condiciones materiales de subsistencia para las comunidades indígenas. Como se ha planteado en los distintos escenarios de coordinación, estas condiciones pueden convertirse en una de las oportunidades más efectivas para fortalecer la gobernanza de los territorios superpuestos.

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No obstante, también es necesario advertir que la promoción de proyectos productivos mediante esfuerzos interinstitucionales requiere una planificación cuidadosa que tenga en cuenta las realidades territoriales y las formas propias de manejo de las comunidades. De lo contrario, estas iniciativas podrían generar nuevas dependencias institucionales o conflictos intracomunitarios asociados al control y distribución de los beneficios derivados de estos proyectos 90.

6.4 Voltear el manejo

“En la nueva forma de vida, Moo Padre creador le entrega al hombre Múrui dos plantas sagradas Jibina y D+ona (Coca y Tabaco); a través de estas plantas se sostiene, orienta y direcciona el principio de la vida tradicional y la relación Hombre - Naturaleza. Esta tradición ancestral se imparte en la maloca mediante el Yétarafue (palabra de consejo), el cual es orientado por el Einamak+ (Consejo de Sabedores Tradicionales) allí en la maloca se da la inspiración por medio del Jibie, D+ona yFarekatofe (Coca, Tabaco y Yuca). Desde milenios se ha tenido claro estos principios, los cuales se fusionan en el Territorio, espacio fundamental, porque en él se mantienen vivos nuestros usos y costumbres. El hombre Múrui nace para mantener vivo el planeta tierra y si llegara a morir espiritualmente el futuro del planeta sería incierto” (ACILAPP, 2012, Pág. 26) En el año 2019, a través de recursos económicos de los APV, se logró implementar una estrategia de fortalecimiento cultural en el resguardo Agua Negra, que consistió en la reparación e inauguración del Jofo Ananeko de esta comunidad. Anteriormente, con recursos gestionados entre ACILAPP y PNNC, esta maloca había logrado construirse, pero aún hacía falta activarla y ratificarla como el nuevo escenario para el fortalecimiento cultural de la comunidad. De esta manera, en este lugar se llevó a cabo un baile tradicional del pueblo Murui Muina.

De acuerdo con lo comentado por varios integrantes de Agua Negra, este baile se convirtió en una estrategia para armonizar el territorio y a la comunidad, es decir, para limpiar las enfermedades que allí se habían establecido por años y, al mismo tiempo, abrir el camino hacia un nuevo tiempo de fortalecimiento cultural y de cuidado del territorio. Esta estrategia cultural fue pensada, planeada y diseñada de manera conjunta entre ACILAPP, la comunidad de Agua Negra y PNNC, precisamente para afrontar las múltiples heridas, conflictos y fragmentaciones presentes en este territorio, como las derivadas del conflicto armado, la desunión colectiva, las enfermedades físicas y psicológicas, así como los impactos sobre el territorio ocasionados por usos inadecuados e indiscriminados de los recursos naturales. En otras palabras, se buscaba sanar la relación de la comunidad con su territorio.

En este baile, además de la comunidad de Agua Negra, participaron varios sabedores espirituales y miembros de otras comunidades indígenas, quienes bailaron y cantaron

90 Rivera (2022), evidencia cómo en el PNN El Tuparro, muchos de estos tipos de proyectos con comunidades indígenas no han dado resultado, principalmente porque han sido planteados por Oenegés o instituciones públicas que no tuvieron en cuenta las lógicas territoriales de las comunidades, generando que los proyectos fueran abandonados, generaran dependencia a las instituciones, o produjeran conflictos intracomunitarios.

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durante toda la noche. Al terminar, “amaneció la palabra”, lo cual, en términos del pueblo Murui Muina, significa que la intención o la palabra puesta como objetivo para la realización del baile quedó consagrada en el territorio.

La abuela Soledad Monaga, al recordar lo que fue este baile, consideraba que este resultó ser una forma de “voltear el manejo” del territorio, mediante las plantas sagradas del Jibina, Dɨona y Farekatofe, propias de la espiritualidad del pueblo Murui Muina: “el baile con el que voltearon el manejo territorial con coca y tabaco se realizó hace cinco años aproximadamente, ahí construyeron la maloca” (Soledad Monaga, 2024). Soledad Monaga amplió este concepto de “voltear el manejo”, expresando cómo, en el pasado de la comunidad de Agua Negra, antes de la constitución del resguardo, el manejo espiritual del territorio se establecía a partir del sistema de conocimiento del yagé, el cual era orientado por los sabedores tradicionales de esta comunidad, debido a su fuerte relacionamiento con el pueblo indígena Zio Bain. Sin embargo, comentaba que las distintas expresiones de violencia y conflicto interno que vivió la comunidad quebraron esta forma de manejo del territorio y dieron paso a una maldad espiritual que se convirtió en parte del diario vivir de la comunidad, así como en una de las causas de muchas de las problemáticas que allí se hicieron presentes.

Soledad Monaga expresaba que esta maldad no permitía el avance ni el bienestar de la comunidad y que ni siquiera los sabedores tradicionales lograban revertirla; según ella, recordaba cómo estos comentaban: “aquí no se puede hacer nada… aquí no dejan hacer nada” (Soledad Monaga, 2024). En efecto, esta abuela manifestaba que el baile realizado permitió revertir esa realidad y establecer una nueva forma de manejo del territorio: De ahí fue que lo arreglaron, ellos lo arreglaron comiendo puro ambil y coca (…) desde que hicieron esa maloca y comieron ambil y coca, como dice la gente “voltearon el espíritu pa’ un lado”. Desde ese momento el espíritu ya no molesta…aquí ya espíritu aquí es la coca que dejaron cuando vinieron a hacer el baile…eso lo lideraron Maturana, finado Chucho Arias, otro de Lagarto Cocha [resguardo Murui Muina], otro de Caquetá [autoridades tradicionales]...al baile vino harta gente (Soledad Monaga, 2024).

Aunque este baile no posibilitó la resolución de todos los problemas de la comunidad, sí fue una experiencia que viabilizó un nuevo escenario en el territorio, aun en medio de enormes dificultades que todavía persisten: disminuyeron las enfermedades físicas, se atenuaron el conflicto armado y los conflictos inter e intracomunitarios, retornaron familias que habían sido desplazadas, se abrieron y dinamizaron procesos de garantía de derechos fundamentales y territoriales con las instituciones, y la comunidad comenzó a reorganizar su gobierno propio.

Años después de la realización de este baile, y hasta el presente, la comunidad, aunque ha alcanzado importantes logros en cuanto al fortalecimiento de sus formas de organización y manejo territorial, continúa enfrentando diversas problemáticas y dificultades que siguen afectando su autonomía, su unión colectiva y su autoridad sobre el territorio. No obstante, permanece viva su voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de su identidad cultural Murui Muina, así como su proyección de alcanzar una gobernanza propia y eficaz del territorio.

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Voltear el manejo: gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo

Esta lectura de Soledad es compartida por Willington Villareal, de ACILAPP, al expresar cómo este baile, junto con otras acciones de fortalecimiento cultural en la comunidad de Agua Negra, ha permitido avanzar en la siembra de los principios y la palabra de la espiritualidad Murui Muina en la comunidad, lo cual constituye un punto de partida para fortalecer el cuidado del territorio:

[Con este baile] los abuelos Murui Muina de ACILAPP colocaron las palabras del pueblo Murui Muina, o sea, asentaron la palabra del Dɨona (Tabaco), asentaron la palabra del Jibina (Coca) y asentaron la palabra de la Fareka (Yuca dulce). Esto hace o le da poder a ellos de acoger esa espiritualidad, prácticamente “volteando”, como dice la abuela Soledad, como asentando esa palabra y que ese espíritu realmente quede en la comunidad de Agua Negra y quede en el corazón y en la mente de las que están viviendo ahí, para realmente desde allí impulsar el manejo territorial, el manejo de la sociedad, el manejo del ser humano en el resguardo. Eso quiere decir que, pues, prácticamente, le llegó a ellos nuevamente la espiritualidad desde la Ley de Origen, que pues realmente estaba conducido por el manejo del yagé (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024).

Willington Villareal recoge la expresión de “voltear el manejo” de la abuela Soledad al señalar que se transformó la forma de manejo del territorio hacia la espiritualidad del sistema de conocimiento tradicional del pueblo Murui Muina, lo cual permitió que la comunidad sembrara un renovado sentido de pertenencia sobre el territorio y, desde allí, comenzara a construir nuevas formas de manejo territorial. Ante esto, Willington ampliaba lo siguiente:

Se puso la palabra y, prácticamente, también, se comenzaron a pensar realmente como son, como son del pueblo Murui Muina; como que acogieron realmente nuestros principios, se acordaron que son Murui Muina y porque es que el manejo del yagé es diferente, tiene su tiempo, su etapa y tiene su fin. Pero el manejo [del pueblo Murui Muina] tiene otra, digamos, otra forma de manejo es más vertical, es más cuadriculado y es menos de dieta porque se maneja con sus abuelos bien. Con más y eso pues hace que Agua Negra recobre sus principios de origen, sus tradiciones, su cultura sus costumbres y también conoció realmente como es que se maneja la territorialidad, como es que maneja o como se proyecta hacer sus ceremonias ancestrales, sus bailes sus trabajos comunitarios, la chagra, la caza y la pesca, el cuido del ser humano, el cuido de la familia, el conocimiento de los canastos (Entrevista personal, Willington Villareal, 2024)

En efecto, esta experiencia de volteo del manejo del territorio en Agua Negra fue concebida por muchas personas de la comunidad, ACILAPP y PNNC como un momento de nuevo comienzo, una oportunidad para recobrar o rememorar el sentido de pertenencia territorial de la comunidad. En otras palabras, “voltear el manejo” significó sembrar un escenario de identidad desde el cual orientar el fortalecimiento del cuidado del territorio. Esta expresión de “voltear el manejo” sintetiza la tesis central de la presente investigación, orientada a examinar y discutir las oportunidades, mecanismos y estrategias que permitan fortalecer el proceso de gobernanza compartida del área superpuesta entre el resguardo Agua Negra y el PNN La Paya. La abuela Soledad y Willington Villareal señalaron cómo el baile tradicional permitió revertir un ambiente de maldad y conflicto que predominaba en este territorio, para dar paso a un escenario de armonía y reivindicación de los principios y

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formas de manejo territorial característicos del pueblo Murui Muina. Y eso es, precisamente, lo que se viene buscando entre PNNC y el pueblo Murui Muina. Este proceso ha partido de ampliar el reconocimiento de la importancia de las formas de manejo y cuidado del territorio que tiene el pueblo Murui Muina desde antes de la declaración del PNN La Paya. Ello se ha materializado mediante el desarrollo del proceso de relacionamiento y coordinación entre estas dos autoridades, hasta el punto de haber logrado establecer instancias y acuerdos formales que implican una mayor corresponsabilidad y compromiso mutuo en el trabajo conjunto por proteger y cuidar el territorio.

Sin embargo, tal como ha sucedido en el resguardo Agua Negra y en todo el PNN La Paya, continúan presentándose múltiples problemáticas que afectan tanto los derechos de las personas como la integridad biológica y ecológica del territorio. Y es precisamente la preocupación de ambas autoridades frente a esta realidad lo que las ha llevado a buscar un objetivo común: la construcción de un esquema eficaz de gobernanza compartida que permita afrontar y superar las distintas problemáticas presentes. Esta apuesta se ha fundamentado en dos estrategias principales: primero, identificar las necesidades y objetivos que tiene cada autoridad; y, segundo, planear e implementar acciones y estrategias conjuntas en favor de ambas, pero con la meta común del cuidado del territorio. Esto ha sido ratificado en los diferentes espacios de coordinación. En ese marco, y retornando a la expresión de “voltear el manejo”, se plantea que, en el proceso de construcción conjunta del esquema de gobernanza compartida, deben reorientarse las estrategias de manejo y gestión del territorio hacia un modelo que, como indicaba Willington Villareal, permita recobrar la memoria del manejo territorial. Esta memoria está integrada por las territorialidades, las formas de gobernanza, las necesidades y las proyecciones que existen en lo local; es decir, por las personas y comunidades que viven, sienten y tienen sentido de pertenencia con el territorio. El esquema de gobernanza compartida, entendido como concreción de la expresión “voltear el manejo”, significa que el discurso y la acción de la función pública de conservación de PNNC deben continuar transitando hacia un momento de transformación, similar al que simbolizó el baile tradicional de Agua Negra, en el que los sistemas de conocimiento de las comunidades indígenas sean reconocidos como un eje fundamental para la protección de los territorios superpuestos del PNN La Paya. En este sentido, más que tratarse únicamente de la implementación de instrumentos técnicos de gestión ambiental, el reto consiste en construir formas de gobernanza que reconozcan las territorialidades, los sistemas de conocimiento y las formas propias de manejo territorial que históricamente han sostenido los pueblos indígenas que habitan este territorio.

En esa misma dirección, la propuesta de “voltear el manejo” también dialoga con la coyuntura normativa reciente sobre autonomía territorial indígena en Colombia. Después de los avances parciales establecidos por el Decreto 1953 de 2014, que creó un régimen especial para el funcionamiento de los territorios indígenas, y por el Decreto 632 de 2018, que desarrolló aspectos operativos para su implementación, el Decreto 488 de 2025 reglamentó de manera más amplia el funcionamiento, la administración y los aspectos fiscales de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), reconociendo su autonomía, libre

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determinación y gobierno propio sobre los territorios ancestrales. De manera complementaria, el Decreto 1275 de 2024 estableció disposiciones para el reconocimiento de autoridades indígenas con competencias en materia ambiental, abriendo la posibilidad de que las autoridades propias participen de forma más directa en procesos de planificación ambiental, gestión de recursos naturales y coordinación con las autoridades ambientales del Estado.

Estos desarrollos normativos evidencian un momento de transformación en el reconocimiento institucional de la autonomía territorial indígena y de su papel en la gestión ambiental de los territorios. Sin embargo, en contextos amazónicos como el del PNN La Paya, donde confluyen áreas protegidas y territorialidades indígenas, la materialización de estos avances continúa enfrentando importantes limitaciones estructurales asociadas a las condiciones históricas del territorio.

En efecto, las dinámicas persistentes del conflicto armado, las dificultades de gestión presupuestal y la limitada presencia y constancia institucional de PNNC han llevado a que, en la práctica, las comunidades indígenas asuman una responsabilidad cada vez mayor en el manejo de los territorios superpuestos. Esta situación, lejos de ser una circunstancia reciente, ha sido una constante histórica para los pueblos indígenas de Puerto Leguízamo en su compleja y desigual relación con el Estado. En este contexto, los desarrollos normativos recientes no solo representan un avance jurídico, sino también el reconocimiento progresivo de una realidad territorial en la que las comunidades han desempeñado históricamente un papel central en el cuidado y manejo del territorio. En efecto, este curso histórico que hoy se expresa en la realidad de los territorios constituye también una oportunidad para replantear la forma de manejo territorial o, mejor aún, una razón para voltear el manejo del PNN La Paya.

En esa dirección, el esquema de gobernanza compartida debe apuntar a reorientar las estrategias de gestión y los recursos económicos que PNNC destina a esta área protegida hacia un modelo en el que el fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades indígenas que habitan el parque se convierta en el fundamento de la protección territorial. Esto implica que las garantías tecnológicas, de seguridad, de subsistencia y de apropiación del conocimiento por parte de las comunidades se constituyan en acciones prioritarias para el manejo del territorio.

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7. Conclusiones

La presente investigación permitió comprender que la gobernanza y las territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el PNN La Paya no pueden analizarse únicamente a partir de la coincidencia entre dos figuras de ordenamiento territorial legalmente constituidas. Por el contrario, el estudio evidenció que allí confluyen y se disputan memorias, historias, sentidos de pertenencia, formas de autoridad, prácticas de manejo, procesos de colonización, estrategias estatales de conservación, economías ilegales y ejercicios armados de control territorial. En ese sentido, el principal resultado de esta tesis consiste en mostrar que la llamada “superposición” es, ante todo, una superposición de territorialidades y formas de gobernanza, cuya comprensión exige ir más allá de los límites geográficos y jurídicoadministrativos del resguardo, del parque y del área físicamente superpuesta.

7.1 La superposición como multiterritorialidad histórica

y política Uno de los hallazgos centrales de la investigación fue identificar que la territorialidad de Agua Negra y del pueblo Murui Muina en el área de estudio es el resultado de una larga trayectoria histórica de movilidad, acuerdos interétnicos, resistencia política y adaptación frente a distintas formas de territorialización y desterritorialización. La comunidad no puede comprenderse únicamente desde su condición actual de resguardo o cabildo, sino como parte de una red de relaciones transfronterizas, interculturales e interétnicas que ha sido moldeada por procesos como la explotación cauchera y quinera, la evangelización, las bonanzas extractivas, la economía de la coca, la militarización fronteriza y la expansión de distintas figuras estatales de ordenamiento territorial.

En este marco, la tesis concluye que la territorialidad de Agua Negra no se reduce al polígono de su resguardo, sino que expresa una relación amplia, histórica y situada con el territorio. A la vez, se evidenció que esta territorialidad ha sido fragmentada y limitada por formas externas de dominación, lo que ha generado procesos de desterritorialización material y simbólica: pérdida de referencias territoriales ancestrales, desplazamiento, subordinación a economías ilegales y debilitamiento del tejido organizativo. Aun así, la comunidad y el pueblo Murui Muina han mantenido formas de organización que se convirtieron en estrategias de protección territorial y de defensa de su permanencia en el territorio.

En este sentido, la investigación no solo permitió analizar un conflicto contemporáneo de superposición territorial, sino también reconstruir parte de la memoria histórica del territorio donde hoy convergen el resguardo Agua Negra y el PNN La Paya. A través del análisis histórico y etnográfico desarrollado a lo largo de la tesis fue posible comprender los

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procesos de formación territorial que han configurado las relaciones, tensiones y acuerdos entre distintas territorialidades en esta región amazónica. De esta manera, el estudio aporta también a la comprensión de las trayectorias históricas mediante las cuales los pueblos indígenas han mantenido, transformado y defendido sus territorios frente a distintos procesos de colonización, intervención estatal y conflictividad armada.

7.2 La territorialización de la conservación y los límites

de la gobernanza estatal La investigación mostró que la declaración del PNN La Paya constituyó una forma de territorialización estatal sobre territorialidades indígenas preexistentes. Esta medida no surgió del contexto local ni fue consultada con los pueblos que habitaban el territorio, por lo que fue interpretada por muchas comunidades como una imposición arbitraria de una figura de ordenamiento estatal sobre sus propias formas de vida y manejo territorial. A su vez, se concluyó que PNNC no es una institución homogénea, sino un conjunto de territorialidades en disputa. Su tránsito histórico desde el paradigma de “conservación sin gente” hacia el de “conservación con gente” permitió abrir escenarios de participación y coordinación con comunidades indígenas; sin embargo, ese tránsito no implicó la superación total de las lógicas anteriores. En el caso del PNN La Paya, la tesis evidenció que la participación indígena ha estado frecuentemente subordinada a lenguajes, tiempos, metodologías e indicadores de la institucionalidad ambiental, lo que ha generado escenarios de seudoparticipación y de continuidad de la territorialización estatal de la conservación sobre las formas indígenas de comprender y manejar el territorio. En consecuencia, la tesis concluye que los límites de la gobernanza estatal en el área superpuesta no son solo operativos, sino también epistemológicos y políticos. PNNC ha intentado adecuarse a los territorios y a sus actores, pero continúa arrastrando tensiones internas sobre qué es el territorio, qué significa conservar y cuál debe ser el papel de las comunidades indígenas en la gestión de las áreas protegidas.

En este sentido, la investigación permite entender a PNNC no solo como una institución homogénea, sino como un conjunto de territorialidades en disputa que producen diferentes formas de concebir y gestionar el territorio. Las tensiones entre los niveles local, regional y nacional de la institución evidencian que existen desacuerdos operativos, políticos y conceptuales sobre el sentido de la conservación en territorios indígenas. Estas tensiones internas condicionan las formas de gobernanza que se implementan en el PNN La Paya y explican, en parte, las dificultades para consolidar esquemas estables de coordinación con las comunidades que habitan el área protegida.

7.3 La coordinación entre PNNC y el pueblo Murui Muina:

avances, tensiones y seudoparticipación El proceso de coordinación entre PNNC y el pueblo Murui Muina constituyó uno de los resultados más importantes del tránsito hacia modelos de conservación con participación social. La investigación evidenció que los APV representaron un avance real en la

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Conclusiones

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formalización de mecanismos de diálogo, planificación conjunta y reconocimiento de la importancia del manejo territorial indígena en la conservación del PNN La Paya. No obstante, también se concluyó que estos escenarios de coordinación han sido, al mismo tiempo, una continuidad de la territorialización institucional de PNNC. Las comunidades y ACILAPP tuvieron que adaptarse a formas estatales de interlocución caracterizadas por lenguajes jurídicos, líneas temáticas, planes de acción, indicadores y objetivos institucionales que no siempre son comprendidos plenamente por las comunidades ni responden a sus propias formas de decisión y planeación. En este sentido, la coordinación ha oscilado entre el reconocimiento mutuo y la subordinación operativa de las comunidades a la racionalidad institucional de la conservación. A pesar de ello, el estudio también mostró que, en algunos momentos, PNNC avanzó hacia una mayor adecuación a las territorialidades Murui Muina, lo que fue interpretado bajo la idea de la “maloca de piedra”: un proceso en el cual la institucionalidad fue acercando su lenguaje y su acción a ritmos, principios y formas de relación más próximas a las comunidades. Sin embargo, este tránsito ha sido incompleto, frágil y profundamente afectado por disputas internas de la institución, cambios de personal, discontinuidad presupuestal y falta de claridad sobre el objetivo real del REM. En consecuencia, la investigación sugiere que una parte importante de la participación indígena en estos escenarios ha operado bajo condiciones de seudoparticipación. Si bien las comunidades son convocadas a los espacios de coordinación y planificación, estos continúan estructurados principalmente desde los marcos conceptuales, administrativos y operativos de la institucionalidad estatal de la conservación. De esta manera, aunque existen avances en el reconocimiento de las territorialidades indígenas, persiste una asimetría en el control efectivo de las decisiones, lo que en varios momentos ha llevado a la instrumentalización de las comunidades para el cumplimiento de objetivos institucionales de PNNC.

7.4 Las formas de gobernanza del territorio superpuesto:

entre lo estatal, lo comunitario y lo guerrillerococalero La investigación permitió concluir que en el territorio superpuesto no existe una sola forma de gobernanza, sino por lo menos tres grandes modalidades que coexisten se tensionan y se superponen: una gobernanza estatal formal, una gobernanza comunitaria indígena de facto y una gobernanza guerrillero-cocalera ilegal también de facto. La gobernanza estatal se expresa no solo en los APV, sino también en la actualización del plan de manejo, en las líneas temáticas de gestión de PNNC y en las formas paralelas de planeación y ejecución institucional. La investigación mostró que este tipo de gobernanza, aunque formalmente vigente, enfrenta graves limitaciones de eficacia, especialmente por la imposibilidad de sostener presencia constante en el territorio y por las disputas entre los distintos niveles de PNNC.

Por su parte, la gobernanza comunitaria indígena, aunque menos reconocida formalmente, continúa siendo la forma más persistente de manejo territorial en el día a día. El caso de Agua Negra mostró que, aun con grandes debilidades —fragmentación interna, dependencia institucional, limitaciones técnicas, escasez de mayores, debilitamiento del

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gobierno propio—, la comunidad mantiene prácticas y conocimientos territoriales que sostienen el manejo del espacio más allá del resguardo y de la misma presencia institucional del parque.

Finalmente, la tesis concluye que el conflicto armado ha configurado una forma de gobernanza guerrillero-cocalera que disputa el control del territorio, reorganiza las condiciones de vida de las comunidades y desterritorializa tanto a PNNC como al pueblo Murui Muina. Esta forma de gobernanza de facto ha sido fortalecida por la ausencia estatal, por las economías ilícitas y por intervenciones armadas equivocadas del Estado, como la Operación Artemisa, que fracturaron la confianza y profundizaron la ingobernabilidad del territorio.

En este contexto, la investigación evidencia también una tensión entre una gobernanza estatal de jure y una gobernanza territorial de facto ejercida cotidianamente por las comunidades indígenas. Aunque el Estado mantiene formalmente la autoridad sobre el área protegida, en la práctica gran parte del manejo territorial cotidiano continúa siendo sostenido por las comunidades que han habitado históricamente la región. Esta situación permite cuestionar hasta qué punto ciertos dispositivos institucionales de gobernanza ambiental representan una capacidad efectiva de control territorial o, por el contrario, operan principalmente como expresiones formales de autoridad en contextos donde la gestión real del territorio se encuentra mediada por múltiples actores y dinámicas locales.

7.5 Voltear el manejo: aporte conceptual, político y

operativo La tesis plantea que la forma actual de gobernanza impulsada por PNNC y el pueblo Murui Muina no ha sido suficiente para detener ni resolver las problemáticas que afectan tanto a la diversidad biológica como a los derechos territoriales y fundamentales de la comunidad de Agua Negra. En términos de Matus (1987), el triángulo de gobierno ha fallado: el proyecto de gobierno no se consolida, la gobernabilidad es débil por la pérdida de control sobre variables centrales del territorio, y la capacidad de gobierno del Estado resulta insuficiente frente a la complejidad del contexto.

Frente a ello, la tesis propone la estrategia de “voltear el manejo”, inspirada en la lectura de la abuela Soledad Monaga sobre los procesos históricos de transformación espiritual, cultural y territorial de Agua Negra. En el marco de esta investigación, “voltear el manejo” se plantea como una reorientación profunda del modelo de gobernanza: no solo cambiar instrumentos, sino transformar las prioridades, las relaciones de poder, las formas de participación y los fundamentos desde los cuales se protege el territorio. Así, voltear el manejo significa avanzar hacia un modelo de gobernanza en el que el Estado reconozca que las prácticas de manejo territorial indígena no son complementarias ni subsidiarias, sino fundamentales para la protección del territorio. Significa también pasar de una gobernanza centrada en la territorialización de la planeación estatal, hacia una gobernanza más equitativa, situada, continua e intercultural, en la que las comunidades puedan territorializar sus propias formas de gobierno, cuidado y decisión dentro de los escenarios de coordinación.

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Conclusiones

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En este sentido, “voltear el manejo” no constituye únicamente una metáfora o una lectura cultural del territorio, sino una propuesta práctica para reorientar el enfoque de la gobernanza en territorios superpuestos. Implica reconocer que la protección del territorio amazónico depende en gran medida de los sistemas de conocimiento, las prácticas culturales y las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas que lo habitan. Por ello, avanzar hacia esquemas de gobernanza más eficaces requiere fortalecer la capacidad de decisión, participación y manejo territorial de las comunidades, así como generar condiciones institucionales que permitan articular estas formas de manejo con la función pública de conservación.

7.6 Rutas para voltear la gobernanza: condiciones

institucionales, territoriales y normativas La investigación concluye que voltear el manejo requiere, en primer lugar, fortalecer integralmente el tejido cultural, político y material de las comunidades. No basta con acciones aisladas o intermitentes como construir una maloca, hacer un baile o apoyar una chagra; se requiere consolidar procesos continuos, articulados y de largo plazo que fortalezcan el gobierno propio, la educación, la espiritualidad, las economías de subsistencia, el acompañamiento de mayores y los mecanismos comunitarios de regulación territorial.

En segundo lugar, implica transformar las formas de planeación y gestión de PNNC. Esto supone garantizar continuidad presupuestal, articulación entre sus niveles institucionales, coherencia política y operativa, y una mayor capacidad de adecuación a los contextos locales. También exige revisar críticamente el papel de ACILAPP en los escenarios de coordinación, de modo que fortalezca su rol de delegado de las comunidades y su capacidad de negociación, sin sustituir la participación directa de las bases sociales. En tercer lugar, voltear el manejo exige que los instrumentos de planeación y gestión — como el plan de manejo del parque y el REM— incorporen desde su base los principios de manejo territorial indígena, no como información para alimentar indicadores, sino como orientación sustantiva del proceso de toma de decisiones. En este sentido, los esquemas de gobernanza compartida deben construirse reconociendo que el territorio es una trama viva, plural y conflictiva, y no un objeto técnico completamente ordenable desde el Estado. En cuarto lugar, la tesis concluye que este giro también debe dialogar con la coyuntura normativa reciente. El Decreto 1275 de 2024, al reconocer competencias ambientales de las autoridades indígenas, así como los Decretos 632 de 2018 y 488 de 2025, al fortalecer la implementación y el funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas, abren un escenario institucional relevante para repensar la gobernanza de territorios superpuestos. Estos desarrollos normativos refuerzan la idea de que la protección territorial y ambiental no puede seguir descansando exclusivamente en la institucionalidad estatal clásica, sino que debe avanzar hacia modelos más sólidos de autonomía, coordinación y reconocimiento de las autoridades indígenas.

En esta misma línea, voltear el manejo también implica cambiar la forma en que se afronta el conflicto armado. La tesis concluye que no son suficientes las acciones de manejo territorial entre PNNC y las comunidades si no se transforman las respuestas estatales frente al conflicto armado, la subsistencia, la seguridad jurídica y la garantía efectiva de derechos. Por ello, se requiere la acción articulada de otras instituciones del Estado, la

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concertación de cualquier estrategia militar con las comunidades y una reorganización de la relación entre PNNC y la Fuerza Pública que no rompa los procesos locales de confianza.

Finalmente, la investigación permite concluir que varias de las intervenciones militares del Estado en territorios superpuestos han resultado ineficaces para resolver las problemáticas territoriales. Operaciones como Artemisa evidenciaron que las acciones militares no concertadas con las comunidades ni articuladas con los procesos territoriales locales pueden profundizar la ruptura de confianza, generar mayores tensiones institucionales y debilitar los avances alcanzados en los escenarios de coordinación entre PNNC y las comunidades indígenas.

7.7 Líneas abiertas para la investigación y la acción

pública Por último, la investigación deja abiertas varias rutas de trabajo. En el plano académico, se requiere fortalecer los estudios etnográficos y participativos sobre las formas indígenas de manejo territorial y sus transformaciones históricas, con el fin de convertir en conocimiento explícito muchos saberes que hoy permanecen tácitos, pero que son fundamentales para la consolidación de esquemas de gobernanza más eficaces y contextualizados.

En el plano transdisciplinar, se hace necesario profundizar en el estudio de los sistemas de gobernanza compartida entre PNNC y pueblos indígenas, especialmente desde el cruce entre las ciencias sociales, el derecho, la ecología, la administración pública y los estudios territoriales. Y en el plano de la política pública, se requiere avanzar en la reflexión operativa sobre la redistribución de funciones, recursos y competencias en el marco de la función pública de la conservación, particularmente a la luz de los desarrollos normativos recientes sobre autonomía territorial indígena y autoridades ambientales indígenas. En suma, la tesis concluye que la protección del territorio superpuesto entre Agua Negra y el PNN La Paya no depende únicamente de perfeccionar los instrumentos ya existentes, sino de una transformación más profunda del enfoque de gobernanza. Voltear el manejo significa reconocer que quienes han habitado históricamente el territorio no deben ser simples participantes o informantes de la conservación, sino actores centrales en la definición de sus sentidos, prioridades, estrategias y formas de cuidado.

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Cita: Navarro Lamus, Fernando (2026), Voltear el manejo Gobernanza y territorialidades en el área superpuesta entre el resguardo Murui Muina de Agua Negra y el Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo, Universidad Nacional de Colombia, p. N. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/89672